Resolución 01253-2012

Con base en los hechos

que expusieron y disposiciones legales que citaron, los coactores establecieron

procesos acumulados de conocimiento, cuya pretensión fue ajustada en audiencia

preliminar, a fin de que en sentencia se declare: “a).- Con lugar la

presente demanda en todos sus extremos. b).- Se condene al Estado a cancelar

los daños y perjuicios, con ocasión del incendio acaecido en la base Naval del

Ministerio de Seguridad Pública, Puntarenas, el día 7 de abril del año en curso

y que se propagó a bienes patrimoniales y servicios de particulares y aquí

actores, con pérdida parcial o total de los mismos según sea el caso.- c).- Que

por concepto de daños y perjuicios, se aprueben las partidas liquidadas y

demostradas en este proceso, para cada uno de lo (sic) actores, o en su

defecto, su liquidación se deje para su fase de ejecución de sentencia de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 y concordantes del Código Procesal

Contencioso Administrativo.- d).- Al pago de los intereses legales de las sumas

solicitadas desde su afectación es decir desde el día del incendio hasta su

efectivo pago. d).- (sic) Se condene al Estado

al pago de ambas costas de esta acción."

La representante estatal contestó

negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y de legitimación

activa.

El Tribunal Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, integrado por las juezas Lilliana Quesada

Corella, Laura García Carballo y Alner Palacios García en sentencia 4729-2010

de las 14 horas 30 minutos del 23 de diciembre de 2010, resolvió: “1)

Se acoge la excepción de falta de legitimación ad causam activa opuesta por la

representación estatal, pero únicamente aplicable para el caso de los actores

A. y O., en cuanto a ellos se declara sin lugar la demanda.

Se acoge

la excepción de falta de derecho opuesta por la representación estatal,

respecto del daño moral objetivo, para el caso de los actores (1)- Servicio Pesquero

Oriental S.A. (II)- Pesquera Marlin Azul de Costa Rica S.A. (III) Eusko Pesca

S.A. (IV)- Quinta Los Compadres S.A. (V)- Cuchumbo S.A. (VI)- Morlob S.A. (VII)

Pesquera Tinoco Puntarenas S.A. (VIII)- Camaroncito de Costa Rica S.A. (IX)- Multiservicios

Cruze S.A. (X)- M. (XI)- […].

Se acoge la excepción de falta de

derecho opuesta por la representación estatal, respecto del daño moral

subjetivo, para el caso de los actores (I)- Servicio Pesquero Oriental S.A.

(II)- Pesquera Marlin Azul de Costa Rica S.A. (III)- Eusko Pesca S.A. (IV)-

Quinta Los Compadres S.A. (V)- Cuchumbo S.A. (VI)- Morlob S.A. (VII)- Pesquera

Tinoco Puntarenas S.A. (VIII)- Camaroncito de Costa Rica S.A. (IX)- Multiservicios

Cruze S.A. (X)- Carpro Inversiones S.A.

Se declara con lugar la

demanda, en forma parcial, debiendo pagar el Estado los daños materiales

y el daño moral subjetivo que, con ocasión del incendio en el muelle de la Base

Naval y la Comandancia de Puntarenas, se causaron a las embarcaciones afectadas

y sus propietarios, así como el lucro cesante, a título de perjuicios, todo lo

cual se otorgará en ejecución de sentencia, única y exclusivamente según el

detalle que se establece para cada accionante, de conformidad con lo que se

indica a continuación: (1)- Servicio Pesquero Oriental S.A., cédula de persona

jurídica […], daño material por la pérdida total de la embarcación FORTUNA II,

matrícula […], y que consiste en el valor de reposición menos la depreciación,

para adquirir un buque de similares características, a liquidar en ejecución de

sentencia. No se le concede el lucro cesante o perjuicios porque no tenia (sic) permiso de pesca vigente para el día

en que ocurrió el evento.  (II)- Pesquera Marlin Azul de Costa Rica S.A.,

cédula de persona jurídica […], daño material por la pérdida total de la

embarcación MANUEL GALEOTA, matrícula […], y que consiste en el valor de

reposición menos la depreciación, para adquirir un buque de similares

características, así como el lucro cesante, todo a liquidar en ejecución de

sentencia. (III)- Eusko Pesca S.A., cédula de persona jurídica […], daño

material por la pérdida total de la embarcación VISKAIA, matrícula […], y que

consiste en el valor de reposición menos la depreciación, para adquirir un

buque de similares características, así como el lucro cesante, todo a liquidar

en ejecución de sentencia. (IV)- Quinta Los Compadres S.A., cédula de persona

jurídica […], daño material por la pérdida total de la embarcación OH GLORIA,

matrícula […], y que consiste en el valor de reposición menos la depreciación,

para adquirir un buque de similares características, así como el

avituallamiento de la nave al día del evento, y el lucro cesante, todo a

liquidar en ejecución de sentencia. (V)- Cuchumbo S.A., cédula de persona

jurídica […], daño material parcial causado a la embarcación LIBERTAD,

matrícula […], y que consiste en la reparación respectiva, así como el lucro

cesante, todo a liquidar en ejecución de sentencia. (VI)- Morlob S.A., cédula

de persona jurídica […], daño material parcial causado a la embarcación ANDI,

matrícula […], y que consiste en la reparación respectiva, así como el lucro

cesante, todo a liquidar en ejecución de sentencia. (VII)- Pesquera Ticoco (sic)

