Resolución 00046-2013

La legitimidad o ilegitimidad se refiere básicamente a la adecuación de la conducta formal de la Administración al ordenamiento jurídico, mientras que la normalidad o anormalidad se refiere ante todo (pero no en forma exclusiva) a la conducta material o técnica, representada entre otras por la actividad prestacional que se atribuye al Estado. Conforme lo ha señalado la

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia No.000584-F-2005 de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto del 2005), la anormalidad atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la Ley General de la Administración Pública en el artículo 102, inciso d) que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas y científicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones. La anormalidad se puede manifestar a través de un mal funcionamiento, un funcionamiento tardío o una ausencia total de funcionamiento. La Administración Pública también es responsable por los daños y perjuicios causados con su inactividad administrativa. Esa pasividad frente al cumplimiento de obligaciones preexistentes se emarca para efectos de la responsabilidad civil extracontractual como funcionamiento anormal (en tanto corresponda con una actividad material debida) y con una conducta ilegítima, en la medida en que el incumplimiento de lo debido atente contra las reglas de la buena administración o incumpla las potestades administrativas funcionales que dimanan del ordenamiento jurídico. En todo caso, debe considerarse que conforme al régimen de responsabilidad contenido en nuestra legislación, la determinación de responsabilidad queda sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, el que deberá ser cierto, efectivo, evaluable, indemnizable y no conjeturable. En este sentido debe considerarse que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 190, establece tres eximentes de responsabilidad que generan un rompimiento del nexo causal, a saber: a)- fuerza mayor (hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior); b)- hecho de un tercero (el daño es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre administración-funcionario-afectado) y c)- culpa de la víctima (es el propio sujeto pasivo del daño, quién se auto produce por negligencia o imprudencia inexcusable, la lesión o se coloca en posición para ello). Conforme al régimen de responsabilidad objetiva de la Administración, no  hay que acreditar ni dolo, ni culpa, ni responsabilidad de ningún funcionario, sino que lo único que debe acreditarse para que surja el hecho generador de la responsabilidad, es que hubo un daño y que el administrado no está en la obligación de soportar. En la especie, por las razones que se dirá, contrario a lo argumentado por la demandada, analizada la prueba conforme a los principios de la sana crítica racional, es clara la existencia de una responsabilidad objetiva a cargo de la entidad demandada por funcionamiento anormal del servicio de salud prestado a la accionante, existiendo una relación de causalidad adecuada entre el servicio médico que se prestó y el daño producido a la actora y su hija, que se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, al existir un daño derivado del funcionamiento público, que obliga a la indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la actora.

