Resolución 01384-2011

El Juzgado de Tránsito

del Segundo Circuito Judicial de San José, en sentencia no. 1221-E-2006 de las

14 horas 41 minutos del 17 de agosto de 2006, dispuso: "Por lo

expuesto, normas citadas y además artículos 1, 3, 7, 157, 162, 183, 185, 188 y

200 de la Ley de Tránsito se ABSUELVE a FELIPE CRUZ FERRERO, por la

colisión denunciada, en su lugar y por ese mismo hecho se declara AUTOR Y

UNICO RESPONSABLE de la misma a GEOVANNY ASTUA VALVERDE, por la infracción

del numeral 131 inciso g) de la citada ley por lo que deberá cancelar CINCO

MIL COLONES de multa, el pago de los daños y perjuicios ocasionados, las

costas personales y procesales que se hayan originado. Se le hace saber al

infractor Astúa Valverde, que debe cancelar el monto de la multa a favor del

Consejo de Seguridad Vial junto con los timbres de ley, dentro de los ocho días

posteriores a la firmeza de esta sentencia, pues de lo contrario se le

generarán intereses desde un 3% y hasta un 36% mensual, sin perjuicio de

proceder al cobro judicial. Para asegurar el cumplimiento de esa obligación

manténgase gravado el vehículo placa 331998, así como la licencia de conducir

de don Geovanny N° 1-1136-791, tipo B1, y una vez firme esta resolución

levántese el gravamen ordenado sobre el vehículo placa CL 193570.”

El Instituto Nacional

de Seguros presenta ejecución de sentencia, a fin de que: “…se

condene al señor ASTUA VALVERDE GEOVANNI, a pagar la suma total de

¢3,552.987,oo (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y SIETE COLONES EXACTOS), en concepto de indemnización de los daños y

perjuicios, y la suma de ¢1,265.277,oo  (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE COLONES EXACTOS) por concepto de intereses

moratorios calculados desde el diecisiete de agosto del dos mil seis al

veintidós de julio del dos mil diez. Para él (sic) calculo (sic)

de intereses moratorios se aplico (sic) la Tasa Legal Variable y Anual

establecida por el Banco Central de Costa Rica como promedio correspondiente al

periodo (sic) liquidado para un total de ¢4,818.264,oo (CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO COLONES EXACTOS) /

2-) Siendo Título Ejecutorio la sentencia que acompaño vengo a demandar en esta

vía a dicho señor para que en sentencia se le obligue a pagar el Capital

representado por la suma referida más los intereses moratorios hasta su

efectivo pago y ambas costas de esta acción.”

El ejecutado no

contestó dentro del plazo concedido, por lo que se le declaró rebelde en

resolución de las 11 horas y 01 minutos del 14 de octubre del 2010.

El juez Dyan Monge

Alfaro, en sentencia no. 2952-2010 de las 13 horas y 48 minutos del 3 de

noviembre de 2010, resolvió: “...De oficio, se declara la falta de

legitimación ad causam activa; y consecuentemente, se declara sin lugar en

todos sus extremos la presente ejecución. Sin especial condenatoria en costas”.

El representante del

ejecutante formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya

para refutar la tesis del Juzgado.

6.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la Magistrada León Feoli

El Juzgado de Tránsito

del Segundo Circuito Judicial de San José, en sentencia no. 1221-E-2006, de las

14 horas 41 minutos del 17 de agosto de 2006, declaró a Geovanny Astúa Valverde

como autor y único responsable de la colisión entre los vehículos placas CL

193570 y 331998 (expediente no. 05-004388-0174-TR). De interés, lo condenó al “…pago

de los daños y perjuicios ocasionados, las costas personales y procesales que

se hayan originado”. El Instituto Nacional de Seguros (en adelante INS),

subrogándose los derechos del beneficiario de la póliza (vehículo CL 193570),

presentó este proceso de ejecución de sentencia en el que solicitó “…despachar

ejecución y que en la resolución de fondo que llegue a dictarse se condene al

señor ASTUA VALVERDE GEOVANNI, a pagar la suma total de ¢3.552.987,oo (TRES

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE COLONES

EXACTOS), en concepto de indemnización de los daños y perjuicios y la suma de

¢1.265.277,oo (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

SIETE COLONES EXACTOS) por concepto de intereses moratorios calculados desde el

diecisiete de agosto del dos mil seis al veintidós de julio del dos mil diez.…”.

