Resolución 01387-2011

Con base en los hechos que expuso y

disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento, a

fin de que en sentencia se proceda a: “anular y dejar sin efecto las

siguientes resoluciones administrativas: a) SUGEF 1112/200902402 del 2 de Abril

(sic) de 2009, b) SUGEF 01582-2009/03788 del 18 de mayo de 2009, c)

SUGEF 2617-2009/04650 del 3 de Agosto (sic) de 2009, todas dictadas por

la Superintendencia General de Entidades Financieras y, d) la resolución C.N.S.

703-09 del 22 de Setiembre (sic) de 2009, dictada por el Consejo

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Solicito que se declare que las

resoluciones antes citadas, violentan el principio general de derecho – Nadie

está obligado a lo imposible- en consecuencia se aleja de los límites de la

justicia, lógica y convenienecia, señalados en el artículo 15 de la Ley General

de Administración Pública, por lo tanto las resoluciones que solicito dejar son

(sic) efecto sin (sic) inaplicables a COOPEAMISTAD R.L.”

2.-

El representante de los

entes demandados contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de

derecho y falta de causa.

Para llevar a

cabo la audiencia de conciliación se señalaron las 8 horas del 16 de abril de

2010. Dado que las partes no lograron llegar a un acuerdo, la audiencia se

declaro fracasada.

La audiencia preliminar se realizó al ser

las 13 horas 50 minutos del 16 de abril de 2010, oportunidad en que hicieron

uso de la palabra los representantes de ambas partes.

5.-

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta,

integrado por los Jueces Otto González Vilchez, Jorge Leiva Poveda y Roberto

Garita Navarro, en sentencia número 1791-2010 de las 9 horas 45 minutos del 14

de mayo de 2010, resolvió: “Se declaran con lugar las excepciones de falta

de derecho y falta de causa. Se declara sin lugar en todos sus extremos la

demanda presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios

Múltiples La Amistad R.L. (coopeamistad R.L..) contra la

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Banco Central de

Costa Rica y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Se

ordena que se revoque la vigencia de la mediada cautelar dictada en autos, una

vez que se declare la firmeza de esta sentencia. Se condena a la parte actora

al pago de las costas procesales y personales de este proceso.”

El

representante de la actora formula recurso de casación indicando las razones en

que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Interviene en la decisión de este asunto la Magistrada Suplente Silvia

Fernández Brenes.

Redacta el Magistrado González Camacho

En el proceso

ejecutivo hipotecario (05-000599-183-CI), promovido por la Cooperativa de

Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples La Amistad R.L. (COOPEAMISTAD R.L.)

