Resolución 00615-2024

En estas condiciones, para que proceda el reclamo debe cumplirse y acreditar los siguientes elementos: a) El legitimado activo es el propietario o poseedor de otro fundo. También lo son las personas “que transitan por la vía pública” ya sea en bienes privados cuando puedan ser afectadas por la amenaza o bien, si la misma se cierne sobre bienes públicos. b) El legitimado pasivo es quien sea “dueño de la obra”. c) Se debe tratar de la construcción de algo nuevo que alguien comience, no de algo ya realizado o finalizado. d) Debe amenazar de manera latente los derechos de las personas legitimadas activas. Por ello, en el caso de bienes públicos dicho derecho se confiere de manera más amplia. En ausencia de alguno de estos elementos, la tutela sumaria es infructuosa.

Adicionalmente, debido a la urgencia que amerita la atención de estas situaciones, en donde el transcurso temporal puede provocar una distracción del derecho a proteger, o que se materialice esa amenaza constructiva y produzca un daño, es que el legislador determinó que una vez establecido el proceso, existe la posibilidad de establecer como medida cautelar, la suspensión de la obra nueva o bien, ponerla en estado que ofrezca total seguridad mientras se tramita el juicio civil. Esta decisión dependerá de la veracidad del “riesgo” y que este pueda producir daño, así como las condiciones de lo construido, sin perjuicio de que se autorice obras básicas a efectos de evitar ese potencial daño o  conservar lo construido. Para ello, la persona juzgadora de primera instancia, se debe apersonar al sitio para realizar un reconocimiento judicial, sin perjuicio de que se apoye en ayuda técnica pericial y de ser procedente, prevendrá la suspensión o la realización de los actos correspondientes en ese momento inicial. Incluso, podría disponerse la continuación de la construcción en los términos del canon 107.2 ibídem. Ese acogimiento de la cautelar, será comunicado en el acto al dueño de la obra, pero si no estuviere, al director, encargado u operarios, bajo el apercibimiento que en caso de omisión, serán acusados por el delito de desobediencia a la autoridad.

Cursado el proceso y tramitado en sus etapas procesales, la que incluye una audiencia única en caso de ser necesario, se dictará sentencia, en la cual si se logra constatar que la amenaza es real, así como los demás requisitos arriba expuestos, se ordenará su suspensión definitiva, para que en la vía procesal respectiva puedan discutir las partes sobre su continuación, destrucción o modificación entre otras posibilidades. Además, si se constata que esa obra nueva constituye un peligro o transgresión evidente al derecho de propiedad ajena, podrá el tribunal ordenar la destrucción de lo construido, con condena al vencido al pago de los daños y perjuicios en abstracto.

El aspecto particular del canon 107.1 del Código Procesal Civil, corresponde a interpretar lo que quiso decir el legislador cuando señaló lo siguiente: “Cuando la amenaza a los derechos del propietario o poseedor…”. ¿Qué debemos entender por amenaza a los derechos? La respuesta la encontramos en la misma norma procesal, pues se regula expresamente que la tutela judicial en el sumario, está dirigida a proteger  la seguridad de las personas. Vea que el numeral de cita expresa literalmente y como su finalidad, que: “se hará suspender la obra nueva o ponerla en estado que ofrezca completa seguridad”, lo que va de la mano con la tutela cautelar típica que ahí se regula.

También se explica lo cuestionado con la normativa de fondo. Señala el ordinal 310 del Código Civil: “Si la amenaza a los derechos del propietario o poseedor, proviniere de cualquier obra nueva que alguien comience, o del mal estado de un edificio, construcción o árbol, se hará suspender la obra nueva o poner en estado que ofrezca completa seguridad el edificio, construcción o árbol objeto del reclamo.”. Según la literalidad del artículo, conforme lo autoriza el numeral 10 ibídem, el derecho que se busca tutelar lo es frente a un peligro material actual e inminente, lo que es distinto a la tutela de los derechos de posesión o propiedad. Esta situación se replica en el numeral 311 del mismo cuerpo legal, en donde establece como presupuesto de protección, cuanto la obra nueva o el mal estado del edificio, construcción o árbol, pueda perjudicar alguna cosa pública o sea una amenaza para los transeúntes.

Entonces, se concluye que la acción central de un proceso sumario de suspensión de obra nueva, busca eliminar una amenaza a los derechos materiales de la persona o personas afectadas con una construcción riesgosa, lo que es distinto a la protección de los derechos abstractos de posesión o propiedad frente a un despojo total o parcial, producto de la obra nueva que se pretende suspender. Véase que el artículo 312 del Código Civil refiere que, en caso de obra nueva puesta en suspenso, los interesados deberán ventilar sus derechos en juicio ordinario, disposición legal que refuerza todo lo señalado. Por ello, se difiere de forma respetuosa de lo manifestado por el A quo en la audiencia única a las partes y en relación a la pretensión de derribo que solicita la Asociación actora, pues en caso de determinarse con lugar el proceso, lo es porque está presente el elemento amenazante y ante el eventual el peligro de la construcción, en caso de que no se hubiese estabilizado previamente, el numeral 107.3 del Código Procesal Civil señala que se podrá ordenar la destrucción de lo construido."