Resolución 00161-2024

"XI.A.- Sobre el incorrecto tratamiento jurídico de los hechos tenidos por probados en el presente asunto. En primer lugar, tomando en cuenta el contenido de los agravios planteados, conviene aclarar que conforme los artículos 476 a 478 del Código de Trabajo, el objetivo del régimen probatorio es la búsqueda de la verdad material que tiene íntima relación con el principio sustancial de primacía de la realidad, por lo que la parte que alegue hechos controvertidos, constitutivos e impeditivos los debe demostrar al invocarlos a su favor. Sentado lo anterior, se tiene que en la resolución que acá se combate, luce como debidamente acreditado que el actor y la entidad demandada suscribieron un addendum al contrato de trabajo (Conf. Imágenes 56 a 57, EJV); luego, en aquel convenio plasmado por escrito con fecha 31 de marzo de 2020 —y ciertamente celebrado durante el contexto de la pandemia por el Covid-19— se pactó en forma libre, expresa, inequívoca y voluntaria la reducción del salario del actor Reina Guillén pero también de su jornada, pues paso de laborar 48 horas a 36 horas semanales, sin que exista dentro de este expediente judicial, ningún tipo de objeción al referido documento ni prueba adicional y/o contraria que ponga en tela de duda su contenido; ni que fue engañado, obligado o tergiversada la situación para que se firmara tal convenio. Bajo este contexto probatorio, considera esta Cámara de Alzada que lleva razón la parte apelante al aducir que la sentencia de primera instancia ha brindado un indebido tratamiento jurídico a este convenio tenido por probado, pues aquel no fue emitido como una suspensión específica del contrato laboral por parte de la entidad patronal (Art. 74, Código de Trabajo) ni tampoco fue redactado bajo los alcances del Decreto Ejecutivo N° 42248-MTSS, asimismo, como bien se señala en el recurso vertical, tampoco el mentado acuerdo estuvo supeditado de ninguna forma (en vigencia o eficacia) a la posterior autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que, por el contrario, lo realmente convenido fue un acuerdo libre, voluntario y bilateral donde las partes acordaron en forma razonable modificar el contenido de la relación laboral con una consecuente disminución salarial que proporcionalmente se vio acompañada de una reducción de la jornada laboral del actor Reina Guillén.  Síguese de lo anterior, que sería totalmente impropio generar una indemnización económica al trabajador en concepto de “diferencias salariales” si su jornada laboral se vio reducida por un acuerdo plenamente consentido; en otras palabras, conceder la indemnización que pretende el aquí accionante sería propiciar un claro enriquecimiento sin causa, pues se vería sufragado económicamente bajo un concepto ficto de salario que no tendría por correlativo causal ninguna prestación personal efectivamente realizada de su parte, razón suficiente para revocar la sentencia venida en alzada. Este Tribunal de Apelaciones no ignora el grado de irrenunciabilidad que ostenta el salario, pero lo cierto del caso, es que aquel tiene por causa eficiente una prestación personal brindada en ocasión de un trabajo real y efectivamente realizado (Conf. Arts. 18 y 162, Código de Trabajo); luego, si la parte actora Reina Guillén consintió libremente variar su jornada laboral es lógico que su salario también se viera reducido sin que se configure en la especie ningún tipo de ius variandi abusivo pues el contenido contractual de lo aquí analizado no fue impuesto por la entidad patronal sino bilateralmente consentido lo cual excluye la cobertura de la doctrina jurisprudencial asociada con tal precepto (Conf. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Votos: (i) N° 010-000831 de las quince horas cuarenta minutos del diez de junio de dos mil diez; (ii) N° 227-2007 de las diez horas del trece de abril de dos mil siete y (iii) N° 294-2007 de las nueve horas y treinta y cinco minutos del once de mayo de dos mil siete); lo anterior, generado inclusive bajo un contexto plenamente razonable dada la posición de gerencia que ostentaba el actor en la entidad patronal aquí demandada. De esta forma, supone un evidente quebranto de la buena fe que ahora la parte actora pretenda en esta sede judicial contrariar de forma abierta su palabra empeñada para acceder a una indemnización que carece de todo fundamento fáctico. Al respecto la doctrina laboralista con sentidos ecos del contenido del contrato de trabajo ha indicado: “Aunque sus efectos principales, prestación de servicios y reconocimiento de salario, son de disputada índole económica, ella supone también vinculaciones ético-morales y personales que obligan a las partes a observar una conducta que sea siempre compatible con éstos cánones, especialmente aquella que traduzca y efectivice el principio de buena fe en el cumplimiento de lo pactado”. Destacado es propio. (Conf. Carro, Carlos & Adriana Carro. Derecho Laboral Costarricense. Cincuenta ensayos sobre los temas más importantes. Editorial Juricentro. San José, 2007, segunda edición, p. 17).[...]."