Resolución 01209-2018

No obstante, como ya lo ha señalado la Jurisprudencia, el efecto esencial y constante del

recurso de apelación contra un fallo (sea que éste produzca o no cosa juzgada material), es impedir que la Sentencia recurrida adquiera firmeza, con lo cual se crea una expectativa de reforma o de anulación de lo apelado, y abre la posibilidad de un nuevo conocimiento y decisión sobre lo que ha sido resuelto en primera instancia por parte del Órgano de alzada, facultad que estará limitada por los motivos que la parte inconforme exprese en su recurso, siempre en aplicación del principio dispositivo que informa a todo Proceso Civil. En efecto el artículo 565 del Código Procesal Civil, dispone que la apelación se considerará sólo en lo desfavorable a la parte recurrente, lo que significa, por un lado, que el Superior no puede enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso (prohibición de reforma en perjuicio), pero también, que sólo puede enmendar o revocar lo resuelto por el A-quo, pero en el tanto forme parte de lo que haya sido objeto de debate y en el sentido en que se haya apelado. Sobre la naturaleza del recurso se dice: "El recurso es un acto procesal propio y exclusivo de las partes representa el medio para ejercer el derecho de contradicción entre lo alegado por la parte y lo resuelto por el juez. Es la contradicción entre el sentir del juez y el del ajusticiado. Ya no es sólo la discusión entre los sujetos enfrentados en litis, sino el criterio de uno de ellos (o los dos, en caso de adhesión) contra el criterio oficial externado por el juzgador." ([Nombre1] ,  . Manual De Los Recursos Procesales, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, p. 77). Ahora bien, se dice que conforme a los artículos 561 y 565 del Código Procesal Civil, el Principio Dispositivo le impone a la parte apelante el deber de expresar agravios, es decir, invocar de forma expresa las razones o motivos por los cuales lo resuelto por el Juez de Instancia en cuanto a sus consideraciones tanto fácticas como jurídicas le causan perjuicio, por resultar incorrectas, imprecisas o mal apreciadas. Agravios que van a delimitar no solo la decisión (thema decidendi) u objeto de discusión del recurso, sino además -y sobre todo- la competencia funcional de este Tribunal al participar como Órgano de alzada; a quien le estará vedado pronunciarse sobre aspectos que no haya sido objeto de impugnación, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia. (Véase Voto N° 172-2004 de las 14:40 horas del 21 de mayo de 2004 del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera y Voto N° 736-2012 de las 09:45 horas del 28 de junio de 2012 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), y bajo ese contexto, también se afirma que los agravios representan para la segunda instancia, lo que la demanda es para la primera instancia. En palabras del autor antes citado: "En el escrito de expresión de agravios es donde muchas veces el abogado litigante muestra que efectivamente tiene una buena técnica recursiva, porque en ese momento deben exponerse, manifestarse, expresarse, los argumentos con los cuales la resolución está siendo atacada, y por qué se le considera incorrecta, injusta, no apegada a derecho; en qué han consistido las equivocaciones del juez, qué errores ha cometido; qué prueba no aprecio erróneamente y cuáles de sus razonamientos o apreciaciones son los equivocados. Una buena técnica implica el invocar y explicar cómo las normas violentadas por la resolución recurrida y la forma en que debió resolverse ... " (Ob. cit. p. 275). Es decir, la parte al verse inconforme y que intenta por medio de su recurso que se revise un fallo, debe señalar con precisión y detalle por qué la decisión judicial le perjudica, estableciendo con claridad los motivos que estima son errores de hecho o de derecho, juicios valorativos equivocados, omisiones, defectos, vicios, excesos o imprecisiones del fallo.- En la especie, la mercantil demandada sostuvo desde su oposición que el título que sirve de base al presente asunto no es tal que ostente la calidad de exigible y por ello opuso la excepción de falta de exigibilidad con fundamento en los argumentos indicados en el considerando anterior, no obstante, yerra la parte al calificar de inexigible el título puesto al cobro amén de que lo que observa este Tribunal: La demanda monitoria se tramita a partir de un título que tiene la condición de ser ejecutivo, dentro de los que se encuentran aquellos en que en su creación participan ambas partes (acreedor y deudor), y existen otros en los que la creación del documento recae únicamente en el acreedor; pero no a su libre antojo sino con fundamento en una norma legal que le faculte. En el caso de entes públicos se ha reiterado que el título ejecutivo no puede ser creado sino previa norma de rango legal (ni siquiera reglamentaria) que confiera tal prerrogativa, y en caso de apartarse de los requisitos para su creación se caería en una falta de ejecutividad como aspecto procesal necesario para la tramitación del proceso monitorio dinerario. No se trata de desmeritar el posible derecho que tenga el acreedor, sino de que el título en el cual se basa la acción debe provenir de la ley y cumplir con los requisitos por ésta dispuestos. En este caso, el documento presentado a cobro fue atacado por la accionada vía falta de exigibilidad (dado que la oposición se basó en las causales que establece la Ley de Cobro Judicial), pero en realidad la calificación jurídica que cabe cuando se ataca el título bajo el argumento de imposibilidad de creación es de inejecutividad, pues lo alegado es que el documento no pudo nacer a la vida jurídica con las características que se le quieren dotar (verbigracia ser título ejecutivo). Partiendo de lo anterior, al tratarse de un presupuesto necesario para la tramitación del proceso entonces se puede y debe conocerse acerca de su aptitud para servir de sustento a la demanda monitoria. Así entonces, conforme al artículo 232 del Código de Trabajo ya analizado, en quien recae la potestad certificadora en relación con los adeudos por Riesgos de Trabajo es en el Jefe del Departamento de Riesgos, y nunca en el Sub-Jefe de Operaciones como aparece en el documento base de esta acción.- Lo anterior es una tesis reiterada por parte de este Superior y al respecto puede consultarse -entre otros- el Voto 851-2017 de las 14:46 horas del 25 de agosto de 2017, y bajo tal línea de pensamiento incluso la demanda no debió ser cursada, dado que se contraviene el artículo 2.2 de la Ley de Cobro Judicial que impone la obligación de aportar un documento base apegado a la ley. Es por ello que este Tribunal observa que no hay razón para dotar de calidad ejecutiva a la certificación en que se ampara el actora para presentar el proceso.- En consecuencia, por los motivos antes expuestos, la resolución apelada debe ser revocada para en su lugar declarar sin lugar la demanda.- Se revoca el auto intimatorio y la orden de embargo decretados.- Se exime a la parte actora en el pago de ambas costas pues no se dispuso acá sobre el derecho que reclamó en el proceso sino el documento en el cual se quería sustentar el reclamo, de ahí que se considera litigantes de buena fe."