Resolución 00767-2013

“IV. Sobre el tema de la competencia desleal, este

Tribunal ha señalado: “La libertad económica, como concepto ligado a la libre competencia, a la libertad de empresa y a la iniciativa privada reconocida en el artículo 46 de la Constitución Política, como todos los derechos y libertades dentro de un marco de un Estado de Derecho no es absoluta, sino que se encuentra limitada por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. De esta manera, los agentes económicos no se encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria en el mercado, sino que deben respetar las reglas que el legislador haya previsto en aras de proteger la libre competencia. En desarrollo de lo anterior, si en la lucha por atraer a los consumidores se utilizan medios leales, quienes resultan vencidos en virtud del libre juego de la oferta y la demanda, tienen la carga de soportar dicho efecto. Cuando dentro de esa lucha los competidores se valen de medios desleales, que distorsionan el mercado, su conducta se hace reprimible y en tal sentido, la doctrina ha explicado la razón de ser de las normas sobre competencia desleal, en la necesidad de impedir que al competir, se utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo, como ocurre cuando se permite atraer a la clientela mediante actuaciones incorrectas. El substratum de la normativa de promoción de la competencia presenta así un trío de intereses claramente diferenciables en su ámbito de aplicación. En efecto, la disciplina de la competencia respecto a los agentes de comercio, no se limita a una normativa especial sólo aplicable a la actividad publicitaria en todo aquello que no contradiga o conculque intereses meramente privados. El alumbramiento de esta materia presenta a su vez un alto contenido social, en que los intereses privados de los empresarios en sus recíprocas relaciones de mercado han dejado de ser el único haz de intereses referentes de protección.  Junto a ellos, han comenzado también a ser relevantes para la disciplina el interés de los consumidores así como el interés público. Intereses de los empresarios (deslealtad frente al competidor), de los consumidores (deslealtad frente al consumidor) y de la colectividad en general y el sistema económico (deslealtad frente al mercado), conforman, pues el trío de intereses de relevancia jurídica para el nuevo Derecho de la competencia desleal del Estado social…” “…las acciones de competencia desleal ofrecen una pluralidad de pretensiones o acciones que comprenden las siguientes: mera declaración de la deslealtad del acto, cesación del acto desleal, remoción de los efectos del acto desleal, rectificación de informaciones falsas o engañosas y además el resarcimiento de daños y perjuicios y el enriquecimiento injusto. A su vez no puede pasarse por alto, de un lado, que la finalidad de esta materia responde a una protección institucional con el consiguiente reflejo positivo en la incorporación de los intereses de los consumidores y del interés de la generalidad; más no de corte exclusivamente individual supeditada a eventuales efectos de lesión patrimonial de determinado competidor. Bajo este último aspecto, el factor que desencadena la aplicación de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, es la presencia de una conducta objetivamente adecuada para afectar a los procesos de mercado, sea en provecho de quien la realiza o en provecho de un tercero, pero no la presencia adicional de una lesión patrimonial efectiva o potencialmente comprobada respecto de un competidor. En síntesis, la finalidad prevista en el artículo 17 de la Ley de la materia responde al siguiente trinomio: impedir que comience o hacer que cese la actuación constitutiva de competencia desleal; en segundo término, remover los efectos de la competencia desleal ya realizada, y, en tercer lugar, resarcir los daños y perjuicios efectivamente causados…” (No. 384-F-2008, Tribunal Primero Civil). El Artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor dispone: “ Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando: a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor. c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio. d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores…” (Lo destacado no aparece así en el original). Este proceso se sustenta en hechos concretos que constituyen la causa de la demanda. Los acccionados eran empleados de la actora, renunciaron a sus cargos y pocos días después abrieron otra empresa dedicada a la misma actividad. La conducta ilícita que imputa la actora es que las computadoras que usaban los accionados en su empresa, que contenían las únicas bases de datos de la demandante, los programas operativos, la correspondencia electrónica y los sistemas para emitir boletos fueron bloqueados. Además, dice, los equipos fueron dañados y las bases de datos de clientes y correos electrónicos fueron exportados (sustraídos) y luego eliminados. Dijo la accionante en su demanda, que la sociedad que formaron los demandados está amparada en las bases de datos, sistemas de operaciones y correspondencia que pertenece a la actora. Finalmente expresó que dos días después de haber renunciado a la empresa actora, los demandados enviaron correos electrónicos masivos a los clientes de la demandante, anunciando ofertas descuentos y promociones de viaje, utilizando sin permiso la base de datos sustraída. La autoridad de primera instancia estimó que la relación fáctica encaja en un supuesto de competencia desleal y por ello procedió al estudio del caso en todo su tenor. Para efectos de análisis vale la pena destacar qué hechos de los denunciados son los que pudieran dar lugar a actos de competencia desleal. Antes precisa decir, que ninguno de los hechos denunciados encaja en los supuestos que enlista el artículo 17 de la Ley aplicable. Por esa razón, es necesario recurrir a la cláusula general contenida en esa misma norma en cuanto dice: “ También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.”   Para que nos encontremos ante un supuesto de competencia desleal es necesario que exista una acción u omisión, antijurídica, imputable a un sujeto determinado que interviene en el mercado. Cuando se exige indemnización es indispensable la existencia de dolo o culpa. Pero no es indispensable la existencia de una definición legal típica, sino que basta la cláusula general, porque al estar en el campo del Derecho Privado, inspirado en principios y no en la aplicación de normas sancionatorias concretas, no son exigibles los requisitos de tipicidad propios del derecho penal o del administrativo sancionador. (Al respecto,  Saraza Rafael, El llamado Derecho de la Competencia. Vigencia de la Libertad de Competencia e interdicción de la Competencia Desleal,  en <<Jurisdicción Comercial Especializada>>, San José, 1996, pag. 103) . La renuncia de los demandados y la posterior apertura de una empresa dedicada a la misma actividad, no constituye por sí un acto de competencia desleal. El daño y bloqueo de las computadoras y la sustracción de información, tampoco constituyen por sí actos de competencia desleal. Lo que, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina expuestas sí podría constituir actos de competencia desleal es que los demandados utilicen las bases de datos, los sistemas de operaciones y la correspondencia que pertenece a la actora, para atraer a los clientes que eran de la actora. Desde esa perspectiva, el hecho medular que debió quedar acreditado aquí es que los demandados incurrieron en esa conducta, utilizando el material sustraído. Véase, que todo el cuadro fáctico que se expone en la demanda y sobre el cual se insiste al recurrir, gira en torno a ese hecho concreto. Lo que queda por determinar, atendiendo a lo que fue objeto de agravio es si ese hecho ha quedado debidamente acreditado y si el aquo falló en su apreciación del conflicto.