SOBRE LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA A CARGO DE LA DEMANDADA. Contrario a lo argumentado por la apelante, ésta Cámara no evidencia la existencia de un vicio de errónea apreciación de la prueba por parte de la Juzgadora de instancia. En efecto, conforme lo determina de manera concluyente del Informe Pericial rendido en autos, existe prueba fehaciente para acreditar la existencia de una prestación anormal del servicio de salud proporcionado a la actora y que generó un grave daño a la salud de la menor Nombre53732  . En efecto, conforme lo acredita de manera concluyente el Informe pericial rendido por la doctora Alicia Acón Ng, Médico y Cirujano Especialista en Ginecología y Obstetricia (folios 153 y 165) y su ampliación (folios 178 a 180), del análisis del expediente médico se concluye la existencia de una serie de irregularidades o deficiencias en la atención médica brindada a la señora Nombre53732  , mismas que constituyeron la causa adecuada y eficiente para generar una parálisis cerebral severa de su hija Nombre39786. Las deficiencias en la prestación del servicio de salud que fundamentan las conclusiones contenidas en el dictamen pericial, son las siguientes: a)- La paciente presentó un cuadro franco de labor estacionada, manteniendo la misma dilatación y borramiento cervical por muchas horas, sin descenso de la presentación (en I plano), los cuales aunados a la presencia de ruptura prematura de membranas de tantas horas de evolución, deberían haber sido criterio suficiente para interrumpir el embarazo por vía alta (cesárea), la cual hubiera prevenido el desenlace negativo que tuvo la paciente al momento del expulsivo. b)- No se consigna valoración de ningún médico especialista de Gineco-Obstetricia incorporado, el manejo se dejó en manos de personal de menos experiencia, como lo son el médico residente y la enfermera obstétrica. c)- No se siguió un monitoreo cercano de la evolución de la paciente por parte del personal médico con autoridad para decidir vía de interrupción alta, produciéndose así las fatales consecuencias en el parto. d)- Según el expediente, el personal médico especializado no estaba disponible de inmediato en el momento más critico de la emergencia, siendo que la enfermera obstétrica tuvo que actuar sola, sin el apoyo del médico especialista incorporado. Concluye el dictamen pericial al considerar que la complicación final del prolapso del cordón umbilical (el cordón viene por delante de la cabeza del bebé) que sufrió la actora en el expulsivo, originó la hopoxia neonatal (falta de oxígeno) severa y consecuente parálisis cerebral infantil en la hija de la actora, siendo que en criterio de la perito, conforme a la mala evolución de la labor de parto, dicho accidente podría haberse evitado, realizando una cesárea a tiempo, muchas horas antes del fatal desenlace que generó graves consecuencias de salud a la niña. Contrario a lo argumentado por la apelante, en el caso tratado en autos si se ha demostrado la relación de causalidad entre las actuaciones u omisiones en la atención de la paciente y el daño causado a su hija, toda vez que conforme lo señala de manera clara y contundente el dictamen pericial rendido en autos, la parálisis cerebral que afecta a la niña Nombre53732   se originó la inadecuada atención de la paciente Nombre53732  . Lo anterior al no adoptar las medidas preventivas que el caso ameritaba en razón de un cuadro de estacionamiento de la labor de parto y a la presencia de ruptura de membranas por espacio de varias horas, lo que debió haber sustentado la interrupción del embarazo por vía alta (práctica de cesárea). En razón de lo dicho, y al no acreditar la demandada la existencia de alguna de las causales de rompimiento del nexo de causalidad (fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero), resulta procedente la imputación de responsabilidad civil determinada en sentencia, pues la inadecuada prestación del servicio tuvo una incidencia directa en el daño sufrido por la niña, que dejó como secuela permanente una parálisis cerebral severa. Las conclusiones contenidas en el dictamen pericial, no han sido desvirtuadas en el proceso por parte de la demandada, siendo que los argumentos contenidos en el

recurso de apelación, constituyen una mera reiteración de consideraciones esgrimidas durante el proceso y que no tienen a virtud de variar lo fallado.

