Resolución 01371-2011

“II.-  Voto salvado del juez [Nombre1]  .-  Coincido con la mayoría en que se debe anula la imposición de la medida de seguridad, sin embargo, discrepo en cuanto a la necesidad de ordenar un juicio de reenvío para la nueva sustanciación de ese extremo de la sentencia.  Esto así porque tratándose de una revisión, no puede obviarse que la sentencia impugnada  fue firme y definitiva, que es precisamente lo que impide ordenar el juicio de reenvío, por el principio de cosa juzgada material (non bis in idem).  Mediante Ley N° 4229 del 11 de diciembre de 1968, se aprobó el «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», en cuyo artículo 14.7 se dispone que: «Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país»  (el subrayado es suplido) y según el artículo 7 de la Constitución Política «Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes» (Constitución Política), por lo que la Constitución Política le da autoridad superior al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el Código de Procedimientos Penales de 1910, que era el vigente cuando se aprobó el Pacto, al  Código de Procedimientos Penales (Ley Nº 5377 del 19 de octubre de 1973) y al actual Código Procesal Penal (Ley Nº 7594 de 10 de abril de 1996), cuyo artículo 11, en todo caso, garantiza el principio de única persecución, según el cual «Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho», por lo que el asunto de debe resolver aplicando directamente la ley sustantiva, y si no se estableció formalmente, mediante una sentencia penal eficaz, la posibilidad de que [Nombre2]. (de quien se declaró disminuida su imputabilidad) vuelva a delinquir, entonces no es posible imponerle una medida de seguridad, conforme a los artículos 7 y 38 de la Constitución Política; 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 y 148 del Código Procesal Penal, 1 y 97 del Código Penal, ya que él no puede volver a ser juzgado por el mismo hecho.”