Resolución 19096-2021

SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE

UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos

constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Carta Magna), así como a

través de la normativa internacional. En este sentido, este

Tribunal

Constitucional, en la Sentencia N° 3705-93, de las 15:00 horas. del 30 de julio

de 1993, indicó lo siguiente:

“(...) La

calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no

menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc.,

pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho

de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de

protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras,

lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia

del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en

virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites

esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el

ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".

Asimismo,

existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra

contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50, de la

Constitución Política, que dispone en lo conducente:

"(...) Toda persona tiene derecho a un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del

daño causado (...)".

En relación con lo expuesto, esta Sala,

mediante la Sentencia N°180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998,

dispuso lo siguiente:

"(...)

el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la

salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra

daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además,

debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a

fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho,

como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".

De otra

parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este

sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las

medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de

proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo,

cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se

erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo

dispuesto en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, que constriñen

al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar

los medios materiales y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos. (…)” VCG09/2021