Resolución 01350-2011

Con base en los

hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora estableció

demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de veinte millones de

colones, a fin de que en sentencia se declare: “1) … CON LUGAR LA PRESENTE

DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS.

SE DECLARE QUE EXISTE CULPA DEL CONDUCTOR DEL

MINISTERIO DE SEGURIDAD AL ATROPELLAR A MI COMPAÑERO, Y POR LO TANTO EXISTE

RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO EN ESTE ASUNTO.

SE CONDENE AL DEMANDADO

A PAGARME LOS DAÑOS MATERIALES SUFRIDOS A CONSECUENCIA DE ESTE ILICITO, MAS

TODOS LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE ESTE HECHO.

EL DAÑO MATERIAL CONSISTE EN

LA PERDIDA ECONOMICA SUFRIDA POR LA MUERTE DE MI COMPAÑERO Y PADRE DE FAMILIA,

QUIEN ERA EL UNICO SOSTEN NUESTRO, MONTO QUE YA FUE FIJADO EN LA SUMA DE QUINCE

MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL COLONES.

QUE ADEMAS RECLAMO EL

RECONOCIEMIENTO DE DAÑO MORAL, POR EL TRAUMA Y LA PERDIDA SUFRIDA POR LA

SUSCRITA Y SU HIJO POR LA MUERTE DEL PADRE Y COMPAÑERO LA CUAL FIJO EN LA SUMA

DE DIEZ MILLONES DE COLONES PARA CADA UNO (TAL Y COMO LO SUGERIO (sic) EL

PERITO ACTUARIAL MATEMÁTICO EN SU OPORTUNIDAD

COMO PERJUICIO EL COBRO DE LOS

INTERESES Y QUE CORRESPONDE AL RECONOCIMIENTO DE INTERESES DESDE LA FECHA EN

QUE SE FIJO EL PERITAZGO ES DECIR DESDE 19 DE ABRIL DEL AÑO 2001 HASTA EL

DEBIDO PAGO DE ESTE ASUNTO, FIJANDO LOS MISMOS AL 2% MENSUAL ESTIMO ESTE RUBRO

POR AHORA EN DIEZ MILLONES DE COLONES.

QUE EL SEMANDADA (sic) SEA

CONDENADO AL PAGO DE AMBAS COSTAS.”  Además, pide que los anteriores

montos sean indexados.

La parte demandada contestó negativamente y opuso las

excepciones de caducidad de la acción, rechazada interlocutoriamente;

prescripción, falta de derecho y de legitimación en su doble modalidad.

La

jueza Yetty Patricia Hernández Orias,  en sentencia no. 2982-2009 de las

11 horas 30 minutos del 30 de noviembre de 2009, dispuso: “Se acoge la

excepción de prescripción opuesta por el representante del Estado,

consecuentemente se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda

de Silvia Barahona Torres contra (sic) Estado. Se

exime a la actora al pago de ambas costas de este proceso".

El Tribunal

Contencioso Administrativo, Sección Séptima, integrado por los jueces Isaac

Guillermo Amador Hernández, Bernardo Rodríguez Villalobos y Carlos E. Espinoza

Salas, en sentencia no. 013-2011-VII de las 9 horas 30 minutos del 25 de

febrero de 2011: resolvió: “Se rechazan los documentos presentados en esta

instancia que ocupan los folios 223 a 259. Se revoca la sentencia apelada en

cuanto acoge la defensa de prescripción, y entrando a fallar este asunto por su

fondo, se rechazan las defensas de prescripción, de falta de derecho, de falta

de legitimación activa y pasiva invocadas por la representación del Estado

demandado; en consecuencia, se declara con lugar la demanda debiendo entenderse

denegada en los extremos no expresamente concedidos y por ende, se declara que

en el presente asunto existe responsabilidad objetiva del Estado; y se condena

al Estado al pago de los siguientes extremos a favor de la parte actora: por

daño material la suma de quince millones setecientos veintiocho mil colones;

por daño moral la suma de quince millones de colones, por partes iguales

para ambos miembros de la familia supérstite, la actora Silvia Barahona Torres

y su hijo, Jason Alberto Guevara Barahona. Se condena al Estado demandado al

pago de intereses legales sobre dichos montos de conformidad con lo dispuesto

en el Artículo 1163 del Código Civil, a partir de la firmeza de esta sentencia

y hasta su efectivo pago. Se concede la indexación sobre los rubros

otorgados a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago,

para ello, se fija como base de cálculo el índice de precios al consumidor

final. Son ambas costas a cargo del Estado”.

