Resolución 00419-2024

"V. Sobre la prescripción. La prescripción liberatoria o extintiva de las obligaciones mercantiles, obedece a principios de certeza en las relaciones jurídicas.  Su finalidad es la tutela del orden social y la seguridad en aquellas, siendo que el ejercicio oportuno de las acciones y los derechos está asistido de un interés social. La postergación indefinida en tal sentido, acarrea duda y zozobra en los individuos y amenaza la estabilidad patrimonial, incerteza jurídica que el ordenamiento jurídico no puede respaldar. El instituto de mérito propende, precisamente, a eliminar las situaciones de incerteza, producidas por el transcurso del tiempo. Para su aplicación se requieren tres elementos: el transcurso del tiempo previsto por la ley para cada situación fáctica (artículo 984 Código de Comercio), la falta de ejercicio por parte del titular del derecho (ordinal 968 ibidem) y la voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya sea a través de una acción o de una excepción (numeral 972 ibidem), pues no puede ser declarada de oficio por el juez (artículo 973 del código mercantil) y es posible su renuncia tácita o expresa, siempre y cuando no sea anticipada (canon 970 de ese mismo cuerpo legal). Las anteriores regulaciones denotan que el valor tutelado por el derecho en estos casos es la seguridad jurídica. En el mismo sentido, la prescripción como mecanismo extintivo de obligaciones está sujeta a causas de suspensión y de interrupción previstas por la ley. En virtud de la primera, cuando se produce alguna de las que tengan este efecto, el plazo deja de correr y cuando cesa el motivo de su paralización, corre de nuevo desde el punto en que se suspendió. En la interrupción, por el contrario, sobrevenida la causal, el plazo corre nuevamente, es decir, el curso del tiempo transcurrido a favor de la prescriptibilidad deja de existir y comienza a computarse a partir del hecho o circunstancia que indujo esta situación. Ergo, no puede computarse el que ya había transcurrido. Interesa, para efectos del caso bajo examen la interrupción, dado que es la figura que el recurrente alega ha sido erróneamente considerada por el a quo y único extremo objeto de impugnación.  En esta línea, el canon 977 del Código de Comercio establece los motivos que permiten la interrupción de la prescripción,dentro de los que enlista la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al deudor, el requerimiento judicial o notarial o en otra forma escrita notificada al deudor, el reconocimiento tácito o expreso hecho por el deudor y el pago de intereses debidamente comprobado. Para que opere la interrupción de la prescripción basta con que se dé cualquiera de estos supuestos, que son taxativos y como tales, excluyentes de cualquier otro que no esté contemplado por la ley, por tanto, no pueden ser objeto de interpretación extensiva o analógica. Por medio de los actos interruptores recién mencionados, el acreedor puede evitar la prescripción de la obligación, lo que deberá ser analizado en cada caso particular. Ahora bien, en lo que se refiere al pagaré que sirve de base al sub júdice, el plazo de prescripción aplicable es de cuatro años, contados a partir del vencimiento de la obligación, según se desprende de los preceptos 795 y 802 incisos b) y g), ambos del Código de Comercio. Acorde a los alegatos esbozados por ambas partes y los medios de prueba allegados al litigio, el único acto interruptor de la prescripción acaecida en autos es la notificación de la demanda al ejecutado, lo que se ajusta al presupuesto normativo previsto en el ordinal 977, inciso a), del Código de Comercio, que establece lo siguiente: “La prescripción quedará interrumpida: a) Por la demanda o cualquier otro género de interpelación notificada al deudor…”. El acto interruptor de la prescripción es un acto recepticio, en el cual, se le intima al deudor de la intencionalidad de cobro de la deuda por parte del acreedor, por lo que resulta indispensable la notificación de la demanda o cualquier otro género de interpelación al accionado, conforme lo indica el numeral mercantil recién citado. Solamente cumplido dicho aspecto, es que podrá producirse el efecto dispuesto por el legislador. [...]"