Puntarenas S.A., cédula de persona jurídica […], daño material parcial causado

a la embarcación MANOLETE, matrícula […], y que consiste en la reparación

respectiva, así como el lucro cesante, todo a liquidar en ejecución de

sentencia. (VIII)- Camaroncito de Costa Rica S.A., cédula de persona jurídica

[…], daño material por la pérdida total de la embarcación TRAMAR 1, matrícula

[…], y que consiste en el valor de  reposición menos la depreciación, para

adquirir un buque de similares características, a liquidar en ejecución de

sentencia. No se le concede el lucro cesante o perjuicios porque no tenia (sic) permiso de pesca vigente para el día

en que ocurrió el evento. (IX)- Multiservicios Cruze SA., cédula de

persona jurídica […], daño material por la pérdida total de la embarcación

MANOLO, matrícula […], y que consiste en el valor de reposición menos la

depreciación, para adquirir un buque de similares características, así como el

avituallamiento de la nave al día del evento, y el lucro cesante, todo a

liquidar en ejecución de sentencia. (X)- M., cédula de identidad […], daño

moral subjetivo por la suma de dos millones quinientos mil colones, daño

material por la pérdida total de la embarcación EL POCARE, matrícula […], y que

consiste en el valor de reposición menos la depreciación, para adquirir un

buque de similares características, así como el lucro cesante, todo a liquidar

en ejecución de sentencia. (XI)- H. A., cédula de identidad […], daño material

parcial causado a la embarcación ODILIE, matrícula […], y el daño material

parcial a la embarcación CAPITÁN PANA, matrícula […], y que consiste en la

reparación respectiva, a liquidar en ejecución de sentencia. Se le otorga el

daño moral subjetivo por la suma de un millón de colones por cada embarcación,

para un total de dos millones de colones, y se concede además el lucro cesante,

relacionado con la embarcación ODILIE, a liquidar en la etapa procesal

respectiva, denegándose el lucro cesante respecto de la embarcación CAPITAN

PANA, porque no tenia (sic) permiso de pesca vigente para el día en que

ocurrió el evento. (XII)- J. F. (sic), cédula de identidad […], se le

otorga el daño moral subjetivo por la suma de un millón de colones, daño

material parcial causado a la embarcación VIRGINIA, matrícula […], y que

consiste en la reparación respectiva, así como el lucro cesante, todo a liquidar

en ejecución de sentencia. (XIII)- V.  (sic), cédula de identidad

[…], daño moral subjetivo por la suma de dos millones quinientos mil colones,

daño material total causado a la embarcación GAUDI MARIA Z, matrícula […], y

que consiste en el valor de reposición menos la depreciación, para adquirir un

buque de similares características, así como el lucro cesante, todo a liquidar

en ejecución de sentencia. (XIV)- A. E., cédula de identidad […], daño moral

subjetivo por la suma de dos millones quinientos mil colones, daño material

total causado a la embarcación KARLA, la cual se encuentra sin inscribir en el

Registro Público, y que consiste en el valor de reposición menos la

depreciación, para adquirir un buque de similares características, así como el

lucro cesante, todo a liquidar en ejecución de sentencia. (XV) Carpro

Inversiones S.A. cédula de persona jurídica […], daño material parcial causado

a las instalaciones del muelle conocido como Cruz, en arrendamiento a favor de

INVERSIONES CRUZ SA (sic),  previa demostración de los términos del

arriendo, según lo indicado en los considerandos de esta sentencia, en cuanto a

que la ¡nfraestructura o las mejoras que reclama como dañadas, son suyas y no

introducidas por el arrendatario, así como lo relacionado con los permisos de

construcción de esas obras, lo cual se demostrará en ejecución de sentencia. Se

concede además el lucro cesante, a liquidar en la misma etapa procesal. (XVI)

R. M., cédula de ¡dentidad […], daño material parcial causado a las

instalaciones del muelle conocido como R. M., que arrienda a la Municipalidad

de Puntarenas, previa demostración de los términos del arriendo, según lo

indicado en los considerandos de esta sentencia, en cuanto a que la

infraestructura o las mejoras que reclama como dañadas, son introducidas por el

arrendatario y no son de inversión municipal o de fondos públicos, así como lo

relacionado con los permisos de construcción de esas obras, lo cual se

demostrará en ejecución de sentencia. Se concede además el lucro cesante, a liquidar

en la misma etapa procesal.

Sobre los montos líquidos otorgados,

corren intereses legales desde la firmeza de la presente sentencia y hasta su

efectivo pago.

Las sumas de capital otorgadas, para efectos de pago,

deberán ser indexadas, lo que se hará en ejecución de sentencia.

Se

condena al Estado al pago de las costas procesales y personales, excepto de las

A. y O., quienes deberán asumir las suyas propias.

Para

efectos de ejecución de sentencia, deberán las partes estarse a lo indicado en los considerandos de la presente sentencia.

Con la comunicación íntegra de esta sentencia, quedan debidamente

notificadas las partes.”