La

representante estatal, formula recurso de casación.

6.-En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada León Feoli

I.-

La señora Silvia Barahona Torres adujo en su demanda, en esencia, que fue

compañera sentimental, por más de 18 años, del señor Minor Guevara Jiménez, con

quien procreó un hijo en 1988. El 13 de noviembre de 1997, señaló, su pareja

conducía una bicicleta por la rotonda de la Y Griega, con luces, chaleco

fluorescente y demás implementos básicos de seguridad. Agregó, fue colisionado

por la radiopatrulla no. 462, manejada a exceso de velocidad por el señor David

Salazar Delgado, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública. Producto de

ese infortunio, refierió, el señor Guevara Jiménez falleció el 26 de diciembre

siguiente y con esa muerte se causó una afectación moral y económica. Indicó

que se inició causa penal, pero prescribió. Demanda para que en sentencia se

declare la culpa del conductor y la responsabilidad objetiva del Estado,

debiendo este pagar los daños materiales y los perjuicios sufridos como

consecuencia del ilícito. Los primeros consisten en la pérdida patrimonial por

la muerte del compañero sentimental y padre, único sostén económico de la

familia, lo cual estima en ¢15.728.000,00. Además, el detrimento moral por el

trauma y la pérdida, que sufriera ella y su hijo, hoy mayor de edad, lo cual

establece en ¢10.000.000,00 para cada uno. Asimismo, intereses al 2% mensual,

desde el 19 de abril de 2001 y hasta el efectivo pago, lo mismo que ambas

costas del proceso. Pide que los anteriores montos sean indexados. El accionado

contestó en forma negativa y opuso las excepciones de caducidad de la acción,

rechazada interlocutoriamente; prescripción, falta de derecho y de legitimación

en su doble modalidad. El Juzgado acogió la defensa de prescripción y rechazó

la demanda en todos sus extremos, sin especial condenatoria en costas. El

Tribunal revocó. Denegó las demás excepciones. Declaró con lugar la demanda y

estableció que en el presente asunto existe responsabilidad objetiva del

Estado. Por ende, lo condenó a cancelarle a la actora: ¢15.728.00,00 de daño

material; ¢15.000.000,00 de daño moral, por partes iguales, para ella y su

hijo; intereses legales según lo dispuesto en el artículo 1163 del Código

Civil, de la firmeza de la sentencia al momento del pago. Indexó los extremos

otorgados, desde que el fallo adquiera firmeza y hasta la cancelación efectiva,

con base de cálculo en el índice de precios al consumidor final. También le

impuso ambas costas del proceso.

El representante estatal presenta recurso

de casación por razones procesales y de fondo. Esta Sala, en auto no.

