Resolución 01228-2011

De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo y

por las razones que se dirán, el recurso resulta de rechazo en cuanto a la

indebida valoración probatoria esgrimida, en concreto respecto al informe pericial

rendido en autos, en lo demás se admite. Acorde a lo señalado en el canon 142

del cuerpo procesal de cita, se pone en conocimiento de la admisión de este

recurso al Estado por el plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha cuando

se le notifique esta resolución.

Se califica la

casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por

dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible

de tal recurso, sino sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al

primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo,

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

fase recursiva. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a-) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b-) la que

declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del cánon 92

del Código de cita, y c-) la que resuelve en forma final, el “proceso de

ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

declarados con lugar, contra o a favor de una Administración Pública (art.

183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no definan el

fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la

etapa casacional.  En lo que atañe a las causales, cabe agregar que opera

la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en los

preceptos 137 y 138 de la legislación codificada vigente. Para las primeras, se

efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los

presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de

las sustantivas, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios

(por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida

valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado,

como parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente

normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta

interpretación o una desaplicación reprochable de la norma, conocida en la

tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Una vez hecha la

mención de las resoluciones sobre las cuales cabe recurso de casación y sus

causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su

admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en

el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de

los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quienes a ella acuden. Es así

como se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los

aspectos de admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es

propio, ni su naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene

incólume su rol y su finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la  vigente legislación procesal para interponer

el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante

ley, en tanto esenciales, para este particular recurso extraordinario, ya que

sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal. Empero, han de interpretarse

de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el

precepto 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades

previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese

mismo mandato. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se

establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con ello, se modifica en forma

leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la

legislación procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la

admisibilidad y de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo

pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días

(notificándole por el medio que haya establecido, o en el lugar señalado dentro

del Primer Circuito Judicial, de acuerdo con la comunicación que le fue girada

de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la

estandarización del régimen recursivo que presenta el Código, dado que por

regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan directamente ante

el superior encargado de conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo

acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15 días

hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las

partes. Si se hubiere interpuesto solicitud de adición o aclaración, el plazo

indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas

todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de

presentación, se enumeran en el apartado 2), una serie de requisitos de “información”

e “identificación” del recurrente y del proceso, que, por su naturaleza

(“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el plazo

de tres días, a tenor de lo dispuesto en el cardinal 141 del mismo cuerpo

normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b)

el nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o

recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la

resolución recurrida; e) número de expediente en la cual fue

dictada y f) lugar dentro del perímetro para recibir

notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la misma

sede, salvo, claro está, que se haya señalado algún medio, excluido de

cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con

ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos se agrega un último requerimiento (artículo 139.3), en este caso,

material, en tanto necesario para la admisibilidad y posterior valoración del

recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso, que por

las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido,

debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre

inconforme con los hechos que se han tenido por probados o indemostrados (lo

cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias

acaecidas en la violación de normas procesales, y jurídica, cuando se

trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida

interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, pueden concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las disposiciones que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es indispensable, citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de

estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan y se pongan en práctica al

momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación

dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como  aquella

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o

reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones

las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como

lo ha estimado esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la vinculación que llegue

a realizar, resulte impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y

evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”,

y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el canon 139.3),

que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo

140 inciso c) del mismo Código de referencia.

En el caso en estudio,

la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A plantea su recurso por

violación a normas sustantivas. Como parte

de sus agravios, acusa, se valoró indebidamente la prueba. El Tribunal, señala,

fue omiso en la valoración del informe pericial, el cual se emitió respecto al

tema de los errores corregidos por la Administración Tributaria, visible a

folios 135 a 165 del expediente levantado al efecto. De dicho informe, apunta,

se tuvo por demostrado que las inconsistencias que no fueron puestas en

conocimiento del contribuyente, adolecían no solo de vicios formales de

tramitación sino también sustanciales. Sin embargo, endilga, la sentencia no

entró a valorar las apreciaciones técnicas de la perito sobre estos extremos y

en particular en relación al propio oficio STJ-ADT-184-4. Cita en refuerzo de

sus argumentos, las disposiciones 51 y 82 inciso 5) del Código Procesal

Contencioso Administrativo.

Analizado el vicio

expuesto, considera esta Sala, que no se sigue una correcta praxis casacional.

La recurrente olvida que a esta instancia, no corresponde a un recurso

ordinario (como es la apelación), ni resulta suficiente manifestar una serie de

disconformidades generales y meramente argumentativas,  en tanto es

menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción

general que, en su criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con meridiana

claridad, que el reproche descansa en la valoración del acervo probatorio; sin

embargo, pese a que en el agravio se señalan los artículos 51 y 82 inciso 5)

del Código Procesal Contencioso Administrativo, se omite la fundamentación

jurídica requerida para su conocimiento. En primer lugar, el canon 51 de cita

hace referencia a cuestiones que no se relaciónan de modo alguno con la censura

esgrimida y en segundo término, el precepto 82 aludido corresponde a una norma

de carácter general. En la especie, no se menciona el irrespeto de ninguna

disposición de fondo, requisito insoslayable cuando se acusa este tipo de

infracción, debido a que resulta imprescindible citar las reglas vulneradas por

el fondo, expresando, con claridad y precisión, la forma como se produjo el

yerro y la incidencia que ello tuvo sobre las normas desaplicadas, o bien,

actuadas con desatino. Aunado a lo anterior, a pesar de que se invoca la

indebida valoración probatoria, no combate, cómo en su correcta apreciación,

hubiera variado el fallo en su favor. Más bien, la parte recurrente se inclina

por exponer una serie de argumentos, no relacionados de manera precisa con el

punto medular del recurso. Dicho de otro modo, desarrolla simples discrepancias

de criterio que no muestran ninguna base jurídica que le den soporte, a efecto

de poder ingresar al estudio extraordinario pretendido. En consecuencia, dicho

reclamo resulta informal, por lo que deberá rechazarse de plano.