El apoderado especial judicial de los

coactores A., O. y Servicio Pesquero Oriental S.A., formula recurso de

casación.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

Los apoderados de […]

demandan al Estado. Piden, en lo fundamental, se le condene a cancelarles los

daños y perjuicios ocasionados con el incendio acaecido en la base naval del

Ministerio de Seguridad Pública, Puntarenas, el 7 de abril de 2009, que se

propagó a sus bienes patrimoniales y servicios particulares, con pérdida

parcial o total. Solicitan se aprueben las partidas liquidadas y demostradas en

este proceso para cada uno o, en su defecto, se

determinen en ejecución de sentencia. También, a pagarles los intereses legales

desde el día del

siniestro hasta su efectiva cancelación, y ambas costas del proceso. El Estado

contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y de

legitimación activa.

En la audiencia

preliminar se fijó el objeto del proceso en la

responsabilidad patrimonial del Estado consistente en la indemnización de los

daños y perjuicios, que dicen haber sufrido los coactores a raíz del incendio de sus

embarcaciones ocurrido el 7 de abril de 2009. El Tribunal de Juicio acogió la

defensa de falta de legitimación activa respecto a los codemandantes A. y O. En

cuanto a ellos declaró sin lugar la demanda con ambas costas a su cargo.

Admitió la de falta de derecho respecto al extremo de daño moral objetivo

atinente a Servicio Pesquero Oriental S.A., Pesquera Marlin Azul de Costa Rica

S.A., Eusko Pesca S.A., Quinta Los Compadres S.a., Cuchumbo S.A., Morlob S.A.,

Pesquera Tinoco Puntarenas S.A., Camaroncito de Costa Rica S.A., Multiservicios

Cruze S.A., Carpro Inversiones Internacionales S.A., […]; y, al daño moral

subjetivo referente a Servicio Pesquero Oriental S.A., Pesquera Marlin Azul de

Costa Rica S.A., Eusko Pesca S.A., Quinta Los Compadres S.A., Cuchumbo S.A.,

Morlob S.A., Pesquera Tinoco Puntarenas S.A., Camaroncito de Costa Rica S.A.,

Multiservicios Cruze S.A., Carpro Inversiones Internacionales S.A. Declaró con

lugar la demanda, en forma parcial, debiendo pagar el accionado los daños

materiales y el daño moral subjetivo que, con ocasión del incendio en el muelle

de la base naval y la Comandancia de Puntarenas, se provocó a las embarcaciones

afectadas y a sus propietarios. También el lucro cesante a

título de perjuicios. Dispuso que todo ello se

establezca en ejecución de sentencia, según el detalle indicado para cada

coaccionante. Entre ellos, a Servicio Pesquero Oriental S.A., le

reconoció el daño por la pérdida total de la embarcación Fortuna II, matrícula

[…], para adquirir un buque de similares

características, a liquidarse en ejecución de sentencia. No le concedió el

lucro cesante o perjuicios, porque no tenía permiso de pesca vigente para el

día cuando ocurrió el evento. Sobre los montos establecidos para cada

demandante, concedió intereses legales desde la firmeza del fallo y hasta

su efectivo pago. Además, indexación sobre las sumas de

capital otorgadas, lo que se hará en fase de ejecución. Asimismo, le impuso al Estado el pago de las costas personales y

procesales.

El apoderado especial

judicial de Servicio Pesquero Oriental S.A., A. y O. presenta recurso de

casación. Además, ofrece como prueba para mejor resolver: 1.-Factura emitida

por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) a nombre de

Servicio Pesquero Oriental S.A.

Copias del dictamen pericial elaborado por

el M.Sc. M. G.. 3.-Certificación del referido Instituto,

Departamento de Protección y Registro, suscrita por el licenciado Edwin Alfonso

Salazar Serrano. Respecto al primer documento no es clara

la intención ni el interés de los casacionistas en su ofrecimiento, tampoco se

deriva de su contenido. Las siguientes copias tratan sobre el

dictamen pericial que ya se encuentra incorporado en autos. En cuanto a

la certificación del INCOPESCA, la parte que la ofrece

no juró que haya desconocido de ella ni que se trata de hechos nuevos y

posteriores a la sentencia recurrida, como lo

ordena el artículo 145 del

Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). En

consecuencia, se debe rechazar la solicitud de admisión de esas probanzas.

El casacionista

alega errónea o indebida aplicación de los artículos 82, 83, 90, 105, 118, 137,

inciso, apartados c) y d), 138 todos del CPCA, en relación con los preceptos

104, 135, 153, 154, 155, 333 y 341 del

Código Procesal Civil (CPC). Formula dos agravios.

Primero:

los reproches se centran, indica, en lo resuelto respecto a los coactores A.,

propietario de la embarcación pesquera “CAPITAN ELIAS”, matrícula […], y

O., dueño de la nave “ALICIA 10”,

matrícula […]. A su juicio, ambas fueron dañadas parcialmente a raíz del

incendio, hundiéndose el primero tres meses después. Aduce, la sentencia

impugnada, en el correspondiente elenco, establece que no se demostró en la

sustanciación del

proceso, que el incendio en Puntarenas haya afectado esos navíos. Expone, tal aseveración es incorrecta y no se ajusta al mérito de

los autos de conformidad con los elementos probatorios constantes en el expediente.

