Resolución 00184-2026

El once de febrero del dos mil veintiséis, la señora [Nombre 001], conocida como [...], formuló una solicitud de protección ante el Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de San Joaquín de Flores -la cual dio origen al expediente número 26-000094-1612-VD- para que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por la señora [Nombre 003] y por el señor [Nombre 004]. En concreto, solicitó lo siguiente:

“1) Se dé curso urgente a la presente denuncia.

Se ordene el desalojo inmediato de las instalaciones del establecimiento comercial [...] de las personas denunciadas [Nombre 003] y [Nombre 004], así como de cualquier tercero que actúe por instrucciones, tolerancia o convivencia de estos, por cuanto:  Dicha ocupación se mantiene en abierta desobediencia a la decisión de despido debidamente notificada. Su permanencia permite y facilita la explotación patrimonial de esta denunciante, persona adulta mayor.  Existe un riesgo actual, continuo e inminente de agravamiento del daño económico y psicológico.

Se le prohíba el ingreso, permanencia o acercamiento al hotel, oficinas administrativas, áreas operativas, sistemas contables, financieros, informáticos y cualquier dependencia vinculada directa o indirectamente con la administración del negocio.

Se ordene el cese inmediato de todo acto de administración, manejo de fondos, cobros, uso de datáfonos, emisión de recibos, reservaciones, manejo de personal o toma de decisiones relacionadas con el hotel y con la sociedad [Valor 001] Sociedad Anónima.

Se ordene permitir el ingreso inmediato, libre y sin restricciones de la persona denunciante y de sus representantes legales al establecimiento, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad.

Se acojan de manera urgente medidas de protección contra la señora [Nombre 003] donde se le ordene se abstenga a realizar cualquier tipo de manifestación, comentario, criterio, por cualquier medio de difusión verbal, escrito u otro, en relación con mi persona, mi empresa [Valor 001] Sociedad Anónima y en relación con el establecimiento comercial [...], lo que incluye  y no limita con contabilidad, ingresos, egresos, activos, pasivos, deudas, contratos, nómina de trabajadores, logística, administración, mercadeo, horarios, ni cualquier tipo de información relacionada al giro comercial de la empresa."

En resolución de las 8:14 horas del 12 de febrero de 2026, el juez Luis Alonso Morera Méndez, del Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de San Joaquín de Flores, dictó la sentencia anticipada en la que rechazó de plano la solicitud de protección.

La señora [Nombre 001], conocida como [...], apeló la sentencia anticipada y, junto con el recurso, invocó su nulidad. Como motivo de nulidad, aduce que el juez de primera instancia no explicó ni dio argumentaciones legales para que haya concluido en el rechazo de la solicitud. Expresa que lo resuelto la deja en estado de indefensión y que su condición de adulta mayor es un fuero especial que otorga la Ley para que los tribunales realicen una labor de protección inmediata ante la agresión expuesta. Dice que las personas denunciadas fueron empleados y le han faltado al respeto porque fueron cesados de sus puestos, y ella ni siquiera ha podido entrar “al hotel de mi propiedad” y tampoco percibe los recursos económicos que dicho negocio genera, así como que, por hechos similares, también denunció a otras personas, lo cual consta en el expediente que se tramita ante el mismo despacho, bajo expediente número 25-000423-1612-VD, al cual solicita que se acumule el presente.

Como agravios, aduce que el juez consideró, erróneamente, que ella pretende que se le otorguen medidas de protección por medio de un tercero, expresando que no es cierto que ella haya acudido a esta sede jurisdiccional para que se tutele intereses de una sociedad anónima, “ya que está claro que un proceso de la naturaleza que nos ocupa no está concebido para proteger a una compañía mercantil o de cualquier otra naturaleza. Véase que en mi exposición de hechos y la pretensión formulada, expliqué con detalle la afectación que me han hecho los denunciados señores [Nombre 003] y [Nombre 004].”

La pretensión recursiva es que este Tribunal enderece el presente asunto y revoque lo resuelto, ordenándose las medidas de protección que correspondan conforme a la Ley.

En resolución de las 11:00 horas del 26 de febrero de 2026, el juez Luis Alonso Morera Méndez admitió el recurso de apelación y concedió un plazo de CINCO DÍAS “a las partes, para que por los medios legales correspondientes hagan llegar los motivos de su inconformidad ante el Tribunal de Familia.”

La resolución recurrida es el rechazo de plano de la solicitud de protección y, para esa fecha, solo se había apersonado al proceso la señora [Nombre 001], por lo que evidentemente no se notificó a la señora [Nombre 003] ni al señor [Nombre 004]. No se comprende entonces el motivo por el que el juez concedió audiencia “a las partes.” Es muy posible que el juez haya utilizado un modelo de resolución -o machote- (sin que esto constituya una excusa porque quien firma es el responsable del contenido), el cual contiene múltiples errores, además del recién indicado. Como las deficiencias pueden encontrarse en ese machote, para evitar que estas se produzcan a futuro, se estima pertinente indicar que estas pueden inducir en error o generar falsas expectativas a las partes, evidentemente cuando ya todas están apersonadas al proceso. Estas deficiencias son las siguientes:

Del artículo 102 del Código Procesal de Familia se desprende que, cuando ya están apersonadas las dos partes y una de ellas recurre una resolución, la audiencia se le concede A LA OTRA PARTE -y a los intervinientes que eventualmente participen en el proceso- pero no a la parte que formuló la apelación, para que, en el plazo de TRES DÍAS -y no de cinco días-, tengan la oportunidad de referirse al recurso mediante gestión que debe presentarse ANTE EL MISMO JUZGADO -y no ante el Tribunal de Familia-, y, en procesos como estos, pueden hacerlo por escrito o verbalmente. Si la gestión se presenta personalmente por escrito, la firma de esta otra parte no requiere ser autenticada por una persona profesional en Derecho, pero si se presenta por escrito, pero no personalmente, dicha firma -autógrafa o digital- sí requiere autenticación. Inmediatamente después de vencido ese plazo, el recurso se debe remitir a este Tribunal de Familia SIN ULTERIOR TRÁMITE, lo que implica que no se debe emitir alguna otra resolución que se refiera al envío.

Ahora bien, aunque el artículo 102 del Código Procesal de Familia dice que esa audiencia se le concede a la otra parte y a los eventuales intervinientes “para que expresen agravios”, lo cierto es que ese término es procesalmente incorrecto porque los agravios son las razones de inconformidad que expresa una parte en contra de una resolución, por lo que solo los expresa quien formula el recurso, y estos se deben consignar al momento de presentarlo, conforme al artículo

Este cuerpo normativo no dispone que la parte que apela tenga la obligación de ratificar la apelación -con una única excepción- y tampoco concede la oportunidad para que el apelante amplíe las razones de inconformidad. El único escenario en que la parte que apela debe reiterar la apelación es cuando apela la sentencia y esta misma parte también había apelado, oralmente, una resolución oral dictada en la audiencia y el recurso había sido admitido de forma diferida (artículo 103). Por el otro lado, el Código no contempla el instituto de la apelación adhesiva, por lo que la parte contraria no está autorizada para formular agravios cuando contesta la audiencia que se le concede. Por esta razón es que la audiencia se le concede para que tenga la oportunidad de hacer valer sus derechos, lo cual realiza generalmente solicitando que el recurso presentado se declare mal admitido -por razones de forma- o que la resolución recurrida sea confirmada -por razones de fondo-. También es importante advertir que, cuando ambas partes apelan una resolución, al admitir LOS RECURSOS, la persona juzgadora ciertamente debe conceder audiencia a las dos partes, pero no para que se refieran a su propia apelación, sino para que tengan la oportunidad de referirse a la que interpuso la contraria.

En razón de que se debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa -conforme al artículo 31.7 y no porque exista una norma específica que lo contemple- el único escenario posible en que la parte que apeló un AUTO puede expresar nuevos agravios es cuando interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución interlocutoria y, al resolver el recurso horizontal, la persona juzgadora de primera instancia introduce NUEVOS argumentos para denegarlo. Para estos efectos, lo ideal es que la parte exprese los nuevos agravios en ese plazo de tres días, pero la autoridad judicial de primera instancia también le puede conceder audiencia expresa para esos efectos; y, si nada de esto se hizo, es posible que en este Tribunal se le conceda el plazo de tres días para que tenga la oportunidad de expresarlos, sobre todo cuando no cuenta con patrocinio letrado. En cualquiera de estos casos, con el mismo fundamento recién expresado, se debe conceder audiencia a la otra parte para que tenga la oportunidad de referirse a los nuevos agravios.