597-A-S1-11, de las 15 horas del 19 de mayo de 2011, rechazó de plano el

agravio de índole procesal. En cuanto a los restantes, el casacionista alega

vicios de fondo de la sentencia impugnada, por interpretación errónea del

numeral 198 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), cuando el

Tribunal admite actos interruptores de la prescripción, más allá del plazo de

cuatro años contemplados por ese precepto. Como el juez conoce el derecho,

aduce, debe considerar que el corto tiempo de prescripción es una norma propia

de derecho público, que no admite actos interruptores como el que se señala en

el fallo recurrido. Con esa base, censura, se revocó lo resuelto por el A quo,

se rechazaron las excepciones opuestas y se condenó al demandado al pago de

daños, perjuicios y costas. El quebranto del numeral 198 de la LGAP, insiste,

se produce al admitirse actos interruptores del plazo prescriptivo, breve,

único e indefectible, de cuatro años, que corre a partir del hecho que motiva

la responsabilidad. Asevera, en la sentencia de primera instancia se acogió con

acierto la prescripción del derecho. Según explica, se realizó un proceso penal

que culminó con el voto no. 1579 del 2002, dictado por el Tribunal Penal del

Primer Circuito Judicial de San José, a las 16 horas del 18 de diciembre de

2002, sobreseyendo al conductor del vehículo estatal por prescripción de la

acción penal. El referido fallo estableció lo siguiente: “…denotándose que

resulta de aplicación el régimen de prescripción previsto en el Código Procesal

Penal. El plazo máximo de prescripción de conformidad con lo dispuesto por el

numeral 31 inciso a) del Código Procesal Penal, es de ocho años, plazo que

deber ser reducido a la mitad, a partir del momento en que se tenga lugar

alguno de los actos interruptores que se señalan en el número 33 del cuerpo de

leyes citado. Como la intimación tuvo lugar con anterioridad al primero de

enero de 1998, se ha establecido que a partir de tal día, tuvo lugar una causal

de interrupción de prescripción establecida a nivel legal, consistente

precisamente en la entrada en vigor de una nueva legislación que establecía

normas diferentes a las contempladas en el Código Penal... En consecuencia, el

plazo de prescripción operó desde el primero de enero del año dos mil dos,

fecha en que se cumplían cuatro años desde que se operó la causal de

interrupción legal, sin que fuera posible realizar debate, ya que el asunto

ingresó al este Tribunal el día 9 de diciembre del año en curso. De ahí que

deba disponerse el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO del imputado DAVID A SALAZAR

DELGADO por el delito de HOMICIO CULPOSO, que le había atribuido por parte del

Ministerio Público en perjuicio de MINOR GUEVARA SALAZAR. Son los gastos del

proceso a cargo del Estado. Se remite a la partes a la vía correspondiente, en

lo relativo a la acción civil resarcitoria, si a bien lo tienen, en resguardo

de sus derechos...”. Con lo expuesto, afirma, se llega a una primera

conclusión: en sede penal no se resolvió nada sobre los daños y perjuicios

generados del hecho investigado, por lo que el Tribunal Penal no llegó a

sentenciar suma alguna en contra del Estado, menos aún una condenatoria en

abstracto. Afirma sin completar la idea: “Efectivamente ésta (sic) representación

mediante libelo del 13 de marzo de 2006, ya antes había alegado y advertido no

solo la PRESCRIPION DEL DERECHO del derecho (sic) de fondo, sino además

la CADUCIDAD DE LA ACCION en vía contencioso administrativa, porque si el

supuesto hecho se produjo el 26 de diciembre de 1997, conforme al numeral 198

de la Ley General de la Administración Pública,”. Luego, hace una

referencia a lo resuelto por el A quo, al acoger la prescripción del derecho,

porque desde la muerte del señor Minor Guevara Jiménez, el “13 de noviembre

de 1997”, hasta la presentación del proceso ordinario, el 28 de enero 2004,

transcurrieron seis años, es decir, más de los cuatro previstos para la

prescripción. Asimismo, manifiesta, “…para fundar la aplicación del

conocimiento del hecho”, el juzgador de primera instancia cita lo dispuesto

por esta Cámara al aplicar el canon 198 de la LGAP y no el 868 del Código

Civil. Ello, porque para determinar el inicio del plazo prescriptivo se

necesitan dos requisitos: uno objetivo, como lo es el hecho o la conducta que

motiva el daño; el otro subjetivo, constituido por la certeza de quien lo

sufre, de que aquel comportamiento es la causa de su lesión. Estos requisitos,

expone, no siempre se presentan de forma simultánea, correspondiendo al

intérprete su determinación, que bajo el principio constitucional de tutela

efectiva, no puede ser otro que cuando se tiene conocimiento del hecho dañino.

