Resolución 01349-2012

Visto el recurso de revocatoria

interpuesto por la representación legal del Instituto de Desarrollo Agrario (en

lo sucesivo, IDA), y revisado el recuento del plazo, la impugnación debe

acogerse, y en consecuencia revocar lo resuelto en el auto de las 11 horas 5

minutos del 4 de setiembre de este año, por lo que se debe analizar la

admisibilidad del recurso formulado por dicha parte.

Cabe señalar que se califica la casación como una instancia de

carácter extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, porque

no toda resolución judicial es pasible de tal recurso,

sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo

lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son

abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico.

En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del recurso de casación

las sentencias y los autos con carácter de sentencia capaces de producir cosa

juzgada material. Así mismo, lo son aquellos pronunciamientos

finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de fallos firmes y

precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el propio Código Procesal

Contencioso Administrativo (CPCA), puntualiza algunas resoluciones particulares

a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en

esta posibilidad las siguientes: a) la que declara la inadmisibilidad de la

demanda (art. 62.3); b) la que declara con lugar las defensas previas indicadas

en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que resuelve en

forma final el “proceso de ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos

de la Sala

Constitucional (art. 183.3 ibidem). Por ende, los autos

comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no

pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo que atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad

entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma

en los preceptos 137 y 138 íbid. Para

las primeras se efectúa un listado en términos

amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las

reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé

la posible infracción de los elementos probatorios (por desapego o

contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada

comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, formando parte

de este último grupo, se encuentra la infracción

estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida,

una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma,

conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Una vez hecha la mención de las

resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, se hace

imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha establecido una casación menos

rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar el

tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y esencia, pues al fin y al cabo

se mantiene incólume su rol y finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora

bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para

formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de

requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se

crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso

extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal;

empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa

recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los

únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según

lo señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el recurso

en mención deberá presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia. Se modifica, en forma leve para el contencioso administrativo, el

sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo se pronuncia

sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del Código de la

materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días

(notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo con la comunicación

que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se

busca con esto la estandarización del régimen recursivo que presenta

el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan

directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden de ideas,

en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de

notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración,

el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil

siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado

el tiempo y lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una serie de

requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso

que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser

subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141

del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el

nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes

autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número

de expediente en el cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones.

Con ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas

del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano

y, por ende, el archivo del

asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención

a lo prevenido judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento material (artículo 139.3 ibídem),

en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior valoración del recurso por el

fondo. Se trata de la motivación del recurso, que por las

características de la casación ha de ser clara y precisa. En este

sentido debe contener, tal como lo dispone el

precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se

muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por

indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con los las

circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; y jurídica,

cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o

indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas

que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia

para emitir y razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento

recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos que

establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del

recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo

imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de

elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación

dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en

la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o

concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con

los argumentos del

recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del

caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera clara con la sentencia

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay

fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o

las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones

efectuadas pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho

ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que

el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución no. 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la

mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre

la procedencia o justicia del

caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la

sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que,

si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha

hecho referencia o la que realiza resulta impertinente o desvinculada al caso

de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total

fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito

establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el rechazo de plano, a

tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos del mismo Código de

referencia.

En el asunto de análisis, en los agravios

que se dirán, la representación legal del

IDA expresa una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas,

en las que se omite el contraste de lo decidido con las infracciones que, en su

criterio, tuvieron lugar, razón por la cual, dichos cargos no resultan

admisibles. En el primer motivo, recrimina que el Juzgado haya tenido como

hecho probado que el Instituto recurrente no ha iniciado los procedimientos

expropiatorios. Cuestiona lo anterior haciendo referencia a

las certificaciones registrales de las propiedades que fueron aportadas en

donde consta la anotación de la declaratoria de interés público. En su

criterio, el IDA ha actuado conforme a lo ordenado por

el Tribunal Constitucional. Destaca que este yerro

debe ser corregido “porque evidentemente esta situación afectaría la verdad

real de los hechos y consecuentemente afecta la determinación del

quantum del

daño moral subjetivo que condenó el Juzgado.” En el tercer agravio,

critica que durante la audiencia celebrada, la

representación legal del

ente demandado señaló que había solicitado una prueba confesional y la

declaración de la parte contraria, presente en ese momento, por lo que solicitó

se le permitiera realizar las respectivas preguntas. Explica que la confesional

es la prueba por excelencia, se puede solicitar en cualquier momento del

proceso y que se había ofrecido en la contestación. Narra que dicha gestión le

fue rechazada al igual que el recurso de revocatoria interpuesto en ese momento. Por lo anterior, acusa que se

