Resolución 01168-2011

Sobre el órgano

competente para resolver los conflictos de competencia. Conviene referirse, en forma

general, a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para definir,

en forma definitiva, el órgano jurisdiccional competente para conocer de un

determinado conflicto. Una vez presentada la demanda, le corresponde al juez

que conoce del asunto, ya sea en forma oficiosa, o bien, con ocasión de la

interposición de la defensa previa de incompetencia por la parte demandada,

pronunciarse sobre este aspecto, ratificando su posibilidad de continuar con el

asunto, o bien, remitiéndolo al órgano que considere competente. A partir de

esta decisión, desde el punto de vista procedimental surgen dos posibilidades:

que el órgano al cual se le remitió el asunto se considere igualmente

incompetente, o bien, que una de las partes se muestre inconforme con lo

resuelto, lo cual debe hacer dentro del tercer día. Si bien ambos se denominan conflictos

de competencia, en sentido estricto, únicamente el primero reviste esta

calificación, ya que el segundo supuesto consiste en una inconformidad de una

de las partes. En todo caso, uno y otro son resueltos siguiendo los mismos

lineamientos. Aunado a lo anterior, es importante destacar la regla que rige

esta materia que estipula que la resolución del conflicto entre los distintos

órganos jurisdiccionales le corresponde al superior común de ambos. En el

Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), además de los

preceptos relativos a la improrrogabilidad de la competencia de la jurisdicción

contencioso administrativa, y lo referente al fuero de atracción que opera en

la materia, se dispone, en el cardinal 5, que todo conflicto de competencia

(entendido en sentido amplio), será resuelto por el Tribunal de Casación de lo

Contencioso Administrativo. Empero, esta afirmación genérica contenida en la

norma debe ser contrapuesta con otras incorporadas, también, con la

promulgación del CPCA. Así, en el texto reformado del numeral 54 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial (en lo sucesivo LOPJ), específicamente en los

incisos 9) y 10), se indica que es una competencia propia de la Sala Primera

conocer: “9) De los conflictos de competencia que se susciten entre un

juzgado o tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de

Hacienda, con cualquier otro de materia diversa”, así como “10) De la

inconformidad formulada dentro del tercer día, por cualquiera de las partes,

sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, definiendo su competencia”.

En este sentido, la competencia residual del Tribunal de Casación de lo

Contencioso Administrativo, según la adición del artículo 94 bis a la LOPJ, se

limita a resolver aquellos “conflictos de competencia que se susciten entre

los órganos que componen la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre

que no correspondan a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.”

De esta forma, se puede concluir que el Tribunal de Casación de lo Contencioso

Administrativo conocerá, únicamente, de aquellos conflictos que surjan a lo

interno de la jurisdicción contencioso administrativa, o bien, los denominados

“intra-despacho”, que se dan cuando “un juzgador estima que el proceso, por

su estado, no debió serle trasladado” (voto del Tribunal de Casación de lo

Contencioso Administrativo no. 135-C-TC-2009 de las 10 horas 05 minutos del 9

de julio de 2009) En línea con lo anterior, el ordinal 32 del Reglamento

Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa y Civil de Hacienda establece: “1) Los conflictos de

competencia territorial y por la materia que se susciten en el Juzgado, en el

Tribunal o entre estos, serán resueltos por el Tribunal de Casación de lo

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de conformidad con el artículo

5 del CPCA. /

Los demás conflictos de competencia de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, con otras materias, serán resueltos por la Sala

