Artículo 4 — Fuentes que regulan el tratamiento de los datos personales — Reglamento de Protección de Datos del Poder Judicial

Para el tratamiento de los datos personales debe respetarse lo establecido en las normas constitucionales y convencionales que regulen este tema, así como lo dispuesto en la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, su reglamento y demás normativa que la regulen.

Además, la protección de datos se regirá por los principios de autodeterminación informativa, consentimiento informado y de calidad de la información, así como por los subprincipios de actualidad, veracidad, exactitud y adecuación al fin, todos estos establecidos en la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.

Dichos principios se describen de la siguiente manera:

La persona titular de información que conste en las bases de datos del Poder Judicial tiene derecho a que se le requiera su consentimiento informado para efectos del uso y transferencia de su información, con las salvedades que establece este reglamento y la ley.

No será necesario obtener consentimiento expreso para tratar datos personales suministrados por obligación legal o constitucional, siempre que esto se circunscriba exclusivamente a los fines procesales o administrativos para los que fueron recabados, o bien, a otros fines no incompatibles según lo dispuesto en el principio de adecuación al fin.

Si los datos entregados por disposición legal o constitucional para participar en procesos judiciales o realizar trámites administrativos se desean utilizar para fines distintos a los autorizados en el párrafo anterior, será indispensable obtener el consentimiento expreso del titular.

Cuando un particular o institución pública soliciten la transferencia de información contenida en una base de datos del Poder Judicial en la que consten datos personales, requerirá consentimiento expreso y válido de las personas titulares, a excepción de los supuestos contemplados por ley. Dicho consentimiento informado ante el Poder Judicial será exigible en cualquier trámite administrativo o instrumento convencional o contractual que se suscriba y que tenga vinculación con datos personales, previo cumplimiento de los protocolos de actuación que al efecto formule el Poder Judicial.

Todas las bases de datos de acceso público del Poder Judicial deberán estar conformadas por datos actuales, cuya conservación sea pertinente o necesaria de acuerdo con la finalidad para la que fueron recibidos y registrados, o bien, para fines no incompatibles según lo dispuesto en el subprincipio de adecuación al fin.

Las bases de datos secundarias son fuentes derivadas de bases de datos primarias; para estos casos debe preservar tanto la base de datos primarias como las secundarias.

A efectos de valorar la actualidad y la necesidad de conservación en la base de datos, es obligatorio considerar las disposiciones institucionales sobre archivo y conservación de documentos, así como todas aquellas normas de rango legal y constitucional relacionadas con el tema.

Toda persona interesada en hacer valer el derecho al olvido podrá realizar la respectiva solicitud siguiendo el trámite establecido en el artículo 6. b.2) Veracidad y exactitud:

Las personas encargadas de las bases de datos velarán porque en los documentos se consignen datos fehacientes y exactos. En caso de consignarse información inexacta, falsa, incompleta, deberá ser suprimida o rectificada dependiendo de la situación concreta. b.3) Adecuación al fin:

En el marco de procesos judiciales o gestiones administrativas relacionadas con estos, no podrán solicitar datos que no sean absolutamente necesarios para el ejercicio o defensa de los derechos e intereses involucrados para su resolución.

No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos obtenidos en el marco de procesos judiciales o gestiones administrativas, cuando se haga con fines históricos, estadísticos, científicos, investigativos o de auditoría, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para salvaguardar los derechos de las personas involucradas.

Las personas encargadas de las bases de datos deberán velar por una actualización de datos oficiosa y proactiva, de manera tal que de vigencia al cumplimiento de los diversos principios contemplados por esta norma.