Resolución 00052-2026

El 11 de agosto de 2025, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por su hija [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Que no me vuelva a agredir y se me brinde protección policial”.

En resolución de las 15:40 horas del 11 de agosto de 2025, la Jueza Katherine López Castro dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

“Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001].-Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio.

Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002] entrar al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001] tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.- ”

El 19 de agosto de 2025, la señora [Nombre 002] solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo el 23 de octubre de 2025 bajo la dirección de la jueza Catalina Vindas Aguilar, quien, al finalizar, decretó el cese de las medidas de protección. La sentencia integral la emitió a las 16:16 horas del 19 de noviembre de 2025.

La señora [Nombre 001] apeló la sentencia de primera instancia, inconforme porque la jueza Catalina Vindas Aguilar decretó el cese de las medidas de protección que se habían ordenado a su favor en la sentencia anticipada. Los agravios que formuló son los siguientes:

Que se produjo una violación al derecho a la defensa técnica, pues ella es una persona adulta mayor y compareció a la audiencia sin acompañamiento legal, sin que el despacho aplicara el deber reforzado de orientación exigido por la jurisprudencia constitucional.

Que el dictamen médico legal del 10 de agosto de 2025 acredita una agresión física y considera que la sentencia lo minimiza sin fundamento;

Que no se consideró su edad, su condición médica, ni su dependencia económica y emocional;

Que sus manifestaciones fueron descalificadas al ser consideradas como contradictorias, pero que no se hizo un análisis técnico de credibilidad y la jurisprudencia ha indicado que la variabilidad narrativa es común en víctimas;

Que la presencia de la Fuerza Pública no descarta agresiones posteriores y no puede utilizarse como prueba negativa de violencia; y,

Que la condenatoria en costas constituye una barrera contraria al principio pro-persona y a la jurisprudencia constitucional. Pide que la sentencia sea revocada y que las medidas de protección sean restituidas, así como que se deje sin efecto la condena en costas.

El Tribunal no hace lugar a los reclamos relacionados con la decisión de decretar el cese de las medidas de protección.

Con relación al primer agravio, lo que se debe indicar es que el tema de la asistencia legal en los procesos judiciales es complejo.

En opinión de esta Cámara, de principio, toda persona debería tener derecho a contar con asistencia letrada en los procesos judiciales -cualquiera que sea- por la simple razón de que en ellos se discuten temas jurídicos, y es claro que los abogados y las abogadas son las personas que tienen los conocimientos suficientes al respecto. En otras palabras, este Tribunal considera que la posibilidad de participar en un proceso judicial sin contar con patrocinio letrado no necesariamente implica que se haga efectivo el derecho a acceder a la Justicia, sobre todo cuando una de ellas se encuentra en una posición de desventaja en caso de que la parte contraria sí cuente con esa asesoría letrada. Esto no significa que cuando una persona cuenta con patrocinio letrado y la otra no, el equilibrio consista en que la primera tenga renunciar a él, y tampoco implica que el Estado esté obligado a sufragar los costos de la asistencia legal para todas las personas. Lo que consideramos es que sí debe existir mecanismos que garanticen que todas las personas puedan contar con asistencia jurídica, incluyendo asistencia gratuita para las que se encuentran en estado de vulnerabilidad, principalmente por razones de pobreza, porque, como bien ha señalado el Tribunal Constitucional español, existe un vínculo entre la tutela judicial efectiva y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, y, por consiguiente, el acceso a los tribunales debe incluir esa asistencia y no puede quedar restringido por motivos económicos. (Sentencias 101/2019 y 119/2019 [1], entre otras) Es oportuno mencionar que la falta de asistencia jurídica provoca que las personas busquen orientación legal en plataformas informáticas cuyo contenido no siempre es certero, o bien, en personas no autorizadas para el ejercicio de la profesión, lo que, sin duda, resulta perverso.

