Resolución 11246-2025

ASPECTOS PRELIMINARES: A) Se emite esta resolución según las formalidades establecidas en la Ley N° 9342, Código Procesal Civil (CPC), y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial (REJEPJ), aprobado por Corte Plena en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013. B) Según consta en el Sistema Escritorio Virtual, este proceso fue turnado al Tribunal Colegiado VI y a la jueza ponente el 8 de diciembre del 2025. C) El fallo se adopta por unanimidad, una vez realizada la respectiva deliberación, con la redacción de la resolución a cargo de la informante Fonseca Lobo, con el voto y opinión concurrente de las personas juzgadoras Aguilar Méndez y Fernández Brenes.

ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES: Estima el Tribunal que resulta adecuado, a efectos de una mejor comprensión del objeto de este asunto, explicar de manera sucinta lo ocurrido en la etapa de trámite de este litigio.

En fecha 11 de agosto del 2021, la actora formula la demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social, pretendiendo lo que se trascribe de forma literal: “[…]

Se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social a indemnizar a la actora por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE COLONES ¢150.000.000,00 por el daño sufrido en su integridad física. Ello, conjuntamente con los intereses legales computados a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su cancelación efectiva. /

Se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social a indemnizar a la actora por la suma de CIEN MILLONES DE COLONES ¢100.000.000,00 por el daño psíquico sufrido. Ello, conjuntamente con los intereses legales computados a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su cancelación efectiva. /

Se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social a indemnizar a la actora por la suma de CINCUENTA MILLONES DE COLONES ¢50.000.000,00 por el daño moral subjetivo perpetrado. Ello, conjuntamente con los intereses legales computados a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su cancelación efectiva. /

Se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas personales y procesales derivadas de la presente acción, conjuntamente con los intereses legales sobre estas sumas, a partir de la firmeza de este fallo y hasta su cancelación efectiva […]” (la mayúscula es del original). El escrito de demanda fue autenticado por el abogado Carlos Humberto Rojas Venegas, carné  profesional 10940 y firmado por la actora. En este escrito se señalaron los siguientes medios para atender notificaciones: el correo electrónico chrojasvc@hotmail.com y el fax 22523473  (imágenes 2-24 del expediente judicial).

Conferido el traslado de ley, la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL contestó la demanda, formuló la excepción de falta de derecho y solicitó declarar sin lugar en todos sus extremos esta demanda, y que se condene al pago de ambas costas a la parte actora (imágenes 141-146 del expediente judicial).

En fecha 21 de febrero del 2022, la señora CONNY DANIELA SOLÓRZANO AGUILAR otorgó poder especial judicial al licenciado CARLOS HUMBERTO ROJAS VENEGAS, con carné 10940 (imagen 676 del expediente judicial).

La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) fue celebrada el 22 de febrero del 2022, con la presencia de todas las partes involucradas. Se fijaron las pretensiones en los términos expuestos en el apartado primero de los antecedentes procesales relevantes este fallo, y definida la admisión de los elementos de convicción, se ordenó remitir a la actora al Departamento de Medicatura Forense del Poder Judicial (imágenes 684-691 del expediente judicial).

En fecha 28 de julio del 2022 se incorporó al expediente judicial el dictamen médico legal 2022-0004932, gestión que fue ampliada mediante el dictamen médico legal 2022-0008475 del 29 de noviembre de 2022, el cual fue recurrido por el licenciado Carlos Rojas Venegas, actuando en condición de personero de la parte actora y originó el dictamen médico legal 2023-0000192 del 1 de junio del 2023, emitido por el Consejo Médico Forense (imágenes 702-703, 717-720, 724-729, 741-746 del expediente judicial).

Por auto de las 23 horas 22 minutos del 9 de octubre de 2023 se dispuso trasladar el proceso a la Sección de Juicio correspondiente (imagen 746 del expediente judicial).