Primera, de conformidad con el artículo 54 inciso 9) de la LOPJ, con excepción

de los conflictos de competencia que surjan entre la Sala Primera y el Tribunal

de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, los que

resolverá Corte Plena”. Ahora bien, es preciso aclarar que, en la

actualidad, la competencia específica para dirimir conflictos competenciales

asignadas al Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo es ejercida

por esta Sala, y no por el denominado “Tribunal de Apelaciones”, tal y como se

colige de lo estipulado en el transitorio I del CPCA, así como el acto mediante

el cual se definieron las competencias de este último. En este sentido, Corte

Plena, en acuerdo tomado en el artículo XXVI de la sesión 29-09 del 17 de

agosto de 2008 dispuso autorizar “el funcionamiento del Tribunal de

Casación, para que ejerza únicamente sus competencias como Tribunal de

Apelaciones”. Esto con fundamento en el artículo 59 inciso 16), párrafo

segundo de la LOPJ, el cual faculta a la Corte Suprema de Justicia para

refundir o dividir dos o más despachos y fijarles la respectiva competencia

territorial y por materia. Aunado a lo anterior, no se puede soslayar el que la

inconformidad no es una apelación, tal y como se dispuso en el voto

510-C-S1-2008 de las 15 horas 44 minutos del 31 de julio de 2008, en el que se

indicó: “En el esquema recursivo que propone el Código Procesal Contencioso

Administrativo, el recurso de apelación, procede únicamente respecto de

aquellas resoluciones para las que así se hubiere establecido expresamente. En

este sentido, son cinco los autos contra los que dicho recurso es admisible, a

saber, el que fija la garantía o caución en la medida cautelar (artículo

28); el que resuelve en forma definitiva una medida cautelar (artículo 30); el

que acuerda el archivo del proceso por no subsanar los defectos prevenidos

(artículo 61.2); el que resuelve sobre la integración de la litis (artículo

71.4) y el que resuelve sobre el embargo de bienes de cualquiera de las partes (artículo

178). (…) Bajo esta tesitura, el fallo que declara la incompetencia, no es

pasible de apelación sino sólo del trámite de inconformidad que regula el

artículo 5 inciso 4) del Código de rito.” De esta forma, cualquier

conflicto de competencia (tanto en sentido estricto, como las inconformidades

presentadas en tiempo) son conocidas por esta Cámara, ya sea a título propio, o

bien, ejerciendo las funciones de Tribunal de Casación.

Ahora bien, el ordinal

5 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone, en su cuarto párrafo,

que “cualquiera de las partes o el despacho ante el que se remite, podrá

manifestar su inconformidad contra lo resuelto sobre la competencia, dentro del

plazo de tres días.” En el presente asunto, el juez tramitador, declaró sin

lugar la defensa previa de falta de competencia en razón de la materia y

consideró competente a la juridicición contenciosa administrativa para conocer

de la demanda, lo cual declaró mediante el auto número 834-201 de las 10 horas

del 26 de mayo de 2011, notificada vía fax, el 27 de mayo siguiente.

Posteriormente, el licenciado Oscar Arias Valverde, apoderado especial judicial

de los codemandos Beda Villalobos Alvarez, Luis Felipe Lobo Campos, Rosa Campos

Carvajal, Marcos Lobo Campos, Ramona Clero Bolaños y Gerardo Ramón Bolaños, y

el coaccionado Rigoberto Valerio Arce interpone interponen inconformidades,

ambos directamente ante el Tribunal de instancia, el cual, mediante resolución

interlocutoria de las 9 horas del 7 de junio, elevó el conocimiento de esta

ante este Órgano. El expediente fue recibido por este despacho el 9 de junio,

siendo esta la fecha que debe ser tomada en cuenta para efectos de verificar la

extemporaneidad o no del plazo. Esto por cuanto la fecha a considerar es

aquella en la que ingresó el asunto a la oficina competente para resolver, en

este caso, la Sala Primera. Es importante señalar que, aún y cuando esta

circunstancia se debiera a la presentación de una gestión tendiente a que se

confirmara lo resuelto por la jueza tramitadora, lo cierto es que los

gestionantes se encuentra en la ineludible obligación de presentar la

inconformidad directamente ante el órgano competente para resolverla, lo que no

sucedió en la especie. Así, por haber transcurrido más de los tres días previstos

en el Código Procesal Contencioso Administrativo, lo procedente es declarar

extemporáneas las inconformidades.

En otro punto, el

codemando Rigoberto Valerio Arce presenta un escrito ante la Sala, visible a

folio 240, donde acusa violación al debido proceso por que en la presente

causa, no se agotó la vía administrativo como acto previo y solicita la nulidad

de todo lo resuelto y lo actuado por el Tribunal. La nulidad que invoca

el recurrente, no resulta atendible. Las resoluciones se combaten con los

recursos que resultan procedentes. Así las cosas, procede rechazar la nulidad

planteada. Agréguese a sus antecedentes el anterior memorial