Resolución 00870-2017

De ahí entonces este se lee: "Artículo 236.- Vía incidental. Los apoderados, mandatarios judiciales o abogados directores, para el cobro de honorarios respecto de su parte, así como ésta para exigirles rendición de cuentas, gozarán de la tramitación privilegiada en forma de incidente, dentro del expediente principal y ante el mismo Juez que conoce del proceso. Tal incidente no será admisible después de un año de terminado el asunto. Respecto a las costas del incidente, sólo se emitirá pronunciamiento en cuanto a las procesales y en él podrá decretarse embargo de bienes a instancia del acreedor, en cantidad suficiente, a juicio del juez. La resolución definitiva del incidente tendrá autoridad y eficacia de cosa juzgada, admitirá los recursos ordinarios y el de casación, si procede en relación con la cuantía del incidente. (El párrafo tercero de este artículo, fue modificado mediante Ley No. 7421 del 18 de julio de 1994, publicada en La Gaceta No. 155 de 177 de agosto de 1994.) Lo dispuesto en este articulo no le coartará el uso de la vía declarativa a quien quiera utilizarla, para la cual renunciará a la tramitación privilegiada.". De lo hasta aquí expuesto puede concluirse entonces, que esta vía privilegiada no es técnicamente un incidente propiamente dicho, sino que  la ley otorga la posibilidad de seguir el trámite incidental a la pretensión de cobro de los honorarios del abogado a su cliente, o para que este último le exija rendición de cuentas a aquel. Así entonces, este es un trámite especial dado a un  proceso de  conocimiento autónomo, que es vinculado por conexidad a otro principal. Este proceso incidental, -como se indicó-,  permite ejercer el derecho al cobro de los honorarios como contrapretación a los servicios profesionales prestados por una persona abogada.  Estos últimos serán el resultado  del monto  que los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo establezcan, los cuales se cuantifican de acuerdo a su labor desplegada, y de acuerdo a la tarifa respectiva. O, como resultado del convenio de cuota litis, si lo hubiere, siempre y cuando concurrieren los presupuestos de aplicación. Así entonces el incidente de cobro de honorarios es una vía sumamente expedita, con menores formalidades del escrito inicial, plazos céleres de trámite y práctica de prueba -en caso de ser necesaria, con reducidas posibilidades de plantear recurso, pero con un pronunciamiento con carácter de cosa juzgada.  Es decir, se trata de un auto con carácter de sentencia en los términos del numeral 153 inciso 4 del Código Procesal Civil, siendo que por la vía incidental se le pone fin a una pretensión privilegiada donde el abogado reclama los emolumentos a su cliente. Al ser un proceso de trámite incidental, con normativa propia, resulta de aplicación el artículo 289 del mismo cuerpo legal, siendo entonces, que si la demanda es de menor cuantía debe sustanciarse por los trámites correspondientes, según el valor de la cosa litigada.   La Corte Plena en Sesión No. 38-13 del 9 de setiembre de 2013, Artículo XXV de conformidad con lo que establecen los incisos 13 y 14 del artículo 59 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableció el monto de menor cuantía en tres millones de colones, suma que rige a partir del 25 de noviembre de ese mismo año. El análisis anterior determina la variación del criterio sostenido por este Tribunal en el cual admitía la apelación interpuesta sin importar el monto pretendido, para en su lugar, aplicar el límite de cuantía para el conocimiento de estos asuntos. En consecuencia, al versar lo que es objeto de impugnación sobre un extremo de menor cuantía, pues en este caso el proceso principal es un proceso monitorio estimado en la suma de cuatro millones cuatrocientos veintiun mil trescientos noventa y siete colones,  y  la incidencia que se conoce se estima en la suma de doscientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve colones con ochenta céntimos,  lo resuelto por el A quo  carece de recurso de apelación. Por lo expuesto, habrá de declararse mal admitido el recurso.”