Sin haber recibido notificación, la señora [Nombre 003] y el señor [Nombre 004] se apersonaron al proceso mediante escrito que incorporaron el 4 de marzo de 2026, oponiéndose al recurso de apelación formulado por la señora [Nombre 006], solicitando que sea rechazado y que la resolución impugnada se confirme. En síntesis, expresan que doña [Nombre 001] confunde y desconoce las medidas de protección, la naturaleza del proceso contra la violencia doméstica y el espíritu de la ley que lo sustenta, pues su finalidad consiste en imponer medidas de protección temporales ante situaciones de violencia, pero no es constitutivo ni declarativo de derechos, así como que tampoco es propio utilizar conceptos como “denuncia” “imputado”, “encartado”, “querellado” o similares, por lo que es erróneo que la petente haya indicado que plantea una “denuncia formal por los delitos de agresión psicológica y explotación de persona adulta mayor, debidamente tipificados en la ley Número 7935”, destacando que la negrita es del original. En cuanto al fondo de lo resuelto por el a-quo, aduce que la decisión es correcta porque lo que pretende es la tutela a una persona jurídica, quien no es sujeto de protección en esta sede, así como que, al indicarse que ellos son los subalternos, esto debe entenderse dentro una relación laboral, materia que no es resorte de un juzgado contra la violencia doméstica. Finalizan indicando que, por esa misma razón de que la solicitud de protección busca la tutela de una sociedad anónima y de los propios agravios expresados en la apelación, la señora [Nombre 001] pretende llevar a engaño al Tribunal.

El Tribunal no hace lugar al alegato de nulidad formulado en el recurso de apelación porque el juez de primera instancia sí consignó las razones de su decisión, al indicar que lo que pretende la señora [Nombre 001] se relaciona con derechos laborales, administración de bienes, administración de una sociedad anónima, entre otros, lo que sí se puede discutir en la vía judicial, pero no a través de un proceso contra la violencia doméstica, sino que debe ser gestionado en otras vías. Sí existe un error de concepto, que no da lugar al decreto de la nulidad, pues -en la parte considerativa- el juez dijo rechazar “la gestión de medidas cautelares”, porque en este tipo de asuntos no se emiten medidas de esta naturaleza. En los procesos contra la violencia doméstica -que se aplica también cuando existen actos de violencia en perjuicio de personas adultas mayores- y en el mal llamado “proceso de protección cautelar” contemplado en el Código Procesal de Familia no se emiten medidas cautelares, sino medidas de protección, porque el procedimiento tiene una estructura monitoria y, por consiguiente, la decisión se adopta mediante una sentencia anticipada. Recuérdese que, por definición, una medida cautelar siempre estará unida a un proceso principal, mientras que en estos procesos no existe otro proceso, sino que son autónomos. Valga indicar que en el proceso de protección especial a favor de personas menores de edad que contempla el Código de la niñez y la adolescencia sí es factible emitir medidas cautelares en primera instancia porque el procedimiento tiene una estructura tradicional, es decir, la decisión final se adopta después de que la parte contraria ha ejercido su defensa.

Con relación a la apelación, lo primero que se debe indicar es que la señora [Nombre 001] se encuentra debidamente asesorada por profesionales en Derecho y, a pesar de ello, ha realizado actos contrarios a la lealtad procesal. Esto se afirma porque ella formuló la solicitud de protección ante el Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de San Joaquín de Flores el 11 de febrero de 2026, y al día siguiente, 12 de febrero de 2026, formuló otra solicitud de protección idéntica ante el Juzgado Contravencional de La Fortuna -la cual dio origen al expediente número 26-000088-1514-VD-. La presentación simultánea o sucesiva de solicitudes de protección ante juzgados distintos definitivamente implica un abuso del derecho a la tutela judicial efectiva. Sin duda alguna, las personas tienen derecho a acudir ante las instancias judiciales y a obtener una respuesta pronta a sus gestiones, y, si la decisión judicial es contraria a sus intereses, también tienen derecho a ejercer los recursos correspondientes; pero no tienen derecho a acudir a distintas sedes judiciales, exponiendo los mismos hechos y formulando las mismas pretensiones, hasta encontrar alguna que acoja su petición. Estos abusos del derecho son los que, precisamente, originaron, por un lado, que la Corte Suprema de Justicia definiera explícitamente la competencia territorial de los juzgados contra la violencia doméstica -ahora también “de protección cautelar”- en el artículo VII de la Actualización de las reglas prácticas para facilitar la aplicación efectiva de la Ley contra la violencia doméstica, la que fue dada a la comunidad jurídica mediante Circular 254-2023, y, por el otro, que el artículo 13 del Código Procesal de Familia -que entró a regir el 1 de octubre de 2024- exija que “al presentarse cualquier tipo de procesos o al contestarse este, las partes tienen el deber de informar al despacho acerca de la existencia de cualquier otro litigio en el cual se discutan pretensiones sobre las relaciones familiares en que intervienen las mismas partes. Deben indicar el órgano jurisdiccional o administrativo en que se encuentre y los datos necesarios para su identificación. Esta obligación subsiste en cualquier estado del proceso.”