contra Clemencia Moya Rodríguez, se adjudicó a la primera la finca del Partido

de Puntarenas, matrícula 45848-000, mediante resolución de las 11 horas 5

minutos del 25 de enero de 2007, la cual fue notificada el 7 de febrero de 2007

y quedó firme el 10 de febrero de 2007.  La puesta en posesión se señaló

para el 4 de octubre de 2007, sin embargo, se suspendió por problemas de cabida

del inmueble.  Por ende, hasta el 20 de enero de 2009 se  ordenó ese

trámite.  El 9 de marzo de 2009, los inmuebles 165889-000, 165890-000,

165891-000, que son parte de la finca matrícula 45848-000, fueron inscritos a

nombre de la citada cooperativa y fueron puestos en posesión, el 17 de abril de

ese año.  El 24 de febrero de 2009, el Gerente General de COOPEAMISTAD

R.L. solicitó a la División General de Supervisión de Empresas Financieras y

Cooperativas, de la Superintendencia General de Entidades Financieras (en

adelante SUGEF), en atención a la directriz SUGEF 7-96, que dispone que las

entidades fiscalizadas, que recibían bienes o valores en pago de obligaciones a

su favor, dispondrían de un plazo máximo de dos años para venderlos, una

prórroga por dos años más, para realizar las gestiones de venta del inmueble

45848-000, en razón de la imposibilidad material de haberlo hecho con

anterioridad.  En oficio no. SUGEF 1112-200902402, de 2 de abril de

2009, se le indicó que al haberse cumplido los dos años de la adjudicación del

inmueble, debía proceder de inmediato a registrar la estimación correspondiente

al 100% del valor en los estados financieros; y que se le concedía el plazo

adicional para las gestiones de venta.  La Cooperativa pidió

reconsideración, adujo que la autorización para extender el plazo de venta, se

otorga a fin de evitar la estimación del 100% que establece el “Plan de cuentas

(código grupo 150)”.  Tal gestión se le rechazó mediante oficio no. SUGEF

01582-2009/03788, de 18 de mayo de 2009.  Ante ello, la Cooperativa

formuló recurso de revocatoria con apelación en subsidio, los que fueron

denegados, en resoluciones no. SUGEF 2617-2009/004650,  de 3 de

agosto de 2009 dictada por la SUGEF y no. C.N.S. 703-09, de 22 de

setiembre de 2009, emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema

Financiero (en adelante CONASSIF).  En virtud de lo expuesto, COOPEAMISTAD

R.L. demanda a la SUGEF y al CONASSIF.  En lo esencial peticiona, la

nulidad de las resoluciones: SUGEF 1112/200902402, SUGEF 01582-2009/03788,

SUGEF 2617-2009/04650 y C.N.S. 703-09.  Como medida cautelar solicitó

dejar sin efecto las resoluciones mencionadas, la cual fue acogida en auto no.

2669-2009, de las 15 horas 10 minutos del 25 de noviembre de 2009 (folios

94-96).  El Tribunal, en vista de que se tuvo como demandado al CONASSIF

(órgano con máxima desconcentración), enderezó el proceso contra el Banco

Central de Costa Rica.  El Superintendente General con facultades de

apoderado generalísimo sin límite de suma del Banco Central y ostentando la

representación de la SUGEF, contestó de forma negativa y planteó las

excepciones de falta de derecho y de causa.  El Tribunal acogió las

defensas formuladas.  Declaró sin lugar en todos sus extremos la

demanda.  Ordenó revocar la medida cautelar.  Condenó a la actora al

pago de ambas costas.

El apoderado

especial judicial de la actora formula recurso de casación. Expone los

siguientes agravios: primero, violación del artículo 10 de la Ley

Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias, por incorrecta

interpretación.  Dicho precepto en lo que interesa dispone, “…Los

bienes y valores que le fueren transferidos a una empresa financiera, en pago

de obligaciones a su favor, o que les fueren adjudicados en remates judiciales,

deberán venderse en un plazo máximo de dos años, contado a partir de su

adjudicación.  Este plazo podrá ser ampliado por la Superintendencia

General de Entidades Financieras, por períodos iguales, a solicitud del

interesado…” Para el Tribunal, el plazo de dos años estipulado en esa

norma, corre indefectiblemente, a partir de la adjudicación; aún cuando se

demuestre la existencia de razones jurídico-procesales, de naturaleza exógena,

que impiden la venta, como ocurrió en este caso.  Tal interpretación, en

su concepto, contraviene las reglas de la lógica, la ciencia, la técnica y los

principios generales del derecho, porque para vender un inmueble se necesita

tener la titularidad registral y la posesión efectiva.  En el presente

asunto, menciona, su representada informó a la SUGEF, que en el proceso

ejecutivo hipotecario (05-000599-0183-CI), la resolución que adjudicó la finca

rematada, no produjo los efectos jurídicos propios de ese acto, ya que no se

materializó la entrega, ni la titularidad de la finca, debido a problemas

posteriores a la constitución de la garantía, los cuales desconocía,

relacionados con la cabida y linderos del predio, lo que imposibilitó la

venta.  En su criterio, el redactor de la norma citada, parte de un encadenamiento