También pretende que la cancelación de los intereses sea hasta su efectivo

pago, así como ambas costas. Lo anterior, por cuanto afirma haber cubierto la

reparación del vehículo asegurado, en virtud de la póliza 01 09 AUT 52344

03.

El ejecutado fue declarado rebelde. El Juzgado Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda, de oficio declaró una falta de legitimación ad causam

activa, por ende, sin lugar en todos sus extremos la ejecución.

Acude ante esta Sala

el apoderado especial judicial del ejecutante. Inicia su recurso con una breve

reseña de lo acontecido y que motivó este proceso. Luego, con el título “CASACIÓN

POR PROVEERSE EN CONTRADICCIÓN CON LO EJECUTORIADO”, como él mismo lo

indica, realiza una crítica generalizada de los argumentos del fallo. El

escrito no sigue una adecuada técnica para la formulación del recurso, que en

algunas partes resulta confuso y reiterativo. Por lo anterior, y considerando

la forma cómo se resuelve este asunto, se rescatarán las objeciones puntuales,

evitando en lo posible repeticiones innecesarias. En lo medular, acusa que el

fallo resuelve en contradicción con la cosa juzgada y quebranta el debido

proceso. Dice, se le atribuye al finiquito de subrogación, una indebida

valoración al desprender de él, la obligatoriedad de comprobar que la firmante

es quien puede subrogar a su representado, cuando en realidad esta opera de

pleno derecho, pues proviene de la misma ley y no del sujeto subrogado. En tal

sentido, acusa errónea interpretación del artículo 20 de la Ley de Seguros, al

declarar la falta de legitimación activa. Expone, el juzgador establece una

exigencia que el referido numeral no contempla. Continúa, al denegarse la

legitimación que deriva del pago efectuado, no del titular del seguro, hasta

quien por diversas razones podría no resultar ser el propietario del vehículo

al momento del pago, infringió los cardinales 162 y 163 del Código Procesal

Civil.

El Juzgado declaró de

oficio la falta de legitimación activa, en lo medular, porque si bien se

comprobó que el ejecutado fue condenado al pago de los daños y perjuicios

ocasionados al vehículo CL 193570 y que el INS desembolsó la cantidad que se

reclama por la reparación “…lo cierto es que, dentro de este proceso no se

demostró la condición con que la titular de la cédula de identidad 1-936-307

(sea, Yorleny) firmó el finiquito de subrogación referente a la póliza número

01-09-AUT 52344-03 -a nombre de Arrendadora Interfin S.A.-, a favor de dicho

Instituto. Es decir, no se adjuntó el documento que, la acreditaba para ejercer

dicha acción. Haciéndose la observación que, el numeral 20 de la Ley de Seguros

lo que hace es habilitar la subrogación de derechos por parte de los

aseguradores -cuando éstos hayan pagado total o parcialmente la pérdida o los

daños de la cosa asegurada-, nunca relevarlos de acreditar la condición con que

se presentan a juicio; sea, que aún y con la existencia de tal norma, la

demanda debe acompañarse del documento mediante el cual se le transmite al ente

asegurador, la titularidad del derecho….”.

El recurrente fundamenta

su argumentación en lo establecido en el canon 20 de la Ley de Seguros, no. 11

del 2 de octubre de 1922, que dice: “Los aseguradores que ha­yan pagado en

todo o en parte la pérdida o daños de la cosa asegurada, quedan subrogados en

los derechos que los asegurados pudieran tener contra terceros responsables del

siniestro y el asegurado responde personalmente de todo acto que perjudique los

derechos de los aseguradores contra esos terceros”. Al respecto, ya esta

Sala ha precisado que esa disposición prevé una subrogación que opera de pleno

derecho. “…Esta norma prevé una subrogación, a favor de las aseguradoras de

los derechos que el asegurado pueda exigirle a quien haya ocasionado el

siniestro. Es decir, en virtud del contrato de seguro, las entidades aseguradoras,