Con la presentación de la demanda, añade, se aportó como prueba

documental fotográfica de los barcos siniestrados. También, informe pericial del

señor M.Sc. M. G., que consistió en la verificación de los daños y en su valor

comercial. El perito, señala, rindió declaración, en la

audiencia oral y pública, sobre cada una de las embarcaciones. Expresa,

si los valores económicos otorgados a cada una ellas

no fueron acogidos por los jueces, ello no desmerece su credibilidad y

constatación, pues no solo vía informe, sino de manera oral, el experto

verificó lo acaecido a cada una. Eso es plena prueba, enfatiza, la cual debió

apreciarse según las reglas de la sana

crítica, por lo que se viola lo dispuesto en los artículos 82, inciso 4) y 105 del CPCA.  En igual

sentido, informa, el coactor A., en su declaración, no solo manifestó en lo

relativo al sufrimiento interno, sino en relación a las consecuencias

económicas del

incendio en Puntarenas, que dañó parcialmente su navío. Su dicho se ve

reforzado, continúa, con el informe emitido por los bomberos, donde se

determinan los daños ocurridos en el muelle donde se encontraban atracadas las

embarcaciones, entre otras,“CAPITAN ELIAS” y “ALICIA 10”, de conformidad con los

hechos “LXII-62”

(folio 13) y “CV-105”

(folio 19) de la demanda. Los juzgadores, objeta, señalan que

uno no puede declarar sobre sus propios hechos. Pero yerran al restarle

validez legal a la declaración efectuada por las víctimas respecto a la

afectación a sus bienes morales y patrimoniales, en quebranto de los preceptos

82 y 220 Ibidem., y en aplicación supletoria de lo dispuesto en los artículos

135, 333 y 341 del CPC. En este predicado, arguye, al desecharse, sin ningún

asidero jurídico, la declaración de A., la deposición del perito M. G., las fotografías,

el informe de los bomberos y el dictamen pericial, se provoca indefensión, con

consecuencias económicas al rechazar la demanda por falta de legitimación

activa. En este caso, recrimina, esas probanzas acreditan que sus representados

sí tienen una relación jurídica con la pretensión procesal, es decir, el

incendio en Puntarenas, de allí resultaron los daños y perjuicios irrogados con

ese evento  iniciado en la base naval. Aclara que en el informe de los

bomberos existe un pequeño error. Si bien es cierto,

en el recuadro de identificación de las naves afectadas y sus propietarios, se

indica el nombre de O. como dueño de la embarcación “Gaudi María Z”, en

realidad el propietario es V.. Con respecto a este, asevera, la demanda se

aceptó en todos sus extremos, cuando en realidad el barco que estaba en el

Muelle, era el “Alicia 10”,

que se quemó parcialmente. Insiste en aclarar que en el referido informe se

anotó el nombre de don O., como uno de los propietarios afectados, solo que por

error se indicó otro barco como de su propiedad. Sin embargo,

añade, sí concuerda en que estaba atracado en el Muelle y que también se quemó,

donde igualmente estaba el barco “CAPITAN ELIAS”. Por último,

destaca, no se trata de un hecho controvertido de

conformidad con el artículo 90 del

CPCA, pues la representación del Estado no lo objetó, por ende, es ilegal su

rechazo en sentencia.

alega indebida o errónea aplicación de

los dispuesto en los numerales 82, 90 y 138, incisos a), b) Ibid., en relación

con la empresa Servicio Pesquero Oriental S.A. y su embarcación “LA FORTUNA

II”, matrícula […]. Censura que se le haya negado el reconocimiento del lucro cesante, al expresarse

que no se demostró que tuviera licencia de pesca en el momento del siniestro. Afirma

que sí cuenta con esa autorización. Manifiesta, el ente

rector encargado de otorgar esas licencias es el INCOPESCA. Aunque no constaba en autos la certificación de esa entidad,

estima, el Tribunal se confunde con la ausencia de zarpe, que son dos

situaciones totalmente diferentes. En este

punto, solicita se valore la certificación que aportó para mejor proveer. Ello,

explica, para lograr el reconocimiento del lucro cesante, pues se trata

de una embarcación con capacidad y autonomía de pesca en el mar patrimonial y

fuera de él, hasta por seis meses o más. En relación con el zarpe, aclara, se

trata de un requisito formal ante la Capitanía de

Puerto, que algunas veces se incumple por el capitán de las embarcaciones de

pesca en el territorio nacional. No obstante, no es indicativo de que no tenga

licencia de pesca, conclusión a la que arribó el despacho.

En la sentencia

impugnada se tuvo como no probado (registro

electrónico 14:56), que las naves “CAPITAN ELIAS” y “ALICIA 10” sufrieran daños por

causa del

susodicho incendio. En cuanto al fondo del

asunto (registro 15:16:33), el Tribunal indicó que respecto a esas

embarcaciones, si bien los propietarios comparecieron en este proceso como accionantes, no probaron que ellas reportaran

detrimentos con ocasión del

siniestro. Apuntó dos razones.

el informe de

investigación elaborado por Bomberos de Costa Rica no menciona a esos navíos dentro de los dañados por la conflagración.

los testigos propuestos por esos codemandantes, para relatar sobre los

daños materiales, no los patentizaron. Ese fue el caso de R. M., propuesto en

ese carácter en relación con el barco “ALICIA 10”, quien se refirió a

otros navíos, pero a pesar de reiterársele la pregunta no mencionó a “ALICIA

10”

como uno de los afectados. Consideraron los juzgadores que la manifestación

oral de O., dueño de la nave, fue admitida como declaración de parte para el relato del daño moral y no

podría ser tomada en cuenta para acreditar el detrimento material, pues aún y

cuando lo haya mencionado no es más que una afirmación sin apoyo en prueba

objetiva. En otras palabras, la probanza no la consideraron

idónea para demostrar el daño material, ya que sigue vigente la premisa

probatoria tradicional de que nadie puede ser testigo de su propia causa.