Al Tribunal le resulta evidente que, al acudir a dos juzgados diferentes a formular exactamente la misma petición y ocultándole al segundo la existencia del primero, la intención de la señora [Nombre 001] era que alguno de ellos le concediera lo peticionado. Sin embargo, no logró su objetivo porque, mediante resolución de las 14:04 horas del 13 de febrero de 2026, la jueza Yamileth del Carmen Tejada Solano -del Juzgado Contravencional de La Fortuna- se declaró incompetente por razón del territorio para conocer del asunto y lo remitió al Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de San Joaquín de Flores, por ser la señora [Nombre 001] vecina de [...], y por no tratarse de una situación de urgencia ni de imposibilidad de acudir al Juzgado territorialmente competente; y posteriormente, mediante resolución de las 15:27 horas del 16 de febrero de 2026, el juez Luis Alonso Morera Méndez -del Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de San Joaquín de Flores- dijo asumir el conocimiento de ese asunto y ordenó acumularlo al expediente 26-000094-0925-VD “para que el mismo se tramite en un legajo”, informándole a las partes que, en lo sucesivo, deberían dirigir sus escritos a este último. (Sobre esta forma de abuso del derecho en este tipo de procesos se puede consultar el voto 314-2022, de las 10:16 horas del 6 de julio de 2022)

Con relación a los agravios, propiamente, lo que se debe indicar es que, contrario a lo que afirma la apelante, en este caso resulta evidente que la pretensión formulada no es susceptible de ser conocida a través de un proceso de protección urgente. No se soslaya que sí es posible acudir a esta vía aunque existan otros procesos (artículo 8 de la Ley contra la violencia doméstica), pero esto se restringe a la expedición de medidas de protección, en caso de que existan actos configurativos de violencia en relaciones de pareja, de parentesco hasta el tercer grado, en relaciones cuasi familiares como la que existe entre el tutor y el pupilo o el garante y la persona con discapacidad, o bien, cuando la víctima es una persona adulta mayor, esto último por así establecerlo el artículo 57 de la Ley integral de la persona adulta mayor. Esta condición etárea garantiza una atención preferente en los procesos judiciales (al respecto, y a manera de ilustración, se puede consultar el voto 5062-2020 de la Sala Constitucional y la Circular 73-2022 del Consejo Superior del Poder Judicial), pero, por sí misma, faculta a acudir a una vía diseñada para la protección personal, pretendiendo pronunciamientos que deben ser emitidos en otras vías. En este sentido, como bien apuntaron la señora [Nombre 003] y el señor [Nombre 004], los juzgados contra la violencia doméstica no son materialmente competentes para conocer los delitos de agresión psicológica y de explotación de persona adulta mayor, contemplados en los artículos 60 y 61 de la Ley integral para la persona adulta mayor porque, con toda claridad estos artículos pertenecen al Capítulo II, que trata de sanciones penales. Tampoco son materialmente competentes para analizar si, en una relación laboral, un despido es o no es procedente, ni para determinar las consecuencias que deben producirse en caso de que la persona trabajadora despedida se mantenga en el lugar de trabajo, y menos cuando esta relación laboral existe entre una persona física y una persona jurídica, como claramente lo expuso doña [Nombre 001]. En cuanto a los aspectos puramente patrimoniales, lo que ella misma expuso fue que las personas que identificó como agresoras no depositan dineros en las cuentas de una empresa y que realizan actos de administración indebidamente. Como bien expuso el juez de primera instancia y lo señalaron doña [Nombre 010] y don [Nombre 011] también puede discutirse en la sede mercantil. De esta forma, el Tribunal coincide en que lo que pretende doña [Nombre 009] excede el margen de actuación de los juzgados contra la violencia doméstica no solo porque lo que solicita no tiene un carácter autónomo, sino porque puede ser conocido en sede penal, en sede laboral -administrativa o judicial- o ante la jurisdicción civil -que es la que conoce de los asuntos mercantiles-; y, en cualquiera de ellas, las autoridades competentes pueden decretar medidas cautelares, si así lo estiman procedente. Por último, es necesario indicar que este Tribunal no cuenta con competencia funcional para analizar, en este momento, si la supuesta concesión de medidas de protección a favor de la misma solicitante en el expediente 25-000423-1612-VD -que es un proceso establecido en contra de otras personas-, es correcta o incorrecta; lo que sí puede decir es que, si así sucedió, eso no es motivo que demerite los argumentos que se han expuesto para denegar la protección en este caso.

III.

T4ZVLVUDRFK61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

CU1JUCIH1UW61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

A4Z9U9430MBW61YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 26-000094-1612-VD

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