Resolución 00614-2024

"III. Cuando se ejecuta una condenatoria a pagar daños y perjuicios en abstracto, como sucede en este proceso, corresponde a la parte ejecutante la acreditación del detrimento causado como consecuencia del hecho generador de la condenatoria, lo cual significa que se debe probar cuáles fueron los daños efectivamente producidos por la colisión y, a su vez, establecer objetivamente el valor pecuniario de la indemnización respectiva, sea, el monto requerido en concepto de mano de obra y repuestos para la reparación, o bien su valor al momento del percance cuando se produjo una pérdida total, todo sin perjuicio del descuento de lo que eventualmente entes aseguradores pudieron haber cubierto, de haberse activado pólizas de responsabilidad civil para responder por lo sufrido. Además, si se solicita el pago de perjuicios, también debe acreditarse cuáles fueron los producidos y su monto (artículos 41.1, inciso 1, y 146 del Código Procesal Civil). El artículo 41 de la Constitución Política establece que se ha de dotar a las personas de tutela jurisdiccional efectiva, conforme a la ley, para que puedan obtener la reparación a los daños sufridos, sean de naturaleza económica, física o moral. Asimismo, dispone el numeral 1045 del Código Civil, quien por dolo o culpa cause un daño a otro, está obligado a su reparación. Por su parte, la Ley de Tránsito N°9078, en su artículo 168, inciso d), dispone que en las sentencias dictadas por los juzgados de la materia se dispondrá: “d) La condenatoria en abstracto por los daños y perjuicios ocasionados a las personas, los bienes públicos o privados o a la infraestructura vial, los cuales se cobrarán mediante la ejecución de sentencia en la vía civil judicial correspondiente, así como las costas personales y procesales”. Una vez establecida la condenatoria en abstracto, procederá entonces su ejecución, conforme a lo dispuesto por la legislación procesal civil. Se confiere un derecho a liquidar las indemnizaciones, pero ello no significa que se tenga un derecho concreto a percibir las sumas reclamadas cuando éstas no cuenten con la justificación debida, esto es, no se acredite que los daños reclamados sean efectivamente producidos por el hecho dirimido en la sentencia ejecutoria o bien su monto. Quien ejecuta los daños y perjuicios debe especificar cuáles fueron causados por el accidente y su valoración concreta, teniendo la carga de demostrar ambos aspectos, según lo dispuesto por el artículo 146 del CPC, pero ya no se discutirá la imputación del deber de reparar del condenado. La demanda de ejecución debía cumplir lo indicado por el numeral citado, específicamente, formular una liquidación concreta y detallada, con indicación de los montos concretos de cada daño reclamado y la prueba respectiva. La parte a favor de la cual se ha concedido tal derecho, en consecuencia, tiene la carga de demostrar, específicamente, lo siguiente: 1- la condenatoria determinada en abstracto por parte del órgano jurisdiccional; 2- la entidad, extensión y monto del daño sufrido en su patrimonio; y, 3- la derivación causal del daño, en relación con el hecho generador reconocido en la sentencia ejecutada. El debido proceso que ha de seguirse en estos litigios de ejecución, siguiéndose el procedimiento incidental (artículo 147 del CPC), consiste en permitir a la parte formular su demanda liquidataria -conforme al numeral 146 de dicho Código-, aportar la prueba que ella estime procedente -lo cual no quiere decir que necesariamente sea la idónea, pues esta deberá ser apreciada en sentencia-; otorgar a la parte contraria la oportunidad de oponerse a lo alegado y propuesto por la ejecutante y ofrecer contraprueba; luego recibir y practicar la prueba respectiva con la participación de las partes: y, finalmente, resolver si procede conceder las sumas reclamadas, conforme a la prueba aportada. El simple hecho de tener a favor una condenatoria en abstracto, no le garantiza a la parte ejecutante la procedencia de lo que pide, pues si incumple su carga probatoria sus pretensiones deben rechazarse. Es responsabilidad de la parte accionante aportar desde el escrito de interposición de la demanda de ejecución la prueba que sea apta para acreditar la existencia del daño, su relación causal con el hecho generador y, finalmente, el monto a otorgar por concepto de indemnización. No se requiere que el daño haya sido ya reparado y se cuente con la prueba de lo que efectivamente se pagó. Es más, es posible que todavía no se haya podido realizar la reparación correspondiente, sin que ello afecte en nada el derecho resarcitorio. Simplemente hay que demostrar que el daño es cierto o efectivo y determinar una valoración económica de éste. La cuantificación, tratándose de daños y perjuicios materiales, puede realizarse mediante peritaje o alguna determinación técnica objetiva, que permita establecer el monto de dinero necesario para resarcir el daño acreditado, pero, se reitera, ninguna disposición legal exige que primero se haga la reparación, luego se pague, para finalmente conceder  el monto de lo pagado. Bien puede la parte presentar su liquidación y demostrar el monto del daño, sin que haya procedido a la reparación, pues el monto corresponde a la disminución del patrimonio, no a un reembolso de lo pagado."