Seguirá siendo solo la afirmación de la parte actora, la cual, al carecer de

elementos de prueba objetivos, no puede ser tomada en cuenta como elemento

relevante. Indicó además, que por eso la declaración de partes, si bien es

cierto algunos la admiten como referencial para explicar un daño moral,

particularmente el subjetivo, no pueden considerarse como única prueba del daño

material. En el caso de la nave “[…]”, refirió el Tribunal, el testigo

E., había sido propuesto para probar el daño en ese barco. Pero fue desistido

por los abogados de los coactores, quienes pidieron sustituirlo por M., que se

aceptó, únicamente, para referirse al daño moral sufrido por ella

con ocasión del

incendio de su embarcación, lo que en efecto hizo. Así, en cuanto a la nave “CAPITAN

ELIAS”, concluyeron los juzgadores, la pretensión quedó ayuna de elemento

probatorio objetivo; y tal cosa es así porque la declaración rendida por su

propietario A., sufre de los mismos defectos explicados respecto del caso de O.

De manera que no puede darse validez para probar el daño material, al tratarse del dicho de la parte actora, que se pretende presentar como prueba, pero no es

idónea al quedar viciada de subjetivismo. Dijo no olvidar que el perito M. G.,

habló de que ambas embarcaciones “CAPITAN ELIAS” y “ALICIA 10”, fueron valoradas a

solicitud de los interesados como si hubieran sido dañadas por el incendio y

que tomó las fotografías respectivas. Sin embargo, su testimonio lo es en

condición de profesional contratado para valorar y cuantificar daños

materiales. No para fungir como testigo presencial de los

hechos, ya que así no fue ofrecido. De todas maneras, consideró, tampoco consta

un relato convincente al respecto en su declaración ni

en el documento que preparó, el cual era al fin y al cabo lo único atinente a

él. Tiene claro, agregó, que el propietario de la nave “CAPITAN ELIAS”

indicó que la embarcación se hundió en diciembre de 2009 y que el perito de

parte pretendió hacer ver que el hundimiento fue posiblemente a causa de la

fatiga del metal relacionada con el incendio en la nave que dice afectada. Pero

tal cosa no es más que una hipótesis o especulación del profesional indicado, insistió, ya que no mencionó

tener alguna formación profesional, por ejemplo, en ingeniería estructural de

barcos o especialidad similar, lo que implica que su afirmación no adquiere

relevancia para este juicio acerca del

particular. En cuanto a los perjuicios (registro 15:54:30), determinó que,

entre otras cosas, procederían si las embarcaciones estaban para zarpar y que

al momento del

evento dañoso contaban con permiso vigente para pesca. De lo

contrario la indemnización no podría abarcar las que no tenían autorización

para ejercer esa actividad. Respecto a la nave “FORTUNA

II” (registro 15:34:47), expuso que no podría realizar labores de pesca por

ausencia de permiso. En esa virtud, rechazó el extremo de perjuicios que

solicitó la empresa propietaria Servicio Pesquero Oriental S.A. Denegó también

el daño moral (registro 15:38:49), atinente a los mencionados propietarios de

las dos naves de cita, en orden a lo establecido supra

en cuanto a los fundamentos mediante los cuales se denegó el detrimento

material (registro 15:39:16). Acogió la defensa de falta de legitimación activa

(registro 15:39:16) en cuanto a ellos dos, por cuanto

no quedó acreditado el vínculo entre el evento y el daño, según dijo que

explicó ampliamente.

La Sala discrepa del criterio del Tribunal, respecto a que los

codemandantes A. y O., no demostraron que sus barcos pesqueros sufrieron daños

por causa del

siniestro. La base del

argumento del órgano sentenciador radica en

dos vertientes: el informe de Bomberos de Costa Rica y las declaraciones

recabadas. Es cierto que el referido informe no alude a

esas naves dentro de las dañadas por el incendio. Sin embargo, hay que

considerar que ese documento presenta serias

inconsistencias que hacen dudar, en muchos detalles, de su fiel precisión. En

efecto, nótese, por ejemplo, menciona el nombre de O., precisamente, como uno

de los propietarios de las embarcaciones privadas que resultaron afectadas por

el fuego, pero refiere que la nave de su propiedad es la “GAUDI MARÍA Z”,

que según la demanda, la sentencia, el informe pericial y la prueba en que este

se apoya, pertenece a V.. Lo propio puede apuntarse de otros casos.

Verbigracia: el citado informe da cuenta que el “POCARE” es de R. E.;

las otras piezas referidas establecen que es de M..

Del “LIBERTAD”, se dice que pertenece a B., pero los tres elementos

dichos señalan que es de Cuchumbo S.A. Bomberos de Costa Rica indica que el

navío “Biscaia” es de J.; en aquellos tres documentos se menciona que “VISKAIA”

pertenece a Eusko Pesca S.A. Se indica que el barco “ANDI” es de E. C.,

pero las partes, los jueces, el perito y la documental que lo respaldan señalan

que es de Morlob S.A. El barco “OH GLORIA” se informa que es de J.; no

obstante, resulta que es de Quinta Los Compadres S.A. Se detalla que “TRAMAR

I” pertenece a Pesquera Marlin Azul; cuando más bien se determina que su

dueña es Camaroncito de Costa Rica S.A. En definitiva, estos aspectos hacen

dudar del contendido total del Informe de Bomberos de Costa Rica, como para

estimar que se trata de un medio probatorio contundente para establecer que

solo los barcos y las personas que allí se consignan son las naves dañadas en

la conflagración y los dueños de esos bienes. En todo caso, considérese, como bien lo señala el

recurrente, sí se menciona, expresamente, al señor O., como

uno de los dueños de embarcaciones que sufrieron daños con motivo del siniestro.