Transcribe de la resolución de primera instancia: “En el caso de análisis a

criterio de la suscrita juzgadora ambos elementos (objetivo y subjetivo) se

constituyen a partir de la muerte del señor Guevara por ser el origen del daño

que se pretende ser resarcido ante esta jurisdicción. Consecuente con lo

anterior, fundamento en el artículo 198 de la Ley General de la Administración

Pública, se declara prescrito el derecho de la parte a efectos de solicitar

daños y perjuicios al Estado y por los hechos que aquí se conocieron”. Por

otra parte, reitera, la sentencia impugnada revoca la del órgano A quo, al

admitir actos interruptores de la prescripción más allá del plazo de los cuatro

años.  Censura al Ad quem de haber considerado que es a partir de la

acción civil, del 15 de diciembre de 1998, que se interrumpe el plazo, en

aplicación del artículo 41 del “Código Procesal Civil”. Además, al

razonar que como la sentencia del Tribunal Penal de San José se emitió el 18 de

diciembre del 2002, cuando fue resuelta la causa penal, a la fecha de

interposición del proceso contencioso, el 28 de enero del 2004, no habían

transcurrido los cuatro años. Ese despacho, denuncia, declaró la

responsabilidad objetiva de la Administración, porque un oficial de

radiopatrulla conducía el automotor que causó el accidente y no existieron

eximentes de responsabilidad. Reconoció daños materiales, morales, intereses y

costas. Insiste que mediante escrito del 13 de marzo de 2006, alegó y advirtió

sobre la prescripción del derecho y la caducidad de la acción, porque si el

supuesto hecho se produjo el 26 de diciembre de 1997, conforme al numeral 198

de la LGAP, el derecho de reclamar una indemnización contra el Estado prescribe

a los cuatro años, que en realidad, asevera, es un plazo de caducidad. También,

acota, la actora debió interponer el correspondiente recurso de reposición

contra el pronunciamiento no. 395-2004 del 26 de febrero de 2004, emitido por

el Ministro de Seguridad Pública. Al no hacerlo operó la caducidad de  la

acción, por lo que se opuso la defensa de prescripción, que con buen tino

acogió la sentencia de primera instancia. A su juicio, los argumentos generales

del Derecho Civil y de Derecho Procesal Civil, no son atinentes a la

especialidad de la vía contencioso administrativa, con reglas propias cuando se

debe accionar contra el Estado, según el canon 198 de la LGAP. Así lo ha

resuelto esta Sala, enfatiza, cuando categóricamente señala que el acaecimiento

del supuesto hecho dañino, es el conocimiento de cuanto se tiene noticia de él,

en este caso la muerte del ofendido, producida el 26 de diciembre de 1997. Así

las cosas, reitera, al tenor del numeral 198 de comentario, el derecho de

reclamar una indemnización contra el Estado prescribe a los cuatro años y este

plazo se cumplió de manera fatal. El Tribunal erró, estima, al hacer una

distinción que la ley no establece en el citado precepto, y así quedó

establecido en el voto no. 291-2005, cuando destaca que esta Cámara indicó: “…para

determinar el inicio del plazo de la prescripción se necesitan dos requisitos,

uno objetivo tal como lo es el hecho o la conducta que motiva el daño, y otro

subjetivo constituido por la certeza en el sujeto que lo sufre, de que aquélla

es la causa de su lesión. Estos requisitos no siempre ocurren en forma

simultánea, correspondiendo al intérprete su determinación, que bajo el principio

constitucional de tutela efectiva, no puede ser otro que aquel cuando se tiene

conocimiento del hecho dañino“.  En la especie, repite, ambos

elementos (objetivo y subjetivo) se constituyen a partir de la muerte del señor

Guevara, por ser el origen del daño que se pretende resarcir en esta sede.

Consecuente con lo anterior y con fundamento en el artículo 198 de la LGAP,

acusa interpretación errónea y pide se revoque lo resuelto en cuanto al

reconocimiento de daños, perjuicios, intereses y costas. Ello, por cuanto “…el

hecho que motiva la responsabilidad es cuando se tiene conocimiento del que lo

motiva, y la misma sentencia indica como hecho probado la muerte del señor

Guevara que ocurrió el 26 de diciembre de 1997, de modo que no se dan los actos

interruptores de la prescripción en el plazo de cuatro años después del 26 de

diciembre de 1997, por lo que el Tribunal erró en los mismos hechos que tuvo

por probados; y en cuanto a la especie de ley sobre la determinación del hecho

que tuvo conocimiento de la responsabilidad”.

