Resolución 00168-2026

El once de setiembre del año dos mil veinticinco, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por la señora [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: "Se me devuelva el refrigerador."

En resolución de las catorce horas con cincuenta y un minutos del once de setiembre del año dos mil veinticinco, el juez Álvaro Stiven Campos Monge dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

"Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001]. Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio.  Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002] entrar al domicilio,  permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001] tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.- Así mismo, se le prohíbe a [Nombre 002] acercarse a dichos lugares ni a la parte solicitante a  una distancia de 300 METROS.- Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.- MEDIDAS ATÍPICAS: SE ORDENA A LA SEÑORA [Nombre 002] REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL SIGUIENTE ARTÍCULO DESCRITO COMO: REFRIGERADORA 10 PIES DIS ATLAS."

El dieciséis de setiembre de dos mil veinticinco, la señora [Nombre 002] solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo el tres de diciembre de dos mil veinticinco bajo la dirección del juez Campos Monge quien, al finalizar dispuso mantener vigentes las medidas de protección. La sentencia integral la emitió a las 16:22 horas del 22 de diciembre de 2025.

La señora [Nombre 002] compareció al Juzgado de primera instancia a las 10:55 horas del 23 de diciembre de 2025 y, apud acta, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la sentencia integral, inconforme únicamente con la decisión adoptada por el juez Álvaro Stiven Campos Monge en la sentencia integral de mantener la medida de protección atípica que había decretado en la sentencia anticipada, la cual consiste en ordenarle que entregue una refrigeradora a su hermana [Nombre 003]. Indica que ella se presentó a la comparecencia con no más de quince minutos de atraso porque estaba en el viejo edificio donde antes estaban ubicados los tribunales y, además, que salió con tiempo justo porque andaba en una cita médica con su bebé. El agravio consiste en que la orden que dio el juez no la puede cumplir porque ella nunca ha tenido esa refrigeradora y que nunca ha sacado una factura a favor de ella en nombre de su hermana [Nombre 001]. Indica que desde un inicio ha estado en desacuerdo con las medidas y que cuando se emitió esa orden, su hermana fue a su casa acompañada de la Delegación Policial de Cañas para buscar la refrigeradora, pero ellos pudieron comprobar que la misma no se encontraba ahí, y que en la sentencia integral le están indicando que devuelva la refrigeradora pero ella no la tiene y tampoco la escucharon para demostrar eso. Dice no tener oposición en cuanto a las demás medidas de protección, porque no le interesa.

En la resolución dictada a las 14:21 horas del 14 de enero de 2026, el juez Álvaro Stiven Campos Monge rechazó, correctamente, el recurso de revocatoria porque las sentencias no lo admiten. En esa misma resolución admitió el recurso vertical para ante este Tribunal, diciendo hacerlo en “efecto devolutivo” pero contradiciéndose casi de inmediato al “aclarar” a las partes que “el admitir el recurso de apelación no suspenderá la ejecución de las medidas decretadas.” Además, concedió audiencia a las dos partes, por el plazo de tres días, “para que por los medios legales correspondientes haga llegar los motivos de su inconformidad, ante el Tribunal de Familia o bien ante este Despacho.” También indicó que “en el primer escrito que presenten ante el tribunal, pueden señalar medio y lugar para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo hagan, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas, incluidas las sentencias.”

Este Tribunal no logra comprender el motivo por el que, habiéndose recibido la inconformidad de la señora [Nombre 002] apud acta, se haya incluido la interposición del recurso horizontal, máxime porque ese documento se encuentra firmado por el juez Campos Monge. Tampoco se logra entender el motivo por el que don Álvaro Stiven tardó tres semanas para emitir la resolución que rechazó la revocatoria y admitió la apelación.

