Resolución 00129-2023

"VII.- Analizando los puntos venidos en alzada, así como lo acontecido en la tramitación de este proceso, considera el

Tribunal que la resolución apelada debe ser confirmada, por las razones que de seguido se exponen. El actor sustenta la impugnación en una incorrecta valoración por parte del juez instancia, toda vez que su demanda no reclama el nombramiento en un determinado puesto, sino, las diferencias salariales por la función desempeñada desde el año 2014 al 2022, siendo ello un derecho irrenunciable a su favor. Que la existencia de requisitos para determinado puesto no da pie a que se violenten sus derechos como empleado, al no cancelarse las diferencias de salario debido a las funciones realizadas a las cuales tiene derecho. Es importante, previo al análisis del caso en concreto, establecer el tipo de relación que sostiene el actor con su patrono. La Sala Segunda ha emitido sus criterios en relación con este tema, para lo cual ha dispuesto ciertos conceptos relevantes, realizando un recuento de la normativa aplicable lo cual se ajusta al caso de análisis, veamos: “(…) Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que la jurisprudencia de esta Sala, por muchos años se dictó en el sentido de otorgar las diferencias salariales entre el puesto en que un funcionario se encontraba nombrado y uno de mayor jerarquía, si se comprobaba que ejerció las funciones de la plaza de más nivel. Sin embargo, a partir de la sentencia n.º 2016-001398 de las 10:25 horas del 14 de diciembre de 2016, bajo una mejor ponderación, se cambió el criterio y se estableció -por mayoría de esta Sala- que para que se concedan diferencias salariales, no basta con probar que se ejercieron las funciones del puesto de mayor jerarquía, sino que, además, se debe cumplir con los requisitos establecidos para el puesto, pues lo contrario violentaría  los procesos legal o reglamentariamente establecidos para garantizar la idoneidad necesaria para nombrar un (a) servidor (a) público (a), según lo establece el ordinal 192 de la Constitución Política. Dicho numeral estatuye que el nombramiento de los (as) funcionarios (as) públicos (as) tiene que efectuarse con base en idoneidad comprobada. La comprobación de la idoneidad de toda persona que pretenda ocupar o que ocupe un puesto público es de rango constitucional y constituye un principio rector del empleo público. Esta idoneidad hace referencia a la capacidad para desempeñar una función. A efecto de verificar esta aptitud es que en las instituciones públicas se elaboran los manuales de puestos (que forman parte del bloque de legalidad) y a cada uno de los cargos se le asigna un perfil específico, con requisitos que las personas postulantes deben cumplir, dentro de los que se encuentra la formación académica. Ello tiene varios objetivos: por un lado, garantizar el ingreso a la función pública en condiciones de igualdad y, por otro, permitir que los (as) funcionarios (as) públicos (as) sean personas capacitadas para cumplir adecuadamente con el deber de eficiencia de la Administración Pública.  La Sala Constitucional expresó en la sentencia n.° 2012-15024: “Los principios que orientan el empleo público fueron ampliamente analizados en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, evidenciando la intención de establecer un régimen laboral administrativo totalmente diferenciado del empleo privado -regido por el Código de Trabajo-, que respondiera a las especiales particularidades de la función pública. La consagración a nivel constitucional de ese régimen laboral administrativo marcó la necesidad de regular las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, a fin de protegerlo de las destituciones arbitrarias (estabilidad en el empleo), así como también de profesionalizar la función pública (búsqueda de la eficiencia en el servicio y la idoneidad del funcionario). La Administración Pública debe contar con los factores organizativos que le permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, siendo un factor importante en dicha función el personal que trabaja al servicio de la Administración. Asimismo, el sistema de empleo público debe ser capaz de atraer a los profesionales que la Administración necesita, de estimular a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, de proporcionarles formación adecuada y de brindarles suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías. Para ello, el procedimiento que se utilice para seleccionar y nombrar -en general- a un servidor en la Administración Pública, debe cumplir con los principios fundamentales que prevén los artículos 191 y 192 constitucionales para su validez, garantizándose de esa manera, el personal idóneo para ocupar un puesto público, con el propósito de que con ello, se garantice la eficiencia y efectividad de la función pública. De lo dicho se desprende que la función pública se caracteriza, entre otras cosas, por garantizar a sus empleados