le colocó en estado de indefensión. En el cuarto motivo, arguye

con base en el artículo 357 del

Código Procesal Civil que el testimonio del

señor Luis Ramírez no debió ser valorado por el juzgador al tener un interés

directo dentro del proceso, ya que es el hijo del actor. Insiste en que lo anterior debe ser corregido toda vez que incide

en la determinación de la indemnización otorgada. En

su quinto reparo, critica el que se le haya extendido el mismo valor a

la prueba para todos los actores, en particular la testimonial. Plantea

que la señora R nunca expuso las circunstancias de su daño, así como

tampoco indicó en qué consistía este. En el octavo cargo, indica, la

demanda fue declarada parcialmente con lugar, lo que demuestra que el IDA ha

litigado de buena fe, por lo que solicita se modifique

la condenatoria en costas.

En cuanto al primer agravio, se trata de

una inconformidad genérica contra uno de los hechos probados por el Tribunal,

sin embargo, carece de la debida y necesaria fundamentación jurídica. Se limita

a realizar alegatos en torno al aspecto fáctico, omitiendo la referencia a la

forma en que se quebranta el ordenamiento jurídico como consecuencia de

la violación indirecta aducida. Aún más, debe indicarse que si bien alega el

vicio endilgado incidió en la determinación del monto otorgado por el daño

moral, tampoco indica en qué forma la variación de los hechos demostrados

incidiría sobre los razonamientos en que se basa la sentencia, dentro de los

cuales no se aprecia que la circunstancia dicha haya sido contemplada por el

juzgador, máxime que se trata de hechos posteriores a la sentencia constitucional

que se ejecuta y los daños otorgados derivan de las circunstancias acaecidas

con anterioridad a dicho fallo. Es más, la referencia que se realiza al tema de

la falta de expropiación lo es como reiteración de las

circunstancias valoradas por la Sala Constitucional, es decir, antes de que dicho

órgano resolviera. En lo que atañe al tercer reparo, lo alegado consiste en que

no se le admitió la prueba confesional a pesar de haber

sido ofrecida desde la contestación de la demanda y reiterada en la audiencia

oral y pública. En este sentido, el reclamo debe ser

rechazado debido a que no se explica, en forma clara y precisa, en donde radica

la relevancia del

citado elemento de convicción. Al igual que en el caso anterior, consiste en

una inconformidad genérica, de la cual no se puede colegir la trascendencia del

yerro aducido. El cuarto motivo formulado tampoco cumple con los requerimientos

mínimos exigidos por el Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que si

bien endilga una indebida valoración del

testimonio del

testigo L, no precisa en qué consiste el error. Únicamente indica que el

testigo tiene un interés en el asunto por ser hijo del actor, sin combatir

el contenido de su declaración o la forma en que el juzgador la apreció en

conjunto con el resto de las probanzas. Cabe destacar que la existencia de una

relación filial, o de algún eventual interés de los testigos no supone, per se,

su desacreditación como

prueba admisible, aunque dicha circunstancia debe ser tomada en cuenta por el

órgano jurisdiccional al apreciar la probanza. Bajo esta óptica, al no tratarse

de prueba ineficaz o inválida, es deber del

recurrente combatir la sentencia indicando la conclusión extraída del testimonio que

resulta improcedente de acuerdo a los restantes elementos de convicción. No

basta con apuntar a la existencia genérica de un

interés, sino que debe fundamentarse un error en la aplicación de la sana crítica en cuanto a

su apreciación, lo cual no fue realizado por el recurrente. Tampoco se hace

referencia a las normas sustantivas vulneradas como consecuencia del

supuesto vicio. Este último aspecto debe ser expuesto también

en lo que concierne al quinto motivo, lo que lo obliga, igualmente, a su

rechazo. Aunado a lo anterior, cabe destacar

que tampoco se indica cuál fue el testimonio mal valorado, lo que dice,

también, de su informalidad. En el último agravio, se cuestiona la condena en

costas, sin embargo, se omite indicar las normas cuyo

quebranto aduce el recurrente, por lo que carece de la necesaria fundamentación

jurídica.

Ahora bien, en lo que corresponde a los

cargos identificados en el recurso como segundo,

sexto y sétimo motivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

134, 139, 142 y 178 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, estos resultan admisibles. Acorde

con lo dispuesto en el ordinal 142 del

cuerpo normativo de cita, se pone en conocimiento de la admisión de este

recurso a los ejecutantes por el plazo de diez días, contados a partir del día hábil siguiente

a la notificación de este auto.