El Tribunal también

objeta las diferentes declaraciones que se recabaron para determinar si esos

dos barcos fueron parte del

grupo que resultó perjudicado con el indicado evento. Cuestiona el dicho de R.

M. quien, según ese Despacho, se refirió a otros

navíos; sin embargo, a pesar de reiterársele la pregunta no mencionó a “ALICIA

10” como uno de los afectados.

Pese a esa valoración, observa esta Sala que R. M.

(registro 11:12) dijo que fueron varias embarcaciones las que se afectaron. Citó algunas en particular, no todas. Se refirió a “CAPITAN

PANA” y a “ODILIE” con daños importantes. Asímismo a una lancha cuyo nombre era “KARLA”, que dijo

haberse hundido. Fue claro y específico respecto a esas tres naves, porque

eran las que estaban en la parte del muelle donde él pudo constatar

lo sucedido. Pero también dio cuenta que eran más las

afectadas, sin referirse al nombre de las restantes. A esa persona no se

le preguntó específicamente si los barcos “CAPITAN ELIAS” y “ALICIA 10” estaban el día del

incendio. Tampoco negó que estuviesen allí. En

consecuencia, de su declaración no puede desprenderse, a ciencia cierta, que no

sufrieran los daños derivados del incendio.

Al Tribunal tampoco le

mereció fe lo manifestado por M., como

base para probar el daño material de “CAPITAN ELIAS”. A su juicio, la

declaración de ella se admitió, únicamente, para

referirse al daño moral que sufrió con ocasión del incendio de su navío. Cabe

señalar al respecto, los juzgadores no están impedidos para aprovechar

elementos de prueba que resulten de interés para dirimir la litis, aún y cuando

el propósito original que se tuvo para ofrecerlos o admitirlos fuera otro.

Máxime, cuando uno de los principios probatorios en que se asienta el CPCA

radica en la averiguación de la verdad real, como así lo dispone el artículo

82, inciso 1), de ese cuerpo normativo, junto con el sistema de apreciación

según las reglas de la sana crítica, contenido en el inciso 4) del mismo precepto.

Lo propio debe decirse de la interpretación que hicieron los jueces de las

manifestaciones orales de O., dueño de “ALICIA 10”, cuando dicen que su declaración de parte se admitió

para el relato del daño moral y no podría ser tomada en cuenta para acreditar

el detrimento material, aún y cuando los mencionó, pues no es más que una

afirmación sin apoyo de prueba objetiva. Es claro que si se pretendió con su

deposición extraer elementos para patentizar posibles detrimentos

extrapatrimoniales, ellos debieron tener una causa, la cual el señor O. enlazó

con los daños materiales que sufrió su navío como consecuencia del incendio. En el mismo sentido debe

concebirse la declaración que rindió A., que el Tribunal también desmereció por

ser, a su juicio, prueba no idónea al tratarse de uno de los coactores y

atribuirle los mismos defectos que señaló al dicho de O. Ambas manifestaciones,

estimaron los jueces, están viciadas de subjetivismo. Es obvio, estima esta

Sala, esas personas declararon como perjudicados directos, al

resultar lesionados en su patrimonio e intereses morales. No por ello, ni por el hecho de habérseles tomado declaración para

establecer detrimentos de esta índole, debe considerarse que cada detalle que

especificaron resulte ser falso o inadecuado para determinar la verdad real de

los hechos relevantes en el proceso. Ciertamente, ambos declararon que

sufrieron secuelas morales, pero también coincidieron en que ellas

se derivaron de los daños en sus embarcaciones producto de la conflagración.

Fueron enfáticos en que esos bienes estaban allí el día del suceso. O. inició sus manifestaciones (registro 9:34) luego de que se le

preguntara sobre lo que ocurrió el 7 de abril de 2009 y si ello le causó

detrimentos personales y materiales. Respondió que sí

por el daño en la embarcación. Los relacionó expresamente con el

incendio. Explicó que “ALICIA 10” sufrió desperfectos,

parciales, pero bastantes. Ubicó el hecho en el tiempo

y lugar que explicitó en la demanda. Expresó que al llegar al sitio a intentar salvar algo, no pudo por el fuego. Dijo que se quemó el equipo de pesca y el sistema eléctrico.

También expuso que no tuvo ingresos y eso le generó problemas para enfrentar

las cuentas del

banco. Afectó la situación familiar, pues por la falta de entradas no pudo

pagar ni tuvo a quién recurrir para asumir las

cuentas. Estuvo recibiendo llamadas para cobrarle. Todo ello le generó una tensión enorme, se sintió desmotivado.