una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos destaca la estabilidad en el puesto, que debe entenderse no como un privilegio corporativo, sino como la garantía más importante de su imparcialidad. Para ello, el marco normativo que regule la función pública debe garantizar la selección sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad, y establecer un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Además, la legislación básica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Administraciones la planificación y ordenación de sus efectivos, y la utilización más eficiente de los mismos. Así, se considera que la relación laboral de empleo público está sujeta a ciertas especificidades y principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y también a ciertas normas de derecho público, como el régimen de incompatibilidades”.  En dicho fallo, se acotó que la idoneidad comprobada “significa que los servidores deben reunir las condiciones y características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, sea reunir los méritos necesarios que el cargo demande”. Como en la Administración Pública rige el principio de idoneidad comprobada, no es factible que a una persona se le cancele con fondos públicos el salario correspondiente a una plaza para la que no reúne los requisitos (véanse las sentencias de esta Sala números 282 de las 10:30 horas, del 9 de febrero; 132 de las 12:15 horas, del 19 de enero; ambas de 2018; 1783 de las 10:20 horas, del 8 de noviembre; 1613 de las 10:30 horas, del 12 de octubre; 794 de las 10:55 horas, del 16 de junio y 514 de las 10:15 horas, del 31 de marzo, todos de 2017).  Así las cosas, bajo este panorama no es posible acceder a las pretensiones del demandante, sin que al efecto pueda obviarse que la Sala Constitucional, mediante voto número 11169 de las 16:02 horas del 17 de junio de 2020, declaró sin lugar la acción presentada contra la jurisprudencia de esta otra Sala sobre el tema. Con sustento en esta tesis, sin que existan en este asunto, razones para variarla, la concesión de diferencias salariales como las pretendidas solo es posible si se cumplen dos condiciones: a) el ejercicio de las funciones del puesto de mayor jerarquía cuya retribución se solicita y b) el cumplimiento de los requisitos contemplados para ese cargo. Es cierto que el inciso 3 del artículo 478 del Código de Trabajo le atribuye a la parte empleadora la carga de la prueba respecto del “… puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o las características de las labores ejecutadas”; no obstante, esto es así en relación a las condiciones normales en las que se suscribe la relación, pero no cuando se alega, como en este caso, un cambio en las funciones desempeñadas, en la categoría del puesto o en las responsabilidades asignadas, dado que es a la parte que hace tal planteamiento -es decir, a la parte demandante- a quien le compete acreditar la veracidad o certeza de su dicho, así como que reúne los requisitos y condiciones para ejercerlas (artículo 477 del Código de Trabajo. Al efecto, pueden verse también los votos de esta Sala números 1381 de las 9:00 horas del 14 de diciembre de 2016; 1613 de las 10:30 horas, del 12 de octubre de 2017 y 1382 de las 9:05 horas, del 14 de diciembre de 2016). Al efecto, quedó demostrado que la Clase Agente II, en la que se incluye el puesto de agente conductor operacional de vehículos oficiales, ocupado por el actor desde el 15 de octubre de 2010, se creó en el Manual de Clases Policiales de diciembre de 2013, con un rige a partir de enero de 2014 y, en este sentido, no resultaría posible  reconocerle las diferencias pretendidas entre la clase Agente I y Agente II, con anterioridad a esa fecha (enero de 2014), toda vez que dichas clases no existían, para entonces, en la estructura del ministerio. Además, respecto del período posterior quedó establecido que éste no cumplía los requisitos exigidos para ostentar tal condición, sin que la parte accionante, quien, como se dijo tenía la carga probatoria al respecto, lograra acreditar lo contrario…” (Lo resaltado no es del texto original) (Sentencia numero 02369-2022 del 17 de agosto del 2022 a las 1115 horas dictada por la Sala Segunda de Corte Suprema de Justicia, entre muchos otros votos se pueden citar de interés los siguientes de la Sala Constitucional N° 1696 de las 15:30 horas, del 21 de agosto de 1992; N° 4788 de las 8:48 horas, del 30 de setiembre de 1993; N° 3309 de las 15:00 horas, del 5 de julio de 1994; N° 6095 de las 9:18 horas, del 18 de octubre de 1994; N° 3125 de las 16:24 horas, del 14 de junio de 1995; N° 3865 de las 10:57 horas, del 14 de julio de 1995; N° 3089 de las 15:00 horas, del 12 de mayo de 1998; y, de esta Sala Segunda, entre otras, las sentencias N° 172 de las 10:10 horas, del 14 de marzo; N° 181 de las 10:10 horas, del 22 de marzo; y N° 191 de las 9:50 horas, del 28 de marzo, N° 322 de las 10:10 del 13 de junio, todas del año 2001.