Resolución 00620-2018

"VII. Lo decidido por el señor juez sobre la carencia de justo título para usucapir, por parte de los accionados es correcto. En efecto, los señores Barquero Morales adquirieron la finca inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, partido de San José, matrícula de folio real número uno- dos ocho nueve uno ocho tres guión cero cero uno y cero cero dos, con la cabida que indica ese registro, de dos mil noventa metros cuadrados. Esa es la cabida que justifica su título de propiedad, no otra. La tesis sobre que ese titulo ampara, el “acrecimiento”, del área de ese inmueble, que según ellos, aconteció posteriormente, es falaz, porque carece de asidero legal. El artículo 267 del Código Civil, establece que la propiedad sobre bienes inmuebles deben inscribirse en el Registro de la Propiedad. El numeral 450 de ese cuerpo legal, estipula que en el Registro de la Propiedad únicamente pueden inscribirse títulos que consten en escritura pública, porque es la forma que nuestro sistema jurídico utiliza para garantizar el trasiego de los inmuebles, de forma tal que quien adquiera un bien, tenga seguridad que la información que aparece en el Registro Público es veraz. Si el bien adquirido tiene una mayor cabida que la indicada en la escritura pública, la persona interesada debe acudir al trámite de aumento en la cabida, en el que se protegen los derechos de los colindantes. No puede acrecer su inmueble unilateralmente, sin justificación alguna. En este caso, los accionados no demuestran haber realizado trámite legal alguno en ese sentido, con participación de los colindantes. Pretenden, en este proceso, extender los alcances de la citada escritura que los acredita como propietarios de dos mil noventa metros cuadrados, a un área adicional de cuatrocientos treinta y ocho metros sesenta y siete decímetros cuadrados, en detrimento de su colindante, Desarrollos Tirreno S.A., que echa de menos esa porción de terreno; tesis jurídicamente inviable, pues implicaría tutelar un enriquecimiento sin causa, en franca transgresión del artículo 19 del Código Civil. Por otra parte, la prueba testifical y el reconocimiento judicial, no son aptos para acreditar la existencia del justo título traslativo de dominio, necesario para usucapir. En ese sentido, la jurisprudencia nacional, en forma reiterada ha sostenido que “(…) para prescribir en forma positiva, nuestra legislación exige tanto la “posesión” cuanto el “título traslativo de dominio”, requisitos que no pueden identificarse existencialmente, vale decir, la existencia de uno no conlleva la del otro y viceversa. Cada uno refiérase a condiciones diferentes y por lo mismo no pueden confundirse. El primero, corresponde al hecho material de tener bajo el poder y voluntad el bien, ejercicio que en orden a causar el efecto de usucapir, debe ser público, pacífico, continuo, de buena fe, a título de dueño y por más de diez años. Es la ejecución de una actividad física vinculada a un bien determinado. El segundo, en cambio, consiste en la causa o negocio jurídico que permite al poseedor, sea de manera mediata o inmediata, mantener poder jurídico posesorio sobre dicho bien. Es la justificación para ejercer la posesión sobre el mismo” ( Resolución número 856-F-00, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil).