Resolución 00109-2024

"V) [...] De conformidad con el numeral 685 del Código de Comercio, antes transcrito, las cédulas hipotecarias son títulos valores, y las que interesan en este proceso fueron emitidas en favor del mismo titular del inmueble garante, según se desprende del escrito inicial. Se trata, en consecuencia, de títulos a la orden de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 693 del Código de Comercio. Véase que, se expiden en favor de una persona determinada, aun cuando, coincide con quien impone el gravamen. Incluso, el inciso 3° del artículo 430 del Código Civil, dentro de los requisitos que debe expresar la cédula, se exige el nombre y apellidos de la persona a cuyo favor se extiende; lo que ratifica su carácter a la orden. Dada su naturaleza, le resultan aplicables los artículos 708, 709 y 710 del Código de Comercio, antes transcritos, en cuanto, al procedimiento a seguir en caso de extravío, pérdida, robo, hurto o cualquier otro motivo. Esas normas establecen, en la realidad, dos clases de procedimientos: uno administrativo y otro judicial; este último únicamente en caso de haberse agotado el primero sin resultado positivo. En efecto, el artículo 708 establece que la reposición debe solicitarse al emitente, y esa condición la tiene la sociedad promovente y ahora apelante. El artículo 429 del Código Civil, exige que toda hipoteca por cédulas se constituirá haciéndola constar en escritura pública, y una vez constituida e inscrita se emitirán las cédulas. Ello significa que el emisor de las cédulas es el otorgante de la escritura, quien impone el gravamen en forma voluntaria. La función del Registro se limita exclusivamente a la confección y firma por parte del funcionario respectivo del Registro, como se indica en el párrafo segundo del artículo 430 del Código Civil. Bajo esa premisa, no sería posible legalmente que el propio emitente promueva una reposición que debe hacerla personalmente sin necesidad de orden judicial en su contra. Si la pérdida de las cédulas se produjo sin haber circulado, la reposición es resorte exclusiva y personal de la recurrente en su carácter de emitente. Para ese efecto no requiere pronunciamiento judicial, pues basta con cumplir con los requerimientos de los artículos 708 y 709 del Código de Comercio. Es evidente que, el emisor en este caso necesita de la cooperación del Registro Nacional para la confección final de la cédula, y en caso de negativa de esa institución sería aplicable lo dispuesto en el artículo 710 del citado cuerpo de leyes, que en lo que interesa dice: "Si el emisor o algún otro obligado se negare a reponer el título o negaren su condición de tales, o no hubiere acuerdo sobre la suficiencia o liquidez de la garantía ofrecida por el interesado, la cuestión se ventilará por el trámite de los incidentes, y la publicación de que habla el artículo anterior la ordenará hacer el juez". La sociedad promovente, como emitente, se encuentra facultada para hacer la reposición, en principio, sin necesidad de autorización judicial. Únicamente puede acudir al juez de suceder algunas de las hipótesis previstas en la norma legal transcrita, lo que se echa de menos en este asunto. En consecuencia, debe la recurrente, de acuerdo con lo explicado, agotar primero la vía administrativa y solo en caso de negativa se puede ordenar la reposición en sede judicial. Así las cosas, la parte interesada deber acreditar que agotó el procedimiento administrativo ante el Registro Nacional, lo que se omite en autos y esa circunstancia es suficiente para mantener lo resuelto, pero en los términos señalados por esta autoridad. No se trata de cerrar toda posibilidad judicial de obtener la reposición y, menos aun, de remitirlo a un proceso declarativo; sino que, la denegatoria obedece simplemente a la falta de agotamiento de la vía registral, pues la parte recurrente no demuestra que registralmente le haya sido vedada la reposición de la cédula hipotecaria."