Sin embargo, la opinión de este Tribunal, en la realidad costarricense, no es más que un anhelo porque la decisión política que prevalece es que, en ciertos procesos judiciales, la asistencia letrada no es indispensable. Así lo ha dispuesto el Poder Legislativo en varias leyes en lugar de diseñar los mecanismos que permitan el acceso a la asistencia jurídica gratuita, y esto no solo ha contado con el aval del Poder Ejecutivo, al sancionar esas leyes, sino con el de la Corte Plena -máxima autoridad del Poder Judicial-, y, además, de la Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para todos, menos para sí misma.

En materia familiar, la autopostulación procesal estuvo autorizada en procesos alimentarios, en los conflictos en el ejercicio de la responsabilidad parental y en los procesos de protección urgente, como son los procesos contra la violencia doméstica y los procesos de protección especial que se encuentran contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, en lugar de eliminar la posibilidad de acceder a la Justicia sin contar con patrocinio letrado y de establecer mecanismos para garantizar la asesoría letrada gratuita, el artículo 50 más bien amplió los procesos en los que no se requiere patrocinio letrado. Como antes se dijo, la autopostulación procesal ha estado y sigue estando permitida en varias leyes de la República, las cuales incluso han sido complementadas, en menoscabo del derecho a contar con asistencia letrada, con diversas interpretaciones. A manera de ejemplo, para los procesos alimentarios, el artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias establecía que “con el fin de hacer valer los derechos aquí consignados, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la suministre gratuitamente. Para este efecto, el Poder Judicial creará una sección especializada dentro del Departamento de Defensores Públicos.” Esta norma hacía énfasis en la carencia económica para pagar asistencia legal, sin distinguir entre la persona que solicita el auxilio alimentario y la persona que debe cancelar la pensión alimentaria, pero la Corte Plena -con abstención de los magistrados de la Sala Constitucional-, en sesión número 23-2001, artículo V, celebrada el 4 de julio de 2001, interpretó ese artículo en el sentido de que el patrocinio letrado a cargo de la Defensa Pública solo es para el acreedor o la acreedora alimentaria -a pesar de que las personas deudoras de alimentos incluso pueden ser privadas de libertad por el no pago de la pensión alimentaria-; criterio que también sostuvo la Sala Constitucional en la sentencia número 6610-2001, emitida el 10 de julio de 2021, en la que rechazó un recurso de amparo que formuló un deudor alimentario a quien no se le brindó asistencia letrada por medio de la Defensa Pública. En otra ocasión, mediante voto 12252-2008, del 13 de agosto de 2008, la Sala Constitucional rechazó, por razones de inadmisibilidad y no por el fondo, una acción de inconstitucionalidad en la que se cuestionaba esa falta de acceso a la asistencia legal de las personas vulnerables por razón de pobreza.

Con esta realidad costarricense, lo que existe es la posibilidad de que la persona que no tiene medios para pagar asistencia letrada y que tampoco recibe los servicios de la defensa pública pueda acudir a otras instituciones que brindan asesoría jurídica de forma gratuita, tales como el INAMU -para las mujeres-, la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica o los consultorios jurídicos de algunas universidades que imparten la carrera de Derecho; y, cuando la persona accede mediante autopostulación procesal -es decir, sin ningún acompañamiento jurídico-, la persona juzgadora tiene la obligación de brindarle la información necesaria, eso sí, sin que esto implique asumir la defensa de su caso, por razones obvias, ya que tiene un deber jurídico de imparcialidad.

En el tema que aquí interesa, el artículo 8 de la Ley contra la violencia doméstica establece que “la solicitud escrita [para que se decreten medidas de protección] solo requerirá autenticación cuando quien la formula no la presenta personalmente. Los tribunales estarán facultados para conducir la tramitación aplicando el impulso procesal de oficio.” De esta norma se desprende la posibilidad de que las partes -o una de ellas- actúen en el proceso sin contar con asesoría jurídica y, entonces, cuando esto sucede, lo que procede es que la autoridad judicial brinde la información pertinente cuando emite la sentencia anticipada. En esa resolución no solo se decreta las medidas de protección a favor de una persona y que deben ser cumplidas por la otra, se establece el plazo máximo por el que estarán vigentes y se advierte a la persona obligada a acatarlas las consecuencias que pueden producirse en caso de incumplimiento, sino que también se consigna el derecho que tiene esta persona a solicitar que se realice la audiencia oral y privada contemplada en el artículo 12 de la Ley recién indicada, y, además, se informa que si los hechos expuestos en la solicitud resultan controvertidos, entonces las dos partes tienen la obligación de presentarse a la comparecencia con los elementos de prueba que respalden sus afirmaciones. En este caso, esa información se consignó en el punto V de la resolución de las 15:40 horas del 11 de agosto de 2025, que, en lo que interesa, dice lo siguiente:

