Resolución 00232-2024

No comparte este juzgador el atender y conocer del recurso interpuesto, según como se detalla a continuación.

El Código de Trabajo (CT) en su numeral 583, dispone claramente que: “Además de los pronunciamientos expresamente señalados por este Código, únicamente son apelables las resoluciones que” ese mismo artículo señala. Esta norma se inspira del principio taxatividad impugnaticia que impera en nuestros sistemas procesales, según el cual, solo tienen recurso de apelación aquellas resoluciones que expresamente se señalan como susceptibles de impugnación por ese medio, o sea, que solo tienen alzada los pronunciamientos que el legislador en forma imperativa contempló. Además del listado que contempla el ordinal 583 supra indicado, gozan de apelación en el proceso laboral las decisiones que se establecen en los artículos 344, 366, 375 bis, 641, 661 bis y 678 CT. En ninguno de estos preceptos se establece que proceda la apelación respecto a las fijaciones de intereses, indexación y/o costas; tratándose de ejecuciones de sentencia, la única norma que hace referencia clara respecto a los medios de impugnación propios de ese tipo de asuntos es el canon 583.8, otorgando ese remedio de revisión a su resolución final.

En definitiva, la norma no otorga recurso vertical a la decisión de conocer sobre la liquidación o tasación y la forma en que, el tribunal de instancia le aperciba como hacerlo, pensar que, por analogía o paridad de razón se pueda pensar y dar alcances a una norma y a un principio que, así lo limita no resulta acorde a derecho. Aceptar esa tesis sería apadrinar la teoría de que, toda resolución que tenga efectos propios y carácter definitivo puede ser recurrida, con todo, la resolución recurrida no califica o no se puede incorporar como de este tipo, ya que el carácter de definitivo de una resolución no es sinónimo de una que tenga efectos propios.

En ese sentido, nuestra alto Tribunal Constitucional ha conceptualizado estas últimas como aquellas que, por sí mismas causan un gravamen más allá del procedimiento mismo en el que fueron dictadas, tengan o apliquen una sanción, cierren en forma definitiva el tema o supuesto en discusión y, además, no puedan corregirse a la hora de recurrir el acto final o resolución final, todo lo cual se colige de la interpretación hermenéutica de los votos N.º 300 de las 15:00 horas del 21 de marzo de 1990, N.º 6113 de las 11:57 horas del 26 de abril de 1996 y N.º 6113 de las 15:12 horas del 12 de noviembre de 1996, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No se puede decir que se está ante una resolución definitiva, pues solo se pronunció en cuanto a una liquidación de intereses y/o tasación de costas, es decir, quedan montos por cancelar a favor de la parte victoriosa. La resolución final en un proceso de ejecución, como en este caso, sería el auto que ordene el pago total de la deuda, o sea, aquella que tenga por satisfecho el derecho del acreedor y por cumplida la obligación dineraria mediante su pago total y efectivo. Tómese en cuenta, que, incluso, en caso del no pago de esos montos aprobados, se puede acudir al apremio de otros bienes propiedad de la deudora, incluso llegar hasta el remate bienes."