En escrito fechado del 27 de mayo del 2022, pero incorporado al escritorio virtual en fecha 15 de noviembre del 2023, la parte actora y el licenciado CARLOS HUMBERTO ROJAS VENEGAS, presentaron un documento rubricado por ambos en el que se consigna literalmente lo siguiente: “[…] Los suscritos Conny Daniela Solórzano Aguilar y Carlos H. Rojas Venegas, de calidades y condiciones en autos conocidos(sic), nos apersonamos a hacer de conocimiento de este honorable Tribunal, de la separación del proceso del Licenciado Carlos Humberto Rojas Venegas. / Es.(sic) Todo, Ruego(sic) resolver conforme, San José 27 de mayo del 2022 […]” (lo resaltado no es del original) (imagen 749 del expediente judicial).

Por auto de las 13 horas 39 minutos del 20 de noviembre de 2023, el juez tramitador dispuso lo siguiente: “[…] Se toma nota de la separación del licenciado Carlos Humberto Rojas Venegas como representante de la actora CONNY DANIELA SOLÓRZANO AGUILAR. De igual manera, se le previene a la parte actora que deberá apersonar una nueva persona profesional en derecho, a fin de que defienda sus intereses en este proceso en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES. Sin más demora, pásense los autos a la sección de juicio correspondiente […]” (imagen 750 del expediente judicial).

En resolución de las 15 horas 30 minutos del 29 de abril del 2024, esta Cámara hizo el señalamiento de juicio en este proceso, a realizarse los días 11 y 12 de noviembre 2024; no obstante, la misma se suspendió a raíz de la licencia por fallecimiento de un familiar del personero de la Caja Costarricense de Seguro social, por lo que fue reprogramada para los días 15 y 16 de diciembre del 2025, según se ordenó en el auto de las 15 horas 20 minutos del 18 de noviembre del 2024 (imágenes 754-762, 787-788, 794 del expediente judicial).

Por auto de las 14 horas 36 minutos del 8 de octubre del 2024 esta Cámara reiteró a la parte actora la necesidad de designar a una nueva persona profesional en derecho que asumiera el patrocinio letrado en este proceso y de ser el caso, que actualizará el medio para atender notificaciones, sin que al día de hoy conste cumplimiento de lo indicado (imagen 767 del expediente judicial).

En resolución de las 15 horas 1 minuto del 21 de noviembre del 2025 , se previno al licenciado CARLOS HUMBERTO ROJAS VENEGAS, que informara dentro del plazo de tres días hábiles “[…] si comunicó o informó a la señora CONNY DANIELA SOLÓRZANO AGUILAR, la necesidad imperante de apersonará al proceso a un profesional en derecho que continúe con su defensa. De haber sido así, DENTRO DEL MISMO PLAZO deberá hacer llegar a los autos documentación idónea que acredite la comunicación realizada a la señora SOLÓRZANO AGUILAR con respecto a la prevención antes citada.

En caso de que no se hubiere realizado la comunicación, se le ordena al licenciado ROJAS VENEGAS, informar a la señora SOLÓRZANO AGUILAR, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, sobre la necesidad de designar a una nueva persona profesional en derecho que asuma el patrocinio letrado en este proceso y, de ser el caso, actualizar el medio para atender notificaciones; apercibida de que, en caso de omisión, no se atenderán futuras gestiones y, transcurrido el plazo de ley, podrá decretarse la caducidad de la causa con las implicaciones legales que ello conlleva; así como, aportar a los autos la documentación que evidencie la efectiva comunicación de su parte […]” (la mayúscula y el resaltado es del original) (imágenes 806-807, del expediente judicial).

Por escrito del 2 de diciembre del 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social, solicitó que se declare la caducidad y se condene en costas a la parte actora (imágenes 810-811 del expediente judicial).

Todas las notificaciones y comunicaciones que se han hecho en este proceso a la parte actora han sido al correo electrónico electrónico chrojasvc@hotmail.com (Ver detalle en el Escritorio Virtual).

