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Tribunal Contencioso Administrativo Sección I
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Documento judicial
“III. El de la Constitución Política establece como precepto constitucional la inviolabilidad de la propiedad privada. Exceptúa a dicho género proteccionista, la posibilidad de privar de la propiedad cuando exista "interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" Esta excepción, llámese salvedad constitucional, procura un ejercicio jurídico muy específico tendiente a enfrentar los conceptos de propiedad privada con el de interés público y, ello, por inferencia, genera una obligación absoluta de quien ejerce tal salvedad de obligarse a indemnizar justamente a quien vio desaparecido su derecho particular y privado, tal y como lo era precisamente hasta antes de la declaratoria de interés público. La solidez jurídica que estos postulados constitucionales tienen están dimensionados a nivel legal en el instituto expropiatorio, donde se hace descender aquella garantía constitucional a una practicidad propia del bloque de legalidad, precisando que con ocasión de la primacía del interés público por encima del principio de inviolabilidad de la propiedad privada debe haber "... el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado" (doctrina del artículo 1 in fine de la Ley número 7495). La pragmatización que infiere la expropiación radica en una serie de conceptualizaciones legales, en mucho de origen técnico y científico, que procuran acercar al juzgador a aquel precio justo. En punto a ello, la doctrina jurisprudencial de la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia así lo ha interpretado, cuando explica la expropiación: "Se puede definir como una técnica de conversión de derechos para mantener incólume el patrimonio del propietario: el valor del bien o derecho expropiado, y el daño es sustituido por su valor económico o monetario. Por ello la idea rectora de la expropiación la constituye el principio de dejar el patrimonio del expropiado en un estado igual al precedente a la privación, mediante una conversión, conmutación o sustitución de valores (valor de los bienes expropiados por un valor equivalente en dinero). La causa de la indemnización expropiatoria está en la necesidad de dejr el patrimonio del expropiado indemne, y no en la producción de un daño por conducta lícita, ya que la expropiación es una actividad administrativa deliberadamente orientada al despojo." (Voto Número 550 - F - 2007 de las 8:50 hrs. del 3 de Agosto de 2008). Pese a lo superado que está su contenido en la doctrina y la jurisprudencia, valga recordar que la utilidad pública tiene por objeto la realización del bien común , a modo de una necesidad material del bien a expropiar, en este caso por parte del Instituto actor como una manifestación de los intereses públicos, reflejado en la literalidad de los artículos 1 y el 30 de la Ley de la materia, en punto a aspirar a que la colectividad se beneficie con el cumplimiento de los fines que le asisten al Instituto promovente. En difusión, la expropiación implica que la globalidad de la masa social, necesita - requiere - del patrimonio de ese propietario particular, para satisfacer un núcleo de bien común de todo el espectro al que atiende aquella, para el caso particular manifestado en la obra pública de construcción de la Dirección4733 - .
Los agravios del señor representante estatal en cuanto a que no es dable el "desechar" la pericia administrativa ni el tercer informe pericial -en discordia-, no son de recibo, habida cuenta de que no hay norma expresa que aparte al juzgador del ejercicio intelectivo de convicción del precio más justo para la indemnización del bien expropiado, a la luz de la sana crítica racional (artículo 40, párrafo tercero de Ley 7495), precisamente, para establecer el justiprecio. Valga recordar que el Derecho Administrativo siempre se ha preocupado por los denominados conceptos jurídicos indeterminados, siendo uno de los más relevantes el del justiprecio. En general, la conceptualización técnica de los conceptos jurídicos indeterminados es pacífico entenderlos como aquellos conceptos inmersos en el Derecho que poseen núcleos o zonas de certeza, con indicaciones de algún modo ciertas, precisas, por un lado; y, halos conceptuales permeables y flexibles, por otra, cuya aplicabilidad la determina la adecuación a la realidad jurídica de aquellas zonas que sí pudieren ser ciertas, por ejemplo, cuando la tecnificación del concepto puede llenarse por sí misma con elementos que pueden sustentarse en reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, según la doctrina del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y cuyo control realiza precisamente un Tribunal como este, en punto a la conformidad con las reglas no jurídicas, "... como si ejerciera contralor de legalidad." Por ello es que en unas diligencias judiciales como las presentes, la fuerza intelectiva del juzgador debe ir encaminada a llenar jurídica y técnicamente el precio justo que se viene desde la Constitución Política y que desciende en las normas expropiatorias de aplicación, aclarándose definitivamente al agraviado que los peritajes son acercamientos técnicos y científicos a ese precio justo que todo proceso especial debe dictaminar y su posición probatoria y analítica, a la lupa del juzgador, resultan en una configuración de parámetro y de referenciación para lograr una máxima cercanía con la justicia del precio del despojo. Sí es preciso observar y apreciar las pericias, pero no no necesariamente deben tomarse las mismas como absolutas e indefectibles a la luz de la sentencia final, ya que las mismas constituyen un parámetro para concretizar y llenar, correctamente, el precio determinativo de lo expropiado. Específicamente, el cuerpo legal de la Ley 7495 permite llenar el concepto jurídico de precio justo, con reglas que apuntan directamente a conceptualizaciones con claras derivaciones y ejercicios de carácter técnico en la rama de la valuación que tienen un fin muy concreto, cual es, aproximar o dar "justo" en el monto de la indemnización que haga plausible la conservación íntegra del patrimonio económico del expropiado por vía de la conversión de su bien en contenido dinerario, a modo de una sustitución de un bien por otro, en un ejercicio lo más cercano al igual a igual (propiedad - precio - justo - ), tal y como claramente lo disponen los principios y sustancias de la temática, principalmente, cuando la misma norma antes mencionada (párrafo tercero del ordinal 40) faculta al juzgador a valorar el material probatorio en conjunto, incluida la experticia, por lo que el tema de la asignación del justo precio, al final, se vuelve total resorte del juzgador y no de los peritajes, en una suerte no dispuesta por el legislador de un direccionamiento -sin valoración judicial- de asignar de tres avalúos, dos que coincidan, por lo que es de rechazo este contenido de los agravios del Estado.”