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Tribunal Primero de Apelación Civil de San José
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Documento judicial
"II. Se resolverá según lo agraviado y en los términos que lo fue. De previo a abordar el recurso, se hará un breve esbozo dogmático de la temática en discusión para que los interesados conozcan la posición de la actual integración del
Tribunal en cuanto al tema de la prescripción de réditos. A pesar de la línea jurisprudencial que ha seguido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, coincidente con la de esta Cámara en el pasado, lo cierto es que este mismo Tribunal se replanteó la temática y con un nuevo abordaje cambió la postura para concluir que encontrándose el asunto en fase de ejecución, caso del monitorio cuando la resolución intimatoria adquiera firmeza, o del hipotecario ya dictado el auto inicial, el acreedor estará compelido a realizar las gestiones necesarias que le permitan cobrar los réditos otorgados en abstracto, lo que habrá de hacer a través de la respectiva liquidación y bajo el entendido que el efecto interruptor del plazo prescriptivo aplicable a ella se consumará hasta que la resolución cursando audiencia al deudor le quede debidamente notificada, En ese contexto, los demás actos que pueda también realizar conducentes a cobrar el principal y que interrumpan el plazo prescriptivo aplicable a ese extremo acorde al numeral citado supra, resultarán, como regla de principio, ineficaces para interrumpir el plazo prescriptivo aplicable al rubro de intereses aún abstractos. En el voto 187-2C de las 9:05 horas del 10 de febrero de 2017 esta Cámara explicó detalladamente la razón del cambio apuntando lo siguiente: "IV.- Particularmente en el caso bajo examen, lo debatido corresponde a una pretensión dineraria referida a liquidación de intereses dentro de un
proceso de ejecución hipotecaria donde se liquida intereses del período comprendido entre el 24 de setiembre del 2002 al 14 de febrero del 2005. La aludida liquidación se presentó a estrados para su correspondiente aprobación mediante gestión de fecha 12 de mayo del 2009. Contra la citada pretensión referida a créditos, el demandado invoca el transcurso del plazo de prescripción de un año previsto en el artículo 984 del Código de Comercio. El juzgado de instancia desestima la prescripción anual articulada, sustentado en los trazos jurisprudenciales dictaminados por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia referida -en términos generales- a que los actos de persecución o que tiendan al cobro de la deuda principal, se extienden a los accesorios como lo son los intereses-. La propuesta descrita, ha sido admitida y aplicada por esta Cámara de apelaciones, y ante los planteamientos del apelante, se opta por reexaminar el -thema decidendi- dentro de esta nueva integración de los actuales camaristas. Resulta oportuno señalar, que lo relativo a la alegación de la prescripción en procesos hipotecarios, ofrece dos modalidades de pretensiones: la obligación principal y sus accesorios referido a los intereses que se producen antes de la notificación de la demanda y aquellos que sobrevienen durante la sustanciación de los procedimientos. Respecto a los réditos liquidados conjuntamente con la demanda, la jurisprudencia antes descrita ofrece un planteamiento diferente en cuanto a la aplicación de las normas de prescripción a los réditos que luego se producen durante la sustanciación de los procedimientos. En el supuesto de liquidación de réditos en la demanda, se estila aplicar sin ninguna mutación interpretativa, el plazo anual del artículo 984 sin ninguna variante en cuanto a las formas de interrupción de la prescripción ofreciendo una propuesta autónoma y distinta, entre la interrupción de la obligación principal respecto a la interrupción de los intereses. En el derecho costarricense es necesario distinguir entre la denominada accesoriedad mínima (obligaciones de intereses, de restitución de frutos) y otra máxima (las obligaciones en función de garantía, como la fianza). Estas últimas no corresponden al sub lite porque responden a un reforzamiento del débito y por tanto, comparten con la principal la mayoría de sus avatares. Por el contrario, las obligaciones como las del pago de intereses derivados de una obligación de capital como el préstamo, pueden considerarse accesorias porque dependen de ella para su nacimiento (el capital que los genera) y