de hechos común en ese tipo de ejecuciones, que supone una vez firme la

adjudicación, se procede a la protocolización de piezas y su posterior

inscripción.  Sin embargo, en la especie no ocurrió de esa forma, debido a

que el juez ejecutor adjudicó el inmueble a su representada, el 13 de febrero

de 2007, pero suspendió indefinidamente todos los efectos derivados de ese

acto, es decir, no se produjo ni la puesta en posesión, ni la titulación a

nombre la actora, ello ocurrió hasta el 9 de marzo de 2009.  Atendiendo a

lo dicho, colige que el cómputo de los dos años establecido en el cánon 10 de

comentario, debe iniciar a partir de esa última fecha, pues hasta ese momento

pasó a ser un activo de la actora.  No comparte lo dicho por el Tribunal

en cuanto a que “…la discusión que se ha dado (…) respecto al momento

en que se obtiene la propiedad de un inmueble, si por el simple consentimiento

o por la inscripción y posibilidad plena de disposición del bien deviene en

innecesaria…” (folio 191).  Agrega, por expresa disposición de los

artículos 267 y 291 del Código Civil, se requiere de la inscripción registral

para cumplir con lo indicado en el artículo 10 cuya vulneración se acusa.

Segundo, menciona que el artículo 7 de la Ley General de la

Administración Pública (en adelante LGAP) para la actividad interpretativa de

las normas de Derecho Público remite de manera expresa, a los principios

generales del derecho, dentro de los cuales se encuentra el que indica: “nadie

está obligado a lo imposible”. En este asunto, señala, a su representada al

adjudicársele la finca de manera condicionada, se le colocó en una situación de

imposibilidad de cumplimiento de lo establecido en el cánon 10 de la Ley

Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias, ya que no tenía la titularidad

necesaria para disponer de la finca.  Tercero, quebranto del

artículo 193 del “Código Procesal Penal”, debido a que el Tribunal no indicó

las razones que tuvo para no exonerar el pago de costas a la parte vencida, ya

que no brindó razones del por qué no admitió que tenía motivo suficiente para

litigar.  Añade, la simple manifestación de “no apreciar… razones

válidas para la exoneración en costas a la parte vencida…”, no es

suficiente para denegar la exoneración.  Resalta que, su patrocinada ha

tenido motivo suficiente para litigar, por lo que echa de menos el razonamiento

para condenar, de lo contrario está obligado a favorecer al administrado que

actúa de buena fe.

El casacionista acusa la infracción del artículo 10 de la Ley Reguladora de

Empresas Financieras no Bancarias, por indebida interpretación. Centra su

alegato en que el cómputo del plazo para vender el bien, en virtud de los

problemas con la adjudicación, debió iniciar a partir del momento cuando su

representada contó con la titularidad registral y la efectiva posesión. Para

una mejor comprensión del asunto, se hará un recuento de los hechos acreditados

en autos: en el proceso hipotecario tramitado en el expediente no.

05-000599-183-CI, promovido por la aquí actora contra Clemencia Moya Rodríguez,

el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía emitió la resolución de las 11 horas

05 minutos del 25 de enero del 2007, en la cual aprobó el remate celebrado a

las 10 horas 30 minutos del 18 de diciembre de 2006, donde se le adjudicó a

COOPEAMISTAD R.L la finca del Partido de Puntarenas, matrícula 45848-000.

