Resolución 17794-2021

En

cuanto al derecho a la salud y al derecho a gozar de un ambiente sano. La salud

pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se

encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de

la Constitución Política, así como a través de la normativa internacional.

Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el

derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente

saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la

protección de la vida y la salud pública. Esta disposición constitucional se

complementa por lo establecido en el numeral 11 del "Protocolo Adicional a

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales". Asimismo, en relación con las obligaciones que

tienen las autoridades públicas de garantizar el derecho a la salud y el

derecho a un ambiente sano, este

Tribunal Constitucional mediante la sentencia

No.180-98 de 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998 dispuso:

"...el

Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud

de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños

por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe

asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de

que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una

situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social."

En ese

sentido, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar

preventivamente evitando, mediante una fiscalización e intervención directa, la

realización de actos que lesionen el medio ambiente, la cual está,

inevitablemente, correlacionada con la obligación del Estado de velar por la

preservación de la salud de sus habitantes. Cabe señalar que este Tribunal como

garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del

cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos

21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los

derechos señalados, sino además a utilizar los medios material y jurídicamente

legítimos para garantizarlos (sentencia No. 2007-017341 de las 15:42 hrs. del

28 de noviembre de 2007, reiterada, entre otras, en la sentencia No.

2016-009543 de las 9:45 hrs. del 8 de julio de 2016). (…)” VCG08/2021