Resolución 01025-2012

El 6 de mayo de 2008

V.

S.A. y C. R.L. celebraron un contrato que tenía por objeto: “(...) dar lugar

prioritario dentro del flujo de ingresos de C. O. administrado por C. al pago

de la facilidad crediticia otorgada por V. a favor de C. O., por lo que a

partir de la firma del presente contrato C. velará porque los recursos que

acumule producto del pago por cesión de documentos a crédito que representan

las ventas de C. O., pagará en primera instancia la suma necesaria para

mantener al día el plan de pagos establecido en cada uno de los desembolsos que

realice a solicitud de C. O..”  La cláusula octava de ese acuerdo

dispone: Cláusula Arbitral: "Todas las controversias o

diferencia que pudieren derivarse del presente contrato, de su ejecución,

liquidación o interpretación; se resolverá por la vía arbitral de conformidad

con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la

Cámara de Comercio de Costa Rica, a cuyas normas se someten las partes de forma

incondicional."

Con fundamento en los

hechos en que mostraron acuerdo y desacuerdo, respectivamente, acudió la parte

actora ante el Tribunal Arbitral, a fin de que en laudo se declare: “1.

(...) con lugar la presente demanda arbitral. 2. (...) que las entidades C. S.A. (C.

O.) y S. R.L. (C. R.L), forman parte e integran UN MISMO GRUPO DE INTERÉS

ECONÓMICO.  3. (...) las demandadas C. O. Y C., han incumplido con sus

obligaciones contractuales adquiridas a la hora de suscribir el Contrato de

Responsabilidad.  4. (...) se le ordene a la demandada C. entregarle a mi

representada las sumas de dinero recaudadas por las ventas realizadas por la

demandada C. O., tal y como

fue debidamente acordado en el contrato de responsabilidad.  5.

(...) se le ordene a la demandada C. O. que en caso de que la demandada C. no

le entregare a mi representada las sumas de dinero recaudadas por las ventas

realizadas o estás fueran insuficientes, cubrir de forma inmediata los montos

faltantes, tal y como

fue debidamente acordado en el contrato de responsabilidad. 6. (...) se condene

a las demandadas de forma solidaria al pago de los ¢753.058.590,83, por concepto de saldo en descubierto de la línea de crédito

otorgada a la demandada C. O.. 7. (...) se condene a las demandadas de forma

solidaria al pago de los intereses generados desde el momento en que dejaron de

cumplir con sus obligaciones de pago de la línea de crédito otorgada a la

demandada C. O., específicamente en el mes de febrero del 2010 y hasta el

momento en que se haga efectivo el pago adeudado. 8. (...) se condene a las

demandadas de forma solidaria al pago de las costas personales y procesales de

la presente demanda arbitral.”

La apoderada especial

judicial de las demandadas contestó conforme a su escrito de folios 448 al 463.

En fecha posterior, narrando una serie de acontecimientos, señaló la insubsistencia

del

mandato que le había sido conferido.

El Tribunal Arbitral

integrado por los árbitros Diego Baudrit Carrillo quien preside, Mauricio

Campos Brenes y Rodrigo Montenegro Trejos, en resolución no. 10-2011 dictado a

las 12 horas del 29 de marzo de 2011, dispuso: “1.- Se rechaza la solicitud

de la representación de las codemandadas para suspender o dar por terminado

este proceso contra C..

Se reitera lo expuesto en

la resolución No 09-2011 de las 10:35 minutos del

18 de marzo del

año en curso.

Por entender este Tribunal que lo

interpuesto por la parte Demandada es una excepción de incompetencia, se

rechaza la misma, y el Tribunal continúa siendo competente para conocer de este

proceso.

Al tenor del artículo 38 de la ley RAC, se suspenden los

procedimientos hasta tanto no quede firme esta resolución, por lo que las

diligencias de recepción de prueba programadas para los días 6 y 7 de abril de

2011 igualmente quedan suspendidas hasta un nuevo señalamiento.

A partir de hoy y hasta tanto no quede firme esta

resolución se suspende el plazo para que se dicte laudo.”

La representante de

las demandadas interpuso recurso de apelación ante la Sala.

6.