Insistió en que no tenía cómo pagar. Bajó de peso y no podía dormir. Relató que en el momento del

incendio se encontraba en su casa, se fue donde estaban las embarcaciones para

ver qué hacía, pero no pudo hacer nada, porque “la cigarreta” iba

prendida desde la base naval, eso era una llama de fuego enorme y uno no se

podía meter ahí. A. declaró como parte (9:45:58). Respecto a lo

sucedido el 7 de abril de 2009, dijo que en esa ocasión, en la mañana, fueron a alistar su nave “CAPITAN ELIAS”, porque iba de

viaje el otro día. En la tarde lo llamaron para indicarle que hubo un incendio. Manifestó que vive algo

retirado de donde pasó el siniestro y de allí se fue al sitio donde ocurrió.

Su embarcación se quemó. Tuvo varias pérdidas como

equipo de pesca, radios de navegación, instalación eléctrica. Se dañó parcialmente, tuvo desperfectos en la estructura. Como pudo arregló el

navío, pero después se le hundió, en diciembre de ese

mismo año en Playas del Coco. Le entraba agua por un

costado. Dice que fue a raíz del incendio porque había sufrido

mucho con el fuego. Fue claro en que su embarcación se quemó por el suceso en

la base naval y hubo muchas más que también se quemaron. Manifestó que ha

tenido problemas económicos y psicológicos a raíz del hecho; que vive

de la pesca y ese era “su machete”.

Ambas declaraciones

merecen plena fe a esta Sala; son claras, precisas, detalladas y convincentes.

Establecen la ubicación espacio temporal del hecho, sus consecuencias.

Identifican las embarcaciones dañadas, reportan los deterioros, como también la situación

vivencial que experimentaron como consecuencia del siniestro. Además,

no derivan contradicción alguna respecto a lo que

narraron en sus demandas. A folios 19 y 20, Orlando Casanova

también reportó que su barco “ALICIA 10” estaba en el sitio donde ocurrió el

incendio. Expuso que la pesca era el único ingreso familiar

para atender las deudas e hipotecas. Ese

incendio dañó parcialmente su nave y se quemó el avituallamiento almacenado,

víveres, estructura de cubierta, puente, equipo de navegación y comunicación,

artes de pesca. Además, describió la angustia y la desestabilización

económica al faltar el medio de subsistencia de la empresa y sus trabajadores.

Así lo describió también A. en los folios 13 y 14 de la demanda, detallando el

punto en que dijo que estaba atracado su navío “CAPITAN ELIAS”,

describiendo los daños materiales y morales que sufrió, en el mismo sentido

como lo hizo en la audiencia de juicio.

A todo lo expuesto,

debe agregarse que esas declaraciones orales, lo mismo que las manifestaciones

de la demanda, coinciden con los daños materiales que detectó y mencionó el

perito M.Sc. M. G. en el informe pericial. Los juzgadores también cuestionaron

esa experticia, al decir que aunque el perito se refirió a las embarcaciones “CAPITAL

ELIAS” y “ALICIA 10”,

ellas fueron valoradas a solicitud de los interesados como si hubieran sido

dañadas por el incendio y  tomó las fotografías respectivas. Estimaron, su declaración lo fue en calidad de profesional

contratado para valorar y cuantificar daños materiales. No para fungir como

testigo presencial de los hechos. Sobre el particular, debe señalarse, es

cierto que esa persona no dijo que estuvo en el lugar de los hechos el día del

siniestro. Pero sí fue contratado, precisamente, por los dueños de las

embarcaciones que sufrieron daños como resultado de la conflagración

y fue en ese sentido que, además de valorar otros navíos, también expresó haber

examinado “CAPITAN ELIAS” y “ALICIA 10”. Además, las averías

que detectó en esas embarcaciones coinciden con las que narraron sus

propietarios, fueron compatibles con los detrimentos que ocasiona un incendio y resultaron ser similares a las que otras naves

sufrieron. Nótese, en el reporte general atinente a “ALICIA 10”, como lo declaró O.,

el perito detalló daños en la estructura, equipo de pesca, equipos electrónicos

de navegación y comunicación, entre otros. De igual manera, de consuno con las

manifestaciones de A., el experto también dictaminó deterioros estructurales y

en los equipos electrónicos de navegación y comunicación en “CAPITAN ELIAS”.

Asimismo, constan fotografías que acompañan ese

dictamen. Todo ello viene a corroborar de nuevo el dicho de

esas personas, no solo en la demanda sino en las explicaciones que brindaron

cuando se les tomó declaración de parte. Por lo demás, las

manifestaciones orales del M.Sc. M. G., que expuso en la

audiencia de juicio, añaden datos que refuerzan esa veracidad. Al igual que lo refirió el señor A., el experto explicó (registro

10:40) que la nave “CAPITAN ELIAS” ya no existe, se hundió. Con

todo y los cuestionamientos que formularon los jueces a la capacidad de esa

persona para establecer la causa del hundimiento, es evidente que

el deponente fue prolijo en razones para detallarlo. Dijo que es compatible con

el fuego que dañó la nave, por la alta temperatura y

la afectación molecular que la distorsionó. Expuso que la

embarcación, en su estructura interna, tiene tornillos. Se utilizan inicialmente tornillos y clavos para construir esa tipo

de barcos, después se enfibran para mejorar el rendimiento y mantenimiento.

A la hora de que hubo toda esa temperatura, entre el aislamiento y la fibra de

vidrio que tiene un buen punto de fusión, bastante elevado, los tornillos se

tuvieron que dilatar en algún momento y por los comentarios de cómo se hundió

podría determinar que sí se debió a la alta temperatura, que perjudicó la

estructura completa de la embarcación. A una pregunta del Tribunal  (registro 10:44), insistió que los daños fueron por

quemaduras, por ejemplo, en equipos electrónicos de navegación y comunicación.