en su configuración toman prestados elementos de la obligación principal: el tiempo y la cuantía del capital prestado, que determina el tanto por ciento a pagar. Pero con todo ello, los intereses una vez devengados, son independientes, aún correspondan a su modalidad de simplemente remunerativos o de los réditos moratorios que sobrevienen por el incumplimiento de la obligación principal. Sin embargo, es necesario aclarar que la accesoriedad resulta totalmente aplicable en el supuesto de prescripción de la obligación principal pero desde luego, no a la inversa. Precisamente en este último supuesto, prescripciones anuales reconocidas en el del Código Civil y el ordinal 984 del Código de Comercio, implica que tales normas pretenden contrarrestar el dato de que, si bien la pretensión secundaria o accesoria está en relación de dependencia respecto de la principal por lo que respecta a su nacimiento, tal accesoriedad no se extiende a su posterior subsistencia y extinción. Ello resulta evidente por la simple y llana razón de que la principal y la accesoria cuentan con plazos de prescripción autónomos (más largos los de la principal que la accesoria, o iniciados en momentos distintos) lo cual descarta la regla de que lo accesorio siempre siga al principal. Lo anterior se justifica desde el punto de vista de protección al deudor, que incluso ofrece una irrefutable trascendencia histórica en esta materia respecto a los plazos menores o cortos respecto del principal como ocurre con los intereses. Insístase en que los derechos de crédito están integrados por lo general, por una única pretensión (la que tiene el acreedor de que el deudor le pague); y cuando la pretensión está integrada además por reclamos accesorios, aparece la figura de los intereses como dependientes de la principal referida al pago o cumplimiento de la conducta debida. Debido a ello, una vez que se pretenda valer la prescripción por el deudor frente al pretensión del acreedor de que cumpla la obligación -pretensión que agota el contenido del crédito, y de la que depende la subsistencia de otras posibles pretensiones subordinadas, derivadas del mismo-, la prescripción de esa pretensión extingue el derecho y, entonces, el obligado se libra del pago de la obligación. Sin embargo, si el acreedor ejercita solo una pretensión accesoria -como es el caso de la liquidación de intereses- la prescripción de esta no afecta a la principal; y si de un mismo derecho de crédito nace la obligación de pagar distintas prestaciones periódicas como los intereses o rentas del arrendamiento, la exigencia de cada una de ellas integra una prestación distinta, por lo que la prescripción de cada una de ellas -incluso- no comparta la de la principal por cuanto subsiste el derecho de crédito -capital debido-. En suma, los plazos de prescripción de intereses resultan autónomos referidos a sus propios plazos distintos y más cortos que el principal. Que lo accesorio siga la suerte de lo principal solo puede servir para afirmar que una deuda prescrita no puede seguir generando intereses moratorios, pero esta propuesta queda vacía en cuanto la principal aún genere réditos y estos cuentan con plazos y subsistencia independiente respecto a su eventual extinción por prescripción estando desde luego aún vigente la deuda principal. Si bien ambas están relacionadas, ambas pretensiones ofrecen supuestos de hecho distintos y también prescripciones autónomas según lo patentiza el propio legislador civil y luego mercantil. Lo anterior presenta a su vez una connotación histórica, como queda patentizado por la doctrina española y legislación francesa francesa que a su vez determinan calificada referencia a nuestra legislación civil y mercantil. Particularmente PUIG BRUTAU, refiere: "Respecto a la prescripción extintiva de la obligación de pagar intereses, ha de entenderse que la acción para reclamarlos prescribe en el plazo de cinco años, por lo que dispone el art. 1966, número 3.°, del Código, al aplicar este plazo a los pagos "pagos que deban hacerse por años o en los plazos más breves". Los antecedentes históricos de la prescripción quinquenal demuestran que fue establecida para proteger a los deudores de rentas, alquileres o intereses de préstamos, con el fin de evitar que una prolongada acumulación de prestaciones de poca cuantía pudiera convertir al obligado en deudor de una suma elevada, que excediera de sus posibilidades." (Véase PUIG BRUTAU, José, Fundamentos de Derecho Civil, T.