Adicionalmente debe indicarse que esa resolución contiene varios errores, además del ya indicado con relación al “efecto devolutivo”, los cuales generan confusión a las partes, sin que sea atendible una excusa en el sentido de que así está redactado “el machote”, porque quien firma es el responsable del contenido. Cuando una parte recurre una resolución, la audiencia se le concede A LA OTRA PARTE -y a los intervinientes que eventualmente participen en el proceso- pero no a la parte que formuló la apelación, para que, en el plazo de tres días, tengan la oportunidad de referirse al recurso mediante gestión que debe presentarse ANTE EL MISMO JUZGADO -no ante el Tribunal de Familia-, y, en procesos como estos, pueden hacerlo por escrito o verbalmente. Si la gestión se presenta personalmente por escrito, la firma de esta otra parte no requiere ser autenticada por una persona profesional en Derecho, pero si se presenta por escrito, pero no personalmente, dicha firma sí requiere autenticación. Ahora bien, aunque el artículo 102 del Código Procesal de Familia dice que esa audiencia se le concede a la otra parte y a los eventuales intervinientes “para que expresen agravios”, lo cierto es que esa redacción es incorrecta porque los agravios son las razones de inconformidad que expresa una parte en contra de una resolución, por lo que solo los expresa quien formula el recurso, y estos se deben formular al momento de presentarlo, conforme al artículo 97 del Código Procesal de Familia. Este cuerpo normativo no dispone que la parte que apela tenga la obligación de ratificar la apelación -lo que sí sucede cuando la parte que apela la sentencia también había apelado una resolución oral dictada en la audiencia y el recurso había sido admitido de forma diferida- y tampoco concede la oportunidad para que el apelante amplíe las razones de inconformidad. Por el otro lado, el Código no contempla el instituto de la apelación adhesiva, por lo que la parte contraria no está autorizada para formular agravios cuando contesta la audiencia que se le concede. Por esta razón es que la audiencia se le concede para que tenga la oportunidad de hacer valer sus derechos, lo cual realiza generalmente solicitando que el recurso presentado se declare mal admitido -por razones de forma- o que la resolución recurrida sea confirmada -por razones de fondo-.

Finalmente, no es aceptable que se confunda a las partes al prevenirles que deben señalar un medio o un lugar para recibir sus notificaciones “en el primer escrito que presenten ante el Tribunal”, advirtiéndolas de que si no lo hacen, las resoluciones posteriores se tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Cuando la parte ha señalado fax o correo electrónico para recibir notificaciones -como en este caso, donde ambas señalaron un correo electrónico-, o las recibe mediante el sistema de gestión en línea, el señalamiento es válido para todas las instancias, conforme al artículo 35 de la Ley de notificaciones judiciales. Esa advertencia solo debe hacerse cuando el juzgado de primera instancia y el órgano judicial de segunda instancia no tienen el mismo asiento y la parte ha señalado un casillero o ha pedido que se le notifique en estrados.

Desde hace mucho tiempo, este Tribunal ha sostenido el criterio de que, en los procesos contra la violencia doméstica, cuando una parte solicita que se realice la comparecencia prevista en el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica y, una vez programada, no se presenta al señalamiento, esto se debe interpretar como un desistimiento tácito de su oposición a acatar las medidas de protección que habían sido decretadas en la sentencia anticipada, por lo que no es necesario emitir una sentencia en la que se disponga mantenerlas en vigencia; pero que, en caso de que se emita, esta no es apelable. Esa es la regla general, pero, sin perjuicio de que se pueda reconsiderar el criterio vigente, el Tribunal también ha explicado que se presentan excepciones. La primera excepción se presenta cuando la parte expresa una razón plausible por no haberse presentado a la comparecencia. En estos casos, acreditada esa razón, lo que ha dispuesto el Tribunal es anular la sentencia y la comparecencia que le precedió porque se debe garantizar el derecho de defensa y el debido proceso a la persona que justificó el motivo por el que, habiéndose opuesto a acatar las medidas de protección, luego no asistió a la comparecencia. La segunda excepción se presenta en casos como el presente, donde los agravios formulados por la persona que fue identificada como agresora se circunscriben exclusivamente al reproche de la decisión judicial de mantener en vigencia una medida cautelar atípica -cuyo incumplimiento puede dar motivo al inicio de un proceso penal por no acatarla-, cuando los hechos expuestos por la persona solicitante de protección no son configurativos de violencia. En este supuesto, esta Cámara considera que no es indispensable decretar la nulidad de la comparecencia ni de la sentencia integral porque se trata de un agravio de puro derecho y la nulidad no se debe decretar por la nulidad misma, conforme al principio pas de nullité sans grief, recogido en los artículos 90 y 91 del Código Procesal de Familia, por lo que sí resulta procedente atender y resolver por el fondo el recurso de apelación.