en este caso el INS, asumen la titularidad de los derechos y acciones que el

afectado ostenta frente al tercero responsable. Valga acotar que esta opera de

pleno derecho, por lo que no depende de la firma de un contrato de esta

naturaleza sino que basta con que se demuestre la concurrencia de los supuestos

mencionados. Ahora bien, desde la perspectiva sustantiva, esto implica que

quien subroga, asume la posición de acreedor en la relación jurídica cuya

prestación es la indemnización de los daños generados por el percance. Desde

este plano, resulta incuestionable la potestad del INS de ejercer una

pretensión cobratoria para recuperar aquellos montos pagados en virtud de un

contrato de seguro, siempre que se den las condiciones prescritas en la norma

previamente citada. Empero, desde el punto de vista procesal, los efectos de la

norma se materializan y agotan al conferirle al asegurador la legitimación

activa para actuar en defensa de un derecho propio. Claro está, para que la

pretensión sea acogida, la entidad aseguradora se encuentra sujeta a los mismos

rigores que cualquier otra parte en cuanto la demostración de los hechos

constitutivos de su pretensión. …” . A partir de lo anterior, y siendo

claro que el motivo por el cual el juzgador declaró sin lugar la demanda, fue

al considerar una falta de legitimación ad causam activa, lleva razón el

recurrente en su alegato, por ende, el agravio resulta procedente.

Como consecuencia de

lo anterior, al tener que anularse la sentencia, entonces, de conformidad con

lo preceptuado en el precepto 150.2 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, se debe fallar el asunto por el fondo. En este asunto, el INS

solicitó “…despachar ejecución y que en la resolución de fondo que llegue a

dictarse se condene al señor ASTUA VALVERDE GEOVANNI, a pagar la suma total de

¢3.552.987,oo (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y SIETE COLONES EXACTOS), en concepto de indemnización de los daños y

perjuicios y la suma de ¢1.265.277,oo (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE COLONES EXACTOS) por concepto de intereses

moratorios calculados desde el diecisiete de agosto del dos mil seis al

veintidós de julio del dos mil diez.…”. También, que la cancelación de los

intereses reclamados sean hasta su efectivo pago, así como ambas costas. A

tales efectos, de interés, aportó:

Constancia INCU-001189-10, de 9 de

febrero de 2010, en que la Directora Ejecutiva de la sede del INS en

Curridabat, da cuenta que por los daños ocasionados al vehículo CL 193570, se

indemnizó a favor de la Arrendadora Interfin S.A., la suma de ¢3.552.987,00.

2)

Certificación INSCU-02815-2010 de 8 de abril de 2010, relativa al finiquito de

subrogación y las facturas canceladas por concepto de mano de obra y repuestos.

A este punto, resulta de interés lo ya considerado por esta Sala (voto no.

1052-S1-F-2011 de las 9 horas 10 minutos del 31 de agosto de 2011), en cuanto a

que, en este caso, la constancia INCU-001189-10 no puede ser considerada como

plena prueba (aún cuando fuera una certificación), “…toda vez que se trata

de un documento interno, en el que se hace referencia a una cuenta por cobrar

registrada por el presunto pago de la póliza. Empero, tampoco resulta viable

restarle total valor demostrativo. Desde esta perspectiva, se trata de un

documento con base en el cual se puede presumir la existencia y cuantía del

daño que se reclama. En todo caso, esta sería relativa o iuris tantum, toda vez

que la contraparte se encuentra en posibilidad de oponerse a su contenido. En

esa eventualidad, pesa sobre la parte ejecutante la ineludible obligación de

aportar prueba adicional mediante la cual se acrediten los pagos realizados que

justifiquen el monto detallado en la certificación mencionada….”  En

la especie, lo cierto es que el ejecutado no se apersonó al proceso para

oponerse al cobro pretendido por el INS. Esto hace que, de acuerdo con lo

expuesto en las líneas precedentes, la presunción iuris tantum prevalece

respecto del oficio INCU-001189-10, aunado a que además se aportó la

certificación INSCU-002815-2010.

De la naturaleza

de la obligación que se reclama. En cuanto a la distinción entre obligaciones

dinerarias y obligaciones de valor, en lo medular, esta Cámara en sentencia no.

126-F-S1-2009 de las 15 horas 45 minutos del 5 de febrero de 2009, indicó: “…Este

tema ya ha sido abordado por esta Sala en distintas ocasiones, para lo cual

pueden citarse, entre otras, las sentencias no. 37 de las 15 horas 10 minutos

del 22 de abril de 1998, la no. 736 de las 14 horas 55 minutos del 8 de octubre

de 2007; la no. 226 de las 10 horas 40 minutos del 31 de marzo de 2004.