SOBRE LAS NULIDADES PROCESALES: En relación con el tema de las nulidades procesales, el Código Procesal Contencioso Administrativo fue omiso en desarrollar un acápite propio, de modo que ante el principio de autointegración del ordenamiento jurídico administrativo, conforme al artículo 220 ibídem, en relación con el ordinal 9 y 13 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), primero debemos remitirnos a las regulaciones de carácter ius-administrativas, disponiendo en ese sentido el numeral 223 LGAP lo siguiente: “[…] Artículo 223.-

Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. /

Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión […]” (el resaltado no es del original). Ahora bien, esta disposición debe ser leída acorde con las modificaciones que en el campo procesal ha conllevado también, la entrada en vigencia e implementación del Código Procesal Civil, Ley N° 9342 de 03 de febrero de 2016, en la que la determinación de las nulidades procesales a nivel jurisdiccional se centra ahora en la tutela del derecho de defensa y debido proceso, mediante la supresión de aquellas conductas procesales que resulten en indefensión, sea producto de una infracción activa o pasiva del ordenamiento jurídico, es decir, por la disconformidad con la norma o por la omisión de su aplicación. Dice la versión vigente del Código Procesal Civil: “[…] Artículo

Procedencia e improcedencia de la nulidad. 32.1 Procedencia. La nulidad de los actos procesales solo se decretará cuando se cause indefensión […]” (el resaltado no es del original). Se está ante visión instrumental de las nulidades procesales, esto es, en tanto se constituyen en un medio o instrumento de garantía frente a la violación de los derechos fundamentales de orden procesal, pueden verse ya en la sentencia de la Sala Constitucional n° 1739-92 de las 11:45 horas de 01 de julio de 1992, cuando respecto al principio pro sententia en el marco del derecho a una sentencia justa, estableció que: “[…] Según éste, todas las normas procesales existen y deben interpretarse para facilitar la administración de la justicia y no como obstáculos para alcanzarla; lo cual obliga a considerar los requisitos procesales, especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible todo aquello que conduzca a la decisión de las cuestiones de fondo en sentencia; además, las infracciones procesales sólo deben dar lugar a nulidades relativas y, por ende, siempre subsanables, mientras no produzcan indefensión[…]” (el resaltado no es del original). Consecuente con esta concepción instrumental de las nulidades respecto de la indefensión, el actual Código Procesal Civil establece en el artículo 33.1 que: “[…] La nulidad de los actos defectuosos podrá declararse de oficio en cualquier estado del proceso […] ” (el resaltado no es del original). Esta potestad de la persona Juzgadora ya no se explica entonces, como una suerte de control de legalidad de las formas procesales, sino como parte de un rol de garante del debido proceso, de tal manera que el Tribunal no puede quedar impasible ante la indefensión, precisamente, como lo estipula el artículo 5 ibídem: “[…] Artículo

Potestades del tribunal. El tribunal tendrá las siguientes potestades: /

Asegurar la igualdad a las partes respetando el debido proceso […]” (el resaltado no es del original), aunque esto signifique contrariar el principio de preclusión procesal.