Contrario a lo argumentado por el apelante, conforme al cuadro clínico que presentaba la actora, los testimonios rendidos en ésta sede por parte de los médicos Sandra Vargas y Alvaro Guasch, no resultan útiles y pertinentes útiles para desvirtuar la anormalidad en la prestación del servicio médico, según se procede a exponer: a)- Con relación al testimonio rendido por la doctora Sandra Vargas, se debe señalar en primera instancia que este debe ser analizado con reserva y conforme a la sana crítica, toda vez que dicha profesional ostenta la condición de  funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social y  además conforme lo señala la testigo Nombre39788  , madre de la actora (folios 133-134 del legajo de pruebas del actor), la doctora Vargas Legarza era quién estaba atendiendo a su hija y en su momento fue quién consideró que no era necesario practicar una cesárea a la paciente. Las argumentaciones de la testigo en el sentido de que la parálisis cerebral de la niña Nombre39786 , pudo haber tenido origen en una predisposición genética o bien en problemas generados durante el embarazo, en el parto o posterior al nacimiento, constituyen meras presunciones no amparadas a pruebas técnicas o científicas que las fundamenten, resultando por ende absurdas toda vez que  no existe ninguna prueba que acredite la existencia de una predisposición genética en la niña que hubiera ocasionado el grave daño a su salud. Además, conforme lo ha tenido por probado la Juzgadora de instancia (Hecho Probado No.4), según nota emitida por el Director del Centro de Salud de Santo Domingo de Heredia, la actora asistió a control prenatal, cuando cursaba 14 semanas de embarazo, finalizando cuando tenía 37 semanas, considerándose que el embarazo evolucionó en forma satisfactoria. Contrario a lo argumentado por la testigo y conforme lo acredita el dictamen pericial, el prolapso del cordón umbilical que generó la hipoxia neonatal que presentó la menor, se originó en deficiencias en el manejo del parto, al omitirse la adopción de medidas oportunas que conforme al cuadro clínico que presentaba la madre de la menor (estacionamiento de la labor de parto por varias horas y presencia de ruptura prematura de membranas), que debieron haber fundamentado la interrupción del embarazo, practicando una cesárea a la paciente.  En razón de lo dicho, carece de todo fundamento la argumentación del apelante en el sentido de que el testimonio de la doctora Vargas socaba la posición adoptada por la Juzgadora de instancia, toda vez que conforme a la prueba que consta en autos es claro que el padecimiento de la niña Nombre39786  se originó en una deficiencia en la atención que le brindaron  su madre en el Hospital México. En todo caso, la testigo ha señalado que su única intervención fue la valoración de la paciente en un momento determinado de su labor de parto (en horas de la noche sin recordar hora exacta), para determinar si existía o no una desproporción céfalo pélvica (si las dimensiones de la cabeza del bebé y la pelvis materna son adecuadas para que éste atraviese el canal de parto) y la valoración de un monitoreo fetal, según el cual en ese momento no había sufrimiento fetal. Asimismo, indicó la testigo que al momento del alumbramiento se encontraba operando, por lo que anotó lo que la enfermera le reportó sobre lo ocurrido en el momento del parto respecto de una presentación fúnica del cordón umbilical, pero ella no vio ni atendió a la bebé. Si conforme lo señaló la testigo de manera expresa, ella no vio ni atendió a la señora Nombre53732 , carece de fundamento y resulta contradictoria su argumentación en el sentido de que no se dieron las condiciones para hacer una cesárea, pues dicha profesional no contaba con elementos de juicio para realizar tal valoración. b)- Las argumentaciones contenidas en el testimonio rendido por el doctor Alvaro Guasch Conejo (folios226 a 229 del legajo de pruebas de la demandada), en el sentido de que de acuerdo con el cuadro clínico presentado, se abordó el alumbramiento según el protocolo de atención establecido para tales efectos, no resulta idóneo ni útil para desvirtuar las conclusiones del peritaje judicial. Lo anterior toda vez que dicho profesional, se limitó a señalar que en ese momento fungía como Jefe del Servicio de Obstetricia y en lo personal no le consta lo ocurrido en el parto, sino únicamente lo que consta en el expediente. Además, dicho testimonio debe ser analizado con reservas y conforme a los principios de la sana crítica racional en su condición de funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social y profesional que fungía como responsable de la Sección en la que fue atendida la paciente Nombre53732  , por lo que dicho testimonio no resulta idóneo para desvirtuar las conclusiones contenidas en el dictamen pericial. c)- Por otra parte, considera ésta Cámara que resulta atrevido y contrario a principios éticos de buena fe, las argumentaciones de la apoderada especial judicial de la demandada en el sentido de que la determinación de responsabilidad a la demandada, implicaría arribar al absurdo de que la CCSS es responsable administrativamente por los síndromes de parálisis cerebral profunda o demás afecciones de salud, que se susciten en sus instalaciones, siendo que conforme a la prueba pericial rendida en autos, es claro que la parálisis cerebral infantil que lamentablemente sufre la niña Nombre53732  , fue producida por la deficiente prestación de servicios médicos dada por el personal del Hospital México.

SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INDEXACIÓN Y DE INTERESES. Conforme al principio constitucional de reparación integral del daño, carecen de fundamento y deben ser rechazados los argumentos esgrimidos por la representante de la demandada en punto a considerar la improcedencia del reconocimiento de indexación y de intereses respecto de las sumas otorgadas en sentencia. En efecto, la indexación corresponde a una revaluación de la deuda en vista del deterioro causado por la inflación y la devaluación, mientras que los intereses proporcionan una compensación económica, ante la imposibilidad para el acreedor de aprovechar el dinero o sacar un beneficio de éste. En razón de lo dicho, no resulta contradictorio reconocer una indexación del capital debido y concomitantemente intereses sobre esa suma, los cuáles correrán a partir de la firmeza de la sentencia que así lo reconozca y hasta el efectivo pago. En la especie, la parte actora solicitó la indexación sobre las sumas reclamadas por daño material o físico causado a la niña Nombre39786   y sobre el daño moral reclamado a la fecha de interposición de la demanda (folio 84 del principal), y si bien dicha solicitud fue formulada en el acápite correspondiente a cuantía, en criterio de éste Tribunal esto constituye un aspecto de carácter formal que no puede implicar la imposibilidad de conceder dicha pretensión, pues aún cuando existe un yerro en la ubicación que le dio la parte actora a tal petición, la misma  consta en el escrito de deducción de demanda. En razón de lo dicho, carece de fundamento y debe ser rechazado el argumento de la representante de la demandada en el sentido de que en el caso tratado en autos, el reconocimiento de indexación y de intereses, constituye un doble reconocimiento del mismo factor. La posición que según la apelante sostiene el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Cosa Rica en el oficio CPCE-JD-153-2012 del 18 de junio del 2012, no constituye un criterio que resulte vinculante para éste Tribunal y, además, constituye una prueba que al no haber sido ofrecida en el Iter procesal, no forma parte del contradictorio y por ende no puede ser objeto de análisis en el presente proceso.

SOBRE LA INEXISTENCIA DE INCONGRUENCIA EN EL FALLO APELADO POR EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES. El Juez  debe resolver el conflicto de conformidad con los hechos descritos por las partes en su demanda y dentro del límite de pretensiones contenidas en la demanda. En caso de que exista una falta de relación entre lo fallado por el Juez  y lo pedido por las partes en el proceso, se produce un vicio en la sentencia por incongruencia y conduce a su nulidad. Según lo ha expuesto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada, la incongruencia consiste en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo. No porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate (mínima petita), se otorga más de lo rogado (ultrapetita), o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo solicitado al agregar extremos no peticionados (extra petita). Puede ocurrir además porque el fallo contiene disposiciones contradictorias. Dicho en otros términos, no hay incongruencia entre las consideraciones de la sentencia y lo resuelto en la parte dispositiva. De este modo, el juzgador ve limitadas sus facultades al cuadro fáctico aportado por las partes, así como a los pedimentos formulados oportunamente, sobre los cuales observa una restricción en cuanto a su deliberación y análisis, es decir, su área funcional está circunscrita a estos factores. De lo anterior se colige que los hechos y las pretensiones constituyen el marco inexorable dentro del cual debe resolver el caso, a la vez que le imponen los límites para su ejercicio jurisdiccional (en este sentido ver la sentencia No.00301 dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 13:15 horas del 26 de mayo del 2007). En la especie, a pesar de que la parte actora no solicitó de manera expresa en su demanda  el reconocimiento de intereses legales, es lo cierto que de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aunque la sentencia no lo dispusiere, la Administración vendrá obligada al pago de intereses por todo el tiempo de atraso en la ejecución. En razón de lo dicho, ante la existencia de una disposición legal expresa que habilita a la Juzgadora a otorgar este extremo, no evidencia éste Tribunal la existencia de un vicio de ultra petita, aún cuando la parte actora no hubiera solicitado de manera expresa este extremo.

SOBRE EL QUEBRANTO DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA Y DE REVICTIMIZACIÓN CONTRARIO A PRINCIPIOS DE DIGNIDAD HUMANA. De un análisis detallado de los autos, estima éste Tribunal que la estrategia de defensa que ha seguido los distintos representantes de la entidad demandada son contrarios a principios de buena fe y de dignidad humana, constituyendo una revictimización de la actora y su hija, que  han tenido que enfrentar las dolorosas secuelas de un daño irreparable en la condición física de la niña Nombre39786, que les acompañará de por vida, sino que además han tenido que enfrentar un proceso judicial que por su naturaleza implica tiempo considerable de trámite  lo cual ha contribuido en gran medida a acrecentar los graves daños y perjuicios que conforme se ha determinado en sentencia, son originados en un funcionamiento anormal de los servicios de salud.”