Tratándose de obligaciones dinerarias, es decir, aquellas en donde se debe un

“quantum” (cantidad fija o invariable de signo monetario), siendo que el dinero

actúa “in obligatione” e “in solutione”, los intereses se calculan a partir de

la fecha pactada en que se debió de realizar el pago. Por su parte, en el caso

de las obligaciones de valor, los intereses corren a partir de la firmeza de la

sentencia en que se reconocen, ya que en este supuesto, lo debido es un “quid”

(un bien o una utilidad inmodificable), cuyo objeto no es una suma de dinero,

sino un valor abstracto correspondiente a una expectativa o pretensión

patrimonial del acreedor, por lo que la cuantificación del crédito viene a ser

extrínseca respecto a la relación obligatoria, es decir, que el dinero actúa,

únicamente, “in solutione” a partir de su determinación en sentencia”. Más

reciente (voto no 1242-F-S1-2010 de las 9 horas 30 minutos del 21 de octubre de

2010), se especificó que en las obligaciones dinerarias “…el dinero es lo

directamente debido, lo que satisface -in natura- el interés del acreedor. En

estos casos lo debido se “mide” (cuantifica) en cantidad de especies

monetarias. Esto es, se cumple honrando una cantidad líquida…”. Entonces,

reafirmando lo anterior y en consideración de las particularidades que se

derivan de la naturaleza del fallo que se ejecuta (sentencia de tránsito), con

un nuevo análisis del tema, se estima que en realidad, en este asunto, se está

ante la ejecución de una obligación dineraria (pues lo debido es una suma

monetaria determinada), y que esta Sala califica como de indirecta o impropia,

a partir de lo siguiente. La obligación surge de una sentencia de tránsito por

los daños ocasionados producto de una colisión entre dos vehículos automotores.

Si bien, realiza una condena en abstracto, lo que en principio permitiría

considerar que se está frente a una obligación de valor, resulta que ello lo es

solo en apariencia. Nótese que para cuando el Juzgado de Tránsito dictó

sentencia (17 de agosto de 2006), los daños ya habían sido, en principio,

determinados, cuantificados y debidamente cancelados por el INS (marzo y abril

de 2005, según se acredita con la prueba aportada en autos -certificación de

las facturas comerciales-), en virtud de la póliza suscrita en favor del

vehículo al que se le causaron esos daños. Así, en criterio de esta Sala, el

monto pagado, en virtud del cual el INS se subrogó legalmente los derechos de

cobro, revisten naturaleza provisional, pero a final de cuentas real, de una

obligación dineraria, en donde el dinero, como se dijo, es lo directamente

debido y satisface -in natura- el interés del acreedor. Eso sí, se aclara, lo

cancelado se constituye en el inexorable tope pecuniario máximo, pero no mínimo

(de ahí su naturaleza provisional), para que el INS, en carácter de subrogado,

procure el resarcimiento del monto que estime debido en esta vía (de la

ejecución), que es en donde se consolida, en definitiva, la suma real, líquida

y exigible a cobrar. Lo anterior, claro está, mediante la liquidación concreta

y detallada, con indicación específica de los montos respectivos y el

ofrecimiento de la prueba, a que está obligado el ejecutante en este tipo de

procesos.