Se le hace ver a [Nombre 002] que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la materia, dentro del plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente resolución, ya sea por escrito o verbalmente, podrá solicitar al despacho se señale hora y fecha para una audiencia donde se evacuará la prueba que considere pertinente, presentada por ambas partes. […]

El primer agravio que expresó la señora [Nombre 001] fue que se produjo una lesión a su derecho a la defensa técnica, pues ella es una persona adulta mayor y compareció a la audiencia sin acompañamiento legal, sin que el despacho aplicara el deber reforzado de orientación exigido por la jurisprudencia constitucional. Como ya se ha explicado, la decisión política que prevalece en la actualidad se refleja en las normas que contemplan que la asistencia letrada no es indispensable en algunos procesos y, dentro de estos, se encuentra el que contiene la Ley contra la violencia doméstica, sin que este Tribunal conozca algún pronunciamiento donde la Sala Constitucional señale, de forma genérica, que se debe cumplir con el deber reforzado de orientación mediante la asignación gratuita de una defensa letrada para las partes en los procesos contra la violencia doméstica. Se trata, pues, de una norma vigente del ordenamiento jurídico, por lo que no se puede afirmar que el juzgado de primera instancia sea responsable de que doña [Nombre 001] haya comparecido a la audiencia sin acompañamiento legal. Valga indicar que el expediente no muestra que la señora [Nombre 001] hubiera solicitado que se le suministrara algún tipo de acompañamiento en la audiencia, pues, de haberlo hecho, quizás se le habría podido informar acerca de la posibilidad de hacer la gestión ante el INAMU. Por otro lado, el Tribunal reitera que la falta de asesoría jurídica provoca que las personas utilicen recursos poco o nada confiables, lo que se refleja en este caso con la invocación que hizo la recurrente -sin contar con patrocinio letrado- de la sentencia número 2006-9339 de la Sala Constitucional, pues esta se refiere a un tema relacionado con las vacaciones de un servidor público.

La apelante también alega que sus manifestaciones fueron descalificadas al ser consideradas como contradictorias, así como que el dictamen médico legal del 10 de agosto de 2025 acredita una agresión física y que la presencia de la Fuerza Pública no descarta agresiones posteriores. Ella estima que esas pruebas fueron mal apreciadas. Esta Cámara disiente de esa apreciación. La prueba se valoró en conjunto y, en la sentencia, la jueza explicó ampliamente las razones por las que consideró que no se acreditaron los hechos que se expusieron como configurativos de violencia en la solicitud de protección.