III.-

Si bien es cierto, el precepto 198 de la LGAP contempla un plazo de

prescripción de cuatro años para los reclamos por responsabilidad de la

Administración, que se han de contabilizar a partir del hecho que la motiva,

también debe considerarse el régimen de actos interruptores. Así lo ha

reconocido esta Sala, por ejemplo, en el voto no. 654-F-S1-08, de las 10 horas

45 minutos del 26 de setiembre de 2008, donde expuso: “Como bien lo señaló el Tribunal, y en ello coincide esta

Sala, al margen del plazo que pueda resultar aplicable en la especie, lo cierto

del caso es que aún partiendo del espacio temporal que fija el precepto 198 de

la Ley General de la Administración Pública, el derecho de reclamo por

responsabilidad no se encuentra fenecido como asevera el recurrente. En efecto,

cabe resaltar que el plazo con que cuenta la víctima en estas hipótesis es de

prescripción, no de caducidad. Lo anterior es determinante en tanto al ser de

esa naturaleza, es susceptible de ser suspendido o sujeto a causas

interruptoras. En esta última eventualidad, el cómputo del lapso inicia de

nuevo”. En este

predicado, según el precepto 879 del Código Civil,

aplicable en la especie por disposición del canon 9, inciso 2), de la LGAP,

interrumpe el plazo prescritivo cualquier gestión judicial o extrajudicial

tendiente al cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación. En este

sentido, no queda duda, como así lo establece el Tribunal, que la gestión

indemnizatoria intentada en sede penal tuvo efecto interruptor, aunque la

acción penal se declaró prescrita. Nótese, en copia certificada de la sentencia

de sobreseimiento consta la participación de la actora civil representada por

la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público, y en la parte

dispositiva, la autoridad penal resolvió sobre el particular: “Se remite a

las partes a la vía correspondiente en lo relativo a la acción civil

resarcitoria, si a bien lo tienen, en resguardo de sus derechos”. Por

consiguiente, la aquí demandante sí gestionó sus pretensiones indemnizatorias

dentro de los cuatro años que menciona el precepto 198 de la LGAP, en tanto la

muerte de su compañero sentimental aconteció el 27 de diciembre de 1997 y el

reclamo resarcitorio civil, en sede penal, se interpuso el 15 de diciembre de

1998, sea, dentro del aludido plazo. Además, la relacionada sentencia, donde

remitió a la actora civil a demandar en resguardo de sus derechos

resarcitorios, recayó el 18 de diciembre de 2002, luego de lo cual, para ese

efecto, ella acudió ante el Ministerio de Seguridad Pública el 10 de julio de

2003. También lo hizo en sede jurisdiccional el 28 de enero de 2004,

notificándose al Estado el 24 de diciembre de 2004. Estas gestiones también se

realizaron oportunamente, sin que se hubiese completado el plazo de cuatro años

para que operara la prescripción del derecho. Precisa aclarar, el Tribunal tuvo

por acreditados estos acontecimientos y sus fechas, y el casacionista no los ha

cuestionado en su recurso.

En mérito de lo expuesto, no se ha

cometido quebranto del artículo 198 de la LGAP, ni ha errado el Ad quem al

desestimar la defensa de prescripción. Por lo demás, la cita que hace el

recurrente de lo resuelto en la vía penal, donde se declaró prescrita la acción

penal y en esa virtud se dictó sobreseimiento definitivo, no prejuzga sobre la

pretensión resarcitoria de la señora Barahona Torres, al punto que allí mismo

se dejó incólume su derecho de formular las reclamaciones civiles, remitiéndola

a la vía correspondiente, lo cual hizo en forma oportuna, como el mismo

representante estatal lo pone en evidencia con la respectiva cita del fallo

penal de comentario. Además, toda referencia que hace en la impugnación sobre

el tema de caducidad, ya fue resuelta en definitiva con motivo del pronunciamiento

dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,

precisamente, al resolver la correspondiente defensa (folios 119 a 124), que

declaró improcedente. Ello también fue aspecto de examen por parte del Superior

(folios 139 a 141), fundamentando en alzada su criterio respecto a la

denegatoria de la aludida defensa de caducidad, lo que se encuentra firme e

inmodificable.

V.-

Se impone, en consecuencia, el rechazo del recurso, con sus costas a cargo del

Estado (artículo 611 del Código Procesal Civil).