Definido lo anterior,

en ese sentido, la ejecución debe declararse con lugar, obligando al ejecutado

Astúa Valverde a pagar la suma de ¢3.552.987,00 (con base en la constancia

INSCU-001189-10 y la certificación INSCU-02815-2010), que deberá indexarse

conforme lo preceptúa el artículo 123 del CPCA. En cuanto a los intereses

reclamados (que en principio deberían calcularse a partir de la fecha en que el

INS canceló el costo de la mano de obra y los repuestos para la reparación del

vehículo, y hasta su efectivo pago), cierto es que al liquidarlos el ejecutante

a partir de la fecha de la sentencia de tránsito, con ello, sobre el particular

y en lo que al punto de partida se refiere, limitó su pretensión. Por lo

anterior, deberán reconocerse y liquidarse a partir del 17 de agosto de 2006 y

hasta su efectivo pago, pero se aclara, correspondientes al interés neto o

puro (porcentaje de utilidad), por lo que de seguido se explica. Ha

señalado esta Sala que la norma 123 idem regula el tema de la indexación, que

constituye un mecanismo para reajustar, en el caso de obligaciones dinerarias,

la pérdida del valor de la moneda por la inflación. Por ello es que se utiliza

el índice de precios al consumidor (IPC) para realizar este cálculo. En el caso

de los intereses legales, se compensa el costo de oportunidad que tuvo que

soportar el acreedor que no recibió el dinero debido durante el plazo del

incumplimiento, siendo que el otorgarlos se encuentra sujeto al principio

dispositivo, esto es, pende de solicitud expresa por parte del interesado, como

ocurrió en este asunto. Desde este plano, queda claro que se trata de

institutos distintos, cuya naturaleza no se puede asimilar, como se indicó en

el voto no. 557-S1-F-2010 de las 10 horas 10 minutos del 6 de mayo de 2010.

También, más recientemente, se pronunció en cuanto a que sí es posible otorgar

de manera conjunta indexación e intereses. Así, “…V.- Indexación e

intereses. En opinión del casacionista no es posible otorgar de manera

conjunta indexación e intereses. Reprocha, el cardinal 706 del Código Civil

dispone que, en el caso de las obligaciones pecuniarias los perjuicios siempre

constituirán el pago de intereses. Sin embargo, no lleva razón el casacionista,

según se expondrá de inmediato. Sobre el particular esta Sala dispuso: “IX.-...

la indexación como tal, cobra sentido esencialmente respecto de las

obligaciones dinerarias, sobre las que no existe duda en su procedencia, sin

exclusión, claro está, de los perjuicios correspondientes, pues ha de quedar

claro que se trata de extremos diferentes e independientes” (la negrita

es suplida). No. 519 de las 16 horas 10 minutos del 20 de julio de 2005. De

manera más reciente, siempre en igual sentido y aludiendo a las obligaciones

dinerarias, -como en la especie-, ha resuelto: “Cuando la obligación es de esa

naturaleza, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de

los intereses sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo, de

conformidad con el artículo 706 Código Civil. Sobre el punto a partir del cual

corren los intereses en este tipo de deudas, ya esta Sala ha establecido:

“Dicho plazo deberá contarse a partir del vencimiento del plazo estipulado y,

en defecto de convención, a partir del momento en que la obligación resulta legalmente

exigible.” (Fallo no. 68 de las 15 horas 20 minutos del 28 de junio de 1996).

De ahí que los réditos deban computarse desde la fecha en que cada pago era

exigible y no desde la firmeza del fallo, pues esto último implicaría una

desatención a la naturaleza misma de la obligación, así como de los numerales

704 y 706 del Código Civil, que establecen el deber del deudor de compensar por

los daños y perjuicios que deriven del desaire de un deber pecuniario. Con

todo, ante el desajuste económico que supone la presente deuda dineraria, el

otorgamiento de intereses desde el incumplimiento compone una medida que busca

compensar la indisponibilidad del dinero en el momento oportuno, y que permite

reconocer al acreedor de la obligación el factor deflacionario a fin de que la

deuda se cancele a valor presente (siempre que no se hubieren indexado, pues en

tal caso, el interés a reconocer no sería el legal, sino un interés neto o

puro, derivado de la diferencia entre el interés legal y el índice de

inflación), más un margen de utilidad que hubiera tenido de haber contado con

el monetario cuando correspondía. Se trata del reconocimiento de los perjuicios

económicos que se han provocado... (Sentencia no. 736, de las 14 horas 55

minutos del 8 de octubre de 2007)…”. No. 1053 de 13 horas 55 minutos del 8 de

octubre de 2009. Como se observa esta Sala de modo concreto ha aceptado el pago

de la indexación (reconocimiento del factor deflacionario) junto con un interés

neto o puro (porcentaje de utilidad), ya que por su naturaleza constituyen

aspectos distintos y autónomos. Mediante la primera, se reconoce la pérdida en

el valor monetario sufrido en un determinado período de tiempo, y por razón de

los segundos, otorga los réditos o ganancias dejadas de percibir en tal lapso.

Este Órgano no omite señalar que, como no se cuestiona el tipo de interés

concedido en sentencia, únicamente advierte que el que debió otorgarse fue el

neto, no el legal como se hizo. …”. (Voto no 248-F-S1-2011 de las 8 horas

55 minutos del 10 de marzo de 2011). Son las costas a cargo del ejecutado

(cardinal 193 del CPCA).