El sabe que esos equipos al momento del siniestro funcionaban y

dejaron de laborar luego el incendio. Incluso, detalló en qué

consistieron los daños ocasionados por el fuego.  Reiteró que los equipos se quemaron y que hubo una sobre

temperatura en la estructura de las naves. Planteó que las embarcaciones

que sufrieron los daños no son las mismas hoy en día, por la alta

temperatura y las dilaciones que sufrieron, por lo que no volvieron a su estado

normal. Debe destacarse, como dato de especial interés,

declaró sobre la base de todas las embarcaciones que examinó y que fueron

objeto de su peritaje, donde expresamente incluyó “CAPITAN ELIAS” Y “ALICIA

10”.

Nunca en su declaración se hizo reserva alguna respecto a

esas dos naves.

En razón de lo dicho,

aún y cuando el accionado se ha opuesto a las pretensiones reclamadas, a la

Sala no le queda duda alguna de que esos navíos sufrieron daños materiales

ocasionados por el incendio, como lo informaron sus propietarios en la demanda,

en las declaraciones de parte y como también lo ratificó el experto en el

informe pericial y en su deposición en el juicio oral y público. Ello debe

indemnizarse de consuno con lo establecido en el canon 122, inciso m), del CPCA, como

los perjuicios que, igualmente, logren detallarse en fase de ejecución de

sentencia. Asimismo, como corolario, sus propietarios

sufrieron lesiones extrapatrimoniales. A. explicó sobre la angustia que

experimentó a consecuencia del siniestro y de cómo su navío

se dañó, al igual que los equipos necesarios para emprender sus actividades de

pesca de lo cual vive. Narró del sufrimiento y de los problemas no solo

económicos sino psicológicos que pasó. O. relató que intentó

hacer algo por evitar que el fuego consumiera su embarcación, pero no pudo

lograr nada. A raíz del suceso vio frustrada la fuente

de sus ingresos, frente a cuentas pendientes de pago; recibió llamadas de

cobros que no podía asumir. Todo le generó enorme tensión y

desmotivación. Afirmó haber bajado de peso y

enfrentar problemas para conciliar el sueño. Esta Cámara estima, por

consiguiente, que a cada uno de ellos se le debe reconocer la suma de

¢2.000.000,00 de daño moral subjetivo. En este predicado, es claro que el Tribunal violó el artículo

82 e incurrió en lo dispuesto en el 138, incisos a) y b), ambos del CPCA, como así se denuncia en el

recurso.

Atinente al segundo cargo, también se infringieron las

mismas normas, puesto que se le denegó a la empresa Servicio Pesquero Oriental

S.A. el lucro cesante o perjuicios, porque no tenía permiso de pesca vigente

para el día en que ocurrió el evento. Sobre el punto, el artículo 122, inciso

m), apartado iii), de la citada codificación, respecto a la temática de los

perjuicios en examen, permite el pronunciamiento de condena en abstracto, cuando

no conste su existencia y cuantía, siempre que sean consecuencia de la conducta

administrativa o relación jurídico-administrativa objeto de la demanda, lo que

también es aplicable para considerar la condenatoria en perjuicios respecto a

los codemandantes A. y O.. La certificación de INCOPESCA, que como prueba para mejor proveer aportó el

apoderado de los coactores Servicio Pesquero Oriental S.A., A. y O., como ya se indicó, no es

posible admitirla en orden a los fundamentos que se exponen en el

Sin embargo, como su propósito es que se establezca que la nave LA FORTUNA

II, matrícula […], perteneciente a la citada empresa, cuenta con licencia de

pesca comercial número […], emitida el 4 de setiembre de 2001 con fecha de

vencimiento el 3 de setiembre de 2012, y estimando también las razones supra

mencionadas, procede la referida condenatoria en abstracto, para que en

ejecución de sentencia se disponga lo que corresponda en derecho.

En mérito de lo

expuesto, procede acoger el recurso. De acuerdo con lo establecido en el canon

150, inciso 2), Ibidem., se debe casar parcialmente la

sentencia impugnada. Fallando por el fondo, se impone rechazar las excepciones

de falta de derecho y de legitimación activa, en cuanto al reclamo de los

coactores A. y O. Deben acogerse las demandas que ellos interponen contra el

Estado, para que les indemnice los daños materiales y el lucro cesante, a

título de perjuicios, como

se liquide en fase de ejecución de sentencia. Les pagará los intereses legales

desde la firmeza del

fallo y hasta su efectivo pago, indexándose las sumas de capital otorgadas, lo

que se hará en la misma etapa de ejecución. También, los daños morales que se

han de fijar en la suma de ¢2.000.000,00 para cada uno

de ellos y los réditos que se generen desde la firmeza de la sentencia y hasta

su cancelación. Asimismo, las costas personales y procesales en lo que a ellos atañe. Se debe casar el fallo en

tanto rechazó el extremo de perjuicios solicitado por Servicio Pesquero

Oriental S.A., el cual debe acogerse y determinarse en la citada etapa

procesal, sobre lo que también procede el reconocimiento de intereses e

indexación en los mismos términos dispuestos por el Tribunal respecto a los

extremos que acogió.