Vol. II, Casa Editorial Bosch, Barcelona, Cuarta edición, 1988, pág. 353". En términos similares DÍEZ-PICAZO, consigna: "El precepto comentado establece una prescripción más breve que la normal para las acciones dirigidas a exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, cuya característica es la periodicidad. Tiene su antecedente histórico en las ordenanzas francesas y en los estatutos italianos y se encuentra ligado con la condena de la usura y con el odio a la capitalización. Se trata de un favor debitoris y busca impedir que los deudores se vean perjudicados mediante una continua y sucesiva acumulación de pagos, lo que les produciría grandes quebrantos económicos. Si el pago distanciado y periódico de pequeñas sumas es algo que cabe dentro de las fuerzas o posibilidades económicas del deudor, la conversión de estas pequeñas deudas temporalmente distanciadas en una única acumulada y de mayor importe, ocasiona notorias ventajas, aunque es cierto que una norma establecida para la evitación del perjuicio de los pequeños deudores, favorece hoy a los grandes deudores capitalistas (p. ej., las grandes compañías que conciertan grandes empréstitos y emiten obligaciones de bonos). El precepto se aplica a las acciones dirigidas a obtener el cumplimiento de derechos de crédito derivados de relaciones obligatorias, puesto que habla de "exigir el cumplimiento de obligaciones" de "pagar", de "satisfacer el precio", etc. La característica general de las obligaciones contempladas, por el art. 1966 es que comportan prestaciones periódicas y períodos de ejecución de cada prestación de duración anual o inferior a la anual. De lo primero, se deduce que el art. 1966 sólo es aplicable cuando el objeto de la obligación es una pluralidad de prestaciones y no cuando se trata de prestación única. El supuesto normal es el de obligaciones pecuniarias, aunque ello no sea absolutamente necesario. Consecuencia de la misma idea es que el precepto se aplica cuando la periodicidad es anual o inferior a la anual..." (Vid. DÍEZ-PICAZO, Luis, Ensayos Jurídicos, T. I, Thomson Reuters, Civitas, Pamplona, 2011, pág. 819).-
Los anteriores predicamentos determinan que en nuestra legislación civil y mercantil, optara precisamente en la postulación de plazos de prescripción, por períodos más cortos de los intereses y algunas otras prestaciones en relación con el plazo extintivo de la prescripción principal. Particularmente el artículo 870 del Código Civil, consigna en su inciso 1°) una prescripción anual referida a las acciones para pedir intereses cuando el pago se haya estipulado por períodos de tiempo menor que un semestre. En armonía con el aludido ordinal, el legislador mercantil del año 1964, dictaminó en el cuerpo sustantivo de esa materia un plazo de prescripción anual respecto a las acciones para cobrar intereses, alquileres, arrendamientos o rentas (art. 984 inciso b.). Como consecuencia de lo anterior, resta por dilucidar, la posibilidad de reconocer o no a las gestiones de cobro de la obligación principal bajo un marco prescriptivo de mayor espacio temporal y que en el caso de autos correspondería a 10 o 4 años, según se trate de una hipoteca civil o mercantil en relación con el plazo ostensiblemente inferior referido al año. Anteriormente se consignó, que el acontecimiento fáctico prescriptivo originado con la notificación de la demanda, ofrece como resultado que ese acto de interrupción resulta aplicable de manera común tanto a la demanda principal así como a los intereses liquidados en la demanda, con la elocuente obviedad que esa interrupción aplica de manera distinta respecto a los plazos en relación al principal y a los intereses. De manera que en el supuesto de que no encontrarse prescrita la obligación principal, si estarían prescritos aquellos intereses cuyo pretendido reconocimiento ofrezca períodos mayores al año de antelación previo a la notificación de la demanda. Lo que debemos determinar en el caso concreto en relación con los agravios del apelante, radica en sí es posible mantener la postura adoptada por la jurisprudencia tradicional de la Sala Primera de la Corte y adoptada por esta Cámara de apelaciones, consistente en asumir un criterio distinto al descrito, cuando el cómputo del plazo de intereses se produce dentro de la tramitación propia del expediente, o sea, los réditos producidos durante la sustanciación del proceso. Apreciése en tal sentido que la acción del demandante -en este caso de ejecución hipotecaria- va dirigida a conseguir la realización coactiva del bien hipotecado para materializar la recuperación del cobro de su crédito precisamente a través de la subasta del bien. Por ende, se trata del ejercicio de un derecho de crédito que presupone una relación jurídica, la relación obligatoria, entre favorecido y el perjudicado por una eventual prescripción. El acreedor, a quien la prescripción afecta y el deudor, que se beneficia con ella, se encuentran ligados por una previa relación jurídica (obligación principal) y mientras no esté cumplida, genera la obligaciones accesorias y sucesivas y en el tiempo -intereses-, cuyos plazos de prescripción son distintos. Por otra parte, la interrupción de esas prescripciones se presenta, como un acto o un hecho que excluye e impide que la prescripción se produzca y que obliga a que el tiempo sea contado de nuevo, prolongado así la vida del derecho de que se trate en el caso concreto. Por esto, la interrupción puede ser considerada como un acto obstativo de la prescripción. Pero puede también