El Tribunal estima oportuno mencionar que la jueza hizo lo correcto al permitir que, bajo juramento, las partes se refirieran a los hechos, pero, al principio, ese derecho que tiene doña [Nombre 001] a ser escuchada por la autoridad que conoce su caso no se materializó porque lo único que dijo fue que “ratificaba” lo que había expuesto cuando solicitó la protección. Eso no es referirse a los hechos. En esta sede de alzada se ha explicado reiteradamente que la declaración de parte es prueba y que, como tal, debe ser valorada. Esto significa que el relato y el lenguaje no verbal que utiliza la persona es susceptible de ser apreciado por el juez o la jueza, lo que es imposible de hacer si esta persona se limita a “ratificar” lo dicho anteriormente. Sin embargo, en este caso no se produjo una lesión al derecho de defensa de la señora [Nombre 001] porque más adelante, en la misma audiencia, ella sí tuvo oportunidad de referirse ampliamente a los hechos que había expuesto. Esas manifestaciones fueron valoradas por la jueza, en conjunto con la declaración de doña [Nombre 002] y de la documental practicada (la cual efectivamente consiste en el documento que se refiere a la atención de urgencia que recibió doña [Nombre 001] el 10 de agosto de 2025 -que no es un dictamen médico legal- y el folio 365 del libro de novedades de la Policía de Proximidad de Santo Domingo de Heredia), y concluyó que el relato de doña [Nombre 001] resultaba muy contradictorio y, por ende, no le transmitió credibilidad. Así, por ejemplo, destacó que ella dijo que se encontraba sola cuando supuestamente recibió una agresión física, pero en el reporte de atención de urgencias había dicho que esta agresión se produjo cuando intervino porque doña [Nombre 002] estaba peleando con otra de sus hijas. El Tribunal es consciente de que es posible que se produzcan algunas variaciones en los relatos que brinda una persona en distintos momentos, pero esto no significa que contradicciones tan considerables puedan ser obviadas. Finalmente, con relación al contenido del documento policial, lo que se debe decir es que de este se desprende que, al momento de la intervención de los oficiales, no se produjo algún acto configurativo de violencia, sin que se pueda suponer -sin prueba alguna- que la violencia se produjo después de que se retiraron.

El último agravio relacionado con la decisión de decretar el cese de las medidas de protección consiste en que doña [Nombre 001] estima que no se consideró su edad, su condición médica, ni su dependencia económica y emocional. Estos elementos, por sí mismos, no justifican que se mantenga vigente la protección que se decreta en la sentencia anticipada. Lo que se debe juzgar son los hechos que se denuncian, no las condiciones personales de quienes figuran como víctima o como persona agresora.

El reclamo formulado con relación a la condena al pago de las costas sí es de recibo. En este caso, la jueza se limitó a aplicar el artículo 204 del Código Procesal de Familia para emitir esa condena, es decir, la impuso solo por considerar que la señora [Nombre 001] resultó vencida. El Tribunal difiere de ese criterio porque lo que ha considerado desde muy vieja fecha es que, en esta especialidad contra la violencia doméstica, cuando se decreta el cese de las medidas de protección, la condena al pago de costas solo procede cuando existe prueba fehaciente de que la persona que solicitó la protección hizo un uso abusivo o perverso de la Ley, y, en este caso, no existe razón para considerar que eso fue lo que sucedió. En tal virtud, no se encuentran razones para variar el criterio.

Esta Cámara estima necesario señalar que en la tramitación de este proceso se presentaron incumplimientos de los plazos establecidos por nuestra legislación, sin que se aprecie justificación al respecto, lo cual constituye una violación al derecho constitucional que tiene toda persona a una justicia pronta. Respetuosamente se insta a las personas juzgadoras a cumplir los plazos o, al menos, a consignar las razones de las demoras. Algunas de ellas eventualmente estarían justificadas, pero otras demoras definitivamente no lo están, tal como se aprecia a continuación:

El día 19 de agosto de 2025, la señora [Nombre 002] solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica, pero esta no se programó para ser realizada dentro de los quince días hábiles siguientes -plazo dispuesto por el artículo 239 del Código Procesal de Familia, aplicable en los procesos contra la violencia doméstica en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de la especialidad-, sino que la resolución donde se hizo la programación se emitió cuarenta y dos días después de haber sido solicitada -el 30 de setiembre de 2025- haciéndose su señalamiento para veintitrés días después -23 de octubre de 2025-. En total, desde que se solicitó que se programara la comparecencia y que esta se llevó a cabo, transcurrieron dos meses y cuatro días, de los cuales cuarenta y cuatro días fueron hábiles. Luego, la jueza demoró casi un mes para emitir la sentencia escrita -la emitió el 19 de setiembre de 2025, es decir, diecinueve días hábiles después de finalizada la comparecencia-, a pesar de que el plazo que está dispuesto para ello es de tres días hábiles. A continuación, la sentencia se transmitió a los medios señalados por las partes dos días después de emitida, por lo que quedó debidamente notificada el 24 de noviembre. La apelación se presentó el 26 de noviembre, pero la resolución que la admitió no se emitió sino hasta el 5 de diciembre, es decir, siete días hábiles después. En esa resolución -que sí se transmitió el mismo día de su emisión a los medios señalados por las partes- se concedió un plazo de tres días para que la parte contraria tuviera la oportunidad de referirse al recurso. Ese plazo venció el 11 de diciembre, pero el expediente no fue recibido en este Tribunal sino hasta el 9 de enero de 2026, lo que refleja que el juzgado no lo remitió inmediatamente después de vencido el plazo antes indicado, incumpliéndose así con lo que dispone el artículo 102 del Código Procesal de Familia, en el sentido de que la remisión se debe hacer “sin ulterior trámite”.