SITUACIONES PROCESALES QUE AFECTAN EL DERECHO DE DEFENSA DE LA PARTE ACTORA: Realizado un análisis exhaustivo de lo sucedido en autos, este Tribunal comprueba una grave violación del derecho de quien figura como actora en este proceso, sea la señora Conny Daniela Solórzano Aguilar, en el contexto del trámite y dirección jurídica del proceso contencioso administrativo por ella interpuesto. En concreto, nos referimos a la renuncia admitida al licenciado CARLOS HUMBERTO ROJAS VENEGAS. Tal y como se observa imagen 749 del expediente judicial, si bien es cierto que el escrito de renuncia está firmado tanto por la actora como por el licenciado Rojas Venegas, el mismo es omiso en señalar si le fue advertido a la señora Solórzano Aguilar, la necesidad imperante que tenía de nombrar a un profesional en derecho que se encargara de su defensa. Pese a tal omisión, el juez tramitador a cargo de este proceso tomó por válida la renuncia, tal y como se lee en resolución de las 13 horas 39 minutos del 20 de noviembre de 2023; y si bien realizó la prevención referente a que se apersonara un nuevo profesional en derecho, la misma fue efectuada sin ningún tipo de apercibimiento, pues sin más trámite remitió los autos a la etapa de juicio. Lo anteriormente descrito se torna más gravoso si se considera que existe lo que parece ser una inconsistencia con la fecha en que la renuncia fue realizada, pues como se observa en la imagen 749, el escrito de renuncia fue fechado el 27 de mayo del 2022; sin embargo, fue incorporado al escritorio virtual hasta el día 20 de noviembre del 2023. Esta confusa circunstancia genera una grave incerteza en el Tribunal decisor, toda vez que impide analizar si es que efectivamente la renuncia se dio desde el 27 de mayo del 2022 y, en consecuencia, si todo lo actuado desde esa fecha por el licenciado Rojas Venegas es válido; o si, por el contrario, la fecha consignada en el escrito de renuncia del abogado responde a algún tipo de error material. Nótese además que con la presentación del escrito de la separación del proceso del abogado Carlos Rojas Venegas, no fue indicado un nuevo medio para atender notificaciones de la actora, con lo cual todas las subsiguientes actuaciones han sido comunicadas al medio señalado en el escrito de interposición de la acción, que son el correo electrónico chrojasvc@hotmail.com y el fax 22523473; y no obstante ello, a pesar de las múltiples resoluciones que ha realizado este Despacho al abogado Rojas Venegas, no se ha pronunciado de ninguna forma, ni siquiera la última prevención que se le hizo dirigida a su persona, en resolución de las 15 horas 1 minuto del 21 de noviembre de 2025, en el que se le solicitó informar si comunicó o informó a la señora Solórzano Aguilar, la necesidad imperante de apersonar al proceso a un profesional en derecho que continuara con su defensa; y, de haber sido así, que hiciera llegar a los autos la documentación idónea que acreditara la comunicación realizada a la señora Solórzano Aguilar respecto de la prevención antes citada -ver imágenes 806 a 807 del expediente judicial digital-. Asimismo, y en aras de procurar sostener el equilibrio procesal, se ordenó que, en caso de que no se hubiere realizado tal comunicación, procediera a informar a la actora sobre la necesidad de apersonar un nuevo abogado; sin embargo, tales esfuerzos no han logrado culminar de manera exitosa, puesto que, no existe ningún tipo de comunicación por parte del licenciado Rojas Venegas, o bien el apersonamiento de un nuevo profesional en derecho. Por ello, y siendo que para los días 15 y 16 de diciembre del presente año, se tiene programado la audiencia complementaria, sin que a la fecha la parte actora cuente con un profesional en derecho que vele por sus intereses, en criterio de este Tribunal, se infringen gravemente los componentes esenciales de las garantías del debido proceso, de defensa, y de la tutela judicial efectiva; garantías básicas que han sido reconocida extensamente por la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, se considera que las actuaciones antes descritas suponen una seria vulneración al derecho de defensa y, por cuanto se ha provocado un estado de indefensión que debe ser subsanado, mediante la adopción, a manera de medida de saneamiento, de la siguiente disposición: se ordena anular la resolución de las 13 horas 39 minutos del 20 de noviembre de 2023, así como los demás actos y actuaciones procesales subsecuentes hasta la fecha actual, incluyendo la reprogramación del juicio para los días 15 y 16 de diciembre del 2026, mediante auto de las 15 horas 20 minutos del 18 de noviembre del 2024. En consecuencia, se remiten los autos a la persona juzgadora de trámite que resulte competente para conocer de este asunto, a fin de que disponga las medidas correctivas y de saneamiento que, según sus competencias funcionales, resulten de mérito para garantizar el derecho de defensa, contradictorio y debido proceso de las partes en esta causa. Por la forma en la que se resuelve se omite pronunciamiento respecto a la gestión de caducidad presentada por la parte demandada. Se deja sin efecto el señalamiento a audiencia complementaria prevista para los días 15 y 16 de diciembre del año en curso.