La señora [Nombre 002] expresó que ella se presentó con algún atraso a la comparecencia, no menor de quince minutos, porque acudió al lugar donde antes estaba el Juzgado y luego tuvo que trasladarse al actual, así como que había salido con el tiempo justo porque había acudido a una cita médica con su bebé. El juez Chacón Jiménez se comunicó telefónicamente con el juzgado de primera instancia y fue atendido por la señorita María de Jesús Rodríguez Jiménez, auxiliar de servicios generales, quien le informó que, efectivamente, el juzgado se pasó a un nuevo local a principios de diciembre de 2025, es decir, después de que se había iniciado este proceso y poco antes de que se realizara la comparecencia. Esto hace comprensible que doña [Nombre 002] no llegara puntual y, de principio, habría sido procedente anular la sentencia y la comparecencia, ordenándose su reprogramación.

Sin embargo, tal como se indicó al final del anterior considerando, en este caso el agravio formulado en contra de la sentencia se restringe al reproche de la decisión de mantener en vigencia la medida atípica que consiste en ordenar la entrega de una refrigeradora. El debido proceso y el derecho de defensa también se le garantizó a doña [Nombre 001] porque, al admitirse la apelación, se le concedió audiencia para que pudiera referirse al recurso presentado por doña [Nombre 002].

Ingresando al fondo del reclamo, lo primero que se debe indicar es que, en la sentencia anticipada se limitó a transcribir los hechos que había expuesto doña [Nombre 001] cuando formuló la solicitud de protección y, a continuación, sin hacer el menor análisis, resolvió otorgar las medidas de protección típicas contempladas en los literales j), k) incluyendo distancia, y q) del artículo 3 de la Ley contra la violencia doméstica -sin que estas medidas sido solicitadas y sin que se justificara el motivo por el cual se decretaron de oficio- y, como medida atípica, le ordenó a doña [Nombre 002] que le “devolviera” una refrigeradora a doña [Nombre 001].

Desde ese momento la medida atípica resultaba improcedente. Doña [Nombre 001] había relatado que hace NUEVE AÑOS -en el año 2017- adquirió una refrigeradora en un local comercial, pero que este electrodoméstico le pertenecía a su hermana [Nombre 002] porque esta última le había solicitado que hiciera la transacción comercial y se encargaría de pagarle el precio, pero no lo hizo. También indicó que ella le solicitó que se la entregara, pero se niega. Por el otro lado, indicó que, en fechas recientes, doña [Nombre 002] la ha estado insultado de múltiples maneras, la última el día que formuló la solicitud de protección.

El primer hecho es un conflicto relacionado la titularidad de un bien mueble, lo cual debe dirimirse en la sede civil, no ante un Juzgado contra la violencia doméstica. Pero aún considerando remotamente la posibilidad de que se considere como un acto configurativo de violencia patrimonial, no era pertinente ordenar la medida atípica de entrega del electrodoméstico porque el hecho denunciado no tiene actualidad. Se reitera en este punto que, de acuerdo a la versión expuesta por doña [Nombre 001], la refrigeradora fue adquirida hace nueve años y, desde el inicio, doña [Nombre 002] se ha negado a cancelársela. En otras palabras, lo denunciado tiene relación con la supuesta no satisfacción de una obligación moral. El otorgamiento de medidas de protección en sede contra la violencia doméstica necesariamente debe estar relacionado con hechos actuales, inminentes o recientes, y este Tribunal ha sostenido el criterio de que, en cuanto a lo reciente, el máximo es de un año, entendiendo que ese el plazo máximo por el cual se puede decretar una medida de protección.

El Tribunal no ingresa al análisis de las medidas de protección típicas porque la apelante manifestó no tener interés en que sean revocadas.