Resolución 00099-2013

La quiebra, como

se indicó, es un instituto concursal  específico para las personas que

sean comerciantes.  Como tales,  en cuanto a personas físicas, se

incluyen quienes ejerzan en nombre propio actos de comercio, haciendo de ello

su ocupación habitual, conforme a la definición legal establecida por el

artículo 5° del Código de Comercio. A diferencia de otras legislaciones, como

la italiana por ejemplo, nuestro derecho mercantil está dirigido a la figura

del comerciante y no a la teoría de la empresa. Por ende,  pueden

existir  empresarios que no sean  comerciantes, cuando la actividad

de su empresa no es la de realizar actos de comercio. Se ha dicho, siempre en

cuanto a personas físicas, por ejemplo, que los empresarios agrarios o

los  que ejercen liberalmente profesiones como el derecho, la medicina o

la contaduría,  si bien pudieran  llegar a ser calificados  como

empresarios  si cumplen las condiciones respectivas, no podrían ser sometidos

a quiebra por no ser comerciantes.  Por ende, no es suficiente  que

una persona en una escritura  se autocalifique como “empresaria” para

concluir que es comerciante. En la escritura de hipoteca aportada, doña Karen

se autocalificó de “empresaria”, pero sin señalar si su actividad empresarial

era el comercio.  Sin embargo, en la escritura de protocolización de folio

17, se consigna que ella es  contadora, profesión que no implica en sí el

ejercicio del comercio. El acreedor que  solicite una quiebra, debe demostrar

fehacientemente la condición de comerciante de su presunto deudor, conforme a

la carga de la prueba  establecida en nuestro sistema procesal por el

artículo 317, inciso 1), del Código Procesal Civil, sobre todo tomando en

cuenta la gravedad de una declaratoria de este tipo para una persona

física.  Desde esta perspectiva, no lleva razón la parte apelante  en

sus agravios. Quienes representan eventualmente a sociedades mercantiles, como

por ejemplo presidentes o gerentes, no ejercen en nombre propio el comercio.

Sus actos son precisamente de representación, achacables en todo caso a las

sociedades representadas, quienes deben reputarse que son las que ejercen el

comercio. Tampoco el poseer acciones o participaciones de  sociedades

mercantiles convierte a los socios en  comerciantes.  Cabe recordar

que en principio, existe una autonomía legal  y patrimonial de la persona

jurídica y quienes sean sus socios, motivo por el cual  que

eventualmente la señora Carpio sea accionista de las personas jurídicas mencionadas

por la parte apelante, aspecto que en todo caso no está acreditado, no es

prueba idónea de que ella ejerce en nombre y por cuenta propia el comercio. En

cuanto a la hipoteca que sirve de base a este proceso, cabe señalar que

resultaría también irrelevante que haya sido dada para garantizar las

actividades de las sociedades anónimas representadas por doña Karen. Es más, su

literalidad dice otra cosa, pues simplemente se señala  que fue

constituida para garantizar un  préstamo dado en efectivo a  ella y a

don Sergio Campos Solano. Ahora, solo para efectos argumentativos, si se

aceptara que  ella consintió en que un bien personal sirviera de garantía

para créditos de sociedades anónimas,  ello no la convertiría en

comerciante, pues  el dinero sería utilizado por las personas

jurídicas  beneficiados en  sus propias actividades, sea, que quienes

ejercerían el comercio serían esas sociedades y no su representante. No existe,

por otra parte, prueba alguna de que fuera doña Karen quien ejerciera, por

cuenta y a nombre propio, la actividad comercial que  en la mayoría de los

casos el apelante  atribuye a las sociedades anónimas por él mencionadas.

Esta prueba debió aportarse desde la propia solicitud de quiebra, por lo que

cualquier ofrecimiento probatorio en estas instancias deviene  tardío. Es

más, cuando  el juzgado determinó en un inicio rechazar de plano la

solicitud por la inexistencia del presupuesto subjetivo respectivo, la

sociedad  promotora de la quiebra lo único que aportó fueron

facturas que no consignaban como deudora  a la señora  Carpio, sino

eran referidas a nombre de  KYSLEV, S.A., y firmadas por  Milena

Barrients, S.A., con lo cual obviamente no se acredita la condición de

comerciante de Karen Lilliana. Por ende, el rechazo de la solicitud de quiebra

resulta acertado y debe mantenerse. No debió  el juzgado llama a

conciliación o requerir prueba nueva, primero porque se trataría de fases

procesales no previstas para la quiebra y, en segundo lugar, porque ni siquiera

debió haberse iniciado  este proceso de ejecución colectiva ante la

ausencia del presupuesto subjetivo respectivo.”