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

V. S.A. (V.) formuló

requerimiento arbitral contra C. S.A. (C. O.) y S. R.L. (C.). Adujo, en lo que

resulta de interés para esta etapa, que ambas empresas forman “una sola

entidad” y la última, en mayo de 2003, le solicitó una línea de crédito a favor

de la primera por ¢700.000.000,00. Señaló que firmaron un “contrato de

responsabilidad” en el que se definían las obligaciones de las “cooperativas”,

y se indicó que V. sería pagada por C. con los recursos acumulados por las

ventas de C. O.. Añadió que desde febrero de 2010 las

demandadas desatendieron sus obligaciones. Si bien la

cooperativa está intervenida, refirió, eso no tiene porqué afectar el pago de

la operación de crédito. Solicitó se declare que las demandadas forman

parte de un grupo de interés económico e incumplieron

sus obligaciones, por lo que C. debe entregarle las sumas de dinero recaudadas

por las ventas realizadas por C. O. y que en caso de que la primera no pague,

esa última deberá cubrir los montos faltantes. En el momento procesal oportuno,

J., en su condición de interventor titular de C., otorgó poder especial a favor

de M. para que represente a la cooperativa en este

proceso. Lo mismo hizo la presidenta de la empresa C. O..

Los demandados, con una misma representación, se opusieron, sin invocar, en

concreto, ninguna excepción. La apoderada de los demandados alegó, en fecha

posterior, que la intervención de C. había terminado el 17 de febrero de 2011 y

que  el Juzgado Concursal de San José declaró abierto el convenio

preventivo de acreedores de C. O., en el que se nombró curador propietario. Señaló que por esas circunstancias el poder que se le había

otorgado había quedado sin efecto. Al respecto el

Tribunal Arbitral refirió que al apersonarse el representante de la

cooperativa, debería tomar el proceso en el estado en que se encuentre.

En torno al convenio preventivo al que está sometido C. O., indicó que conforme

a la normativa que rige esta materia –artículos 747 y 723 del Código Procesal

Civil- su declaratoria no ocasiona la paralización de las pretensiones

ordinarias, y lo debatido en este asunto es asimilable a una de ellas, por lo

que sí es competente para conocer del litigio. La licenciada Ureña apeló,

insistiendo en la incompetencia ante la insubsistencia del mandato

conferido, pues había finalizado la intervención de C., y C. O. estaba en

trámite de un convenio preventivo. Además refirió una serie de argumentos que

procuran oponerse a las pretensiones de la parte actora, con el objeto de

intentar engarzarlas con una incompetencia del

Tribunal. No obstante, en realidad supondrían un

análisis anticipado del fondo del asunto, competencia funcional que es extraña para la

Sala en este momento del

litigio. Por ello, al resolver el recurso, se constreñirá a aquellos aspectos

que de manera directa están relacionadas con la competencia de los árbitros

para dilucidar la controversia, no así, en torno a si proceden, o no, por el

fondo, las pretensiones esbozadas en el requerimiento arbitral.

La capacidad jurídica

consiste en un atributo que concede el ordenamiento a los sujetos –personas

físicas y jurídicas- a partir del reconocimiento de su existencia, conforme a

los términos definidos en los artículos 31 y 33 del Código Civil. La doctrina

procesal es conteste en señalar que la capacidad procesal es una derivación de

la capacidad jurídica, que a su vez figura como un presupuesto de forma que determina la

validez del

proceso. Ahí radica su importancia. Es el artículo 102

del

Código Procesal Civil el que regula lo relativo a la capacidad procesal. De

acuerdo a su texto, gozan de ella quienes estén en el

libre ejercicio de sus derechos, pues de lo contrario deben intervenir en los

litigios por medio de representante. Para el

caso de las personas jurídicas, continúa la norma, su

actuación a nivel procesal se concreta por medio de sus representantes. Cuando

jurídica o físicamente deja de existir un sujeto que

interviene en un litigio, surge el fenómeno de la sucesión procesal. Tal es el

caso del

curador ante la muerte de una persona física, o de liquidación de una persona

jurídica. Ahora bien, dado que luego de que se formulara el requerimiento

arbitral han tenido lugar circunstancias que han supuesto modificaciones en la

capacidad de actuar y, en consecuencia, de la capacidad procesal de las

accionadas, lo cual se procuró determinar a través de los requerimientos de

prueba para mejor resolver dispuestos por la Sala, habrá de examinarse lo

acontecido con cada una de ellas, a fin de definir si el presupuesto formal de

validez del litigio está resguardado en este proceso.

III.

Respecto a C. R.L.  La prueba solicitada da cuenta de que la

Cooperativa, al formularse el requerimiento arbitral, estaba sometida a un proceso de intervención, ordenado por el Consejo Nacional

de Supervisión del

Sistema Financiero (CONASSIF). Ante ello, el interventor titular designó como apoderada especial

judicial a la licenciada M.. No obstante, una vez

vencidas las prórrogas otorgadas, el interventor le indicó al CONASSIF que la

cooperativa debía ser desinscrita como intermediaria financiera y además, debía

enviarse el comunicado correspondiente al Instituto Nacional de Fomento

Cooperativo (INFOCOOP). Como

consecuencia de lo anterior, el CONASSIF, en fecha posterior, dispuso levantar

la intervención de C.. Luego de recibir parte, el

INFOCOOP presentó Diligencias de Disolución de la cooperativa ante la

jurisdicción de trabajo, con base en la Ley de Asociaciones Cooperativas. Ahora

bien, este recuento podría generar duda en torno a la

capacidad jurídica, procesal y la representación de la cooperativa. El artículo

113 del

Código Procesal Civil refiere que en caso de disolución de una sociedad parte

de un proceso, éste continuará con el liquidador. Si bien la cooperativa tiene

una estructura que la distancia de la sociedad, siendo ambas, en el fondo,

figuras asociativas, la norma resulta aplicable para el supuesto de disolución

de una asociación cooperativa, de modo que en caso de liquidación, es el

liquidador quien ejerce la representación de C..