ser considerada como un acto que vigoriza el derecho subjetivo o la facultad jurídica, es decir, desde este punto de vista, un acto de conservación y de defensa del derecho subjetivo. Por consiguiente, el acto interruptivo dentro del ámbito de un proceso judicial en curso donde ya operó una interrupción previa con la notificación de la demanda, lo constituye -ab initio-, el ejercicio del derecho de cobro del principal y de los intereses liquidados en la demanda. Pero ante todo, es menester señalar, que la hoja de ruta prevista durante la tramitación del proceso ofrece variables distintas respecto al principal e intereses. Particularmente debe indicarse, que lo que la ley considera como acto de interrupción de la prescripción es el ejercicio de la misma acción que está prescribiendo. Debe, pues, existir, y aquí resaltamos nuestra opinión: identidad entre la acción ejercitada y la acción en prescripción. Esto es de absoluta relevancia, cuando en un mismo supuesto de hecho nacen en favor de un mismo titular acciones diversas. El problema entonces sería éste: ¿el ejercicio de una cualquiera: de esta acciones, interrumpe o no el ejercicio de las demás?. El acreedor que ejercita la acción principal puede considerar interrumpida simultáneamente el reclamo o devengo de intereses?. La respuesta deberá ser negativa, por cuanto, debe existir una perfecta identidad entre la acción ejercitada y la acción en prescripción. Esa exigencia no opera entratándose de los intereses que se producen intra proceso, dado que el punto de partida y su exigibilidad -un año- no coincide ni corresponde al -dies a quo- y la exigencia de la obligación principal. Una posición contraria daría al traste con la identidad propia de cada una de esas pretensiones, rompería la finalidad de la propia estructura del reclamo de intereses que la ley la reduce a un plazo anual; y quedaría marginada de toda operatividad y sentido. De manera que tanto el plazo como la consecuente interrupción en el petitum de intereses, están estrechamente vinculados de manera unívoca. Insístase además, de que la obligación principal como de los intereses son acciones o pretensiones autónomas, pues ante una propuesta inversa, lo lógico y producente es que ambas entonces ofrecieran un mismo plazo de prescripción. Al no corresponder a esa unidad teleológica por razones ya descritas, descarta la interpretación brindada por nuestra jurisprudencia de ofrecer efecto extensivo a actos de impulso o tendentes a la obtención de la obligación principal, extensibles a interrupción también a los intereses bajo un mismo acto de interrupción. Ese planteamiento no es posible interpretarlo en esos términos bajo una supuesta accesoriedad inexistente en este tema particular, según se apreció supra-. En síntesis, el cobijo y eventual aplicación de la propuesta adoptada por el A quo, solo sería posible ante una propuesta de reforma lega y no en términos de legge data. La invocada accesoriedad no es la visualizable en casos como el de autos. No es posible asumir el aún vigente criterio de tesis jurisprudencial tradicional, si no se antepone ante todo una formulación como desideratum de legge ferenda. Si el Código Civil y el Código de Comercio postulan en sendos preceptos -arts. 870 y 984 respectivamente- que los intereses pactados en pagos menores a seis meses prescriben en un año, ese es el dies a quo indiscutible y que se materializa con la correspondiente liquidación, reconocimiento o reclamo de los intereses dentro del plazo anual citado. Ello deviene indiscutible mientras no se reforme el derecho positivo. Si los intereses vencen periódicamente: al mes, a los tres meses, etc. y el capital sólo debiera reintegrarse al finalizar el plazo de vigencia del préstamo (cuatro, seis, ocho o diez años, etc) en este caso la solución legal ofrecida por la ley resulta armónica y ajena de toda perturbación. Insístase en que el cómputo de plazo de cada mes de intereses inicia a través del vencimiento sucesivo de cada cada mensualidad. Y como sería lógico, de operar un eventual acto interruptor ofrece eficacia o aplicación al que en su día interrumpió la correspondiente mensualidad: el plazo (igual en extensión temporal al que en su día se interrumpió y que habrá de consumar de nuevo la prescripción se empezará a contar desde el nuevo punto de partida. En plazos distintos lo anteriormente descrito sería utópico y carecería de toda operatividad. Dado que en el sub lite se formula una liquidación de intereses visible a folio 140 del principal, que incluye el período comprendido entre el 24 de febrero de 2002 al 14 de febrero de 2005, cuya petición formal se presentó el 21 de mayo del 209, luce elocuente el transcurso anual de tipo extintivo sobre la totalidad de los intereses liquidados, sin que los actos o acontecimientos que invoca el juez de grado como actos interruptores resulten aplicables a la reclamación de los intereses liquidados. Los citados actos que corresponden en general a la activación del proceso de ejecución hipotecaria, no corresponden a actuaciones interruptoras según se patentizó supra. Se revoca la resolución apelada. En su lugar se declaran prescritos la totalidad de los intereses liquidados." (la negrita no es del original). El anterior precedente ha sido reiterado a fecha presente en otros asuntos similares sometidos a revisión, y como en el caso bajo discusión no se invocan argumentos novedosos que obliguen a replantear el tema, habrá mérito para mantener esa tesis a efectos de dirimir la presente apelación."