Además, autorizó la protocolización de piezas y la puesta en posesión, lo que

se notificó el 7 de febrero del 2007, por ende, la firmeza del remate ocurrió

el 10 de febrero del 2007.  El 4 de octubre de ese mismo año, se suspendió

la puesta en posesión, debido a un problema de cabida del inmueble.  En

resolución del indicado Juzgado, de las 11 horas del 20 de enero de 2009, se

ordenó poner el inmueble en posesión a COOPEAMISTAD R.L. Así quedó inscrito a

nombre de la accionante, el 9 de marzo de 2009 y puesto en posesión el 17 de

abril de 2009.  En oficio no. GG-227-2009 de 24 de febrero de 2009, el

Gerente General de COOPEAMISTAD R.L le informó a la Dirección General de

Supervisión de Empresas Financieras y Cooperativas de la SUGEF, en lo

pertinente, lo siguiente: "Nuestra cooperativa, mantiene registrado en

la cuenta de bienes realizables un saldo de ¢86.173.217.73 como, producto del

remate de la finca matrícula de folio real número 045848-000 de la provincia de

Puntarenas más gastos adicionales, la cual garantizaba la operación a cargo de

nuestra ex asociada productora Clemencia Moya Rodríguez. El remate fue aprobado

mediante resolución de fecha 25 de enero del 2007 y la adjudicación quedó en firme

el día 13 de febrero del 2007, por lo que en este mes se están cumpliendo los

dos años” (...)"Todo lo mencionado, produjo una imposibilidad material de

iniciar siquiera las gestiones para la venta del bien, motivo por el cual y con

base en lo dispuesto por la SUGEF 7-96, acudimos ante esta estimable entidad

supervisora, para solicitar un plazo adicional de dos años, que nos permita

realizar las gestiones de venta". (folio 161, hecho probado no.

En oficio no. SUGEF 1112-200902402 de 2 de abril de 2009,

el Intendente General de Entidades Financieras, le indicó al Gerente General de

COOPEAMISTAD R.L, textualmente lo siguiente: "Nos referimos a su oficio

GG-227-2009, mediante el cual solicita un plazo adicional de dos años para

realizar las gestiones de venta del bien adjudicado el 13 de febrero de 2007, […]

Sobre el particular, de conformidad con lo estipulado en el plan de cuentas

vigente (código grupo 150), las entidades supervisadas deben registrar una

estimación equivalente a su valor contable para los bienes retirados de uso y

para los bienes realizables que no fueron vendidos o arrendados, sea mediante

arrendamiento operativo o financiero, en el plazo de dos años, contados desde

la fecha de su adquisición o producción. En virtud de lo anterior, considerando

que la adjudicación del bien quedó en firme el 13 de febrero de 2007, tal y

como se indica en su nota, la entidad debe proceder de inmediato a registrar la

estimación correspondiente al 100% de su valor, al haberse cumplido los dos

años de su adjudicación. Asimismo, una vez analizado el planteamiento de su

Representada, esta Superintendencia está en la mayor disposición de conceder un

plazo adicional de hasta dos años para realizar las gestiones de venta del bien

supra citado." (folio 161, hecho probado no.

En oficio no.

GG-264-2009 de 20 de abril del 2009, COOPEAMISTAD R.L solicitó a la SUGEF una

reconsideración de lo resuelto, alegando de que al haber estado imposibilitada

material y legalmente la Cooperativa de vender o disponer en cualquier forma

del inmueble matrícula 45848-000, no puede aplicarse el registro o la

estimación del valor del bien. En oficio no. SUGEF 01582-2009/03788 de 18 de

mayo de 2009, rechazó la solicitud de reconsideración, con los siguientes

argumentos: "La autorización del plazo a la que hace referencia el

Acuerdo SUGEF 7-96 se limita únicamente al otorgamiento de un plazo adicional

para la venta del bien y, en ningún sentido, es una autorización tácita para

suspender o evitar la constitución de estimaciones para el bien recibido o

adjudicado por la entidad. Desde un punto de vista normativo y con carácter

vinculante, el plan de cuentas vigente para entidades, grupos y conglomerados

financieros, para el Grupo 150 "Bienes Realizables", establece que

las entidades supervisadas deben registrar una estimación equivalente a su

valor contable para los bienes que no fueren vendidos en el plazo de dos años,

contados desde la fecha de su adquisición o adjudicación." (folios

161-162, hecho probado no. 8).  Inconforme la actora presentó ante

el Superintendente General de Entidades Financieras, recurso de revocatoria con

apelación subsidiaria, los cuales se denegaron. Al resolver, el CONASSIF señaló

en la resolución no. C.N.S. 703-09 de 22 de setiembre de 2009, artículo 10,

acta de sesión 807-2009, celebrada el 18 de setiembre de 2009 lo siguiente: “Esta