Ahora, conforme al artículo 89 de la Ley n.° 4179, Ley de Asociaciones

Cooperativas, la liquidación que ha sido ordenada por el juez competente,

estará a cargo de una Comisión Liquidadora. En la sede laboral, según se colige

de la prueba recabada para mejor resolver, aún no se ha ordenado la

liquidación, por lo que, en consecuencia, tampoco ha sido nombrada la Comisión

Liquidadora de C.. Si bien podría pensarse que todas

estas circunstancias generan que se esté ante un

supuesto de interrupción del proceso, en los

términos del artículo 201 del C.P.C., tal idea debe descartarse. Habrá

de tenerse en cuenta que el inciso 2) de esa regla dispone como motivo justo de impedimento, la muerte o

enfermedad grave de una parte o su representante “si careciere de

apoderado judicial.”.

Ese supuesto debe extenderse, por aplicación

analógica, a la liquidación de una persona jurídica. Ahora bien, en el

sub-lite, según se dijo, el interventor de la cooperativa designó válidamente a

la licenciada Ureña como su apoderada especial judicial, de modo que cuenta con

representante que defiende sus intereses, por lo que en principio no se está

ante un supuesto de interrupción del proceso. Ahora bien, la

apoderada ha venido insistiendo en la insubsistencia de su mandato, y en fecha

más reciente, en la renuncia al encargo que le fue conferido. Para

dilucidar esta situación habrá de acudirse a lo dispuesto por los artículos

1283 y 1285 del

Código Civil. El primero reza: “Si el mandato expira por la muerte del mandante, el mandatario debe continuar en su

desempeño, si los herederos no proveen respecto del negocio, y si de obrar él de otra manera

les pudiera resultar algún perjuicio.”. A su vez, el último precepto mencionado indica: “El

mandatario que renuncia está obligado a continuar en el desempeño de aquellos

negocios cuya paralización pueda perjudicar al mandante, hasta que avisado éste

de la renuncia haya tenido tiempo bastante para proveer el cuidado de sus

intereses.”.

Con todo, si bien la cooperativa no tiene una muerte “física”, sí se está

constatando su extinción jurídica, de modo que la interpretación conjunta de

esos preceptos obliga a concluir, luego de todo este recuento, que hasta tanto

no se integre la Comisión Liquidadora de C., que es la que representará los

intereses de la cooperativa en extinción, deberá continuar la licenciada Ureña

ejerciendo su cargo, pues su renuncia sólo podrá ser eficaz luego de que se

cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1285 relacionado. Con todo,

no se observa el obstáculo o defecto en la competencia del

Tribunal referido por la apelante, en torno a la cooperativa.

Respecto a C. O. S.A.

Conforme las pruebas que obran en autos, es claro que esta empresa, luego de

que se planteara la demanda, fue sometida a un proceso

preventivo. Como bien refirió el Tribunal, los procesos ordinarios,-dentro de

los que cabría ubicar a los procesos arbitrales-, no sufren fuero de atracción

–artículos 747 y 723 del Código Procesal Civil-, por lo que no se observa

obstáculo para que el Tribunal continúe en el conocimiento del asunto.  No

obstante, debe tomar en cuenta el panel de árbitros que la sociedad, conforme a

las pruebas aportadas, ya cuenta con curador que representa sus intereses, pero

no ha sido incorporado al proceso, por lo que a fin de resguardar la validez

del litigio, es necesario notificarle de la existencia de este asunto, para que

proceda según estime conveniente. Hasta tanto ello no ocurra, la renuncia de la

apoderada de C. O. –licenciada Ureña-, por las mismas razones señaladas en el

considerando precedente, no puede materializarse, y sólo podrá hacerse efectiva

cuando se atiendan las circunstancias normadas en el precepto 1285 mencionado.

Luego, tampoco en este caso se observa el defecto

señalado, ni un obstáculo, por estas causas, en la competencia del Tribunal.

Con todo, las

vicisitudes referidas no afectan la competencia de los árbitros para dilucidar

la controversia, de modo que la apelación debe denegarse.