En otro orden de ideas, se hace ver al juzgado de primera instancia que resulta contradictorio que admita el recurso de apelación “en efecto devolutivo” y, que, en la misma resolución, “se aclare” a las partes que esa admisión no suspende la ejecución de las medidas decretadas, porque, precisamente, la admisión de un recurso en efecto devolutivo (lo que ya está llamado así en el Código Procesal de Familia) implica que la resolución recurrida sí puede ser ejecutada. Tampoco es correcto conceder audiencia a las dos partes para que hagan llegar los motivos de su inconformidad ante el Tribunal de Familia, porque lo que dispone el artículo 97 del Código Procesal de Familia es que la parte que recurre debe formular los agravios en el escrito que contiene el recurso de apelación, y lo que establece el artículo 102 ibidem es que el plazo de tres días se le concede A LA OTRA PARTE y a los eventuales intervinientes. Ciertamente ese artículo refiere que la audiencia se les concede “para que expresen agravios”, pero este concepto es procesalmente erróneo porque los agravios son los motivos de inconformidad que se expresan en contra de una resolución -es decir, los formula la parte que recurre-. Entendido correctamente, la audiencia se le concede a la OTRA parte para que tenga la oportunidad de referirse al recurso formulado por la contraria, y, por ello, lo que esta generalmente hace es solicitar que la apelación se rechace -por falta de requisitos de admisibilidad- y/o que la resolución judicial recurrida sea confirmada. La parte contraria -y eventualmente los intervinientes- pueden expresar lo que estimen pertinente verbalmente o por escrito, pero necesariamente ante EL MISMO JUZGADO, no ante el Tribunal, e inmediatamente después de vencido ese plazo, el expediente se debe remitir al superior sin ulterior trámite.

IV.

0KEKRG4SSI061MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

IO3UZYWVCVY61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

3N0R5KOW43W461YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000248-1755-VD

I Circuito Judicial de San José, Edificio Tribunales, Primer Piso. Teléfonos: 2295-3103, 2295-3108 ó 2295-3113. Fax: 2295-3627. Correo electrónico: tfamilia@poder-judicial.go.cr

[1]1 En esta sentencia, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional español indicó: “[…] Por ello, aunque hayamos calificado el derecho a la asistencia jurídica gratuita como un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio, como sucede con otros de esa naturaleza, corresponde delimitarlos al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias, hemos afirmado también que la amplia libertad de configuración legal que resulta del primer inciso del art. 119 CE no es, sin embargo, absoluta, pues el inciso segundo de dicho precepto establece un ‘contenido constitucional indisponible’ para el legislador, que obliga a reconocer el derecho a la justicia gratuita necesariamente a ‘quienes acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar’ (SSTC 16/1994, de 20 de enero, FJ 3; 117/1998, de 2 de junio, FJ 3; 144/2001, de 18 de julio, FJ 2; 183/2001, de 17 de septiembre, FJ 2; 95/2003, de 2 de mayo, FJ 3; 180/2003, de 13 de octubre, FJ 2; 127/2005, de 23 de mayo, FJ 3; 217/2007, de 8 de octubre, FJ 2, y 9/2008, de 21 de enero, FJ 2)” (STC 136/2016, FJ 4). […]”