normativa es vinculante para todas las entidades financieras y constituye un

instrumento fundamental para el análisis de la información y la toma de

decisiones del supervisor. En este análisis la prudencia es parte fundamental

de un registro adecuado de las operaciones. La norma es desarrollada con la

finalidad de uniformar el registro de operaciones, cumplir con los objetivos

prudenciales, y tener información comparable y consistente del desempeño de

todas las entidades supervisadas. En segundo lugar, la orden de la SUGEF se

fundamenta precisamente en el Grupo 150 de la subcuenta 151 del Plan de

Cuentas, cuyo texto dispone: “Los bienes recibidos en dación de pago o

adjudicación que no se hayan vendido en un plazo de dos años de su dación en

pago o adjudicación estarán sujetos a una estimación del 100% de su valor

contable” De la lectura de esta norma es evidente que aplica para los bienes

adjudicados en remate “que no se hayan vendido en un plazo de dos años de su

adjudicación”. De manera que es absolutamente claro que el plazo de 2 años debe

empezar a contarse a partir de la adjudicación del inmueble en remate.

Obsérvese que la norma no hace referencia a la toma de posesión del inmueble ni

a la inscripción registral.”  (folio 162, hecho probado no. 12). El

Tribunal, con ese fundamento fáctico, estimó que las resoluciones impugnadas “se

encuentran emitidas conforme a derecho y a la normativa que regula el sistema

financiero” (folio 172).  Teniendo claro lo acontecido, la Sala entra

a conocer los dos primeros agravios, por cuanto lo expuesto en ellos se

relaciona con la interpretación dada al artículo 10 de la Ley Reguladora de

Empresas Financieras no Bancarias.  Tal precepto dispone en lo que

interesa: “/ Los bienes y valores que le fueren transferidos a una

empresa financiera, en pago de obligaciones a su favor, o que les fueren

adjudicados en remates judiciales, deberán venderse en un plazo máximo de dos

años, contado a partir de su adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado

por la Superintendencia General de Entidades Financieras, por períodos iguales,

a solicitud del interesado. En este caso, la Superintendencia podrá disponer la

creación de una reserva hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del

bien.” (el subrayado no es del original).  El Tribunal hizo una

interpretación literal y coligió que “…el plazo de los primeros dos años,

comenzará a computarse a partir de que el bien es adjudicado, en caso de una

deuda garantizada con una hipoteca, sería una vez que el remate se encuentre

firme.” (folio 165).  Como se observa, la discusión no versa sobre la

ampliación del plazo, sino sobre el registro de la estimación del 100% del

valor del inmueble. Esta Sala aborda a un criterio distinto al externado por el

ad quem. Si bien la norma citada alude a que los inmuebles adjudicados en

remates judiciales –como ocurrió en este caso- deberán venderse en un plazo

máximo de dos años, contado a partir de su “adjudicación”; es lógico que ese

acto no debe contar con vicio o impedimento  alguno que frustre la

eventual venta, pues en tal circunstancia se establecería una obligación de

imposible cumplimiento, que por ende sería nula. Se requiere de una adjudicación

efectiva que haga posible la disponibilidad del bien. Lo contrario, sería

someter a una obligación imposible. Además de lo dicho, debe tenerse presente

que el único facultado para vender un bien inmueble es su propietario, es

decir, quien ostenta su titularidad registral.  En este asunto, por

problemas ocurridos en el proceso ejecutivo hipotecario, a la aquí actora si

bien se le “adjudicó” formalmente la finca en febrero de 2007, no fue sino

hasta marzo de 2009 –más de dos años después- que se inscribió a su nombre y un

mes después le fue puesta en posesión.  De un recuento de esas fechas, se

desprende claramente que los dos años que menciona el artículo 10 cuya

infracción se acusa, se cumplieron y para ese momento la actora no tenía la

posibilidad real de enajenar el inmueble.  Ello dice de las circunstancias

especiales que acontecieron en este asunto, las cuales no pueden desconocerse,

pues constituyen el fundamento fáctico a que debe aplicarse el derecho

correspondiente, ese último no puede actuarse de manera automática desligado de

los hechos.  En tales condiciones, las dificultades que se dieron para

realizar la venta, afectaron a la cooperativa demandante. De modo que se

presentaron circunstancias ajenas a la Cooperativa actora para disponer del

bien, lo cual permitía de acuerdo con la norma transcrita la prórroga del

plazo, pero es irrazonable afirmar, que pese a la prórroga autorizada, debe, en

todo caso igualmente, efectuarse el registro por el 100% de la estimación del

bien. Esta suerte de caso fortuito o acaecido para la Cooperativa autoriza no

solo la prórroga sino también  la exención para el registro dicho. De lo

contrario, la prórroga tiene poco significado y los supuestos fáctico-jurídicos

que impidieron la venta del inmueble tendrían un efecto interruptor solo para

el plazo, pero no así para los efectos financieros sustantivos  lo cual

es, a todas luces irrazonable. Así las cosas, la obligación impuesta por la

SUGEF en este sentido es contraria al ordenamiento, y en consecuencia nula,

como ahora se declara. En virtud de lo expuesto los reparos deberán acogerse.

Acerca del

quebranto del artículo 193 del “Código Procesal Penal”, la Sala entiende que se

trata de un error material, y que en realidad se refiere al Código Procesal

Contencioso Administrativo (en adelante CPCA).  Apunta el casacionista,

que el Tribunal debió justificar la decisión de no exonerar a su patrocinada

del pago de costas, pues tuvo motivo suficiente para litigar.  Al

modificarse la decisión, la Sala impondrá ambas costas a la parte vencida, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del CPCA, por lo que resulta

innecesario referirse a la exoneración reclamada.

En mérito de

las razones indicadas, el recurso deberá acogerse.  En consecuencia, se

anulará la sentencia del Tribunal y fallando por el fondo se denegarán las

excepciones de falta de derecho y falta de causa opuestas por la

demandada.  Se declara con lugar la demanda, en consecuencia los oficios y

resoluciones SUGEF1112/200902402 del 2 de abril de 2009, SUGEF 01582-2009/03788

del 18 de mayo de 2009, SUGEF 2617-2009/04650 del 3 de agosto de 2009, todas

dictadas por la Superintentedencia General de Entidades Financieras y la C.N.S.

703-09 del 22 de setiembre de 2009, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema

Financiero fueron emitidas contra derecho, por ende, son nulas.  Se impone

el pago de ambas costas a cargo de la parte demandada.

POR

TANTO

Se declara con lugar el recurso.  En consecuencia,

se anula la sentencia del Tribunal, fallando por el fondo se deniegan las

excepciones de falta de derecho y falta de causa opuestas por la parte

demandada.  Se declara con lugar la demanda, en consecuencia los oficios y

resoluciones SUGEF1112/200902402 del 2 de abril de 2009, SUGEF 01582-2009/03788

del 18 de mayo de 2009, SUGEF 2617-2009/04650 del 3 de agosto de 2009, todas

dictadas por la Superintentedencia General de Entidades Financieras y la C.N.S.

703-09 del 22 de setiembre de 2009, del Consejo Nacional de Supervisión del

Sistema Financiero fueron emitidas contra derecho, por ende, son nulas. Se

impone el pago de ambas costas a cargo de la parte accionada.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas

Loáiciga

Román Solís Zelaya

Óscar Eduardo González

Camacho

Silvia Consuelo Fernández Brenes

KARIAS

Teléfonos: (506)

2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr