Resolución 09048-2025

Que conforme el escrito de demanda y lo determinado durante la celebración de la audiencia preliminar, se pretende que en sentencia se declare en contra de las partes aquí codemandadas, lo siguiente: "I. Que la resolución N° 28-2019 y la resolución N° 73-19, ambas del CETAC (sic), son actos absolutamente nulos; /

Que la única parte que incumplió gravemente con el contrato para el "mejoramiento del aeródromo de Quepos La Managua" fue la Administración, debido a sus retrasos en expropiaciones y demás aspectos que incidieron negativamente en el cronograma de las obras; así como por no haber obtenido nunca viabilidad ambiental para el proyecto. /

Que la empresa actora debe ser indemnizada por los siguientes extremos:

Se calculan un total de costos incrementales de los costos fijos del 4 de mayo del 2018 al 15 de octubre del 2018 en la suma de ¢91.126.749,45 (noventa y un millón, ciento veintiséis mil setecientos cuarenta y nueve con cuarenta y cinco céntimos) (sic) que se consideran son los gastos fijos incurridos por el contratista y no recuperados los cuales corresponden al exceso de lo planeado y presupuestado en la oferta, a raíz de los incumplimientos reiterados por la Administración que afectaron de manera significativa los costos de la empresa.

Se determina un total de costos que se establece por concepto de costos incrementales de los costos administrativos del 04 de mayo del 2018 al 15 de octubre del 2018 en la suma de ¢388.629.680,°° (trescientos ochenta y ocho millones, seiscientos veintinueve mil seiscientos ochenta sin céntimos;

Se establece que los costos financieros por retrasos en la obtención de las utilidades la suma de ¢22.110.963,20 (veintidós millones, ciento diez mil novecientos sesenta y tres con veinte céntimos);

Se determina que la utilidad no percibida por las circunstancias mencionadas en este informe ascienden a la suma de ¢258.736.648,13 (doscientos cincuenta y ocho millones setecientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho con 13 céntimos);

Se establece que los rubros que el consorcio canceló y no fueron pagados por la Administración del Proyecto ascienden a la suma de ¢758.968.073,92 (setecientos cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y ocho mil setenta y tres con noventa y dos céntimos);

Se calcula en ¢106.451.884,37 (ciento seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro con 37 céntimos) correspondiente a la indexación de los puntos 1, 2, 3 y 4;

Se reclama adicionalmente el pago de toda estimación presentada a cobro y no cancelada por la Administración;

Daño moral objetivo, pérdida del chance comercial, lucro cesante y afectaciones conexas sufridas por la empresa, que se calculan en la suma de 22.413.771.501,°° (veintidós mil cuatrocientos trece millones setecientos setenta y un mil quinientos un colones exactos) según el estudio que también se adjunta como prueba.

Finalmente, se reclama la devolución del total ejecutado de nuestra garantía de cumplimiento, que debe sernos reintegrado junto con todos los gastos financieros que añadió la entidad emisora del seguro. /

Que el actor Eladio Araya Mena en lo personal, debe ser indemnizado por el daño moral subjetivo que se estima en treinta millones de colones; /

Que ambas costas de esta acción deben imponerse a las administraciones demandadas". Durante la audiencia preliminar se dijo sobre el extremo indemnizatorio relacionado con los costos financieros, que esto se reservaba para la fase de ejecución de sentencia.-

Que habiendo sido conferida audiencia a la representación del CETAC, su representación se pronunció en oposición a la demanda, en los términos del escrito presentado a estrados judiciales el día 28 de julio del 2020. En su defensa opuso a título de excepciones, las de falta de derecho, falta de legitimación activa en lo que demandó la empresa actora, y la de caducidad. Se solicitó además que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene los demandantes al pago de ambas costas.-

Que habiendo sido conferida audiencia a la representación del Estado, su representación se pronunció en oposición a la demanda, y en su defensa opuso a título de excepciones, las de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa en relación al codemandante Eladio Araya Mena, falta de legitimación pasiva y caducidad, ésta última de la que se desistió durante la celebración de la audiencia preliminar. Solicitó que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene a los demandantes al pago de ambas costas con sus intereses.-

Que la audiencia preliminar fue celebrada con la participación de ambas partes el día 13 de abril del 2021.-

Que la audiencia de complementaria de juicio oral y público fue celebrada el día 05 de septiembre del 2022, misma en la que, mediando acuerdo entre las partes, se dispuso a requerimiento de la representación de la parte actora, conceder un plazo de tres días hábiles rindiesen sus alegatos de conclusiones, términos a partir del cual habrá de ser computado el plazo para el dictado de la sentencia.-

Que al presente asunto se dispuso darle trámite que corresponde a asuntos muy complejos en los términos del artículo 111, inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo.-

Que esta Cámara dictó la sentencia identificada con el N° 97-2022-IV de las 11:00 hrs. del 30 de septiembre del 2022, en los términos de la cual se dispuso lo siguiente: "Se admite como prueba para mejor proveer exclusivamente la aportada por la representación de la parte actora que obra a imágenes que van de la 448 a la 459 del expediente judicial, constituida por la resolución dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo con el N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 y la que obra a las imágenes que van de la 502 a la 504 del expediente judicial, constituida por la resolución dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo con el N° 962-2022-TAA de las 13:40 hrs. del 27 de julio del 2022, la restante prueba ofrecida por la representación del CETAC se rechaza. En lo que el Consejo Técnico de Aviación interpuso excepciones, se rechaza la de caducidad de la acción y la de falta de legitimación activa en lo que demandó la empresa actora. En lo que el Estado interpuso la excepción de falta de legitimación en la causa activa en lo que demandó el señor Eladio Araya Mena, se acoge la misma y en consecuencia, se declara la demanda sin lugar en todos sus extremos. De oficio se declara que media falta de legitimación en la causa activa en lo que el señor Eladio Araya Mena demandó el CETAC y en consecuencia, se declara la demanda sin lugar en todos sus extremos. En relación a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Estado, se acoge parcialmente exclusivamente en lo que toca a los extremos de la demanda de corte indemnizatorio. En lo que ambas partes demandadas interpusieron la excepción de falta de derecho, se acoge la misma de modo parcial, debiéndose entender rechazada en todo lo no expresamente concedido. Se declara la nulidad parcial la demanda (sic) y en consecuencia, se anula parcialmente el acuerdo del Consejo Técnico de Aviación Civil adoptado en el artículo 05 de su sesión ordinaria N° 08-2019, celebrada el día 30 de enero del 2019 y se anula parcialmente su resolución identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, exclusivamente en lo que toca al punto b de su parte dispositiva. Como efecto reflejo o accesorio, se declara la nulidad parcial en lo conducente, del acuerdo adoptado por el CETAC en su sesión ordinaria N° 22-2019 celebrada el día 20 de marzo del 2019, y de la resolución dictada por este mismo órgano administrativo identificada con el N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019, en lo que en este tanto, se confirmó la resolución anterior. Se condena al Consejo Técnico de Aviación Civil a devolver a la empresa aquí accionante la suma dineraria de veinticinco millones, doscientos seis mil treinta y cuatro colones con cuarenta céntimos, suma sobre la que deberá esta parte demandada reconocer su actualización o indexación, para lo que se deberá tomar como parámetro el índice de precios al consumidor emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para las obligaciones en colones, misma que habrá de computarse a partir del momento en que dicha suma fue efectivamente cobrada por la Administración activa demandada y hasta su efectiva devolución a esta empresa actora, ejercicio éste último que se reserva para la fase de ejecución de sentencia. Se dicta el presente fallo sin especial condenatoria en costas".-

Que recurrida la sentencia por la representación de la parte actora mediante la interposición del recurso de casación, en los términos del Voto identificado con el N° 000139-F-S1-1027 dictado al ser las 11:26 hrs. del 30 de enero del 2025, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se dispuso lo siguiente: "Se declara con lugar el recurso formulado. Se anula lo resuelto en el fallo impugnado, se remite el expediente al Tribunal de procedencia para que resuelva como en derecho corresponda".-

Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, dentro del plazo legal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.-

Redacta el Juez Córdoba Ramírez y se dicta el presente fallo por unanimidad.-

Sobre la prueba para mejor resolver. Por escrito de fecha 17 de febrero del 2022 (imagen 460, en relación con las que van de la 448 a la 459, todas del expediente judicial) la representación de las partes actoras solicitó la admisión de prueba documental para mejor resolver, siendo esta la documental identificada como el texto de la resolución dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo N° 158-22-TAA el ser las 10:50 hrs. del 014 de enero del 2022 dentro del trámite del expediente administrativo llevado ante tal dependencia administrativa identificado con el N° 226-18-01-TAA. Además, cual fue verificado durante la celebración de la audiencia de juicio oral y público celebrada dentro de la presente causa, la representación de las partes actoras también aporto, solicitando que sea admitida como prueba de la misma naturaleza, el texto de la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo identificada con el N° 962-2022-TAA de las 13:40 hrs. del 27 de julio del 2022 (imágenes que van de la 502 a la 504 del expediente judicial). Finalmente, durante la celebración de la audiencia de juicio oral y público celebrada dentro de la presente causa, la representación del CETAC aportó como prueba de esta misma clase, publicaciones de medios de comunicación nacional, que obran de imágenes que van de la 505 a la 508 del expediente judicial, que versan sobre circunstancias sufridas por la empresa actora en torno a proyectos diversos al que nos ocupa, así como a una inhabilitación impuesta por el Consejo Nacional de Vialidad en su contra, esto en el marco de la materia de contratación administrativa. En cuanto a la prueba para mejor resolver de corte documental, de obligada aplicación deviene lo dispuesto en el artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Siendo ello así, mientras se encontró vigente el anterior texto del artículo 331 del Código Procesal Civil previo la entrada en vigencia de la Ley 9342 del 03 de febrero del 2016, esta Cámara recurrió por la vía de integración al mismo, esto en observancia de lo dispuesto en el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Hoy, el actualmente vigente texto del Código Procesal Civil no contempla dicha previsión, no obstante lo cual, debe aclararse que sin perjuicio de lo dispuesto sobre la prueba para mejor proveer en los artículos 154, inciso 1) en relación con el 148 (en segunda instancia de casación) y 164 inciso 1) para la fase de ejecución de sentencia, y el artículo 50 ya mencionado, que sería el aplicable cuando se trate de prueba extemporánea de corte documental, el tratamiento que debe darse a este tipo de probanzas habrá aquel que conforme ha sido jurisprudencia lineal de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha sido delineado y por virtud del cual, se ha estimado que la admisión o no de este tipo de probanzas es facultativo para la autoridad judicial, así como y que, su rechazo no produce la indefensión. Entre otras sentencias, se transcribe en lo que interesa el texto de número 547-F-2002 de las 06:00 hrs. del 12 de julio de 2002, que indica: “(…)

Múltiples precedentes de esta Sala, refiriéndose a la prueba para mejor resolver, han señalado que esta es prueba del juez, y no de las partes. En consecuencia, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna. Ergo, la omisión de pronunciamiento a su respecto, precisamente porque ha sido rebasada la etapa probatoria, en la cual deben las partes demostrar los hechos constitutivos de su derecho, según lo imponen las normas sobre la carga de la prueba y precluida aquella etapa, será facultad exclusiva del juzgador, determinar si deben allegarse a los autos nuevas probanzas necesarias para la correcta decisión del litigio. Pueden consultarse, entre muchas otras las siguientes resoluciones; 59 de las 15:20 horas del 31 de mayo de 1996, 23 de las 14:20 horas del 4 de marzo de 1992, 34 de las 10:45 horas del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993. (…)”. Dicho esto, estima este Tribunal que por la forma en que habrá de ser fallada la presente causa, se admite como prueba para mejor proveer exclusivamente la aportada por la representación de la parte actora que obra a imágenes que van de la 448 a la 459 del expediente judicial constituida por la resolución dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo con el N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 y la que obra a las imágenes que van de la 502 a la 504 del expediente judicial, constituida por la resolución dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo con el N° 962-2022-TAA de las 13:40 hrs. del 27 de julio del 2022, la restante prueba ofrecida por la representación del CETAC se rechaza.-

Sobre las alegaciones formuladas por la empresa actora. En soporte argumentativo de su acción, la empresa actora indicó en los términos de su escrito de demanda, que: "HECHOS:

El 22 de marzo de 2017, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), promovió la licitación Pública 2017LN-000003-0006600001, denominada “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua”.

El 14 de julio de 2017, en sesión número 49-2017, el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), adjudicó dicha contratación al “Consorcio La Managua”, integrado por GRUPO OROSI S.A. (3-101-316814); TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A. (3-101-114168); y AJIP INGENIERÍA LIMITADA (3-102-34188), con un presupuesto total de 5,315,039,680.30 (cinco mil trescientos quince millones treinta y nueve mil seiscientos ochenta colones con treinta céntimos).

El 29 de agosto del 2017, en sesión 62-2017, CETAC, aprobó la Adenda 1, del contrato de dicha licitación. El detalle de todas las obras que incluía la negociación, consta en los documentos de formalización contractual.

En el contrato que se suscribió, las partes acordaron que: “El Contratista dará fiel cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos por la Administración del contrato en la viabilidad ambiental otorgada para el desarrollo de la obra, acatando las recomendaciones ambientales ahí emitidas”.

El Consejo Técnico de Aviación, desde el comienzo de la ejecución del contrato, siempre exigió al Consorcio contratista que tuviese un regente ambiental, de la lista de profesionales acreditados para tales efectos ante SETENA, al frente del proyecto.

La Administración también exigía contar con un Director Técnico, inscrito ante el CFIA, así como registrar el respectivo cuaderno bitácora de obra.

El 1 de diciembre del 2017, el Consorcio reportó a la Administración el incumplimiento de parte de CETAC, de no tener aprobado el contrato 308464, por lo cual no se pudo registrar Director Técnico, ni obtención de bitácora CFIA.

Fue hasta el 4 de diciembre del 2017, mediante Orden de Servicio No. 01, que el Consorcio La Managua recibió Orden de Inicio correspondiente a las obras de la pista de aterrizaje, pudiendo trabajar únicamente en 3 de las 5 propiedades necesarias para el total de las obras, a falta de expropiaciones pendientes.

Las expropiaciones, que, lógicamente, corrían a cargo de la Administración, nunca estuvieron listas para las fechas previstas originalmente. Ello ocasionó que el Consorcio nunca pudiese avanzar con el ritmo previsto desde un inicio.

Hubo múltiples órdenes giradas por la Administración, todas las que constan en el expediente administrativo del concurso, que también incidieron de manera negativa en el avance de las obras.

El 5 de diciembre del 2017, apenas un día después de recibir la orden de inicio, el Consorcio contratista presentó su reporte topográfico a la Administración y solicitó su aprobación.

El 15 de diciembre del 2017, el Consorcio reportó a la Administración, que en los trabajos de perfilamiento se encontraron tramos sin los espesores de asfalto que habían sido asumidos en los diseños originales.

El mismo 15 de diciembre del 2017, el Consorcio solicitó a la Administración la aprobación de equipos de ayudas visuales.

El 22 de diciembre del 2017, se emitió la primera estimación de avance del proyecto, por un monto de 259.221.739,54. El Consorcio presentó a cobro la factura N° 00023631, la cual fue cancelada sin problema.

El 5 de enero del 2018, considerando que tenía ya 33 días sin acceso a las propiedades faltantes de expropiación, el Consorcio solicitó a la Administración la ubicación de una planta de concreto externa.

El 19 de enero del 2018, el Inspector de la Administración consideró que el proyecto “había sido dividido”, dado que no se contaba con la totalidad de terrenos necesarios para su completo desarrollo, por lo que solicitó al Consorcio contratista que enviara un nuevo programa, separando las actividades.

El 22 de enero del 2018, la Administración indicó que, en vista de que no se contaba con los terrenos faltantes de expropiación, autorizaba el uso de una planta de concreto externa. Para ese momento, ya se había generado un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato, pues no sólo se “dividió” un proyecto que se había concebido como una única unidad, sino que seguía sin tenerse certeza de la fecha en que se procedería con la adquisición de los terrenos faltantes para ejecutar las obras.

El mismo 22 de enero del 2018, mediante orden de servicio 02, la Administración suspendió los ítems 1002, 1004, 1005, 1007 y 4002.

El 29 de enero del 2018, cuarenta días después de que el Consorcio sometiera la petición respectiva (pues el Consorcio lo había hecho el 20 de diciembre de 2017), la Administración aprobó la base granular.

El 2 de febrero del 2018, la Administración, mediante orden de servicio 03, también suspendió los ítems 1001 y 4002.

El 2 de febrero del 2018, se emitió la estimación número 2, por un monto de 228.641.669,80. El Consorcio presentó la factura N° 00025329, la cual se canceló, luego de varias aclaraciones, el 10 de abril de 2018.

El 21 de febrero del 2018, la Administración mediante orden de servicio 04, redujo el espesor de base estabilizada, una vez que quedó evidenciado y reportado, lo que el Consorcio había indicado sobre las diferencias entre la topografía tomada en sitio y los diseños.

El 23 de febrero del 2018, la Administración mediante orden de servicio 05, dejó constancia que, debido a expropiaciones pendientes, se habían suspendido las obras y por esta “OS 5”, daba por reiniciada las obras únicamente para la base estabilizada y las tareas subsiguientes de la estructura del pavimento de la pista activa (parcialmente en terrenos entregados), ya que los trabajos no podían ser ejecutados en su totalidad.

El 3 de abril del 2018, el Consorcio contratista solicitó a la Administración licitante información sobre la posible fecha de entrega de los terrenos en proceso de expropiación; lo anterior, para la adecuada planificación de la porción de ejecución del contrato que se mantenía suspendida.

El 10 de abril del 2018, la Administración señaló que la orden de reinicio de TODOS los ítems del proyecto sería para el día 19 mayo del 2018. Sin embargo, tomando en cuenta que el plazo de ejecución del contrato se había pactado en ciento cincuenta días, en realidad, el proyecto debería haber finalizado el 2 de mayo de 2018. Es decir, la Administración proyectó el “reinicio” para una fecha en que el proyecto ya debería haber terminado.

Para esa misma fecha, es decir, para el 10 de abril de 2018, la Administración apenas había pagado dos estimaciones, que no alcanzaban ni siquiera quinientos millones de colones (es decir, ni siquiera un diez por ciento del total del proyecto).

El 19 de mayo del 2018, por orden de servicio 06, la Administración finalmente emitió la orden de inicio para la ejecución total del proyecto. Para esa fecha, ya estaba totalmente roto el equilibrio financiero del contrato; lo anterior, pues el Consorcio contratista tenía ya más de seis meses de estar soportando costos por la totalidad del proyecto, sólo había podido cobrar menos de un diez por ciento en avances y había tenido que sufrir no sólo los retrasos en las expropiaciones, sino, también, cambios en los diseños.

Pese a lo recién indicado, el Consorcio continuó con sus esfuerzos para poder ejecutar el contrato. Así, el 29 de mayo del 2018, el Consorcio solicitó por escrito a la Administración que entregara toda la información topográfica, con la intención de dar cumplimiento al nuevo programa actualizado.

El 7 de junio del 2018, la Administración respondió a la solicitud de información y reportó que la ubicación topográfica del edificio de la terminal, se había hecho con 4 balizas, y que la elevación era 1 m del nivel del terreno.

El 18 de junio del 2018, en reunión en la sede central de Aviación Civil, se reportó el cambio del señor Víctor Monge por el señor Allen Vargas.

El 19 de junio de 2018, en registro de bitácora, se consignó la prohibición de parte de la Administración de colar la losa de concreto.

El 26 de junio del 2018, la Administración citó a una reunión en oficinas centrales, donde participaron no sólo las partes del contrato, sino otros sujetos como los encargados de verificación de calidad. En dicha reunión, la Administración adelantó su intención de resolver el contrato; además, se convocó a otra reunión para el 3 de julio de 2018 en el sitio del proyecto.

El 2 de julio del 2018, se hizo constar en la bitácora de obra el anuncio de la Administración, en el sentido de advertir que no participaría en la reunión fijada para el día siguiente, argumentando diversas razones entre las que destacaban el supuesto incumplimiento del Consorcio contratista en cuanto a la designación tanto del Director Técnico como del Regente Ambiental del proyecto. Luego, efectivamente, el 3 de julio del 2018 se celebró la reunión en el sitio del proyecto, con la única ausencia de la Administración.

El 10 de julio del 2018, el Consorcio solicitó y recordó a la Administración, diferencias en los planos, reconocimiento del Geotextil, definición tubería que pasa por pista, solución a descarga de pluviales tanto en pista como a descarga en propiedades privadas, definición de elevaciones en zonas del terminal, requiriendo planos que indicaran coordenadas y estas elevaciones, aclaraciones a detalles de los gaviones, definición de corte de árboles, así como reconocimiento de otras obras, como el corte de más de doscientas palmas adicionales.

El 11 de julio del 2018, la Administración emitió una respuesta en donde rechazaba sistemática las peticiones del Consorcio, y al mismo tiempo, le exigía otra información de regreso. Para ese momento, la Administración basaba su rechazo de toda gestión del Consorcio en el supuesto incumplimiento de la Dirección Técnica y la Regencia Ambiental.

El 20 de julio del 2018, continuando con sus intentos por completar la ejecución del proyecto, el Consorcio registró ante la Administración el ingreso de una planta de concreto propia. Para esa fecha, el Consorcio contratista ya no recibía pago alguno de la Administración.

El 20 de julio del 2018, el Consorcio es notificado por la Administración de manera oficial, en cuanto a que intención era promover la resolución contractual.

El 30 de julio del 2018, el Consorcio solicitó a la Administración que se ajustara al debido proceso en cuanto a la resolución contractual, pidiendo, además, una reunión de alto nivel para regularizar la continuidad de las obras.

El 30 de julio del 2018, sin existir ningún procedimiento abierto y mucho menos ninguna medida cautelar dictada, la Administración licitante indicó al Consorcio que no podía ejecutar ninguna obra. Ello, supuestamente, porque el proyecto carecía de Director Técnico.

Encontrándonos ya en fase de ejecución contractual, la empresa que represento, como integrante del Consorcio contratista, se enteró de que el Consejo Técnico de Aviación Civil no había obtenido ninguna viabilidad ambiental emitida por SETENA, para la ejecución del proyecto.

Mi representada, tan pronto tuvo conocimiento de la ausencia de viabilidad ambiental, mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2018, advirtió a la Administración no sólo que debía cumplir con dicho trámite, sino que la ejecución de las obras debía suspenderse.

La Administración respondió mediante oficio número DGAC-DA-IA-OF-0629-2018, en el que externó su pretendida excusa para no haber tramitado la viabilidad ambiental, debido a que, supuestamente, según su criterio, estábamos ante simples trabajos de “reparación y mantenimiento”.

Luego, mediante oficio de fecha 5 de setiembre de 2018, salvamos nuestra responsabilidad y advertimos a la Administración licitante que su posición era inaceptable, que no la compartíamos y que insistíamos en que las obras debían suspenderse hasta que se obtuviera la viabilidad ambiental.

Hasta donde el suscrito conocer, en el Tribunal Ambiental Administrativo se tramita una investigación, Expediente No. 226-18-01-TAA, dirigida en contra del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en su condición de Presidente del CETAC, por haber iniciado las obras objeto de esta demanda sin contar con viabilidad ambiental de SETENA.

El 15 de octubre del 2018; era la nueva fecha de finalización de la ejecución de todas las obras, según cronograma acordado por las partes, que pasó de 150 a 315 días debido a los retrasos de la Administración. De todas formas, la Administración no permitió al Consorcio que terminara el proyecto, continuando su rechazo de cualquier trabajo que se hiciera y de cualquier estimación puesta al cobro.

Con posterioridad a la correspondencia cursada sobre la ausencia de viabilidad ambiental, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2018, el Consejo Técnico de Aviación Civil acordó la apertura de un procedimiento administrativo en contra del Consorcio La Managua, para la resolución del contrato y el cobro de los presuntos daños y perjuicios. Ese procedimiento sólo se notificó a la empresa que represento, y nunca a las otras integrantes del consorcio.

Mediante resolución No. 28-2019 de 17:30 horas del 30 de enero de 2019, notificada el 7 de febrero de 2019, el Consejo Técnico de Aviación Civil acordó: “Resolver unilateralmente el contrato de la licitación pública 2017LN-000003- 0006600001, “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua”. Cobrar al Consorcio La Managua, del que mi representada forma parte, la suma de veinticinco millones doscientos seis mil treinta y cuatro colones con cuarenta céntimos, por concepto de daños y perjuicios supuestamente causados con lo que consideró un incumplimiento contractual. Aplicar la sanción de apercibimiento”.

Al igual que el resto de los actos del procedimiento, la resolución No. 28-2019 sólo fue notificada a mi representada, y no a los otros miembros del Consorcio La Managua.

Mi representada planteó recurso de reposición contra la resolución No. 28-2019. Entre otras cosas, en esa ocasión, adujimos lo siguiente: a) Falta de motivación en cuanto a los hechos tenidos por ciertos: En la resolución que se recurre, este órgano colegiado indicó lo siguiente: “Que al efecto de dictar la presente resolución, se tiene por ciertos los hechos a que se refieren los antecedentes por constar así en el expediente del órgano director y en el expediente de la licitación pública…”. No obstante, se echa de menos cualquier motivación por parte de este Consejo, que permita entender por qué le pareció válido el razonamiento del órgano director. Es decir, no basta con remitir de manera lacónica al “expediente del órgano director” y al “expediente de la licitación”, sino que era una obligación ineludible de este órgano colegiado, en su carácter de órgano decisor, explicar por qué tuvo por probados todos esos antecedentes. El deber de motivar los actos -en especial, los actos finales- es un componente básico del debido proceso, cuyo irrespeto hace nugatorio el ejercicio del derecho de defensa (…) b) Falta de motivación en cuanto a la ausencia de viabilidad ambiental del proyecto: Igualmente, se echa de menos el menor razonamiento por parte de este Consejo Técnico, en cuanto al alegato de defensa que siempre hemos planteado, en el sentido que el proyecto del aeródromo carecía de viabilidad ambiental. Nuevamente, con la respectiva responsabilidad personal de cada uno de sus integrantes, es imprescindible que este Consejo declare si tiene por probado o por no probado, que la administración contratante cumplió con el trámite de evaluación ambiental ante SETENA. Nuestra tesis, planteada por escrito a la administración mucho tiempo antes del inicio del procedimiento de resolución contractual, es que no hubo evaluación de impacto ambiental y que ello era un incumplimiento gravísimo imputable a la administración. De hecho, en forma expresa, solicitamos suspender la ejecución del proyecto hasta tanto la administración no subsanara el vicio que representaba (y continúa representando) la ausencia de evaluación ambiental. La respuesta que recibimos de la administración (oficio DGAC-DA-IA-OF-0629- 2018), fue que, supuestamente, estábamos sólo ante obras de “reparación y mantenimiento” del aeródromo. Por supuesto que nunca compartimos tal respuesta, y así lo hicimos ver también por escrito. Toda esa correspondencia consta en el expediente administrativo respectivo, razón por la cual se confirma que era imprescindible que este Consejo brindara su motivación expresa en cuanto a cuáles hechos tenía por demostrados y cuáles no. Es inadmisible que este órgano colegiado evada adoptar una posición en cuanto a la viabilidad ambiental del proyecto; y ello confirma la nulidad absoluta de la resolución aquí recurrida. Debe el Consejo Técnico, obligatoriamente, asumir la responsabilidad de determinar si tiene como un hecho probado o no probado, la existencia de evaluación de impacto ambiental.

Mediante resolución No. 73-2019 de 19:40 horas del 20 de marzo de 2019, el Consejo Técnico de Aviación Civil rechazó nuestro recurso de reposición, confirmó la resolución No. 28-2019 y dio por agotada la vía administrativa. Entre otras consideraciones, la Administración señaló lo siguiente:" (Se agregó imagen de parte del texto del acto respectivo, visible a imagen 10 del expediente judicial). Continuando, siempre en relación a los hechos esbozados en el escrito de demanda, se dijo que: "51. La empresa que represento, es una empresa familiar reconocida en el ámbito de construcción, cuya situación financiera se vio afectada de manera más que grosera por estos hechos. Soy accionista y su presidente. Mi hijo mayor ocupaba el puesto de Gerente General, que dejó luego de estos lamentables sucesos.

A título personal, he enfrentado una importante afectación anímica, a mi buen nombre y el de mi familia, derivada de la manera en que la Administración se condujo dentro de este contrato y sus manifestaciones hechas a medios de comunicación nacionales; desde entonces, he requerido continua atención profesional para poder enfrentar toda esta situación.

La afectación no fue sólo anímica para el suscrito, sino que, desde la perspectiva de la empresa que represento, también se generó un daño moral objetivo por su exposición negativa en medios de comunicación.

Bancos con los que mi representada tenía aprobadas líneas de crédito para capital de trabajo y sus necesidades cotidianas, con motivo de las publicaciones en diversos medios nacionales, vieron supuestamente amenazados sus intereses y optaron por dejar de brindarnos créditos nuevos y cancelar las líneas que existían. Esto, entre otras consecuencias, generó que mi representada perdiera el chance de seguir participando en distintas licitaciones y procedimientos de contratación pública en general, pues a partir de entonces carecimos de garantías de participación y/o cumplimiento, capital de trabajo y flujo de efectivo.

No sólo no se pudo participar en nuevos concursos, sino que dentro de aquellos contratos que ya estaban en ejecución, y en los que mi representada tenía intereses, empezaron a enfrentar problemas serios debido a nuestra falta de liquidez.

En síntesis, hubo una afectación severa de la imagen tanto de mi representada como del suscrito en lo personal, contracción y prácticamente desaparición de nuestras operaciones y una serie de consecuencias negativas cuya cuantificación se presentará más adelante". Luego y en el plano de la fundamentación de la demanda (artículo 58, inciso 1. apartado c. del Código Procesal Contencioso Administrativo) la empresa actora reprochó en soporte argumentativo de su acción lo siguiente, no sin antes haber identificado lo que sigue, como comprensivo del apartado del escrito de demanda identificado como "derecho": "DERECHO. Nuestra teoría de caso se resume en que la única parte que incumplió el contrato, fue la propia Administración. Por ello, no había nunca motivo para resolverlo con cargo al Consorcio contratista, para ejecutar nuestra garantía de cumplimiento ni para afectar al suscrito, en lo personal, por todo el sufrimiento que he soportado desde entonces. Existen, entonces, múltiples vicios en la resolución No. 28-2019, que se replicaron con posterioridad en la resolución No. 73-2019; y que exponemos de la siguiente manera:

Sobre el elenco de hechos probados y no probados de la Res. 28-2019. Tal y como se advirtió en la vía administrativa, existen varios vicios de nulidad absoluta en relación con el elenco de hechos probados y no probados del acto administrativo que declaró resuelto el contrato. Toda vez que la Administración no corrigió su conducta en esa sede, nos vemos en la obligación de reiterarlos en la vía judicial: a) Falta de motivación en cuanto a los hechos tenidos por ciertos: Al declarar la resolución contractual a nuestro cargo, la Administración indicó lo siguiente: “Que al efecto de dictar la presente resolución, se tiene por ciertos los hechos a que se refieren los antecedentes por constar así en el expediente del órgano director y en el expediente de la licitación pública …”. Como se advirtió en su momento, se echa de menos cualquier motivación por parte del CETAC, que permita entender por qué le pareció válido el razonamiento del órgano director. Es decir, no basta con remitir de manera lacónica al “expediente del órgano director” y al “expediente de la licitación”, sino que era una obligación ineludible de ese órgano colegiado, en su carácter de órgano decisor, explicar por qué tuvo por probados todos esos antecedentes. El deber de motivar los actos -en especial, los actos finales- es un componente básico del debido proceso, cuyo irrespeto hace nugatorio el ejercicio del derecho de defensa. Al respecto, hace ya muchos años, en una línea de jurisprudencia que se ha mantenido invariable y que, por supuesto, tiene carácter vinculante erga omnes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: “IV.- Sobre la motivación del acto administrativo.- Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente: “En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos”. (Sentencia No. 07924-99, citada en la No. 2003-7390). Claramente, en la resolución cuya nulidad se pide declarar en este juicio, el CETAC incumplió con su deber de motivar por qué “hizo suyos” los antecedentes del órgano director. No se conocen las razones que tuvo ese órgano colegiado para coincidir con el órgano director, lo cual, se reitera, nos impidió ejercer a plenitud el derecho de defensa. Sobre el particular, en otro antecedente de interés, la Sala Constitucional señaló: “tal como se desprende del elenco de hechos probados la Gerencia General del Banco Popular y de Desarrollo Comunal mediante oficio GG-413-2003 del siete de abril de dos mil tres, comunicó al amparado que fue acogida la recomendación emitida por la Junta de Relaciones Laborales y en consecuencia se le imponía una sanción de suspensión de sus funciones sin goce de salario por dos días. No obstante lo anterior y a pesar de que se le indicó al recurrente sobre la posibilidad de interponer recursos de revocatoria o reconsideración dentro del plazo de dos meses y se le envió una copia de ambas recomendaciones, no observa esta Sala que el amparado fuera informado por la Gerencia General de las razones por las cuales se acogía el criterio de la Junta de Relaciones Laborales y no el del órgano director, pues se limitó únicamente a indicar que sería acogida la recomendación de la primera. Estima esta Sala que lo anterior, colocó al amparado en estado de indefensión pues desconocía los motivos por los cuales se acogió la recomendación de la Junta de Relaciones Laborales” (Sentencia No. 2003-11688). En el caso que nos ocupa, la resolución dictada se aparta de tales exigencias básicas. El órgano decisor era el CETAC, de modo que tenía que ser en su seno donde se expresara por qué se tuvo por probado un determinado hecho, o bien, por qué -con un mínimo de razonamiento- se coincidía con el análisis del órgano que instruyó el procedimiento. Esa falta de motivación basta para declarar la nulidad absoluta de la resolución dictada. b) Falta de motivación sobre la ausencia de viabilidad ambiental del proyecto: Igualmente, se echa de menos el menor razonamiento por parte del CETAC, en cuanto al alegato de defensa que siempre hemos planteado, en el sentido que el proyecto del aeródromo carecía de viabilidad ambiental. Era imprescindible que el CETAC declarara si tenía por probado o por no probado, que la administración contratante cumplió con el trámite de evaluación ambiental ante SETENA. Nuestra tesis, planteada por escrito a la Administración mucho tiempo antes del inicio del procedimiento de resolución contractual, es que no hubo evaluación de impacto ambiental y que ello era un incumplimiento gravísimo imputable a la Administración. De hecho, en forma expresa, solicitamos suspender la ejecución del proyecto hasta tanto el CETAC no subsanara el vicio que representaba (y continúa representando) la ausencia de evaluación ambiental. La respuesta que recibimos de la administración (oficio DGAC-DA-IA-OF-0629-2018), fue que, supuestamente, estábamos sólo ante obras de “reparación y mantenimiento” del aeródromo. Por supuesto que nunca compartimos tal respuesta, y así lo hicimos ver también por escrito. Por lo demás, como se verá luego, esa posición de la Administración contradice su tesis de achacarnos un incumplimiento en la Dirección Técnica y también en la Regencia Ambiental, pues obras que “reparación y mantenimiento”, según la normativa del CFIA y de SETENA, respectivamente, no requieren ni uno ni otro profesional a cargo. Toda la correspondencia sobre este tema consta en el expediente administrativo respectivo, razón por la cual se confirma que era imprescindible que el CETAC brindara su motivación expresa en cuanto a cuáles hechos tenía por demostrados y cuáles no. Es inadmisible que dicho órgano colegiado evadiera adoptar una posición en cuanto a la viabilidad ambiental del proyecto; y ello confirma la nulidad absoluta de la resolución sometida a juicio. Debía el Consejo Técnico, obligatoriamente, asumir la responsabilidad de determinar si tenía como un hecho probado o no probado, la existencia de evaluación de impacto ambiental. Nada de ello se corrigió, tampoco, al dictarse la resolución No. 73-2019, tal y como ruego apreciar desde ya al Tribunal Contencioso.

Inexistencia e insuficiencia de nuestros supuestos incumplimientos. Siguiendo el mismo orden del acto final en el que se declaró resuelto el contrato a nuestro cargo, se impone manifestar lo siguiente:

Cuotas obrero-patronales de la CCSS: No hay motivación adecuada para entender que este incumplimiento haya sido de una gravedad tal, como para declarar la resolución contractual. En el expediente administrativo consta la frecuente correspondencia que mantenía mi representada con la Administración, haciendo constar que se habían realizado los pagos respectivos a la CCSS. Si bien es cierto, hubo dificultades de flujo de efectivo durante la ejecución de las obras, ello sólo se debió al desequilibrio financiero que ocasionó la propia Administración. Además, también hay múltiple correspondencia en el sentido de que, por tardanzas sólo imputables a la Administración, cuando se revisaba la documentación entregada, ya se había cumplido un nuevo período puesto al cobro por la CCSS, y ello generaba que, al realizar la consulta, supuestamente, mi representada apareciese como patrono moroso. No hay mayor análisis en la resolución sobre dicha correspondencia, ni sobre los períodos y/o las fechas en que se realizaban las consultas, lo cual viene a confirmar la nulidad absoluta del acto impugnado. De todas maneras, se insiste, si hubo problemas de fujo de efectivo para pagar la seguridad social, ello sólo se debió a los incumplimientos por parte de la Administración, a los que nos referiremos luego. Por último, conforme al mejor espíritu de eficiencia en la contratación pública, lo cual generó incluso ya una reforma legal en tal sentido, cuando un contratista está moroso con la CCSS no hay por qué resolver el contrato, sino que, simplemente, la Administración contratante debe girar los montos respectivos a la CCSS de manera directa, y luego, girar el sobrante al contratista. De esa manera, se evitan situaciones tan absurdas como la que nos ocupa.

Inscripción del director técnico del proyecto: Al resolver, el CETAC hizo referencia al Decreto Ejecutivo No. 18636, así como al reglamento del CFIA para la contratación de servicios consultoría en ingeniería y arquitectura. Ello es contradictorio con la supuesta “justificación” para la ausencia de viabilidad ambiental, cuando la Administración sostuvo que el proyecto sólo era de “reparación y mantenimiento” del aeródromo. Es decir, si el alcance de las obras era de “reparación y mantenimiento”, entonces no habría necesidad de contar con director técnico. Ello confirma nuestra tesis de defensa relativa a la ausencia de viabilidad ambiental, como incumplimiento gravísimo imputable a la administración contratante. De nuevo: si la administración sostiene que no era necesaria la viabilidad ambiental porque sólo se trataba de obras de “reparación y mantenimiento”, ¿por qué la falta de inscripción de un director técnico sería entonces un incumplimiento grave? Además, se sigue echando de menos un análisis detenido en la actuación del CETAC, sobre la distribución de responsabilidades o la culpa concurrente entre la administración y la contratista, por el retraso inicial en la inscripción de la dirección técnica.

Presencia del regente ambiental en el proyecto: Nuevamente, la Administración licitante sólo se caracterizó por evadir nuestro principal alegato de defensa: si no había viabilidad ambiental, ¿por qué tenía que haber un regente ambiental en el proyecto? No se trata de que mi representada haya incumplido con su deber de verificación. Más bien, fue en cumplimiento de dicho deber que, en forma expresa y por escrito, presentamos el memorial que fue respondido en oficio DGAC-DA-IA-OF-0629-2018. Así que la administración está procediendo, dicho sea con todo respeto, de mala fe y en violación del principio del estoppel; lo anterior, pues, en un primer momento, cuando justamente invocamos nuestro deber de verificación, se nos respondió que las obras no requerían viabilidad ambiental, y luego, cuando la Administración decidió resolver el contrato, se nos indica que supuestamente incumplimos con aquel deber. En realidad, la única parte que incumplió fue la administración. Por supuesto que aceptamos el cartel en su momento, recordando que al cartel se entienden incorporadas todas las normas vigentes en el ordenamiento nacional. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, en forma literal, dispone que: Artículo

Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Como salta a la vista, dicha norma no diferencia entre proyectos de obra públicos o privados, por lo que la ejecución de las obras que nos fueron contratadas debió haber superado tal evaluación ambiental. En esa misma línea, el artículo 59 de la Ley de Contratación Administrativa establece que: Estudio de impacto ambiental. El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra. Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse. Asimismo, darán participación en los procedimientos a las entidades competentes en la materia. Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la República, en sus opiniones jurídicas números OJ-098-2014 y OJ-178-2014, ha señalado que: El proyecto de construcción de obra pública por sí mismo es de alto impacto. Es por ello que el artículo 59 de la Ley de Contratación Administrativa sienta como principio que el “inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra”. Dicha disposición Obliga a incluir en los proyectos “las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse”. Reiteramos que, por supuesto, en su oportunidad, aceptamos el pliego de condiciones. Lo que sucede es que, revisado el cartel que dio lugar a nuestra contratación, la obligación de gestionar y obtener la respectiva viabilidad ambiental, sólo corría a cargo de la Administración licitante. De buena fe, cuando recibimos orden de inicio y cuando se nos exigió contar con regencia ambiental, entendimos que ese deber de su parte efectivamente se había cumplido. No obstante, tan pronto nos enteramos de que ello no fue así, se reitera una vez más, invocando en forma expresa y cumpliendo con nuestro deber de verificación, fue que lo advertimos por escrito. Sin embargo, pese a que lo advertimos, la administración nunca cumplió con el trámite ante SETENA y, peor aún, declaró resuelto el contrato con supuesta responsabilidad a nuestro cargo. Atentamente, debe señalarse que la inverosímil tesis de la administración, en el sentido de que las obras eran sólo de “mantenimiento y reparación”, jamás puede sostenerse ahora en la vía judicial. En particular, porque si esa tesis se sostiene, no hay sentido entonces que se nos impute la ausencia de profesionales que ese tipo de obras no requieren. En suma, el gravísimo incumplimiento de la administración al no haber tramitado la viabilidad ambiental no puede seguir siendo evadido. Tanto es así, que el Tribunal Ambiental Administrativo actualmente conduce una investigación derivada de esa omisión.

La base estabilizada. El acto final que dictó el CETAC admite que, tal y como se expuso en la audiencia oral del procedimiento, los trabajos ejecutados por nuestro consorcio fueron útiles y provechosos. Luego, la resolución administrativa refiere a un convenio y a obras posteriores que habrían sido ejecutadas, pero sin que exista ninguna prueba en el expediente y sin que el traslado de cargos las abarcara. Nótese, entonces, que, si frente a nuestro alegato de defensa se iba a acudir a otros documentos para sustentar los cargos en nuestra contra, debió habérsenos brindado audiencia y también debió haberse ampliado el traslado original. Ello es una grosera violación del debido proceso, que confirma la nulidad absoluta de la conducta administrativa traída a juicio. También es una violación al debido proceso, que el CETAC nunca tuvo como partes del procedimiento al resto de integrantes del Consorcio contratista.

Visitas del director técnico. Para no abundar innecesariamente, basta decir que la posición de la administración sigue siendo contradictoria. Las visitas del director técnico que se echan de menos, no son propias de obras de “mantenimiento y reparación”. No podía mi representada seguir ejecutando un proyecto de obra pública que carecía de viabilidad ambiental, y por eso así lo indicamos por escrito hace ya mucho tiempo, cuando solicitamos suspender su ejecución hasta que no se supliera dicho requisito todavía faltante a esta fecha. Nótese la absoluta contradicción en la que incurre la Administración: cuando se trata de “justificar” su incumplimiento relativo a la ausencia de viabilidad ambiental, el CETAC sostiene que estábamos ante obras de “mantenimiento y reparación”; pero luego, al mismo tiempo, nos reprocha supuestos incumplimientos en la periodicidad de las visitas del Director Técnico de proyecto, las cuales NO son exigibles para trabajos menores de mantenimiento y reparación. Más bien, podemos afirmar que cualquier obra que se siga ejecutando incumple con la normativa ambiental vigente, y que cualquier profesional que participe de la dirección técnica está incurriendo en responsabilidad personal, al no haber viabilidad tramitada nunca ante SETENA.

Visitas del ingeniero residente. Reiteramos una vez más lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental.

Construcción de losa de concreto. No tenemos más remedio que insistir en lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. La Administración, se reitera con todo respeto, no puede continuar evadiendo que la administración giró orden de inicio sin contar con viabilidad ambiental, y que mi representada lo advirtió en forma expresa y solicitó suspender el proyecto. Peor aún, cuando la Administración se negó no sólo a aceptar los cambios de profesionales que propusimos, sino, también a reconocer obras que ejecutábamos y hasta a participar en reuniones en el sitio del proyecto.

Solicitud de información en reunión de pre-construcción. La única parte que incumplió gravemente con sus obligaciones, fue la administración. Antes de girar orden de inicio, debió haber tramitado la viabilidad ambiental; o bien, debió habernos informado en esa reunión, de su tesis respecto de que estábamos supuestamente ante una mera “reparación” o “mantenimiento” del aeródromo. Así que no puede sancionársenos con base en un presunto incumplimiento, mucho menor, claramente, que el imputable a la administración.

Cronograma ofertado originalmente, atrasos y nuevo cronograma. Hubo retrasos en expropiaciones, además de otras afectaciones derivadas de discordancias entre la realidad y los diseños originales con base en los que se proyectó la oferta y recibimos orden de inicio. De nuevo, estamos ante un incumplimiento de la Administración y no de nuestro Consorcio. Aún peor, se trata de un incumplimiento que rompió la ecuación financiera del contrato. Nótese que no sólo hubo retrasos, sino que la Administración suspendió la ejecución de buena parte del proyecto, con motivo de que ni siquiera se tenían a disposición los terrenos a expropiar. Así las cosas, para la fecha en que el proyecto ya debía estar terminado, ni siquiera habíamos recibido la orden de reiniciar con esa gran parte de trabajos suspendidos. Nuestro Consorcio, en suma, tuvo que asumir todos los costos para prever la ejecución total del proyecto (maquinaria, salarios, cargas sociales, viáticos, cargas financieras), mientras que para el momento en que ya debíamos haberlo terminado, no se había facturado ni siquiera el diez por ciento del total del contrato. Por eso fue que rompió el equilibrio del negocio, y por eso hubo problemas con flujos de efectivo, al ser imposible sostener durante prácticamente el doble del tiempo previsto este proyecto. La afectación que sufrimos fue tan grande, que genera las enormes consecuencias patrimoniales que detallaremos luego.

Maquinaria a utilizar en el proyecto. Para no abundar innecesariamente, se reitera lo manifestado en la audiencia oral del procedimiento, en el entendido que nuestros alegatos fueron desechados sin la motivación que exige la Ley General de la Administración Pública. Además, agregamos sólo en gracia de discusión, de existir, no estaríamos ante un incumplimiento de naturaleza tal como para motivar la resolución contractual. Lo que ocurrió es que la Administración pretendía una máquina distinta de la que se tenía en sitio, pero siempre hubo maquinaria.

Autocontrol de calidad. Reiteramos una vez más lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. Por ello, en la audiencia oral del procedimiento resultaba innecesario añadir nada sobre el particular. Con todo respeto, se debe insistir en que el CETAC parece haber simplemente evadido la grave realidad de que estábamos ante un proyecto sin viabilidad ambiental, suspendido además por retrasos en las expropiaciones. El incumplimiento que realmente incidió en que se frustrara el proyecto, entonces, siempre fue de la Administración y nunca nuestro.

Bitácora de muestreo. Reiteramos una vez más lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. Por ello, en la audiencia oral del procedimiento resultaba innecesario añadir nada sobre el particular. Con todo respeto, se debe insistir en que el CETAC parece haber simplemente evadido la grave realidad de que estábamos ante un proyecto sin viabilidad ambiental, y que nuestra empresa lo advirtió por escrito en su oportunidad.

Colocación de material bajo lluvia. Reiteramos una vez más lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. Por ello, en la audiencia oral del procedimiento resultaba innecesario añadir nada sobre el particular. Con todo respeto, se debe insistir en que el CETAC parece haber simplemente evadido la grave realidad de que estábamos ante un proyecto sin viabilidad ambiental, y que nuestra empresa lo advirtió por escrito en su oportunidad. De todas maneras, luego de que entramos en una discusión sobre este tema, la Administración siempre advirtió que no aceptaría obras debido a la supuesta ausencia de Director Técnico, incurriendo en una clara contradicción pues supuestamente sólo estábamos ante obras “menores” (justificación que tuvo que buscar la Administración ante su incumplimiento de obtener la viabilidad ambiental).

Sobre los daños y perjuicios cobrados por la administración. En resumen, como el incumplimiento grave y que realmente frustró la ejecución del contrato, fue la ausencia de viabilidad ambiental y los retrasos por las expropiaciones a cargo de la Administración, los daños y perjuicios que nos fueron cobrados, independientemente de que no están debidamente acreditados, nunca debieron trasladársenos. Exactamente lo mismo sucede con la sanción de apercibimiento, que tampoco puede sernos impuesta puesto que el incumplimiento grave sólo es atribuible a la administración contratante.

Detalle de la indemnización que se reclama. No sólo se reclama la nulidad de las resoluciones dictadas por el CETAC, sino, también, la indemnización de los daños y perjuicios que nos causó la Administración con sus incumplimientos contractuales. a) El detalle que se reclama, para la empresa actora, es el siguiente:

Se calculan un total de Costos incrementales de los Costos Fijos del 4 de Mayo del 2018 al 15 de Octubre de 2018, en la suma de 91.126,749.45 (Noventa y un millón, ciento veintiséis mil setecientos cuarenta y nueve con 45 céntimos ) que se consideran son los gastos fijos incurridos por el contratista y no recuperados los cuales corresponden al exceso de lo planeado y presupuestado en la oferta, a raíz de los incumplimientos reiterados por la Administración que afectaron de manera significativa los costos de la empresa.

Se determina un total de costos que se establece por concepto de Costos incrementales de los Costos Administrativos del del 4 de Mayo del 2018 al 15 de Octubre del 2018, en la suma de 388.629,780.00. (Trescientos ochenta y ocho millones, seiscientos veintinueve mil setecientos ochenta sin céntimos).

Se establece que los costos financieros por retrasos en la obtención de la Utilidad es la suma de 22.110,963.20 (veintidós millones, ciento diez mil novecientos sesenta y tres con 20 céntimos).

Se determina que la utilidad no percibida por las circunstancias mencionadas en este informe ascienden a la suma de 258.736,648.13 (doscientos cincuenta y ocho millones setecientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho con 13 céntimos).

Se establece que los rubros que el Consorcio canceló y no fueron pagados por la Administración del Proyecto ascienden a la suma de 758.968,073.92 (setecientos cincuenta y ocho millones, novecientos sesenta y ocho mil setenta y tres, con 92 céntimos).

Se calcula en 106.451.884.37 (ciento seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro con 37 céntimos). correspondiente a la indexación de los puntos 1, 2, 3, y 4.

Se reclama adicionalmente el pago de toda estimación presentada a cobro y no cancelada por la Administración.

Daño moral objetivo, pérdida del chance comercial, lucro cesante y afectaciones conexas sufridas por la empresa, que se calculan en la suma de 22.413.771.501,00 (veintidós mil cuatrocientos trece millones setecientos setenta y un mil quinientos un colones exactos), según el estudio que también se adjunta como prueba.

Finalmente, se reclama la devolución del total ejecutado de nuestra garantía de cumplimiento, que debe sernos reintegrado junto con todos los gastos financieros que añadió la entidad emisora del seguro. El detalle del origen, la cuantía y en qué consiste cada uno de los extremos reclamados consta en sendos estudios elaborados por profesionales independientes, los cuales se portan como prueba documental, dejando igualmente ofrecida la declaración de dichos profesionales para la etapa de juicio. b) Para el actor Araya Mena, en lo personal, se reclama el pago de daño moral subjetivo, que se estima en la suma de treinta millones de colones, por la afectación anónima que ha sufrido a raíz de toda esta situación. e acuerdo con la jurisprudencia nacional, la fijación del daño moral subjetivo del suscrito se deja al prudente arbitrio del Tribunal". (El resaltado y subrayado es suplido).-

Sobre las alegaciones formuladas por la representación del CETAC. En oposición a la demanda, la representación del CETAC alegó por el fondo -con independencia de la forma extensa en que se hizo referencia a los hechos- que: a) sobre la falta de motivación de los hechos tenidos por ciertos. Que : "... el elenco de hechos referidos en los antecedentes de la resolución, constan en el expediente administrativo de licitación, así como en el expediente del órgano director consta la documentación, la cual fue consignada con toda precisión, claridad y asepsia del relato de la verdad de lo acaecido", y que la documentación pudo ser consultada por el recurrente en todo momento, por lo que no existe vicio alguno en este tanto. b) Sobre la falta de motivación sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Que en el cartel de la licitación, en su apartado 18 sobre la d ambiental se señalaron todos los requerimientos que se exigieron en esta materia a los oferentes, así: “18. VIABILIDAD AMBIENTAL. La Dirección General de Aviación Civil obtuvo el aval de la Viabilidad Ambiental del proyecto ante la Municipalidad de Quepos, amparado en las resoluciones, Nº 583-2008-SETENA y Nº2653-2008-SETENA de previo a la Orden de Inicio. Todos los informes de regencia ambiental deben ser aprobados por el Área de Infraestructura Aeronáutica. Este profesional dará fe de dicho cumplimiento mediante al menos una visita quincenal Durante el desarrollo del proyecto o cuando la Administración del contrato del contrato lo considere pertinente, además dará un fiel cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Administración del contrato del contrato en materia ambiental. El contratista debe presentar en la reunión pre-construcción posterior a la firmeza del acto de adjudicación, los siguientes documentos. Una declaración jurada de compromisos ambientales (original y copia), elaborada y firmada por el consultor ambiental propuesto en su Oferta, en la que el CONTRATISTA del proyecto asume el compromiso de cumplir con todas las medidas y compromiso ante la Municipalidad de Quepos de la legislación ambiental y conexa vigente para la ejecución del Proyecto. Se debe presentar oficialmente la designación el responsable ambiental del proyecto, que podrá ser el mismo Responsable de la obra, en el tanto cumpla los requisitos. Con el fin de realizar una adecuada gestión ambiental del proyecto se utilizará la bitácora oficial del CFIA (la misma del proyecto), a tramitar por el Contratista, para notaciones en relación con las inspecciones ambientales. El Contratista dará fiel cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos por la Administración del contrato en la viabilidad ambiental otorgada para el desarrollo de a obra, acatando las recomendaciones ambientales ahí emitidas. En caso de que la Municipalidad o SETENA soliciten informes de regencia ambiental, estos deben ser apostados (sic) por el Contratista”. De ahí afirmó la representación del CTAC que el contratista conocía de estas obligaciones derivadas de la viabilidad ambiental, y que el consorcio en consecuencia, presentó declaraciones juradas del compromiso correspondiente y un informe de requisitos para la protección del ambiente, todo sin hacer la observación que ahora se alega, llamando la atención el hecho de que el consorcio efectuase una consulta sobre viabilidad ambiental en agosto del 2018, cuando ya había presentado un informe sobre viabilidad ambiental y a 9 meses de iniciada la ejecución contractual. Que en el alegato, no es real que se hayan iniciado las obras sin que se contase con viabilidad ambiental, porque ésta fue emitida por la Municipalidad de Quepos, mediante el otorgamiento de un permiso ambiental que sustituyó a la viabilidad ambiental con causa en que el proyecto fue categorizado por dicho municipio como uno de bajo impacto ambiental en los términos indicados en una resolución de la SETENA, identificada con el N° 2653-2008-SETENA del 23 de diciembre del 2008, que regía para el momento en que dicho trámite se realizó ante esa Municipalidad. Que: "Así las cosas, no lleva razón el recurrente y la Dirección General de Aviación Civil cumplió con lo establecido por el ente competente en la materia ambiental, y en caso de haber existido alguna no conformidad, la Municipalidad de Quepos estuvo en todo su derecho de solicitar lo que fuese necesario, pero al no haber sido así, procedió con el otorgamiento del visto bueno ambiental". Que esa situación le fue aclarada al consorcio al solicitar información sobre el particular, habiéndosele indicado que la Municipalidad de Quepos indicó que la viabilidad ambiental no era necesaria, y que de no haber estado de acuerdo el consorcio con las reglas cartelarias, debió impugnarlas mediante la objeción al cartel correspondiente, por lo que formular este reproche ahora no resulta procedente. Que no es cierto que el consorcio haya solicitado la suspensión del proyecto por esta razón, cuando antes bien, lo que expresó fue únicamente no estar de acuerdo con ello. Sobre la alegada inexistencia de incumplimientos:

Sobre las cuotas obrero patronales, esto encontró regulación en la cláusula XXI sobre causas de terminación, inciso d) del contrato, previéndose esa circunstancia como causa de terminación del mismo. que seguimiento dado al contrato, esta circunstancia se presentó de modo intermitente y fue por esto que se procedió a la devolución de facturas (correspondiente al avance N° 2 y N° 3) sumado a obligaciones relacionadas con "FODESAF" y que por escrito este incumplimiento se le hizo ver al consorcio en repetidas ocasiones por atraso en el pago de las cuotas obrero patronales. Se hizo cita de parte de un oficio de la Contraloría General de la República sobre el particular, y se referenció lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa. Que no es válida ninguna justificación del no cumplimiento de esta obligación legal y que al día 20 de septiembre del 2018 las tres empresas que conformaban el consorcio se encontraban en incumplimiento en este sentido. También se hizo referencia a la data de la reforma hecha operar al inciso 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para afirmar que no resultó aplicable al caso concreto.

Sobre la inscripción del director técnico del proyecto. Que esta exigencia se encuentra en el apartado 13 de la primera parte del cartel, como requisito mínimo de personal, así como que, corresponde como parte de la gestión normal de un proyecto de inversión. Que no obstante ello, la inscripción ante el CFIA de este director técnico se realizó hasta el día 31 de enero del 2018, pese a que la orden de inicio se produjo el día 04 de diciembre del 2017, incumplimiento que también se le hizo ver al consorcio, así como que, para el día 02 de mayo del 2018 no se había realizado el pago por la tasación del proyecto ante el CFIA. Que: "Cabe señalar que de acuerdo a consulta ante la página web del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), se determinó que el proyecto de Mejoramiento del Aeródromo de Quepos-La Managua, se encontraba inscrito a nombre de la empresa MCDC Monge Consultoría y Construcción. Dicha situación es irregular, por cuanto la dirección técnica del proyecto desde un inicio ante el CFIA debía estar inscrito por parte de algunas de las empresas que conformaban el consorcio y no así una empresa ajena la cual no tiene relación con el Consorcio. Visible folio 3776 del expediente administrativo, Tomo 7". Que por otro lado, el 29 de junio del 2018 el consorcio informó sobre la renuncia a partir del 01 de junio del 2018 de este director técnico, y se presentó el currículum de uno nuevo para su aprobación por parte de la Administración., lo que fue rechazado el 02 de julio del 2018. Que: "En este sentido, es importante señalar que el cartel estableció en la segunda parte, apartado 31 “Encargado de obras” que, “en caso de que al momento de la ejecución de la obra, el Contratista no cuente con el profesional encargado de la obra Ofertada, podrá sustituirlo previa comunicación por escrito al Encargado del Contrato y el profesional sustituto debe reunir los mismos requisitos del propuesto originalmente”. Que a partir de esta renuncia y la no aprobación del sustituto el consorcio empezó a presentar a otros candidatos, pero ninguno cumplió con los requisitos cartelarios, y que no fue sino hasta el día 30 de agosto del 2018 que se propuso a otro, y fue aprobada la sustitución hasta el 17 de septiembre del 2018. Que no obstante lo anterior, la dirección técnica nunca inscribió ante el CFIA a este director técnico del proyecto, porque conforme se extrae de la página web de este Colegio Profesional, se indica que desde el 18 de julio del 2018 el proyecto no contó con este profesional responsable. Que esta fue una imposición contenida en el cartel, aceptada por el consorcio, lo que se relacionó con el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a lo que se agregó que no es procedente al alegato de que no se debía contar con este profesional con causa en que el proyecto requiriese viabilidad ambiental, así como que tal requerimiento en el cartel nunca fue objetado.

Sobre el regente ambiental del proyecto. Que los requisitos del equipo de trabajo se encontraron previstos en el aparado 13 de primera parte del cartel, en donde se indica la necesidad de que el proyecto contara con un regente ambiental, lo que se relacionó con el apartado 18, sobre la viabilidad ambiental, así como que, una declaración jurada fue presentada indicándose lo correspondiente a este regente ambiental del consorcio el 22 de diciembre del 2017, con un informe sobre requisitos para la protección del ambiente y seguridad laboral. Que en consecuencia, el cartel previó este requerimiento, así como la necesidad de que se realizaran visitas al proyecto de parte de esta persona durante su ejecución, lo que fue aceptado por el consorcio, y se relacionó con el mencionado atrás, artículo 66 de la Ley de Contratación Administrativa. Que el incumplimiento se corroboró con una revisión de la bitácora del proyecto, en que no consta ninguna anotación de este regente. Se reiteró que no es válido afirmar que porque el proyecto no requiriese viabilidad ambiental, no se necesitaba de este regente. Que aunado a lo anterior: "... ante la renuncia del señor Edwin Corrales Calderón quien fungía como regente ambiental y director técnico del proyecto por parte del contratista desde la fecha 01 de julio de 2018, el Consorcio debió de nombrar un nuevo regente ambiental, siendo que los profesionales propuestos tales como María Sequeira Castro -Visibles en el folio 3430, Tomo 8- y Igor Zúñiga Garita -Visibles en el folio 3656, Tomo 8- no cumplieron con los requisitos cartelarios. Por esa razón fueron rechazados por la Administración en los oficios números DGAC-DA-IAOF- 2018 0634 del 21 de agosto de 2018, recibido por el Consorcio el 23 de agosto de 2018. Visibles en el folio 3590 frente y reverso, Tomo 8, así como en el oficio número DGAC-DA-IAOF- 0711-2018 del 17 de setiembre de 2018, recibido por el Consorcio el 21 de setiembre de 2018. Visibles en el folio 3683 y 3685 del expediente administrativo, Tomo

De manera tal que el proyecto a partir del 01 de julio de 2018, el contratista no contó con un regente ambiental".

Sobre la base estabilizadora. Que: "Todo proyecto de inversión cuenta con un programa de trabajo, mismo que indica la programación de las obras y diferentes actividades que acarrea la ejecución del proyecto. Respecto al proyecto, cabe citar que la “Construcción de la Base Estabilizada” es una de las principales actividades a ejecutar, misma que era primordial para la continuidad de otras actividades; la orden de inicio para esta actividad, según el programa de trabajo del proyecto, tenía fecha del 26 de febrero de 2018, sin embargo, para el día 22 de febrero de 2018, aún no se había enviado el diseño de mezcla de la base estabilizada, ni la ficha técnica del cemento a utilizar, misma que debe previamente ser aprobada por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil. (Folio 2305 del expediente administrativo, Tomo 5). Dado lo anterior, se procedió a citar a una reunión al Consorcio La Managua, de lo cual se levantó la minuta de la reunión, misma que fue realizada a las 2:20 pm del 26 de marzo de 2018, en la cual se indicó que se hacía una suspensión de la actividad de “base estabilizada”, además se añadió que el día 3 de abril de 2018, se retomarían las actividades correspondientes, debido a que el contratista no contaba con cemento en la obra. (Folio 2608 al 2609 del expediente administrativo, Tomo 6). Durante la ejecución de los trabajos de la base estabilizada y según nuestros registros de los informes de Verificación de la Calidad de la Administración correspondientes al mes de abril se determina que el contratista tuvo desabastecimiento de material, lo cual le impidió ejecutar de forma continua las obras, lo cual deja constancia que el cronograma de cumplimento de la base estabilizada no se cumplía conforme a lo establecido en el contrato, cartel y oferta. Visible en expediente administrativo de Control y Verificación de Calidad que la Administración contrato con LGC. Asimismo, como parte del contrato, también indicó que una vez pasados los 07 días de construida la base estabilizada, se debía de aplicar una película protectora de material bituminoso, (apartado 10.7 Protección y Curado del cartel de licitación). Situación que fue puesta en conocimiento al contratista mediante los oficios: La Unidad de Infraestructura Aeronáutica remitió el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 con fecha 27 de abril de 2018, en el cual se indicó la necesidad aplicar el sello de manera inmediata. Se mencionó también, que se debía de realizar una recepción de esta actividad para poder continuar con el avance del proyecto. Aún y cuando se le advirtió en varias ocasiones al Consorcio La Managua, sobre la necesidad de concluir la “base estabilizada” para poder brindar la continuidad al proyecto, la misma no fue colocada, siendo esto un total incumplimiento contractual. (Folio 2784 y 2785 del expediente administrativo, Tomo 6). Al oficio número DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 citado, el contratista da respuesta a esa solicitud de la Administración mediante escrito número NOT-18-0043 del 04 de mayo de 2018, justificando que ante el daño del quebrador desde el 20 de abril del 2018 y que ello implicaba compra de repuestos importados, lo que implicó un segundo diseño de mezcla considerando la fuente de Concrepal - Parrita y señalan que va ser necesario esperar unos varios días para la producción de esa segunda fuente para garantizar volúmenes de materiales suficientes. Asimismo, dentro de la bitácora del proyecto se plasma el 27 de abril de 2018 que el contratista no había colocado la losa en el proyecto, por lo que se le solicito sellar la base estabilizada lo ante posible, debido a que no se esté generando deterioro de la misma. Visible en el folio 3510 del expediente administrativo, Tomo

Mediante oficio número DGAC-DA-IA-OF-0339-2018 del 09 de mayo 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó también que se debía de realizar el sello de la base estabilizada para evitar su deterioro; esta misma solicitud se realizó en la hoja #20 de la bitácora de proyecto EG4111 con fecha del 27 de abril de 2018. (Visible en el folio 3472 al 3477 del expediente administrativo, Tomo

Esa situación fue reflejada por la empresa de verificación de la calidad de la Administración, mediante informe #6 correspondiente al mes de junio de 2018. Visible en expediente administrativo de Control y Verificación de Calidad que la Administración contrato con LGC. Al resolver el contrato de manera unilateral, la película protectora no fue colocada y el deterioro y perdida de material fino fue evidente en sitio, lo cual estaba determinado en el cartel para que no sucediera. Por otro lado, si analizamos el cronograma de obras actualizado de la Orden de Inicio número 1, la losa de concreto debió estar finalizada como máximo para 02 de mayo de 2018, sin embargo, como se detalló anteriormente, los trabajos nunca se iniciaron. Asimismo, si analizamos el cronograma de obras actualizado a la orden de reinicio total de todos los ítems, la cual se da para el 19 de mayo de 2018, el contratista debió concluir el 15 de octubre de 2018, sin embargo, los trabajos no estaban concluidos a esa fecha. Visible en el folio 1530, Tomo 4 y folio 3103 al 3104, Tomo 7 del expediente administrativo. Es importante aclarar que la Administración una vez que estuvo en firme el acto de resolución contractual, procedió a efectuar una contratación directa tramitada bajo el expediente contratación directa 2018CD-000244-0006600001 denominada “Estudio de suelos y topográfica Quepos La Managua”, la cual consistía en realizar una campaña de investigación de como para determinar la condición de la estructura de la pista que resulto de la contratación 2017LN-000003- 0006600001 Mejoramiento del Aeródromo de Quepos, así como la condición topográfica y geotécnica de las franjas de seguridad. Dicha contratación fue adjudicada a la empresa CASTRO Y DE LA TORRE SOCIEDAD ANONIMA. En dicha contratación se debía tener un único informe donde se plasmará claramente las condiciones actuales de los terrenos del aeropuerto y franjas de seguridad. Dado que existía interés en la Dirección General de Aviación Civil por replantear el proyecto, para finalizar los trabajos pendientes de la pista de aterrizaje, brindando adecuados estándares de seguridad para el aterrizaje y despegue de aeronaves en este aeródromo". Que producto de esta contratación se recibió un informe de fecha 04 de diciembre del 2018, mediante el que se concluyó en relación a este tipo de estructura estudiada en el sitio, gracias al que la Administración pudo conocer las condiciones geotécnicas y topográficas existentes, lo que también; "... permitió realizar a la Unidad de Infraestructura Aeronáutica un diseño de proyecto para finalizar las obras de lado aire que quedaron pendientes de la licitación 2017LN-000003-0006600001 Mejoramiento del Aeródromo de Quepos, invocando las áreas de topografía, diseño hidráulico, pavimentos entre otros, la cual se promovió este año. Por lo que no es cierto lo señalado por el actor, al manifestar que una vez en firme la resolución contractual; se le debía efectuar nuevos traslados sobre actuaciones propias de la Administración".

Sobre las visitas del Ingeniero director técnico del proyecto. Estas se encuentran prevista en el punto 13 del cartel sobre equipo de trabajo y su experiencia y fue obligación del consorcio que incumplió, lo que se determinó al: "... realizar una exhaustiva revisión de la bitácora del proyecto EG4111, en la cual se pudo observar que dentro de los meses que se mantuvo la fase de ejecución, muchas de las semanas no registran visita por parte del director técnico". Se incluyó en el escrito de contestación a la demanda u cuadro que habría de ilustrar sobre el particular los datos obtenidos, y se agregó que con posterioridad a esos registros, no aparece ninguno que de cuenta del cumplimiento debido.

Sobre las visitas del Ingeniero residente del proyecto. Que en mismo apartado del cartel relacionado atrás, se previó esta obligación contractual, constituida por la necesidad de que estuviese de modo permanente este profesional, pero con vista en la bitácora del proyecto, se evidenciaron múltiples faltantes de visita al sitio de parte de quien se acreditó a estos efectos como Ingeniero residente, y se adjuntó un cuadro.

Sobre la construcción de la losa de concreto. Que: "En minuta de reunión del 04 de abril de 2018, se le solicitó al Consorcio La Managua, el diseño de la mezcla para la construcción de la losa de concreto, el cual a esa fecha no había sido entregado. (Folio 2610 al 2613, Tomo 6). Posteriormente, mediante el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 del 27 de abril de 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica solicitó al Consorcio La Managua, nuevamente, el diseño de mezcla de concreto para la construcción de la losa de concreto. (Folio 2784 y 2785, Tomo 6). De acuerdo al oficio número DGAC-DA-IA-OF-0339-2018 del 09 de mayo de 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó Consorcio La Managua, nuevamente el faltante del diseño de mezcla de concreto para la ejecución del ítem 1003, denominado Losa de Concreto Hidráulico. (Folio 3682 al 3687, Tomo 8). Mediante oficio número DGAC-DA-IA-OF-0402-2018 del 28 de mayo de 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica le solicitó Consorcio La Managua, que explicara de manera inmediata las razones de los atrasos en el inicio de la ejecución del ítem 1003, denominado Losa de Concreto Hidráulico, actividad que debió haber iniciado el 24 de mayo de 2018, según se mostraba así en el Programa de Trabajo, sin embargo, a esa fecha no se había ejecutado. (Folio 3101, ampo

Mediante oficio número DGAC-DA-IA-OF-0470-2018 del 19 de junio de 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica le indicó al Consorcio La Managua que hace se están realizando la construcción de paños sin contar con la presencia del laboratorio de control de calidad del contratista, lo cual deja evidencia del incumplimiento que señala el cartel de licitación en el apartado 14 de la primera parte. Y siendo que la Unidad de Infraestructura no cuenta con las pruebas de calidad que demuestran el cumplimento de los parámetros establecidos en el cartel. Visible folio 3167 del expediente administrativo, Tomo

El diseño de la mezcla fue entregado por el Consorcio La Managua, posterior a esta última comunicación, sin embargo, el mismo generó un incremento en los atrasos del proyecto y por ende un supuesto incumplimiento contractual, por cuanto no se está cumpliendo con el cronograma del proyecto y sus actividades. Asimismo, dentro de la bitácora del proyecto se plasma el 27 de abril de 2018, donde indica que el contratista no había colocado la losa en el proyecto. Visible en el folio 3510 del expediente administrativo, Tomo

El día 10 mayo se realiza la aprobación del diseño de concreto de losas de la pista en oficio número DGAC-DA-IA-OF-342-18, donde se recuerda que existen ensayos fijos y que el laboratorio de autocontrol de calidad deberá estar presente al 100% y que los ensayos deben hacerse en todo y en conjunto con el laboratorio de verificación de calidad de la administración (Folio 3024, Tomo7). Como se muestra de ello, en el informe de avance No. 6 de la Supervisión y Verificación de Calidad del proyecto del período mes de junio se realiza la colocación del paño de prueba sin la presencia del Autocontrol de Calidad aprobado por la administración (ITP), es importante comentar que prácticamente la base estabilizada ha estado expuesta al sol y la lluvia desde el momento en que se estabilizo, terminando los trabajos de estabilización el 18 abril de 2018 y sin ningún protección, a pesar que el cartel se especificaba una película protectora bituminosa, lo que va en detrimento de la capacidad y los niveles de la misma. Por lo que a criterio de la verificación de esta supervisión se deben verificar con la topografía de LGC los espesores de pavimento antes de proceder en el colado para así garantizar los espesores de diseño, debido a que la capa de base estabilizada no fue recibida por la Administración debido a segregación y pérdida del material post-limpieza de la Base Estabilizada, aunado a ello a que no se aplicó la película protectora exigida en el pliego de condiciones cartelarias. Por lo que reiteramos que NO puede justificar el actor, que el incumpliendo de ello, se da por cuanto simplemente ellos argumentan que “el proyecto debió de suspenderse porque existía ausencia de viabilidad ambiental” Era una obligación establecida en el pliego de condiciones, de manera tal que no podía el contratista de manera arbitraria dejar de cumplir con las obligaciones previamente establecidas. En cuanto a lo manifestado por el actor de que la Administración supuestamente no reconoció obras ejecutadas, no acepto cambio de profesionales y que no participo en reuniones en sitio, fueron temas ya abordados en la presente contestación y que no tienen relación con este aspecto en específico".

Sobre la solicitud de información en reunión de pre-construcción. Se indicó que conforme el cartel, previo al inicio de las obras se debía de realizar esta reunión de carácter obligatoria para verificar aclaraciones sobre las obras a ejecutar, dudas, para conocer al personal involucrado con el proyecto, pudiendo servir para solicitar documentación o información relevante a la gestión y ejecución de la obra. Que para estos efectos la Administración recordó al consorcio el día 07 de septiembre del 2017 y 10 de abril presentar documentación requerida en el pliego de condiciones para esta reunión, información que era indispensable para evaluar la idoneidad de las personas que realizarían los trabajos, por lo que era documentación que debía presentarse de previo y sin atraso, siendo esta responsabilidad del consorcio. Que no fue sino 6 meses después que se presentó información como la requerida para su análisis y aprobación por parte de la Administración, pero la Unidad de Infraestructura Aeronáutica no recibió la misma por mediar incumplimiento del consorcio, no pudiendo justificarse que eso ocurrió así bajo el argumento de que no debió girarse orden de inicio por la falta de viabilidad ambiental, a lo que se suma que el consorcio firmó todas las órdenes de servicio.

Sobre cronogramas ofertados del proyecto, atrasos generados por el contratista y el cronograma actualizado del proyecto. Que no obstante el inicio del proyecto no se contó con la totalidad de los terrenos, con la orden de servicio N° 1 el consorcio aceptó la modalidad de ejecución que se le presentó, para los siguientes ítems ahí indicados, además de que también aceptó las otras órdenes de servicio posteriores, de modo que asumió una posición de aceptación de estos términos. Que con respecto al que se afirma, fue un desequilibrio financiero, el consorcio estuvo en posición de manifestar las afectaciones que estaba percibiendo con causa en la manera en que se estaba administrando el contrato, pero, antes del procedimiento de resolución contractual, no se había presentado reclamo alguno, lo que hace dudar de que la no ejecución de las demás obras o las que se ejecutaron de manera irregular y poco eficiente (como por ejemplo, la relacionada con la base estabilizadora) fuese la causa de una afectación directa imputable a la Administración, pues de ser de otro modo, el contratista debe comunicarlo a la Administración y no simplemente omitir la ejecución de las obras. Que como procedimiento el consorcio debió detener las obras primero y presentar el reclamo correspondiente ante la imposibilidad de continuar con la ejecución contractual con causa en la supuesta afectación al equilibrio financiero. Que: "Adicionalmente, con respecto al equilibro financiero de la obra, es claro que la misma no inició en su totalidad desde la Orden de servicio #1 Inicio de obra, pero eso no quiere decir que el contratista no pudiese ejecutar los siguientes ítems 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 4001 y 4002 como se mencionó anteriormente, a cabalidad. Mas bien, se vislumbró falencias en los procesos constructivos como falta de equipo, falta de personal, falta de insumos y materiales y falta de inspección por parte de Residente e Ingeniero Director de Proyecto. Como se muestra en el informe de verificación de la calidad INFORME DE AVANCE No. 5 de la empresa LGC Ingeniería de Pavimentos, anexo al presente documento. Todo esto queda demostrado en el momento que se gira la orden de reinicio del proyecto bajo la ORDEN DE SERVICIO N° 06: ORDEN DE INICIO-REINICIO, la cual fue girada por la Administración y aprobada por el contratista para el día 19 de mayo de 2018. En ese instante del proyecto, debió el contratista demostrar que contaba con las condiciones económicas, técnicas y de experiencia para retomar el proyecto y desarrollarlo a cabalidad, más aún que ya había avance en obras que podían haber favorecido o acortado el tiempo que se tomaría en el desarrollo de algunas otras, especialmente con los ítems de pago que tenían que ver con la construcción de la pista de aterrizaje. Para un mejor entendimiento del punto señalado anteriormente, se muestra a modo de ejemplo el caso del ítem 1002 Base estabilizada, el cual según el cronograma de obra tendría una duración de 32 días naturales. Y según consta en expedientes de la licitación, la construcción de la misma fue iniciada por el contratista el día 15 de marzo de 2018 (visible informe de verificación de la calidad INFORME DE AVANCE N0. 3 de la empresa LGC) y nunca tuvo fecha de finalización, pues el ítem no fue concluido, según se detalló en planos y especificaciones técnicas. Es decir, hasta la etapa de colocación del sello de protección de la misma. Todo esto, deja en evidencia que el contratista no estaba en condiciones para finalizar una de las actividades más importantes como lo era la base estabilizada, la cual representa la estructura inferior sobre la que se construiría la losa de concreto como superficie de ruedo o capa superior de la estructura del pavimento, que seria sobre la cual rodarían los aviones. Sobre este punto, no aporta prueba útil y pertinente que permitan acreditar que tuvo que asumir costos adicionales, por lo que se rechaza".

Sobre la maquinaria a utilizar en el proyecto. que este aspecto encuentra regulación en el apartado 12.1 de la primera parte del cartel, referente a equipo, así: “La siguiente lista es un requisito mínimo de cumplimiento obligatorio para equipos amarillos inscritos: • 2 (dos) Motoniveladoras (semejante CAT 120Ho superior). • 2 (dos) Retroexcavadoras (semejante CAT 420 o superior).  • 2 (dos) compactadoras de rodillo propulsado por llanta (peso de operación 10ton o superior). • 1 Tanque de agua móvil (mínimo 10mil litros, cisterna o similar). • 5 (cinco) Vagonetas (potencia 255HP o superior, deben presentar tarjeta de pesos y dimensiones. • Todos los equipos deben contar con la respectiva revisión técnica vehicular y su marchamo al día. El Oferente debe contemplar que esto equipos deben estar dentro de la vida útil de 10 años, para el caso de los acarreos o equipo que trabajará fuera del Aeródromo pueden estar fuera de vida útil, siempre y cuando estén en buenas condiciones”. Que no obstante por escrito, para el 02 de julio del 2018 el consorcio informó que cumplía con el cartel en este tanto, de acuerdo a un estudio efectuado, se determinó que algunos de esos equipos de acarreo contaba con una antigüedad mayor a la solicitada en el cartel, por cuanto los equipos presentados se ubicaban en el rango entre 1987-1996; y adicional a ello, se observó que el equipo amarillo no contaba con la antigüedad solicitada a saber: tractor TR04, compactador CO-21, y volquete VO-O7. Situación que le hizo saber al contratista mediante oficio DGAC-DA-IA- OF-2018-0514 de fecha 11 de julio del 2018. Que tampoco se cumplía con la cantidad y que así por ejemplo, se solicitaron en el cartel dos compactadoras, no obstante, en nota de maquinaria presentada se indicó únicamente un compactador, y adicionalmente, la cantidad de vagonetas indicadas por el consorcio no eran las mismas que se solicitaban en el cartel, y las presentadas tenían características de menor eficacia a las establecidas en el pliego de condiciones cartelarias. Que: "En los listados de maquinaria presentados, tanto en oferta como en la respuesta a la aclaración solicitada por la Administración, según oficio número NOT-501-18-0061 del 02 de julio de 2018, se incluyó maquinaria que no indicaba el propietario y la incluida en oferta poseía varios propietarios, por lo que la Administración interpretó que eran subcontratos que no están siendo mencionadas, ni en la oferta presentada ni en las aclaraciones solicitadas por la Administración. Aunado a lo anterior, dentro de los informes de verificación de calidad que había contratado la Administración empresa LGC, se determina que la empresa no contaba con maquinaria en el sitio, durante los meses abril, mayo y julio. Asimilismo, dentro de la bitácora del proyecto se plasma el 27 de abril de 2018 la ausencia de maquinaria y personal en el proyecto. Visible en el folio 3510 del expediente administrativo, Tomo

Dado lo anterior, el equipo que aportó el Consorcio La Managua para el desarrollo de las obras no cumplió con lo señalado en el cartel, y el mismo se tipificaba como otro incumplimiento contractual. Por su parte, es importante señalar que según notificación Juzgado Primero Civil de San José, bajo el expediente judicial 18-000173-0180-CI-8, se ordenó el embargo por parte Maquinaria y Tractores Ltda. contra Grupo Orosi Sociedad Anónima, la suma de $700.000.00 en la contratación bajo análisis. Misma que fue notificada el 05 de julio de 2018. Por lo que no podría el contratista alegar desconocimiento sobre los requerimientos en la maquinaria que debía tener en sitio, por lo que no es de recibo que el contratista hubiese dispuesto en el sitio equipos de diferentes condiciones a las requeridas en el cartel de licitación. Y en caso de que hubiese algún cambio, el contratista debió solicitar autorización a la Administración para el aval correspondiente".

Sobre el autocontrol de la calidad de los trabajos. Este punto se encuentra regulado en el punto 14 del cartel, sobre ensayos de materiales y autocontrol de calidad, así: “14. ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD El Oferente debe considerar dentro su estructura de costos, el autocontrol de calidad, el cual debe estar a cargo de un laboratorio de materiales propuesto por el Contratista, debe presentar la respectiva acreditación de los ensayos ante el ECA, los ensayos deben reflejarse dentro del programa de trabajo general.(…) El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos en conjunto con la verificación de la de Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de Calidad de la Administración del contrato, deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes, los cuales anotaran en la bitácora de muestreo como se indica en la siguiente sección “Constancia de calidad” de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el Contratista dará por aceptados los resultados que emita el laboratorio del control de calidad de la Administración del contrato, dicho resultados no será sujetos a reclamos posteriores". Que en su oferta indicó el consorcio que para este efecto se contaría con los servicios de la empresa denominada "OJM Consultores de Calidad y Laboratorios S.A.", y posteriormente se hizo un cambio, para que fuese la empresa "ITP", según escrito del 18 de diciembre del 2017. Que pese a ello: "Se evidencia en la bitácora del proyecto y en los informes de la verificación de calidad de la Administración (LGC) que a lo largo de todo el proyecto y en los informes sobre la presencia en el sitio del Laboratorio de Euroconcretos, los cuales no se encuentran certificados por ECA y que no era el Laboratorio que el Contratista reportó para sus autocontroles, pues como se indicó anteriormente, la empresa propuesta por el contratista era ITP. En la minuta correspondiente a reunión realizada el día 18 de junio de 2018, donde estuvieron presentes tanto representantes de la Administración, como del Consorcio La Managua, se planteó lo ocurrido en lo que respecta a Autocontrol de Calidad durante las obras de la losa de concreto. (véase folio 3163-3162 del expediente administrativo del Tomo 7). En esta actividad, se realizaron trabajos por parte del Consorcio La Managua, los cales no cumplían con lo establecido en el cartel de licitación, ya que en el informe de ITP que detalla sobre los trabajos de la losa, indicaron que se realizó el fallo de las muestras que fueron aportadas por el cliente -es decir el Consorcio La Managua-, lo cual es contrario a lo establecido en el cartel y por lo tanto esta práctica carece totalmente de toda característica de prueba certificada por ECA. Este informe de ITP con muestras aportadas por el cliente, se puede apreciar en el informe ITPPM- 341-18-E del 04 de julio de 2018. (ver folio 3390 del expediente administrativo, Tomo

Por lo que el Consorcio La Managua no estaba cumpliendo con las condiciones cartelarias, no se indicó en Bitácora que se realizaron en forma conjunta con el laboratorio de verificación de calidad de la Administración. Se notó la ausencia en el proyecto de muestreo de materiales del autocontrol de calidad planteado en la oferta (ITP), así como la falta de topografía tanto para el avance de los trabajos para la determinación de niveles finales, así como para la definición de los montos a presentar en los avances de obra por parte de Consorcio La Managua. Por lo anterior, las cantidades de obra reportados en las estimaciones de avance de las facturaciones realizadas no correspondían a la realidad. El hecho de que el Consorcio La Managua realizara autocontrol con otro laboratorio, y no estaba debidamente Certificado ante ECA, significaba un incumplimiento contractual para la Administración y el hecho de certificar las pruebas ante el ECA se debe considerar desde la toma de la muestras hasta la presentación de resultados. Por lo que no puede aplicarse una acreditación a una parte de la prueba, como realizo el Consorcio La Managua, haciendo el suministro de los materiales para que ITP haga la falla de las muestras. Prueba de ello, se encuentran los informes de calidad realizados por la empresa LGC -empresa de calidad contratado por la Administración- en cual señala que durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2018, no se realizó autocontrol por parte del contratista".

Sobre la bitácora de muestreo. Que ese aspecto se reguló en el apartado 14, primera parte del cartel, sobre ensayos de materiales y autocontrol de calidad, así: “El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos e conjunto con la verificación de la de Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de Calidad de la Administración del contrato, deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes, los cuales anotaran en la bitácora de muestreo como se indica en la siguiente sección “Constancia de calidad” de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el Contratista dará por aceptados los resultados que emita el laboratorio del control de calidad de la Administración del contrato, dicho resultados no será sujetos a reclamos posteriores”. Que el uso de las bitácoras de muestreo era obligatorio y que: "Por medio del laboratorio de verificación de la calidad se deberán registrar todos los muestreos y ensayos que se realicen. El no llevar ese registro en las bitácoras invalida los ensayos que se reporten. En ese control de “Constancia de Calidad”, no se evidenció la presencia paralela tanto del laboratorio por parte del Contratista, como también el laboratorio por parte de la Administración a la hora de ejecutar pruebas de calidad. No se observó dicha bitácora de muestreo donde se indicara que se realizó el muestreo en conjunto con el laboratorio de verificación de calidad. Muestra de ello, es que de acuerdo con lo indicado en bitácora EG411, se indica que el día 15 de junio de 2018, el Consorcio La Managua realizó muestreos de control de calidad en planta de Euroconcreto (laboratorio no certificado por ECA) y en sitio de labores, visible en la página de 033 de la bitácora. De lo anterior, se desprende que el contratista no realizo el muestreo en conjunto con la Administración, con el laboratorio aprobado por la Administración. Visible en el folio 3199 del expediente Administrativo, Tomo

Es importante señalar que el contratista debía contar con un laboratorio que cuente con la acreditación del ECA según el pliego de condiciones y debía cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley número 8279. Por lo que reiteramos que no puede justificar el actor, que el incumpliendo de ello, se da por cuanto simplemente ellos argumentan que “el proyecto contaba con la viabilidad ambiental” era una obligación establecida en el pliego de condiciones, de manera tal que no podía el contratista de forma arbitraria dejar de cumplir con las obligaciones previamente establecidas tanto en el pliego de condiciones, así como en el contrato. Y de esa manera garantizar una adecuada ejecución del contrato en materia de control de calidad, esto con el fin de evitar futuros reclamos relacionados a la actividad efectuada".

Sobre la colocación de material bajo lluvia. Que conforme el punto 11.3 del cartel, el colocado solamente debía interrumpirse en caso de lluvia y cuando esta pueda lavar la superficie del concreto fresco, comprometiéndose el consorcio a cubrir el concreto colocado de forma inmediata con el fin de que no se dañe la microtextura. Que: "Como parte de la gestión que realiza el Laboratorio de verificación de la calidad por parte de la Administración, está el evidenciar que los trabajos se realicen de conformidad con las condiciones contractuales. En el presente asunto, la empresa verificadora advierte a la Administración de la mala ejecución de las chorreas bajo condiciones climatológicas adversas, este punto se puede comprobar en el informe de avance #6 (período comprendido entre el 01 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018) de la empresa Verificadora de Calidad LGC. Además, el Ingeniero residente en el libro de bitácora describe que aunque hay presencia de lluvias ellos continúan con el colado de las losas, esto en contra de los establecido en el punto 13.3 de las condiciones cartelarias (visible en folio 3198, Tomo 7). En la presente demanda, el actor sigue justificando sus incumplimientos al argumentar que el proyecto no contaba con la viabilidad ambiental. Por lo que no es de recibo. Sin embargo, reiteramos que la contratista conocía las obligaciones que establecía el cartel de licitación y el contrato y conocía los mecanismos de impugnación, en caso de que lo considerara innecesario". Finalmente, en lo que toca a los daños y/o perjuicios reclamados, se dijo que se vienen reclamando con causa en un supuesto incumplimiento contractual, que no se demuestra y que en lo que respecta a la sanción impuesta al consorcio, lo fue con ajuste al ordenamiento jurídico. Luego, se hizo referencia a un apartado identificado como "informes de calidad presente en el proyecto por parte de la Administración, en que se afirma que se realizó una contratación para la inspección y control de calidad del proyecto, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, habiendo sido adjudicada a la empresa identificada como LGC Ingeniería de Pavimentos S.A., cuya labor inició el 25 de enero del 2018 y la que en sus informes evidenció una serie de incumplimientos, a saber: "Informe No.2. mes de febrero. ? Sin presencia de Autocontrol 16 días. ? Sin presencia de Topografía. 4 días. ? Modificaciones constructivas en la malla del cerramiento perimetral. ? Problemas de Funcionamiento del Quebrador Informe No.3 mes de marzo. ? Sin presencia de Autocontrol 15 días. ? Sin presencia de Topografía. 4 días. ? Parados 2 días. (sin hacer obras de ningún tipo) ? Falta de material y equipos. ? Se encontraron daños en la malla perimetral. ? Problemas de Funcionamiento del Quebrador. ? Problema de Funcionamiento de la Recuperadora de Caminos. ? Problema de acarreo y ausencia de material estabilizante. ? Ausencia de Cuadrillas. ? Ausencia de Maquinaria. Informe No.4 mes de abril. ? Sin presencia de Autocontrol 15 días. ? Sin presencia de Topografía. 21 días. ? Parados 16 días. (sin hacer obras de ningún tipo) ? Falta de cemento para reactivar las actividades. ? Ausencia de niveladoras y cuadrillas. ? Problemas con la Recuperadora de Caminos. ? Subsanes de la malla perimetral. ? Ausencia de Maquinaria. ? Deficiencia en el proceso constructivo (recuperadora +tanque de agua). ? Deficiencia en riego de Cura de la base estabilizada(bituminoso). ? Alta de resistencia de las pastillas de base estabilizada con base a las especificaciones técnicas. ? Falta de cemento para reactivar las actividades. ? Ausencia de niveladora y cuadrilla de construcción. Informe No.5 mes de mayo. ? Sin presencia de Autocontrol 23 días. ? Sin presencia de Topografía. 23 días. ? Parados 15 días. (sin hacer obras de ningún tipo) ? Ausencia de Maquinaria. ? Exceso de fibra en la superficie. ? Ausencia de ingeniero residente y cuadrilla. Informe No.6 mes de junio. ? Sin presencia de Autocontrol 18 días. ? Sin presencia de Topografía. 8 días. ? Parados 6 días. (sin hacer obras de ningún tipo) ? Material segregado y perdida de finos en la base estabilizada posterior a la limpieza. ? Ausencia de luminarias para trabajar. ? Colocación de concreto en presencia de lluvia. Informe No.7 mes de julio. ? Sin presencia de Autocontrol 20 días. ? Sin presencia de Topografía.12 días. ? Parados 8 días. (sin hacer obras de ningún tipo) ? No se realizaron intervenciones sobre el aeródromo a falta de combustible por la maquinaria. ? Almacenamiento de agregados con sobre tamaños. ? Llegada planta de concreto y no cuenta con la aprobación por parte de la administración ni se sabe cuenta con los requerimientos técnicos y ambientales para su funcionamiento. Informe No.8 mes de agosto ? Al estar el proyecto prácticamente las obras suspendidas desde el 16 julio no hay muestreos. ? Sin presencia de Autocontrol. ? Sin presencia de Topografía.12 días. ? Parado por 10 días (sin hacer obras de ningún tipo) ? No se realizaron intervenciones sobre el aeródromo a falta de combustible por la maquinaria. ? Las dovelas tienen más de un mes expuestas a la intemperie por lo que presenta un alto grado de corrosión. ? Ausencia de cuadrilla y equipos". Se continuó indicando que el proyecto no fue inscrito por ninguna de las empresas consorciadas ante el CFIA, como se desprende de la información obtenida de la página web de este Colegio Profesional, lo que constituye una situación irregular, no debiendo corresponder este trámite a una empresa ajena al consorcio, en ese tanto, desvinculada del mismo. Fueron opuestas las excepciones de: Falta de Derecho y Falta de Legitimación activa, al no demostrar la parte actora que le asiste derecho alguno respecto a lo peticionado, ni aporta argumentos, ni prueba que respalden su pretensión. Así como la excepción de caducidad. Se continuó haciendo referencia a los extremos indemnizatorios. (I. 165). Alegada que lo fue, la excepción de caducidad: se argumentó al respecto que dictada la resolución por medio de la cual se declaró resuelto el contrato, y habiendo sido recurrida, fue por resolución N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019 que se resolvió tal acción recursiva, resolución que fue notificada el día 29 de marzo del 2019, mientras que la demanda fue presentada el día 12 de junio del 2020.-

Sobre las alegaciones formuladas por la representación del Estado. En oposición a la demanda, la representación del Estado alegó que media falta de legitimación activa por parte del señor Eladio Araya Mena, quien no formó parte de la contratación ni de la relación jurídica material que vinculó a la empresa actora con el CTAC. Por otro lado, se indicó que media falta de legitimación pasiva al demandar en contra del Estado, particularmente en lo que tiene que ver con los extremos indemnizatorios. La excepción de caducidad, fue "desistida" durante la celebración de la audiencia preliminar. Que el contrato administrativo que vinculó al CTAC con el consorcio conformado por tres empresas, dentro de las que se encontró la actora, fue resuelto por incumplimiento contractual previo procedimiento, en los términos de la resolución dictada con el N° 28-2019, confirmada por la N° 73-2019. Que la posición asumida por quienes demandan se centra en un incumplimiento contractual por parte de la Administración, en lo que reprochó que el CTAC nunca obtuvo la viabilidad ambiental del proyecto y que en consecuencia, no podía pedir la exigibilidad del contrato al consorcio, en lo referente al Director Técnico y otras obligaciones que condujeron luego a la resolución contractual. Sobre la viabilidad ambiental, se indicó que el contrato tenía como objeto el mejoramiento de la superficie de la pista de aterrizaje, la nivelación de franjas, una vez que los terrenos sean del Estado, esto conforme el aparte N° 2 del pliego de condiciones (entendemos, el cartel). De ahí se afirma, que no se trató de obra nueva, razón por la que no se requería estudio de impacto ambiental. Para estos efectos se hizo cita del artículo 4 bis del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Luego, se dice que en consecuencia con lo anterior, la Administración obtuvo el aval de la viabilidad ambiental de la Municipalidad de Quepos, lo que se hizo al amparo de las que se identificaron como las resoluciones 583-2008-SETENA y 2653-2008-SETENA, todo previo a la orden de inicio. Que de este modo, resulta claro que conforme la normativa mencionada el proyecto por su naturaleza, no requería de esta viabilidad, mientras que en el pliego de condiciones, se indicó que se contaba con ella. Que además de contarse entonces con la viabilidad municipal, se determina el requisito previsto en el cartel, del deber de contar con director técnico y regente ambiental. Que sobre lo alegado por quienes demandan en el sentido de que se contradice la Administración porque si afirma que no era necesaria la viabilidad ambiental, entonces contrario a lo que determinó en sede administrativa, no se podía exigir el cumplimiento de tener que contarse con director técnico y regente ambiental, lo propio se encontró como una exigencia en el cartel, constituyendo una obligación contractual del consorcio, y que en caso de que no se hubiese estado de acuerdo con tal exigencia, debió entonces formularse alguna disconformidad con ella, lo que no se hizo en el momento oportuno, que no es esta vía. Que en lo que respecta a los demás motivos de inconformidad, se coincide con la defensa hecha por la representación del CTAC. Que sobre los hechos que se tuvieron como probados en el acto impugnado, se señala que no existe el vicio apuntado por quienes demandan, porque: "... es criterio de esta representación que, los hechos dispuestos en los antecedentes, se reiteran –no se copian de nuevo- como los hechos ciertos sobre los cuales descansa lo resuelto por el CETAC, situación que, en nuestro criterio, no lesiona el derecho del debido proceso, pues la parte conoce los hechos que se tienen por ciertos para el dictado de la resolución, en tanto, conoció los antecedentes, mismos que se encuentran en el expediente administrativo y fueron consultados por quien acciona". Sobre el incumplimiento en el pago de cuotas obrero patronales, se dice que: "... en cuanto al alegato de que el Consorcio actor no incumplió con estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales, éste fundamenta, que tal aspecto no reviste de la gravedad tal para considerarse causal de resolución contractual, y que la falta de pago obedece a que, hubo poco flujo de caja –imputable a la Administración-, y además señala que dadas recientes reformas, dicha causal no es de incumplimiento tal que permita la resolución del contrato. Respetables los argumentos de la parte actora pero no se comparten por ser carentes de toda legalidad. Claramente el no estar al día o al menos con un arreglo de pago con la Caja costarricense de seguro social durante el proceso de contractual incluyendo la ejecución, es causal de incumplimiento. Pues así lo determina el contrato mismo firmado entre la parte actora y el CETAC – puede verse la cláusula XXI de las causas de terminación del contrato-. Pero además, ciertamente, el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja del Seguro Social, en reforma reciente, señala que, si durante la ejecución del contrato un contratista adquiere la condición de morosidad con la Caja costarricense de seguro social, y quien contrata tiene pagos a su favor deberá retener el pago de lo pendiente y girar los recursos a la Caja y si quedara remanente se le da al contratista –suponemos esta es la reforma a la que hace alusión la parte actora-, no obstante su aplicación. determina una ejecución el contrato satisfactoria por parte del contratista, que genere los pagos, lo cual en el caso es claro que no se da, pues la empresa actora no cumple a cabalidad con el contrato, esto aun a pesar de las expropiaciones pendientes por parte de la Administración, y de ese modo al darse una ejecución con incumplimientos no procede pago alguno y por lo tanto tampoco aplicaría esta norma, creándose el incumplimiento en ese sentido, achacable al contratista propiamente en este caso. Debe indicarse además que, no es admisible el alegato del contratista en cuanto a la falta de liquidez a causa de la Administración, como causal de incumplimiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social, pues si la empresa pende de un solo contrato para pagar sus obligaciones –en este caso con la Caja- denota más bien una mala administración y una empresa ineficiente financieramente, pero que en todo caso, son aspectos que se indican pero no se presenta prueba alguna al respecto, por lo que no es más que un dicho de la parte actora sin fundamento legal y probatorio alguno, y en ese tanto no resulta admisible y debe rechazarse". Que sobre lo alegado respecto de la base estabilizada, no existió como se deriva de la lectura del acto impugnado, la violación al debido proceso que se acusa. Que sobre las visitas del director técnico del proyecto o Ingeniero residente, primero, el proyecto sí contó con permiso ambiental, no era necesaria la viabilidad ambiental de la SETENA, y la exigencia de dar cumplimiento al requisito de contar con este profesional y sus visitas, obedeció a una disposición cartelaria, no objetada por el consorcio. Se continuó afirmando que: "Ahora bien, en aspectos como los incumplimientos señalados por el CETAC en la resolución y que refuta, la parte actora, tales como, visitas del Ingeniero residente, construcción de la losa de concreto, solicitud de información en reunión de pre construcción, cronograma ofertado y atrasos en el nuevo cronograma, auto control de calidad, colocación de material bajo la lluvia, y bitácora de muestreo, en general, se indica que no es posible achacar el incumplimiento al consorcio contratista, ante la inexistencia de la viabilidad ambiental –ya reiterada-, aspecto que ya quedo indicado, aquí con anterioridad, y del cual se determinó la improcedencia del mismo. Por otro lado, en aspectos como la maquinaria a utilizar en el proyecto, quien acciona indica que siempre hubo maquinaria en el proyecto, pero que no era la que la Administración requería por lo que, no existe justificación del incumplimiento, pues no hay ausencia de maquinaria. (...). Este incumplimiento es achacado al contratista, por cuanto, en documentos presentados, incluso a petición de la Administración, ante dudas al respecto, se omitió algún tipo de información respecto de la maquinaria, por ejemplo, no se indicaba el propietario, o bien había maquinaria que no cumplía con el requerimiento de la Administración, ejemplo de ello, había maquinaria más vieja de la solicitada, e incluso en la bitácora - 27 de abril del 2018- se indicó la ausencia de maquinaria y personal del proyecto. Partiendo de ello, es criterio de esta Representación que no tiene razón quien acciona pues la maquinaria del proyecto debe cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones y el hecho de que indique que siempre hubo maquinaria, pero se pedía otra, no es justificante para determinar un error en lo resuelto por el CETAC, pues tampoco, se evidencia que la maquinaria dispuesta por el contratista en el proyecto, realmente estaba en su totalidad o bien cumpliera con lo dispuesto en el contrato. Por lo cual sus argumentos no son de recibo. Por último y en cuanto al alegato de la parte accionante, en relación con el cobro de daños y perjuicios cobrados al consorcio en la fase de resolución contractual indica la parte actora: “… En resumen, como el incumplimiento grave y que realmente frustró la ejecución del contrato, fue la ausencia de viabilidad ambiental y los retrasos por las expropiaciones a cargo de la Administración, los daños y perjuicios que nos fueron cobrados, independientemente de que no están debidamente acreditados, nunca debieron trasladársenos. Exactamente lo mismo sucede con la sanción de apercibimiento, que tampoco puede sernos impuesta puesto que el incumplimiento grave sólo es atribuible a la administración contratante …”. Al respecto debemos señalar que, la parte actora, alega que los daños y perjuicios fueron cobrados de manera ilegal al no contar la Administración con la viabilidad ambiental, aspecto que ya fue analizado con anterioridad, por lo cual no lleva razón, y no es admisible tal aspecto, sobre todo si se toma en consideración que, que no aporta mayor documentación – ni en sede administrativa ni aquí- que respalde sus argumentos, o dicho de otra manera que contra reste lo resuelto por el CETAC. Dicho todo lo anterior, queda en evidencia la falta de derecho de la presente demanda y por lo tanto su improcedencia y rechazo. Y con ello, la pretensión indemnizatoria que reclama la empresa, que además de excesiva, tampoco tiene respaldo alguno que permita determinar su procedencia, y mucho menos las sumas indemnizatorias que reclama el señor Eladio Araya Mena a título personal, pues claramente, le asiste la falta de legitimación activa, ya citada. Siendo, así las cosas, procede el rechazo de la demanda dispuesta en contra de mi Representado". Fueron opuestas las excepciones de falta de legitimación ad casusam activa, falta de legitimación ad causam pasiva a favor de mi representado y falta de derecho. El estado desistió de la caducidad durante la fase correspondiente de la audiencia preliminar.-

Sobre el objeto del proceso y la teoría del caso planteada por la parte actora. Estima este Tribunal necesario hacer un breve repaso sobre el objeto del proceso, entendido como el elenco de pretensiones a que aspira la parte demandante le sean concedidas en sentencia, en relación a la teoría del caso que planteó, a partir de las estructuras argumentativas esbozadas en su escrito de demanda en lo fáctico y jurídico, con el exclusivo propósito de que la exposición que se dirá, resulte lo más clara y ordenada posible. En relación con las pretensiones formuladas en el escrito de demanda, determinadas durante la audiencia preliminar celebrada dentro de la presente causa, la accionante demandó para que en sentencia se declare lo siguiente, en lo que resulta conducente a los efectos del presente apartado: "I. Que la resolución N° 28-2019 y la resolución N° 73-19, ambas del CETAC (sic), son actos absolutamente nulos; /

Que la única parte que incumplió gravemente con el contrato para el "mejoramiento del aeródromo de Quepos La Managua" fue la Administración, debido a sus retrasos en expropiaciones y demás aspectos que incidieron negativamente en el cronograma de las obras; así como por no haber obtenido nunca viabilidad ambiental para el proyecto. /

Que la empresa actora debe ser indemnizada por los siguientes extremos: (...)". Dicho lo anterior, con alguna dificultad se extrae que en un primer nivel, lo así pretendido en lo que refiere exclusivamente a la pretensión identificada con el N° I, encuadra el presente proceso por su tipología dentro de los que en doctrina se denominan, de mera nulidad. Nos explicamos indicando que se pretende la nulidad de dos actos administrativos de corte formal ablatorios ambos por sus alcances, al tenor de los cuales la Administración activa dispuso la resolución de un contrato regido como se verá, por la legislación aplicable y vigente a la materia para la data del inicio del procedimiento de contratación respectivo en su trámite y ejecución, sobre la base del incumplimiento en que habría incurrido el Consorcio, del que la empresa fue parte, que intervino como oferente y posteriormente adjudicatario denominado a esos exclusivos propósitos, como “Consorcio La Managua”, integrado por "Grupo Orosi S.A." (3-101-316814); "Transportes Orosi Siglo XXI S.A." (3-101-114168); y "AJIP Ingeniería Limitada". Decimos proceso de mera nulidad, en la medida que como se verá, en asocio a la nulidad así pretendida, no se vinculan pretensiones de corte accesorio patrimonial, como podrían serlo unas dirigidas a la restitución de la situación jurídica de la empresa demandante en orden a la indemnización mediante la condena al pago de daños y/o perjuicios, que la adopción y ejecución del acto o actos se que impugnan, le hayan provocado ilegítimamente en relación de causa efecto. Esto lo entiende esta Cámara de Juzgadores a partir de que en un segundo nivel, haciendo un esfuerzo interpretativo de lo que sigue, la pretensión identificada como la N° II, es precisamos, de corte declarativa, esto es, en lo que entenderemos que se dirige a declarar que la Administración Activa incumplió el contrato de interés, de forma grave, con exclusiva causa en que -no podría entenderse otra cosa, como derivación de conductas que le son imputables en la fase de ejecución contractual, provocó retrasos a) derivados del trámite de expropiaciones; b) incurrió en otros incumplimientos que "en lo pretendido y en el fundamento de la demanda no se precisan", pero que habrían incidido negativamente en el cronograma de las obras, y c) porque la Administración incumplió con su obligación contractual de contar cuando ello devino en exigible a los efectos de la contratación, con la "viabilidad ambiental para el proyecto". Finalmente, conforme la demanda y nuevamente reiteramos, lo determinado por el Juez Tramitador en concurso con la intervención de las partes durante la celebración de la audiencia preliminar, pretende la parte actora un extremo de condena (se enmarca en el restablecimiento de su situación jurídica), dirigido a la imposición con cargo en ambas partes demandadas, al pago de lo que agregamos, son daños y perjuicios (una indemnización o extremo de corte patrimonial) esto conforme el extremo petitorio identificado con el N° III, que aclaramos porque en el apartado del texto la demanda no se precisa lo propio, ha de correlacionarse con el apartado de la demanda identificado como "DERECHO. TERCERO", en el que la representación de la empresa aquí actora, vincula esta pretensión justamente dirigida a la condena al pago de daños y/o perjuicios, en exclusivo nexo causal, ya no en la adopción y efectos de los actos administrativos cuya nulidad se pretende (pretensión N° I) sino y en su exclusivo lugar, con la pretensión dirigida a que se declare que la Administración Activa incurrió en incumplimiento contractual (pretensión N° II). Así, se tiene que en el relacionado apartado correspondiente a la fundamentación de la demanda "DERECHO. TERCERO" relacionado atrás, con absoluta claridad la empresa actora a través de su representante plantea lo siguiente: "No sólo se reclama la nulidad de las resoluciones dictadas por el CETAC, sino, también, la indemnización de los daños y perjuicios que nos causó la Administración con sus incumplimientos contractuales". (El resaltado y subrayado no es del original). De modo consecuente con lo que se pretende (el objeto del proceso entendido como aquello a lo que se aspira acceder en sentencia por el fondo) con independencia de la nulidad de los actos administrativos que son objeto de impugnación (aquellos conforme los que se dispuso la resolución contractual) es sobre la exclusiva base de que fue la Administración Activa la que incurrió en un incumplimiento contractual que resultando obvio, le ha de resultar imputable, que se deberá de condenar de llevar éxito la demanda en ese tanto, al pago de esos daños y/o perjuicios. Concluimos entonces y como derivación de todo lo anterior, que una cosa lo será en análisis de los vicios que conforme lo exclusivamente reprochado por la empresa actora, de si exisieron o no vicios sustanciales en los actos administrativos que deban conducir a declarar su nulidad, y otra diversa y autónoma, determinar si siéndole imputable a la Administración Activa el haber incumplido con sus obligaciones contractuales, como efecto o derivación accesoria a tal declaratoria (el incumplimiento imputable a la Administración) procede o no conceder aquello a título de condena aspira obtener quien demanda. Luego y necesariamente habremos de precisar, que la condena al pago de daños y/o perjuicios se encuentra esbozada cual pretensión, sólo en nexo causal con el alegado incumplimiento contractual valga redundar, sólo imputable a la Administración Activa, no así en nexo causal vinculada a la nulidad del o los actos administrativos al tenor de los cuales, se declaró en sede administrativa por la Administración aquí accionada, que el consorcio incurrió en incumplimientos contractuales derivado de los cuales, se impuso en su criterio, la resolución del contrato de interés. Ambos análisis entonces, habrán de guardar cierta autonomía, en el sentido de que, primeramente habrá de ser determinada la procedencia o no de la pretensión identificada con el N° I, para luego, de llevar éxito quien demanda en esa medida, determinar la procedencia o no de la pretensión identificada con el N° II, respecto de la que lo pretendido de corte indemnizatorio (pretensión N° III) guarda identidad con una pretensión de corte accesorio, esto es, que penderá exclusivamente de la suerte que corra dicha pretensión N° II, dirigida a que se declare que la Administración contratante incurrió en incumplimiento contractual. Dicho lo mismo de modo diverso, los daños y/o perjuicios que se pretenden sean indemnizados, no guardan procesalmente hablando, una relación de accesoriedad con la pretensión anulatoria, como sí y sólo con la pretensión declarativa, dirigida a que se declare que la Administración Activa incurrió en incumplimiento -que se dice, fue grave- del contrato de interés. Entendemos como tribunal en la inteligencia de lo pretendido, que la representación de la parte actora propone como eje lógico del debate, que primero se anule el acto (s) administrativo (s) al tenor de los cuales se dispuso la resolución contractual, como presupuesto necesario para que luego y sólo de llevar razón en ese tanto, se proceda al abordaje por el fondo de las pretensiones identificadas con los números II (la declaración de incumplimiento contractual imputable a la Administración) y III, la procedencia o no de una indemnización accesoria exclusivamente a ese incumplimiento contractual, dirigida a la condena al pago de daños y/o perjuicios, conforme los que fueron detallados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58, inciso 1), apartados d) y e) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se precisa que, nuevamente lo indicamos, haciéndose un esfuerzo al respecto, pese a la cantidad de hechos esbozados en el escrito de demanda que van del identificado con el N° 1 al 56, no todos ellos serán relevantes a efecto de determinar la procedencia o no de la pretensión identificada con el N° 1, que es la de corte anulatorio, sino y sólo aquellos que se encuentren vinculados a partir de la teoría del caso planteada por quien demanda al tenor de los reproches que tuvo a bien formular en el apartado del escrito correspondiente que ya hemos identificado como el que se describió así: "DERECHO. TERCERO". Es en este contexto que también debemos advertir, que pese a que la demanda por la forma en que se encuentra esbozada argumentativamente podría llevar a un importante nivel de confusión, la parte actora al menos ha insinuado sólo en parte, que como vicio, agregamos en la motivación o motivo del acto (cuales elementos de dicha tipoligía de la conducta administrativa) sólo algunos elementos que identificó en lo fáctico como descriptores de incumplimiento contractual imputables a la Administración Activa, es sobre la base de los cuales deduce y afirma, que debió considerarse que aquellos en los que incurrió el consorcio no lo fueron tales y que consecuentemente, no se debieron haber tenido por demostrados en sede administrativa. Esto es, que sobre la base de que la Administración fue la que incumplió el contrato en determinados supuestos, no le debió ser posible arribar a la conclusión lógica racional en algunos casos, que el Consorcio incumplió, o que en su caso, debió concluirse que no existió incumplimiento del Consorcio. Dicho lo anterior, estimamos que la empresa actora ha pretendido fusionar aspectos relacionados con la pretensión identificada como la N° II, con la pretensión N° I, cual se tratara del mismo reproche, no obstante, ya determinamos haya mediado error en quien demanda o no, que entre las pretensiones N° I y N° II, no existe una relación de accesoriedad, cuando antes bien con claridad, conforme lo planteado por la sociedad actora en su demanda, promueve a través del éxito de la primera, la supresión jurídica del acto administrativo de resolución contractual, para que luego y de llevar éxito la demanda en ese tanto, se proceda por parte de esta Cámara a abordar la procencia o no de lo pretendido en los términos del extremo identificado con el N° II, sólo en relación con el cual lo pretendido de corte patrimonial indemnizatorio, sí guarda una relación de accesoriedad. Con todo, será ceñido este Tribunal a los exclusivos reproches -y no otros ajenos a la demanda- que por el fondo habrían de sustentar la tesis a partir de la cual sostiene la parte actora la nulidad de los actos formales impugnados descritos en el texto de la demanda apartado "DERECHO. TERCERO", que habremos de resolver sobre la procedencia o no de la pretensión anulatoria (pretensión N° I) lo que implicará o involucrará, sólo en ese nivel argumentativo propuesto por la parte accionante, análisis en lo conducente sobre algunos incumplimientos contractuales que de existir según su dicho, serían imputables a la Administración Activa. Así las cosas, este Tribunal procederá en consecuencia con todo lo anteriormente mencionado, a analizar en cada caso circunscrito a los reproches formulados por quien demanda, para en un primer nivel a propósito de la pretensión identificada como la N° I, si en efecto median vicios sustanciales en los actos cuya nulidad se pretende, que impongan declarar dicha nulidad, para posteriormente y sólo de llevar éxito la demanda en ese tanto, declarar lo procedente sobre el resto de lo pretendido, ya que como vicio en lo resuelto a través de la parte dispositiva de dichos actos, involucró reproches asociados a incumplimientos contractuales que en su criterio, sólo le son imputables a la Administración Pública accionada y que en lo medular, por no haber sido ponderados conforme la defensa que argumentativamente desplegó en sede administrativa, habrían de concurrir con otras censuras que hace respecto de dichas actuaciones formales, a su nulidad por imposición del ordenamiento jurídico. Se destaca otra vez, que la pretensión N° III, se encuentra vinculada en relación de accesoriedad por la propia parte demandante, exclusivamente con la pretensión N° II, dirigida a que se declare que la Administración Activa incumplió con la o las obligaciones que le correspondían honrar, comprendidas en las reglas (cartel y contrato) que fueron incorporadas en la contratación de interés.-

Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso, se tienen los siguientes:

Que en el primer trimestre del año 2018 el Consejo Técnico de Aviación Civil promovió un procedimiento de contratación administrativa identificado como el correspondiente a la licitación pública N° 2017LN-000003-0006600001 denominada, "mejoramiento del aeródromo de Quepos La Managua". (Hecho no controvertido);

Que a efecto de su participación en el procedimiento mencionado, el día 20 de marzo del 2017 la empresa actora suscribió con otras dos sociedades identificadas con las denominaciones "Transportes Orosi Siglo XXI S.A." y "AJIP Ingeniería Limitada", un contrato o convenio consorcial a raíz del cual emergió para efectos administrativos, el que se identificó como el "Consorcio La Managua", instrumento en el que, en lo que interesa, se indicó en su cláusula segunda que, las empresas contaban con los recursos financieros y técnicos suficientes para la ejecución del objeto contractual; cláusula novena, que la empresa denominada Grupo Orosi S.A. sería la representante del consorcio; y cláusula décimo primera, que todos los derechos derivados del acto de adjudicación corresponderían a las sociedades contratantes de forma solidaria. (Hecho no controvertido, en asocio con los folios 4087 y 4089 del Tomo IX del expediente administrativo);

Que en los términos del cartel primera parte, puntos 2 y 3 en lo conducente, el objeto de la contratación se estableció en el sentido de que se habría de realizar un "mejoramiento de la superficie de la pista de aterrizaje"; nivelación de franjas de seguridad, siendo objetivos específicos: escarificar una parte del material bituminoso existente en toda la pista, que debía de ser colocado y compactado con riego de liga adecuado; construcción de la base estabilizada en la pista y su aplicación así como la construcción de la misma en las áreas correspondientes a los conectores y plataforma; construcción de la losa de concreto; nivelación de las franjas de seguridad; construcción de un cerramiento perimetral; pintura de la pista, conectores y acceso a plataforma; construcción de las obras hidráulicas; eliminación de obstáculos; Construcción de un módulo de edificio terminal; construcción de un sistema contra incendio en terminal; construcción de parqueos en la terminal; y construcción de un acceso a las instalaciones. (El cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo);

Que en los términos dispuestos en el cartel primera parte, punto 12.1, era obligación de los oferentes: contar con equipo como motoniveladoras, retroexcavadoras, compactadoras de rodillo propulsado por llanta, un tanque de agua móvil, vagonetas, teniendo que contar todos con revisión técnica y marchamo al día, y en todos los casos estos equipos debían de contar con las especificaciones relacionadas en el cartel y estar dentro de una vida útil de 10 años, salvo para el caso de los acarreos o equipo que trabajaría fuera del aeródromo. (El cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo);

Que en los términos dispuestos en el cartel primera parte, conforme el punto 13, se dispuso en lo conducente que quien resultase adjudicado debería de contar con lo siguiente: "Equipo de trabajo y experiencia: El equipo de trabajo estará conformado por el Contratista y debe cumplir los siguientes requisitos: (...) Director del Proyecto: Ingeniero Civil, con experiencia en obras de supervisión, construcción o reconstrucción de carreteras por al menos 8 años, debe visitar la obra al menos una vez por semana dejando registro en la bitácora oficial del proyecto, además debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ingeniero residente puede llevar la dirección del proyecto. Regente Ambiental: Profesional con amplia experiencia comprobable en regencias ambientales, consultor debidamente inscrito en SETENA, y en el Colegio Profesional respectivo. Además, debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ambiental (sic) puede llevar la dirección del proyecto y/o la residencia. (...)". (Hecho no controvertido en parte, en asocio con el cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo);

Que en los términos dispuestos en el cartel, primera parte; punto 18, sobre la viabilidad ambiental, se dispuso e informó a los oferentes que ésta había sido obtenida de la Municipalidad de Quepos, a efecto de lo cual se indico lo siguiente: "18. Viabilidad Ambiental: La Dirección General de Aviación Civil obtuvo el aval de la Viabilidad Ambiental del Proyecto ante la Municipalidad de Quepos, amparado en las resoluciones N° 583-2008-SETENA y N° 2653-2008-SETENA de previo a la orden de inicio. Todos los informes de regencia ambiental deben ser aprobados por el Área de Infraestructura Aeronáutica. Este profesional dará fe de dicho cumplimiento mediante al menos una visita quincenal durante el desarrollo del proyecto o cuando la Administración del contrato (...) lo considere pertinente, además dará fiel cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Administración del Contrato (...) en materia ambiental. El contratista debe presentar en la reunión pre-construcción posterior a la firmeza del acto de adjudicación, los siguientes documentos: Una declaración jurada de compromisos ambientales (original y copia) elaborada y firmada por el consultor ambiental propuesta en su Oferta, en la que el CONTRATISTA del proyecto asume el compromiso de cumplir con todas las medidas y compromiso ante la Municipalidad de Quepos de la legislación ambiental y conexa vigente para la ejecución del Proyecto. Se debe presentar oficialmente la designación del responsable ambiental del proyecto, que podría ser el mismo responsable de la obra, en el tanto cumpla con los requisitos. Con el fin de realizar una adecuada gestión ambiental del proyecto se utilizará la bitácora oficial de CFIA (la misma del proyecto) a tramitar por el Contratista, para anotaciones en relación con las inspecciones ambientales. El Contratista dará fiel cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos por la Administración del contrato en la viabilidad ambiental otorgada para el desarrollo de la obra, acatando las recomendaciones ambientales ahí emitidas. En caso de que la Municipalidad o SETENA soliciten informes de regencia ambiental, estos deben ser aportados por el Contratista". (El cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo);

Que la viabilidad ambiental a que refirió el cartel de licitación en los términos de la relacionado en el hecho probado anterior, se encontró constituida por el documento identificado como el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, según el cual en lo que resulta relevante, se indicó: "... procedo a informarles que la Municipalidad de Quepos por medio de la Unidad Técnica Ambiental (UTA) ve con sumo agrado el desarrollo del proyecto de mejoramiento de la seguridad operacional del aeródromo de Quepos La Managua, impulsado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). / Cabe destacar que la UTA considera que las obras descritas en el oficio DGAC-IS-OF-0448-2016 (...) y que se desarrollarán en el aeródromo de Quepos, son obras de bajo impacto ambiental, que por lo descrito en el oficio en mención no requieren de viabilidad ambiental de SETENA, según la resolución N° 2653-2008-SETENA del 23 de septiembre de 2008. / En virtud de lo anterior la UTA considera que se puede dar el aval para el desarrollo de las obras descritas, en aquellos terrenos que se encuentren inscritos como públicos y a nombre del Estado, si y sólo si, se cumple por parte de la DGAC los (sic) términos establecidos en el Código de Buenas Prácticas Ambientales. / Es importante indicar que el permiso de construcción para dichas obras debe de ser tramitado ante el Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) de la Municipalidad de Quepos, esto con el fin de cumplir con la legislación vigente". (Folios 276 y 277 del Tomo I del expediente administrativo);

Que la contratación referida en el hecho probado anterior, le fue adjudicada al que se denominó como el "Consorcio La Managua". (Hecho no controvertido);

Que el respectivo contrato fue suscrito entre la representación del consorcio adjudicado y la Administración contratante el día 29 de agosto del 2017, disponiéndose en lo conducente: en su cláusula X, sobre el tiempo de entrega, que la obra habría de ser entregada dentro de un plazo de 150 días naturales computados a partir de la orden de inicio emitida por la Administración; en su cláusula XII, punto 2, que era obligación del Contratista cumplir cabalmente con lo ofrecido en su oferta, y punto 3, que el Contratista debía de verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa y ejecución contractual, a efecto de lo cual se dispuso además, que: "En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa"; punto 6, que: "No podrá aprovecharse de los errores y omisiones que hubiese en los planos constructivos o en las especificaciones técnicas. Si en el transcurso de los trabajos, el contratista hallare cualquier error, discrepancia u omisión en los planos constructivos y especificaciones técnicas, lo notificará inmediatamente por escrito a la Administración del Contrato", punto 8, "Si durante la ejecución del Proyecto el contratista necesita cambiar un profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, deberá obtener el visto bueno por parte de la Administración del Contrato de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, para lo cual el nuevo profesional deberá contar con los mismos requisitos requeridos en el cartel y presentar toda la información pertinente. La documentación del nuevo profesional deberá ser presentada mediante nota firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando toda la información solicitada en cuanto a requisitos para este profesional", en su cláusula XVII, sobre suspensión de la obra, se dispuso que: "El CETAC delega en el Área de Infraestructura Aeronáutica para realizar la suspensión de la obra por motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles al momento de su trámite y vigencia del contrato"; en la cláusula XVIII, se dispusieron reglas sobre el reajuste de precios; y finalmente, en el inciso d) de su cláusula XXI como una causa de terminación contractual, el incumplimiento en el pago de las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social, del siguiente modo: "XXI. Causas de Terminación: El presente contrato podrá terminarse de acuerdo con las siguientes cláusulas: a) Resolución unilateral en caso de incumplimiento imputable a el Contratista; b) (...). d) Incumplimiento en el pago de las cuotas obreros (sic) patronales de la CCSS durante la ejecución del contrato, de conformidad con el oficio números (sic) 14653 ()DCA-4186) del 12 de diciembre de 2007 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República". (Folios que van del 1474 al 1482 del Tomo III del expediente administrativo);

Que la primera orden de inicio identificada con el N° 1, se dio al consorcio el día 27 de noviembre del 2017, estableciéndose para el inicio de la ejecución de la obra, el día 04 de diciembre del 2017 únicamente en lo que correspondió a los ítems del 1001 al 1010, 4001 y 4002, que guardaron identidad con la identificación de las obras a ser ejecutadas en la pista de aterrizaje, para lo que no se requería aún de los terrenos a esa data no disponibles con causa en que se encontraba pendiente su expropiación, esto sin readecuación del plazo. (Folios del 1541 al 1544, del Tomo IV del expediente administrativo, en asocio con la declaración evacuada en juicio de quien se identificó como el señor Allen Vargas Rodríguez);

Que habiendo asumido el consorcio que la viabilidad ambiental con que dijo la Administración contratante contar en los términos del cartel de la licitación, era la exigida por el ordenamiento jurídico, procedió a ejecutar la obra en lo correspondiente a partir de la emisión de la orden de inicio N°1, referida atrás. (Hecho no controvertido, en asocio con las manifestaciones hechas por la representación de la parte actora en su escrito de demanda);

Que en los términos del acuerdo adoptado por el CETAC, por artículo 06 de la sesión ordinaria N° 51-2018 celebrada el día 02 de octubre del 2018, se dispuso dar inicio a un procedimiento administrativo ordinario en contra del "Consorcio La Managua", con la finalidad de determinar si existieron incumplimientos contractuales que le fuesen imputables y en consecuencia, si procede o no la resolución contractual. (folios 4036 y 4037 del Tomo IX del expediente administrativo);

Que el día 28 de noviembre del 2018, entre el CETAC y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se suscribió el documento que se identificó como "Convenio de Cooperación Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo Técnico de Aviación Civil para la atención del aeródromo Quepos - La Managua" en los términos del cual en síntesis y en lo que resulta relevante, se convino en ejecutar un plan remedial en el aeródromo de "Quepos, La Managua"; y la realización de obras dirigidas a habilitar la operación del aeródromo consistentes en la: "... recolección de armaduras, formaleta para construcción de losas colocadas en pista, retiro de la losa de concreto existente, materiales granulares, conformación de zonas aledañas a la pista, así como colocación, conformación y compactación de materiales granulares en zonas de interés". (folios 4334 al 4336 del Tomo IX del expediente administrativo);

Que el auto inicial del procedimiento se dictó en los términos de la resolución identificada con el N° 02-2018 de las 09:00 hrs. del 10 de diciembre del 2018, indicándose en lo conducente que el mismo se habría de tramitar en contra de la empresa: "Grupo Orosi Sociedad Anónima (...) "consorcio aeródromo la Managua" adjudicataria de la Licitación Pública ..." para determinar la responsabilidad contractual de "dicha empresa" por el supuesto incumplimiento contractual, a efecto de lo cual se indicó en cuanto a los hecho constitutivos de posible incumplimiento en síntesis y en lo conducente, que de manera intermitente medió el no pago de obligaciones vinculadas al pago de cuotas obrero patronales para con la Caja Costarricense del Seguro Social; que sobre los requisitos mínimos del personal con que debía contar el consorcio, no se mantuvo la participación constante durante la ejecución de las obras de un director técnico inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; que sobre la presencia de un regente ambiental en el proyecto, no se apreció durante la ejecución de las obras anotación alguna que diera cuenta de su intervención; que en relación a la construcción de la base estabilizada, siendo esta primordial para el avance de otras actividades, no se envió por el consorcio a tiempo el diseño de la mezcla ni la ficha técnica del cemento a utilizar que debía ser previamente aprobada por la Administración, que medió una suspensión de esta labor con causa en que el consorcio no contaba con cemento en la obra, que pasados siete días de construida la base estabilizada se debía de colocar una película protectora de material bituminoso que no se colocó produciéndose evidente deterioro y pérdida de material fino, que se debía de realizar el sello de la base estabilizada para evitar su deterioro, lo que no se realizó, y que conforme el cronograma correspondiente pese estar prevista una fecha para ello, la colocación de la losa de concreto fue un trabajo que no se inició; que sobre las visitas del director técnico del proyecto conforme la bitácora correspondiente, en muchas semanas de ejecución de las obras no se registraron éstas, realizándose sólo un 32% de las visitas que habían sido programadas; que sobre las visitas del Ingeniero residente del proyecto, también conforme la bitácora correspondiente se evidenciaron múltiples faltantes de estas visitas realizándose sólo un 30% de las visitas que habían sido programadas; que sobre el cronograma de construcción de la losa de concreto no se entregó a tiempo el diseño de la mezcla para su construcción, sino hasta después del 28 de mayo del 2018 cuando ya mediaba atraso, y no se ejecutó tal trabajo; que sobre una solicitud de información de profesionales en reunión de pre-construcción, antes de darse la orden de inicio se realiza ésta en la que se intercambia información, entre otra, la relacionada con el personal, habiéndose requerido datos sobre los profesionales responsables de las obras electromecánicas conforme el cartel, información que era indispensable para evaluar su idoneidad y era información que debía de suministrarse de previo, que se solicitó al consorcio por escrito información pendiente de este personal y al día 20 de septiembre del 2018 no se había recibido; que sobre los cronogramas ofertados, atrasos generados y el cronograma actualizado, al 20 de julio del 2018 la pista de aterrizaje debía encontrarse construida en su totalidad así como los edificios, faltando la terminal aérea y parqueos que debían contar con un avance del 25% en lo que toca a la terminal, y que según el cronograma lo faltante era irrealizable, mediando atrasos por diversos motivos imputables al consorcio salvo en lo referente a las áreas pendientes de expropiar (plataforma, conectores a la pista, terminal, bulevar y parqueos) que se solicitó un cronograma actualizado del proyecto a lo que el consorcio se negó; que sobre la maquinaria usada en el proyecto, que de acuerdo con un estudio realizado se determinó que el equipo que aportó el consorcio no cumplió con lo señalado en el cartel; que sobre las actividades de autocontrol de calidad de los trabajos para verificar que los materiales que están siendo incorporados cumplen con las condiciones técnicas contractuales mediante pruebas de laboratorio, el consorcio debía de contar con los servicios de un laboratorio que las realizare, no se evidenció la presencia de este laboratorio de autocontrol de la calidad certificado; que sobre la bitácora de muestreo, como parte de las actividades de autocontrol, no se evidenció la presencia paralela del laboratorio del consorcio y de la Administración a la hora de ser realizadas las pruebas de calidad, ni registro en la bitácora de muestreo; que sobre sobre la colocación de material bajo lluvia, cuando se estuvo realizando la colocación de la losa se enfrentaban condiciones climatológicas adversas (fuerte aguacero) esto al momento de la colocación del concreto; y finalmente, que aunque no se tratase de un incumplimiento contractual, causó preocupación desde el punto de vista financiero el que se recibieran órdenes de embargo judicial, una por la suma de ¢3.140.667,86 y otro por la suma de $700.000,°° cuando el proyecto mostraba un avance financiero del 9% y ya mediaba una factura rechazada por incumplimientos; se advirtió que en caso de incumplimiento por parte de las empresas que conformaban en consorcio, podría ello conducir a la resolución contractual en lo medular, se hizo referencia a posibles daños y/o perjuicios causados a la Administración y se informó además de la documentación que comprendería el expediente administrativo y que se contaba además con el expediente administrativo de la licitación. (Folios del 4143 al 4166 del Tomo IX del expediente administrativo);

Que para el día 20 de diciembre del 2018, se había determinado por la Unidad de Operaciones Aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil mediante la realización de una inspección en el aeródromo de interés, que la pista para esa data era de lastre compactado con material suelto y que se había procedido a la corrección de las deficiencias que comprometían la seguridad operacional, por lo que se recomendaba la apertura de la pista. (Folio 4201 del Tomo X del expediente administrativo);

Que el informe final del procedimiento fue emitido por el órgano director del procedimiento mediante documento sin fecha, en los términos del cual se recomendó resolver unilateralmente el contrato con causa en incumplimientos contractual varios que se estimó, resultaron imputables al consorcio; e imponer a título de resarcimiento por los daños y/o perjuicios ocasionados el pago de la suma de ¢25.206.034,40, y aplicar al consorcio una sanción de apercibimiento conforme el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa, esto al haberse considerado en síntesis que de manera el Consorcio presentó el no pago de las obligaciones obrero patronales para con la Caja Costarricense del Seguro Social; que se incumplió con obligaciones relacionadas con el director técnico del Proyecto; que se incumplió con aspectos relacionados con el regente ambiental del proyecto; que se produjeron incumplimientos relacionados con los trabajos asociados a lo que se identificó como la base estabilizada, losa de concreto, la aplicación de una película protectora de material bituminoso y el deterioro de la base estabilizada, incumplimiento con el cronograma y con la estructura de la pista, la entrega de una obra de inferior calidad y sin protección; que se incumplió con aspectos vinculados a las visitas del director técnico del proyecto; que se incumplió con aspectos vinculados a las visitas del ingeniero residente del proyecto; que se incumplió con aspectos vinculados al cronograma de construcción de la losa de concreto; que se incumplió con aspectos vinculados en relación a la atención de solicitud de información sobre datos de los profesionales responsables de la ejecución de los trabajos en lo que corresponde a las obras electromecánicas; que se produjeron incumplimientos asociados a los cronogramas ofertados y atrasos generados por el consorcio, el cronograma actualizado del proyecto y tiempos establecidos; que se incumplieron aspectos relacionados con el equipo que aportó el consorcio particularmente en lo que toca a su antigüedad y cantidad, así como que se asumió que habría sido subcontratado su disposición; que se produjeron incumplimientos asociados a las actividades de autocontrol de calidad de los trabajos y materiales; que se produjeron incumplimientos asociados a las pruebas de laboratorio como parte de las actividades de autocontrol; que se dieron incumplimientos asociados a la colocación de concreto bajo lluvia cuando se estuvo realizando la colocación de la losa con afectación a la calidad de la obra; además, se desarrollo lo vinculado a la generación de daños y perjuicios que se estimó, sufrió la Administración contratante, se explicó lo relacionado a la procedencia de la ejecución de la garantía de cumplimiento en lo que correspondiese, para luego de transitar el texto de este informe por apartados identificados como "Resultando" en que se relatan hechos (demostrados según se logra extraer) que van del primero al centésimo; "Considerando", que refiere a los hechos indicados en el resultando identificados además como "antecedentes"; "Audiencia oral y privada"; y finalmente, se desarrolló un apartado identificado con la siguiente denominación "Sobre el fondo del asunto", en el que se revela un análisis de fondo sobre el objeto del procedimiento administrativo que describe el proceso racional que condujo a determinar que el Consorcio incurrió en los incumplimientos contractuales varios relacionados atrás; en otro apartado se hizo referencia a los daños y perjuicios causados a la Administración activa con causa en los incumplimientos contractuales en que habría incurrido el Consorcio; así como otro, en el que se hizo mención de "... la aplicación de la sanción contemplada en la LCA" entiéndase, Ley de la Contratación Administrativa; y finalmente, se desarrollo también un apartado que comprende las recomendaciones que extendió el órgano director del procedimiento a los efectos del dictado del acto final. (Folios del 4214 al 4263 del Tomo X del expediente administrativo);

Que en los términos del acuerdo del CETAC adoptado en el artículo 05 de su sesión ordinaria N° 08-2019 celebrada el día 30 de enero del 2019, en conocimiento del informe final del órgano director del procedimiento se dispuso en lo conducente, que en mérito de las disposiciones legales mencionadas y además, de un documento que se identificó como el borrador de la resolución a la que se le asignó el N° 28-2019, dicho informe se aprobó o se acogió y se dispuso resolver el contrato por incumplimientos imputables al Consorcio, el cobro en su contra de la suma de ¢25.206.034,40 por concepto de daños y perjuicios ocasionados y el apercibimiento a que refiere el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa. (Folios 4285 y 4286 del Tomo X del expediente administrativo);

Que de modo consecuente con el acuerdo relacionado en el hecho probado anterior, fue dictada por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la resolución cuyo borrador fue conocido en la sesión a que refiere el hecho probado anterior, identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019 en los términos de la cual, se dispuso conforme su texto integralmente entendido, con idéntico razonamiento esbozado por el órgano director del procedimiento en su informe final: "1. Acoger el informe final presentado por el Órgano Director del Procedimiento. /

De conformidad con los artículos 11 y 212 de la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento respectivamente, a) Resolver unilateralmente el contrato (...) por los incumplimientos imputables al contratista derivado de la licitación Pública (...) denominada "mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua". / b) Cobrar al "Consorcio La Managua" la suma de ¢25.206.034,40 por concepto de daños y perjuicios ocasionados a la Administración por los incumplimientos en el contrato. c) Aplicar la sanción de apercibimiento de conformidad con el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa", esto al haberse considerado por el fondo lo siguiente, en lo que lleva relevancia: "

HECHOS PROBADOS. Que al efecto de dictar la presente resolución, se tiene por ciertos los hechos a que refieren los antecedentes por constar así en el expediente del órgano director y en el expediente de la Licitación Pública (...) denominada "Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua" (...). IV SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: (...). 1 cuotas obrero patronales, Caja Costarricense del Seguro Social. De conformidad con el seguimiento brindado al proyecto. Se presentó de manera intermitente el no pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo que incidió en un incumplimiento del contractual (sic) y de la legislación laboral. Al respecto, en la audiencia, el Licenciado Fonseca Pión, indicó en cuanto a lo referido a las obligaciones obrero patronales, que la empresa ha mantenido arreglos de pago con la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo esta una situación subsanable y simple y sencillamente patrimonial con las entidades correspondientes, por lo que no consideran que sea un incumplimiento grave que genere la resolución contractual. Respecto a la obligación de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales, luego de adjudicado el concurso, la jurisprudencia ha señalado que: "Una vez emitido el acto de adjudicación, se verificará el cumplimiento de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la CCSS, al día de la suscripción del respectivo contrato, a la vez que en dicho documento se plasmará el compromiso del contratista de cumplir con ello a lo largo de la ejecución contractual, y en el caso de que en esa etapa de formalización la empresa cambie su condición amoroso, deberá corregir la situación en el momento que se detecte. (R-DCA-429-2007 de las 10:00 horas del 2 de octubre de 2007). En todo cartel de licitación y contrato administrativo regulados por la Ley de Contratación Administrativa, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. Según criterio de la División de Contratación Administrativa, número DCA-4186 del 12 de diciembre de 2007 se establece: "De conformidad con los artículos 11, 13 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y 32 de la ley de Concesión de Obra Pública esta cláusula de estricto cumplimiento de las normas y garantías sociales y laborales, será considerada contenido esencial del contrato y cualquier falta a la misma implicará incumplimiento contractual, en cuyo caso, podrá la Administración dar por terminado el contrato, según lo dispuesto por las normas que regulan la materia. En la presente Licitación Pública, en la cláusula XXI. "Causas de terminación", inciso d) del contrato de licitación se establece: "Incumplimiento en el pago de las cuotas obrero-patronales de la CCSS. Durante la ejecución del contrato de conformidad con el oficio N° 14653 (DCA-4186) del 12 de diciembre de 2007 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República". Es por esto que según los documentos que constan en el expediente de la Licitación Pública, hay un evidente incumplimiento de parte del contratista en el pago de las cuotas obrero-patronales de la caja costarricense del Seguro Social. Motivo suficiente para dar por terminado el contrato por parte de la administración.

Inscripción del Director Técnico en el Proyecto. Dentro del Cartel de Licitación, en el apartado 13 de la Primera Parte se estableció el deber de contar con el profesional técnico del proyecto, así como los requisitos que debe cumplir el mismo. Como parte de la gestión normal de un proyecto de inversión, todo proyecto debe mantener al momento de ejecutar las obras un Director Técnico, mismo que deberá tener una participación constante en el proyecto y actuar de conformidad con lo estipulado en las cláusulas del contrato. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 18636-MOPT "ARANCEL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EDIFICACIONES", Artículo 4 inciso f, el Director Técnico, tiene las siguientes funciones en un proyecto: Verificación de la calidad de los materiales y proceso de construcción por medio de pruebas de laboratorio; Informes periódicos sobre el progreso de la obra; Aprobación de los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista de acuerdo con las especificaciones; Control de desembolsos respecto al proyecto de la obra y determinación del cumplimiento de los plazos de construcción fijados; Justificación y autorización de "obra extra" y su aprobación posterior para su pago; Revisión y aprobación de facturas presentadas por el contratista; Recibo de las obras conjuntamente con el cliente y la elaboración del informe final. Este servicio involucra además labores de control de la programación de la obra y de los desembolsos. La responsabilidad de la construcción, en los aspectos técnicos, la asume el que realiza la dirección técnica de la obra. Asimismo, el REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) indica en su artículo 17 inciso g: "Se entiende por dirección técnica de una obra aquel servicio de Consultoría que incluya la inspección, la programación y el control de esa obra. Mediante este servicio, el dirección el Director se convierte en el profesional responsable de la obra". Para el caso particular de este proyecto, el Contratista designó al ingeniero Edwin Corrales Calderón como el Director Técnico de la Obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin embargo, a pesar de que la orden de inicio del proyecto se giró en diciembre del 2017, en los expedientes de la Licitación Pública del proyecto, se consigna que al 2 de mayo del 2018 no se había realizado el pago correspondiente por la tasación del proyecto ante el CFIA, por lo tanto, no existía un director técnico inscrito de manera oficial 5 meses después de iniciadas las obras. Mediante oficio, número NOT-501-18-0058 de fecha 29 de junio del 2018, remitido por el Consorcio La Managua, se indicó a la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, que a partir del 01 de julio del 2018, se había presentado la renuncia formal del ingeniero Edwin Corrales Calderón como director técnico del proyecto. En este sentido, el cartel estableció en la segunda parte, apartado 31 "Encargado de las obras" que los profesionales de las obras pueden ser sustituidos con la autorización de la administración, siempre que cumplan con todos los requisitos correspondientes. Por lo que la raíz de la renuncia del señor Corrales Calderón, el Consorcio La Managua empezó a presentar una serie de candidatos para sustituir la dirección técnica del proyecto, como lo fueron los señores son (sic) Eduardo Arrieta Araya; Mario Agüero Soto, Orlando Cerdas Céspedes, sin embargo, ninguno de ellos cumplió con los requisitos carcelarios; y fue hasta el día 17 de septiembre del 2018 mediante el oficio DGAC-DA-IA-OF-0711-2018 que se aceptó al señor Enrique Garita Otárola, quien había cumplido como profesional responsable de la obra con la presentación de la oferta. Con respecto a este tema, en la audiencia el Lic.Fonseca Pión indicó que "hubo también múltiples atrasos imputables solo a la administración en cuanto al registro de responsabilidad profesional, trámite de planos, etc ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos". No se exime al contratista de postergar 5 meses la inscripción del Director Técnico ante el CFIA, según lo indicado en el cartel de licitación y aceptado mediante la presentación de la oferta por parte del Consorcio la Managua. Adicionalmente se consigna en la prueba que cuando efectivamente el Ingeniero Corrales Calderón, fue inscrito como Director Técnico del proyecto, se señaló que la empresa responsable de las obras era MCDC Monje Consultoría y Construcción, empresa que no forma parte del consorcio al cual fue adjudicada la contratación. Dado lo anterior, se determina para este concepto un incumplimiento contractual por parte del consorcio la Managua.

Presencia de Regente Ambiental en el proyecto. En el Apartado 18 del cartel de licitación, denominado "Viabilidad Ambiental", se indicaron todos los requerimientos en materia ambiental solicitados por la administración a sus posibles oferentes. Así bien, durante la audiencia, el Lic. Fonseca Pión alegó que "ciertamente la Administración incumplió con el deber de tramitar el estudio de impacto ambiental de este proyecto y de acuerdo con el deber de verificación, me disculpan por la falta de precisión “veintitanto” de la Ley de Contratación Administrativa, el del reglamento sí se los puedo decir tal 218 del Reglamento de la Ley de Contratación el deber de verificación del le (sic) imponía advertir de ese grave vicio porque sin duda se están introduciendo elementos que alteran el ambiente". De conformidad con el expediente del proyecto, se determinó que la figura del Regente Ambiental de este proyecto, fue ejercida también por el Ingeniero Edwin Corrales Calderón, acarreando las responsabilidades de ejercer como director técnico y Regente Ambiental. Realizado una (sic) revisión de la bitácora del proyecto EG4111, se apreciaron solo cuatro anotaciones del Regente Ambiental del proyecto (Ingeniero Edwin Corrales Calderón), lo cual confirma que no se había dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato y en el cartel, mismo que fue claro respecto de las disposiciones contractuales y seguimiento continuo que debió darse a los aspectos ambientales del proyecto. Por otro lado, luego de la renuncia del señor Corrales Calderón, desde fecha 01 de julio del 2018, no se encuentran anotaciones en bitácora de un nuevo regente ambiental, por lo tanto, se mantiene el incumplimiento de las disposiciones contractuales. Con respecto a lo expuesto por el Lic. Fonseca, se considera que el contratista debió ejercer su deber de verificación a la hora de revisar el Cartel de Licitación previo al envío de oferta, ya que al realizarse la apertura de la misma, el contratista acepta todas las condiciones allí expuestas y se compromete a cumplirlas, por lo que, 8 meses después de iniciar la obra, no es el momento procesal oportuno para alegarlo. En virtud de lo anterior, si se considera que en materia de regencia ambiental se presenta un incumplimiento por parte del Consorcio la Managua.

Cronograma para Construcción de la Base Estabilizada: Finalización en campo de los trabajos el día 18 de abril de 2018. Todo proyecto desde su etapa de planificación debe contar con un programa de trabajo, el cual al momento de tener certeza de la fecha del inicio, se debe actualizar como cronograma base para ser usado como la guía para medir el avance del proyecto en términos de tiempo. En este caso, en el cronograma de obra actualizado y contenido en el folio 02066 del Expediente de la Licitación Pública, (ELP) entregado por el contratista mediante oficio NOT-501-17-0006 de fecha 7 de diciembre del 2017 (folio 02067 ELP), indica que las actividades de la base estabilizada del proyecto iniciaban el 23 de febrero del 2018 y finalizaban en su totalidad, incluyendo el tiempo de cura, el 10 de abril del 2018. Según oficio, DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril del 2018 (folio 3441 ELP). la administración constata que la finalización de la actividad de Base Estabilizada fue el día 18 de abril del 2018, dejando en evidencia un leve atraso con respecto al cronograma de la obra de 10 días naturales. Posteriormente, como lo menciona el cartel, la losa de concreto hidráulico debía ser construida sobre la base estabilizada. En este caso, el oficio DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril de 2018 8folio 03441 ELP), EXIGE expresamente de manera inmediata se aplique una película protectora de material bituminoso. Sin embargo, al día 26 de septiembre del 2018 la película protectora no había sido colocada y el deterioro de la base estabilizada era evidente, por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la losa de concreto hidráulico era una actividad sucesora de la base estabilizada, la cual sin el sello de material bituminoso solicitado expresamente por la administración, no estaba completa. Por lo tanto, el incumplimiento del cronograma con respecto a la base estabilizada es evidente y generador del atraso finalmente presentado en la estructura de la pista como tal, la cual alcanzó un avance hasta el mencionado proceso de estabilización, más no así la protección con el sello de material bituminoso. Por otro lado, en la audiencia sostenida el día 16 de enero del 2019, el Lic. Julio Alfredo Fonseca Pión mencionó que los procesos de expropiación incidían en el cronograma de ejecución de los trabajos, pues no se pudo iniciar desde el día 1 con la totalidad de las obras. Sino que solo puede ser posible iniciar el trabajo en una porción más reducida. La administración no encuentra con la versión dada por el Lic. Fonseca Pión, pues el orden de inicio se dio solamente a partir de aquellas actividades que tuvieran que ser que ver con la pista y franjas de seguridad, pudiendo realizarse la totalidad de las mismas en los terrenos disponibles en ese momento. Por lo tanto, no es de recibo justificar el retraso de la construcción de la pista bajo el argumento referente a las expropiaciones que fueron realizadas antes y durante la ejecución del proyecto. La actividad de base estabilizada para la pista pudo ser efectivamente realizada (a excepción del sello) porque ya la Dirección General de Aviación Civil contaba con los terrenos para su construcción y debía el contratista inmediatamente después de recibir el documento DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 proceder con la colocación del sello de material bituminoso, no solo para proteger la base estabilizada, sino para que en algún momento continuar con la colocación de las losas de concreto. Otros aspectos que demuestran atrasos por parte del contratista para la construcción de la estructura de la pista son, por ejemplo el hecho de que para el 22 de febrero el 2018, el contratista aún no le había enviado a la administración el diseño de la mezcla de la base estabilizada, ni la ficha técnica de cemento a utilizar, misma que debía previamente ser aprobada por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, según consta en el folio 02936 ELP. Así mismo, mediante oficio número DGAC -DA-IA-OF-0339-2018 de fecha 19 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó también que se debía de realizar el sello de la base estabilizada para evitar su deterioro, esta misma solicitud se realizó en la Hoja #20 de la bitácora del proyecto EG4111 con fecha del 27 de abril del 2018. Por último, si se analiza el cronograma de obras actualizado en la orden de inicio número 1, la losa de concreto debió estar finalizada como máximo para el día 2 de mayo del 2018, sin embargo, como se detalló anteriormente, los trabajos de construcción de la losa de concreto nunca se iniciaron formalmente con todos los requerimientos de la administración, como la verificación y autocontrol de la calidad, por mencionar algunos. Asimismo, se analiza el cronograma de obras actualizado a la orden de re inicio total de todos los ítems, (la cual se dio para el día 19 de mayo del 2018), el contratista debió concluir el 15 de octubre del 2018, sin embargo los trabajos no fueron concluidos. Por lo anterior, queda demostrado que el contratista incumplió con el cronograma de ejecución de la base estabilizada y por ende, con la estructura de la pista como tal. Además, al no ejecutar el sello de material bituminoso, se entregó por parte del contratista una obra de inferior calidad que al no haber sido terminada y protegida en ese caso. Se deterioró de manera evidente, como se muestra en las siguientes imágenes". (Se agregaron imágenes). "Por otro lado, en la audiencia, el Lic. Fonseca Pión mencionó: "... y tan aceptable era el grado de avance en esa base estabilizada que el pasado mes de diciembre Aviación Civil puso en operación el aeródromo y desde el mes de diciembre anterior y como prueba de eso, además de que es un hecho público y notorio, además de que vamos a ver de buena fe, mal haría Aviación Civil en ignorar que efectivamente el aeródromo está trabajando sobre la base estabilizada". Asimismo, solicitó que se incorpore al expediente, como prueban los registros de los vuelos realizados desde la apertura del agrónomo a la fecha, por lo que es mediante correo electrónico remitido por la señora Marlene Alvarado, de la unidad de planificación de la Dirección General de Aviación Civil, indica que al 18 de enero de 2018 únicamente se cuenta con las operaciones correspondientes al mes de diciembre del 2018 que salen y entran de los aeropuertos internacionales al aeródromo de Quepos, la Managua, siendo 211 operaciones. Si bien es cierto el aeródromo se encuentra en operación desde el 21 de diciembre del 2018 el Consejo Técnico de Aviación Civil debió realizar un Convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la atención del aeródromo de Quepos la Managua con el fin de habilitar la pista, se realizó un mejoramiento de la superficie de ruedo homogeneizado y compactando el material granular existente, además se realizaron mejoras en el diseño geométrico de las franjas de seguridad, con el fin de poner el aeródromo en funcionamiento y así evitar mayores inconvenientes a los usuarios. En la siguiente imagen se muestra la condición de la pista una vez ejecutado el Convenio mencionado y sobre lo cual se dio la reapertura de las operaciones". (Se agregó imagen). "Por lo que se concluye que se dio un incumplimiento por parte del consorcio la Managua en el cronograma de la construcción de la base estabilizada, que aunado a la no colocación del sello de la misma, causó un deterioro que afectó los trabajos posteriores y que al día de hoy continúan pendientes para la construcción de la estructura de pavimento de la pista, incluso actualmente nos está operando sobre la base estabilizada construida por el contratista.

Visitas del Ingeniero Director del Proyecto. De acuerdo con lo indicado en el cartel de licitación en el punto 13, denominado "EQUIPO DE TRABAJO Y SU EXPERIENCIA", indica lo siguiente: "Director del proyecto. Ingeniero civil con experiencia en obras de supervisión, construcción y reconstrucción de carreteras por al menos 8 años. Debe visitar la obra al menos una vez por semana, dejando registro en la bitácora oficial del proyecto. Al respecto, el investigado no hace referencia en audiencia sobre las faltas de las visitas del Director Técnico de al proyecto, por lo que al revisar las bitácoras de obra que constan en el expediente de la Licitación Pública, se comprueba que el director técnico no deja constancia en algunos casos, de ni siquiera una visita semanal durante todo el plazo del proyecto, inclusive luego del primero de julio del 2018 no se registra de ninguna manera, visitas de un Director Técnico, tal y como se ilustra en el siguiente cuadro". (Se adjunta cuadro). "Por lo que una vez más se evidencia un incumplimiento al cartel.

Visitas del Ingeniero Residente de Proyecto. De acuerdo con lo señalado en el cartel de licitación en el punto 13, denominado "EQUIPO DE TRABAJO Y SU EXPERIENCIA", el cual indicaba textualmente lo siguiente: "Ingeniero Civil Residente: Ingeniero Civil con experiencia mínima de 5 años en obras de construcción o reconstrucción de carreteras. Debe tener pleno conocimiento de los planos constructivos, especificaciones técnicas y esquemas referentes a este proyecto. Debe estar permanentemente en el sitio de las obras y dejando constancia de ello en la bitácora oficial del proyecto. Además debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años". El contratista designa al ingeniero Héctor Silva Mahecha como Ingeniero Residente de (sic) proyecto, siendo aprobado por la administración. Al respecto el investigado no hace referencia en audiencia sobre las faltas al revisar las pruebas en la bitácora del proyecto, los primeros registros hechos por el ingeniero residente del proyecto datan del día 9 de marzo del 2018, a pesar de que las obras dieron inicio desde diciembre del 2017, por lo tanto, no existe forma de comprobar que el ingeniero Silva Mahecha se encontraba permanentemente en el sitio de las obras previo a esa fecha, incumpliendo con lo solicitado en el cartel de licitación.

Cronograma de Construcción de Losa de Concreto. Como parte del proyecto en cuanto a la pista de aterrizaje, se requería la construcción propiamente de la losa de concreto, la cual que (sic) debió de cumplir con las características indicadas en el cartel y contrato, esto conllevaba un diseño de la mezcla que debía ser previamente avalado por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, en minuta de reunión de fecha 4 de abril de 2018, se le solicitó al Consorcio La Managua, el diseño de la mezcla para la construcción de la losa de concreto, el cual a esa fecha no había sido entregado. Posteriormente. Mediante el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 con fecha 27 de abril de 2018, la Unidad de infraestructura Aeronáutica solicitó al Consorcio La Managua, nuevamente el diseño de la mezcla de concreto para la construcción de la losa de concreto. De acuerdo como el oficio DGAC-DA-IA-OF-0339-2018 de fecha 9 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó Consorcio La Managua, nuevamente el faltante del diseño de mezcla de concreto para la ejecución del ítem 1003, denominado Losa de Concreto Hidráulico. Mediante oficio número DGAC-DA-IA-OF-0402-2018 de fecha 28 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica le solicitó Consorcio La Managua que explicara de manera inmediata las razones de los atrasos en el inicio de la ejecución del ítem 1003, denominado losa de concreto hidráulico, actividad que debió haber iniciado el 24 de mayo del 2018, según se mostraba así en el Programa de Trabajo, sin embargo, a esa fecha no se había ejecutado. El diseño de la mezcla fue entregado por el consorcio la Managua posterior a esta última comunicación. Sin embargo, el mismo generó un incremento en los atrasos del proyecto y por ende, un supuesto incumplimiento contractual, por cuanto aparentemente no está cumpliendo con el cronograma del proyecto y sus actividades. Finalmente, el cronograma de proyecto con respecto a las losas de concreto nunca se cumplió, pues las losas nunca fueron coladas. Si no fue únicamente un tramo de prueba, el cual se coló sin control de calidad y en condiciones no aptas para las buenas prácticas de ingeniería. Por lo que siento que en la audiencia la parte no hace mención al respecto, se tiene como un incumplimiento grave por parte del Consorcio.

Solicitud de información de profesionales en reunión de pre-construcción. Antes de girar la orden de inicio de las obras, se realiza una reunión de pre-construcción en las cuales (sic) se efectúan aclaraciones sobre las obras a ejecutar, se evacuan dudas, se conoce al personal involucrado con el proyecto y de requerirse se le solicita por parte de la administración al contratista documentación o información, que puede ser relevante o vinculante con la gestión del proyecto y su ejecución. Para el caso particular de este proyecto, en la visita al sitio se acordó que el consorcio la mano agua debía de facilitar a la administración lo antes posible los datos sobre los profesionales responsables de las obras electromecánicas. (profesionales y técnicos). La información que se solicitó consistía en cuadros de experiencia, declaraciones juradas y currículos del personal técnico a desarrollar las obras electromecánicas para cada uno de los técnicos, según lo establecido en el cartel y en el cual fue aceptado por el contratista con la presentación de la oferta. Esta información era indispensable para poder avalar la idoneidad contractual de las personas que realizan estos trabajos, por lo que la misma debía de estar de previo y así evitar atrasos, los cuales eran responsabilidad del contratista. En el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0253-2018 de fecha 10 de abril del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica realizó la solicitud del pendiente del personal responsable de las obras electromecánicas, (profesionales y técnicos). Al día de hoy, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica continúa sin recibir dicha documentación por parte del Consorcio La Managua, incluso en la audiencia no se refirieron al respecto, lo cual evidencia un incumplimiento contractual por parte de éste.

Cronogramas ofertados de proyecto, atrasos generados por el contratista y cronograma actualizado del proyecto. De acuerdo a lo indicado en el cartel de licitación, en lo que respecta al punto 8, denominado duración de los trabajos de la tercera parte, el plazo de entrega del proyecto sería de 150 días naturales como máximo a partir de la orden de inicio, de igual manera en la oferta del contratista, le (sic) mismo se comprometió a cumplir con dicho plazo. En el cronograma visible en el folio 04172 del expediente administrativo de la licitación, se puede observar que se realizó un corte de las actividades que debían estar finalizadas al 20 de julio del 2018, donde la línea verde muestra cómo debería ser el avance actual del proyecto, donde se debería de contar con la pista construida en su totalidad, los edificios (ítem del 4007 al 4011) y solamente deberían estar faltando actividades relativas a la terminal aérea y Parqueos (ítem del 6000 al 7400), la cual debería contar con un avance significativo de un 25% como mínimo en la construcción de la terminal aérea. La realidad en el proyecto es otra y la programación de actividades planteada por el Consorcio La Managua, según el Cronograma es irrealizable, debido a que todas las actividades se inician el mismo día (jueves. 14/06/18) y todas con una misma duración (118 días), sin embargo, no se ha ejecutado lo estipulado. La Administración, mediante correo electrónico del 28 de junio del 2018, realizó una nueva solicitud de información de cronograma de actividades al Consorcio La Managua, la cual fue atendida mediante documento NOT-501-18-0065 de fecha 5 de julio de 2018, sin embargo, poseía un faltante de información con respecto a lo solicitado, por lo que el mismo no es aceptado por la Administración, según oficio número DGAC-DA-IS-OF-2018-0514 de fecha 11 de julio del 2018, emitido por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil. Durante la ejecución de las actividades se presentaron varios atrasos por diferentes motivos, siendo todos de responsabilidad del consorcio la Managua, a excepción de los renglones de pagos relacionados con el área pendiente expropiar correspondientes (sic) a la plataforma, conectores de pista, terminal, boulevard y parqueos, lo anterior por cuanto el proceso de trámite expropiatorio se extendió más de lo previsto. En cuanto al cronograma actualizado del proyecto, dicha información, se le había solicitado en su momento a quien era el Director Técnico del proyecto, el Ing.Edwin Corrales Calderón, sin embargo, el contratista le negó la entrega de información en su momento. El miércoles 20 de junio del 2018, mediante correo electrónico se hizo una nueva solicitud de información, la misma fue negada por el contratista y se mantiene la fecha sin ser aprobada por la administración. Esto queda vivenciado en el siguiente correo electrónico". (Se agregó imagen del texto del correo electrónico). "Dicha actualización de Cronograma nunca fue realizada. Tampoco en la audiencia realizada el día 16 de enero del 2018 se presentó mayor evidencia con respecto a este tema. Por lo tanto, se constata los atrasos generados por el contratista y los atrasos en los cronogramas en labores que no eran afectadas por las expropiaciones.

Maquinaria a utilizar en el proyecto. En el apartado 12.1 de la primera parte del cartel de licitación, denominado "EQUIPO", se indicó textualmente lo siguiente: "La siguiente lista es un requisito mínimo de cumplimiento obligatorio para equipos amarillos inscritos: 2 (dos) Motoniveladoras (semejante CAT 120 H o superior; 2 (dos) Retroexcavadoras (semejante CAT 420 o superior; 2 (dos) compactadoras de rodillo, propulsado por llanta (peso de operación, 10ton o superior; 1 Tanque de agua móvil (mínimo 10mil litros, cisterna o similar; 5 (cinco) vagonetas (potencia, 255 HP o superior, deben presentar tarjeta de pesos y dimensiones; Todos los equipos deben contar con la respectiva revisión técnica vehicular y su marchamo al día. El oferente debe contemplar que estos equipos deben estar dentro de la vida útil de 10 años para el caso de los acarreos u equipo que trabajará fuera del aeródromo, pueden estar fuera de la vida útil siempre y cuando estén en buenas condiciones". De acuerdo con el oficio número NOT-501-18-0061 del 2 de julio del 2018, remitido por el Consorcio La Managua, se observó que presentaba el reporte de maquinaria, equipo y operadores, según lo solicitado en el cartel. No obstante, de acuerdo al estudio efectuado, se determinó que algunos de esos equipos de acarreo contaban con una antigüedad mayor a la solicitada en el cartel, por cuanto los equipos presentados se ubicaban en el rango entre 1987-1996; adicional a ello, se observó que el equipo amarillo no contaba con la antigüedad solicitada, a saber: tractor. TR04, compactador CO-21, y volquete VO-07. Por otro lado, la cantidad de unidades solicitadas en el cartel no correspondía a la cantidad indicada en dicho documento. En los listados de maquinaria presentados tanto en la oferta como en la respuesta a la aclaración solicitada por la Administración según oficio número NOT-501-18-0061 del 2 de julio del 2018, se incluyó maquinaria que no indicaba el propietario y la incluida en oferta poseía varios propietarios, por lo que la Administración interpretó que eran subcontratos que no están siendo mencionados ni en la oferta presentada ni en las aclaraciones solicitadas por la administración. Al respecto, el licenciado Fonseca Pión, indicó en la audiencia que: "... rechaza que hay incumplimiento alguno a la maquinaria destinada al proyecto, puesto que según consta en el expediente y por eso es que en esta audiencia no nos hemos apersonado con prueba de la licitación, invocamos la Ley 8220 de modo que se tenga por incorporada la totalidad del expediente de la licitación, como consta, la administración entendió que el consorcio estaba incumpliendo con la maquinaria, no se había puesto a disposición del proyecto me perdonan la expresión coloquial un back hoe o dos back hoe o la cantidad de back hoe que fuera necesaria y lo que ocurrió es que el consorcio más bien puso a disposición del proyecto una maquinaria superior que es una excavadora, de modo tal que este otro tema también se rechaza por completo, más bien, sin que eso implicase un cobro adicional para la administración, se puso a disposición maquinaria que incluso supera en cuanto a capacidad y en cuanto a rendimiento de operación a los vehículos especiales echados de menos en su oportunidad por la Dirección General de Aviación Civil. Dado lo anterior, se demuestra que el equipo que aportó el Consorcio La Managua para el desarrollo de las obras no es el solicitado en el cartel de licitación, por lo que es incorrecto técnicamente hablando suponer que una excavadora suple o es equivalente a "uno o dos back hoes" incluso sin importar si la maquinaria suministrada superaba la capacidad y rendimiento, no tiene la misma funcionalidad, por lo que se incumplió con lo señalado en el cartel.

Autocontrol de calidad de trabajos. En el punto 14 del cartel de licitación, denominado "ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD", se indicó textualmente lo siguiente. "14 ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD. El oferente debe considerar dentro de su estructura de costos, el autocontrol de calidad, el cual debe estar a cargo de un laboratorio de materiales propuesto por el contratista. Debe presentar la respectiva acreditación de los ensayos ante el ECA, los ensayos deben reflejarse dentro del programa de trabajo general. (...). El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos en conjunto con la verificación de la Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de calidad de la administración del contrato deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes, los cuales se anotarán en la bitácora de muestreo, como se indica en la siguiente sección "Constancia de calidad" de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el Contratista dará por aceptados los resultados que emita el laboratorio de control de calidad de la administración del contrato. Dicho (sic) resultados no serán sujetos a reclamos posteriores. Dentro de la oferta el Consorcio La Managua se indicó que el laboratorio para autocontrol sería la empresa OMJ Consultores de Calidad y Laboratorios S. A., posteriormente realizan un cambio de laboratorio a ITP, según nota de fecha 18 de diciembre del 2017. Para la administración es de suma importancia contar con las "Verificaciones de Calidad", al igual que es de suma importancia que el Contratista cuente con su "Autocontrol de Calidad", lo anterior por cuanto permite verificar que los materiales que están siendo incorporados al proyecto están cumpliendo con con las condiciones técnicas estipuladas en el Contrato, lo anterior se evidencia por medio de la aplicación de pruebas de laboratorio en el sitio y de conformidad con los avances que se tengan en las obras. Se realizó una reunión con el Contratista con fecha 27 de febrero del 2018 y se le solicitó al Consorcio La Managua la presencia de autocontrol en la obra para los debidos chequeos, por cuanto no se mostraba presencia en el sitio de un laboratorio de autocontrol de calidad, debidamente certificado por ECA (regente de los laboratorios de materiales). De acuerdo a lo indicado en la bitácora número 29 del 01 de junio del 2018, el ingeniero Héctor Silva Mahecha, Residente del Contratista, indicó lo siguiente". (Se adjunta cuadro). "(Folio 03901 ELP). Se evidencia en la bitácora la presencia en el sitio del Laboratorio de Euroconcretos, los cuales no se encuentran certificados por ECA y que no era el laboratorio que contratista reportó para sus autocontroles, la cual era ITP. Por lo que el Consorcio La Managua no estaba cumpliendo con las condiciones carcelarias. No se indicó en Bitácora que se realizaron en forma conjunta con el laboratorio de verificación de calidad de la Administración. Se notó la ausencia en el proyecto de muestreo de materiales de autocontrol de calidad planteado en oferta (ITP), así como la falta de topografía, tanto para el avance de los trabajos como para la definición de los montos a presentar en los avances de obra por parte del Consorcio La Managua. Por lo anterior, las cantidades de obras reportados (sic) en las estimaciones de avance de Fracturaciones realizadas no corresponde a la realidad. Al respecto, en la audiencia no se hizo mención a este punto, por lo que se confirma el incumplimiento por parte del Consorcio La Managua.

Bitácora de Muestreo. En el cartel se estipula en el apartado 14 de la primera parte, denominado "ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD", que: El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos en conjunto con la verificación de la de Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de Calidad de la Administración del contrato deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes. Los cuales se anotarán en la bitácora de muestreo, como se indica en la siguiente sección "Constancia de calidad" de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en el caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el contratista dará por aceptado los resultados que emita el laboratorio del control de calidad de la administración del contrato. Dichos resultados no serán sujetos a reclamos posteriores. En ese control de "Constancia de Calidad", no se evidenció la presencia paralela tanto de laboratorio por parte del contratista, como también el laboratorio por parte de la Administración a la hora de ejecutar las pruebas de calidad. No se observó dicha bitácora de muestreo, donde se indicará que se realizó el muestreo en conjunto con el laboratorio de verificación de calidad. De acuerdo con lo indicado en bitácora, los muestreos realizados por el Consorcio La Managua se habían realizado con técnicos de Autoeuroconcreto (laboratorio no certificado por ECA) e indicado en el organigrama del proyecto en bitácora 033, se indicó que el contratista había realizado autocontrol de calidad en planta de Euroconcretos, lo que se consideró un posible incumplimiento de las condiciones carcelarias y contractuales. En la audiencia celebrada el 16 de enero del 2019, contratista no presentó prueba o constancia de que se llevara el documento de bitácora de muestreo, el cual por iniciativa del contratista y como parte de las cláusulas carcelarias, debía ser presentada a la administración una vez finalizado el proyecto, siendo esto un incumplimiento contractual.

Colocación de material bajo la lluvia. En el cartel en el punto 11.3, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, FIBRO-REFORZADO EN PISTA, CONECTOR PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO Y VIRAJE, se indica lo siguiente: "El colado se debe hacer durante las horas de la noche o las primeras horas del día máximo hasta las 10 am y se debe realizar sin interrupción entre las juntas de construcción previamente aprobadas por la administración del contrato. El colado solamente debe interrumpirse en caso de lluvia y cuanto esta pueda lavar la superficie del concreto fresco, el contratista se compromete a cubrir el concreto colocado de forma inmediata, con el fin de que no se dañe la microtextura. No se permite la colocación de concreto después de transcurridos 45 minutos de iniciado el mezclado, tampoco se permite renovar y volver a usar el concreto, adicionando agua y cemento. La colocación del concreto debe hacerse con cuidado, evitando que se segreguen los materiales, se separe concreto en capas y se formen juntas frías. En todo momento el concreto debe ser vibrado de forma vertical". Como parte de la gestión que realiza el Laboratorio de verificación de la calidad por parte de la Administración, está el evidenciar que los trabajos que se realicen de conformidad con las condiciones contractuales que para el presente caso, cuando se estaba realizando la colocación de la (colocar concreto hidráulico) se estaba enfrentando condiciones climatológicas totalmente adversas, según la siguiente fotografía aportada por el laboratorio, donde se evidencia un fuerte aguacero al momento de la colocación del concreto". (Se agrega fotografía). "Sobre los daños y perjuicios dentro del traslado de cargos del presente asunto, se determinaron una serie de daños y perjuicios ocasionados a la Dirección General de Aviación Civil y Consejo Técnico de Aviación Civil, según se detallan a continuación. (...)”. (Folios del 4266 al 4284 del Tomo X del expediente administrativo);

Que en contra de lo así resuelto, el representante del consorcio aduciendo actuar con facultades suficientes para ello dadas por "Grupo Orosi S.A.", interpuso lo que identificó como recurso de reconsideración el día 19 de febrero del 2019. (Folios del 4289 al 4298 del Tomo X del expediente administrativo);

Que en los términos de la resolución dictada por el CETAC con el N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019, aprobada en su sesión ordinaria N° 22-2019 celebrada el día 20 de marzo del 2019, fue rechazado el recurso interpuesto por la representación del consorcio, dándose por agotada la vía administrativa. (Folios del 4313 al 4320 del Tomo X del expediente administrativo);

Que la resolución del CETAC relacionada en el hecho probado anterior, le fue notificada a la representación del consorcio el día 29 de marzo del 2019. (Folio 4323 del Tomo X del expediente administrativo);

Que como efecto de lo dispuesto en el punto b, de la parte dispositiva de la resolución dictada por el CETAC con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se procedió en ejecución de la garantía de cumplimiento al cobro de la suma de ¢25.206.034,40 (veinticinco millones, doscientos seis mil treinta y cuatro colones con cuarenta céntimos. (Hecho no controvertido);

Que en los términos de la resolución dictada con el N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 por el Tribunal Ambiental Administrativo dentro del trámite dado al expediente diligenciado ante tal Autoridad Pública con el N° 226-18-01-TAA, se dispuso, primero, declarar responsables a la Dirección General de Aviación Civil y al CETAC por haber realizado la construcción y ampliación del aeródromo de Quepos La Managua objeto de la contratación administrativa de interés, sin contar con la evaluación de impacto ambiental otorgada conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), derivado de lo cual se impuso como sanción una amonestación a ambos órganos administrativos y orden para que en plazo determinado se implemente un programa de educación ambiental avalado por el Departamento de Gestión y Promoción Ambiental de la Municipalidad de Quepos; así como orden para que en ese mismo plazo se presente ante al Tribunal Ambiental autor de esta resolución administrativa la aprobación de la dependencia municipal mencionada, al haberse estimado que, en lo conducente, para la ejecución de las obras no se contó con permiso de construcción otorgado por la Municipalidad competente, así como que se contravino lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política, en relación al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. (Imágenes que van de la 448 a la 459 del expediente judicial);

Que la demanda que se conoce en los términos de la presente sentencia, fue presentada a estrados judiciales el día 07 de febrero del 2020. (El sistema de gestión en Línea del Poder Judicial);

Que por resolución dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo dentro del trámite del mismo expediente relacionado en el hecho probado anterior, identificada con el N° 962-2022-TAA de las 13:40 hrs. del 27 de julio del 2022, se intimó según en ella se advierte, por segunda vez a la Administración investigada, para que diese cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada con el N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022. (Las imágenes que van de la 502 a la 504 del expediente judicial).-

Hechos no probados. De relevancia para la resolución del presente proceso, se ha tenido como no demostrado lo siguiente:

Que la demanda que se conoce en los términos de la presente sentencia, haya sido incoada después de haber transcurrido el plazo de un año computado a partir del día de la notificación al consorcio del acto administrativo en los términos del cual se dio agotamiento de la vía administrativa. (El sistema de gestión en línea del Poder Judicial);

Que el codemandante Eladio Araya Mena, se haya encontrado vinculado jurídicamente de algún modo con la Administración contratante. (La ausencia de elementos de convicción al respecto);

Que el codemandante Eladio Araya Mena, sea titular de la propiedad accionaria de la empresa actora. (La ausencia de elementos de convicción que permitan afirmar lo contrario);

Que con ocasión del trámite dado al procedimiento administrativo derivado del cual, se dispuso la resolución del contrato de interés, sólo se haya tenido como parte investigada a la empresa aquí actora. (Folios 4036 y 4037, en relación con los que van del 4143 al 4166, todos del Tomo IX del expediente administrativo);

Que la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, carezca de motivación. (La ausencia de elementos de convicción que permitan afirmar lo contrario, en asocio con los folios que van del 4266 al 4284 del Tomo X);

Que la ausencia de viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental constituya un incumplimiento contractual imputable a la Administración, o que en su caso, sobre este aspecto el Consorcio haya dado observancia a su deber de verificar el procedimiento de contratación durante su trámite y/u, oportunamente durante su fase de ejecución. (La ausencia de elementos de convicción que permitan afirmar lo contrario, en asocio con los folios 276 y 277 del tomo I del expediente administrativo, y las imágenes que van de la 448 a la 459 y de la 502 a la 504, estas últimas del expediente judicial);

Que la empresa actora (el consorcio) haya sufrido un desequilibrio o "rompimiento" de la ecuación financiera del contrato como causa de alguna conducta administrativa que haya sido desplegada u omitida por la Administración. (La ausencia de elementos de convicción al respecto);

Que la causa eficiente de que el Consorcio de manera intermitente no se haya encontrado al día con el pago a la Caja Costarricense del Seguro Social, se haya encontrado constituida por dificultades de flujo de efectivo o un desequilibrio financiero causado por conductas imputables exclusivamente a Administración activa. (La ausencia de elementos de convicción al respecto);

Que la obra en lo que fue ejecutada por el consorcio a partir de la primera orden de inicio haya resultado construida en observancia de las reglas científicas y técnicas adecuadas, y/o, que haya resultado de utilidad en función del objetivo perseguido. (La declaración en juicio de los señores Roberto Sojo Quesada y Allen Vargas Rodríguez, en asocio con la prueba que obra a los folios del 4266 al 4284, en relación a los folios del 4334 al 4336, todos del Tomo X del expediente administrativo);

Que la Administración activa haya incurrido en incumplimiento alguno a las obligaciones que le correspondieron conforme las reglas y normativa aplicables a la contratación de interés, que haya tenido incidencia por otro lado, en la motivación y/o motivo de los actos impugnados. (La ausencia de fundamentación y de elementos de convicción al respecto).-

Sobre la improcedencia de la demanda. Estima esta Cámara de Juzgadores producto de una nueva ponderación del caso, que se impone declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos, en función de las siguientes consideraciones:

Sobre la excepción de caducidad de la acción interpuesta por la representación del CETAC. Debiéndose tomar nota de que la representación del Estado expresamente indicó al Juzgador de trámite durante la celebración de la audiencia preliminar que -ahora lo expresamos en nuestros términos- declinaba de la interposición de esta defensa, entonces previa, por los efectos que podrían generarse de ser acogida esta, se impone resolver en un primer nivel de ideas sobre la misma -aclaramos, en lo que exclusivamente fue interpuesta por la representación del CETAC-. Argumentó la representación de esta parte coaccionada que dictada la resolución por medio de la cual se declaró resuelto el contrato y habiendo sido recurrida, fue por resolución N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019 que se resolvió tal acción recursiva, resolución que fue notificada el día 29 de marzo del 2019, mientras que la demanda fue presentada el día 12 de junio del 2020. Se impone el rechazo de esta excepción en función de las siguientes consideraciones. En relación con esta temática habremos de iniciar afirmando que aunque el derecho de acción tiene raigambre constitucional su ejercicio no es ilimitado, dado que ha de ser desplegado de conformidad con lo que dicte la ley. Así, el artículo 41 de la Constitución Política reza de la siguiente manera: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". (El resaltado no es del original). En función de lo anterior, el derecho de acción en cuanto su ejercicio se encuentra sujeto no sólo a las formas determinadas por la misma normativa de corte adjetivo, sino además, a plazos conforme el ordenamiento jurídico infraconstitucional, de modo que aunque derecho fundamental, que lo es, su despliegue material en forma indebida y/o inoportuna podría conducir a tornarlo jurídicamente inviable. La caducidad de la acción refiere a una de esas situaciones que pendulan en torno a un aspecto temporal, esto es, en torno al momento en que se ejercita ese derecho una vez que se haya el interesado en posición de hacerlo. Este instituto jurídico tiene que ver con la posible preclusión de la oportunidad para demandar, de suerte que si superado ese término no se ha demandado, el derecho fenece. Este es un valioso instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones, de modo general entre los particulares y de modo específico entre los individuos y el Estado. Entonces, es válido concluir que el derecho al acceso a la Administración de Justicia no es absoluto, pues se encuentra condicionado legalmente a la promoción oportuna de la demanda, sea, a que las acciones se ejerciten dentro de los plazos que señala el legislador como razonables, pues la indeterminación y la incertidumbre chocan con los fines generales del derecho. El término de caducidad de la acción, tiene entonces como uno de sus objetivos racionalizar el ejercicio del derecho mismo, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, tal dimensionamiento de los alcances del derecho constituye de manera legítima y acorde con el ordenamiento jurídico constitucional y una restricción necesaria para la estabilidad del derecho y relaciones sociales, lo que impone al interesado rigor y disciplina en el empleo oportuno de las acciones que le competen y de las que es su titular, so pena de que las situaciones jurídicas que le pudiesen afectar adquieran firmeza en orden -perdonando redundar al respecto- a la seguridad jurídica y en consecuencia, devengan en inmutables. En consecuencia, de operar el instituto se extingue el derecho de acción, si el interesado ha caído en la desidia al no ejercerlo en la ocasión debida y con la presteza que exige la ley. En esta medida, la caducidad de la acción no concede derechos subjetivos en cabeza del accionado, sino que por el contrario, hace fenecer el derecho del accionante, apuntando a la protección de un interés general superior. La caducidad desde el punto de vista procesal, dado que impide el ejercicio de la acción, habría incluso de impedir el inicio el proceso. En consecuencia, para evitar que opere debe ejercitarse dentro del plazo previsto, lo que únicamente ocurre con la interposición de la demanda a través de su presentación a estrados judiciales dentro del plazo de ley, ya que la demanda una vez presentada ante la autoridad competente y ninguna otra actuación procesal, constituye la materialización del derecho de acción así como el eje cronológico del proceso. Esta es una figura en relación con la cual el litigante debe obrar con mucho cuidado y diligencia, pues siendo el instituto de orden público, lleva consigo efectos gravosos y por su naturaleza -de proceder- lo que impone mayor rigor que cuando nos encontramos frente al instituto de la prescripción, lo que explica su carácter irrenunciable, así como el hecho de que no encuentre supuestos de interrupción del plazo una vez iniciado su cómputo, y la posibilidad de ser declarada incluso de oficio por parte de la autoridad judicial cuando se verifique su ocurrencia. En contraposición, la prescripción es de carácter renunciable o disponible, por lo que no puede ser declarada de oficio por la Autoridad Judicial aunque se verifique la misma; es susceptible de interrupción en el cómputo de su plazo, y se evita sólo si presentada la demanda a estrados judiciales, pero además, si se notifica a la parte contraria dentro del plazo de ley pues a diferencia de lo que ocurre con la caducidad, se acciona en tiempo adecuado si se logra poner en conocimiento al eventual accionado de la existencia de la demanda a través de los mecanismos formales previstos en el ordenamiento jurídico procesal. Pues bien, en términos generales el Código Procesal Contencioso Administrativo aplicable a la categoría de procesos como el que nos ocupa, regula el aspecto de la temporalidad en el ejercicio del derecho de acción atendiendo a si las pretensiones se refieren a aspectos vinculados con conflictos de orden meramente patrimoniales o regulados por el derecho privado (civil de hacienda), o si en su caso, el objeto del proceso tiende a la declaratoria de disconformidad de una conducta o conductas específicas con el ordenamiento jurídico y eventualmente su invalidez, concepto que incluye la disfunción (contencioso administrativo). Ante esta precisión, se fijan cauces de temporalidad diversos. Siendo el derecho de acción el que permite formular contiendas judiciales para la tutela o declaratoria de determinado efecto que precisa la pretensión como objeto del proceso. El mismo Código discrimina si ese derecho de acción se encuentra sujeto a un régimen de caducidad de la acción -término fijo-, o si por el contrario, dado el carácter patrimonial de las pretensiones deducidas, se refiere a situaciones que son reguladas por el instituto de la prescripción. La caducidad se encuentra prevista en los numerales 39 y 40, estableciéndose a partir de los mismos el plazo de un año para requerir la nulidad del acto, lo que ocurre particularmente cuando el objeto del proceso suponga la impugnación de alguna conducta administrativa de corte formal, y es el numeral 41 el que regula lo propio en los procesos que tradicionalmente han sido identificados como civiles de hacienda, esto es, en los que el objeto de discusión se reduce a la determinación de un reproche de responsabilidad patrimonial o no, caso frente al que el plazo máximo para incoar el proceso será aquel que establezca el ordenamiento jurídico sustantivo para el respectivo derecho de fondo. Resulta entonces de utilidad discriminar entre ambas figuras. En los procesos anulatorios (al margen de la naturaleza del acto) o aquellos en los que se pide el control de legalidad de la función administrativa, las pretensiones están afectas a un régimen de caducidad del derecho de impugnación, lo que resulta consustancial al régimen jurídico de reproche de los actos administrativos. Por su lado, en los denominados procesos civiles de hacienda -que incluyen particularmente sin agotarlos, los reclamos que versan sobre responsabilidad administrativa, se insiste-, el derecho esgrimido no está sujeto a caducidad, sino a un régimen de prescripción. La distinción de ese factor de temporalidad del ejercicio del derecho de fondo se desprende de la sola lectura de los ordinales 39 del cuerpo normativo -para casos anulatorios-, y del 41 ibídem -para los civiles de hacienda-. Es manifiesto que esta jurisdicción desde larga data ha señalado que tratándose de un proceso civil de hacienda (o de responsabilidad) no opera la caducidad de la acción, sino y en su lugar, el de la prescripción del derecho de fondo sólo a requerimiento de parte. Recuérdese que si estamos frente a un derecho cuyo ejercicio está sujeto a la prescripción la demanda puede ser formulada en tanto el derecho no prescriba, entendiendo que para que se produzca la prescripción debe ser alegada. Si el derecho prescribe, ello implica denegar las pretensiones por el ejercicio extemporáneo del mismo. Incluso, y aun en los casos en que la acción en este tipo de relaciones patrimoniales se ejercite una vez transcurrido el plazo legal de prescripción, si la demandada no alega el fenecimiento del derecho por esa causal, el juzgador no podría declarar la prescripción. Cuando estamos frente a una pretensión de corte anulatorio, el ordinal 39 del Código señala que el plazo máximo para formular el proceso judicial que busca tal declaratoria es de un año computado a partir de los diversos supuestos que ese inciso primero relata. Ahora bien, en lo que toca a las peticiones de nulidad, debe de distinguirse entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta. De estimarse la patología reclamada, en el caso de la nulidad relativa, la conducta se suprime hacia futuro, a fin de que no siga surtiendo efectos. En la nulidad absoluta, a la luz del ordinal 71 de la Ley General de la Administración Pública y 131 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la declaratoria de invalidez tendrá efecto retroactivo, lo que supone la inoponibilidad jurídica de los efectos materiales que el acto ha producido desde el inicio de su eficacia y vigencia hasta la supresión en sede judicial o administrativa. Luego de ese año, la impugnación de las conductas públicas solo es posible en los actos que padezcan nulidad absoluta -no de grado relativo-, pero que sean de efectos continuados, pues de ser de efecto instantáneo, el plazo fatal es de un año. Tal tratamiento es regulado por el ordinal 40 del Código. En esos casos, si la acción anulatoria se produce dentro del año posterior al inicio de eficacia del acto absolutamente nulo de efecto continuado, la declaratoria de nulidad será de efecto retroactivo, sin embargo, si la acción se formula después de ese año, la nulidad será dispuesta únicamente para la inaplicabilidad futura del acto, lo que implica la consolidación –legalmente cohonestada- de los efectos que esa conducta produjo antes de esa supresión. Sobre la caducidad de la acción en el caso concreto. Ahora, en relación a la caducidad de la acción alegada en el caso concreto, se tiene que la demanda fue presentada a estrados judiciales el día 07 de febrero del 2020, esto cual se extrae del sistema de gestión en línea del Poder Judicial. La representación de la parte actora pretende que en sentencia se declare la nulidad de las que identificó como la resolución N° 28-2019 y la resolución N° 73-19, ambas del CETAC. Luego, conforme la prueba que obra en autos, no obstante fue en los términos de la resolución identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019 en los términos de la cual, se dispuso en lo que resulta relevante, la resolución contractual con causa en incumplimientos que en criterio de la Administración Pública accionada fueron imputables el consorcio contratista, este acto fue impugnado por la representación del consorcio a cargo de la ejecución de la obra mediante el que se identificó como recurso de reconsideración, más adecuadamente, de reposición, y fue en consecuencia que posteriormente y en los términos de la resolución dictada por el CETAC con el N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019, aprobada en su sesión ordinaria N° 22-2019, celebrada el día 20 de marzo del 2019, que se rechazó el recurso interpuesto por la representación del consorcio, dándose por agotada la vía administrativa (folios del 4313 al 4320 del Tomo X del expediente administrativo) siéndole notificada esta resolución a la representación del consorcio el día 29 de marzo del 2019. (Folio 4323 del Tomo X del expediente administrativo). El artículo aplicable al caso concreto lo es el número 39, inciso 1) aparte a), según el cual: "1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: a) Cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día siguiente al de la notificación". En la presente causa se incoa la demanda peticionándose la nulidad en lo principal, de un acto administrativo formal de corte ablatorio, en la medida que por su medio por un lado, se cercenaron derechos del consorcio y por otro, se le impuso una sanción. Siendo una liberalidad de la parte interesada, agotar o no la vía administrativa, en el caso de que opte por recurrir administrativamente en contra de lo así actuado, el plazo de caducidad se ha de computar para todos los efectos, a partir de la notificación de la resolución por medio de la cual, se produce el agotamiento de la vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 261 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública. Siendo esto así, en el presente caso la resolución en los términos de la cual se produjo el agotamiento de la vía administrativa le fue notificada a la representación del consorcio el día 29 de marzo del 2019 según el acta de notificación correspondiente, consecuencia de lo cual, cualquiera de las empresas que conformaron el consorcio contó con el plazo de un año que se vencería luego el día 29 de marzo del 2020 para incoar la demanda. El presente asunto, con total independencia de la fecha en que fue interpuesta una medida cautelar previo a la causa, esto es, al proceso, según la información que obra en el sistema de gestión en Línea del Poder Judicial la demanda fue presentada a estrados judiciales el día 07 de febrero del 2020, de modo que con claridad el plazo anual referido de caducidad no se superó, por lo que se rechaza esta excepción, no habiendo demostrado la representación del CETAC, que la demanda que se conoce en los términos de la presente sentencia, haya sido incoada antes del transcurso de un año computado a partir del día de la notificación al consorcio del acto administrativo en los términos del cual se dio el agotamiento de la vía administrativa.-

Sobre la falta de legitimación ad causam activa interpuesta por la representación del Estado en lo que la demanda fue incoada por el señor Eladio Araya Mena. Para el caso del señor Eladio Araya Mena en lo que demandó a ambas partes accionadas, pretende que se les condene al pago de lo que se identificó como daño moral de corte subjetivo, que presuntamente se le habría ocasionado por los efectos de los actos administrativos impugnados y/o, con causa en el incumplimiento contractual en que se reprocha, incurrió la Administración Pública contratante. En relación con este punto, frente a su acción, con independencia de si la excepción de falta de legitimación en la causa activa fue interpuesta sólo por la representación del Estado o no, que lo fue, se trata de un presupuesto procesal que debe ser verificado por la Autoridad Judicial aún de oficio. Estima este Tribunal sobre el particular, que en efecto media tal falta de legitimación en la causa activa en el codemandante Araya Mena para demandar, con absoluta claridad, bastando con indicar al respecto que no demostró esta parte accionante encontrarse vinculado en modo alguno desde el punto de vista jurídico con ninguna de las Administraciones Públicas aquí accionadas. Al respecto, estimamos conveniente hacer la transcripción parcial del voto N°24-2017-IV dictado por esta misma Sección del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, en lo que se hace referencia en él al tema de la legitimación de las partes como presupuesto procesal que es, cuya revisión se impone de manera obligatoria e incluso oficiosa en todos los casos, siendo que en dicho fallo se indicó lo siguiente: "(...) Hablamos de legitimación cuando hacemos referencia a un presupuesto de todo proceso jurisdiccional, cuyo análisis en cuanto a su existencia resulta obligado para el Juzgador, incluso de oficio si no se opone la respectiva excepción (de falta de legitimación activa y/o pasiva). Cuando el enfoque que se le da lo es como un asunto de fondo, en su análisis lo que se observa es la "... específica situación jurídica material en la que se encuentra un sujeto, o pluralidad de sujetos, en relación con lo que se constituye el objeto litigioso de un determinado proceso; la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la sentencia resulte "eficaz"." (Gimeno Sendra, Vicente; Saborìo Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162). De manera, que se trata de la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso de esta naturaleza; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada. Así, "... un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados". (Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79). Si las partes intervinientes carecen de legitimación, se puede concluir que el desarrollo de todo el proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo en concreto planteado en estrados judiciales, porque esa falta determinará la inexistencia de la relación jurídica entre éstas. En esta jurisdicción -contencioso-administrativa- son tulelables las "situaciones jurídicas de toda persona", clarifica el inciso 1) del numeral primero, en relación con el 10, inciso 1) apartado a), del Código Procesal Contencioso Administrativo, y esto en tanto exista alguna vinculación con una manifestación de la conducta administrativa, cualquiera de las diversas posibilidades en las que pueda ser manifestada o exteriorizada, de manera que para obtener una tutela judicial efectiva y de fondo en un proceso contencioso, se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de al menos "un interés legítimo" (artículo 49 de la Constitución Política), derivado u originado en el marco de una relación jurídico administrativa; de donde el administrado se pueda ubicar en situación jurídica tal que se encuentre en posibilidad procesal de pedir -y en ese sentido obtener- la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico, anulación, modificación o adaptación de la conducta administrativa, el restablecimiento, reconocimiento o declaración de una situación jurídica, la fijación de límites y reglas impuestos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de potestades administrativas, la condena de hacer alguna conducta determinada, la condena de abstención de una conducta y la condena de daños y perjuicios (artículo 42 del citado Código Procesal Contencioso Administrativo). Este presupuesto debe ser entendido en una doble dimensión, a saber, la legitimación activa, relativa a quien, o quienes figuran como actor o actores, referida cabalmente a la supuesta titularidad del derecho subjetivo o interés legítimo que se alega ha sido infringido, esto es lo que se concibe como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción que le faculta a su titular a exigir la satisfacción de una determinada prestación u objeto; y por su parte, la legitimación pasiva, que se entiende en relación con la parte demandada, que se manifiesta como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. Se enfrentan así, un derecho subjetivo o interés legítimo frente a potestades o competencias públicas. También cobra importancia referirse a los conceptos claves para determinar si se cumple o no este presupuesto de fondo, a saber el de derecho subjetivo y de interés legítimo. El primero, ha sido definido en la doctrina nacional como "... aquel poder de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública, exigiendo del Poder Público (y en concreto de la Administración), por un medio coactivo, si es preciso, la conducta concreta y específica correspondiente, otorgada por el Ordenamiento Jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus fines e intereses." (González Camacho, Óscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo

El Control Judicial de la Inactividad Administrativa. Editorial Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. San José. Costa Rica. p.178.) Por su parte, el segundo, es sustancial, no procesal, en tanto forma parte de la esfera jurídica material del administrado, que "debe llevar aparejado un beneficio como consecuencia de la eliminación de la actuación administrativa, o un perjuicio derivado de su mantenimiento, beneficio o perjuicio que pueden ser, tanto materiales o jurídicos, como de índole moral, religioso, científico o económico (257 LGAP)" (Gimeno Sendra, Vicente; Saborìo Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Op. Cit. p. 185); y como tal, requiere ser legítimo, esto es, resulta imprescindible que esté amparado, aunque sea de manera indirecta, en el ordenamiento jurídico. Éste ha sido el sentido en el que se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, al señalar: "... Se hace necesario en consecuencia reiterar el concepto de legitimación que descansa, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, en la necesaria correspondencia que ha de existir entre el actor demandante y el titular del derecho o interés legítimo pretendido. Constituye como se sabe, un presupuesto esencial de la relación jurídico procesal, imprescindible para una sentencia estimatoria. La ostenta, por lo general, aquella persona (física, jurídica, pública o privada), que sufre una lesión a consecuencia de una conducta administrativa (activa u omisiva), contra la que protesta ante el Juez, en requerimiento de la protección de su situación jurídica o de aquella que pertenece al colectivo que integra. Deriva, como se puede ver, del vínculo o relación que se mantiene con la pretensión procesal formulada." (Sentencia número 11-F-S1-2012, de las 09:25 hrs. del 12 de enero del 2012). Llegados a este punto, cabe considerar que la legitimación activa comprende dos aspectos jurídicos ampliamente diferenciables o separables: el primero corresponde a lo meramente formal-procesal, que en la doctrina y jurisprudencia se ha dado en llamar “legitimatio ad procesum”, la cual tiene que ver con la capacidad procesal de quien acciona, con arreglo a la legislación civil; y en tal virtud, se refiere a la capacidad genérica de demandar o bien de deducir una determinada pretensión frente a un tercero, esto es, a la capacidad para ejercer un derecho de acción. Para la doctrina procesal la capacidad jurídica procesal y la capacidad de obrar procesal son dos condiciones abstractas referentes, la primera a la titularidad de los derechos, cargas y responsabilidades del proceso y la segunda, a la realización de actos procesales y recepción de sus efectos, que se reconocen en atención a cualidades o aptitudes físicas y jurídicas. El sujeto que posea capacidad jurídica procesal y capacidad de obrar procesal, está en condiciones de incoar un proceso o de defenderse en él, haciendo uso de la facultad general de accionar, o sea, de promover un proceso, reconocida a los ciudadanos, y de hacer uso de la bilateralidad de la acción. La legitimación ad processum se ha denominado también como legitimación meramente aducida o alegada. (JIMÉNEZ MEZA, Manrique, La legitimación administrativa, Editorial Investigaciones Jurídicas, 3era. ed., San José, 2000.). El segundo ámbito es el que se ha denominado -también- en la doctrina y jurisprudencia nacional como “legitimatio ad causam”, que atinente al derecho de fondo, esto es, a la titularidad o no en el marco de una relación jurídica y en ese sentido, de una particular situación jurídica, para obtener lo que se peticiona. Se trata de un requisito indispensable para el eficaz ejercicio del poder de acción, sea, que afecta la eficacia del proceso para quien demanda. A diferencia de la legitimación ad processum, este no es un requisito formal que pueda conducir a la inadmisibilidad de la demanda, por lo que no debe confundirse con aquella, que sí lo es. Luego evidenciamos la clara diferencia entre ambos institutos del derecho procesal, indicando que acreditada la legitimación al proceso, el Juez la tendrá por reconocida a la hora de admitir el proceso o reclamo y darle curso, no así la legitimación a la causa. Aquella primera actuación del Juez en ningún nivel le compromete, puesto que será hasta la sustanciación del proceso en que corresponda hacerse la valoración de ese presupuesto de fondo en tanto está directamente relacionado con la determinación de si hay o no una relación entre quien acciona y los derechos e intereses legítimos cuya tutela se persigue, lo que tal y como se ha indicado, constituye la base de la legitimación de todo proceso jurisdiccional. De este modo, es que resulta perfectamente posible que en un proceso una de las partes -procesales- a pesar de haber litigado acreditando ostentar legitimación al proceso, no tenga legitimación en la causa y como consecuencia de ello, tampoco el derecho que reclama, lo que conduciría a que no le deba ser concedido. (Al respecto, entre otros, véase: Montero Aroca, Juan y otros, Derecho Jurisdiccional II, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2000, págs. 70 a 78). Legitimación en la causa es, una peculiar situación jurídica que tiene el sujeto que actúa en el proceso respecto del objeto que se controvierte, que es lo que lo autoriza a pretender en forma eficaz, y al demandado contradecir hábilmente. (VESCOVI, Enrique, Teoría del proceso, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990). En razón de lo anterior, no puede haber tutela ni pretensión alguna ante el Juez, sin un derecho a la acción, ejercido a través de un proceso jurisdiccional. Con esto se vincula el derecho y el interés legítimo a la pretensión, otorgándoles el rol de elemento legitimador (legitimatio ad procesum ) y de presupuesto material imprescindible para su estimación definitiva en sentencia (legitimatio ad causam), donde bastaría como elemento legitimador (legitimatio ad procesum ), la existencia de un interés legítimo, que en este caso se traduce en la vinculación debida entre el sujeto accionante y la pretensión esbozada en su demanda. Obviamente insistimos, que cuando se trate de la legitimación en la causa, el análisis de este importante presupuesto de fondo de la demanda debe dejarse para sentencia, en tanto es hasta ese momento que se puede comprobar si se da la supuesta titularidad -del derecho subjetivo o interés legítimo- aducida en la interposición de la acción.- (...)". Dicho esto, en la presente causa se han tenido como hecho no demostrados como derivación de la prueba, o en su caso, por la ausencia de prueba idónea, teniendo siempre presente cuál es el objeto del proceso principal de corte anulatorio, que el codemandante Eladio Araya Mena se haya encontrado vinculado jurídicamente de algún modo con la Administración contratante y/o, que en su caso sólo a mayor abundamiento, que éste sea o haya sido titular de la propiedad accionaria de la empresa actora. Se trata de su representante nada más en consecuencia, administrador de los intereses societarios y el de los titulares de su propiedad accionaria. Podemos afirmar que el representante de una entidad de este tipo no gestiona intereses propios, ni ha de sustituir a la entidad en casos como el que nos ocupa, a conveniencia. Incluso, mediante una certificación notarial que obra en el expediente administrativo que por resultar innecesario, no ubicamos, se acredita que la propiedad accionaria de la empresa actora corresponde o es titularidad de otra de las empresas que conformaron el "consorcio La Managua". Se demostró por no haber mediado controversia al respecto, primero, que en el primer trimestre del año 2018 el Consejo Técnico de Aviación Civil promovió un procedimiento de contratación administrativa identificado como el correspondiente a la licitación pública N° 2017LN-000003-0006600001, denominada "mejoramiento del aeródromo de Quepos La Managua", así como que, a efecto de su participación en el procedimiento mencionado, fueron tres sociedades identificadas como "Grupo Orosi S.A.", "Transportes Orosi Siglo XXI S.A.", y "AJIP Ingeniería Limitada", suscribieron el documento identificado como "acuerdo consorcial" a raíz del cual emergió para efectos administrativos el "Consorcio La Managua", esto el día 20 de marzo del 2017, (Hecho no controvertido, en asocio con los folios 4087 y 4088 del Tomo IX del expediente administrativo). Luego, también se acreditó no habiendo mediado controversia al respecto entre las partes, que la contratación referida en el hecho probado anterior le fue adjudicada al que se denominó como el "Consorcio La Managua", integrado por la empresa aquí actora, así como por las denominadas "Transportes Orosi Siglo XXI S.A." y "AJP Ingeniería Limitada". De este modo, representante o no de la empresa actora el señor Araya Mena y con total independencia de las circunstancias que condujeron a que la relación que tenía con el gerente general de esa sociedad quien a la vez, era su hijo se viera afectada, los actos administrativos impugnados desde un punto de vista jurídico en la medida de que por su medio se declaró resuelto el contrato administrativo de interés, así como todo lo relacionado con un posible incumplimiento contractual imputable a la Administración Pública contratante, sólo tuvieron la virtud de hacer emerger efectos sobre la esfera de intereses y/o derechos subjetivos de esta forma o figura asociativa de corte comercial (llámese consorcio o en su caso, cada una de las empresas que lo conformaron) no así en la esfera jurídica de sus representantes, independientemente de la relación jurídica que les vincule con ellas y en relación con los cuales, la Administración o Administraciones demandadas, cualquiera de las dos, se encuentran totalmente desvinculadas en relación jurídica contractual. Incluso, aún y admitiendo que quienes figurasen como titulares de la propiedad accionaria de una sociedad anónima tuviesen legitimación para demandar en casos como el que nos ocupa sobre la base de imputación de haber recibido efectos materiales (por ejemplo, afectación indirecta sobre la distribución de dividendos) o morales indirectos, con causa en una conducta administrativa adoptada en contra de los intereses de la persona jurídica de la que se es propietario en todo o en parte -lo que no admite esta cámara-, baste con decir que tal circunstancia no fue en todo caso acreditada mediante prueba idónea. Sin lugar a dudas la prueba testimonial no lo es, bastando con señalar que tal circunstancia sobre la composición de la propiedad accionaria se suele certificar con vista en el libro de registro de accionistas, de donde afirmamos, que tal probanza no consta en autos. La que sí consta permite afirmar otra cosa, porque al trámite del procedimiento licitatorio se aportó una certificación de este tipo conforme la que se indica que la propiedad accionaria de la empresa aquí actora, corresponde a otra sociedad. Tampoco la prueba aportada con el escrito de demanda, de corte pericial contable o financiero resulta conducente en este sentido. En consecuencia, en lo que el señor Eladio Araya Mena demandó en contra del Estado, se acoge la excepción y de oficio se declara que media falta de legitimación en la causa en lo que esta misma parte accionante demandó al CETAC, declarándose en ambos casos la demanda sin lugar en todos sus extremos.-

Sobre la falta de legitimación ad causam pasiva interpuesta por la representación del Estado. De conformidad con el artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo: "Se considerará parte demandada:

La Administración Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado. /

Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que se encuentren adscritos". (El resaltado no es del original). Correlacionados ambos incisos, se tiene que el legislador previó como regla general, que la demanda habrá de incoarse en contra de la Administración Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, en este caso la dictada por parte del CETAC, así como que, no obstante ello, como excepción a la regla se "habrá de considerar" parte demandada al Estado, además de aquella Administración autora de la conducta, si es que cuenta con personalidad jurídica instrumental. La legitimación para demandar en contra del Estado en estos casos es instrumental y el verbo "considerará" comprendido en la norma procesal -no sustantiva que regule la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, habla de ello-, esto con el objeto de que concurra en la defensa de los intereses de un órgano persona como éste, que despliega gestión pública, y no con causa en que se le impute cual suerte de ficción, la autoría de la conducta cuestionada y sus posibles efectos. Conforme el artículo 2 de la Ley General de Aviación Civil, tanto la Dirección General de Aviación Civil como el CETAC son órganos adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de donde sólo el CETAC, cuenta con personalidad jurídica instrumental entre otras cosas para administrar los fondos provenientes de tarifas, rentas o derechos regulados en esa Ley, así como para realizar los actos o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, esto bajo el fenómeno en técnica legislativa conocido como el de "desconcentración", de modo tal que el CETAC es un órgano con personería jurídica instrumental desconcentrado del Poder Ejecutivo que cuenta con patrimonio propio, esto es, desconcentrado del Ministerio mencionado funcional y presupuestariamente en grado máximo, esto es también, que es desde al punto de vista jurídico es centro autónomo de imputación de derechos y/o de potestades públicas estatales, así como de obligaciones. Esa es la razón por la que entre otras cosas, para contratar administrativamente no hace concurrir la voluntad del jerarca ministerial del ramo, salvo en lo que conserve él o quien designe, una silla y la presidencia del CETAC, verbigracia lo dispuesto en el artículo 5, de la Ley General de Aviación Civil. El artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo en otro orden de ideas y en lo que fue relacionado atrás, vino a adecuar la legislación procesal en este tanto a lo que bajo la vigencia de la antes vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conducía al administrado en estos casos, a demandar exclusivamente al Estado. Bajo la vigencia de esta Ley reguladora, fue como consecuencia de jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia -no del texto de la Ley adjetiva específica- que en el marco de una aplicación sistemática del ordenamiento jurídico se reconoció legitimación pasiva al órgano desconcentrado, habida cuenta de que en caso de prosperar una demanda que contuviese extremos petitorios de corte indemnizatorio, en la práctica y a nivel presupuestario, si se condenaba al Estado al pago de daños y/o perjuicios (único a quien se demandaba) éste a través del presupuesto nacional, hacía repercutir los efectos de una condenatoria de la especie en el órgano que además de contar con aquella personería jurídica instrumental y presupuesto propio, era autora y responsable de los efectos esa conducta objeto del proceso por corresponderle su autoría, lo que ocurre en el caso del CETAC partir del contenido y alcances del artículo 2 mencionado atrás de la Ley General de Aviación Civil, en lo que reza así: "En relación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Técnico de Aviación Civil gozará de desconcentración máxima y tendrá personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos provenientes de tarifas, rentas o derechos regulados en esta Ley, así como para realizar los actos o contratos necesarios para cumplir las funciones y tramitar los convenios a fin de que sean conocidos por el Poder Ejecutivo". (El resaltado no es del original). En consecuencia con lo anterior, si bien en relación con el Estado ha de mediar legitimación ad causam pasiva desde el punto de vista procesal porque el legislador así lo dispuso en la medida que habrá de concurrir en defensa de los intereses públicos vinculados en la actividad de órganos persona instrumentales como lo es el CETAC, lo es exclusivamente cual lo dispuso el legislador en el relacionado atrás artículo, no así porque le sea imputable el efecto del acto administrativo cuya autoría no le corresponde. Para estos efectos se pueden consultar las actas de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa identificada del 38 de abril del 2006, en la que con ocasión de la intervención de uno de los redactores del Proyecto del Código Procesal Contencioso Administrativo, señor Oscar Eduardo González Camacho, éste indicó en relación con las personerías instrumentales a que refiere la norma que analizamos, que: "Y yo quisiera dejar patente ante los señores diputados un aspecto más, y es que nótese siendo instituciones diferentes como manifestó el Magistrado Jinesta, hemos querido traer y esto creo que es un concepto fundamental, a la Administración actuante al proceso. Yo creo que ya está bien a esta altura del siglo XXI que traigamos como demandado a quien no ha actuado. Y ... que la Administración activa se cobije bajo la sombra de un asesor mediato, y, no se vale. Quien actuó y quien accionó u omitió que venga al proceso, sea órgano con personería jurídica instrumental, sea Contraloría, sea de otro orden". En todos los casos como el presente entonces, habrá legitimación legal para demandar al Estado, siempre, más no para repercutir en su patrimonio, siquiera solidariamente por los actos de un órgano persona instrumental, que siendo autor de la conducta objeto del proceso y teniendo patrimonio propio, deberá responder cuando corresponda, por el despliegue de su actuación. De modo consecuente con lo anterior, en relación a los extremos de corte indemnizatorio exclusivamente en relación a los cuales, no dice expresamente la parte demandada que se ha de condenar a ambas partes demandadas de modo solidario, media falta de legitimación en la causa pasiva y en consecuencia, sólo en ese tanto resulta improcedente la demanda en lo que fue dirigida en contra del Estado en lo que tiene que ver con los extremos de corte patrimonial indemnizatorios, como así se declara lo propio.-

Sobre la falta de legitimación ad causam activa interpuesta por la representación del CETAC en lo que le demandó la empresa aquí accionante. La representación del CETAC afirmó que media falta de legitimación activa -habremos de entender- respecto de la demanda en lo que fue incoada por la empresa actora, a efecto de lo cual indicó en síntesis que la licitación fue adjudicada a un consorcio constituido por tres empresas, de las que sólo una de ellas demanda, sin ostentar la representación procesal de las demás, lo que relacionó con lo que identificó con una defensa previa de falta de integración de la litis consorcio activo necesaria, que interlocutoriamente fue rechazada. En relación al presupuesto material de la acción constituido por la legitimación "ad causam", sea, en la causa, cuando media en casos como el presente la figura admitida en el derecho de la contratación administrativa identificada como el consorcio, estimamos relevante recordar que conforme con el numeral 38 de la Ley de Contratación Administrativa, la figura consorcial guarda identidad con un contrato privado de alianza estratégica temporal, sea, que no hace emerger relaciones jurídicas permanentes. Su existencia supone la concurrencia de la voluntad de dos o más personas, con único el propósito de participar en un procedimiento concursal específico al abrigo de una comunidad de intereses, sin que se constituya una nueva persona jurídica, salvo que expresamente así lo decidan las partes y den cumplimiento en su totalidad a los presupuestos o requisitos necesarios para su creación y la posibilidad de que proyecte efectos a terceros, lo que incluye el aspecto registral, claro está. Este cuerdo se ha de extender en caso de que el consorcio resulte adjudicado, a la totalidad de la ejecución de su objeto, siendo necesaria de designación por las partes consorciadas, de un representante, no de un mandatario. En lo que toca a las partes interesadas, supone la generación por esta vía de una legítima expresión contractual de corte privada y prevista en la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento, insistimos, con el exclusivo propósito de competir mediante la unión de cualidades, capacidades y esfuerzos, complementando frente a sus debilidades, sus fortalezas, todo en un marco de responsabilidad solidaria e ilimitada entre los vinculados frente a la Administración, con ocasión de esta forma de relacionarse jurídicamente lleva implícito el que cualquier beneficio o actividad de uno de los consorciados, beneficia al resto, como un todo. En otro orden de ideas, desde la óptica del principio finalista de interpretación del ordenamiento jurídico, la figura se encuentra diseñada para equilibrar frente al principio de legalidad, la necesidad de la Administración de hacerse de los bienes y/o servicios necesarios y dirigidos a la satisfacción del interés público, mediante procedimientos que no limiten, sino que propicien la mayor participación posible de oferentes, así como y, de manera consecuente con ello, la mayor gama de posibilidades de elección en un marco de efectiva competencia, evitándose así la imposición a los interesados de trámites costosos en tiempo y dinero como lo es el constituir una nueva persona jurídica. No tiene ni por su naturaleza y/o alcances, el objeto de crear una persona jurídica, como tampoco crear formas de representación a través del contrato de mandato frente a terceros, diversos a la Administración Pública y/o ajenos al acuerdo consorcial. Doctrinariamente se ha identificado al consorcio como una: "Forma de asociación en que dos o más empresas se reúnen para actuar unidas, bajo una misma dirección y reglas comunes, aunque conservando su personalidad e independencia jurídicas …” Cabanellas de Torres, Guillermo (2001), pág. 88. (El resaltado no es del original). En síntesis, las partes consorciadas mantienen su naturaleza e integridad como personas jurídicas autónomas, mientras que por otro lado, no es virtud ni objeto del acuerdo la creación de una persona jurídica que les represente, con independencia eso sí, de que para los exclusivos alcances del consorcio se nombre a quien les represente frente a la Administración contratante. El artículo 38 de la Ley de la Contratación Administrativa, reza de la siguiente forma: "Ofertas en consorcio. En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita. Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en su ejecución". (El resaltado y subrayado no es del original). Por su parte, el artículo 72 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, establece: "Ofertas en consorcio. Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes actúen bajo una misma representación. / La Administración, tiene la facultad de disponer en el cartel que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo concurso. Para efecto de los procedimientos será suficiente que una sola de las empresas consorciadas haya sido invitada, para que el grupo pueda participar. / Además de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio". (El resaltado no es del original). En lo que resulta de interés, los consorciados deben de identificar quién les representará frente a la Administración Pública en el marco del procedimiento de contratación administrativa específico en el que se aspira participar, sin que nada impida que actúen bajo una misma representación. Los consorcios entonces, con absoluta claridad y con ajuste a la ley, se encuentran regulados en normativa especial parte del ordenamiento público administrativo, como mecanismo para relacionarse con la Administración Pública a través de la eventual participación de los interesados en los procedimientos que en esa materia esta despliegue y nada más, no haciendo las veces el consorcio ni guardando identidad alguna con una nueva persona jurídica diversa a los consorciados, aunque la creación de una persona jurídica a partir del acuerdo consorcial no se encuentre expresamente prohibida. Esto por paridad de razones, implica necesariamente que los miembros del consorcio mantienen sus obligaciones y derechos dentro del concurso público e incluso frente a terceros a título personal y no a título del consorcio, con ciertos matices para el caso de la Administración en razón de la responsabilidad solidaria que supone. Ergo, incluso frente a la Administración Pública en un caso de eventual responsabilidad patrimonial del consorcio, no responde este, ya que no existe como tal, como sí y en su lugar, cada uno de los consorcialmente vinculados como entidades autónomas e independientes, pero de forma solidaria. No se puede hablar jurídicamente de solidaridad, sino lo es entre personas diversas. De igual manera, cuando se adjudica un contrato a un consorcio, desde el punto de vista jurídico lo es a cada uno de sus integrantes con independencia del rol que jueguen dentro del pacto privado que suscribieron entre sí, siendo la relación jurídica contractual creada entre la Administración y estos últimos, no así con el consorcio, que constituye una simple denominación del acuerdo privado que permite la participación conjunta mencionada cual suerte de ficción jurídica. Es por esto que por imposición del ordenamiento jurídico, lo que se impone a quienes deseen participar en consorcio lo es acreditar la existencia del acuerdo privado que describa las normas que regularan hacia lo interno su relación, y a lo externo como se proyectarán hacia la Administración, no así la creación de una persona jurídica y guardando fidelidad con el Principio de Informalidad, el único requisito para la constitución de un consorcio lo es la suscripción del respectivo acuerdo, que deberá ser aportado a la Administración. Habría de esperarse además, incluso para efectos tributarios -si se quiere- que el acuerdo refiera a qué específicamente se obliga cada parte consorciada y cómo habrían de ser distribuidos de modo consecuente, los ingresos que haya de reportar el contrato, de serles adjudicado, lo que debería de ser verificado por la Administración contratante. Para terminar, cualquier acuerdo o contrato accesorio como el otorgamiento de un poder (mandato) no encuentra encuadre dentro de la figura consorcial, ni respaldo en la regulación comprendida en los numerales 38 de la Ley de Contratación Administrativa, 72 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa -normas que no aplican al proceso judicial- como sí en cuerpos normativos diversos, a saber, en el Código Civil. A fin de esclarecer los requisitos de la figura, pueden señalarse los siguientes: a) se trata de un acuerdo de carácter asociativo, en la medida que dos o más entes privados de comercio unen sus fuerzas, generando temporalmente una unidad económica, en la medida que, participando en el procedimiento de contratación, y finalizado éste, de resultar adjudicatarios, ejecutado el contrato cabalmente, recibida la obra en forma definitiva a satisfacción y/o en su caso, terminada la relación jurídica contractual por modos diversos como lo son la rescisión o la resolución del contrato, fenece lo convenido por su naturaleza jurídica y alcances. b) el acuerdo es de naturaleza económica en la medida que ambas partes tienen un interés de esa naturaleza. c) es circunscrito a una contratación a un grupo de ellas, claramente establecido, de tal suerte que los efectos del acuerdo no pueden extrapolarse a situaciones futuras o no consideradas por las partes y tampoco puede considerarse como a plazo indefinido. d) generando un régimen de responsabilidad solidaria entre las partes frente a la persona que se le presenta la oferta. e) si bien la naturaleza del acuerdo es privado y como tal está regido por la autonomía de la voluntad, en cuanto es presentado a la Administración se requiere de un contrato formal, habitualmente protocolizado y excepcionalmente sólo autenticado, esto para demostrar la existencia del acuerdo y los alcances del mismo. En el caso en concreto, conforme la prueba que obra en autos se tiene que a efecto de su participación en el procedimiento mencionado, tres sociedades identificadas como "Grupo Orosi S.A.", "Transportes Orosi Siglo XXI S.A.", y "AJIP Ingeniería Limitada", suscribieron el documento identificado como "acuerdo consorcial" a raíz del cual emergió para efectos administrativos el "Consorcio La Managua", esto el día 20 de marzo del 2017, mismo en el que, en lo que interesa, se indicó en su cláusula novena que la empresa denominada "Grupo Orosi S.A." sería la representante del consorcio -esto exclusivamente frente a la Administración contratante, claro está-; y en su cláusula décimo primera, se dispuso que todos los derechos derivados del acto de adjudicación corresponderían a las sociedades contratantes de forma solidaria. (Hecho no controvertido, en asocio con los folios 4087 y 4088 del Tomo IX del expediente administrativo). En cuanto al plazo, se estipuló que la vigencia del consorcio se extendería hasta la etapa de ejecución total del objeto contractual, su entrega a satisfacción con la firma del respectivo finiquito, y con alguna falta de rigor en técnica jurídica, hasta la interposición de procesos contenciosos administrativos, lo que resulta estéril con causa en que el representante de las empresas consorciadas, no guarda identidad con un mandatario judicial, ni especial, ni general, éste último caso en el que el contrato de mandato debe ser inscrito en el Registro Nacional para surtir efectos frente a terceros. Lo primero que debe indicarse sobre el particular, lo es que no obstante se requiere la designación de un representante del consorcio ante la Administración, cual es el propósito legal de esta figura contractual privada, de ello no emerge en efecto un contrato de mandato por virtud del cual quien represente a las empresas consorciadas en sede administrativa, las represente necesariamente a todas o haya de representarlas en un proceso judicial eventual y futuro, cualquiera que sea (muy cercano a un poder general judicial). Lo propio se encuentra regulado en el Código Civil en lo que refiere al poder especial judicial y/o en su caso, al poder general judicial, éste último para el que deben mediar algunos requisitos formales de corte registral, insistimos. Además, el contrato que nos ocupa es totalmente omiso sobre la especificación de la participación de cada una de las partes en el proceso de ejecución contractual, como también es omiso sobre la forma en que habrían de ser distribuidos los ingresos, lo que no guarda ajuste con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, del que hicimos cita atrás. Este tópico en todo caso, resulta estéril en el asunto que nos ocupa si de la legitimación ad al proceso o en la causa se trata, pues la representación de la parte actora no afirma demandar en defensa o representación del resto de las compañías en su momento consorciadas, pues como veremos a la luz del texto del acuerdo consorcial de interés, como una liberalidad de las tres empresas, éstas acordaron conforme la cláusula décimo primera del convenio, que todos los derechos derivados del acto de adjudicación corresponderían a las sociedades contratantes de forma solidaria. Pese a la particularidad que presenta la expresión "derechos solidarios" en contraposición a "obligación solidaria", estimamos que esta estipulación acordada y suscrita por las partes contratantes al tenor de este instrumento jurídico privado dado en el marco de la autonoía de la voluntad, no puede ser soslayada, no existiendo además, nada en el ordenamiento jurídico que impida tal acuerdo sobre los derechos emergidos de la asociación temporal. Así, una cosa lo es afirmar que la empresa actora no pueda representar procesalmente al resto de las sociedades consorciadas en un proceso judicial, lo que es correcto, y otra afirmar que los derechos surgidos a partir del contrato administrativo deban ser considerados solidarios, cual suerte de solidaridad de corte activa. En el presente caso eso fue lo que se dispuso, de manera que en efecto cual así lo hizo ver el Juez o Jueza de Trámite en su momento, además de que la litisconsorcio activa no podría resultar se necesaria, la empresa aquí actora se encuentra legitimada en la causa para pedir con causa en que el resto de las empresas consorciadas con ella, acordaron que además de las obligaciones emergidas del contrato, los derechos igualmente surgidos de él serían solidarios, con todo y la particularidad del acuerdo, que no puede ser desconocido, ni es cuestionado por las partes aquí codemandadas. En este sentido resulta necesario reforzar el hecho de que el contrato consorcial no constituye un contrato de mandato judicial efectivamente, mas, sí uno a través del que en disposición de sus intereses patrimoniales dada la naturaleza económica del acuerdo, cada empresa o ente participante puede libremente disponer de lo que desee, como lo fue en este caso respecto de los derechos que surjan de una relación jurídica contractual. En consecuencia, la empresa actora cuenta con legitimación en la causa activa para demandar como lo hace, porque resultó ser parte del consorcio adjudicado vinculado jurídicamente con la Administración accionada, y además, porque se encuentra contractualmente facultada para ejercer derechos derivados de la contratación, sean titularidad de todas o alguna de las otras empresas consorciadas, por el simple hecho de que éstas acordaron que se trata de derechos solidarios. Se rechaza en consecuencia, esta excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el CETAC.-

Principios que informan el régimen jurídico que rige en materia de contratación administrativa. La diversa gama de procedimientos licitatorios a los que puede recurrir la Administración Pública con la finalidad de proveerse de algún bien o servicio por parte de particulares con el propósito de satisfacer intereses que desde luego, por imposición del ordenamiento jurídico han de ser públicos, se rigen por el Derecho Administrativo. Existen principios constitucionales derivados del artículo 182 de la Carta Magna, y legales virtud de las disposiciones comprendidas particularmente en la Ley de la Contratación Administrativa número 7494, del dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (artículo 10) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 33411-H, del veintisiete de setiembre del dos mil seis, vigente a partir del cuatro de enero del dos mil siete, antes Decreto Ejecutivo número 25038-H, del siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, que no pueden entonces, ser pasadas por alto siempre que nos encontremos ante este tipo de marcos de reflexión. Del mondo indicado, obsérvese que artículo primero de la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que interesa, que dicho cuerpo normativo “... regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas." (El subrayado no es del original). Entre las entidades que conforman ese sector descentralizado, se encuentran los gobiernos locales, y en tanto la justificación de la contratación administrativa es precisamente la finalidad de satisfacer el interés público que le ha sido encomendado a una determinada dependencia pública, ese postulado que como regla general informa la materia, habrá de servir como marco de interpretación de la normativa vigente. En esta línea de ideas, el procedimiento de contratación administrativa se erige como instrumento o mecanismo de selección por medio del concurso, que hace efectivo el ejercicio de una potestad pública dirigida siempre a la satisfacción de un interés público, respecto de la que el contratista que participa es considerado un colaborador de la Administración respecto del asunto que se le adjudica (prestación de un servicio público, construcción de una obra pública, adquisición de un bien para la Administración, etc.). El acto de adjudicación por otro lado, supone que la Administración ha reconocido en el oferente, su mérito de ser el mejor para satisfacer una necesidad pública determinada, que también en tesis de principio, no es la Administración Pública la que se encuentra en mejores condiciones de proveerse a sí misma en más que menos de los casos, por falta de capacidad técnica u organizacional, incluso financiera. Es por esa razón que primariamente debe entenderse la vinculación del particular que por ese medio se relaciona con una determinada Administración Pública (relación jurídico administrativa) como una dirigida además de lo que resulta obvio, por la aspiración de quien con la Administración contrata de desarrollar un negocio y obtener el lucro que le ha de reportar el mismo, a la necesidad común entre las partes que componen la relación jurídica mencionada, de dar satisfacción a un interés público particular como efecto del contrato y su ejecución, en un marco de buena fe. Los artículos 50 y 74 de la Constitución Política de la República de Costa Rica determinan el objetivo primordial de la función de la Administración que despliega la actividad de la contratación administrativa y de quien colabora con ella, a saber, la satisfacción de intereses colectivos. Se trata sin perjuicio de lo anterior y en el caso del contrato administrativo, de un acto bilateral del que derivan obligaciones y derechos para las partes que lo suscriben, tanto para Administración contratante como para el contratista (adjudicado), ambos, para con la sociedad como un todo. El acto de adjudicación en un proceso licitatorio puede decirse, es un acto administrativo unilateral de efectos bilaterales, por cuanto es dictado por la Administración licitante –en forma unilateral– dentro de un proceso concursal de contratación administrativa en el que se selecciona o determina la oferta que se estima más conveniente para suplir la necesidad pública. (Ver sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 1205-1996). En tanto, el fin de toda contratación administrativa es la elección de la propuesta más conveniente para la satisfacción del interés público en beneficio de la colectividad; que por su contenido, genera una relación jurídico-administrativa que no sólo obliga al administrado, sino también a la Administración misma. En todo caso se espera que ambos unan sus esfuerzos en pro de la consecución de un fin superior, cual es el fin público. Así, por su naturaleza y propósito, esta actividad orientada la conducta de la Administración a la consecución de los fines dichos, y la ley le faculta en pro de la consecución de los mismos, para efectuar modificaciones a los contratos aún de forma unilateral, esto es, en reconocimiento a lo que se conoce como el principio de mutualidad del contrato administrativo, necesaria pues siempre mediará el objeto superior de conseguir el fin público al que se dirige. No obstante lo dicho, la posibilidad de modificar contratos ya perfeccionados y claro está, -que constituyen en esa vía dual descrita actos declarativos de derechos para el contratista- no es irrestricta, al estar sometida a un régimen jurídico especial de regulación, (artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política) que se informa de principios como el de formalismo y control en los procedimientos, libre concurrencia, igualdad de trato para todos los oferentes, publicidad, equilibrio de intereses, legalidad, transparencia de los procedimientos y seguridad jurídica. (Sobre la intangibilidad de los actos propios pueden ser consultados los fallos de la Sala Constitucional -entre otros-, número 2753-93, 4596-93, 585-94, 2186-94, 2187-94 y 899-95). Todos esos principios se encuentran recogidos además a nivel infraconstitucional en la Ley de la Contratación Administrativa número 7494 del 02 de mayo de 1995, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 07 de setiembre de 1994, la Ley de la Administración Financiera de la República, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública y Reglamentario Reglamento de la Ley de la Contratación, así como el Reglamento para el Refrendo, emitido por la Contraloría General de la República. En esa relación jurídica en la que Administración y administrado se encuentran en una situación dual como la mencionada, el objeto del contrato definido a partir del cartel con vínculo en la oferta adjudicada, es de medular relevancia, aunque resulte de perogrullo decirlo. Se trata como se dijo al ser instrumento para fijar el objeto del contrato, del eje lógico de la relación jurídica al tenor del cual la Administración licitante está obligada a respetar ese acuerdo conforme a lo pactado, pudiendo en aplicación de los principios que integran la contratación administrativa, exigir su cumplimiento, o en su caso, propiciar su mutación en la medida que el ordenamiento jurídico lo permita a fin de procurar la consecución del fin público para el que fue diseñado el procedimiento de contratación. Por su parte, el adjudicatario tiene el derecho-deber de ejecutar el contrato declarado a su favor y la obligación de hacerlo en los términos acordados, así como informar de cualquiera circunstancia que suponga impedimento para ello, el deber de verificación de los procedimientos reviste de mucha importancia a estos últimos efectos.-

Sobre el principio de buena fe, rescisión o resolución contractual. La Sala Constitucional, entre otros fallos en su sentencia número 0998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, describió las implicaciones de este principio de la siguiente manera: “…en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro…”. (El resaltado no es del original). Es principio general del Derecho -que deriva del numeral 692 del Código Civil- que tratándose de situaciones originadas en relaciones contractuales, ante el incumplimiento de alguna de las partes de lo pactado, se genera para la parte que sí ha cumplido sus obligaciones primero, la posibilidad de invocar la resolución del negocio jurídico por incumplimiento contractual con el consecuente reconocimiento de daños y/o perjuicios derivados en nexo causal con tal incumplimiento, y segundo, el mantenimiento del contrato dirigiendo esfuerzos a su cumplimiento forzoso, de resultar posible. Además: "En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios". Aún y cuando su origen está dado en el derecho privado conforme la norma pre constitucional referida, lo cierto es que también encuentra aplicación en la contratación administrativa y no podría serlo de otra manera por aplicación directa de los principios de buena fe y equilibrio de los intereses que rigen este tipo de contratos, conforme lo señaló la propia Sala Constitucional en su amplia jurisprudencia a partir de la sentencia relacionada arriba en este apartado. En este sentido, debe distinguirse entre lo que es la rescisión y la resolución contractual. Ambas figuras facultan a la Administración para dar por finalizado el contrato de manera unilateral, pero por causas diversas. Ambas figuras además, están reguladas en el artículo 11 de la Ley de la Contratación Administrativa y se desarrollan en los numerales 204 y 206 del Reglamento de esta Ley -de aplicación supletoria, según se indicó supra-. Así, la primera (rescisión) opera por razones de interés público, fuerza mayor (relacionado con la acción de la naturaleza), caso fortuito (hechos del hombre) o mutuo acuerdo, que son causas ajenas a las partes obligadas y todas ellas, que imposibilitan cumplir del todo los términos de lo pactado. Acreditada la causal de rescisión, se adopta la decisión y se liquidará la indemnización que corresponda al contratista. La iniciativa para rescindir el contrato nada impide que provenga del contratista. Por su parte la segunda (resolución), responde más bien al incumplimiento del contrato, que en la regulación en tanto se refiere al posible incumplimiento contractual por parte del contratista, requiere como presupuesto previo a ser declarado, de la realización de un procedimiento administrativo en el que se acredite dicho incumplimiento, así como la determinación de los daños y perjuicios causados a la Administración con ocasión de esa condición, con plena garantía al contratista del respeto a los elementos que informan el principio del debido proceso. Cuando se esté frente al incumplimiento de la Administración con los compromisos adquiridos en un contrato administrativo, no podría pensarse que al contratista le esté vedado el recurrir a la resolución del contrato y encontrar así accesoriamente la reparación de los daños que aquel quebranto ocasione, pero este conflicto corresponde ser llevado ante un Juez (Contencioso Administrativo) con el propósito de que se haga tal declaración en aplicación directa del principio general de la reparación -que deriva del mandato 41 de la Constitución Política-. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en efecto el principio de la buena fe es una premisa básica y fundamental en la contratación administrativa. En este sentido es importante tener en cuenta que a través de este mecanismo la Administración Pública logra cumplir los fines públicos que el ordenamiento jurídico le ha impuesto; lo cual presupone una adecuada disposición de parte, tanto del contratista para dar cumplimiento a ese fin público encomendado con ocasión de la contratación y ejercitar sus capacidades con la calidad y diligencia que habría de brindar a cualquier consumidor de sus servicios, como lo es la Administración contratante medie o no normativa especial aplicable.-

Sobre el cartel de licitación. Teniendo presente los alcances que el principio de buena fe en la actividad de la contratación administrativa conlleva, debe tenerse claridad que con sus notorias diferencias, en todo caso la entidad Administrativa contratante se equipara a un consumidor más de bienes y servicios (no aplica el régimen jurídico propio de las relaciones de consumo, aclaramos) que busca proveerse de aquellos que mejor den satisfacción al interés público. el principio de control de los procedimientos advierte que la Administración y su colaborador, habrían de procurar el éxito de la contratación en todas las fases de que importa el procedimiento. La Ley de la Contratación Administrativa dispone en lo que interesa, "Artículo

Verificación de procedimientos. Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. / En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa". (El resaltado y subrayado no es del original). Normalmente se ha interpretado que esta responsabilidad sin embargo, no es exclusiva del contratista, más, con todo y ello, es claro que media el deber en éste de procurar más allá de cualquier interés particular que pueda mediar, la corrección entre otras cosas, de cualquiera circunstancia incluso en la fase de ejecución de un contrato -incluido el de obra pública- que pueda afectar la ejecución del contrato, con el objeto de procurar el éxito y consecución de los fines perseguidos. En este norte de ideas, el elemento del procedimiento licitatorio conocido como el cartel, es de epicéntrica relevancia. El cartel de licitación es el clausulado que determinado por la Administración Pública, especifica el bien o servicio que se licita, define las condiciones, especificaciones y requisitos que tienen que cumplir los participantes y detalla el proceso o trámite por seguir. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, inciso h) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en doctrina al cartel se le reconoce el constituirse en “ley entre las partes” o el reglamento de la contratación. No obstante, respetando la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico y sobre todo, cuando la Administración Pública se encuentra cubierta por el principio de legalidad, se trata de lo que podríamos entender como el reglamento (sin ser de alcances generales) de la contratación, sea, el cuerpo normativo específico que define el bien o servicio que se requiere por la autoridad pública (objeto), la regulación que se incorporará en el futuro contrato, así como los actos de las partes, erigiéndose como el basamento del procedimiento de contratación administrativa. Su importancia salta a la vista, siendo en la práctica pública el corazón de todo concurso público e instrumento básico de la gestión de compras estatales, determinando en gran parte el buen proceso de licitación. Caso contrario y de no estimarse la importancia de este elemento, está comprobado que ello trae múltiples consecuencias negativas dentro del procedimiento y/o en su ejecución posterior. (Ver la sentencia de la Sala Constitucional número 6432-98). También se puede reconocer la importancia del cartel de licitación de manera más reforzada para el caso específico que nos ocupa, si se toma en cuenta que particularmente para el caso de los contratos que tienen por objeto la construcción de obra pública -conforme el artículo 60 de la Ley de la Contratación Administrativa-, "La ejecución del contrato de obra se realizará por cuenta y riesgo del contratista y la Administración no asumirá ante él más responsabilidades que las previstas en la contratación". (El resaltado no es del original). (En adición puede observarse el artículo 150 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Véase que lo que se dice en el cartel, habría de servir como instrumento de comunicación o lenguaje común, que por esa razón debiera de resultar como fruto del proceso de su elaboración, objetivo, claro, transparente y diseñado con corrección en la ciencia y técnica aplicable, todo con el fin de proveer de seguridad a los participantes en el procedimiento y a la propia Administración, de una eficaz y eficiente herramienta para la consecución del interés público. Es por eso que para la elaboración de un cartel que tenga por objeto la construcción de obra pública, deben como condición insalvable haberse dado los estudios técnicos previos que exige un arte o ciencia, que le den fundamento y viabilidad al proyecto con orientación a la satisfacción de aquella necesidad pública y especificarse sobre los requisitos constituidos entre otros, por autorizaciones y licencias cuya existencia deba mediar previo a la ejecución contractual, aspecto sobre el que, se esperaría y puede presumirse, conoce el prestador del servicio a contratar porque se trata de su actividad o giro comercial ordinario. La Ley de la Contratación Administrativa en el primer párrafo de su artículo 4 reza: “Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales”. Así, si es que del diseño de una obra pública se trata, se esperaría que en todos los casos, de él se desprendan con un mínimo de rigor al menos, el detalle de los términos de referencia, la información técnica y todos los datos necesarios para el éxito del proceso constructivo, salvo que el mismo contrato disponga que esos estudios corren por cuenta del contratista. No en balde, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 8, incisos a) y b), dispone que para la adopción de la decisión inicial de promover un proceso de contratación administrativa, la Administración debe haber determinado al menos que medie: "a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. / b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. La Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las demás instituciones del Sector Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda". Lo anterior habla del necesario y claro conocimiento de lo que se quiere, lo que de forma previa impone a la Administración el deber de estudiar e informarse sobre el bien o servicio que requiere, como lo haría cualquier consumidor en este caso, por el hecho de manejar recursos públicos que no pertenecen a otro que al Estado en nombre de la población a la que debe responder. Esto es, al menos se deben tener claras las especificaciones técnicas que garanticen calidad en la obra por la vía de la definición de patrones y estándares mínimos, pero en todo caso, suficientes. El artículo 148 del mismo cuerpo reglamentario mencionado atrás, en tanto exige la verificación de estudios previos de impacto ambiental, algo adelanta sobre este tópico cuando en su último párrafo indica que "... la Administración deberá disponer en el cartel de al menos un diseño gráfico del proyecto y el detalle de las especificaciones técnicas, acorde con la complejidad de la obra y el tipo de contrato a realizar". (El resaltado no es del original). Las especificaciones técnicas comprenden entonces la descripción de la naturaleza, atributos y características técnicas de los bienes y servicios que se desea adquirir. En el cartel, estas especificaciones deben encontrarse acorde con la finalidad que se persigue, de modo que debe describirse con claridad la función del objeto, sus características de calidad, el procedimiento para verificar esa calidad del bien y los indicadores de medición aplicables. Todas estas actividades reunidas determinan lo que se va a comprar y la forma de satisfacer la necesidad identificada, (además de los patrones o estándares, atributos, características técnicas y usos; marca o nombre comercial, muestras; dimensiones, se esperaría una definición de las medidas y diseños). La forma de expresión de estas especificaciones en el cartel cuando lo permita una ciencia o técnica, puede hacer que estas resulten simples, pero en todo caso, deben ser debe ser claras y concretas, exactas, sobre todo suficientes, identificables, verificables y flexibles al tiempo, también en la medida en que así técnicamente proceda. En el caso de la construcción obra pública que deba emplazarse en afectación del plano urbano, por principio de simple lógica racional, son fundamentales los estudios registrales y la elaboración de planos, fotografías, maquetas, gráficos, diagramas y cualquier otro requisito que considere la administración necesario, como las licencias y/o permisos. Es por eso, que nada impide que para su confección la Administración pueda contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún interés particular directo ni indirecto en el negocio, esto cuando no tuviere en su organización los recursos técnicos necesarios para ello. Por otro lado, no mediando impedimento para que una entidad pública asuma tal tarea cuando se encuentre a su alcance, se espera que el contratista señale, cualquier defecto que comprometa su capacidad de cumplir con la exigencia cartelaria. Estas especificaciones junto con el sistema de evaluación, son los pilares básicos de todo cartel. Incluso, el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, permite que se celebren audiencias previas con los potenciales proveedores para mejorar entre otras cosas, la gestión de carteles y evitar recursos contra su contenido y apelaciones a los actos de adjudicación. Aquí la función de colaboradores, supone su deber de observar porque se aspira contratar con la Administración Pública como eventual proveedor de una construcción por ser esa área comercial su rol ordinario,  así como que, es conocedor de la ciencia, la técnica y trámites necesarios que se encuentran relacionados al objeto que ofertan. El norte del contratista en este sentido, será siempre el proveer un producto que satisfaga la necesidad previamente detectada por la administración que es su cliente, de modo eficiente, pues de lo contrario, en más que menos de los casos se requerirá tramitar una nueva compra que logre el fallido intento, lo que generalmente ocasiona pérdidas importantes en afectación de intereses públicos, tanto en términos de dinero, como de tiempo. Con causa en lo anterior, baste con indicar que resulta necesario para todos los efectos, que los encargados de tramitar dicho proceso de elaboración del cartel y los propios contratistas, le den a estas tareas el interés que realmente tienen, por lo que es indispensable que se sigan en forma eficiente todos los estudios previos con gente comprometida y responsable con el interés público involucrado y de la institución a la que pertenecen, para de esta forma evitar importantes fugas de dinero con resultados estériles, así como las nocivas consecuencias que supone el atraso en los procesos administrativos, la ineficiencia en las compras y la inoperancia en las distintas organizaciones por falta de recursos, bienes y servicios.-

Sobre los requisitos del acto administrativo formal. Conforme con el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Será inválido en consecuencia, el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, precisando que las infracciones insustanciales no invalidarán el mismo. Lo que significa que en un acto administrativo se pueden presentar dos tipos de infracciones: sustanciales e insustanciales, siendo las primeras de ellas las que determinan la invalidez del acto, y que se manifiesta, dependiendo de la gravedad de la violación cometida, en nulidad relativa o absoluta y, las insustanciales que no producen la invalidez del acto, aunque sí, la eventual responsabilidad disciplinaria del servidor agente. En tal sentido, la validez del acto administrativo se verifica con el cumplimiento y presencia en forma perfecta de los elementos que lo constituyen, tanto formales como sustanciales. Estos elementos a que hacemos referencia, la doctrina nacional, como en la Ley General, los distingue entre formales y sustanciales. Entre los elementos formales se encuentran el sujeto, procedimiento y la forma, y en los sustanciales o materiales son, el motivo, contenido y fin. El primer elemento formal del acto administrativo es el sujeto. Corresponde al autor del acto. Es el funcionario público, órgano o ente administrativo que dicta un acto administrativo, el cual debe a su vez contar con una serie de requisitos, tales como: investidura, competencia y titularidad. La investidura es el nombramiento o la elección de una persona en un cargo o empleo público (en tal sentido artículos 111 y siguientes LGAP). Es la potestad para actuar a nombre y por cuenta del Estado y dirigir a éste el efecto de su conducta. Esta puede darse por elección o nombramiento. Se hace efectiva con la toma de posesión del cargo. Eduardo Ortiz define a la competencia "como la medida exacta de la cantidad de medios legalmente autorizados en favor del Estado, dentro de un caso concreto para perseguir un fin determinado". La competencia significa la cantidad de poderes y deberes dispuestos en favor de un determinado ente administrativo. La competencia es el complejo de facultades y poderes atribuido a un determinado órgano administrativo con relación a los demás, pues el fundamento de la competencia radica en la pluralidad de órganos que integran la Administración Pública y la distribución de las distintas funciones entre ellas (artículos 59 y 129 Ley General de la Administración Pública). Finalmente la titularidad, implica que el funcionario público no sólo debe ser competente, sino además debe ser el titular de la competencia. Por titular se ha entendido aquel que ejerce un cargo, profesión u oficio, por derecho propio o nombramiento definitivo, con la plenitud de requisitos y estabilidad, a diferencia del llamado a ocuparlo provisionalmente. El segundo elemento formal del acto administrativo es el procedimiento. La Administración Pública cuenta con la facultad de emitir actos administrativos en forma unilateral, que incluso pueden llegar a anular o revocar derechos subjetivos de los particulares. Este poder de autotutela ha sido limitado por el ordenamiento jurídico. Ese límite lo constituye la obligación de la Administración Pública de seguir un procedimiento para emitir el acto administrativo. El procedimiento administrativo es una serie concatenada de actos procedimentales tendentes a un fin. El procedimiento administrativo tiene un objeto fundamental, la averiguación de la verdad real del motivo que va a servir de base al acto administrativo final. El procedimiento se trata del modo de producción de un acto (artículos 214, 216, 224, 225, 308 y 320 de la Ley General de la Administración Pública). Ahora bien, en el caso que tal procedimiento tenga por objeto la imposición de una sanción, o de alguna manera un acto de gravamen, sea que imponga una obligación o la pérdida de una condición o derecho, se requiere que el acto de inicio de tal procedimiento sea debidamente comunicado al afectado. Esta comunicación se logra de dos maneras: notificación o publicación. Se comunican por publicación los actos generales y por notificación los concretos –artículo 240 Ley General de la Administración Pública-, sin embargo, cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta última (artículo 242 Ley General de la Administración Pública). La notificación es el modo de comunicar al afectado o destinatario del acto final, de manera directa y personal, el inicio del procedimiento, lo que constituye un requisito fundamental para la seguridad jurídica y el debido proceso sustancial. La notificación es un deber jurídico de la Administración, cuya finalidad es asegurar el verdadero, real e íntegro conocimiento por parte de los afectados del establecimiento de un procedimiento administrativo en su contra y de sus consecuencias. Indudablemente, la debida notificación constituye una manifestación más de los elementos que integran el debido proceso, los que ha definido la Sala Constitucional de la siguiente manera: a) hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna los hechos que se imputan; b) permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo, c) concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa, d) concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria” (Voto número 5469-95 de las dieciocho horas tres minutos del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco). Valga reiterar que al tenor del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, solo causará la nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, entendiendo como tal, la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. Se tiene entonces, que los vicios del procedimiento son los causados al inobservarse la debida ritualidad de éste, en tanto con la omisión o ausencia de esa formalidad se impida o cambie la decisión final o que se cause indefensión. El tercer elemento formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se exterioriza o manifiesta el acto administrativo. De conformidad con el artículo 134 de la Ley General de la Administración Pública, el acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa (ver 136 de la Ley General de la Administración Pública y 146 Constitución Política). Deriva de este elemento formal, la obligación de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la motivación de sus actos, en tanto la motivación significa la explicación, fundamentación o justificación que la Administración brinda en el dictado de un acto administrativo. Se ha dicho que “Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto.” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). La Sala Constitucional ha manifestado: "En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos (Voto 7924-99). Respecto de los elementos materiales o sustanciales del acto administrativo, tenemos que el motivo (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública) es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis al acto administrativo. De tal manera que el motivo del acto administrativo constituye el supuesto o el hecho condicionante de la emisión de un acto administrativo, en otros términos, constituye la razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión. Puede consistir en un acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica. En tanto que el contenido del acto, constituye el efecto jurídico o la parte dispositiva del acto, lo que manda, ordena o dispone. Es el cambio que introduce en el mundo jurídico. Es la parte del acto que dispone una sanción, una autorización, permiso, concesión (artículo 132 Ley General de la Administración Pública). El último de los elementos sustanciales o materiales es el Fin. La Administración Pública tiene un cometido único, la satisfacción del interés público. Esa satisfacción del interés público se logra de diversas maneras, siendo una de ellas a través de la emisión de actos administrativos. En principio se entiende que todo acto administrativo, como ejercicio concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello se afirma, que el fin del acto administrativo en consecuencia será la satisfacción del interés público, que constituye el fin general de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será la satisfacción del interés público que está a cargo de esa competencia (artículo 131 Ley General de la Administración Pública). Dispone el artículo 166 de la Ley de referencia: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”.-

Sobre los hechos que se han tenido como probados. En el siguiente aparte del presente fallo, hacemos descripción de los hechos probados que por resultar en criterio de esta Cámara, los relevantes para resolver sobre el fondo el asunto, han sido relacionados en el considerando V anterior de esta sentencia. Se destaca, que se trata de hechos considerados relevantes, con total independencia del trabajo efectuado por el Juez (a) de Trámite durante la celebración de la audiencia preliminar frente a lo que dispone el Código Procesal Contencioso Administrativo en su artículo 90, inciso 1), apartado e) en lo que manda la determinación de hechos controvertidos, pero además, trascendentes, lo que no implica otra cosa que determinar más allá de que se hallen hechos elencados en el escrito de demanda, precisar cuáles de ellos por resultar relevantes serán aquellos respecto de los que habrá de admitirse la prueba, de donde justamente tal trascendencia debería de ser ponderada en función de la teoría del caso planteada. Hemos de iniciar indicando que no ha mediado controversia entre las partes, respecto del hecho según el cual en el primer trimestre del año 2018 el Consejo Técnico de Aviación Civil promovió un procedimiento de contratación administrativa identificado como el correspondiente a la licitación pública N° 2017LN-000003-0006600001 denominada, "mejoramiento del aeródromo de Quepos La Managua". Con ocasión de lo anterior por otro lado, a efecto de su participación en el procedimiento mencionado a ser tramitado en dirección a la emisión de un acto de adjudicación, el día 20 de marzo del 2017 la empresa actora suscribió con otras dos sociedades identificadas con las denominaciones de "Transportes Orosi Siglo XXI S.A." y "AJIP Ingeniería Limitada", un contrato o convenio consorcial a raíz del cual emergió para efectos administrativos, el que se identificó como el "Consorcio La Managua", instrumento en el que, en lo que interesa, se indicó en su cláusula segunda que, las empresas contaban con los recursos financieros y técnicos suficientes para le ejecución del objeto contractual; cláusula novena, que la empresa denominada Grupo Orosi S.A. sería la representante del consorcio; y cláusula décimo primera, que todos los derechos derivados del acto de adjudicación corresponderían a las sociedades contratantes de forma solidaria. (Hecho no controvertido, en asocio con los folios 4087 y 4089 del Tomo IX del expediente administrativo). En otro nivel de ideas, sin perjuicio de otras disposiciones cartelarias que podrían resultar igualmente relevantes, sobre la base de que conforme la teoría del caso a partir de la que la empresa actora erigió su acción -sobre la que abundaremos adelante como se verá- en ningún caso quien demanda propone como eje de discusión la impugnación de alguna de ellas, o en su caso, cuestiona su existencia conforme fueron invocadas en lo conducente, las que la Administración tuvo a bien a efecto de la fundamentación de los actos cuya nulidad la compañía demandante, pretende sea declarada en sentencia. Así, precisamos que en los términos del cartel en todos los casos en su primera parte, puntos 2 y 3 en lo conducente, el objeto de la contratación se estableció en el sentido de que se habría de realizar un "mejoramiento de la superficie de la pista de aterrizaje"; nivelación de franjas de seguridad, siendo objetivos específicos: escarificar una parte del material bituminoso existente en toda la pista, que debía de ser colocado y compactado con riego de liga adecuado; construcción de la base estabilizada en la pista y su aplicación así como la construcción de la misma en las áreas correspondientes a los conectores y plataforma; construcción de la losa de concreto; nivelación de las franjas de seguridad; construcción de un cerramiento perimetral; pintura de la pista, conectores y acceso a plataforma; construcción de las obras hidráulicas; eliminación de obstáculos; así como y adicionalmente a esos trabajos vinculados con la operatividad de la pista, la construcción de un módulo de edificio terminal; de un sistema contra incendio en terminal; de parqueos en la terminal; y de un acceso a las instalaciones. (El cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). También en los términos dispuestos en el cartel, punto 12.1, era obligación de los oferentes: contar con equipo, descrito como motoniveladoras, retroexcavadoras, compactadoras de rodillo propulsado por llanta, un tanque de agua móvil y vagonetas, teniendo que contar todos con revisión técnica y marchamo al día, y en todos los casos estos equipos debían de contar con las especificaciones relacionadas en el cartel y estar dentro de una vida útil de 10 años, salvo para el caso de los acarreos o equipo que trabajaría fuera del aeródromo. (El cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). En otra de las disposiciones comprendidas en el cartel, punto 13, se dispuso en lo conducente que quien resultase adjudicado debería de contar con lo siguiente: "Equipo de trabajo y experiencia: El equipo de trabajo estará conformado por el Contratista y debe cumplir los siguientes requisitos: (...) Director del Proyecto: Ingeniero Civil, con experiencia en obras de supervisión, construcción o reconstrucción de carreteras por al menos 8 años, debe visitar la obra al menos una vez por semana dejando registro en la bitácora oficial del proyecto, además debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ingeniero residente puede llevar la dirección del proyecto. Regente Ambiental: Profesional con amplia experiencia comprobable en regencias ambientales, consultor debidamente inscrito en SETENA, y en el Colegio Profesional respectivo. Además, debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ambiental (sic) puede llevar la dirección del proyecto y/o la residencia. (...)". (Hecho no controvertido en parte, en asocio con el cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). Finalmente y siempre en los términos dispuestos en el cartel, punto 18, sobre la viabilidad ambiental, dispuso e informó a los oferentes que ésta había sido obtenida de la Municipalidad de Quepos, a efecto de lo cual se indico lo siguiente: "18. Viabilidad Ambiental: La Dirección General de Aviación Civil obtuvo el aval de la Viabilidad Ambiental del Proyecto ante la Municipalidad de Quepos, amparado en las resoluciones N° 583-2008-SETENA y N° 2653-2008-SETENA de previo a la orden de inicio. Todos los informes de regencia ambiental deben ser aprobados por el Área de Infraestructura Aeronáutica. Este profesional dará fe de dicho cumplimiento mediante al menos una visita quincenal durante el desarrollo del proyecto o cuando la Administración del contrato (...) lo considere pertinente, además dará fiel cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Administración del Contrato (...) en materia ambiental. El contratista debe presentar en la reunión pre-construcción posterior a la firmeza del acto de adjudicación, los siguientes documentos: Una declaración jurada de compromisos ambientales (original y copia) elaborada y firmada por el consultor ambiental propuesta en su Oferta, en la que el CONTRATISTA del proyecto asume el compromiso de cumplir con todas las medidas y compromiso ante la Municipalidad de Quepos de la legislación ambiental y conexa vigente para la ejecución del Proyecto. Se debe presentar oficialmente la designación del responsable ambiental del proyecto, que podría ser el mismo responsable de la obra, en el tanto cumpla con los requisitos. Con el fin de realizar una adecuada gestión ambiental del proyecto se utilizará la bitácora oficial de CFIA (la misma del proyecto) a tramitar por el Contratista, para anotaciones en relación con las inspecciones ambientales. El Contratista dará fiel cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos por la Administración del contrato en la viabilidad ambiental otorgada para el desarrollo de la obra, acatando las recomendaciones ambientales ahí emitidas. En caso de que la Municipalidad o SETENA soliciten informes de regencia ambiental, estos deben ser aportados por el Contratista". (El cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). Nos detenemos para indicar que no sólo y desde que lo propio fue indicado en el cartel de la licitación, todo oferente habría de ser conocedor de que la viabilidad ambiental era necesaria, que ya había sido obtenida de parte de la Municipalidad en cuyo territorio se encuentra emplazado el aeródromo en que habrían de ser ejecutadas las obras, así como por referencia, el fundamento a partir del cual la Administración Activa estimó que dicho requisito en materia ambiental, se circunscribía al que otorgase el Gobierno local, en lo que fueron identificadas las resoluciones N° 583-2008-SETENA y N° 2653-2008-SETENA, se haya revelado su contenido o no. A propósito de esto último, es que obra en el expediente administrativo, justo ese documento relacionado con el otorgamiento de la viabilidad ambiental al proyecto constituido por el identificado como el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, según el cual en lo que resulta relevante, se indicó: "... procedo a informarles que la Municipalidad de Quepos por medio de la Unidad Técnica Ambiental (UTA) ve con sumo agrado el desarrollo del proyecto de mejoramiento de la seguridad operacional del aeródromo de Quepos La Managua, impulsado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). / Cabe destacar que la UTA considera que las obras descritas en el oficio DGAC-IS-OF-0448-2016 (...) y que se desarrollarán en el aeródromo de Quepos, son obras de bajo impacto ambiental, que por lo descrito en el oficio en mención no requieren de viabilidad ambiental de SETENA, según la resolución N° 2653-2008-SETENA del 23 de septiembre de 2008. / En virtud de lo anterior la UTA considera que se puede dar el aval para el desarrollo de las obras descritas, en aquellos terrenos que se encuentren inscritos como públicos y a nombre del Estado, si y sólo si, se cumple por parte de la DGAC los (sic) términos establecidos en el Código de Buenas Prácticas Ambientales. / Es importante indicar que el permiso de construcción para dichas obras debe de ser tramitado ante el Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) de la Municipalidad de Quepos, esto con el fin de cumplir con la legislación vigente". (El resaltado no es del original. Ver folios 276 y 277 del Tomo I del expediente administrativo). Varios aspectos han de ser destacados como derivación del contenido y alcances de este acto administrativo municipal, a saber, primero, que conforme un acto administrativo formal adoptado por la Municipalidad de Quepos fue otorgado aval ambiental (viabilidad) con fundamento en que en criterio de dicha Autoridad territorial, por los alcances que entendió tenía la obra a ser ejecutada, estas guardaban identidad con unas que se calificaron como de bajo impacto ambiental, de modo que no requerían de la viabilidad ambiental que otorga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), conforme una de sus resoluciones que se identificó como la N° 2653-2008-SETENA del 23 de septiembre de 2008; segundo, esta aval dado desde el punto de vista ambiental para el desarrollo de las obras, se circunscribió haya tenido conocimiento la Municipalidad de que había un tanto de ellas que serían emplazadas en terrenos que aún no eran propiedad del Estado, a aquellas a ser ejecutadas en aquellos terrenos que se encuentren inscritos como públicos, justamente a nombre del Estado, de modo que, como efecto reflejo; y tercero, que con aval municipal o no, persistía la necesidad como presupuesto para dar inicio a la ejecución de las obras, de contar con el respectivo permiso de construcción (licencia) que debía de ser gestionado a través del Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) de la Municipalidad de Quepos. Habiéndose arribado a este punto de análisis, se adelante que, ni lo dispuesto en el cartel en este tanto fue objeto de objeción alguna en su momento, como tampoco de impugnación ni en sede administrativa ni en esta, la Judicial, tanto como tampoco ha sido objeto de impugnación en ya mencionado oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos. En consecuencia, para todos los efectos tanto el cartel en lo que interesa, como este particular acto administrativo municipal, despegaron sus efectos sin que hubiese mediado circunstancia alguna que los enervase, u otra que afectase, ya su validez, ya su eficacia. Pues bien, el trámite del procedimiento de licitación de interés siguió su curso, y la contratación finalmente le fue adjudicada al que se denominó como el "Consorcio La Managua". (Hecho no controvertido). Como derivación del acto final del procedimiento de contratación, posteriormente fue suscrito el respectivo contrato entre las partes vinculadas a ella, esto el día 29 de agosto del 2017, disponiéndose en lo conducente, en el su cláusula X, sobre el tiempo de entrega, que la obra habría de ser entregada dentro de un plazo de 150 días naturales computados a partir de la orden de inicio emitida por la Administración; en su cláusula XII, punto 2, que era obligación del Contratista cumplir cabalmente con lo lo ofrecido en su oferta, y punto 3, que el Contratista debía de verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa y ejecución contractual, a efecto de lo cual se dispuso además, que: "En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa"; punto 6, que: "No podrá aprovecharse de los errores y omisiones que hubiese en los planos constructivos o en las especificaciones técnicas. Si en el transcurso de los trabajos, el contratista hallare cualquier error, discrepancia u omisión en los planos constructivos y especificaciones técnicas, lo notificará inmediatamente por escrito a la Administración del Contrato", punto 8, "Si durante la ejecución del Proyecto el contratista necesita cambiar un profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, deberá obtener el visto bueno por parte de la Administración del Contrato de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, para lo cual el nuevo profesional deberá contar con los mismos requisitos requeridos en el cartel y presentar toda la información pertinente. La documentación del nuevo profesional deberá ser presentada mediante nota firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando toda la información solicitada en cuanto a requisitos para este profesional", en su cláusula XVII, sobre suspensión de la obra, se dispuso que: "El CETAC delega en el Área de Infraestructura Aeronáutica para realizar la suspensión de la obra por motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles al momento de su trámite y vigencia del contrato"; en la cláusula XVIII, se dispusieron reglas sobre el reajuste de precios; y finalmente, en el inciso d) de su cláusula XXI como una causa de terminación contractual, el incumplimiento en el pago de las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social, del siguiente modo: "XXI. Causas de Terminación: El presente contrato podrá terminarse de acuerdo con las siguientes cláusulas: a) Resolución unilateral en caso de incumplimiento imputable a el Contratista; b) (...). d) Incumplimiento en el pago de las cuotas obreros (sic) patronales de la CCSS durante la ejecución del contrato, de conformidad con el oficio números (sic) 14653 (DCA-4186) del 12 de diciembre de 2007 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República". (Folios que van del 1474 al 1482 del Tomo III del expediente administrativo). Se destaca nuevamente, que como el cartel mismo entendido de modo integral, tampoco esta cláusula XXI en lo conducente, ha sido objeto de impugnación en la presente causa, por lo que a los efectos, conserva plena validez y/o eficacia. Pasando ahora a la fase de ejecución contractual, la primera orden de inicio identificada con el N° 1, se dio al consorcio el día 27 de noviembre del 2017, estableciéndose para el inicio de la ejecución de la obra, el día 04 de diciembre del 2017 únicamente en lo que correspondió a los ítems del 1001 al 1010, 4001 y 4002, que guardaron identidad con la identificación de las obras a ser ejectuadas en la pista de aterrizaje, para cuya ejecución no se requería aún de los terrenos a esa data no disponibles con causa en que se encontraba pendiente su expropiación, esto sin readecuación del plazo. (Folios del 1541 al 1544, del Tomo IV del expediente administrativo, en asocio con la declaración evacuada en juicio de quien se identificó como el señor Allen Vargas Rodríguez, quien en su declaración rendida en juicio ajo la fe del juramento respecto de la que abundaremos adelante, fue claro en su exposición, al precisar que en efecto, las obras descritas en esta oportunidad únicamente habrían de ser ejecutadas sobre el área correspondiente a la pista de aterrizaje, en terrenos que sí eran propiedad del Estado). Hacemos referencia ahora, a una circunstancia que estimamos, no puede ser soslayada, a saber, que frente a la orden de inicio indicada, el Consorcio asumió que la viabilidad ambiental con que dijo la Administración contratante contar en los términos del cartel de la licitación, era la exigida por el ordenamiento jurídico, de modo que sin advertir nada al respecto a esa data, procedió a ejecutar la obra en lo correspondientes. (Hecho no controvertido, en asocio con las manifestaciones hechas por la representación de la parte actora en su escrito de demanda, a las que haremos referencia adelante). Luego, habiéndose ordenado el inicio de las obras sólo a ser ejecutadas en la pista de aterrizaje en lo conducente, a partir del día 04 de diciembre del 2017, no ha mediado controversia entre las partes en torno a que la Administración Activa se ordenó la suspensión total de la ejecución contractual, previo a la ocurrencia del hecho probado al que haremos mención acto seguido, sin que haya resultado posible precisar la fecha en que ello ocurrió. Se trata del acuerdo adoptado por el CETAC, por artículo 06 de la sesión ordinaria N° 51-2018 celebrada el día 02 de octubre del 2018, mediante el que ya habiendo sido ordenada la suspensión de la ejecución contractual, se dispuso dar inicio a un procedimiento administrativo ordinario en contra del "Consorcio La Managua", con la finalidad de determinar si existieron incumplimientos contractuales que le fuesen imputables y en consecuencia, si procede o no la resolución contractual. (Folios 4036 y 4037 del Tomo IX del expediente administrativo). Nos hemos de detener, para indicar que no obstante se trata de una circunstancia que no formó parte del contrato de interés, pero que sí ocurrió ya habiéndose ordenado la suspensión total de las obras y el inicio de una investigación administrativa en los términos dichos, en contra del Consorcio por un posible incumplimiento contractual, el día 28 de noviembre del 2018, entre el CETAC y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se suscribió el documento que se identificó como "Convenio de Cooperación Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo Técnico de Aviación Civil para la atención del aeródromo Quepos - La Managua" en los términos del cual en síntesis y en lo que resulta relevante, se convino en ejecutar un plan remedial en el aeródromo de "Quepos, La Managua"; y la realización de obras dirigidas a habilitar la operación del aeródromo consistentes en la: "... recolección de armaduras, formaleta para construcción de losas colocadas en pista, retiro de la losa de concreto existente, materiales granulares, conformación de zonas aledañas a la pista, así como colocación, conformación y compactación de materiales granulares en zonas de interés". (Folios 4334 al 4336 del Tomo IX del expediente administrativo). Ahora bien, sobre el trámite dado al procedimiento administrativo que se ordenó, fuese tramitado para determinar un posible incumplimiento contractual imputable al Consorcio, éste tuvo su inicio con la resolución identificada con el N° 02-2018 de las 09:00 hrs. del 10 de diciembre del 2018, indicándose en lo conducente que el mismo se habría de tramitar en contra de la empresa: "Grupo Orosi Sociedad Anónima (...) "consorcio aeródromo la Managua" adjudicataria de la Licitación Pública ...", para determinar la responsabilidad contractual de "dicha empresa" por el supuesto incumplimiento contractual, a efecto de lo cual se indicó en cuanto a los hecho constitutivos de posible incumplimiento en síntesis y en lo conducente, que de manera intermitente medió el no pago de obligaciones vinculadas al pago de cuotas obrero patronales para con la Caja Costarricense del Seguro Social; que sobre los requisitos mínimos del personal con que debía contar el consorcio, no se mantuvo la participación constante durante la ejecución de las obras de un director técnico inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; que sobre la presencia de un regente ambiental en el proyecto, no se apreció durante la ejecución de las obras anotación alguna que diera cuenta de su intervención; que en relación a la construcción de la base estabilizada, siendo esta primordial para el avance de otras actividades, no se envió por el consorcio a tiempo el diseño de la mezcla ni la ficha técnica del cemento a utilizar que debía ser previamente aprobada por la Administración, que medió una suspensión de esta labor con causa en que el consorcio no contaba con cemento en la obra, que pasados siete días de construida la base estabilizada se debía de colocar una película protectora de material bituminoso que no se colocó, produciéndose evidente deterioro y pérdida de material fino, que se debía de realizar el sello de la base estabilizada para evitar su deterioro, lo que no se realizó, y que conforme el cronograma correspondiente pese estar prevista una fecha para ello, la colocación de la losa de concreto fue un trabajo que no se inició; que sobre las visitas del director técnico del proyecto conforme la bitácora correspondiente, en muchas semanas de ejecución de las obras no se registraron éstas, realizándose sólo un 32% de las visitas que habían sido programadas; que sobre las visitas del Ingeniero residente del proyecto, también conforme la bitácora correspondiente se evidenciaron múltiples faltantes de estas visitas realizándose sólo un 30% de las visitas que habían sido programadas; que sobre el cronograma de construcción de la losa de concreto no se entregó a tiempo el diseño de la mezcla para su construcción, sino hasta después del 28 de mayo del 2018 cuando ya mediaba atraso, y no se ejecutó tal trabajo; que sobre una solicitud de información de profesionales en reunión de pre-construcción, antes de darse la orden de inicio se realiza ésta en la que se intercambia información, entre otra, la relacionada con el personal, habiéndose requerido datos sobre los profesionales responsables de las obras electromecánicas conforme el cartel, información que era indispensable para evaluar su idoneidad y era información que debía de suministrarse de previo, que se solicitó al consorcio por escrito información pendiente de este personal y al día 20 de septiembre del 2018 no se había recibido; que sobre los cronogramas ofertados, atrasos generados y el cronograma actualizado, al 20 de julio del 2018 la pista de aterrizaje debía encontrarse construida en su totalidad así como los edificios, faltando la terminal aérea y parqueos que debían contar con un avance del 25% en lo que toca a la terminal, y que según el cronograma lo faltante era irrealizable, mediando atrasos por diversos motivos imputables al consorcio salvo en lo referente a las áreas pendientes de expropiar (plataforma, conectores a la pista, terminal, bulevar y parqueos) que se solicitó un cronograma actualizado del proyecto a lo que el consorcio se negó; que sobre la maquinaria usada en el proyecto, que de acuerdo con un estudio realizado se determinó que el equipo que aportó el consorcio no cumplió con lo señalado en el cartel; que sobre las actividades de autocontrol de calidad de los trabajos para verificar que los materiales que están siendo incorporados cumplen con las condiciones técnicas contractuales mediante pruebas de laboratorio, el consorcio debía de contar con los servicios de un laboratorio que las realizare, no se evidenció la presencia de este laboratorio de autocontrol de la calidad certificado; que sobre la bitácora de muestreo, como parte de las actividades de autocontrol, no se evidenció la presencia paralela del laboratorio del consorcio y de la Administración a la hora de ser realizadas las pruebas de calidad, ni registro en la bitácora de muestreo; que sobre sobre la colocación de material bajo lluvia, cuando se estuvo realizando la colocación de la losa se enfrentaban condiciones climatológicas adversas (fuerte aguacero) esto al momento de la colocación del concreto; y finalmente, que aunque no se tratase de un incumplimiento contractual, causó preocupación desde el punto de vista financiero el que se recibieran órdenes de embargo judicial, una por la suma de ¢3.140.667,86 y otro por la suma de $700.000,°° cuando el proyecto mostraba un avance financiero del 9% y ya mediaba una factura rechazada por incumplimientos; se advirtió que en caso de incumplimiento por parte de la empresas que conformaban en consorcio, podría ello conducir a la resolución contractual en lo medular, se hizo referencia a posibles daños y/o perjuicios causados a la Administración y se informó además de la documentación que comprendería el expediente administrativo y que se contaba además con el expediente administrativo de la licitación. (Folios del 4143 al 4166 del Tomo IX del expediente administrativo). Iniciado el procedimiento conforme lo que hemos indicado a este punto, en el mismo mes de diciembre, se precisa, el día 20 de diciembre del 2018, se había determinado por la Unidad de Operaciones Aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil mediante la realización de una inspección en el aeródromo de interés, que la pista para esa data era de lastre compactado con material suelto y que se había procedido a la corrección de las deficiencias que comprometían la seguridad operacional, por lo que se recomendaba la apertura de la pista. (Folio 4201 del Tomo X del expediente administrativo). Al procedimiento le fue dado su trámite y previo al dictado del acto final, el órgano director a cargo de su instrucción emitió el informe final de dicho procedimiento mediante documento sin fecha, en los términos del cual se recomendó resolver unilateralmente el contrato con causa en incumplimientos contractual varios que se estimó, resultaron imputables al consorcio; e imponer imponer a título de resarcimiento por los daños y/o perjuicios ocasionados el pago de la suma de ¢25.206.034,40, y aplicar al consorcio una sanción de apercibimiento conforme el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa, esto al haberse considerado en síntesis que de manera el Consorcio presentó el no pago de las obligaciones obrero patronales para con la Caja Costarricense del Seguro Social; que se incumplió con obligaciones relacionadas con el director técnico del Proyecto; que se incumplió con aspectos relacionados con el regente ambiental del proyecto; que se produjeron incumplimientos relacionados con los trabajos asociados a lo que se identificó como la base estabilizada, losa de concreto, la aplicación de una película protectora de material bituminoso y el deterioro de la base estabilizada, incumplimiento con el cronograma y con la estructura de la pista, la entrega de una obra de inferior calidad y sin protección; que se incumplió con aspectos vinculados a las visitas del director técnico del proyecto; que se incumplió con aspectos vinculados a las visitas del ingeniero residente del proyecto; que se incumplió con aspectos vinculados al cronograma de construcción de la losa de concreto; que se incumplió con aspectos vinculados en relación a la atención de solicitud de información sobre datos de los profesionales responsables de la ejecución de los trabajos en lo que corresponde a las obras electromecánicas; que se produjeron incumplimientos asociados a los cronogramas ofertados y atrasos generados por el consorcio, el cronograma actualizado del proyecto y tiempos establecidos; que se incumplieron aspectos relacionados con el equipo que aportó el consorcio particularmente en lo que toca a su antigüedad y cantidad, así como que se asumió que habría sido subcontratado su disposición; que se produjeron incumplimientos asociados a las actividades de autocontrol de calidad de los trabajos y materiales; que se produjeron incumplimientos asociados a las pruebas de laboratorio como parte de las actividades de autocontrol; que se dieron incumplimientos asociados a la colocación de concreto bajo lluvia cuando se estuvo realizando la colocación de la losa con afectación a la calidad de la obra; además, se desarrollo lo vinculado a la generación de daños y perjuicios que se estimó, sufrió la Administración contratante, se explicó lo relacionado a la procedencia de la ejecución de la garantía de cumplimiento en lo que correspondiese, para luego de transitar el texto de este informe por apartados identificados como "Resultando" en que se relatan hechos (demostrados según se logra extraer) que van del primero al centésimo; "Considerando", que refiere a los hechos indicados en el resultando identificados además como "antecedentes"; "Audiencia oral y privada"; y finalmente, se desarrolló un apartado identificado con la siguiente denominación "Sobre el fondo del asunto", en el que se revela un análisis de fondo sobre el objeto del procedimiento administrativo que describe el proceso racional que condujo a determinar que el Consorcio incurrió en los incumplimientos contractuales varios relacionados atrás; en otro apartado se hizo referencia a los daños y perjuicios causados a la Administración activa con causa en los incumplimientos contractuales en que habría incurrido el Consorcio; así como otro, en el que se hizo mención de "... la aplicación de la sanción contemplada en la LCA" entiéndase, Ley de la Contratación Administrativa; y finalmente, se desarrollo también un apartado que comprende las recomendaciones que extendió el órgano director del procedimiento a los efectos del dictado del acto final. (El texto de informe final del procedimiento obra visible a folios del 4214 al 4263 del Tomo X del expediente administrativo). Posterior a esto, fue en los términos del acuerdo adoptado por el Consejo Técnico de Aviación civil (CETAC) adoptado en conforme el artículo 05 de su sesión ordinaria N° 08-2019 celebrada el día 30 de enero del 2019, que en conocimiento del informe final emitido por el órgano director del procedimiento se dispuso en lo conducente, no sin antes expresarse que lo fue en mérito de las disposiciones legales mencionadas y además, de un documento que se identificó como el borrador de la resolución a la que se le asignó el N° 28-2019, aprobar o acoger dicho informe, por lo que se optó por resolver el contrato por incumplimientos imputables al Consorcio, el cobro en su contra de la suma de ¢25.206.034,40 por concepto de daños y perjuicios ocasionados y el apercibimiento a que refiere el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa. (Folios 4285 y 4286 del Tomo X del expediente administrativo). Como acto reflejo en ejecución de lo acordado por el órgano colegiado de interés, fue dictada por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de si representante, la resolución cuyo borrador fue conocido en la sesión a que refiere el hecho probado anterior, identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019 en los términos de la cual, se dispuso conforme su texto integralmente entendido, con idéntico razonamiento esbozado por el órgano director del procedimiento en su informe final aprobado o acogido por el ETAC en su momento según lo ya indicado: "1. Acoger el informe final presentado por el Órgano Director del Procedimiento. /

De conformidad con los artículos 11 y 212 de la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento respectivamente, a) Resolver unilateralmente el contrato (...) por los incumplimientos imputables al contratista derivado de la licitación Pública (...) denominada "mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua". / b) Cobrar al "Consorcio La Managua" la suma de ¢25.206.034,40 por concepto de daños y perjuicios ocasionados a la Administración por los incumplimientos en el contrato. c) Aplicar la sanción de apercibimiento de conformidad con el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa", esto al haberse considerado por el fondo lo siguiente, en lo que lleva relevancia: "

HECHOS PROBADOS. Que al efecto de dictar la presente resolución, se tiene por ciertos los hechos a que refieren los antecedentes por constar así en el expediente del órgano director y en el expediente de la Licitación Pública (...) denominada "Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua" (...). IV SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: (...). 1 Cuotas obrero patronales, caja costarricense del Seguro Social. De conformidad con el seguimiento brindado al proyecto. Se presentó de manera intermitente el no pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que incidió en un incumplimiento del contractual (sic) y de la legislación laboral. Al respecto, en la audiencia, el Licenciado Fonseca Pión, indicó en cuanto a lo referido a las obligaciones obrero patronales, que la empresa ha mantenido arreglos de pago con la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo esta una situación subsanable y simple y sencillamente patrimonial con las entidades correspondientes, por lo que no consideran que sea un incumplimiento grave que genere la resolución contractual. Respecto a la obligación de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales, luego de adjudicado el concurso, la jurisprudencia ha señalado que: "Una vez emitido el acto de adjudicación, se verificará el cumplimiento de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la CCSS, al día de la suscripción del respectivo contrato, a la vez que en dicho documento se plasmará el compromiso del contratista de cumplir con ello a lo largo de la ejecución contractual, y en el caso de que en esa etapa de formalización la empresa cambie su condición amoroso, deberá corregir la situación en el momento que se detecte. (R-DCA-429-2007 de las 10:00 horas del 2 de octubre de 2007). En todo cartel de licitación y contrato administrativo regulados por la Ley de Contratación Administrativa, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. Según criterio de la División de Contratación Administrativa, número DCA-4186 del 12 de diciembre de 2007 se establece: "De conformidad con los artículos 11, 13 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y 32 de la ley de Concesión de Obra Pública esta cláusula de estricto cumplimiento de las normas y garantías sociales y laborales, será considerada contenido esencial del contrato y cualquier falta a la misma implicará incumplimiento contractual, en cuyo caso, podrá la Administración dar por terminado el contrato, según lo dispuesto por las normas que regulan la materia. En la presente Licitación Pública, en la cláusula XXI. "Causas de terminación", inciso d) del contrato de licitación se establece: "Incumplimiento en el pago de las cuotas obrero-patronales de la CCSS. Durante la ejecución del contrato de conformidad con el oficio N° 14653 (DCA-4186) del 12 de diciembre de 2007 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República". Es por esto que según los documentos que constan en el expediente de la Licitación Pública, hay un evidente incumplimiento de parte del contratista en el pago de las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social, motivo suficiente para dar por terminado el contrato por parte de la administración.

Inscripción del Director Técnico en el Proyecto. Dentro del Cartel de Licitación, en el apartado 13 de la Primera Parte se estableció el deber de contar con el profesional técnico del proyecto, así como los requisitos que debe cumplir el mismo. Como parte de la gestión normal de un proyecto de inversión, todo proyecto debe mantener al momento de ejecutar las obras un Director Técnico, mismo que deberá tener una participación constante en el proyecto y actuar de conformidad con lo estipulado en las cláusulas del contrato. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 18636-MOPT "ARANCEL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EDIFICACIONES", Artículo 4 inciso f, el Director Técnico, tiene las siguientes funciones en un proyecto: Verificación de la calidad de los materiales y proceso de construcción por medio de pruebas de laboratorio; Informes periódicos sobre el progreso de la obra; Aprobación de los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista de acuerdo con las especificaciones; Control de desembolsos respecto al proyecto de la obra y determinación del cumplimiento de los plazos de construcción fijados; Justificación y autorización de "obra extra" y su aprobación posterior para su pago; Revisión y aprobación de facturas presentadas por el contratista; Recibo de las obras conjuntamente con el cliente y la elaboración del informe final. Este servicio involucra además labores de control de la programación de la obra y de los desembolsos. La responsabilidad de la construcción, en los aspectos técnicos, la asume el que realiza la dirección técnica de la obra. Asimismo, el REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) indica en su artículo 17 inciso g: "Se entiende por dirección técnica de una obra aquel servicio de Consultoría que incluya la inspección, la programación y el control de esa obra. Mediante este servicio, el dirección el Director se convierte en el profesional responsable de la obra". Para el caso particular de este proyecto, el Contratista designó al ingeniero Edwin Corrales Calderón como el Director Técnico de la Obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin embargo, a pesar de que la orden de inicio del proyecto se giró en diciembre del 2017, en los expedientes de la Licitación Pública del proyecto, se consigna que al 2 de mayo del 2018 no se había realizado el pago correspondiente por la tasación del proyecto ante el CFIA, por lo tanto, no existía un director técnico inscrito de manera oficial 5 meses después de iniciadas las obras. Mediante oficio número NOT-501-18-0058 de fecha 29 de junio del 2018, remitido por el Consorcio La Managua, se indicó a la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, que a partir del 01 de julio del 2018, se había presentado la renuncia formal del ingeniero Edwin Corrales Calderón como director técnico del proyecto. En este sentido, el cartel estableció en la segunda parte, apartado 31 "Encargado de las obras" que los profesionales de las obras pueden ser sustituidos con la autorización de la administración, siempre que cumplan con todos los requisitos correspondientes. Por lo que a raíz de la renuncia del señor Corrales Calderón, el Consorcio La Managua empezó a presentar una serie de candidatos para sustituir la dirección técnica del proyecto, como lo fueron los señores son (sic) Eduardo Arrieta Araya; Mario Agüero Soto, Orlando Cerdas Céspedes, sin embargo, ninguno de ellos cumplió con los requisitos carcelarios; y fue hasta el día 17 de septiembre del 2018 mediante el oficio DGAC-DA-IA-OF-0711-2018 que se aceptó al señor Enrique Garita Otárola, quien había cumplido como profesional responsable de la obra con la presentación de la oferta. Con respecto a este tema, en la audiencia el Lic. Fonseca Pión indicó que "hubo también múltiples atrasos imputables solo a la administración en cuanto al registro de responsabilidad profesional, trámite de planos, etc ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos". No se exime al contratista de postergar 5 meses la inscripción del Director Técnico ante el CFIA, según lo indicado en el cartel de licitación y aceptado mediante la presentación de la oferta por parte del Consorcio la Managua. Adicionalmente se consigna en la prueba que cuando efectivamente el Ingeniero Corrales Calderón, fue inscrito como Director Técnico del proyecto, se señaló que la empresa responsable de las obras era MCDC Monje Consultoría y Construcción, empresa que no forma parte del consorcio al cual fue adjudicada la contratación. Dado lo anterior, se determina para este concepto un incumplimiento contractual por parte del consorcio la Managua.

Presencia de Regente Ambiental en el proyecto. En el Apartado 18 del cartel de licitación, denominado "Viabilidad Ambiental", se indicaron todos los requerimientos en materia ambiental solicitados por la administración a sus posibles oferentes. Así bien, durante la audiencia, el Lic. Fonseca Pión alegó que "ciertamente la Administración incumplió con el deber de tramitar el estudio de impacto ambiental de este proyecto y de acuerdo con el deber de verificación, me disculpan por la falta de precisión “veintitanto” de la Ley de Contratación Administrativa, el del reglamento sí se los puedo decir tal 218 del Reglamento de la Ley de Contratación el deber de verificación del le (sic) imponía advertir de ese grave vicio porque sin duda se están introduciendo elementos que alteran el ambiente". De conformidad con el expediente del proyecto, se determinó que la figura del Regente Ambiental de este proyecto, fue ejercida también por el Ingeniero Edwin Corrales Calderón, acarreando las responsabilidades de ejercer como director técnico y Regente Ambiental. Realizado una (sic) revisión de la bitácora del proyecto EG4111, se apreciaron solo cuatro anotaciones del Regente Ambiental del proyecto (Ingeniero Edwin Corrales Calderón), lo cual confirma que no se había dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato y en el cartel, mismo que fue claro respecto de las disposiciones contractuales y seguimiento continuo que debió darse a los aspectos ambientales del proyecto. Por otro lado, luego de la renuncia del señor Corrales Calderón, desde fecha 01 de julio del 2018, no se encuentran anotaciones en bitácora de un nuevo regente ambiental, por lo tanto, se mantiene el incumplimiento de las disposiciones contractuales. Con respecto a lo expuesto por el Lic. Fonseca, se considera que el contratista debió ejercer su deber de verificación a la hora de revisar el Cartel de Licitación previo al envío de oferta, ya que al realizarse la apertura de la misma, el contratista acepta todas las condiciones expuestas y se compromete a cumplirlas, por lo que, 8 meses después de iniciar la obra, no es el momento procesal oportuno para alegarlo. En virtud de lo anterior, si se considera que en materia de regencia ambiental se presenta un incumplimiento por parte del Consorcio la Managua.

Cronograma para Construcción de la Base Estabilizada. Finalización en campo de los trabajos el día 18 de abril de 2018. Todo proyecto desde su etapa de planificación debe contar con un programa de trabajo, el cual al momento de tener certeza de la fecha del inicio, se debe actualizar como cronograma base para ser usado como la guía para medir el avance del proyecto en términos de tiempo. En este caso, en el cronograma de obra actualizado y contenido en el folio 02066 del Expediente de la Licitación Pública, (ELP) entregado por el contratista mediante oficio NOT-501-17-0006 de fecha 7 de diciembre del 2017 (folio 02067 ELP), indica que las actividades de la base estabilizada del proyecto iniciaban el 23 de febrero del 2018 y finalizaban en su totalidad, incluyendo el tiempo de cura, el 10 de abril del 2018. Según oficio, DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril del 2018 (folio 3441 ELP), la Administración constata que la finalización de la actividad de Base Estabilizada fue el día 18 de abril del 2018, dejando en evidencia un leve atraso con respecto al cronograma de la obra de 10 días naturales. Posteriormente, como lo menciona el cartel, la losa de concreto hidráulico debía ser construida sobre la base estabilizada. En este caso, el oficio DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril de 2018 8folio 03441 ELP), EXIGE expresamente de manera inmediata se aplique una película protectora de material bituminoso. Sin embargo, al día 26 de septiembre del 2018 la película protectora no había sido colocada y el deterioro de la base estabilizada era evidente, por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la losa de concreto hidráulico era una actividad sucesora de la base estabilizada, la cual sin el sello de material bituminoso solicitado expresamente por la administración, no estaba completa. Por lo tanto, el incumplimiento del cronograma con respecto a la base estabilizada es evidente y generador del atraso, finalmente presentado en la estructura de la pista como tal, la cual alcanzó un avance hasta el mencionado proceso de estabilización, más no así la protección con el sello de material bituminoso. Por otro lado, en la audiencia sostenida el día 16 de enero del 2019, el Lic. Julio Alfredo Fonseca Pión mencionó que los procesos de expropiación incidían en el cronograma de ejecución de los trabajos, pues no se pudo iniciar desde el día 1 con la totalidad de las obras. Sino que solo puede ser posible iniciar el trabajo en una porción más reducida. La administración no encuentra con la versión dada por el Lic. Fonseca Pión, pues el orden de inicio se dio solamente a partir de aquellas actividades que tuvieran que ser que ver con la pista y franjas de seguridad, pudiendo realizarse la totalidad de las mismas en los terrenos disponibles en ese momento. Por lo tanto, no es de recibo justificar el retraso de la construcción de la pista bajo el argumento referente a las expropiaciones que fueron realizadas antes y durante la ejecución del proyecto. La actividad de base estabilizada para la pista pudo ser efectivamente realizada (a excepción del sello) porque ya la Dirección General de Aviación Civil contaba con los terrenos para su construcción y debía el contratista inmediatamente después de recibir el documento DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 proceder con la colocación del sello de material bituminoso, no solo para proteger la base estabilizada, sino para que en algún momento continuar con la colocación de las losas de concreto. Otros aspectos que demuestran atrasos por parte del contratista para la construcción de la estructura de la pista son, por ejemplo el hecho de que para el 22 de febrero el 2018, el contratista aún no le había enviado a la administración el diseño de la mezcla de la base estabilizada, ni la ficha técnica de cemento a utilizar, misma que debía previamente ser aprobada por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, según consta en el folio 02936 ELP. Así mismo, mediante oficio número DGAC -DA-IA-OF-0339-2018 de fecha 19 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó también que se debía de realizar el sello de la base estabilizada para evitar su deterioro, esta misma solicitud se realizó en la Hoja #20 de la bitácora del proyecto EG4111 con fecha del 27 de abril del 2018. Por último, si se analiza el cronograma de obras actualizado en la orden de inicio número 1, la losa de concreto debió estar finalizada como máximo para el día 2 de mayo del 2018, sin embargo, como se detalló anteriormente, los trabajos de construcción de la losa de concreto nunca se iniciaron formalmente con todos los requerimientos de la administración, como la verificación y autocontrol de la calidad, por mencionar algunos. Asimismo, se analiza el cronograma de obras actualizado a la orden de re inicio total de todos los ítems, (la cual se dio para el día 19 de mayo del 2018), el contratista debió concluir el 15 de octubre del 2018, sin embargo los trabajos no fueron concluidos. Por lo anterior, queda demostrado que el contratista incumplió con el cronograma de ejecución de la base estabilizada y por ende, con la estructura de la pista como tal. Además, al no ejecutar el sello de material bituminoso, se entregó por parte del contratista una obra de inferior calidad que al no haber sido terminada y protegida en ese caso. Se deterioró de manera evidente, como se muestra en las siguientes imágenes". (Se agregaron imágenes). "Por otro lado, en la audiencia, el Lic. Fonseca Pión mencionó: "... y tan aceptable era el grado de avance en esa base estabilizada que el pasado mes de diciembre Aviación Civil puso en operación el aeródromo y desde el mes de diciembre anterior y como prueba de eso, además de que es un hecho público y notorio, además de que vamos a ver de buena fe, mal haría Aviación Civil en ignorar que efectivamente el aeródromo está trabajando sobre la base estabilizada". Asimismo, solicitó que se incorpore al expediente, como prueban los registros de los vuelos realizados desde la apertura del agrónomo a la fecha, por lo que es mediante correo electrónico remitido por la señora Marlene Alvarado, de la unidad de planificación de la Dirección General de Aviación Civil, indica que al 18 de enero de 2018 únicamente se cuenta con las operaciones correspondientes al mes de diciembre del 2018 que salen y entran de los aeropuertos internacionales al aeródromo de Quepos, la Managua, siendo 211 operaciones. Si bien es cierto el aeródromo se encuentra en operación desde el 21 de diciembre del 2018 el Consejo Técnico de Aviación Civil debió realizar un Convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la atención del aeródromo de Quepos la Managua con el fin de habilitar la pista, se realizó un mejoramiento de la superficie de ruedo homogeneizado y compactando el material granular existente, además se realizaron mejoras en el diseño geométrico de las franjas de seguridad, con el fin de poner el aeródromo en funcionamiento y así evitar mayores inconvenientes a los usuarios. En la siguiente imagen se muestra la condición de la pista una vez ejecutado el Convenio mencionado y sobre lo cual se dio la reapertura de las operaciones". (Se agregó imagen). "Por lo que se concluye que se dio un incumplimiento por parte del consorcio la Managua en el cronograma de la construcción de la base estabilizada, que aunado a la no colocación del sello de la misma, causó un deterioro que afectó los trabajos posteriores y que al día de hoy continúan pendientes para la construcción de la estructura de pavimento de la pista, incluso actualmente no está operando sobre la base estabilizada construida por el contratista.

Visitas del Ingeniero Director del Proyecto. De acuerdo con lo indicado en el cartel de licitación en el punto 13, denominado "EQUIPO DE TRABAJO Y SU EXPERIENCIA", indica lo siguiente: "Director del proyecto. Ingeniero civil con experiencia en obras de supervisión, construcción y reconstrucción de carreteras por al menos 8 años. Debe visitar la obra al menos una vez por semana, dejando registro en la bitácora oficial del proyecto. Al respecto, el investigado no hace referencia en audiencia sobre las faltas de las visitas del Director Técnico de al proyecto, por lo que al revisar las bitácoras de obra que constan en el expediente de la Licitación Pública, se comprueba que el director técnico no deja constancia en algunos casos, de ni siquiera una visita semanal durante todo el plazo del proyecto, inclusive luego del primero de julio del 2018 no se registra de ninguna manera, visitas de un Director Técnico, tal y como se ilustra en el siguiente cuadro". (Se adjunta cuadro). "Por lo que una vez más se evidencia un incumplimiento al cartel.

Visitas del Ingeniero Residente de Proyecto. De acuerdo con lo señalado en el cartel de licitación en el punto 13, denominado "EQUIPO DE TRABAJO Y SU EXPERIENCIA", el cual indicaba textualmente lo siguiente: "Ingeniero Civil Residente: Ingeniero Civil con experiencia mínima de 5 años en obras de construcción o reconstrucción de carreteras. Debe tener pleno conocimiento de los planos constructivos, especificaciones técnicas y esquemas referentes a este proyecto. Debe estar permanentemente en el sitio de las obras y dejando constancia de ello en la bitácora oficial del proyecto. Además debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años". El contratista designa al ingeniero Héctor Silva Mahecha como Ingeniero Residente de (sic) proyecto, siendo aprobado por la administración. Al respecto el investigado no hace referencia en audiencia sobre las faltas al revisar las pruebas en la bitácora del proyecto, los primeros registros hechos por el ingeniero residente del proyecto datan del día 9 de marzo del 2018, a pesar de que las obras dieron inicio desde diciembre del 2017, por lo tanto, no existe forma de comprobar que el ingeniero Silva Mahecha se encontraba permanentemente en el sitio de las obras previo a esa fecha, incumpliendo con lo solicitado en el cartel de licitación.

Cronograma de Construcción de Losa de Concreto. Como parte del proyecto en cuanto a la pista de aterrizaje, se requería la construcción propiamente de la losa de concreto, la cual que (sic) debió de cumplir con las características indicadas en el cartel y contrato, esto conllevaba un diseño de la mezcla que debía ser previamente avalado por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, en minuta de reunión de fecha 4 de abril de 2018, se le solicitó al Consorcio La Managua, el diseño de la mezcla para la construcción de la losa de concreto, el cual a esa fecha no había sido entregado. Posteriormente. Mediante el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 con fecha 27 de abril de 2018, la Unidad de infraestructura Aeronáutica solicitó al Consorcio La Managua, nuevamente el diseño de la mezcla de concreto para la construcción de la losa de concreto. De acuerdo como el oficio DGAC-DA-IA-OF-0339-2018 de fecha 9 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó Consorcio La Managua, nuevamente el faltante del diseño de mezcla de concreto para la ejecución del ítem 1003, denominado Losa de Concreto Hidráulico. Mediante oficio número DGAC-DA-IA-OF-0402-2018 de fecha 28 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica le solicitó Consorcio La Managua que explicara de manera inmediata las razones de los atrasos en el inicio de la ejecución del ítem 1003, denominado losa de concreto hidráulico, actividad que debió haber iniciado el 24 de mayo del 2018, según se mostraba así en el Programa de Trabajo, sin embargo, a esa fecha no se había ejecutado. El diseño de la mezcla fue entregado por el consorcio la Managua posterior a esta última comunicación. Sin embargo, el mismo generó un incremento en los atrasos del proyecto y por ende, un supuesto incumplimiento contractual, por cuanto aparentemente no está cumpliendo con el cronograma del proyecto y sus actividades. Finalmente, el cronograma de proyecto con respecto a las losas de concreto nunca se cumplió, pues las losas nunca fueron coladas. Si no fue únicamente un tramo de prueba, el cual se coló sin control de calidad y en condiciones no aptas para las buenas prácticas de ingeniería. Por lo que siento que en la audiencia la parte no hace mención al respecto, se tiene como un incumplimiento grave por parte del Consorcio.

Solicitud de información de profesionales en reunión de pre-construcción. Antes de girar la orden de inicio de las obras, se realiza una reunión de pre-construcción en las cuales (sic) se efectúan aclaraciones sobre las obras a ejecutar, se evacuan dudas, se conoce al personal involucrado con el proyecto y de requerirse se le solicita por parte de la administración al contratista documentación o información, que puede ser relevante o vinculante con la gestión del proyecto y su ejecución. Para el caso particular de este proyecto, en la visita al sitio se acordó que el consorcio la mano agua debía de facilitar a la administración lo antes posible los datos sobre los profesionales responsables de las obras electromecánicas. (profesionales y técnicos). La información que se solicitó consistía en cuadros de experiencia, declaraciones juradas y currículos del personal técnico a desarrollar las obras electromecánicas para cada uno de los técnicos, según lo establecido en el cartel y en el cual fue aceptado por el contratista con la presentación de la oferta. Esta información era indispensable para poder avalar la idoneidad contractual de las personas que realizan estos trabajos, por lo que la misma debía de estar de previo y así evitar atrasos, los cuales eran responsabilidad del contratista. En el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0253-2018 de fecha 10 de abril del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica realizó la solicitud del pendiente del personal responsable de las obras electromecánicas, (profesionales y técnicos). Al día de hoy, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica continúa sin recibir dicha documentación por parte del Consorcio La Managua, incluso en la audiencia no se refirieron al respecto, lo cual evidencia un incumplimiento contractual por parte de éste.

Cronogramas ofertados de proyecto, atrasos generados por el contratista y cronograma actualizado del proyecto. De acuerdo a lo indicado en el cartel de licitación, en lo que respecta al punto 8, denominado duración de los trabajos de la tercera parte, el plazo de entrega del proyecto sería de 150 días naturales como máximo a partir de la orden de inicio, de igual manera en la oferta del contratista, le (sic) mismo se comprometió a cumplir con dicho plazo. En el cronograma visible en el folio 04172 del expediente administrativo de la licitación, se puede observar que se realizó un corte de las actividades que debían estar finalizadas al 20 de julio del 2018, donde la línea verde muestra cómo debería ser el avance actual del proyecto, donde se debería de contar con la pista construida en su totalidad, los edificios (ítem del 4007 al 4011) y solamente deberían estar faltando actividades relativas a la terminal aérea y Parqueos (ítem del 6000 al 7400), la cual debería contar con un avance significativo de un 25% como mínimo en la construcción de la terminal aérea. La realidad en el proyecto es otra y la programación de actividades planteada por el Consorcio La Managua, según el Cronograma es irrealizable, debido a que todas las actividades se inician el mismo día (jueves. 14/06/18) y todas con una misma duración (118 días), sin embargo, no se ha ejecutado lo estipulado. La Administración, mediante correo electrónico del 28 de junio del 2018, realizó una nueva solicitud de información de cronograma de actividades al Consorcio La Managua, la cual fue atendida mediante documento NOT-501-18-0065 de fecha 5 de julio de 2018, sin embargo, poseía un faltante de información con respecto a lo solicitado, por lo que el mismo no es aceptado por la Administración, según oficio número DGAC-DA-IS-OF-2018-0514 de fecha 11 de julio del 2018, emitido por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil. Durante la ejecución de las actividades se presentaron varios atrasos por diferentes motivos, siendo todos de responsabilidad del consorcio la Managua, a excepción de los renglones de pagos relacionados con el área pendiente expropiar correspondientes (sic) a la plataforma, conectores de pista, terminal, boulevard y parqueos, lo anterior por cuanto el proceso de trámite expropiatorio se extendió más de lo previsto. En cuanto al cronograma actualizado del proyecto, dicha información, se le había solicitado en su momento a quien era el Director Técnico del proyecto, el Ing.Edwin Corrales Calderón, sin embargo, el contratista le negó la entrega de información en su momento. El miércoles 20 de junio del 2018, mediante correo electrónico se hizo una nueva solicitud de información, la misma fue negada por el contratista y se mantiene la fecha sin ser aprobada por la administración. Esto queda vivenciado en el siguiente correo electrónico". (Se agregó imagen del texto del correo electrónico). "Dicha actualización de Cronograma nunca fue realizada. Tampoco en la audiencia realizada el día 16 de enero del 2018 se presentó mayor evidencia con respecto a este tema. Por lo tanto, se constata los atrasos generados por el contratista y los atrasos en los cronogramas en labores que no eran afectadas por las expropiaciones.

Maquinaria a utilizar en el proyecto. En el apartado 12.1 de la primera parte del cartel de licitación, denominado "EQUIPO", se indicó textualmente lo siguiente: "La siguiente lista es un requisito mínimo de cumplimiento obligatorio para equipos amarillos inscritos: 2 (dos) Motoniveladoras (semejante CAT 120 H o superior; 2 (dos) Retroexcavadoras (semejante CAT 420 o superior; 2 (dos) compactadoras de rodillo, propulsado por llanta (peso de operación, 10ton o superior; 1 Tanque de agua móvil (mínimo 10mil litros, cisterna o similar; 5 (cinco) vagonetas (potencia, 255 HP o superior, deben presentar tarjeta de pesos y dimensiones; Todos los equipos deben contar con la respectiva revisión técnica vehicular y su marchamo al día. El oferente debe contemplar que estos equipos deben estar dentro de la vida útil de 10 años para el caso de los acarreos u equipo que trabajará fuera del aeródromo, pueden estar fuera de la vida útil siempre y cuando estén en buenas condiciones". De acuerdo con el oficio número NOT-501-18-0061 del 2 de julio del 2018, remitido por el Consorcio La Managua, se observó que presentaba el reporte de maquinaria, equipo y operadores, según lo solicitado en el cartel. No obstante, de acuerdo al estudio efectuado, se determinó que algunos de esos equipos de acarreo contaban con una antigüedad mayor a la solicitada en el cartel, por cuanto los equipos presentados se ubicaban en el rango entre 1987-1996; adicional a ello, se observó que el equipo amarillo no contaba con la antigüedad solicitada, a saber: tractor. TR04, compactador CO-21, y volquete VO-07. Por otro lado, la cantidad de unidades solicitadas en el cartel no correspondía a la cantidad indicada en dicho documento. En los listados de maquinaria presentados tanto en la oferta como en la respuesta a la aclaración solicitada por la Administración según oficio número NOT-501-18-0061 del 2 de julio del 2018, se incluyó maquinaria que no indicaba el propietario y la incluida en oferta poseía varios propietarios, por lo que la Administración interpretó que eran subcontratos que no están siendo mencionados ni en la oferta presentada ni en las aclaraciones solicitadas por la administración. Al respecto, el licenciado Fonseca Pión, indicó en la audiencia que: "... rechaza que hay incumplimiento alguno a la maquinaria destinada al proyecto, puesto que según consta en el expediente y por eso es que en esta audiencia no nos hemos apersonado con prueba de la licitación, invocamos la Ley 8220 de modo que se tenga por incorporada la totalidad del expediente de la licitación, como consta, la administración entendió que el consorcio estaba incumpliendo con la maquinaria, no se había puesto a disposición del proyecto me perdonan la expresión coloquial un back hoe o dos back hoe o la cantidad de back hoe que fuera necesaria y lo que ocurrió es que el consorcio más bien puso a disposición del proyecto una maquinaria superior que es una excavadora, de modo tal que este otro tema también se rechaza por completo, más bien, sin que eso implicase un cobro adicional para la administración, se puso a disposición maquinaria que incluso supera en cuanto a capacidad y en cuanto a rendimiento de operación a los vehículos especiales echados de menos en su oportunidad por la Dirección General de Aviación Civil. Dado lo anterior, se demuestra que el equipo que aportó el Consorcio La Managua para el desarrollo de las obras no es el solicitado en el cartel de licitación, por lo que es incorrecto técnicamente hablando suponer que una excavadora suple o es equivalente a "uno o dos back hoes" incluso sin importar si la maquinaria suministrada superaba la capacidad y rendimiento, no tiene la misma funcionalidad, por lo que se incumplió con lo señalado en el cartel.

Autocontrol de calidad de trabajos. En el punto 14 del cartel de licitación, denominado "ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD", se indicó textualmente lo siguiente. "14 ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD. El oferente debe considerar dentro de su estructura de costos, el autocontrol de calidad, el cual debe estar a cargo de un laboratorio de materiales propuesto por el contratista. Debe presentar la respectiva acreditación de los ensayos ante el ECA, los ensayos deben reflejarse dentro del programa de trabajo general. (...). El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos en conjunto con la verificación de la Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de calidad de la administración del contrato deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes, los cuales se anotarán en la bitácora de muestreo, como se indica en la siguiente sección "Constancia de calidad" de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el Contratista dará por aceptados los resultados que emita el laboratorio de control de calidad de la administración del contrato. Dicho (sic) resultados no serán sujetos a reclamos posteriores. Dentro de la oferta el Consorcio La Managua se indicó que el laboratorio para autocontrol sería la empresa OMJ Consultores de Calidad y Laboratorios S. A., posteriormente realizan un cambio de laboratorio a ITP, según nota de fecha 18 de diciembre del 2017. Para la administración es de suma importancia contar con las "Verificaciones de Calidad", al igual que es de suma importancia que el Contratista cuente con su "Autocontrol de Calidad", lo anterior por cuanto permite verificar que los materiales que están siendo incorporados al proyecto están cumpliendo con con las condiciones técnicas estipuladas en el Contrato, lo anterior se evidencia por medio de la aplicación de pruebas de laboratorio en el sitio y de conformidad con los avances que se tengan en las obras. Se realizó una reunión con el Contratista con fecha 27 de febrero del 2018 y se le solicitó al Consorcio La Managua la presencia de autocontrol en la obra para los debidos chequeos, por cuanto no se mostraba presencia en el sitio de un laboratorio de autocontrol de calidad, debidamente certificado por ECA (regente de los laboratorios de materiales). De acuerdo a lo indicado en la bitácora número 29 del 01 de junio del 2018, el ingeniero Héctor Silva Mahecha, Residente del Contratista, indicó lo siguiente". (Se adjunta cuadro). "(Folio 03901 ELP). Se evidencia en la bitácora la presencia en el sitio del Laboratorio de Euroconcretos, los cuales no se encuentran certificados por ECA y que no era el laboratorio que contratista reportó para sus autocontroles, la cual era ITP. Por lo que el Consorcio La Managua no estaba cumpliendo con las condiciones carcelarias. No se indicó en Bitácora que se realizaron en forma conjunta con el laboratorio de verificación de calidad de la Administración. Se notó la ausencia en el proyecto de muestreo de materiales de autocontrol de calidad planteado en oferta (ITP), así como la falta de topografía, tanto para el avance de los trabajos como para la definición de los montos a presentar en los avances de obra por parte del Consorcio La Managua. Por lo anterior, las cantidades de obras reportados (sic) en las estimaciones de avance de Fracturaciones realizadas no corresponde a la realidad. Al respecto, en la audiencia no se hizo mención a este punto, por lo que se confirma el incumplimiento por parte del Consorcio La Managua.

Bitácora de Muestreo. En el cartel se estipula en el apartado 14 de la primera parte, denominado "ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD", que: El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos en conjunto con la verificación de la de Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de Calidad de la Administración del contrato deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes. Los cuales se anotarán en la bitácora de muestreo, como se indica en la siguiente sección "Constancia de calidad" de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en el caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el contratista dará por aceptado los resultados que emita el laboratorio del control de calidad de la administración del contrato. Dichos resultados no serán sujetos a reclamos posteriores. En ese control de "Constancia de Calidad", no se evidenció la presencia paralela tanto de laboratorio por parte del contratista, como también el laboratorio por parte de la Administración a la hora de ejecutar las pruebas de calidad. No se observó dicha bitácora de muestreo, donde se indicará que se realizó el muestreo en conjunto con el laboratorio de verificación de calidad. De acuerdo con lo indicado en bitácora, los muestreos realizados por el Consorcio La Managua se habían realizado con técnicos de Autoeuroconcreto (laboratorio no certificado por ECA) e indicado en el organigrama del proyecto en bitácora 033, se indicó que el contratista había realizado autocontrol de calidad en planta de Euroconcretos, lo que se consideró un posible incumplimiento de las condiciones carcelarias y contractuales. En la audiencia celebrada el 16 de enero del 2019, contratista no presentó prueba o constancia de que se llevara el documento de bitácora de muestreo, el cual por iniciativa del contratista y como parte de las cláusulas carcelarias, debía ser presentada a la administración una vez finalizado el proyecto, siendo esto un incumplimiento contractual.

Colocación de material bajo la lluvia. En el cartel en el punto 11.3, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, FIBRO-REFORZADO EN PISTA, CONECTOR PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO Y VIRAJE, se indica lo siguiente: "El colado se debe hacer durante las horas de la noche o las primeras horas del día máximo hasta las 10 am y se debe realizar sin interrupción entre las juntas de construcción previamente aprobadas por la administración del contrato. El colado solamente debe interrumpirse en caso de lluvia y cuanto esta pueda lavar la superficie del concreto fresco, el contratista se compromete a cubrir el concreto colocado de forma inmediata, con el fin de que no se dañe la microtextura. No se permite la colocación de concreto después de transcurridos 45 minutos de iniciado el mezclado, tampoco se permite renovar y volver a usar el concreto, adicionando agua y cemento. La colocación del concreto debe hacerse con cuidado, evitando que se segreguen los materiales, se separe concreto en capas y se formen juntas frías. En todo momento el concreto debe ser vibrado de forma vertical". Como parte de la gestión que realiza el Laboratorio de verificación de la calidad por parte de la Administración, está el evidenciar que los trabajos que se realicen de conformidad con las condiciones contractuales que para el presente caso, cuando se estaba realizando la colocación de la (colocar concreto hidráulico) se estaba enfrentando condiciones climatológicas totalmente adversas, según la siguiente fotografía aportada por el laboratorio, donde se evidencia un fuerte aguacero al momento de la colocación del concreto". (Se agrega fotografía). "Sobre los daños y perjuicios dentro del traslado de cargos del presente asunto, se determinaron una serie de daños y perjuicios ocasionados a la Dirección General de Aviación Civil y Consejo Técnico de Aviación Civil, según se detallan a continuación. (...)”. (Folios del 4266 al 4284 del Tomo X del expediente administrativo). Dictado así el acto administrativo en los términos del cual, se dispuso la resolución contractual, el pago de daños y/o perjuicios así como la aplicación de la sanción de apercibimiento prevista en el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa, en contra de lo así resuelto, el representante del consorcio aduciendo actuar con facultades suficientes para ello dadas por "Grupo Orosi S.A.", interpuso lo que identificó como recurso de reconsideración el día 19 de febrero del 2019 (Folios del 4289 al 4298 del Tomo X del expediente administrativo) mismo que fue rechazado según la resolución dictada por el CETAC con el N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019, aprobada en su sesión ordinaria N° 22-2019 celebrada el día 20 de marzo del 2019. (Folios del 4313 al 4320 del Tomo X del expediente administrativo). Esta última resolución le fue notificada a la representación del Consorcio el día 29 de marzo del 2019. (Folio 4323 del Tomo X del expediente administrativo). Agotada la vía administrativa, se procedió a la ejecución de lo resuelto, y como efecto de lo dispuesto en el punto b, de la parte dispositiva de la resolución dictada por el CETAC con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se procedió en ejecución de la garantía de cumplimiento al cobro de la suma de ¢25.206.034,40 (veinticinco millones, doscientos seis mil treinta y cuatro colones con cuarenta céntimos. (Hecho no controvertido). Para ir concluyendo, la demanda que se conoce en los términos de la presente sentencia, fue presentada a estrados judiciales el día 07 de febrero del 2020. (El sistema de gestión en Línea del Poder Judicial). Luego, al tenor de la prueba admitida para mejor resolver, se tiene como hecho relevante, que en los términos de la resolución dictada con el N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 por el Tribunal Ambiental Administrativo dentro del trámite dado al expediente diligenciado ante tal Autoridad Pública con el N° 226-18-01-TAA, se dispuso declarar responsables a la Dirección General de Aviación Civil y al CETAC por haber realizado la construcción y ampliación del aeródromo de Quepos La Managua objeto de la contratación administrativa de interés, sin contar con la evaluación de impacto ambiental otorgada conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), derivado de lo cual se impuso como sanción una amonestación a ambos órganos administrativos y orden para que en plazo determinado se implemente un programa de educación ambiental avalado por el Departamento de Gestión y Promoción Ambiental de la Municipalidad de Quepos; así como orden para que en ese mismo plazo se presente ante al Tribunal Ambiental autor de esta resolución administrativa la aprobación de la dependencia municipal mencionada, al haberse estimado que, en lo conducente, para la ejecución de las obras no se contó con permiso de construcción otorgado por la Municipalidad competente, así como que se contravino lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política, en relación al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. (Imágenes que van de la 448 a la 459, en relación con las que van de la 502 a la 504, todas del expediente judicial).-

Abordaje de los reproches esbozados en fundamento de la demanda. Pasamos a analizar lo que sigue por el fondo, en estricto ajuste con lo exclusivamente reprochado por la parte actora, en asocio con los hechos que se han tenido por demostrados en criterio de esta Cámara, por haber resultado ser los relevantes a estos efectos. Dicho lo anterior, con independencia de la gran cantidad de hechos a los que refiere la demanda, se partirá de lo alegado en fundamentación de la acción (artículo 58, inciso 1), apartes b) y c) del Código Procesal Contencioso Administrativo, para lo que deberán atenerse las partes a las estructuras argumentativas reveladas por la parte actora en el aparado de su escrito de demanda identificado como "derecho", que lo haya logrado con éxito o no, supone un ejercicio argumentativo que correlacione los hechos de modo ordenado y coherente, con el fundamento de derecho que, en su criterio, habría de imponer declarar con lugar lo que pretende le sea concedido en sentencia. Dicho lo anterior, inició la representación parte actora indicando en términos generales, que en su criterio su: "... teoría de caso se resume en que la única parte que incumplió el contrato, fue la propia Administración. Por ello, no había nunca motivo para resolverlo con cargo al Consorcio contratista, para ejecutar nuestra garantía de cumplimiento (...)" (el resaltado y subrayado no es el original). De lo anterior vistas las pretensiones, habría de esperarse que los esfuerzos argumentativos de la empresa actora se dirigieran a acreditar que no incurrió en incumplimiento alguno por un lado, mientras que por otro, a demostrar en cada caso que así lo considerare, que fue la Administración Activa la que incumplió con sus obligaciones contractuales, para luego, como efecto reflejo de esto último, se le condene al pago de daños y/o perjuicios. Pues bien, regresando a sus reproches acto seguido, acusó que el acto administrativo que impugna identificado como aquel por medio del cual se declaró resuelto el contrato por incumplimiento contractual imputable al Consorcio, en su opinión, comprende múltiples vicios (estos habrían de asociarse a la pretensión primera) a efecto de lo cual expuso uno por uno cuáles considera que son los existentes en lo actuado, los que pasamos a analizar en cada caso, en el estricto orden en que fueron esbozados por la parte actora:

10.1.- Sobre el punto primero aparte a), del apartado de la demanda identificado como Derecho. Alegó la actora exclusivamente lo que sigue: "PRIMERO. Sobre el elenco de hechos probados y no probados de la Res. 28-2019. Tal y como se advirtió en la vía administrativa, existen varios vicios de nulidad absoluta en relación con el elenco de hechos probados y no probados del acto administrativo que declaró resuelto el contrato. Toda vez que la Administración no corrigió su conducta en esa sede, nos vemos en la obligación de reiterarlos en la vía judicial: a) Falta de motivación en cuanto a los hechos tenidos por ciertos: Al declarar la resolución contractual a nuestro cargo, la Administración indicó lo siguiente: “Que al efecto de dictar la presente resolución, se tiene por ciertos los hechos a que se refieren los antecedentes por constar así en el expediente del órgano director y en el expediente de la licitación pública …”. Como se advirtió en su momento, se echa de menos cualquier motivación por parte del CETAC, que permita entender por qué le pareció válido el razonamiento del órgano director. Es decir, no basta con remitir de manera lacónica al “expediente del órgano director” y al “expediente de la licitación”, sino que era una obligación ineludible de ese órgano colegiado, en su carácter de órgano decisor, explicar por qué tuvo por probados todos esos antecedentes. El deber de motivar los actos -en especial, los actos finales- es un componente básico del debido proceso, cuyo irrespeto hace nugatorio el ejercicio del derecho de defensa. Al respecto, hace ya muchos años, en una línea de jurisprudencia que se ha mantenido invariable y que, por supuesto, tiene carácter vinculante erga omnes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: “IV.- Sobre la motivación del acto administrativo.- Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente: “En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos” (Sentencia No. 07924-99, citada en la No. 2003-7390). Claramente, en la resolución cuya nulidad se pide declarar en este juicio, el CETAC incumplió con su deber de motivar por qué “hizo suyos” los antecedentes del órgano director. No se conocen las razones que tuvo ese órgano colegiado para coincidir con el órgano director, lo cual, se reitera, nos impidió ejercer a plenitud el derecho de defensa. Sobre el particular, en otro antecedente de interés, la Sala Constitucional señaló: “tal como se desprende del elenco de hechos probados la Gerencia General del Banco Popular y de Desarrollo Comunal mediante oficio GG-413-2003 del siete de abril de dos mil tres, comunicó al amparado que fue acogida la recomendación emitida por la Junta de Relaciones Laborales y en consecuencia se le imponía una sanción de suspensión de sus funciones sin goce de salario por dos días. No obstante lo anterior y a pesar de que se le indicó al recurrente sobre la posibilidad de interponer recursos de revocatoria o reconsideración dentro del plazo de dos meses y se le envió una copia de ambas recomendaciones, no observa esta Sala que el amparado fuera informado por la Gerencia General de las razones por las cuales se acogía el criterio de la Junta de Relaciones Laborales y no el del órgano director, pues se limitó únicamente a indicar que sería acogida la recomendación de la primera. Estima esta Sala que lo anterior, colocó al amparado en estado de indefensión pues desconocía los motivos por los cuales se acogió la recomendación de la Junta de Relaciones Laborales” (Sentencia No. 2003-11688). En el caso que nos ocupa, la resolución dictada se aparta de tales exigencias básicas. El órgano decisor era el CETAC, de modo que tenía que ser en su seno donde se expresara por qué se tuvo por probado un determinado hecho, o bien, por qué -con un mínimo de razonamiento- se coincidía con el análisis del órgano que instruyó el procedimiento. Esa falta de motivación basta para declarar la nulidad absoluta de la resolución dictada". (El resaltado no es del original). En síntesis, censura la representación de la empresa actora como vicio sustancial en lo actuado, que carece de motivación en torno exclusivamente a la determinación de las razones que privaron para tener la Administración Activa por demostrados los hechos que condujeron a la resolución del contrato, esto es, por la total ausencia en ese tanto de un elemento formal del acto administrativo. Como lo advertimos líneas atrás, el deber de motivar implica la obligación de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la motivación de su conducta, en tanto, motivación significa la explicación, fundamentación o justificación que la Administración brinda o revela en el dictado de un acto administrativo, lo que no puede jurídicamente encontrarse ausente. El acto administrativo al que refiere la parte demandante se encuentra identificado como la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, respecto del que afirma, carece de motivación y esta ausencia de motivación, la explica quien demanda exclusivamente a partir de que el Consejo Técnico de Aviación Civil se habría limitado a los efectos de su adopción, a indicar en cuanto a los hechos que consideró demostrados en sede administrativa, que se tuvieron como tales: "... por constar así en el expediente del órgano director y en el expediente de la licitación pública …”, sin exponer en cada caso las razones por las que estimó este órgano colegiado que en efecto, los hechos que en criterio del órgano director del procedimiento debían considerarse demostrados frente a la prueba -agregamos-. A partir de esta afirmación, en criterio de la actora se incumplió con el deber de "... motivar por qué “hizo suyos” los antecedentes del órgano director", porque se omite explicar por qué tuvieron como probados todos esos antecedentes, habiéndose limitado el órgano colegiado a "hacerlos suyos", de modo que afirma, que como efecto de tal omisión "No se conocen las razones que tuvo ese órgano colegiado para coincidir con el órgano director, lo cual, (...) nos impidió ejercer a plenitud el derecho de defensa", esto es, que se le colocó en estado de indefensión. Lo así alegado NO ES DE RECIBO, habida cuenta de que conforme la prueba que obra en el expediente administrativo, no demostró la empresa demandante la premisa de la que partió para erigir estos reproches, a saber, no acreditó que la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, carezca de motivación. En un primer nivel, conforme la prueba exclusivamente constituida por el texto de la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019 con absoluta claridad, la misma sí cumple con el deber de motivar su adopción, aunque aquí no sea donde se encuentra residenciado el vicio que acusó la parte actora (el texto del acto en cuestión obra a folios del 4266 al 4284 del Tomo X del expediente administrativo). Así, de su lectura de esta resolución se desprende sin duda, que fue desarrollado un análisis que revela el proceso racional que condujo a tener por demostrados incumplimientos contractuales varios, así como las circunstancias a partir de las que se consideró, que tales incumplimientos le eran imputables al Consorcio, esto en lo que así se tiene por referenciado lo propio en el punto IV del fallo administrativo en cuestión, identificado así: "SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO", con el siguiente desglose: "1 cuotas obrero patronales, Caja Costarricense del Seguro Social"; "2. Inscripción del Director Técnico en el Proyecto"; "3. Presencia de Regente Ambiental en el proyecto"; "4. Cronograma para Construcción de la Base Estabilizada"; "5. Visitas del Ingeniero Director del Proyecto"; "6. Visitas del Ingeniero Residente de Proyecto"; "7. Cronograma de Construcción de Losa de Concreto"; "8. Solicitud de información de profesionales en reunión de pre-construcción"; "9. Cronogramas ofertados de proyecto, atrasos generados por el contratista y cronograma actualizado del proyecto"; "10. Maquinaria a utilizar en el proyecto"; "11. Autocontrol de calidad de trabajos"; "12. Bitácora de Muestreo"; y "13. Colocación de material bajo la lluvia". Como se desprende del

de la presente sentencia, hecho probado identificado con el N° 9 -que no transcribimos por innecesario, bastando con remitir a las partes a su lectura- en cada caso de estos puntos que van del 1 al 13, el Consejo Técnico de Aviación Civil sí expresó argumentativamente lo necesario para comprender la motivación del acto cual elemento formal del mismo, de modo que, no se evidencia a partir de lo anterior la acusada ausencia o falta de motivación y en consecuencia tampoco que se le haya colocado en imposibilidad de conocer la fundamentación de lo resuelto, contrario al dicho de la representación de la empresa actora. En un segundo nivel, en la medida de la censura así formulada por quien demanda -ahora sí- es de atención lo dispuesto en lo que lleva relevancia, en el numeral 136 de la Ley General de la Administración Pública en el que se dispone lo que sigue: "Artículo 136.-

Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; b) Los que resuelvan recursos; c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y f) Los que deban serlo en virtud de ley. /

La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia". (El resaltado y subrayado no es del original). Destacamos que conforme la teoría del caso de quien demanda, no ha alegado que no haber tenido acceso al informe final del procedimiento rendido en su oportunidad por el órgano director del procedimiento que obra visible a los folios del 4214 al 4263 del Tomo X del expediente administrativo. Yerra conforme la Ley con claridad quien demanda, al afirmar a partir de que con ocasión de la adopción por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del acuerdo del que surgió la resolución identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, en lo que se tuvieron por demostrados hechos, no cuenta con motivación. Dicho esto, la circunstancia de que en torno a los hechos, éstos se hayan tenido por ciertos porque así constan en el expediente del órgano director y en el expediente de la licitación pública, aún y admitiéndose, resulta estéril en aplicación del artículo 136, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública citado atrás. Deberá bastar con indicar que la parte accionante deduce la existencia del vicio sustancial en lo actuado porque aprobar, hacer suyo o compartir lo argumentado por el órgano director en su informe final no es suficiente para conocer el fundamento sobre el que fue erigida la voluntad del órgano -según así lo entiende esta Cámara-. En nuestro criterio y aunque la parte actora no desarrolló argumentativamente su reproche a partir de la aplicación del contenido y alcances de lo dispuesto en ese numeral e inciso de la Ley General de la Administración Pública, si bien es correcto afirmar a partir de su observancia que actos como el que ocupa nuestra atención han de encontrarse motivados como presupuesto para su validez, nos parece que obvia la parte aquí accionante lo dispuesto en el inciso 2 de la norma en cuestión, que reiteramos, reza así: "2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia". (El resaltado no es del original). En el caso concreto lo actuado se ajustó cabalmente a esta disposición normativa; cumple con la existencia del elemento formal identificado como la motivación del acto; revela en efecto el fundamento que medió para concluirse demostrados determinados hechos; así como las razones sobre las que se erigió la voluntad del órgano autor de dicha conducta administrativa formal y finalmente. Como efecto de ello, al Consorcio sí se le colocó en posición de conocer integralmente el motivo de la resolución que aquí cuestiona, de donde no se observa indefensión alguna o dificultad en este sentido, para que ejerciere su derecho de defensa y no se evidencia estado de indefensión alguna. Reiteramos que consta en el expediente administrativo que previo a la adopción de la resolución de interés fue emitido por el órgano director del procedimiento mediante documento sin fecha, el informe final del procedimiento, en los términos del cual se recomendó (propuesta) resolver unilateralmente el contrato con causa en incumplimientos contractuales varios que se estimó, resultaron imputables al Consorcio; así como que se consideró procedente imponer imponer a título de resarcimiento el pago de daños y/o perjuicios ocasionados a la Administración, en asocio con una sanción de apercibimiento conforme el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa. En su informe, el órgano director explica la base lógica racional a partir de la que tuvo por acreditada la existencia de dichos incumplimientos contractuales (hechos) y la razón por la que en su criterio resultaron imputables al Consorcio, esto al haberse considerado en síntesis que el Consorcio presentó en varias ocasiones el no pago de las obligaciones obrero patronales para con la Caja Costarricense del Seguro Social; que se incumplió con obligaciones relacionadas con el director técnico del proyecto; que se incumplió con aspectos relacionados con el regente ambiental del proyecto; que se produjeron incumplimientos relacionados con los trabajos asociados a lo que se identificó como la base estabilizada, losa de concreto, la aplicación de una película protectora de material bituminoso y el deterioro de la base estabilizada; incumplimiento relacionado con el cronograma y con la estructura de la pista; la entrega de una obra de inferior calidad y sin protección; que se incumplió con aspectos vinculados a las visitas del director técnico del proyecto; que se incumplió con aspectos vinculados a las visitas del ingeniero residente del proyecto; que se incumplió con aspectos vinculados al cronograma de construcción de la losa de concreto; que se incumplió con aspectos vinculados en relación a la atención de solicitud de información sobre datos de los profesionales responsables de la ejecución de los trabajos en lo que corresponde a las obras electromecánicas; que se produjeron incumplimientos asociados a los cronogramas ofertados y atrasos generados por el consorcio, el cronograma actualizado del proyecto y tiempos establecidos; que se incumplieron aspectos relacionados con el equipo que aportó el consorcio particularmente en lo que toca a su antigüedad y cantidad, así como que se asumió que habría sido subcontratada esta maquinaria o equipo; que se produjeron incumplimientos asociados a las actividades de autocontrol de calidad de los trabajos y materiales; que se produjeron incumplimientos asociados a las pruebas de laboratorio como parte de las actividades de autocontrol; que se dieron incumplimientos asociados a la colocación de concreto bajo lluvia cuando se estuvo realizando la colocación de la losa con afectación a la calidad de la obra; y además, se desarrollo lo vinculado a la generación de daños y perjuicios que se estimó, sufrió la Administración contratante; se explicó lo relacionado a la procedencia de la ejecución de la garantía de cumplimiento en lo que correspondiese, para luego de transitar el texto de este informe por apartados identificados como "Resultando" en que se relatan hechos (demostrados según se logra extraer) que van del primero al centésimo; y en el aparte identificado como "Considerando", éste refiere a los hechos indicados en el resultando identificados además como "antecedentes"; "Audiencia oral y privada"; y finalmente, se desarrolló un apartado identificado con la siguiente denominación "Sobre el fondo del asunto", en el que se revela un análisis de fondo sobre el objeto del procedimiento administrativo que describe el mencionado proceso racional que condujo a determinar que el Consorcio incurrió en los incumplimientos contractuales varios relacionados atrás, así como y en cada caso, las razones que frente a la prueba, le condujeron a estimar demostrado un incumplimiento imputable al Consorcio. (El texto del informe final indicado obra a los folios del 4214 al 4263 del Tomo X del expediente administrativo). Luego, este informe fue conocido en sesión celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil N° 08-2019 celebrada el día 30 de enero del 2019, misma en la que este órgano conoció un documento que se identificó como el borrador de la resolución a la que se le asignó el N° 28-2019. (Folios 4285 y 4286 del Tomo X del expediente administrativo). De ambos documentos que se encontraron agregados al expediente administrativo, y de su lectura se desprende con claridad, que en lo que refiere a la fundamentación comprendida en ambos, éstos, tanto el informe final del procedimiento, así como el borrador de la resolución a ser dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil, guardan identidad. Indicado esto y porque ninguna de las partes niega lo que sigue, habría sido como resultado de la deliberación del órgano colegiado, que éste adoptó el acuerdo comprendido en el artículo 05 de la sesión ordinaria de interés N° 08-2019 celebrada el día 30 de enero del 2019, conforme el cual en lo que interesa, en efecto se dispuso en lo conducente, aprobar y/o acoger sin reserva alguna el informe y sus recomendaciones, lo que comprendió el borrador de la resolución a ser dictada y comunicada al Consorcio (folios 4285 y 4286 del Tomo X del expediente administrativo) y consecuentemente con ello, fue dictada por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la resolución cuyo borrador fue conocido en esta sesión, que reiteramos, contiene idéntica fundamentación a la esbozada en el informe final del procedimiento. Dicho todo lo anterior y teniéndose en cuenta que, conforme la teoría del caso planteada por la representación de la parte actora no afirma no haber tenido acceso al informe final del procedimiento ni al borrador de esta resolución al momento de haberle sido notificada, en ambos documentos que obraron y constan agregados al expediente administrativo no se observa vicio sustancial alguno asociado a la ausencia de motivación. En lo actuado si de la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil entonces, no existe el vicio reprochado con causa en que se produjo en ajuste con lo dispuesto en el indicado atrás artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, inciso 1) aparte a), en relación con el inciso 2), bastando con indicar que el órgano hizo referencia explícita e inequívoca a los motivos comprendidos tanto en el informe final del procedimiento y propuesta de resolución, que en ambos casos determinaron la adopción del acto, cumpliéndose con otro presupuesto, constituido con el acompañamiento de su copia, habida cuenta que ambos documentos preparatorios se hicieron obrar en el expediente administrativo y la empresa actora no ha negado haber tenido acceso oportuno a los mismos a los efectos del ejercicio de su defensa, dejándose de lado que entre estos actos preparatorio y el acto final del procedimiento, media identidad plena. Con claridad el acto impugnado sí comprendió el elemento formal identificado como su motivación, esto es, su fundamentación por un lado, mientras que por otro y como efecto de ello, el Consorcio y la expresa aquí actora, en ningún momento fueron colocados en situación de no poder conocer las razones y fundamento a partir del cual se tuvieron como hechos demostrados, aquellos que refieren a los incumplimientos contractuales que, primero, del órgano director del procedimiento y luego el Consejo Técnico de Aviación Civil consideró que le resultaban imputables al Consorcio. Por ende insistimos, no demostró quien demanda en la presente causa que la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, careciere de motivación y/o fundamentación, como tampoco y como efecto reflejo de ello, que no se le haya colocado frente a la misma en imposibilidad de conocer su fundamento, o que en su caso, se hubiere inobservado alguna regla asociada al principio del debido proceso o ejercicio de su derecho de defensa. En otro orden de ideas, la cita que hizo la parte aquí actora de un Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, identificado con el N° 2003-11688 y que precisamos, correspondió el dictado por el Alto Tribunal de Control de constitucionalidad al ser las 17:07 hrs. del 14 de octubre del 2003, no resulta de aplicación al caso concreto, pues baste con su lectura y la cita misma que de dicho fallo hizo quien demanda, para comprender que refiere a un presupuesto muy diverso, a saber, aquel constituido por la obligación jurídica que media en cabeza del órgano director que se separa de las recomendaciones o propuestas que previamente le han sido formuladas, lo que habla de lo dispuesto ciertamente en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, pero en su inciso c) que supone exigencia de motivar cuando se produce la acción de "separarse" del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, cuestión totalmente ajena al caso que nos ocupa, de donde el reproche soportado en el contenido y alcances de este fallo dictado por la Sala Constitucional deviene en inútil. Finalmente, asoció por las mismas razones quien demanda al alegado vicio en la resolución administrativa dictada en instancia, a la invalidez de la resolución adoptada por el Consejo Técnico Técnico de aviación en conocimiento de un recurso que se identificó como de reconsideración -habría de entenderse, de reposición- (folios del 4289 al 4298 del Tomo X del expediente administrativo) dictada con el N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019, aprobada en la sesión ordinaria celebrada por dicho órgano colegiado con el N° 22-2019 celebrada el día 20 de marzo del 2019, conforme la que fue rechazado este recurso y se agotó la vía administrativa. (Folios del 4313 al 4320 del Tomo X del expediente administrativo). Bastará con indicar al respecto, que no acreditado por quien demanda vicio alguno que conduzca a la nulidad de la resolución dictada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, por idénticas razones, tampoco se observa alguna circunstancia que afecte la validez de la resolución dictada con el N° 73-2019 de las 19:40 hrs. del 20 de marzo del 2019.-

10.2.- Sobre el punto primero aparte b), del apartado de la demanda identificado como Derecho. Alegó la representación de la parte actora al respecto, exclusivamente lo que sigue: "b) Falta de motivación sobre la ausencia de viabilidad ambiental del proyecto: Igualmente, se echa de menos el menor razonamiento por parte del CETAC, en cuanto al alegato de defensa que siempre hemos planteado, en el sentido que el proyecto del aeródromo carecía de viabilidad ambiental. Era imprescindible que el CETAC declarara si tenía por probado o por no probado, que la administración contratante cumplió con el trámite de evaluación ambiental ante SETENA. Nuestra tesis, planteada por escrito a la Administración mucho tiempo antes del inicio del procedimiento de resolución contractual, es que no hubo evaluación de impacto ambiental y que ello era un incumplimiento gravísimo imputable a la Administración. De hecho, en forma expresa, solicitamos suspender la ejecución del proyecto hasta tanto el CETAC no subsanara el vicio que representaba (y continúa representando) la ausencia de evaluación ambiental. La respuesta que recibimos de la administración (oficio DGAC-DA-IA-OF-0629-2018), fue que, supuestamente, estábamos sólo ante obras de “reparación y mantenimiento” del aeródromo. Por supuesto que nunca compartimos tal respuesta, y así lo hicimos ver también por escrito. Por lo demás, como se verá luego, esa posición de la Administración contradice su tesis de achacarnos un incumplimiento en la Dirección Técnica y también en la Regencia Ambiental, pues obras que “reparación y mantenimiento”, según la normativa del CFIA y de SETENA, respectivamente, no requieren ni uno ni otro profesional a cargo. Toda la correspondencia sobre este tema consta en el expediente administrativo respectivo, razón por la cual se confirma que era imprescindible que el CETAC brindara su motivación expresa en cuanto a cuáles hechos tenía por demostrados y cuáles no. Es inadmisible que dicho órgano colegiado evadiera adoptar una posición en cuanto a la viabilidad ambiental del proyecto; y ello confirma la nulidad absoluta de la resolución sometida a juicio. Debía el Consejo Técnico, obligatoriamente, asumir la responsabilidad de determinar si tenía como un hecho probado o no probado, la existencia de evaluación de impacto ambiental. Nada de ello se corrigió, tampoco, al dictarse la resolución No. 73-2019, tal y como ruego apreciar desde ya al Tribunal Contencioso". En síntesis, la misma alegación sobre la falta del elemento motivación, se formula ahora sobre la base de que el Consejo Técnico de Aviación Civil omitió referir y tener por demostrado o no, lo reprochado respecto de la ausencia de viabilidad ambiental como presupuesto para la ejecución de las obras cual requisito impuesto por el ordenamiento jurídico para ello, que dice quien demanda guardó identidad con un incumplimiento contractual imputable sólo a la Administración activa. Aquí la representación de la empresa actora puntualiza sobre lo que en su criterio, es un incumplimiento al contrato -ha de entenderse, a lo dispuesto en él incluido el cartel por supuesto- que asegura sólo resultó imputable a la Administración y que según su parecer, fue grave. En criterio de la parte actora además, la carencia de la viabilidad ambiental referida, habría de conducir a afirmar que no se le podían imputar al Consorcio otros incumplimientos, específicamente relacionados con la Dirección Técnica y Regencia Ambiental, ambas del proyecto, esto a partir de que -y aquí se evidencia una contradicción en lo argumentado por la parte actora- si el proyecto lo era exclusivamente, constitutivo de obras de “reparación y mantenimiento” como en su momento lo afirmó la Administración Activa, lo que paradójicamente sostiene quien demanda no lo fue así, entonces no resultaba una obligación legal conforme "la normativa del CFIA y de SETENA, respectivamente" el que el Consorcio debiera contar con un Director Técnico y/o Regente Ambiental, de donde extrae, que incumplimientos como los que le fueron imputados en vinculación con las labores de ambos profesionales, en realidad no se le debieron valga redundar, imputar. Esto que es según la parte actora, la viabilidad ambiental con que debió contar la Administración conforme la Ley lo era la otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, caso en el que, de llevar razón cual lo afirma, sí se debía cumplir con la exigencia de contar con dichos profesionales, pero, que como la Administración adoptó como posición una que la parte actora no comparte, a saber, que no se debió contar con esa viabilidad ambiental (que la parte actora determina no es correcto) entonces no le era exigible contar con ninguno de ellos. Además, se sostiene que mucho antes del inicio del procedimiento administrativo dirigido a la determinación de si el Consorcio había o no incurrido en incumplimiento contractual pero ya entrado el contrato en su ejecución material, éste advirtió sobre la ausencia de esta viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, respecto de la que dice insistimos, la Administración Activa sostuvo que no se requería por corresponder las obras a unas que calificó de “reparación y mantenimiento”, tesis que se afirma, no compartió el Consorcio desde que alegó ante la Administración lo correspondiente. La relevancia de lo así alegado por quien demanda haciendo un esfuerzo al respecto, entendemos, tiene que ver con la censura dirigida a que medió falta de motivación cual vicio sustancial en lo actuado, que ha de conducir a declarar su nulidad, así como que se declare que la Administración Activa incurrió en un grave incumplimiento contractual por no contar previo a la ejecución de las obras con la viabilidad ambiental que jurídicamente, era obligación tramitar o obtener de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por un lado, mientras que por otro, se reprocha que, medió contradicción en decisión de resolver el contrato, en lo que lo fue sobre la base de los incumplimientos contractuales asociados a las tareas que habrían de desarrollar en el sitio de ejecución de las obras, los profesionales que se identificaron como el Director Técnico y el Regente Ambiental. Destacamos que en ninguna de estos últimos dos supuestos, especificó o precisó la representación de la empresa actora, a qué incumplimientos asociados a estos dos profesionales y que le fueron imputados al consorcio, es al que al o los que refiere más allá de correlacionar esta temática con aquellos dos profesionales, por lo que haciendo un esfuerzo al respecto donde es deber procesal de quien demanda proveer de claridad a sus contrapartes y a la Autoridad Judicial al respecto, hemos de indicar que en la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019 se pueden identificar, al menos los siguientes incumplimientos asociados a cada uno de estos profesionales según su texto: "2. Inscripción del Director Técnico en el Proyecto. Dentro del Cartel de Licitación, en el apartado 13 de la Primera Parte se estableció el deber de contar con el profesional técnico del proyecto, así como los requisitos que debe cumplir el mismo. Como parte de la gestión normal de un proyecto de inversión, todo proyecto debe mantener al momento de ejecutar las obras un Director Técnico, mismo que deberá tener una participación constante en el proyecto y actuar de conformidad con lo estipulado en las cláusulas del contrato. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 18636-MOPT "ARANCEL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EDIFICACIONES", Artículo 4 inciso f, el Director Técnico, tiene las siguientes funciones en un proyecto: Verificación de la calidad de los materiales y proceso de construcción por medio de pruebas de laboratorio; Informes periódicos sobre el progreso de la obra; Aprobación de los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista de acuerdo con las especificaciones; Control de desembolsos respecto al proyecto de la obra y determinación del cumplimiento de los plazos de construcción fijados; Justificación y autorización de "obra extra" y su aprobación posterior para su pago; Revisión y aprobación de facturas presentadas por el contratista; Recibo de las obras conjuntamente con el cliente y la elaboración del informe final. Este servicio involucra además labores de control de la programación de la obra y de los desembolsos. La responsabilidad de la construcción, en los aspectos técnicos, la asume el que realiza la dirección técnica de la obra. Asimismo, el REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) indica en su artículo 17 inciso g: "Se entiende por dirección técnica de una obra aquel servicio de Consultoría que incluya la inspección, la programación y el control de esa obra. Mediante este servicio, el dirección el Director se convierte en el profesional responsable de la obra". Para el caso particular de este proyecto, el Contratista designó al ingeniero Edwin Corrales Calderón como el Director Técnico de la Obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin embargo, a pesar de que la orden de inicio del proyecto se giró en diciembre del 2017, en los expedientes de la Licitación Pública del proyecto, se consigna que al 2 de mayo del 2018 no se había realizado el pago correspondiente por la tasación del proyecto ante el CFIA, por lo tanto, no existía un director técnico inscrito de manera oficial 5 meses después de iniciadas las obras. Mediante oficio número NOT-501-18-0058 de fecha 29 de junio del 2018, remitido por el Consorcio La Managua, se indicó a la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, que a partir del 01 de julio del 2018, se había presentado la renuncia formal del ingeniero Edwin Corrales Calderón como director técnico del proyecto. En este sentido, el cartel estableció en la segunda parte, apartado 31 "Encargado de las obras" que los profesionales de las obras pueden ser sustituidos con la autorización de la administración, siempre que cumplan con todos los requisitos correspondientes. Por lo que a raíz de la renuncia del señor Corrales Calderón, el Consorcio La Managua empezó a presentar una serie de candidatos para sustituir la dirección técnica del proyecto, como lo fueron los señores son (sic) Eduardo Arrieta Araya; Mario Agüero Soto, Orlando Cerdas Céspedes, sin embargo, ninguno de ellos cumplió con los requisitos carcelarios; y fue hasta el día 17 de septiembre del 2018 mediante el oficio DGAC-DA-IA-OF-0711-2018 que se aceptó al señor Enrique Garita Otárola, quien había cumplido como profesional responsable de la obra con la presentación de la oferta. Con respecto a este tema, en la audiencia el Lic. Fonseca Pión indicó que "hubo también múltiples atrasos imputables solo a la administración en cuanto al registro de responsabilidad profesional, trámite de planos, etc ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos". No se exime al contratista de postergar 5 meses la inscripción del Director Técnico ante el CFIA, según lo indicado en el cartel de licitación y aceptado mediante la presentación de la oferta por parte del Consorcio la Managua. Adicionalmente se consigna en la prueba que cuando efectivamente el Ingeniero Corrales Calderón, fue inscrito como Director Técnico del proyecto, se señaló que la empresa responsable de las obras era MCDC Monje Consultoría y Construcción, empresa que no forma parte del consorcio al cual fue adjudicada la contratación. Dado lo anterior, se determina para este concepto un incumplimiento contractual por parte del consorcio la Managua". (El resaltado y subrayado no es del original). Sintetizando, bajo el razonamiento desarrollado por el Consejo Técnico de Aviación Civil el contar con un Director Técnico del Proyecto que desplegase las funciones propias del cargo, correspondió a una obligación contractual por el simple hecho de que, así lo estableció el cartel de la licitación, instrumento que ya indicamos atrás, guarda identidad conforme el resultando VII punto 7 de la presente sentencia, con el clausulado que determinado por la Administración Pública especifica el bien o servicio que se licita, define las condiciones, especificaciones y requisitos que tienen que cumplir los participantes y detalla el proceso o trámite por seguir, así como que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, inciso h) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en doctrina al cartel se le reconoce el constituirse en “ley entre las partes” o el reglamento de la contratación. Esto ha de llevar al operador a afirmar, que las reglas del cartel son de acatamiento obligatorio por las partes vinculadas en relación jurídica contractual, previo y aún durante la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, se refuerza el razonamiento desarrollado por la Administración activa a partir del contenido del cartel de la licitación, en asocio con el incumplimiento que le fue imputado al Consorcio relacionado con esta Dirección Técnica del proyecto, con el hecho probado N° 5, conforme el cual, esta Cámara determinó que en efecto: "5) (...) en los términos dispuestos en el cartel primera parte, conforme el punto 13, se dispuso en lo conducente que quien resultase adjudicado debería de contar con lo siguiente: "Equipo de trabajo y experiencia: El equipo de trabajo estará conformado por el Contratista y debe cumplir los siguientes requisitos: (...) Director del Proyecto: Ingeniero Civil, con experiencia en obras de supervisión, construcción o reconstrucción de carreteras por al menos 8 años, debe visitar la obra al menos una vez por semana dejando registro en la bitácora oficial del proyecto, además debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ingeniero residente puede llevar la dirección del proyecto". (Hecho no controvertido en parte, en asocio con el cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). Por resultar muy relevante lo que sigue, en la presente causa no ha alegado la representación de la empresa actora, que el Consorcio en algún momento en sede administrativa haya objetado esta disposición cartelaria o cualquiera otra que comprendida en ese mismo instrumento (el cartel) refiera al Director del Proyecto, sus requisitos y/o funciones a desarrollar, a lo que se ha de sumar, que tampoco es objeto propuesto por la parte actora, la impugnación de esta disposición cartelaria u otra vinculada insistimos, a este Profesional. Se concluye entonces, que quien demanda no niega que el contar con un profesional Director Técnico del Proyecto, en efecto constituyó una obligación contractual conforme el respectivo cartel, que no objetó ni impugna en esta sede judicial, lo que de entrada conduciría a desechar su reproche, se haya o no contado con la viabilidad ambiental adecuada a la Ley. Para todos los efectos no es objeto de debate en este asunto judicial conforme la teoría del caso planteada por la parte actora, el hecho de que se haya determinado por la Administración Activa que debía el Consorcio debía cumplir con toda obligación vinculada a la exigencia cartelaria de contar con este Profesional, como tampoco lo es analizar el ajuste o no en este tanto de lo dispuesto en el cartel, mientras que por otro lado, tampoco es objeto de debate porque el actor no lo niega, el que se haya determinado en sede administrativa como un incumplimiento contractual imputable al Consorcio, el que durante la ejecución de las obras por un período de 5 meses no se inscribió a este Profesional como Director Técnico ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos previo a que este profesional renunciara a su cargo. Tampoco niega o propone como tema a debatir quien demanda, la circunstancia determinada por la Administración en el sentido de que, cuando este profesional fue sustituido por otro, no se le identificó por el Consorcio como tal, como sí y en su lugar, con una empresa no vinculada ni Consorcio ni a la contratación, que se identificó con la denominación de "MCDC Monje Consultoría y Construcción", aspectos que pese constituir el motivo del acto en este tanto, reiteramos, no son cuestionados por la empresa actora. Lo que se cuestiona en consecuencia, se circunscribe a afirmar lo haya expresado así quien demanda o no, es que, como la Administración debía conforme la Ley contar previo al acto de adjudicación y posteriormente, con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ello no ocurrió, la Administración incurrió en grave incumplimiento "al contrato", así como y, que consecuentemente no se le podía imputar al Consorcio incumplimientos vinculados con el Director Técnico del Proyecto. Pero a la vez, se reprocha de modo incongruente con lo anterior, que al Consorcio no se le podía exigir contar con este profesional, ni con un regente ambiental, a partir de que la Administración consideró que tal viabilidad no resultó necesaria. Luego, se dice que existió vicio por falta de motivación en lo actuado porque el Consejo Técnico de Aviación Civil en su resolución, no entró a analizar si se debía o no contar con tal viabilidad, y en su caso, si este constituyó incumplimiento contractual imputable a la Administración. La censura así formulada resulta absolutamente estéril e inconducente a los efectos del objeto del proceso, si de la nulidad de lo actuado se trata (pretensión N° 1). Conforme la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019 un otro incumplimiento que se le imputó al Consorcio, resultó ser asociado al deber de contar con un Regente Ambiental, así: "3. Presencia de Regente Ambiental en el proyecto. En el Apartado 18 del cartel de licitación, denominado "Viabilidad Ambiental", se indicaron todos los requerimientos en materia ambiental solicitados por la administración a sus posibles oferentes. Así bien, durante la audiencia, el Lic. Fonseca Pión alegó que "ciertamente la Administración incumplió con el deber de tramitar el estudio de impacto ambiental de este proyecto y de acuerdo con el deber de verificación, me disculpan por la falta de precisión “veintitanto” de la Ley de Contratación Administrativa, el del reglamento sí se los puedo decir tal 218 del Reglamento de la Ley de Contratación el deber de verificación del le (sic) imponía advertir de ese grave vicio porque sin duda se están introduciendo elementos que alteran el ambiente". De conformidad con el expediente del proyecto, se determinó que la figura del Regente Ambiental de este proyecto, fue ejercida también por el Ingeniero Edwin Corrales Calderón, acarreando las responsabilidades de ejercer como director técnico y Regente Ambiental. Realizado una (sic) revisión de la bitácora del proyecto EG4111, se apreciaron solo cuatro anotaciones del Regente Ambiental del proyecto (Ingeniero Edwin Corrales Calderón), lo cual confirma que no se había dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato y en el cartel, mismo que fue claro respecto de las disposiciones contractuales y seguimiento continuo que debió darse a los aspectos ambientales del proyecto. Por otro lado, luego de la renuncia del señor Corrales Calderón, desde fecha 01 de julio del 2018, no se encuentran anotaciones en bitácora de un nuevo regente ambiental, por lo tanto, se mantiene el incumplimiento de las disposiciones contractuales. Con respecto a lo expuesto por el Lic. Fonseca, se considera que el contratista debió ejercer su deber de verificación a la hora de revisar el Cartel de Licitación previo al envío de oferta, ya que al realizarse la apertura de la misma, el contratista acepta todas las condiciones expuestas y se compromete a cumplirlas, por lo que, 8 meses después de iniciar la obra, no es el momento procesal oportuno para alegarlo. En virtud de lo anterior, si se considera que en materia de regencia ambiental se presenta un incumplimiento por parte del Consorcio la Managua". (El resaltado no es del original). Nuevamente debemos advertir, que el incumplimiento contractual que en este tanto se tuvo por demostrado e imputable al Consorcio por el fondo, no es objeto de debate en la medida que la empresa actora no arguye como no ajustada a la prueba, la conclusión a la que arribó la Administración Activa en el sentido de que el Regente Ambiental conforme las reglas del Cartel, quien fue el mismo profesional que ejerció como Director del Proyecto, no dio seguimiento continuo a los aspectos ambientales del proyecto. La parte actora insistimos, no niega que esto haya ocurrido ni impugna en la presente causa cláusula alguna cartelaria referida al deber residenciado en el Consorcio de contar con este profesional, ni cuestiona que se haya determinado que el Profesional designado no dio seguimiento al proyecto en materia ambiental. Únicamente censura quien demanda al igual que lo hizo para el caso del Director Técnico del Proyecto, que se le haya imputado este incumplimiento, porque la Administración no cumplió con su deber de contar con viabilidad ambiental previo a la ejecución de las obras otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por un lado, mientras que por otro, sobre la base paradójicamente de que la Administración sostuvo erradamente en opinión de la empresa accionante, que tal viabilidad no se requería, entonces no le era exigible contar con esa regencia ambiental. Volviendo al

de la presente sentencia, hecho probado N° 5, se tiene que conforme el cartel de licitación en lo referente a este profesional, que en los términos dispuestos en el cartel primera parte, punto 13, se dispuso en lo conducente que quien resultase adjudicado debería de contar con lo siguiente: "Equipo de trabajo y experiencia: El equipo de trabajo estará conformado por el Contratista y debe cumplir los siguientes requisitos: (...) Regente Ambiental: Profesional con amplia experiencia comprobable en regencias ambientales, consultor debidamente inscrito en SETENA, y en el Colegio Profesional respectivo. Además, debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ambiental (sic) puede llevar la dirección del proyecto y/o la residencia. (...)". (Hecho no controvertido en parte, en asocio con el cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). Habiéndose arribado a este punto, era obligación del consorcio contar con los dos profesionales de interés, como lo era velar porque desplegasen sus funciones, porque todo ello se encontró así dispuesto en el cartel, que dicho sea de paso, no impugna en ningún nivel en esta sede jurisdiccional, lo que de entrada permite afirmar que en ambos supuestos de los determinados por la Administración, se incumplió con una disposición o disposiciones contractuales, sin que ello sea negado por quien demanda. Entonces, en ambos casos la parte actora conforme su teoría del caso, no niega ni la existencia de las reglas cartelarias así dispuestas respecto de estos dos profesionales, ni el incumplimiento que habiéndose considerado por la Administración en ambos casos demostrados, cuando antes bien y bajo la inteligencia de sus reproches, lo que cuestiona la parte actora es que le resulten imputables esos incumplimientos, por el sólo hecho de que la Administración no contó previo al inicio de la ejecución contractual, con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, respecto de la que adelantamos, una cosa es decir que correspondía a una obligación legal, y otra muy diversa, que en el cartel de licitación cuya validez no cuestiona la parte actora a partir de que no impugna ninguna de sus disposiciones, dispusiere algo diverso. Integralmente entendidos los reproches formulados por la empresa actora en este tanto, EN SU TOTALIDAD RESULTAN ESTÉRILES, si de acreditar un vicio en lo actuado que conduzca a su nulidad se trata. Nos explicamos indicando que ningún problema ha encontrado esta Cámara de Juzgadores en aceptar como demostrado a partir de la prueba documental admitida a la parte actora para mejor resolver, que en los términos de la resolución dictada con el N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 por el Tribunal Ambiental Administrativo dentro del trámite dado al expediente diligenciado ante tal Autoridad Pública con el N° 226-18-01-TAA, se declaró con posterioridad al dictado de los actos administrativos que con objeto de impugnación en la presente causa, responsable a la Dirección General de Aviación Civil y al CETAC por haber realizado la construcción y ampliación del aeródromo de Quepos La Managua objeto de la contratación administrativa de interés, sin contar con la evaluación de impacto ambiental otorgada conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), derivado de lo cual se les impuso como sanción una amonestación a ambos órganos administrativos, a lo que se sumó orden para que en un plazo determinado se implementase un programa de educación ambiental avalado por el Departamento de Gestión y Promoción Ambiental de la Municipalidad de Quepos; y orden para que en ese mismo plazo se presentase ante al Tribunal Ambiental autora de esta resolución administrativa una aprobación de ese programa de educación otorgada por esa dependencia municipal. Lo resuelto por este Tribunal Administrativo con absoluta claridad, ningún efecto proyectó sobre la contratación de interés ni sobre la obra en lo que fue ejecutada por la Administración y el Consorcio. Luego, se limitó lo resuelto por este Tribunal Administrativo a declarar en lo que interesa, que para la ejecución de las obras se debió contar con la viabilidad ambiental de interés, así como que el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad competente, conforme la Constitución Política, en relación al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. (El resaltado no es del original. Ver las imágenes que van de la 448 a la 459, en relación con las que van de la 502 a la 504, todas del expediente judicial). Entonces, lo que podría afirmarse a partir de esta prueba lo es que jurídicamente la viabilidad ambiental exigida por el ordenamiento jurídico, lo fue aquella a la que hizo referencia el mencionado Tribunal administrativo, pero si nos preguntamos en observancia los reproches exclusivamente esbozados por la empresa actora conforme su escrito de demanda (teoría del caso objeto de debate) ¿que incidencia tuvo lo así determinado por una autoridad administrativa ajena a la contratación salvo por lo dicho, sobre la validez y o eficacia de las reglas del cartel y/o el contrato, así como en su fase de ejecución? la repuesta será que ninguna. Decimos que ninguna incidencia tuvo al respecto lo resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo porque por virtud de sus efectos, la resolución dictada por éste ni anuló ni podría hacerlo porque no formó parte del objeto sometido a su análisis y porque carece de competencia legal para ello -esto último sólo a mayor abundamiento por lo que no se desarrolla-. Ninguna de las disposiciones comprendidas en el cartel de licitación de interés, ni cláusula alguna del contrato firmado entre las partes fue afectada en su validez y/o eficacia como consecuencia del dictado de esta resolución administrativa posterior, ni revirtió conforme su parte dispositiva nada de lo relacionado con la obra ejecutada en despliegue de los efectos ya consumados en parte, del contrato. Reiteramos que únicamente tuvo la virtud lo resuelto de determinar que para la ejecución de las obras se debió contar con la evaluación de impacto ambiental (viabilidad ambiental) otorgada conforme la Ley Orgánica del Ambiente, por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a lo que se agregó, que la obra en lo que se ejecutó, no contó pese a que se trató de un presupuesto ajeno al tema ambiental, con licencia municipal (permiso de construcción). Sobre la ausencia de licencia municipal, ningún argumento se encuentra erigido por la parte actora en el presente caso. La circunstancia descrita por lo determinado por este Tribunal administrativo no abona nada al planteamiento de nulidad que hizo la parte aquí demandante en soporte argumentativo de su acción. A esta conclusión se arriba a partir de los siguientes hechos que por resultar relevantes, consideramos que se han tenido por demostrados en la presente causa, iniciando por las reglas comprendidas en el cartel de la licitación. A saber, conforme el cartel de licitación, parte primera parte, punto 18, sobre la viabilidad ambiental, se dispuso e informó a los oferentes incluidas las empresas de las que en consorcio, intervino la aquí actora, que ésta había sido obtenida de la Municipalidad de Quepos, a efecto de lo cual se indico lo siguiente: "18. Viabilidad Ambiental: La Dirección General de Aviación Civil obtuvo el aval de la Viabilidad Ambiental del Proyecto ante la Municipalidad de Quepos, amparado en las resoluciones N° 583-2008-SETENA y N° 2653-2008-SETENA de previo a la orden de inicio. Todos los informes de regencia ambiental deben ser aprobados por el Área de Infraestructura Aeronáutica. Este profesional dará fe de dicho cumplimiento mediante al menos una visita quincenal durante el desarrollo del proyecto o cuando la Administración del contrato (...) lo considere pertinente, además dará fiel cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Administración del Contrato (...) en materia ambiental. El contratista debe presentar en la reunión pre-construcción posterior a la firmeza del acto de adjudicación, los siguientes documentos: Una declaración jurada de compromisos ambientales (original y copia) elaborada y firmada por el consultor ambiental propuesta en su Oferta, en la que el CONTRATISTA del proyecto asume el compromiso de cumplir con todas las medidas y compromiso ante la Municipalidad de Quepos de la legislación ambiental y conexa vigente para la ejecución del Proyecto. Se debe presentar oficialmente la designación del responsable ambiental del proyecto, que podría ser el mismo responsable de la obra, en el tanto cumpla con los requisitos. Con el fin de realizar una adecuada gestión ambiental del proyecto se utilizará la bitácora oficial de CFIA (la misma del proyecto) a tramitar por el Contratista, para anotaciones en relación con las inspecciones ambientales. El Contratista dará fiel cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos por la Administración del contrato en la viabilidad ambiental otorgada para el desarrollo de la obra, acatando las recomendaciones ambientales ahí emitidas. En caso de que la Municipalidad o SETENA soliciten informes de regencia ambiental, estos deben ser aportados por el Contratista". (El cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). Este hecho en lo que describe el cartel como regla precisa respecto de la viabilidad ambiental, no es objeto de impugnación en la presente causa ni niega la parte actora argumentativamente, que no haya existido cual acaba de ser descrita, por lo que no es objeto de debate ni su existencia, contenido y/o alcances a los efectos tanto de su participación en consorcio con otras empresas, ni su aplicación u observancia cual fue lo propio dispuesto en el cartel, durante la ejecución del contrato, sino y exclusivamente sobre la base de que afirma, lo fue en desajuste con el ordenamiento jurídico. A partir de lo anterior se debe afirmar que ajustada o no dicha disposición contenida en el cartel con el ordenamiento jurídico, cláusula cuya validez y/o eficacia no es objeto del presente proceso, cualquier incumplimiento vinculado a dicha norma cartelaria, ha de ser analizado por virtud de que lo actuado por las partes vinculadas en relación jurídica contractual, se haya ajustado o no a tal disposición que es como lo advertimos atrás, Ley entre las estas partes. Continuando, lo dispuesto en el cartel de licitación en su parte primera parte, punto 18, sobre la viabilidad ambiental, debe correlacionarse necesariamente con el siguiente, hecho, que de entrada sólo da cuanta de que la Administración tanto como se verá adelante, el propio consorcio adecuaron su conducta a lo así dispuesto. Así, obra prueba en el expediente administrativo que sobre la viabilidad ambiental a que refirió el cartel de licitación, esta viabilidad a la que se hizo referencia en el mismo se encontró constituida por el documento identificado como el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, según el cual en lo que resulta relevante, se indicó lo siguiente: "... procedo a informarles que la Municipalidad de Quepos por medio de la Unidad Técnica Ambiental (UTA) ve con sumo agrado el desarrollo del proyecto de mejoramiento de la seguridad operacional del aeródromo de Quepos La Managua, impulsado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). / Cabe destacar que la UTA considera que las obras descritas en el oficio DGAC-IS-OF-0448-2016 (...) y que se desarrollarán en el aeródromo de Quepos, son obras de bajo impacto ambiental, que por lo descrito en el oficio en mención no requieren de viabilidad ambiental de SETENA, según la resolución N° 2653-2008-SETENA del 23 de septiembre de 2008. / En virtud de lo anterior la UTA considera que se puede dar el aval para el desarrollo de las obras descritas, en aquellos terrenos que se encuentren inscritos como públicos y a nombre del Estado, si y sólo si, se cumple por parte de la DGAC los (sic) términos establecidos en el Código de Buenas Prácticas Ambientales. / Es importante indicar que el permiso de construcción para dichas obras debe de ser tramitado ante el Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) de la Municipalidad de Quepos, esto con el fin de cumplir con la legislación vigente". (Folios 276 y 277 del Tomo I del expediente administrativo). Nos debemos detener para insistir, en que ni el referido cartel en este tanto, específicamente el punto 18, sobre la viabilidad ambiental, contenido en su primera parte, ni el acto administrativo recién transcrito en parte comprendido en el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, son objeto de impugnación en la presente causa judicial, bastando con ello para afirmar que ningún análisis sobre su ajuste o no de tales actuaciones administrativas formales con el ordenamiento jurídico y/o validez, ha de realizar esta Cámara de Juzgadores, esto de una parte en el plano procesal, mientras que por otra en el plano sustantivo, lo determinado y dispuesto por el Tribunal Ambiental Administrativo en su N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022, insistiremos, por su contenido y alcance, no incidió en modo alguno en la validez de lo dispuesto en el cartel de la licitación ni en la validez del aval ambiental otorgado por la Municipalidad de Quepos. En consecuencia, ambas actuaciones, una que comprende disposición a la que se sometieron las partes contratantes, y otra en lo que la Municipalidad de Quepos no solo dio un aval ambiental, sino que lo hizo en su momento sobre la base de que, por la magnitud e identidad de las obras a ejecutar, NO RESULTABA NECESARIA viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental porque éstas se estimó, correspondían a trabajos de “reparación y mantenimiento” de bajo impacto ambiental, se mantienen aún hoy, plenamente válidas y eficaces desde un punto de vista eminentemente jurídico, pero además, en lo que interesa constituyeron presupuesto a partir del cual ambas partes contratantes y no solo la Administración activa, decidieron dar inicio a la ejecución de las obras contando al efecto sólo con la viabilidad ambiental otorgada por la autoridad municipal. En esta línea de ideas, ajustado a derecho o no lo dispuesto en el cartel de licitación o lo dispuesto por la Municipalidad de Quepos a través de su Unidad Técnica Ambiental, siendo jurídicamente procedente o no, lo cierto es que se trató de conductas administrativas que en su momento no podían ser desconocidas no por el Consorcio -que en todo caso no afirma no haber desconocido de su existencia previo a ofertar, como sí haber asumido que se trató de una conducta diversa, lo que no se comprende- que se reitera, conservan plena validez y eficacia. En este tanto resulta relevante recalcar, que tanto lo indicado en el cartel como el acto municipal de interés, en ambos casos y particularmente este último, se hizo constar en el expediente administrativo, de donde afirmar como lo hizo la parte actora que asumió, que la Administración contó con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sólo podría explicarse por virtud de dos circunstancias, sea, que se conduce de mala fe pretendiendo desconocer información que le fue expresamente comunicada y conoció con la publicación del cartel, o que se condujo con desdén o mediando incuria de su parte, en materia relacionada con el principio de verificación de los procedimientos a partir de que debió porque nada explica que no se haya encontrado en posición de hacerlo, advertir en otro momento y oportunamente (incluida la posibilidad de objetar el cartel) de evidenciar previo a la ejecución de las obras alguna falencia como la detectada por el Tribunal Ambiental Administrativo, cosa que no hizo. Como efecto de lo anterior, si oportunamente, previo y/o al momento de emitirse la primera orden de servicio, que acató el Consorcio según su dicho, éste no advirtió lo que ahora viene a afirmar constituyó un incumplimiento contractual imputable solo a la Administración, que claramente no podría serlo por las razones apuntadas (ambas partes ajustaron su conducta al cartel y al acto municipal mencionados) otro efecto de ello lo es que si ese aval municipal, y la disposición habida en el cartel de licitación corresponden a actos administrativos válidos y eficaces, ningún incumplimiento contractual se podría desprender de lo actuado por la Administración activa por no contar con la viabilidad ambiental otorgada por una autoridad pública diversa a la Municipal, ya previamente, ya en ejecución del contrato. Una y otra vez habrá de insistirse en que ya en observancia del cartel, ya en observancia de lo dispuesto por la Municipalidad de Quepos, se trata de actos incólumes en cuanto su validez, aún y con lo resuelto por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conductas válidas y eficaces que no son objeto de impugnación en la presente causa. Luego y si se trató de actuaciones válidas para todos sus efectos, de lo dispuesto posteriormente por SETENA no se deriva vicio alguno en acto constituido por la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, contrario al dicho de la empresa actora, mucho menos un vicio asociado al fundamento del punto identificado así, de dicha resolución administrativa: "3. Presencia de Regente Ambiental en el proyecto", en lo que resolvió lo pertinente frente a las alegaciones formuladas en defensa del Consorcio, en aplicación directa del que se identificó como "Apartado 18 del cartel de licitación, denominado "Viabilidad Ambiental". De este modo también resulta inútil alegar como lo hizo la empresa actora en la presente causa, que medió alguna incongruencia en lo fallado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, porque trabajos de “reparación y mantenimiento” de bajo impacto ambiental o no los que fueron objeto de este contrato administrativo, una cosa lo es afirmar que no se dio cumplimiento al cartel, lo que no es correcto como, sí todo lo contrario, y otra alegar la invalidez de una disposición cartelaria como la de interés y/o, del acto mediante el que la Municipalidad de Quepos otorgó una aval ambiental al proyecto, lo que no hace la representación de la empresa demandante, pues no pretende la nulidad de ninguno de estos actos administrativos, esto es, que no existe extremo petitorio orientado en esa dirección que imponga a este Tribunal entrar a desarrollar un análisis al respecto. Es importante indicar en consecuencia con todo lo indicado, que tampoco existe yerro en la fundamentación de lo actuado desde la perspectiva de la viabilidad ambiental por el Consejo Técnico de Aviación Civil, sobre la base de haber considerado la Administración activa que el Consorcio inobservó con su deber de verificación de los procedimientos. En este sentido, en el acto impugnado se atendió lo siguiente, alegado por el abogado del Consorcio en su defensa: "... durante la audiencia, el Lic. Fonseca Pión alegó que "ciertamente la Administración incumplió con el deber de tramitar el estudio de impacto ambiental de este proyecto y de acuerdo con el deber de verificación, me disculpan por la falta de precisión “veintitanto” de la Ley de Contratación Administrativa, el del reglamento sí se los puedo decir tal 218 del Reglamento de la Ley de Contratación el deber de verificación del le (sic) imponía advertir de ese grave vicio porque sin duda se están introduciendo elementos que alteran el ambiente", alegación respecto de la que se consideró lo siguiente: "Con respecto a lo expuesto por el Lic. Fonseca, se considera que el contratista debió ejercer su deber de verificación a la hora de revisar el Cartel de Licitación previo al envío de oferta, ya que al realizarse la apertura de la misma, el contratista acepta todas las condiciones expuestas y se compromete a cumplirlas, por lo que, 8 meses después de iniciar la obra, no es el momento procesal oportuno para alegarlo". (El resaltado no es del original). En este tanto el acto se encuentra adecuadamente fundamentato, habida cuenta que la Administración se ajustó a lo dispuesto en el cartel y el aval ambiental otorgado por la Municipalidad de Quepos, (actos cuya validez se mantiene incólume) incluso en lo que el cartel impuso como obligación el contar con Director del Proyecto y Regente Ambiental, mientras que admitiendo como lo afirmó el Consorcio en sede administrativa y en esta judicial, que venía impuesto por el ordenamiento jurídico haberse contado con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lleve razón o no y se haya determinado o no lo propio o no por la SETENA, lo correcto es decir que ni medió de su parte objeción al cartel cuando medió plazo para ello, ni impugnación de sus disposiciones en la presente causa, ni advertencia oportuna hecha a la Administración hecha de su parte previo a la entrada en ejecución de las obras. Nótese que la empresa ofertó, resultó adjudicada, suscribió el respectivo contrato (folios que van del 1474 al 1482 del Tomo III del expediente administrativo) y emitida la primera orden de inicio identificada con el N° 1, procedió a ejecutar obras, sin advertir nada al respecto (folios del 1541 al 1544, del Tomo IV del expediente administrativo) a lo que se suma, que al tenor de las propias manifestaciones hechas por su representación en su escrito de demanda, explica que así procedió "porque asumió" que la viabilidad ambiental con que dijo la Administración contratante contar en los términos del cartel de la licitación, era la exigida por el ordenamiento jurídico, otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. No comprende esta Cámara de juzgadores como pudo asumir el consorcio y la empresa aquí actora, algo diverso a lo expresamente indicado con claridad en el cartel y el acto administrativo puesto en su conocimiento porque obra en el expediente administrativo, otorgado por la Municipalidad de Quepos. Se vuelve a reforzar lo que sigue, pues tanto el cartel fue de conocimiento del Consorcio en el momento procedimental oportuno, como el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 que obró en el expediente administrativo. En esta orientación es que la empresa actora en su escrito de demanda manifestó lo siguiente, ya relacionado atrás: "Reiteramos que, por supuesto, en su oportunidad, aceptamos el pliego de condiciones. Lo que sucede es que, revisado el cartel que dio lugar a nuestra contratación, la obligación de gestionar y obtener la respectiva viabilidad ambiental, sólo corría a cargo de la Administración licitante. De buena fe, cuando recibimos orden de inicio y cuando se nos exigió contar con regencia ambiental, entendimos que ese deber de su parte efectivamente se había cumplido. No obstante, tan pronto nos enteramos de que ello no fue así, se reitera una vez más, invocando en forma expresa y cumpliendo con nuestro deber de verificación, fue que lo advertimos por escrito". (El resaltado es nuestro). Consideramos que de las propias manifestaciones hechas por la representación de la parte actora se tiene que una revisión cuidadosa de este tema no fue realizada de su parte previo a ofertar, ni al momento de resultar adjudicada, ni posteriormente de modo oportuno previo a entrar e ejecutar la primera orden de servicio. Como derivación de las manifestaciones hechas por la propia parte qeuí accionante, sólo si se admitiese hipotéticamente -cosa que no lo hacemos- que resultase posible en la presente causa por su objeto, discutir sobre la validez de la primera parte del cartel de licitación, punto punto 18, sobre la viabilidad ambiental porque quien acciona pretende que en sentencia se anule tal disposición cartelaria, y sólo si se pretendiese la nulidad del acto de aval municipal tantas veces mencionado a este punto, tendría sentido entrar a analizar si en su lugar, resultaba contractualmente exigible a la Administración el haber dispuesto en el cartel y haber tramitado ante SETENA la viabilidad ambiental correspondiente y no ante la Municipalidad de Quepos, pero ha de repetirse una y otra vez, que ninguno de esos actos es objeto de impugnación en la presente causa. A mayor abundamiento de razones conforme la misma representación de la parte actora lo afirmó, aceptó el pliego de condiciones (el cartel) sin reserva alguna al respecto, pero además, procedió a ejecutar la obra "asumiendo" sea esto cierto o no, que al efecto ya se contaba con la viabilidad de SETENA. Sobre el particular, la empresa conoció desde que accedió al cartel de licitación que se trataba de una viabilidad ambiental Municipal y no una otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Entonces, si como de modo posterior e inoportuno cuando ya las obras estaban siendo ejecutadas, el Consorcio advirtió a la Administración que era esa y no el aval otorgado por la Municipalidad el que se debió prever en el cartel, es claro que previo al inicio de la ejecución de los trabajos era su obligación a través de su personal profesional en ingeniería o conocedor de la tramitología previa a este tipo de obras, advertir lo propio oportunamente a su cliente, indistintamente sea ese cliente el Estado, y si no lo hizo, conforme la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, aplicables al caso concreto por virtud de la data de ocurrencia de los hechos, para fundamentar gestiones resarcitorias (en este caso asociadas al alegado incumplimiento contractual que se dice, solo es imputable a la Administración) no puede alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa para fundar pretensiones resarcitorias y agregamos, anulatorias que en todo caso, no pretende en esta litis más allá de la nulidad de lo resuelto por el Consejo Técnico de Aviación Civil, sin impugnar ni el cartel el lo conducente, ni el acto dictado por la Municipalidad de Quepos, respecto de los que nada en lo resuelto posteriormente por el Tribunal Ambiental administrativo, supone su invalidez. Sobre el principio de control de los procedimientos, la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 en su artículo 21, disponía lo siguiente: "Artículo 21.-Verificación de procedimientos. Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa. El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda indemnizar al contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación irregular será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley". (El resaltado es suplido). En tanto, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de septiembre del 2006, en su artículo 218, contenía idéntica norma. Ambas normas soin de aplicación directa a quien oferta, es adjudicado y luego ejecuta un contrato administrativo. Luego y sólo a mayor abundamiento de razones, las empresas constructoras no son ajenas a la observancia de la normativa promulgada y puesta en vigencia por el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos, conforme su Ley Orgánica N° 9333 a partir de lo que reza su artículo 52, en relación con el Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras, en asocio con el Código de Ética Profesional artículos 4, 6, 8, y en particular, el 19, conforme el cual: "Artículo

Los miembros incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, mediante razón fundada, notificarán a sus empleadores y clientes cuando estimen que el trabajo encomendado no tendrá el éxito esperado por aquellos". (El resaltado y subrayado no es del original). Si el Consorcio y en ese tanto la empresa actora, de ser cierto, asumió que para ejecutar el proyecto se contaba con una viabilidad que no correspondía cuando eran plenos conocedores de con qué acto se contaba al efecto (el municipal) resulta claro que afirmando como lo hace ahora la actora, que la viabilidad ambiental otorgada por SETENA era la jurídicamente exigida por el ordenamiento jurídico tanto como que su ausencia impedía ejecutar las obras, con su proceder habría concurrido con la Administración en la violación al ordenamiento jurídico que posteriormente declaró que medió en el caso concreto el tribunal Fiscal Administrativo, pero además, incumplió con deberes jurídicos de corte deontológico frente a su cliente, en este caso la Administración, regulación especial en materia de contratación administrativa cuya aplicación es directa o no hubiere existido conforme la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En conclusión, de venir impuesto por el ordenamiento jurídico como presupuesto jurídico para proceder a la ejecución de obras como las que ocupan nuestra atención el deber de contar con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, con independencia de que ello no fue lo dispuesto en el cartel de licitación, en el plano hipotético el Consorcio y en ese tanto la empresa aquí actora no solo inobservó el deber de verificación de los procedimientos conforme la legislación directamente aplicable en materia de contratación administrativa, sino y además, el deber deontológico dispuesto en el numeral 19 del Código de Ética Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, alegar como lo hace un incumplimiento en este caso reiteramos hipotético, exclusivamente imputable a la Administración, no es correcto y solo hablaría de la concurrencia imputable también al Consorcio de ese incumplimiento contractual que no lo es, como sí y en su lugar la inobservancia de su parte de su deber de verificación de los procedimientos, así como de las normas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de corte deontológico o ético, también referidas atrás. En conclusión, a partir de estos reproches contrario a lo afirmado por la empresa actora, este Tribunal no observa vicio sustancial alguno en lo actuado que imponga declarar su nulidad.-

10.3.- Sobre el punto segundo aparte 1.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Inexistencia e insuficiencia de nuestros supuestos incumplimientos". Se desprende de lo enunciado por la representación de la parte actora en este tanto, que refiere a reproches vinculados o dirigidos a desacreditar lo que como hechos demostrados en lo conducente, estimó la Administración activa le resultaron imputables al Consorcio, no así, a la demostración de incumplimiento contractual alguno en que había incurrido la Administración. Dicho esto, censuró quien demanda en dirección a desacreditar el haber incurrido en incumplimiento contractual, lo que sigue: "1.- Cuotas obrero-patronales de la CCSS: No hay motivación adecuada para entender que este incumplimiento haya sido de una gravedad tal, como para declarar la resolución contractual. En el expediente administrativo consta la frecuente correspondencia que mantenía mi representada con la Administración, haciendo constar que se habían realizado los pagos respectivos a la CCSS. Si bien es cierto, hubo dificultades de flujo de efectivo durante la ejecución de las obras, ello sólo se debió al desequilibrio financiero que ocasionó la propia Administración. Además, también hay múltiple correspondencia en el sentido de que, por tardanzas sólo imputables a la Administración, cuando se revisaba la documentación entregada, ya se había cumplido un nuevo período puesto al cobro por la CCSS, y ello generaba que, al realizar la consulta, supuestamente, mi representada apareciese como patrono moroso. No hay mayor análisis en la resolución sobre dicha correspondencia, ni sobre los períodos y/o las fechas en que se realizaban las consultas, lo cual viene a confirmar la nulidad absoluta del acto impugnado. De todas maneras, se insiste, si hubo problemas de flujo de efectivo para pagar la seguridad social, ello sólo se debió a los incumplimientos por parte de la Administración, a los que nos referiremos luego. Por último, conforme al mejor espíritu de eficiencia en la contratación pública, lo cual generó incluso ya una reforma legal en tal sentido, cuando un contratista está moroso con la CCSS no hay por qué resolver el contrato, sino que, simplemente, la Administración contratante debe girar los montos respectivos a la CCSS de manera directa, y luego, girar el sobrante al contratista. De esa manera, se evitan situaciones tan absurdas como la que nos ocupa". Sintetizando, sobre la base de lo que alegó la representación de la empresa actora, iniciamos indicando que reitera como vicio sustancial en lo resuelto por el Consejo Técnico de Aviación Civil, una falta de motivación. Esta falta de motivación la precisa quien demanda sobre la base de que: a) no se analizó la gravedad del incumplimiento identificado con no encontrarse al día en el pago de sus obligaciones para con la Caja Costarricense del Seguro Social. Agregó sin precisar nada al respecto de la prueba que en su criterio habría de resultar relevante a estos efectos, que en el expediente administrativo habría de obrar prueba de que medió correspondencia, que habría de dar cuanta de que el Consorcio (aquí resulta estéril de si se trató solo de la empresa actora o no) que habría de acreditar que se hacían pagos en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social. A este punto se destaca que la parte actora no afirma haberse encontrado al día con estas obligaciones en todo momento durante la fase de ejecución contractual. b) Muy al contrario, parece que la representación de la parte actora no cuestiona el hecho de no haberse encontrado al día con esta obligación en algunos momentos, al afirmar que medió como circunstancia que no desacredita el incumplimiento, pero sí que lo explica, que se enfrentó a dificultades de flujo de efectivo durante la ejecución de las obras, pero que esas dificultades tuvieron su causa -eficiente agregamos- en un desequilibrio financiero propiciado por la Administración activa. No explica argumentativamente la parte actora sobre la base de qué circunstancias fácticas, técnico- financieras, es que bajo aspectos de modo tiempo y lugar asociadas a los hechos que expresó en su escrito de demanda, es que habría de conducirse a este Tribunal a tener por demostrado un hecho orientado en esa dirección. Sea, a tenerse por demostrado que la causa eficiente por la que en determinado momento o momentos, el consorcio no se encontró al día con sus obligaciones obrero-patronales, sólo le es imputable a la Administración, resultando en consecuencia la ocurrencia del hecho o incumplimiento, ajeno y sólo imputable a la Dirección General de Aviación Civil o el Consejo Técnico de Aviación Civil. Siempre en esta dirección, alegó quien demanda que existe "múltiple correspondencia" -habremos de entender, en el expediente administrativo- que no precisa nuevamente ni en términos de modo, tiempo y lugar, siquiera en su ubicación dentro del extenso haber probatorio constituido por el expediente administrativo, que habría da dar prueba de que la causa de no encontrarse al día con estas obligaciones es imputable a la Administración porque ésta nuevamente de modo absolutamente vago e impreciso, fue la que ocasionó "tardanzas". Se agregó de modo que no logra comprender este Tribunal, que a propósito de estas tardanzas, de las que no precisa en qué habrían consistido ninguna de ellas: "... cuando se revisaba la documentación entregada, ya se había cumplido un nuevo período puesto al cobro por la CCSS, y ello generaba que, al realizar la consulta, supuestamente, mi representada apareciese como patrono moroso". Así, reiteró que sobre estas "tardanzas", en el acto impugnado -según lo entendemos- no medió análisis sobre el valor probatorio de esta correspondencia o fechas en las que se realizaban las consultas -entendemos, al sistema informático de la Caja Costarricense del Seguro Social- que no se precisan cuales fueron ni cuándo, en todo el escrito de demanda. Dejando de lado lo argumentado sobre la gravedad de un incumplimiento que en lo que ocupa nuestra atención no niega quien demanda haya ocurrido, desde un punto de vista procesal no se encuentra mandada la Autoridad Judicial para reconstruir el fundamento de la demanda en lo que refiere a las estructuras argumentativas sobre las que erige la parte demandante sus pretensiones, cuando corresponde a su deber argumentar, fundamentando con un mínimo de rigor de precisión y claridad, la base fáctica y/o jurídica sobre la que en su criterio, se ha de imponer el acceso a lo que pretende le sea concedido en sentencia. Esa tarea no debe ser suplida en desequilibrio procesal por este Tribunal, siquiera en observancia de lo dispuesto en el numeral 95 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Ver Voto de la Sala Primera de Justicia identificado con el N° 002333-F-S1-2020 de las 11:12 hrs. del 17 de setiembre de 2020). Acto seguido, la propia representación de la parte actora admite que el hecho de no haberse encontrado al día con la Caja Costarricense del Seguro Social en efecto ocurrió, al afirmar que: "De todas maneras, se insiste, si hubo problemas de flujo de efectivo para pagar la seguridad social, ello sólo se debió a los incumplimientos por parte de la Administración, a los que nos referiremos luego". (El resaltado y subrayado es suplido). esto ha impuesto a esta Cámara hacer un esfuerzo por ubicar al tenor del texto del escrito de demanda, dónde se precisan estos incumplimientos que la parte actora imputa a la Administración que habrían de resultar útiles y relevantes a los efectos de analizar la honra o no de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, con un mínimo de rigor de claridad y precisión, sin éxito. Continuando, alegó quien demanda algo vinculado a la interpretación correcta de lo dispuesto en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, a partir de una reforma, respecto de la que según su entender: "... cuando un contratista está moroso con la CCSS no hay por qué resolver el contrato, sino que, simplemente, la Administración contratante debe girar los montos respectivos a la CCSS de manera directa, y luego, girar el sobrante al contratista. De esa manera, se evitan situaciones tan absurdas como la que nos ocupa". (El resaltado y subrayado no es del original). Nuevamente destacamos, que la representación de la parte aquí demandante no cuestiona disposición alguna comprendida en el cartel de licitación o el contrato suscrito entre las partes, ni niega haberse encontrado en mora respecto de sus obligaciones de la seguridad social para con la Caja Costarricense del Seguro Social. En su lugar, sus reproches se encuentran dirigidos a dar cuenta de las razones que bajo su entender, explicarían porqué se encontró en mora en determinados momentos, ninguno de los cuales precisa, a lo que sumó lo relacionado con la ausencia de motivación respecto a la gravedad del incumplimiento en que incurrió. Debemos llamar la atención otra vez, en que la parte actora no rechaza el hecho de haberse encontrado en algunas situaciones en mora para estas obligaciones, y lo que intenta hacer es justificar las razones por las que ello fue así, asegurando además, que un desequilibrio financiero, ocasionado que entendemos habría de serle exclusivamente imputable imputado a la Administración, que asoció a incumplimientos, de los que tampoco precisa con un mínimo de rigor, ninguno. Dicho esto, el tema asociado a un incumplimiento contractual en que, según la Administración incurrió el Consorcio, se encontró analizado en los términos de la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, del siguiente modo: "1 Cuotas obrero patronales, caja costarricense del Seguro Social. De conformidad con el seguimiento brindado al proyecto. Se presentó de manera intermitente el no pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que incidió en un incumplimiento del contractual (sic) y de la legislación laboral. Al respecto, en la audiencia, el Licenciado Fonseca Pión, indicó en cuanto a lo referido a las obligaciones obrero patronales, que la empresa ha mantenido arreglos de pago con la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo esta una situación subsanable y simple y sencillamente patrimonial con las entidades correspondientes, por lo que no consideran que sea un incumplimiento grave que genere la resolución contractual. Respecto a la obligación de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales, luego de adjudicado el concurso, la jurisprudencia ha señalado que: "Una vez emitido el acto de adjudicación, se verificará el cumplimiento de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la CCSS, al día de la suscripción del respectivo contrato, a la vez que en dicho documento se plasmará el compromiso del contratista de cumplir con ello a lo largo de la ejecución contractual, y en el caso de que en esa etapa de formalización la empresa cambie su condición amoroso, deberá corregir la situación en el momento que se detecte. (R-DCA-429-2007 de las 10:00 horas del 2 de octubre de 2007). En todo cartel de licitación y contrato administrativo regulados por la Ley de Contratación Administrativa, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. Según criterio de la División de Contratación Administrativa, número DCA-4186 del 12 de diciembre de 2007 se establece: "De conformidad con los artículos 11, 13 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y 32 de la ley de Concesión de Obra Pública esta cláusula de estricto cumplimiento de las normas y garantías sociales y laborales, será considerada contenido esencial del contrato y cualquier falta a la misma implicará incumplimiento contractual, en cuyo caso, podrá la Administración dar por terminado el contrato, según lo dispuesto por las normas que regulan la materia. En la presente Licitación Pública, en la cláusula XXI. "Causas de terminación", inciso d) del contrato de licitación se establece: "Incumplimiento en el pago de las cuotas obrero-patronales de la CCSS. Durante la ejecución del contrato de conformidad con el oficio N° 14653 (DCA-4186) del 12 de diciembre de 2007 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República". Es por esto que según los documentos que constan en el expediente de la Licitación Pública, hay un evidente incumplimiento de parte del contratista en el pago de las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social, motivo suficiente para dar por terminado el contrato por parte de la administración". (El resaltado y subrayado no es del original). Con facilidad se tiene, que en lo medular, el incumplimiento en el que se determinó en sede administrativo incurrió el Consorcio (la actora aquí no rechaza hecho y en su lugar, sólo lo justifica) se tuvo como tal a partir de la circunstancia de que en diversos momentos que no es necesario precisar, el Consorcio no se encontró al día con el pago de estas obligaciones primero, y luego, porque siendo una obligación incluida en el clausulado del contrato, guardó además causa de su terminación, justo porque así se dispuso lo propio contractualmente. A partir del motivo del acto, quien pretenda acreditar un vicio en este elemento habría de demostrar que contrario a lo afirmado por la Administración en ningún momento se encontró en mora frente a la Caja Costarricense del Seguro Social por el no pago de las cargas obrero patronales, o que en su caso, no era una obligación estipulada en el contrato estar al día en lo conducente. Pasamos a describir lo que hemos estimado demostrado a estos efectos exclusivamente en lo que lleva trascendencia al efecto. Así, partiendo del texto del contrato suscrito entre la representación del Consorcio adjudicado y la Administración contratante el día 29 de agosto del 2017 según su texto, inciso d) de su cláusula XXI, como causa de terminación contractual se previó el posible incumplimiento en el pago de las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social. La cláusula de interés reza así: "XXI. Causas de Terminación: El presente contrato podrá terminarse de acuerdo con las siguientes cláusulas: a) Resolución unilateral en caso de incumplimiento imputable a el Contratista; (...). d) Incumplimiento en el pago de las cuotas obreros (sic) patronales de la CCSS durante la ejecución del contrato, de conformidad con el oficio números (sic) 14653 (DCA-4186) del 12 de diciembre de 2007 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República". (Folios que van del 1474 al 1482 del Tomo III del expediente administrativo). Con claridad entonces, según el contrato en efecto el encontrarse en mora en el pago de las obligaciones referidas para con la Caja Costarricense del Seguro Social durante la ejecución de las obras, constituyó causa de terminación contractual. Esta cláusula contractual por otra parte, se encontró estipulada en pleno ajuste con lo dispuesto en lo conducente, en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social N° 17, que en lo relevante dispone lo que sigue, en lo que lleva relevancia: "Artículo 74.- (...) Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley. (...).

Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos. En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia. (...)". (El resaltado y subrayado no es del original). De la norma así transcrita en lo conducente, que no ofrece ninguna dificultad de comprensión, se tiene cual se dispuso en el contrato de interés, además, que siendo una obligación de personas como las empresas vinculadas al Consorcio por su actividad, encontrarse al día en el pago de sus obligaciones para con la Caja Costarricense del Seguro Social, si la Administración activa afirmó conforme el acto cuya nulidad se pide, de que el Consorcio presentó de manera intermitente el no pago de las obligaciones obrero patronales, y que este no pago constituyó incumplimiento a alguna disposición contractual cuyo efecto por constituir causa para ello, la terminación del contrato, se habría de esperar que una defensa dirigida atacar ya no la motivación, como sí el motivo del acto, habría de partir conforme la prueba a demostrar que en todo momento se estuvo al día con estas obligaciones, o que siendo cierto el hecho, no era obligación contractual ni efecto de incumplimiento a tal obligación, la terminación del contrato por resolución, no obstante, ninguna de esas tesituras es la formulada en soporte argumentativo de su acción por parte de la empresa actora. Ahora bien, lo que acusó quien demanda lo fue en orientación a explicar la razón por la que el hecho ocurrió (no estar al día con esta obligación contractual). Así es como se dice que la causa de esta circunstancia se encontró constituida por el hecho de haber enfrentado dificultades de flujo de efectivo, que a su vez, afirma tuvo su causa durante la ejecución de las obras, en un desequilibrio financiero causado por conductas -ninguna de las cuales especificó- que le imputa a Administración activa. Frente a lo anterior lo censurado por la parte actora en este tanto resulta estéril, porque no demostró su dicho en el sentido de que la causa eficiente de que el Consorcio de manera intermitente no se haya encontrado al día con el pago a la Caja Costarricense del Seguro Social, se haya encontrado constituida por dificultades de flujo de efectivo o un desequilibrio financiero causado por conductas imputables exclusivamente a Administración activa, para lo que bastará con decirse que ninguna prueba que haya aportado y propuesto a estos efectos (la existencia de un problema de flujo de efectivo o desequilibrio financiero como causa eficiente de la circunstancia fáctica descrita e identificada por la Administración. La parte actora en fundamentación de la demanda, no solo no explicó argumentativamente sobre la base de qué circunstancias fácticas, técnico- financieras, es que bajo aspectos de modo tiempo y lugar asociadas a los hechos que expresó en su escrito de demanda, es que habría de conducirse a este Tribunal a tener por demostrado un hecho orientado en esa dirección, sino que además, omite referir a prueba alguna que haya propuesto con ese propósito. Ninguna de las pruebas admitidas a la parte actora, contemplando inclusive lo que argumentó en su momento durante la celebración de la audiencia preliminar, fue admitida con esta finalidad. Tenerse por demostrado que la causa eficiente por la que en determinado momento o momentos, el Consorcio no se encontró al día con sus obligaciones obrero-patronales, así como que ésta sólo le es imputable a la Administración, no podría soportarse sólo en el dicho de la parte accionante. La empresa actora en este tanto no demostró lo que le corresponde y en consecuencia, nada desplegado por la Administración activa cual conducta que le pudiese ser imputada se ha podido determinar con la causa de la circunstancia que detectada por la Administración, luego del tránsito por el respectivo procedimiento administrativo condujo a concluir que la empresa incumplió con este deber contractual, que no niega existió, como tampoco niega que se haya previsto en el contrato como causa de terminación del mismo, haberse colocado en la situación de interés. De este modo, el que de modo intermitente el consorcio se haya encontrado en impago de sus obligaciones obrero patronales para con la Caja Costarricense del Seguro Social, guarda identidad con una circunstancia respecto de la que tanto la Dirección General de Aviación Civil como el Consejo Técnico de Aviación Civil son ajenos, porque la parte actora no demostró algo diverso. Le limitó la representación de la sociedad actora a afirmar de modo vago e impreciso, sin correlacionar prueba alguna de lo que sigue y/o su ubicación dentro del expediente administrativo, que existió "múltiple correspondencia" que no precisa, que habría da dar prueba de que la causa de no encontrarse al día con estas obligaciones es imputable a la Administración porque ésta nuevamente de modo absolutamente vago e impreciso, fue la que ocasionó "tardanzas" y agregó de modo que no logra comprender este Tribunal, que a propósito de estas tardanzas, de las que no precisa en qué habrían consistido ninguna de ellas: "... cuando se revisaba la documentación entregada, ya se había cumplido un nuevo período puesto al cobro por la CCSS, y ello generaba que, al realizar la consulta, supuestamente, mi representada apareciese como patrono moroso". Estos reproches devienen en igualmente estériles, para lo que habremos de afirmar que en el plano procesal, la Autoridad Judicial en el marco del equilibrio que que debe procurar medie entre las partes, no se encuentra mandado jurídicamente a reconstruir el fundamento de la demanda, precisando circunstancias que la propia parte actora no tuvo a bien precisar, o indagando respecto de prueba que siquiera se ocupó de individualizar ni ubicar. Nada en el vago término empleado identificado como "tardanzas", según lo dicho a este punto, permite comprender a qué se refiere la parte actora con un mínimo de rigor en precisión. Por otra parte, sobre la base del mismo análisis resultó inútil a los efectos del dictado de la presente sentencia, reprochar como lo hizo quien demanda, que no medió análisis alguno desplegado por el Consejo Técnico de Aviación Civil sobre el valor probatorio de "esta correspondencia" o fechas en las que se realizaron en cada caso consultas -entendemos, al sistema informático de la Caja Costarricense del Seguro Social- pues al igual que ocurrió respecto de las acusadas "tardanzas" no se precisan cuales fueron, cuándo ocurrieron, ni qué contenido tuvo casa una de estas supuestas correspondencias en todo el escrito de demanda. reiteramos que no es resorte de este Tribunal conforme la legislación procesal precisar en lo fáctico y/o argumentativo, sobre lo que con falta de rigor en técnica jurídica procesal no precisó con un mínimo de rigor quien demanda. Para concluir, la empresa actora cuestiona inútilmente acusa que no se analizó en los términos del acto la gravedad de su incumplimiento, lo que solo refuerza que sí ocurrió y ello dispensa la necesidad de recurrir a la prueba que sí ponderó a estos efectos la Administración activa. Lo así alegado resulta también estéril, con causa en que como lo advertimos líneas atrás, la cláusula XXI del contrato suscrito entre el CETAC y el Consorcio dispuso que el no encontrarse al día con este tipo de obligaciones constituye incumplimiento contractual, así como con causa en que lo así acordado entre las partes no obedece a otra cosa que a una disposición de Ley, que prevista o no en el contrato, es de aplicación directa de modo ajeno a su voluntad. Se trata de una Ley de orden público promulgada y puesta en vigencia por el Poder Legislador, fuente del ordenamiento jurídico administrativo y de aplicación obligatoria conforme el principio de legalidad que informa nuestro ordenamiento jurídico a partir de la norma comprendida en el artículo 11, tanto constitucional como de la Ley General de la Administración Pública, así como el 6 de este último cuerpo normativo. Volvemos a insistir en que el actor no niega la existencia de tal cláusula cuyo a contenido referenciamos atrás, ni sus argumentos se ajustan a lo que el legislador dispuso en el artículo 74 según su texto vigente a la data de ocurrencia de los hechos que nos ocupan, de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro social, según el cual también reiteramos, el presupuesto constituido aún y en materia de contratación administrativa, del contratista que no se encuentre al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual. La norma no hace la distinción sobre la gravedad del incumplimiento que dice la representación de la demandante, no fue analizada por la Administración. Luego, tampoco explica la demandante sobre qué base o circunstancias es que el haberse encontrado de modo intermitente en situación de no pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, ello corresponde a un incumplimiento que no reviste de gravedad, más alla de indicar que se trata de aspectos patrimoniales que pueden ser subsanados. Alegó en adición al respecto, la existencia de una reforma legal, que una y otra vez, haciendo este Tribunal un esfuerzo, guarda correspondencia con la hecha operar por el Poder Legislador en los términos del artículo único de la Ley N° 9686 del 21 de mayo del 2019, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 131 del 12 de julio del 2019. Como derivación de esta reforma se dispuso en su artículo único lo siguiente: "ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo después del primer párrafo del inciso 3) del artículo 74 de la Ley N.º 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de 22 de octubre de 1943. El texto es el siguiente: Artículo 74.- (...). Durante la etapa de ejecución del contrato, si un contratista adquiere la condición de morosidad con la Caja, y el contratante tiene pendiente pagos a su favor, este deberá retener su pago y girarle dichos recursos directamente a la Caja. Si una vez honrado el pago de las cuotas obrero-patronales o de trabajadores independientes quedara algún remanente a favor del contratista, el contratante le hará entrega de este". Lo primero que debe indicar esta Cámara de Juzgadores lo es que la reforma no es aplicable al caso concreto, por la simple razón de que para la data de ocurrencia de los hechos que nos ocupan y en especial, la fecha del dictado de los actos administrativos que son objeto de impugnación en la presente causa, dicha reforma no se encontraba vigente. No obstante y eso solo a mayor abundamiento de razones, llámese la atención que lo dispuesto en el párrafo adicionado a través de esta reforma legal del inciso 3) del artículo 74 de la Ley indicada, en lo que dispone que, si durante la etapa de ejecución del contrato, el contratista deviene en moroso en el cumplimiento de estas obligaciones y penden pagos en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Administración debe retener de los dineros a pagar al contratista por la ejecución contractual, que han de ser girados a la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que de entrada supone la preexistencia del no pago de las cuotas obrero patronales, esto es, que justo el incumplimiento con esta obligación legal y en este caso contractual, es el presupuesto en el marco del cual se hace operar la aplicación directa de la norma. Dicho lo mismo en otros términos, el pago directo que la Administración haga a la Caja Costarricense del Seguro Social de de una obligación ajena, no supone la supresión fáctica del incumplimiento contractual, y tampoco por automatismo, supone necesariamente poner al día al contratista frente a la entidad aseguradora, pues en cada caso ello dependerá del monto al que ascienda al adeudo. De este modo, si el hecho de que la Administración pague a la entidad aseguradora no supone por automatismo la supresión del incumplimiento, aún y si esto ocurre, el contrato puede, y en algunos casos así deberá procederse, ser resuelto sobre la base de causa expresamente contemplada por el Legislador. Así las casas, no es objeto de este proceso ni competencia de esta Autoridad Judicial entrar a analizar cualquier discusión sobre la razonabilidad o proporcionalidad de una la Ley vigente, reflejo además de la voluntad del Poder Legislador que debe ser observada, en lo que asoció como efecto de determinada circunstancia, un efecto sobre una vinculación jurídica contractual. Lo demás habría de corresponder a un ejercicio crítico sobre el contenido de la norma, que no podría conducir a su inaplicación a este caso concreto. Del mismo modo, resulta estéril entrar a cuestionar si con causa en atrasos o no pagos de facturas, la Administración fue quien colocó al consorcio en incapacidad de honrar estas obligaciones, porque punto a parte en el convenio consorcial se habla de la capacidad financiera preexistente de las tres empresas consorciadas que se dijo, bastaba como para afrontar la totalidad de las obligaciones a emerger de este contrato, se trata de una obligación legal que debe ser prevista por quien contrata -como parece haberlo sido o al menos afirmado en el acuerdo consorcial- a partir de su particular situación financiera, sin que las vicisitudes o suerte de la ejecución de un contrato específico y su éxito, haga depender jurídicamente de ello el pago de estas cuotas obrero - patronales, salvo prueba en contrario de la que reiteramos, la parte actora no ofreció ni puntualizó ninguna diversa a lo que dijo de modo absolutamente vago fueron, "correspondencias". Resulta igualmente vago e impreciso alegar como lo hace la actora, que no medió en lo actuado análisis sobre la fecha en que medió esta supuesta correspondencia, los períodos y/o las fechas en que se realizaban las consultas a la Caja Costarricense del Seguro Social, pues bastará con indicarse al respecto que no ofrece la propia actora ningún dato. Debe entender quien demanda, que estaría proponiendo a través de sus imprecisas afirmaciones, que sea el Tribunal por su cuenta el que indague en cada caso dónde y cuál es la prueba que ha de analizar por resultar relevantes a los efectos de su teoría del caso, lo que resulta improcedente y carente de rigor en técnica jurídica procesal, siendo su deber en este sentido ofrecer claridad en sus argumentos, vincularlos adecuadamente con los hechos de la demanda y referir puntualmente a la prueba que soporta sus alegaciones, cosa que la representación de la parte actora no hizo en ningún nivel. En consecuencia, este incumplimiento contractual fue adecuadamente acreditado y ponderadas sus consecuencias por la Administración contratante conforme el contrato /cuyo clausulado no es objeto de impugnación en el presente asunto) y conforme la Ley, de manera que cualquier otra alegación formulada por la empresa actora en orden a la cual se afirme que no incumplió con el contrato y/o, que habiendo mediado su incumplimiento, no tuvo la entidad suficiente por su gravedad como para fundamentar la resolución contractual de que fue objeto, resulta igualmente estéril.-

10.4.- Sobre el punto segundo aparte 2.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Inscripción del director técnico del proyecto". Sostuvo la representación de la parte actora lo siguiente, en dirección a demostrar que el Consorcio no incurrió en el incumplimiento contractual relacionado con le inscripción del director técnico del proyecto: "Al resolver, el CETAC hizo referencia al Decreto Ejecutivo No. 18636, así como al reglamento del CFIA para la contratación de servicios consultoría en ingeniería y arquitectura. Ello es contradictorio con la supuesta “justificación” para la ausencia de viabilidad ambiental, cuando la Administración sostuvo que el proyecto sólo era de “reparación y mantenimiento” del aeródromo. Es decir, si el alcance de las obras era de “reparación y mantenimiento”, entonces no habría necesidad de contar con director técnico. Ello confirma nuestra tesis de defensa relativa a la ausencia de viabilidad ambiental, como incumplimiento gravísimo imputable a la administración contratante. De nuevo: si la administración sostiene que no era necesaria la viabilidad ambiental porque sólo se trataba de obras de “reparación y mantenimiento”, ¿por qué la falta de inscripción de un director técnico sería entonces un incumplimiento grave? Además, se sigue echando de menos un análisis detenido en la actuación del CETAC, sobre la distribución de responsabilidades o la culpa concurrente entre la administración y la contratista, por el retraso inicial en la inscripción de la dirección técnica". Debemos empezar aclarando, que con claridad no existe correlación entre lo alegado a este punto, y la afirmación hecha en el sentido de que el Consorcio no incurrió en un incumplimiento contractual en el tanto que nos ocupa. Al contrario, la representación de la parte actora parte de la existencia misma del incumplimiento, para argumentar sobre su imputación, que estima no debió proceder en contra del Consorcio.- Esta circunstancia argumentativa, conduce a la no necesidad de analizar prueba alguna sobre un incumplimiento dado en esta línea de ideas, que la propia parte actora no niega, como tampoco lo hizo en los casos anteriores, que existió. De modo diverso y en síntesis, propone lo siguiente, expresado ahora de un modo diverso según lo ha logrado comprender este Tribunal: a) Intenta establecer que incongruencia en el análisis efectuado por el Consejo Técnico de Aviación en lo que cita la observancia del Decreto Ejecutivo N° 18636, y un reglamento del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, (nada precisa sobre el contenido de estos cuerpos normativos) sobre la base de que para el caso concreto, no se contó con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental incurriendo con ello la Administración en incumplimiento contractual gravísimo, con ocasión de haber errado en lo que consideró en su momento que las obras a contratar y ejecutar, guardaban identidad con unas descritas como de “reparación y mantenimiento” del aeródromo. Así, infiere de lo afirmado por la Administración en el sentido de que las obras eran de “reparación y mantenimiento” que no había necesidad de contar durante la ejecución del proyecto con un Director Técnico. A partir de lo anterior afirma, que si las obras era (pese a que a la vez no lo comparte quien demanda) de mera “reparación y mantenimiento” incumplir con lo relacionado a este Director Técnico no constituyó ni podía considerarse, un incumplimiento grave imputable al Consorcio. b) Finalmente, censuró que en lo resuelto no se hubiere analizado un aspecto sobre redistribución de responsabilidades o culpa concurrente por "el retraso inicial en la inscripción de la dirección técnica", este último aspecto sobre el que no precisa absolutamente nada, en términos de circunstancias de modo, tiempo y/o lugar, sea, ni en lo fáctico, ni en lo jurídico contractual. En el punto 10.2.- del considerando VII del presente fallo, ya relacionamos el texto de la resolución N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019 dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil en lo que abordó, lo vinculado a un incumplimiento contractual que se le imputó al Consorcio, vinculado con la "2. Inscripción del Director Técnico en el Proyecto", de modo que, y en atención a lo argumentado por la representación de la parte actora en esta ocasión, por innecesario y por economía omitiremos reiterar. Ahora y volviendo al análisis de estas alegaciones, lo reprochado por la parte actora integralmente entendido resulta estéril, si de la acreditación de un vicio sustancial que conduzca a la nulidad de lo actuado se trata. Baste con insistir en el análisis efectuado por esta Cámara en el ya mencionado punto 10.2.-, conforme el que en también síntesis, se determinó en lo que interesa que en su resolución, el Consejo Técnico de Aviación Civil con independencia de lo normado en lo que se identificó por la aquí actora como el Decreto Ejecutivo N° 18636, y un reglamento del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que el incumplimiento vinculado a la inscripción del Director Técnico en el Proyecto en lo medular, se erigió sobre la base de que contar con este Profesional correspondió a la inobservancia por parte del Consorcio de una exigencia contractual. Esto a partir de los reproches que sostienen nuestra atención a este punto, supone que la parte actora pretende obviar si en efecto, incumplió o no con lo dispuesto en el cartel y el contrato mismo. Esto es, que en su totalidad de lo argumentado, en ningún nivel la parte actora niega que existiese una disposición contractual que le impusiere la obligación de contar con un profesional que ejerciere como director técnico del proyecto, que debiere encontrarse debidamente inscrito. Cual lo indicamos atrás, en todo caso, volviendo en lo que interesa a la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, sobre un incumplimiento contractual en que habría incurrido el Consorcio vinculado a su obligación contar con la inscripción del Director Técnico en el Proyecto, si bien se hizo cita al Decreto Ejecutivo y Reglamento a los que refiere la representación de la parte actora, resulta claro que el razonamiento se erigió a partir de que en el cartel de licitación, se contempló en el apartado 13 de su primera parte la obligación contractual del contratista de contar con este profesional técnico del proyecto, en cabal cumplimiento de los requisitos previstos para el mismo. Ha quedado demostrado en la presente causa por no mediar controversia al respecto y porque así consta visible a partir del texto del cartel de licitación como lo indicó el Consejo Técnico de Aviación Civil en su resolución, que en los términos dispuestos en su primera parte, conforme el punto 13, se dispuso en lo conducente que quien resultase adjudicado debería de contar con lo siguiente: "Equipo de trabajo y experiencia: El equipo de trabajo estará conformado por el Contratista y debe cumplir los siguientes requisitos: (...) Director del Proyecto: Ingeniero Civil, con experiencia en obras de supervisión, construcción o reconstrucción de carreteras por al menos 8 años, debe visitar la obra al menos una vez por semana dejando registro en la bitácora oficial del proyecto, además debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ingeniero residente puede llevar la dirección del proyecto. Regente Ambiental: Profesional con amplia experiencia comprobable en regencias ambientales, consultor debidamente inscrito en SETENA, y en el Colegio Profesional respectivo. Además, debe indicar al menos 3 proyectos en los últimos 5 años. En caso de cumplimiento de requisitos el Ambiental (sic) puede llevar la dirección del proyecto y/o la residencia. (...)". (Cartel de la licitación, primera parte. Tomo II del expediente administrativo). No cabe duda entonces, que el Consorcio adjudicado debió contar durante la totalidad de la ejecución del contrato, con un profesional de la especie, debidamente inscrito ante el Colegio Profesional respectivo y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en lo conducente, simplemente porque así lo estipuló el cartel de licitación. Luego, lo que conforme lo resuelto determinó el Consejo Técnico de Aviación Civil y es circunstancia cuya ocurrencia la parte actora no cuestiona o rechaza ni ha pretendido desacreditar mediante prueba, lo fue en lo medular que durante 5 meses posteriores al inicio de las obras, el Consorcio no contó con este profesional debidamente inscrito, así como que, luego de lograr su sustitución (aceptada por la Administración hasta el 17 de septiembre del 2018) se habría indicado por el Consorcio que dicha sustitución en realidad lo había sido con la una tercera empresa responsable de las obras identificada con la denominación "MCDC Monje Consultoría y Construcción", que no forma parte del consorcio adjudicado". Nos detenemos para reforzar, que la parte actora a través de su representación no propone debatir sobre la ocurrencia de estos hechos, por lo que ningún análisis sobre la existencia de prueba de ello y su adecuada valoración por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil ha de realizar esta Cámara de Juzgadores. Continuando, no es de recibo lo alegado por la parte actora respecto de la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental porque como ya lo determinamos atrás, con ocasión del trámite del procedimiento de contratación desde el cartel y su fase de ejecución, la Administración contó con la viabilidad que previó en dicho cartel, conforme el que en su Tomo II, primera parte, punto 18, sobre la viabilidad ambiental, se dispuso e informó a los oferentes que ésta había sido obtenida de la Municipalidad de Quepos, a efecto de lo cual se indico lo siguiente en lo que lleva relevancia: "18. Viabilidad Ambiental: La Dirección General de Aviación Civil obtuvo el aval de la Viabilidad Ambiental del Proyecto ante la Municipalidad de Quepos", a lo que se debe agregar que en efecto, este aval o viabilidad, se hizo constar en el Tomo I, folios 276 y 277 del expediente administrativo, en que obró a disposición de todo oferente el documento identificado como el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, según el cual en lo que resulta relevante, se indicó: "... procedo a informarles que la Municipalidad de Quepos por medio de la Unidad Técnica Ambiental (UTA) ve con sumo agrado el desarrollo del proyecto de mejoramiento de la seguridad operacional del aeródromo de Quepos La Managua, impulsado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). / Cabe destacar que la UTA considera que las obras descritas en el oficio DGAC-IS-OF-0448-2016 (...) y que se desarrollarán en el aeródromo de Quepos, son obras de bajo impacto ambiental, que por lo descrito en el oficio en mención no requieren de viabilidad ambiental de SETENA, según la resolución N° 2653-2008-SETENA del 23 de septiembre de 2008. / En virtud de lo anterior la UTA considera que se puede dar el aval para el desarrollo de las obras descritas, en aquellos terrenos que se encuentren inscritos como públicos y a nombre del Estado, si y sólo si, se cumple por parte de la DGAC los (sic) términos establecidos en el Código de Buenas Prácticas Ambientales. / Es importante indicar que el permiso de construcción para dichas obras debe de ser tramitado ante el Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) de la Municipalidad de Quepos, esto con el fin de cumplir con la legislación vigente". Consecuentemente, el contar con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría técnica Nacional Ambiental no correspondió a una obligación "contractual" que debiese cumplir la Administración, mientras que por otro lado, ésta ajustó su conducta a un cartel, cuyas cláusulas incluyendo ésta, ni es ni fue objeto de impugnación en la presente causa, sea, no se pide ni que se declare su invalidez, ni su nulidad, como tampoco ocurre esto respecto del mencionado acto municipal constituido por lo dispuesto en el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016. También ha de volver a insistirse en que por su contenido y alcances, aún y con el dictado por parte del el Tribunal Ambiental Administrativo de su resolución N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 (imágenes que van de la 448 a la 459, en relación con las que van de la 502 a la 504, todas del expediente judicial) no afectó la validez y/o eficacia, ni de la regla comprendida en el punto 18, parte primera del cartel de licitación, ni el aval municipal otorgado en los términos del oficio N° OFICIO-UTA-104-16. Así, una cosa es afirmar que dicha disposición cartelaria como el acto dictado por la Autoridad Pública Municipal, hayan sido ambos adoptados en desajuste con el ordenamiento jurídico, y otra muy diversa lo es que, primero, afirmar que hayan sido anuladas por el Tribunal Ambiental Administrativo (lo que no ocurrió) y segundo, que haya de ser en la presente causa que se debata sobre la legalidad de lo actuado, su validez y/o eventual nulidad, lo que tampoco es así, bastando con indicar que no forma parte del objeto de la presente litis la impugnación de ninguna de esas dos conductas administrativas formales. Luego, si para todos los efectos conservan su validez y/o eficacia, y la Administración ajustó su conducta a ellas, resulta jurídicamente imposible afirmar que la Administración incurrió en gravísimo o grave incumplimiento contractual por no haber contado con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pudiéndose afirmar a lo sumo, que así debió serlo en criterio del Tribunal Ambiental Administrativo conforme su resolución N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 que en este asunto, tampoco es objeto de impugnación. Otro aspecto consecuentemente con lo anterior, en que no lleva razón la parte actora, lo es el residenciado en el hecho de que la Administración haya considerado en su momento que las obras guardaron identidad con unas de “reparación y mantenimiento” pues no podría derivarse de ello la desaplicación del cartel (cuyo clausulado no impugna) ni del contrato, en lo que el Contratista es obligó al ofertar, resultar adjudicado y luego de suscribir el contrato, a contar con el profesional de interés debidamente inscrito durante la totalidad de la fase de ejecución contractual. Esta alegación no ha de reportar utilidad alguna. Finalmente, reprochar como lo hace quien demanda, que no se analizó por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil a la hora de disponer la resolución contractual un aspecto sobre redistribución de responsabilidades o culpa concurrente, por "el retraso inicial en la inscripción de la dirección técnica", resulta inocuo, debiéndose llamar la atención en que la representación de la parte actora argumenta de modo vago y totalmente impreciso, al puntualizar sólo que habría mediado "retraso" imputable a la Administración y sólo a ésta, habría que entender, en la inscripción del profesional de interés, sin describir en ningún nivel ni referir a la prueba, que habría de dar cuenta de las circunstancias fácticas descritas en términos de modo, tiempo y lugar, a partir de las cuales se puedan determinar conductas administrativas que hayan constituido la causa eficiente de estos "retrasos". Nada argumentó con un mínimo de rigor en técnica jurídica procesal quien demanda al respecto, por un lado, mientras que por otro, este Tribunal no se encuentra jurídicamente mandado a reconstruir el fundamento de la demanda por su cuenta y analizar de oficio la prueba que habría de soportar la ocurrencia de hechos que la actora no describe en la fundamentación de la demanda, ni vincula con el apartado del escrito correspondiente, con los hechos, de entre la gran cantidad de ellos que enumeró al demandar, la la mayoría de los cuales no han tenido relevancia para resolver por el fondo, como lo hace esta Cámara, según el análisis hasta este punto realizado.-

10.5.- Sobre el punto segundo aparte 3.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Presencia de regente ambiental en el proyecto". Reprochó la representación de la parte actora lo siguiente: "3.- Presencia del regente ambiental en el proyecto: Nuevamente, la Administración licitante sólo se caracterizó por evadir nuestro principal alegato de defensa: si no había viabilidad ambiental, ¿por qué tenía que haber un regente ambiental en el proyecto? No se trata de que mi representada haya incumplido con su deber de verificación. Más bien, fue en cumplimiento de dicho deber que, en forma expresa y por escrito, presentamos el memorial que fue respondido en oficio DGAC-DA-IA-OF-0629-2018. Así que la administración está procediendo, dicho sea con todo respeto, de mala fe y en violación del principio del estoppel; lo anterior, pues, en un primer momento, cuando justamente invocamos nuestro deber de verificación, se nos respondió que las obras no requerían viabilidad ambiental, y luego, cuando la Administración decidió resolver el contrato, se nos indica que supuestamente incumplimos con aquel deber. En realidad, la única parte que incumplió fue la administración. Por supuesto que aceptamos el cartel en su momento, recordando que al cartel se entienden incorporadas todas las normas vigentes en el ordenamiento nacional. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, en forma literal, dispone que: Artículo

Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Como salta a la vista, dicha norma no diferencia entre proyectos de obra públicos o privados, por lo que la ejecución de las obras que nos fueron contratadas debió haber superado tal evaluación ambiental. En esa misma línea, el artículo 59 de la Ley de Contratación Administrativa establece que: Estudio de impacto ambiental. El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra. Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse. Asimismo, darán participación en los procedimientos a las entidades competentes en la materia. Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la República, en sus opiniones jurídicas números OJ-098-2014 y OJ-178-2014, ha señalado que: El proyecto de construcción de obra pública por sí mismo es de alto impacto. Es por ello que el artículo 59 de la Ley de Contratación Administrativa sienta como principio que el “inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra”. Dicha disposición Obliga a incluir en los proyectos “las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse” "Reiteramos que, por supuesto, en su oportunidad, aceptamos el pliego de condiciones. Lo que sucede es que, revisado el cartel que dio lugar a nuestra contratación, la obligación de gestionar y obtener la respectiva viabilidad ambiental, sólo corría a cargo de la Administración licitante. De buena fe, cuando recibimos orden de inicio y cuando se nos exigió contar con regencia ambiental, entendimos que ese deber de su parte efectivamente se había cumplido. No obstante, tan pronto nos enteramos de que ello no fue así, se reitera una vez más, invocando en forma expresa y cumpliendo con nuestro deber de verificación, fue que lo advertimos por escrito. Sin embargo, pese a que lo advertimos, la administración nunca cumplió con el trámite ante SETENA y, peor aún, declaró resuelto el contrato con supuesta responsabilidad a nuestro cargo. Atentamente, debe señalarse que la inverosímil tesis de la administración, en el sentido de que las obras eran sólo de “mantenimiento y reparación”, jamás puede sostenerse ahora en la vía judicial. En particular, porque si esa tesis se sostiene, no hay sentido entonces que se nos impute la ausencia de profesionales que ese tipo de obras no requieren. En suma, el gravísimo incumplimiento de la administración al no haber tramitado la viabilidad ambiental no puede seguir siendo evadido. Tanto es así, que el Tribunal Ambiental Administrativo actualmente conduce una investigación derivada de esa omisión". (El resaltado no es del original). Nuevamente, bajo el contenido y alcances de lo argumentado por la parte actora, resulta claro que no niega el incumplimiento cual hecho, determinado por la Administración vinculado al deber de contar el contratista con un profesional identificado como Regente Ambiental. No propone como eje de debate, determinación alguna vinculada a desacreditar la existencia del hecho que se le imputó, como sí, exclusivamente discute sobre la posibilidad de que no le haya resultado imputable al consorcio su incumplimiento, sobre la mismas base relacionada en el punto 10.3,. del presente considerando, a saber y según su lógica, que aunque el incumplimiento existió en lo relacionado con este profesional, no se le debió imputar el mismo al Consorcio porque contar con el mismo no era necesario a partir de que la Administración no contó con Viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Todo lo así alegado por la empresa aquí accionante resulta estéril, bastando con volver a insistir (remitimos a las parte al punto 10.30. anterior) en que la viabilidad ambiental con que contó la Administración fue la contemplada en el cartel no objetado en su momento y no impugnado por la parte actora en lo conducente, en esa sede jurisdiccional, por lo que no es objeto del proceso determinar su ajuste con el ordenamiento jurídico o no, como tampoco su validez o invalidez, y eventual nulidad. Tampoco es objeto del proceso, la impugnación del oficio en los términos del cual la Autoridad Municipal otorgó aval ambiental para la ejecución de las obras, conforme el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, cuya validez se mantiene incólume para todos los efectos, se concuerde con el mismo o no. Finalmente, se reitera, que el Tribunal Ambiental Administrativo en los términos de su resolución N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 ni vino en ningún nivel a afectar la validez del cartel, ni del ya mencionado acto municipal (aval ambiental) por lo que en su totalidad, las alegaciones formuladas por la empresa actora son inútiles, ni acreditan como ya lo determinó esta Cámara, que la Administración haya incuirrido en incumplimiento contractual, asociado al hecho de no contar con la viabilidad ambiental ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por la simple razón de que tal exigencia no fue la contemplada en el Cartel ni el contrato, ajustado éste o no al ordenamiento jurídico en eses tanto. Finalmente, ya determinamos en el punto 10.2.- de este considerando cómo y aún de admitirse que para ejecutar las obras fuese requisito el haber contado previamente con esta viabilidad ambiental que interesa a la parte demandante, el Consorcio habría concurrido con su conducta en franca inobservancia de su deber legal de verificación de los procedimientos, en la conducta que dice sin razón alguna, únicamente sería reprochable a la Administración. De lo anterior, no se extrae vicio alguno en lo actuado que conduzca a la nulidad de la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019.-

10.6.- Sobre el punto segundo aparte 4.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "La base estabilizada". Reprochó la representación de la parte actora exclusivamente lo que sigue: "4.- La base estabilizada. El acto final que dictó el CETAC admite que, tal y como se expuso en la audiencia oral del procedimiento, los trabajos ejecutados por nuestro consorcio fueron útiles y provechosos. Luego, la resolución administrativa refiere a un convenio y a obras posteriores que habrían sido ejecutadas, pero sin que exista ninguna prueba en el expediente y sin que el traslado de cargos las abarcara. Nótese, entonces, que, si frente a nuestro alegato de defensa se iba a acudir a otros documentos para sustentar los cargos en nuestra contra, debió habérsenos brindado audiencia y también debió haberse ampliado el traslado original. Ello es una grosera violación del debido proceso, que confirma la nulidad absoluta de la conducta administrativa traída a juicio. También es una violación al debido proceso, que el CETAC nunca tuvo como partes del procedimiento al resto de integrantes del Consorcio contratista". (El resaltado no es del original). En síntesis, quien demanda sostiene la pretensión de corte anulatorio dirigida en contra de la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, sobre la base de que a) la obra ejecutada en lo que se encontró constituida por la descrita como "base estabilizada" resultó util y provechosa para la Administración; b) que para resolver se hizo mano como prueba de documentación constituida por un "convenio" respecto del que no se le otorgó al consorcio audiencia previa en violación al debido proceso; c) que se hizo referencia a la posterior ejecución de obras que habrían sido ejecutadas -entiéndase, no por el Consorcio- sin que hubiere existido prueba de ello en el expediente administrativo; d) que en todos estos aspectos, para efectos de su ponderación no se amplió el traslado de cargos; y e) que para efectos del trámite dado al procedimiento, no se tuvo como partes investigadas al resto de las empresas que integraron el Consorcio. Dicho esto, conforme el acto final del procedimiento, en torno a la base estabilizada se dijo lo que sigue: "4. Cronograma para Construcción de la Base Estabilizada: Finalización en campo de los trabajos el día 18 de abril de 2018. Todo proyecto desde su etapa de planificación debe contar con un programa de trabajo, el cual al momento de tener certeza de la fecha del inicio, se debe actualizar como cronograma base para ser usado como la guía para medir el avance del proyecto en términos de tiempo. En este caso, en el cronograma de obra actualizado y contenido en el folio 02066 del Expediente de la Licitación Pública, (ELP) entregado por el contratista mediante oficio NOT-501-17-0006 de fecha 7 de diciembre del 2017 (folio 02067 ELP), indica que las actividades de la base estabilizada del proyecto iniciaban el 23 de febrero del 2018 y finalizaban en su totalidad, incluyendo el tiempo de cura, el 10 de abril del 2018. Según oficio, DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril del 2018 (folio 3441 ELP) la administración constata que la finalización de la actividad de Base Estabilizada fue el día 18 de abril del 2018, dejando en evidencia un leve atraso con respecto al cronograma de la obra de 10 días naturales. Posteriormente, como lo menciona el cartel, la losa de concreto hidráulico debía ser construida sobre la base estabilizada. En este caso, el oficio DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril de 2018 8folio 03441 ELP), EXIGE expresamente de manera inmediata se aplique una película protectora de material bituminoso. Sin embargo, al día 26 de septiembre del 2018 la película protectora no había sido colocada y el deterioro de la base estabilizada era evidente, por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la losa de concreto hidráulico era una actividad sucesora de la base estabilizada, la cual sin el sello de material bituminoso solicitado expresamente por la administración, no estaba completa. Por lo tanto, el incumplimiento del cronograma con respecto a la base estabilizada es evidente y generador del atraso finalmente presentado en la estructura de la pista como tal, la cual alcanzó un avance hasta el mencionado proceso de estabilización, más no así la protección con el sello de material bituminoso. Por otro lado, en la audiencia sostenida el día 16 de enero del 2019, el Lic. Julio Alfredo Fonseca Pión mencionó que los procesos de expropiación incidían en el cronograma de ejecución de los trabajos, pues no se pudo iniciar desde el día 1 con la totalidad de las obras. Sino que solo puede ser posible iniciar el trabajo en una porción más reducida. La administración no encuentra con la versión dada por el Lic. Fonseca Pión, pues el orden de inicio se dio solamente a partir de aquellas actividades que tuvieran que ser que ver con la pista y franjas de seguridad, pudiendo realizarse la totalidad de las mismas en los terrenos disponibles en ese momento. Por lo tanto, no es de recibo justificar el retraso de la construcción de la pista bajo el argumento referente a las expropiaciones que fueron realizadas antes y durante la ejecución del proyecto. La actividad de base estabilizada para la pista pudo ser efectivamente realizada (a excepción del sello) porque ya la Dirección General de Aviación Civil contaba con los terrenos para su construcción y debía el contratista inmediatamente después de recibir el documento DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 proceder con la colocación del sello de material bituminoso, no solo para proteger la base estabilizada, sino para que en algún momento continuar con la colocación de las losas de concreto. Otros aspectos que demuestran atrasos por parte del contratista para la construcción de la estructura de la pista son, por ejemplo el hecho de que para el 22 de febrero el 2018, el contratista aún no le había enviado a la administración el diseño de la mezcla de la base estabilizada, ni la ficha técnica de cemento a utilizar, misma que debía previamente ser aprobada por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, según consta en el folio 02936 ELP. Así mismo, mediante oficio número DGAC -DA-IA-OF-0339-2018 de fecha 19 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó también que se debía de realizar el sello de la base estabilizada para evitar su deterioro, esta misma solicitud se realizó en la Hoja #20 de la bitácora del proyecto EG4111 con fecha del 27 de abril del 2018. Por último, si se analiza el cronograma de obras actualizado en la orden de inicio número 1, la losa de concreto debió estar finalizada como máximo para el día 2 de mayo del 2018, sin embargo, como se detalló anteriormente, los trabajos de construcción de la losa de concreto nunca se iniciaron formalmente con todos los requerimientos de la administración, como la verificación y autocontrol de la calidad, por mencionar algunos. Asimismo, se analiza el cronograma de obras actualizado a la orden de re inicio total de todos los ítems, (la cual se dio para el día 19 de mayo del 2018), el contratista debió concluir el 15 de octubre del 2018, sin embargo los trabajos no fueron concluidos. Por lo anterior, queda demostrado que el contratista incumplió con el cronograma de ejecución de la base estabilizada y por ende, con la estructura de la pista como tal. Además, al no ejecutar el sello de material bituminoso, se entregó por parte del contratista una obra de inferior calidad que al no haber sido terminada y protegida en ese caso. Se deterioró de manera evidente, como se muestra en las siguientes imágenes". (Se agregaron imágenes). "Por otro lado, en la audiencia, el Lic. Fonseca Pión mencionó: "... y tan aceptable era el grado de avance en esa base estabilizada que el pasado mes de diciembre Aviación Civil puso en operación el aeródromo y desde el mes de diciembre anterior y como prueba de eso, además de que es un hecho público y notorio, además de que vamos a ver de buena fe, mal haría Aviación Civil en ignorar que efectivamente el aeródromo está trabajando sobre la base estabilizada". Asimismo, solicitó que se incorpore al expediente, como prueban los registros de los vuelos realizados desde la apertura del agrónomo a la fecha, por lo que es mediante correo electrónico remitido por la señora Marlene Alvarado, de la unidad de planificación de la Dirección General de Aviación Civil, indica que al 18 de enero de 2018 únicamente se cuenta con las operaciones correspondientes al mes de diciembre del 2018 que salen y entran de los aeropuertos internacionales al aeródromo de Quepos, la Managua, siendo 211 operaciones. Si bien es cierto el aeródromo se encuentra en operación desde el 21 de diciembre del 2018 el Consejo Técnico de Aviación Civil debió realizar un Convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la atención del aeródromo de Quepos la Managua con el fin de habilitar la pista, se realizó un mejoramiento de la superficie de ruedo homogeneizado y compactando el material granular existente, además se realizaron mejoras en el diseño geométrico de las franjas de seguridad, con el fin de poner el aeródromo en funcionamiento y así evitar mayores inconvenientes a los usuarios. En la siguiente imagen se muestra la condición de la pista una vez ejecutado el Convenio mencionado y sobre lo cual se dio la reapertura de las operaciones". (Se agregó imagen). "Por lo que se concluye que se dio un incumplimiento por parte del consorcio la Managua en el cronograma de la construcción de la base estabilizada, que aunado a la no colocación del sello de la misma, causó un deterioro que afectó los trabajos posteriores y que al día de hoy continúan pendientes para la construcción de la estructura de pavimento de la pista, incluso actualmente nos está operando sobre la base estabilizada construida por el contratista". De esta extensa cita, se extrae con facilidad que el Consejo Técnico de Aviación Civil determinó primero, que el Consorcio incumplió con el cronograma previsto para la construcción de la obra identificada como base estabilizada. Así, se indicó que según el cronograma de obra actualizado y en su momento entregado por el Consorcio (se precisó el folio en que obra como el 02066 del expediente de la licitación) estas tareas debieron iniciarse el día 23 de febrero del 2018 y haberse terminado el 10 de abril del 2018, no obstante lo cual (según oficio DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril del 2018 ubicado a folio 3441 ELP) la finalización de este trabajo se produjo hasta el 18 de abril del 2018. Este atraso en términos de sólo unos días en que se excedió la fecha prevista por el Consorcio, fue calificado por la Administración como leve, de donde se tiene que el aspecto relacionado con el no ajuste por fechas con el cronograma, no resultó de mayor relevancia, aunque sí existió. Nos debemos detener para indicar que leve o no, la representación de la parte actora no niega la ocurrencia de estas circunstancias en lo fáctico ni es tema asociado a la teoría del caso que plenteó, una discusión en torno a si este atraso existió, por lo que ningún análisis ha de realizar esta Cámara al respecto. Continuando con el contenido del acto final del procedimiento, el Consejo Técnico de Aviación Civil pasó del análisis sobre la observancia de las fechas previstas en el cronograma (que se deja de lado como se verá) para concentrarse en aspectos relacionados propiamente con la ejecución de la obra en el tanto que nos ocupa y su calidad. Determinó en este marco con vista en el cartel, que lo que se identificó como losa de concreto hidráulico debía de ser emplazada sobre la base estabilizada; y que conforme la prueba (DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 de fecha 27 de abril de 2018 visible a folio 03441 ELP) de modo inmediato a la ejecución de la obra en lo que refiere a esta base estabilizada, sobre ésta previo a lo relativo a la losa de concreto hidráulico se debía aplicar lo que se identificó como "una película protectora de material bituminoso". Continuando, el Consejo Técnico de Aviación Civil determinó que al 26 de septiembre del 2018 (lo relacionado con la base estabilizada había concluido el 18 de abril del 2018) esta la película protectora no había sido colocada y el deterioro de la base estabilizada era evidente, esto pese a que esta aplicación del elemento protector de la base estabilizada debió ser inmediata al 18 de abril del 23018. Se destaca además, que el Consejo Técnico de Aviación Civil determinó conforme la prueba, que la base estabilizada no protegida mediante la inmediata aplicación de esta película protectora de material bituminoso presentó deterioro evidente. También se concluyó en consecuencia, que si la losa de concreto hidráulico correspondió a un trabajo a ejecutar sobre la base estabilizada que previamente debía y de modo inmediato, encontrarse protegida por la aplicación de una película protectora de material bituminoso y éste no se aplicó, la obra en este tanto estaba incompleta. Sea, que el Consorcio no cumplió en esta medida con el objeto contractual que en lo que interesa, alcanzó un avance que llegó hasta el proceso de estabilización (base estabilizada) pero que no abarcó la protección con el sello de material bituminoso, lo que derivó en el deterioro de lo construido, a lo que se sumó, que medió como efecto un incumplimiento sobre la observancia del cronograma presentado por el propio Consorcio, que sí llevó relevancia, relacionado con los trabajos a ser ejecutados sobre la estructura de la pista de aterrizaje del aeródromo. En otro orden de ideas, se asoció un atraso en la ejecución del proyecto imputable al Consorcio, en lo que para la construcción de la estructura de la pista, para el 22 de febrero el 2018 no había entregado el Consorcio a la Administración el diseño de la mezcla de la base estabilizada, ni la ficha técnica de cemento a utilizar, que en ambos casos debían de ser aprobados por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil (se precisó la prueba de ello). Se volvió al tema de la obra incompleta a saber, por la no aplicación de "una película protectora de material bituminoso" o "sello", para precisar que mediaron atrasos imputables al Consorcio, al que se le debió requerir en varias ocasiones rereferenciándose la prueba, la realización de la colocación o aplicación del sello de la base estabilizada para evitar su deterioro, para finalmente concluirse que los trabajos de construcción de la losa de concreto nunca se iniciaron formalmente con todos los requerimientos exigidos de la administración, que no se cumplió con aspectos sobre verificación y autocontrol de la calidad. Se sintetizó este apartado, indicándose que los trabajos no fueron concluidos, así como que el Consorcio incumplió con el cronograma de ejecución de la base estabilizada y por ende, con la estructura de la pista como tal; que no ejecutó el sello de material bituminoso, y entregó una obra de inferior calidad que al no haber sido terminada y protegida. Dicho esto, la de precisarse que conforme la teoría del caso planteada por la empresa actora a partir de lo argumentado por su representación, en ningún nivel propone como eje de debate, discutir sobre la ocurrencia de todas estas circunstancias que en el plano fáctico, fueron consideradas por el Consejo Técnico de Aviación Civil como incumplimientos. No niega los desajustes con el cronograma, los atrasos, como tampoco que la obra haya resultado inconclusa, o que en su caso, haya omitido proteger de manera inmediata y posteriormente, porque ello no ocurrió, la base estabilizada con una película protectora de material bituminoso. Para terminar, tampoco rechaza la parte actora que con ocasión de la no aplicación de esta película protectora , resulte falso que la base estabilizada no protegida, presentó daño posterior. Ninguno de estos hechos en cuanto a su ocurrencia son objeto de debate, y por tanto, esta Cámara de Juzgadores no deberá realizar análisis alguno respecto de su a estos propósitos, el Consejo Técnico de Aviación Civil que en todo caso, sí refirió a la prueba respectiva como parte den análisis que efectuó, la analizó adecuadamente o no al abrigo de las reglas que informal el principio de sana crítica racional. Los reproches esbozados por quien demanda se orientan todos en una dirección diversa. Pues bien, dice quien acciona que a) la obra ejecutada en lo que se encontró constituida por la descrita como "base estabilizada" resultó útil y provechosa para la Administración, para lo que haciendo un esfuerzo al respecto, lo único que alegó es que la pista entró en operación con todo y los trabajos ejecutados como lo fueron. La propuesta que hace la parte actora correspondería al siguiente silogismo, entendido desde un punto de vista lógico racional, a saber, que aún y ejecutada por el Consorcio conforme lo determinó la Administración, si la pista de aterrizaje del aeródromo en cuestión fue puesta en operación, ergo o como consecuencia, los incumplimientos detectados sobre la inobservancia del cronograma, la incompletez de la obra y su falta de calidad no existieron. No resulta necesario abundar en razones para declarar como lo hace este tribunal, que lo así argüido no puede desde un punto de vista lógico racional, a la conclusión a la que pretende conducir la representación de la empresa actora. Nada en su reproche así entendido o que haya logrado explicar a través de sus reproches permite afirmar que los incumplimientos diversos a este punto descritos, que determinó el Consejo Técnico de Aviación Civil además de existir, le son imputables al Consorcio. Cosa diversa lo sería afirmar, que la Administración asumió riesgos asociados a la puesta al servicio de los usuarios el aeródromo con todo y una superficie (la pista de aterrizaje) inadecuadamente intervenida desde un punto de vista técnico desde el punto de vista de la obra civil o desde el punto de vista operativo aeroportuario, y otra que los incumplimientos en que se concluyó, incurrió el Consorcio no existieron. Una cosa no permite afirmar la otra, aún y de admitirse que en efecto el aeródromo haya sido puesto al servicio. En consecuencia, el esfuerzo argumentativo desplegado por quien demanda resultó como en otros casos anteriores, estéril del todo. En refuerzo de lo anterior, independientemente de que la parte actora no niega haber incurrido en estos incumplimientos, siendo de vital relevancia que no se demostrara que la obra en lo que fue ejecutada por el consorcio, haya resultado construida en observancia de las reglas científicas y técnicas adecuadas, y/o, que haya resultado de utilidad en función del objetivo perseguido por la contratación de interés para la Administración contratante, debemos hacer mención al resultado de la evacuación de la prueba en juicio constituida por las declaraciones que bajo la fe del juramento, rindieron quienes fueron identificados como los señores Roberto Sojo Quesada y Allen Vargas Rodríguez. Iniciamos con la declaración del señor Roberto Sojo Quesada, quien dijo bajo la fe del juramento ser arquitecto y haber tenido participación en la contratación de interés con ocasión de haber fungido como inspector encargado de la verificación de la calidad de las obras. En respuesta a preguntas formuladas por la representación del Consejo Técnico de Aviación civil, indicó que ingresó a fungir ya iniciadas las obras, pero que, en efecto le correspondió particularmente fiscalizar lo relacionado a la base estabilizada, que era una parte muy importante del proyecto. Afirmó que sobre los resultados de laboratorio no obstante ellos, luego se determinó que la cura no fue correcta, lo que explicó, ocurre porque independientemente de esos estudios y sus resultados, la base estabilizada evidenció visualmente un deterioro importante en su espesor, y este espesor debía ser recuperado por medio de la losa de concreto, que era el proceso que seguía posterior a la base estabilizada. También señaló sobre la base estabilizada, que se hizo una recomendación en el sentido de que el proceso adecuado del desarrollo de la base estabilizada debía de comprender la conexión del tanque de agua a lo que llamamos "la recuperadora", que es una máquina que mezcla el cemento con los agregados, siendo esa la ejecución correcta de la base estabilizada, pero que pese a ello, se continuó ejecutando la labor con el tanque independiente, sea, que no estaba pegado a la recuperadora y eso obviamente no genera una mezcla homogénea entre el agua, el cemento y los agregados como debería de ser. Dijo al Tribunal que la base estabilizada supone primero hacer una subase con agregados como piedra, tierra, arena, se colocan en el sitio y esta base va a ser levantada después de compactada, se colocan los sacos de cemento y que esto debe ser curado por medio del agua, luego de lo cual según el contrato, se debía colocar una emulción asfáltica para cubrir esta base y mantenerla sana para la colocación de la losa de concreto. Que la estructura supone la base, luego la subase, base estabilizada y luego la losa de concreto, y que los problemas que encontraron lo fueron en la base estabilizada, determinado esto a partir de un ejercicio visual sobre la obra, de lo que se concluyó que mediaron malas prácticas constructivas. Volvió a los resultados de laboratorio, para explicar que pese a sus resultados, lo que se ha de observar visualmente en la obra debe guardar correspondencia con los mismos, y que en este caso ello no ocurrió, esto indicó, se debe a que en el sitio pasan muchas circunstancias como la cura de la base estabilizada, y que ésta por ejemplo, requiere la aplicación de la cantidad de agua adecuada, y que dependiendo de lo que se observe después, se pueden determinar resultados en el sitio visualmente distintos a los resultados de estos análisis de laboratorio. Que previo a la colocación de la losa de concreto, se hizo un "barrido" sobre la base estabilizada, y se pudieron observar deficiencias, donde se habían perdido agregados de la base estabilizada, espesor que se debía de recuperar luego en el desarrollo de la losa de concreto, lo que salía mas caro. Indicó que en su criterio, este tipo de problemas podrían afectar la vida útil del proyecto, sin saberse a ciencia cierta qué tanto, pero que si es bien sabido que estas no fueron prácticas correctas. Agregó el señor Sojo Quesada, que en relación a la ejecución de labores en condiciones de lluvia, luego de la base estabilizada lastimosamente los procesos no se dieron en el momento deseado porque eso se debe evitar, y que como las obras se atrasaron bastante en el desarrollo de la base estabilizada se toparon con la época de lluvia en el proceso de la colocación de la losa de concreto y la losa de concreto que es más delicada con el agua si hay fuertes lluvias se tiene que suspender la ejecución de labores, y habiendo mediado mucha lluvia y habiéndose recomendado la suspensión de los trabajos, no obstante ello el consorcio decidió continuar, de donde se descubrieron varias falencias en este proceso. Por su parte, durante la declaración en juicio de otro testigo, a saber, del señor  Allen Vargas Rodríguez, quien dijo ser Ingeniero civil de profesión y funcionario del CETAC a cargo en lo que interesa, de la ejecución del contrato fungiendo en el área de infraestructura aeronáutica y ejerciendo labores de control y fiscalización a partir del mes de julio del año 2018 cuando el proyecto ya se encontraba avanzado, indicó en respuesta a preguntas formuladas por la representación del CETAC, que lo ejecutado llegó apenas a un avance que no fue aprovechable y que luego de que la empresa salió del proyecto, debieron ser ejecutadas otra vez, no habiendo generado nada al proyecto. Reforzó la afirmación hecha por el anterior testigo en el sentido de que la base estabilizada no se protegió de la lluvia y que ello generó su deterioro y agregó, que en relación a la operatividad del la obra en lo que se ejecutó una vez que el consorcio dejó el contrato, la base estabilizada se deterioró pese a estar construida, así como que, el aeropuerto quedó inoperativo porque quedó hecho en lastre, bajo ciertas condiciones, con muchos pines enterrados en la pista, y entonces se tuvieron que hacer algunas gestiones para poder habilitar el aeropuerto, y se pudo habilitar hasta el mes de diciembre del 2018, teniéndose que hacer algunos trabajos con el MOPT. En relación a estas labores realizadas luego de que el consorcio dejó el proyecto, se expresó este testigo en el sentido de que, los trabajos realizados para poder dejar operativo el aeropuerto consistieron en trabajos de conformación en las franjas de seguridad, que son los lados de la pista, mejoras a la superficie de la pista de aterrizaje para poder nivelarla, porque por las inclemencias del agua estaba muy deformada y se estaban formando canalizaciones, sea, ciertos surcos, que las franjas de seguridad estaban diseñadas para recibir la losa de concreto, y esta no se construyó, más allá de unas pequeñas partes y que habían diferencias de altura en relación a las franjas de seguridad, lo que debió nivelarse porque tenía mucha variabilidad, "en unos sectores estaba bien y en otros no". Sumó sobre la posterior puesta en servicio del aeródromo, que se puso en operación la pista hasta el año 2021, luego de que por medio de otra contratación se construyó la pista de nuevamente, demoliendo mucho de lo que fue la base estabilizada y estandarizando las variabilidades que presentaba la pista, y que antes de eso, lo que se hizo fue poner en operación la pista, en tanto, habiendo sido usada por tres años, más, no como base estabilizada, sino y en su lugar, sólo como superficie de ruedo cual superficie de lastre, sin que se pueda a firmar a partir de eso que estuviera en buen estado. Detalló, que la decisión de utilizar esa base estabilizada como estaba o la apertura de la pista, obedeció a la afectación que estaba teniendo esa zona por la no operación de la infraestructura. En conclusión de lo anteriormente indicado, este Tribunal estima que ya en sede administrativa y en esta de corte judicial y porque lo argumentado por la parte actora no se dirige en sentido contrario ni ofreció prueba al respecto, quedó acreditado que en lo que el consorcio ejecutó obras en la pista de aterrizaje, para ello no se observaron las reglas de la ciencia y técnica adecuadas desde el punto de vista de la ingeniería civil, lo ejecutado en consecuencia mostró un deterioro prematuro importante -lo que se extrae de las manifestaciones hechas por los testigos mencionados- y de modo consecuente con esto, la administración debió luego realizar trabajos adicionales para poner en operación el aeródromo en respuesta a la afectación que en la zona se estaba sufriendo por su inoperatividad, y finalmente, la obra ejecutada por el consorcio debió ser demolida y nuevamente construida, por lo que ninguna utilidad objetiva en cumplimiento de las estipulaciones contractuales representó el trabajo realizado por el consorcio en este tanto. Consecuentemente, no se observa vicio alguno en lo resuelto por el Consejo Técnico de Aviación Civil el disponer la resolución contractual en los términos en que lo hizo, que imponga declarar su nulidad. Continuamos para abordar el reproche formulado por la representación de la parte actora identificado así: b) que para resolver se hizo mano como prueba de documentación constituida por un "convenio" respecto del que no se le otorgó al consorcio audiencia previa en violación al debido proceso. Partiendo este Tribunal de lo analizado respecto del punto a) anterior (alegato referido a la utilidad y provecho de la obra) el reproche no es de recibo, bastando cin indicar al respecto que aún y sobre la base de la supresión hipotética de la existencia del contenido del "Convenio de Cooperación Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo Técnico de Aviación Civil para la atención del aeródromo Quepos - La Managua" formalizado entre el CETAC y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el día 28 de noviembre del 2018, nada de lo argumentado por la parte actora se encontró orientado a demostrar la inexistencia de los incumplimientos que habiéndose tenido por demostrados en lo que refiere a la base estabilizada, condujeron a tenerlos como tal. Llevó relevancia para la Administración Activa a partir de la inteligencia de sus razonamientos, recurrir al contenido de este convenio y las obras que en ejecución del mismo se habríoan ejecutado para lograr poner en operación la pista de aterrizaje, sólo en etención a lo alegado por el Abogado de la empresa actora durante la celebración de la audiencia que se produjo como parte del trámite dado al procedimiento, pero éste, no llevó el peso que pretende la parte actora como para alegar que por no habérsele dado audiencia previa sobre el contenido del documento, se le colocó al Consorcio en estado de indefensión. No debe perderse de vista que como ejecutor de la obra, el Consorcio no explica, siquiera lo intenta desvirtuar si lo concluido por la Administración en los términos del acto que impugna sobre incumplimientos asociados al cronograma y calidad de lo laborado respecto de la base estabilizada se ajusta o no a la realidad, resultando estéril que con todo y estas falencias técnicas que presentó la obra, luego se haya hecho lo necesario para poner en operación el aeródromo. Ninguna indefensión entonces, se observa en lo actuado, por hecho -que podría admitirse sin problema- de que a la actora no se le haya otorgado audiencia sobre el contenido y alcances de este convenio, como tampoco por el hecho de que no se haya ampliado el traslado de cargos, en lo que posteriormente y sobre la base de este convenio, se procedió a reparar o subsanar los defectos en la pista de aterrizaje para ponerla en operación., lo que torna irrelevante, el siguiente reproche, constituido por la afirmación que hizo quien demanda en dirección a que: c) que se hizo referencia a la posterior ejecución de obras que habrían sido ejecutadas -entiéndase, no por el Consorcio- sin que hubiere existido prueba de ello en el expediente administrativo. En criterio de esta Cámara de juzgadores, no llevando razón quien acciona al afirmar que pese haber construido las obras como lo fueron, por haberse puesto en operación el aeródromo, sus incumplimientos contractuales relacionados con la base estabilizada no existieron, o que habiendo existido, no debieron serle imputables, tampoco lleva razón en advertir que resultó relevante que la Administración demostrara que ejecutó obras que rectificaran esos defectos constructivos con la finalidad de poner en operación la pista de aterrizaje. Repetimos, que aún y suprimiendo que para poner en operación el aeródromo se hayan debido ejecutar obras posteriores ajenas a la contratación, ello nada dice de si los incumplimientos imputables en el tanto que nos ocupa, en realidad ocurrieron, de donde tampoco media vicio en lo actuado a partir de esta censura. Además, alegó la parte actora que: d) en todos estos aspectos, para efectos de su ponderación no se amplió el traslado de cargos. Bastará con insistir en que, aún y partiendo de la base hipotética de supresión del convenio y/o, la ejecución de obras posteriores dirigidas a la habilitación del aeródromo para su operación, el motivo del acto se mantiene incólume a efectos de proveer al mismo de validez, por lo que es inocuo lo así reprochado. Para finalizar, la representación de la parte actora mezcló en sus argumentaciones un tema diverso de corte procedimental, en lo que se dijo que e) que para efectos del trámite dado al procedimiento, no se tuvo como partes investigadas al resto de las empresas que integraron el Consorcio. Al respecto, baste con indicar que no demostró quien demanda que con ocasión del trámite dado al procedimiento administrativo derivado del cual, se dispuso la resolución del contrato de interés, sólo se haya tenido como parte investigada a la empresa aquí actora. Esto lo concluye esta Cámara a partir de la prueba que obra en el expediente administrativo, a folios 4036 y 4037, en relación con los que van del 4143 al 4166, todos del Tomo IX del mismo. Para empezar, en los términos del acuerdo adoptado por el CETAC, por artículo 06 de la sesión ordinaria N° 51-2018 celebrada el día 02 de octubre del 2018, se dispuso expresamente dar inicio a un procedimiento administrativo ordinario en contra del "Consorcio La Managua", con la finalidad de determinar si existieron incumplimientos contractuales que le fuesen imputables y en consecuencia, si procede o no la resolución contractual y consecuentemente con ello, el auto inicial del procedimiento se dictó en los términos de la resolución identificada con el N° 02-2018 de las 09:00 hrs. del 10 de diciembre del 2018, indicándose en lo conducente que el mismo se habría de tramitar en contra de la empresa: "Grupo Orosi Sociedad Anónima (...) "consorcio aeródromo la Managua" adjudicataria de la Licitación Pública ...". (el resaltado no es del original). En otro orden de ideas, frente a la Administración ya la empresa aquí actora y sus empresas consorciadas, habían acreditado a efecto de su participación en el procedimiento, esto el día 20 de marzo del 2017 que conforme el respectivo contrato o convenio consorcial a raíz del cual emergió para efectos administrativos, el que se identificó como el "Consorcio La Managua", en lo que interesa, en su cláusula novena, que la empresa denominada Grupo Orosi S.A. (aquí actora) sería la representante del consorcio. (Hecho no controvertido, en asocio con los folios 4087 y 4089 del Tomo IX del expediente administrativo). No existe modo, consecuentemente con estos hechos de entender a partir del acuerdo del Consejo Técnico de Aviación Civil que ordenó el inicio del procedimiento, en asocio con el auto inicial del procedimiento, aunque bien pudo haber mediado mayor precisión en este último al respecto, de que contrario a su dicho se haya podido entender que el procedimiento no fue tramitado teniéndose para todos los efectos como parte investigada al Consorcio y en consecuencia, a las partes consorciadas, a través de quienes ellas mismas designaron como la empresa representante ante la Administración, de donde lo alegado no es de recibo.-

10.7.- Sobre el punto segundo aparte 5.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Visitas del director técnico". Expresó la representación de la sociedad demandante, que: "5.- Visitas del director técnico. Para no abundar innecesariamente, basta decir que la posición de la administración sigue siendo contradictoria. Las visitas del director técnico que se echan de menos, no son propias de obras de “mantenimiento y reparación”. No podía mi representada seguir ejecutando un proyecto de obra pública que carecía de viabilidad ambiental, y por eso así lo indicamos por escrito hace ya mucho tiempo, cuando solicitamos suspender su ejecución hasta que no se supliera dicho requisito todavía faltante a esta fecha. Nótese la absoluta contradicción en la que incurre la Administración: cuando se trata de “justificar” su incumplimiento relativo a la ausencia de viabilidad ambiental, el CETAC sostiene que estábamos ante obras de “mantenimiento y reparación”; pero luego, al mismo tiempo, nos reprocha supuestos incumplimientos en la periodicidad de las visitas del Director Técnico de proyecto, las cuales NO son exigibles para trabajos menores de mantenimiento y reparación. Más bien, podemos afirmar que cualquier obra que se siga ejecutando incumple con la normativa ambiental vigente, y que cualquier profesional que participe de la dirección técnica está incurriendo en responsabilidad personal, al no haber viabilidad tramitada nunca ante SETENA". (El resaltado no es del original). Nuevamente acude la representación de la actora al alegato constituido por la ausencia de viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de modo absolutamente estéril. El tema vinculado a estas visitas que debía de realizar el Director Técnico del proyecto, en la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se desarrolló así: "5. Visitas del Ingeniero Director del Proyecto. De acuerdo con lo indicado en el cartel de licitación en el punto 13, denominado "EQUIPO DE TRABAJO Y SU EXPERIENCIA", indica lo siguiente: "Director del proyecto. Ingeniero civil con experiencia en obras de supervisión, construcción y reconstrucción de carreteras por al menos 8 años. Debe visitar la obra al menos una vez por semana, dejando registro en la bitácora oficial del proyecto. Al respecto, el investigado no hace referencia en audiencia sobre las faltas de las visitas del Director Técnico de al proyecto, por lo que al revisar las bitácoras de obra que constan en el expediente de la Licitación Pública, se comprueba que el director técnico no deja constancia en algunos casos, de ni siquiera una visita semanal durante todo el plazo del proyecto, inclusive luego del primero de julio del 2018 no se registra de ninguna manera, visitas de un Director Técnico, tal y como se ilustra en el siguiente cuadro". (Se adjunta cuadro). "Por lo que una vez más se evidencia un incumplimiento al cartel". (El resaltado no es del original). El incumplimiento determinado por la Administración no pudo ser expresado de un modo más simple, en el entendido de que conforme el cartel, primera parte, punto 13, no solo constituyó obligación del Consorcio contar con los servicios de este profesional en el proyecto, sino que y además, debía realizar al menos una visita por semana al sitio de ejecución de las obras. Esta obligación no fue cumplida por el consorcio, y así, se dijo en el acto administrativo que como derivación de los registros en bitácora, de dicha prueba se desprendía que en algunos casos durante la totalidad de la ejecución contractual no se dejaba registro de que se hubiese hecho constar la visita, y que en específico, después del día 01 de julio del 2018 no se registró que este profesional hubiere realizado ninguna. Debemos iniciar destacando que la representación de la parte actora no plantea como parte de su teoría del caso, el que este incumplimiento no hubiere ocurrido, y en su lugar, recurre a la ya tantas veces indicada ausencia de viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al hecho de que la Administración sostuvo a los efectos de tal viabilidad era por sus alcances, de “mantenimiento y reparación” y a partir de ello, deduce que no se requería contar con el proyecto con el mencionado director técnico. Todo lo alegado resulta estéril, inocuo, si de acreditar un vicio sustancial en lo actuado se trata, tanto en lo que refiere a las visitas del director técnico. Con la finalidad de que la presente sentencia en lo posible no resulte reiterativa, precisamos que ya esta Cámara analizó lo relacionado con la ausencia de la viabilidad ambiental en los términos en que afirma la representación de la parte actora, debió ser tramitada y ante qué autoridad Pública. Determinamos con suficiencia que correcto o no, que debiese ser otorgada (como lo sostiene la aquí actora) por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental en lo jurídico como lo determinó posteriormente el Tribunal Ambiental Administrativo, no afectó ni la ejecución del contrato, porque el Consorcio procedió conforme la primera orden de inicio sin evidenciar nada al respecto y porque las obras no fueron suspendidas con causa en esa circunstancia. Paradógicamente, la misma incongruencia que mediaría en el análisis realizado por la Administración en torno a la viabilidad ambiental, media en la parte actora al asegurar por un lado, que las obras por sus alcances debieron contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental porque no eran de “mantenimiento y reparación” contrario a lo también determinado por la Municipalidad de Quepos según el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016 suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, mientras que por otro, reprocha que se le haya exigido contar con director técnico del proyecto, si es que las obras era de mero “mantenimiento y reparación”. Pues bien, en todo caso estas alegaciones no dan cuanta de una nulidad en lo resuelto, principalmente porque se cuestione o no lo dispuesto el cartel, primera parte, punto 13 insistiremos, tal disposición no es ni ha sido objeto de impugnación en la presente causa, como tampoco lo ha sido lo dispuesto por la Municipalidad de Quepos según el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 conforme el que se dio aval ambiental al proyecto, a lo que se suma que con vista en los alcances de lo resuelto muy posteriormente a que ya el contrato había sido resuelto por incumplimiento contractual, por el Tribunal Ambiental Administrativo al dictarse la resolución N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022, en ningún nivel se afectó la validez o eficacia del cartel o del acto municipal (aval ambiental). Se reitera entonces, que si para la ejecución de las obras, con la viabilidad ambiental con que se contó lo fue con la prevista en el cartel, otorgada cual aval por la Municipalidad de Quepos, y esa disposición cartelaria y aval municipal se mantienen para todos los efectos incólumes, jurídicamente no podría afirmarse que la Administración incurrió en incumplimiento alguno, cuando antes bien, su conducta se ajustó a lo contractualmente dispuesto, con precisión. Luego, lo que podría decirse a partir de lo resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo lo es que en su criterio, la viabilidad ambiental que venía impuesta por el ordenamiento lo debió ser la otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, con lo cual, la disposición cartelaria tanto como el acto municipal (aval ambiental) podrían haberse encontrado dispuesto y dictado en en cada caso, de un modo contrario al ordenamiento jurídico, más, ese aspecto resulta irrelevante porque la impugnación de alguno de estos actos no es objeto del presente proceso, entendido como lo que se pretende sea concedido o declarado en sentencia.-

10.8.- Sobre el punto segundo aparte 7.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Construcción de losa de concreto". Cuestionó en relación al acto final del procedimiento la aquí accionante, lo siguiente: "7.- Construcción de losa de concreto. No tenemos más remedio que insistir en lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. La Administración, se reitera con todo respeto, no puede continuar evadiendo que la administración giró orden de inicio sin contar con viabilidad ambiental, y que mi representada lo advirtió en forma expresa y solicitó suspender el proyecto. Peor aún, cuando la Administración se negó no sólo a aceptar los cambios de profesionales que propusimos, sino, también a reconocer obras que ejecutábamos y hasta a participar en reuniones en el sitio del proyecto". (El resaltado no es del original). Habiendo arribado esta Cámara de juzgadores a este punto de análisis, no hemos de reiterar lo ya indicado en los puntos que preceden a éste, bastando con remitir a las partes a lo ya analizado sobre lo inútil que ha resultado alegar como lo hace quien demanda, que la Administración incurrió en un incumplimiento contractual por no haber contado con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. No hubo incumplimiento imputable a la Administración sobre la base de esa circunstancia en ese entendido, ni incidencia alguna de su ausencia en la ejecución de las obras, de donde alegar también, que la ejecución contractual debió suspenderse porque no se contó con dicha viabilidad, no se comprende qué incidencia pudo haber tenido que rompa con la base de imputación de un incumplimiento que habiéndose tenido por demostrado administrativamente, se le imputó al Consorcio conforme la misma parte lo afirma, relacionado con la construcción de la losa de concreto. En la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se razonó lo siguiente respecto de la construcción de la losa de concreto: "7. Cronograma de Construcción de Losa de Concreto. Como parte del proyecto en cuanto a la pista de aterrizaje, se requería la construcción propiamente de la losa de concreto, la cual que (sic) debió de cumplir con las características indicadas en el cartel y contrato, esto conllevaba un diseño de la mezcla que debía ser previamente avalado por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, en minuta de reunión de fecha 4 de abril de 2018, se le solicitó al Consorcio La Managua, el diseño de la mezcla para la construcción de la losa de concreto, el cual a esa fecha no había sido entregado. Posteriormente. Mediante el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0310-2018 con fecha 27 de abril de 2018, la Unidad de infraestructura Aeronáutica solicitó al Consorcio La Managua, nuevamente el diseño de la mezcla de concreto para la construcción de la losa de concreto. De acuerdo como el oficio DGAC-DA-IA-OF-0339-2018 de fecha 9 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indicó Consorcio La Managua, nuevamente el faltante del diseño de mezcla de concreto para la ejecución del ítem 1003, denominado Losa de Concreto Hidráulico. Mediante oficio número DGAC-DA-IA-OF-0402-2018 de fecha 28 de mayo del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica le solicitó Consorcio La Managua que explicara de manera inmediata las razones de los atrasos en el inicio de la ejecución del ítem 1003, denominado losa de concreto hidráulico, actividad que debió haber iniciado el 24 de mayo del 2018, según se mostraba así en el Programa de Trabajo, sin embargo, a esa fecha no se había ejecutado. El diseño de la mezcla fue entregado por el consorcio la Managua posterior a esta última comunicación. Sin embargo, el mismo generó un incremento en los atrasos del proyecto y por ende, un supuesto incumplimiento contractual, por cuanto aparentemente no está cumpliendo con el cronograma del proyecto y sus actividades. Finalmente, el cronograma de proyecto con respecto a las losas de concreto nunca se cumplió, pues las losas nunca fueron coladas. Si no fue únicamente un tramo de prueba, el cual se coló sin control de calidad y en condiciones no aptas para las buenas prácticas de ingeniería. Por lo que siento que en la audiencia la parte no hace mención al respecto, se tiene como un incumplimiento grave por parte del Consorcio". (El resaltado no es del original). El incumplimiento así cual se fundamentó en lo resuelto, el proceso racional que condujo a tenerlo por ocurrido e imputable al Consorcio, no es objeto de cuestionamiento alguno por parte de la empresa actora dentro de la presente causa conforme su escrito de demanda. Esto releva a la Autoridad Judicial de analizar y pronunciarse sobre la prueba y su valoración, sobre la que tubo a bien la Administración erigir el fundamento del acto administrativo. Nada de lo acusado por la actora se encontró vinculado o al menos, no comprende este Tribunal como habría de estarlo a la determinación administrativa de la existencia de este incumplimiento, por lo que, a partir de lo expresado por la parte actora (incluyendo el tema de la viabilidad ambiental) no se constata la existencia de vicio alguno en lo actuado.-

10.9.- Sobre el punto segundo aparte 8.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "8.- Solicitud de información en reunión de pre-construcción". La empresa aquí demandante, argumentó que: "8.- Solicitud de información en reunión de pre-construcción. La única parte que incumplió gravemente con sus obligaciones, fue la administración. Antes de girar orden de inicio, debió haber tramitado la viabilidad ambiental; o bien, debió habernos informado en esa reunión, de su tesis respecto de que estábamos supuestamente ante una mera “reparación” o “mantenimiento” del aeródromo. Así que no puede sancionársenos con base en un presunto incumplimiento, mucho menor, claramente, que el imputable a la administración". (El resaltado no es del original). Con el ánimo de no reiterar una y otra vez, lo relacionado con la viabilidad ambiental, se remite a las partes al análisis efectuado por este Tribunal en los puntos anteriores a éste, conforme los que baste con indicar, que contrario al dicho de la accionante, la ausencia de viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no supuso incumplimiento contractual alguno, de donde alegar que en esta reunión debió advertir algo al respecto la administración sobre los alcances de las obras y esta viabilidad, no lleva relevancia alguna, sobre todo si se tiene en cuenta cual lo determinamos atrás, que el concurrió con su conducida en la fase de ejecución de las obras sin advertir nada tampoco en torno a este tema, incumpliendo su deber de verificación de los procedimientos y adicionalmente, obligaciones deontológicas que debió observar con celo frente a su cliente según la regulación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que igualmente, por innecesario no volvemos a analizar, bastando con remitir al texto del punto 10.2.- de este resultando. En la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se razonó lo siguiente respecto de la solicitud de información en reunión de pre-construcción: "8. Solicitud de información de profesionales en reunión de pre-construcción. Antes de girar la orden de inicio de las obras, se realiza una reunión de pre-construcción en las cuales (sic) se efectúan aclaraciones sobre las obras a ejecutar, se evacuan dudas, se conoce al personal involucrado con el proyecto y de requerirse se le solicita por parte de la administración al contratista documentación o información, que puede ser relevante o vinculante con la gestión del proyecto y su ejecución. Para el caso particular de este proyecto, en la visita al sitio se acordó que el consorcio (...) debía de facilitar a la administración lo antes posible los datos sobre los profesionales responsables de las obras electromecánicas. (profesionales y técnicos). La información que se solicitó consistía en cuadros de experiencia, declaraciones juradas y currículos del personal técnico a desarrollar las obras electromecánicas para cada uno de los técnicos, según lo establecido en el cartel y en el cual fue aceptado por el contratista con la presentación de la oferta. Esta información era indispensable para poder avalar la idoneidad contractual de las personas que realizan estos trabajos, por lo que la misma debía de estar de previo y así evitar atrasos, los cuales eran responsabilidad del contratista. En el oficio número DGAC-DA-IA-OF-0253-2018 de fecha 10 de abril del 2018, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica realizó la solicitud del pendiente del personal responsable de las obras electromecánicas, (profesionales y técnicos). Al día de hoy, la Unidad de Infraestructura Aeronáutica continúa sin recibir dicha documentación por parte del Consorcio La Managua, incluso en la audiencia no se refirieron al respecto, lo cual evidencia un incumplimiento contractual por parte de éste". (El resaltado no es del original). No estimamos necesario abundar en argumentaciones para concluir que la existencia de este incumplimiento, no ha sido rechazada por la empresa actora como parte de su teoría del caso, por lo que partiendo de que con lo anterior agotamos lo alegado por ésta, no se observa vicio alguno en lo actuado a partir de sus manifestaciones, sin necesidad de analizar y/o valorar ninguna prueba adicional, como tampoco resultó ello necesario en los casos anteriores analizados en el presente

VII.-

10.10.- Sobre el punto segundo aparte 9.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Cronograma ofertado originalmente, atrasos y nuevo cronograma". La representación de la parte actora formuló los siguientes reproches: "9.- Cronograma ofertado originalmente, atrasos y nuevo cronograma. Hubo retrasos en expropiaciones, además de otras afectaciones derivadas de discordancias entre la realidad y los diseños originales con base en los que se proyectó la oferta y recibimos orden de inicio. De nuevo, estamos ante un incumplimiento de la Administración y no de nuestro Consorcio. Aún peor, se trata de un incumplimiento que rompió la ecuación financiera del contrato. Nótese que no sólo hubo retrasos, sino que la Administración suspendió la ejecución de buena parte del proyecto, con motivo de que ni siquiera se tenían a disposición los terrenos a expropiar. Así las cosas, para la fecha en que el proyecto ya debía estar terminado, ni siquiera habíamos recibido la orden de reiniciar con esa gran parte de trabajos suspendidos. Nuestro Consorcio, en suma, tuvo que asumir todos los costos para prever la ejecución total del proyecto (maquinaria, salarios, cargas sociales, viáticos, cargas financieras), mientras que para el momento en que ya debíamos haberlo terminado, no se había facturado ni siquiera el diez por ciento del total del contrato. Por eso fue que rompió el equilibrio del negocio, y por eso hubo problemas con flujos de efectivo, al ser imposible sostener durante prácticamente el doble del tiempo previsto este proyecto. La afectación que sufrimos fue tan grande, que genera las enormes consecuencias patrimoniales que detallaremos luego". (El resaltado y subrayado no es del original). Dicho esto, en la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se razonó lo siguiente respecto de los cronogramas ofertados de proyecto, atrasos generados por el contratista y cronograma actualizado del proyecto: "9. Cronogramas ofertados de proyecto, atrasos generados por el contratista y cronograma actualizado del proyecto. De acuerdo a lo indicado en el cartel de licitación, en lo que respecta al punto 8, denominado duración de los trabajos de la tercera parte, el plazo de entrega del proyecto sería de 150 días naturales como máximo a partir de la orden de inicio, de igual manera en la oferta del contratista, le (sic) mismo se comprometió a cumplir con dicho plazo. En el cronograma visible en el folio 04172 del expediente administrativo de la licitación, se puede observar que se realizó un corte de las actividades que debían estar finalizadas al 20 de julio del 2018, donde la línea verde muestra cómo debería ser el avance actual del proyecto, donde se debería de contar con la pista construida en su totalidad, los edificios (ítem del 4007 al 4011) y solamente deberían estar faltando actividades relativas a la terminal aérea y parqueos (ítem del 6000 al 7400), la cual debería contar con un avance significativo de un 25% como mínimo en la construcción de la terminal aérea. La realidad en el proyecto es otra y la programación de actividades planteada por el Consorcio La Managua, según el Cronograma es irrealizable, debido a que todas las actividades se inician el mismo día (jueves. 14/06/18) y todas con una misma duración (118 días), sin embargo, no se ha ejecutado lo estipulado. La Administración, mediante correo electrónico del 28 de junio del 2018, realizó una nueva solicitud de información de cronograma de actividades al Consorcio La Managua, la cual fue atendida mediante documento NOT-501-18-0065 de fecha 5 de julio de 2018, sin embargo, poseía un faltante de información con respecto a lo solicitado, por lo que el mismo no es aceptado por la Administración, según oficio número DGAC-DA-IS-OF-2018-0514 de fecha 11 de julio del 2018, emitido por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil. Durante la ejecución de las actividades se presentaron varios atrasos por diferentes motivos, siendo todos de responsabilidad del consorcio la Managua, a excepción de los renglones de pagos relacionados con el área pendiente expropiar correspondientes (sic) a la plataforma, conectores de pista, terminal, boulevard y parqueos, lo anterior por cuanto el proceso de trámite expropiatorio se extendió más de lo previsto. En cuanto al cronograma actualizado del proyecto, dicha información, se le había solicitado en su momento a quien era el Director Técnico del proyecto, el Ing.Edwin Corrales Calderón, sin embargo, el contratista le negó la entrega de información en su momento. El miércoles 20 de junio del 2018, mediante correo electrónico se hizo una nueva solicitud de información, la misma fue negada por el contratista y se mantiene la fecha sin ser aprobada por la administración. Esto queda evidenciado en el siguiente correo electrónico". (Se agregó imagen del texto del correo electrónico). "Dicha actualización de Cronograma nunca fue realizada. Tampoco en la audiencia realizada el día 16 de enero del 2018 se presentó mayor evidencia con respecto a este tema. Por lo tanto, se constata los atrasos generados por el contratista y los atrasos en los cronogramas en labores que no eran afectadas por las expropiaciones". Resumiendo, el Consejo Técnico de Aviación Civil estimó incumplido el contrato con causa imputable al Consorcio porque no se observó lo dispuesto en el cartel, punto 8, denominado duración de los trabajos de la tercera parte, respecto a los plazos de entrega del proyecto. Luego, se abordaron temas asociados a atrasos en la ejecución del proyecto, todos los cuales consideró este órgano colegiado, también y consecuentemente, que eran imputables al Consorcio, a saber, asociados a que en un determinado momento a partir o posterior a un corte de actividades que dató del 20 de julio del 2018, ya debía de haberse concluido con la pista de aterrizaje en su totalidad y los edificios, así como que se debió haber alcanzado un avance del 25% de la obra vinculada a la terminal aérea y parqueos. En criterio del Órgano colegiado la obra en lo que debió encontrarse terminada o con un avance del 25% relacionado, no se había logrado, mientras que conforme a una programación de actividades planteada por el Consorcio, su cabal conclusión se calificó de irrealizable. Este incumplimiento se asoció a solicitudes reiteradas formuladas al Consorcio, en dirección a obtener información sobre el cronograma de actividades, que inicialmente no fueron atendidas por éste, a lo que se agregó que a la fecha -del dictado de la resolución emitida por el Consejo Técnico de Aviación Civil, según se entiende- se mantenía sin ser aprobada por la administración la información enviada por el Consorcio sobre el cronograma en lo conducente. Se aclara que cuando sí se obtuvo información de parte de éste, no fue aceptada con causa en que poseía un faltante de información. Finalmente, se le imputaron atrasos al Consorcio, todos ajenos a las obras cuya orden de inicio no se produjo con causa en la existencia de terrenos pendientes de expropiar. Ahora bien, volviendo a lo alegado por la empresa actora en la presente causa, se tiene haciéndose un esfuerzo de síntesis y entendimiento o comprensión de sus reproches, que afirma, que en efecto hubieron retrasos, pero causados por las expropiaciones pendientes (en relación con las cuales ningún incumplimiento de los determinados por la Administración se encontró asociado a los trabajos a ejecutar en las áreas de terreno pendientes de expropiación en lo medular) y lo que describió así: "... otras afectaciones derivadas de discordancias entre la realidad y los diseños originales con base en los que se proyectó la oferta y recibimos orden de inicio". No precisó nada sobre en qué consistieron dichas afectaciones y/o discordancias en los diseños y la realidad, ni prueba que daba ser analizada al respecto. Acto seguido, acusó que la Administración incurrió en incumplimiento contractual, sin ninguna precisión y/o claridad, cuando se afirmó que: "De nuevo, estamos ante un incumplimiento de la Administración y no de nuestro Consorcio", sin referir en ningún momento al motivo del acto en lo que el Consejo Técnico de Aviación Civil tuvo por demostrados incumplimientos imputables al Consorcio en lo que interesa. Intuimos que se trató de lo relacionado con las obras no ejecutadas en las áreas a expropiar, y las mencionadas discordancias entre la realidad y los diseños de la obra exclusivamente. Acto seguido, se agregó que este incumplimiento imputable a la Administración -ya no refiere a incumplimientos- habría producido un rompimiento de la ecuación financiera del contrato, respecto del que sólo hizo referencia a los atrasos, de los que sólo precisó esta vez, sin ninguna precisión a aquellos que obedecieron o tuvieron su causa en las expropiaciones pendientes. Sí se precisó que el Consorcio debió asumir "todos los costos para prever la ejecución total del proyecto (maquinaria, salarios, cargas sociales, viáticos, cargas financieras), mientras que para el momento en que ya debíamos haberlo terminado, no se había facturado ni siquiera el diez por ciento del total del contrato. Por eso fue que rompió el equilibrio del negocio, y por eso hubo problemas con flujos de efectivo, al ser imposible sostener durante prácticamente el doble del tiempo previsto este proyecto".Estimamos absolutamente necesario recordar que, nos encontramos en análisis de lo argumentado por la parte actora conforme su escrito de demanda, el punto segundo aparte, apartado de la demanda identificado como Derecho, que habría de suponer porque así lo indicó quien demanda el abordaje en fundamento de su acción, de aspectos que deberían de conducir a que esta Autoridad Judicial concluya, la "Inexistencia o insuficiencia de los supuestos incumplimientos" a partir de los cuales por haberse tenidos por demostrados, el Consejo Técnico de Aviación Civil dispuso la resolución del contrato. Consecuentemente con lo anterior, lo que se esperaría en cada caso, lo es que fundamentase la parte actora, porqué cada uno de esos incumplimientos no ocurrió en la realidad conforme la prueba, sea, describiendo las circunstancias a partir de las cuales se haya de afirmar que cada incumplimiento que le fue imputado no existió. No obstante ello, la misma dinámica argumentativa que se ha observado en la demanda, se constata se repite en esta ocasión, pues la demandante no dirige sus esfuerzos a cuestionar la existencia de cada incumplimiento. En su lugar insistiremos de nuevo, lo que realiza guarda identidad con un esfuerzo por explicar de modo vago, impreciso y desordenado, en función de qué consideraciones es que incumplimientos que ni niega ocurrieron, no le deberán de ser imputables, lo que ha generado a lo largo del análisis del caso concreto, enorme dificultad y confusión. Véase, que si de la nulidad pretendida del acto que impugna se trata, la sociedad actor no niega que se haya dado incumplimiento a lo dispuesto en el cartel, punto 8, denominado duración de los trabajos de la tercera parte; como tampoco que se hayan inobservado los plazos de entrega de las obras que cuya ejecución sí se ordenó. No rechaza que se haya afirmado en los términos de lo resuelto por el Consejo Técnico de Aviación Civil, que existan obras no concluidas por el Consorcio para la data en que debieron serlo; como ni rechaza que habiéndosele requerido información sobre el cronograma, no la haya aportado cuando se le solicitó, o que en su caso, habiéndola aportada, no hubiese sido aprobada por la Administración por insuficiencia de la información requerida. Para concluir, en igual sentido no rechaza. El acto administrativo para terminar, es claro en que, en lo medular, los incumplimientos en cuestión, no se produjeron con ocasión de la ejecución del contrato, en lo que comprendió obras que no se ordenó realizar con causa en que existieron terrenos en donde deberían ser emplazadas pendientes de expropiación. Como efecto de lo anterior, resulta evidente que media una importante incongruencia con lo que adelantó la parte actora en su demanda, lo sería demostrar la inexistencia de sus incumplimientos, con la fundamentación de su acción. Por otra parte, si la empresa actora no niega, ni argumentativa y procuró probatoriamente demostrar que estos incumplimientos no existieron, en ese tanto el acto administrativo en lo que al elemento motivo, se habría de mantener incólume. Con todo, prevaleciendo este "divorcio" o desvinculación entre el fundamento de la demanda y los incumplimientos al contrato que concluyó al Consejo Técnico de Aviación Civil, siéndole imputados al Consorcio motivaron resolver la relación jurídica contractual, ateniéndonos a lo que en esta oportunidad se expresó en la demanda, refiere a la obra no ejecutada por virtud de que existieron expropiaciones pendientes, que por estarlo -agregamos- no permitieron tener a disposición terrenos en los que parte del objeto del contrato debió en su momento ser ejecutado. En este sentido, no existe problema en admitir, porque de lo que sigue obra prueba en el expediente administrativo, que desde el inicio de la fase de ejecución contractual, sólo en parte se ordenó por la Administración la realización de los trabajos. Así, conforme la primera orden de inicio identificada con el N° 1, de fecha 27 de noviembre del 2017, se estableció para el inicio de la ejecución de la obra, el día 04 de diciembre del 2017, únicamente en lo que correspondió a los ítems del 1001 al 1010, 4001 y 4002, que guardaron identidad con la identificación de las obras a ser ejecutadas en la pista de aterrizaje, para lo que no se requería aún de los terrenos a esa data no disponibles con causa en que se encontraba pendiente su expropiación, esto sin readecuación del plazo. (Folios del 1541 al 1544, del Tomo IV del expediente administrativo, en asocio con la declaración evacuada en juicio de quien se identificó como el señor Allen Vargas Rodríguez). De la declaración evacuada en juicio por parte del señor Allen Vargas Rodríguez, quedó claro este punto, sin perjuicio de lo expresamente indicado en la primera orden de inicio. Sea, que para la ejecución de estas específicas obras iniciales a ser realizadas sólo en la pista de aterrizaje, no se requería la realización de labores en las áreas de terreno correspondientes a los inmuebles no expropiados aún, lo que afirmamos no sólo a partir del contenido de la orden de servicio N° 1 insistimos, sino y además en lo que expresamente esto se señaló bajo la fe del juramento por parte de este deponente. El señor Allen Vargas Rodríguez de modo claro y seguro, indicó en su deposición que en los terrenos que no estaban expropiados desde el inicio, lo que se iba a construir era la terminal, la plataforma para aeronaves, unos "conectores" para el paso entre la plataforma y la pista, y todas las zonas que correspondían a la terminal, como parqueo y los accesos a éste, todas obras que no se ejecutaron por el consorcio. Este mismo testigo en respuesta a preguntas formuladas por el Tribunal, precisó que ninguna circunstancia que mediara en la ejecución de lo que sí se trabajó en la pista de aterrizaje (orden de inicio N°1, agreda este Tribunal) fue impedida por no contarse con las expropiaciones, así como que, lo que sí pudo generar lo fue la necesidad de ampliación de plazos en lo que correspondiese. La teoría del caso planteada por la actora muestra total ajenidad con un asunto vinculado a la no ampliación de plazos. Pues bien, ha de concluirse categóricamente que para la ejecución de las obras relacionadas en el hecho probado anterior a ser realizada en la pista de aterrizaje, no se requería la realización de labores en las áreas de terreno correspondientes a los inmuebles a expropiar. Esta circunstancia es obviada por completo por la parte actora al fundamentar su demanda y nuevamente, destacamos que los incumplimientos que le fueron imputados al consorcio y motivaron la resolución del contrato, no se encontraron en lo medular residenciados a incumplimientos en lo no ejecutado como efecto de la falta de disposición de terrenos no expropiados. Luego, ya porque así lo haya expresado quien demanda o porque así consta en el expediente administrativo, aceptando que se trató de una suspensión parcial de la ejecución del contrato, la actora califica el no haberse ejecutado el mismo en lo que interesa, como un incumplimiento contractual imputable a la Administración. Esta alegación firmamos, es inconducente frente al motivo del acto cuya nulidad se pretende una y otra vez habrá de afirmare. Continuando ya como efecto de lo no construido como efecto de la falta de disposición de terrenos, ya como efecto de lo que sin ninguna precisión o claridad, la representación de la parte actora describió como "otras afectaciones derivadas de discordancias entre la realidad y los diseños originales con base en los que se proyectó la oferta y recibimos orden de inicio", es que podríamos entender casi a nivel especulativo, que la actora aspira a acreditar que si mediaron atrasos, son imputables a la Administración. Es inútil lo alegado como derivación de la falta de rigor en técnica jurídica procesal con que se fundamentó lo propio, sin ningún nivel de especificación (hechos) que la empresa actora haya correlacionado con sus afirmaciones, y/o, porque no explica cómo aún y de admitirse éstas, afecta el motivo del acto. Además, asoció como efecto de estos dos incumplimientos que dice, habrían de serle imputados a la Administración, la producción como efecto de los mismos, de un "rompimiento de la ecuación financiera del contrato", desequilibrio en torno al que se limitó a indicar que se encontró constituido por los costos -sobrecostos ha de entenderse- que debió asumir el Consorcio durante la ejecución contractual y durante el tiempo en que existieron obras que no se pudieron ejecutar con causa en las expropiaciones pendientes (costos en maquinaria, salarios, cargas sociales, viáticos, cargas financieras), a lo que agregó siempre de modo vago, que para el momento en que ya debían de haberse terminado las obras, no se había facturado ni siquiera el diez por ciento del total del contrato. Así es que pretendió la parte actora fundamentar un hecho que consecuentemente, este Tribunal habría de considerar y tener por demostrado en la presente causa, sin éxito. Nos explicamos diciendo que se fundamentó así la acción sin éxito, dejando de lado nuevamente que ninguna vinculación con el motivo del acto desarrolló en fundamento de la demanda la parte actora, primero, porque frente al evento descrito como un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato asociado a sobrecostos sobrevenidos que bien podrían tener su causa en atrasos o suspensiones en la ejecución de un contrato administrativo, como paliativo el contratista ostenta derecho para reclamar administrativamente el ajuste en los precios que reconozca dichos costos adicionales sobrevinientes (cosa absolutamente ajena a la teoría del caso que nos ocupa) y segundo, porque no es objeto del presente proceso e igualmente resulta ser ajeno a la teoría del caso, que se condene a la Administración al pago de importes que correspondan al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, siquiera, sobre la base de que ilegítimamente un reclamo formulado en esta dirección por el Consorcio a la Administración, hubiere sido ilegítimamente o ilegalmente rechazado. Lo alegado por la actora causa confusión, porque además, alegar que se produjo un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato no supone un reproche fundado en incumplimiento contractual imputable a la Administración, como sí y en su lugar, al reconocimiento del precio ajustado a la realidad de las circunstancias frente al disfrute por parte de la Administración del objeto contratado, sea, la procura de la que la Administración no se beneficie de la labor ejecutada por el contratista ilegítimamente desde el punto de vista patrimonial, pagando menos de lo que corresponde en derecho por el trabajo ejecutado, dicho esto en términos muy simples. Para terminar, sin la empresa actora a través de su representación, no pretende nada relacionado con su derecho al equilibrio financiero del contrato por la vía del reajuste de precios que reconozca los sobrecostos a los que refiere y no precisa en términos de modo, tiempo y lugar, ni puntualiza prueba ni la propuso, dirigida a demostrar la existencia y sus causas de un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato, no estando este Tribunal mandado a especular o elucubrar al respecto, lo que se impone es tener por no demostrado que la empresa actora (el consorcio) haya sufrido un desequilibrio o "rompimiento" de la ecuación financiera del contrato como causa de alguna conducta administrativa que haya sido desplegada u omitida por la Administración. En el plano procesal no viene impuesto a la Autoridad Judicial especular sobre la prueba no aportada, y/o admitida en dirección a demostrar un desequilibrio en la ecuación financiera, menos a suponer cómo de admitirse que este desequilibrio o "rompimiento" de la ecuación financiera podría ahora sí, romper la base de imputación de los específicos incumplimientos que en lo que nos ocupa, consideró el Consejo Técnico de Aviación además de demostrados, imputables valga redundar al respecto, al Consorcio. Una vez examinados estos reclamos, estima y considera esta Cámara que los mismos no se encuentran ajustados a derecho ni fundamentados y como tales, debiendo ser desestimados con su rechazo para reclamar lo pretendido. La parte actora no ha sido clara en sus consideraciones al no especificar nada al respecto con un mínimo de rigor, sobre los motivos y las razones que habrían de sustentar la ilegalidad de lo actuado, dejando a una suerte de especulación todo aquello respecto de lo que debió fundamentar adecuadamente su acción, lo cual no solo es incorrecto procesalmente hablando, sino que además resulta improcedente en la medida que, propone que de manera oficiosa el Tribunal realice una determinación en contradicción con el equilibrio procesal que ha de procurar, medie entre las partes vinculadas en relación jurídica procesal. La parte actora no ha sido clara, precisa y determinante en especificar sobre la existencia de un vicio en el motivo del acto dictado, singular e individualmente descrito -conducta positiva o negativa- que genere vicio sustancial alguno. Esa omisión, implica indefectiblemente no solo la improcendencia formal de lo gestionado, sino concomitantemente, la inutilidad de los motivos de reproches, sólo dirigidos a evidenciar meras diconformidades argumentativas, genéricas y laxas, sin una exposición debida en lo fáctico y jurídico necesaria para que se le dé sustento a su dicho. Al no justificarse en estos términos tan siquiera la razón de la ilegalidad, incidencia, efecto y perjuicio, en el marco del caso concreto singular, estos argumentos resultan estólidos. En la vía contencioso administrativa, las demandas deben cumplir rigores mínimos, básicos y necesarios para impugnar la actividad formal de la Administración, es decir, "mutatis mutandi", se debe indicar y desarrollar ya sea el error o la omisión que contiene la conducta impugnada y luego establecer en qué grado o medida esos aparentes vicios afectan a los elementos formales (forma de expresión, motivación y procedimiento) o materiales de la misma (competencia, investidura, legitimación, voluntad, motivo, contenido y fin), de conformidad con las reglas de la teoría y régimen jurídico de validez o invalidez del acto administrativo, suficientemente desarrollada conforme la Ley (bloque de legalidad), la jurisprudencia y la doctrina, de ser necesario. Este rigor formal y deber en quien demanda es básico y necesario para que el Juez pueda entrar a revisar la conducta formal cuestionada desde el punto el vista sustantivo a la vista de lo reprochado, como límite del control de legalidad so pena de riesgo de incursionar en incongruencia al ser dictada la sentencia, pero sobre todo, por riesgo de incursionar en actuaciones constitutivas de desequilibrio procesal, si se toma en cuenta que la revisión de la legalidad de la actividad administrativa no es oficiosa y se encuentra supeditada al ajercicio adecuado del derecho de acción conforme la Legislación Procesal, dado que, en esta jurisdicción rige con toda plenitud el principio dispositivo que debe ser respetado y constituye límite de acción de los Jueces, siendo resorte de quien demanda el desvirtuar la presunción de validez de la conducta formal de la administración cuya nulidad persigue. Es así que le corresponde a la parte promovente explicar técnicamente, en la pieza de la demanda, cuáles son los motivos de ilegalidad que padece la conducta que cuestiona y en consecuencia con ello, hacer su debida demostración, no siendo deber de los Jueces especular cuál es el razonamiento del litigante, ni mucho menos forzar en la sentencia en ese intento, so pena de incurrir en arbitrariedades o excesos no permitidos por el ordenamiento jurídico. Dicho toro lo anterior, aún y conforme lo alegado en el tanto que nos ocupa por la representación de la parte actora, no se evidencia vicio sustancial alguno en lo resuelto por el Consejo Técnico de Aviación Civil.-

10.11.- Sobre el punto segundo aparte 10.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Maquinaria a utilizar en el proyecto". La representación de la aprte actora formuló el siguiente cuestionamiento: "10.- Maquinaria a utilizar en el proyecto. Para no abundar innecesariamente, se reitera lo manifestado en la audiencia oral del procedimiento, en el entendido que nuestros alegatos fueron desechados sin la motivación que exige la Ley General de la Administración Pública. Además, agregamos sólo en gracia de discusión, de existir, no estaríamos ante un incumplimiento de naturaleza tal como para motivar la resolución contractual. Lo que ocurrió es que la Administración pretendía una máquina distinta de la que se tenía en sitio, pero siempre hubo maquinaria". (el resaltado no es del original). Por su parte, en la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se razonó lo siguiente respecto de la maquinaria a utilizar en el proyecto: "10. Maquinaria a utilizar en el proyecto. En el apartado 12.1 de la primera parte del cartel de licitación, denominado "EQUIPO", se indicó textualmente lo siguiente: "La siguiente lista es un requisito mínimo de cumplimiento obligatorio para equipos amarillos inscritos: 2 (dos) Motoniveladoras (semejante CAT 120 H o superior; 2 (dos) Retroexcavadoras (semejante CAT 420 o superior; 2 (dos) compactadoras de rodillo, propulsado por llanta (peso de operación, 10ton o superior; 1 Tanque de agua móvil (mínimo 10mil litros, cisterna o similar; 5 (cinco) vagonetas (potencia, 255 HP o superior, deben presentar tarjeta de pesos y dimensiones; Todos los equipos deben contar con la respectiva revisión técnica vehicular y su marchamo al día. El oferente debe contemplar que estos equipos deben estar dentro de la vida útil de 10 años para el caso de los acarreos u equipo que trabajará fuera del aeródromo, pueden estar fuera de la vida útil siempre y cuando estén en buenas condiciones". De acuerdo con el oficio número NOT-501-18-0061 del 2 de julio del 2018, remitido por el Consorcio La Managua, se observó que presentaba el reporte de maquinaria, equipo y operadores, según lo solicitado en el cartel. No obstante, de acuerdo al estudio efectuado, se determinó que algunos de esos equipos de acarreo contaban con una antigüedad mayor a la solicitada en el cartel, por cuanto los equipos presentados se ubicaban en el rango entre 1987-1996; adicional a ello, se observó que el equipo amarillo no contaba con la antigüedad solicitada, a saber: tractor. TR04, compactador CO-21, y volquete VO-07. Por otro lado, la cantidad de unidades solicitadas en el cartel no correspondía a la cantidad indicada en dicho documento. En los listados de maquinaria presentados tanto en la oferta como en la respuesta a la aclaración solicitada por la Administración según oficio número NOT-501-18-0061 del 2 de julio del 2018, se incluyó maquinaria que no indicaba el propietario y la incluida en oferta poseía varios propietarios, por lo que la Administración interpretó que eran subcontratos que no están siendo mencionados ni en la oferta presentada ni en las aclaraciones solicitadas por la administración. Al respecto, el licenciado Fonseca Pión, indicó en la audiencia que: "... rechaza que hay incumplimiento alguno a la maquinaria destinada al proyecto, puesto que según consta en el expediente y por eso es que en esta audiencia no nos hemos apersonado con prueba de la licitación, invocamos la Ley 8220 de modo que se tenga por incorporada la totalidad del expediente de la licitación, como consta, la administración entendió que el consorcio estaba incumpliendo con la maquinaria, no se había puesto a disposición del proyecto me perdonan la expresión coloquial un back hoe o dos back hoe o la cantidad de back hoe que fuera necesaria y lo que ocurrió es que el consorcio más bien puso a disposición del proyecto una maquinaria superior que es una excavadora, de modo tal que este otro tema también se rechaza por completo, más bien, sin que eso implicase un cobro adicional para la administración, se puso a disposición maquinaria que incluso supera en cuanto a capacidad y en cuanto a rendimiento de operación a los vehículos especiales echados de menos en su oportunidad por la Dirección General de Aviación Civil. Dado lo anterior, se demuestra que el equipo que aportó el Consorcio La Managua para el desarrollo de las obras no es el solicitado en el cartel de licitación, por lo que es incorrecto técnicamente hablando suponer que una excavadora suple o es equivalente a "uno o dos back hoes" incluso sin importar si la maquinaria suministrada superaba la capacidad y rendimiento, no tiene la misma funcionalidad, por lo que se incumplió con lo señalado en el cartel". En síntesis, sobre la base lógico racional expresada en el acto administrativo en cuestión, lo dispuesto en el cartel en asocio con la prueba y oficios destacados por el Consejo Técnico de Aviación Civil, éste determinó como un incumplimiento imputable a la empresa actora el que el equipo que aportó el Consorcio La Managua para el desarrollo de las obras no fue el solicitado en el cartel de licitación. Ergo, siendo ese el motivo en este tanto, de lo resuelto por la Autoridad Administrativa, demostrar la inexistencia de este incumplimiento supondría demostrar lo contrario, también a partir de prueba específica que permita arribar a dicha conclusión. No obstante, el esfuerzo meramente argumentativo desplegado por quien demanda no se encontró orientado a esa dirección, limitándose a afirmar que si bien en lo fáctico, el hecho que condujo a tener por acreditado en sede administrativa su incumplimiento en efecto ocurrió, no habría de motivar la resolución contractual exclusivamente porque la administración "... pretendía una máquina distinta de la que se tenía en sitio, pero siempre hubo maquinaria". La estrategia de litigio sigue siendo la misma que se evidencia a lo largo del análisis anterior sobre múltiples reproches formulados por la representación de la parte actora sin ningún éxito. No se esfuerza incongruentemente con lo que afirmó habría de demostrar, en desacreditar la existencia del incumplimiento en que incurrió el Consorcio en criterio del Consejo Técnico de Aviación Civil. En su lugar, acude inútilmente a la gravedad del incumplimiento, siempre de modo absolutamente vago, impreciso y no circunstanciado. No ha de desarrollar este Tribunal lo que argumentativamente fue obligación procesal de quien demanda desarrollar a nivel procesal en cuanto a la gravedad de un incumplimiento cuya existencia no cuestiona, por lo que de entrada, especular sobre porqué o sobre la base de qué pese a la indisciplina y rigor mostrada por el Consorcio frente a las reglas que asumió como obligación observar y respetar comprendidas en el cartel de licitación, haber mantenido en el sitio maquinaria distinta a la exigida (independientemente de las razones técnicas que privaron al efecto) con la que se contó se cumplía a satisfacción con los requerimientos técnicos cartelarios. Siquiera acusa haber solicitado a la Administración la sustitución de la maquinaria exigida en el cartel por otra, o que en su caso, habiendo sido ello así, que ilegítimamente tal solicitud de sustitución le hubiere sido ilegítimamente rechazada. El incumplimiento frontal entonces con lo dispuesto en el cartel en este tanto es indiscutible, como también lo es que la maquinaria con que el Consorcio pretendió dar ejecución en lo que así lo fue, al contrato, no guardó identidad conforme lo analizado en el acto administrativo impugnado, con el reglamento de la contratación, sin que se haya colocado a esta Cámara por parte de la empresa actora, en situación de poder ponderar qué gravedad pudo haber o no tenido este incumplimiento, por lo que lo alegado no ha de conducir a la nulidad de lo actuado, tampoco en esta ocasión.-

10.13.- Sobre el punto segundo aparte 11.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Autocontrol de calidad". Indicó la parte actora que: "11.- Autocontrol de calidad. Reiteramos una vez más lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. Por ello, en la audiencia oral del procedimiento resultaba innecesario añadir nada sobre el particular. Con todo respeto, se debe insistir en que el CETAC parece haber simplemente evadido la grave realidad de que estábamos ante un proyecto sin viabilidad ambiental, suspendido además por retrasos en las expropiaciones. El incumplimiento que realmente incidió en que se frustrara el proyecto, entonces, siempre fue de la Administración y nunca nuestro". (El resaltado no es del original). Por su parte, en la resolución dictada por el Consejo Técnico de Aviación Civil identificada con el N° 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, se razonó lo siguiente respecto de Aatocontrol de calidad, lo que sigue: "11. Autocontrol de calidad de trabajos. En el punto 14 del cartel de licitación, denominado "ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD", se indicó textualmente lo siguiente. "14 ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD. El oferente debe considerar dentro de su estructura de costos, el autocontrol de calidad, el cual debe estar a cargo de un laboratorio de materiales propuesto por el contratista. Debe presentar la respectiva acreditación de los ensayos ante el ECA, los ensayos deben reflejarse dentro del programa de trabajo general. (...). El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos en conjunto con la verificación de la Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de calidad de la administración del contrato deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes, los cuales se anotarán en la bitácora de muestreo, como se indica en la siguiente sección "Constancia de calidad" de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el Contratista dará por aceptados los resultados que emita el laboratorio de control de calidad de la administración del contrato. Dicho (sic) resultados no serán sujetos a reclamos posteriores. Dentro de la oferta el Consorcio La Managua se indicó que el laboratorio para autocontrol sería la empresa OMJ Consultores de Calidad y Laboratorios S. A., posteriormente realizan un cambio de laboratorio a ITP, según nota de fecha 18 de diciembre del 2017. Para la administración es de suma importancia contar con las "Verificaciones de Calidad", al igual que es de suma importancia que el Contratista cuente con su "Autocontrol de Calidad", lo anterior por cuanto permite verificar que los materiales que están siendo incorporados al proyecto están cumpliendo con con las condiciones técnicas estipuladas en el Contrato, lo anterior se evidencia por medio de la aplicación de pruebas de laboratorio en el sitio y de conformidad con los avances que se tengan en las obras. Se realizó una reunión con el Contratista con fecha 27 de febrero del 2018 y se le solicitó al Consorcio La Managua la presencia de autocontrol en la obra para los debidos chequeos, por cuanto no se mostraba presencia en el sitio de un laboratorio de autocontrol de calidad, debidamente certificado por ECA (regente de los laboratorios de materiales). De acuerdo a lo indicado en la bitácora número 29 del 01 de junio del 2018, el ingeniero Héctor Silva Mahecha, Residente del Contratista, indicó lo siguiente". (Se adjunta cuadro). "(Folio 03901 ELP). Se evidencia en la bitácora la presencia en el sitio del Laboratorio de Euroconcretos, los cuales no se encuentran certificados por ECA y que no era el laboratorio que contratista reportó para sus autocontroles, la cual era ITP. Por lo que el Consorcio La Managua no estaba cumpliendo con las condiciones carcelarias. No se indicó en Bitácora que se realizaron en forma conjunta con el laboratorio de verificación de calidad de la Administración. Se notó la ausencia en el proyecto de muestreo de materiales de autocontrol de calidad planteado en oferta (ITP), así como la falta de topografía, tanto para el avance de los trabajos como para la definición de los montos a presentar en los avances de obra por parte del Consorcio La Managua. Por lo anterior, las cantidades de obras reportados (sic) en las estimaciones de avance de Fracturaciones realizadas no corresponde a la realidad. Al respecto, en la audiencia no se hizo mención a este punto, por lo que se confirma el incumplimiento por parte del Consorcio La Managua.

Bitácora de Muestreo. En el cartel se estipula en el apartado 14 de la primera parte, denominado "ENSAYOS DE MATERIALES Y AUTOCONTROL DE CALIDAD", que: El laboratorio de autocontrol de calidad debe realizar las pruebas o muestreos en conjunto con la verificación de la de Calidad de la Administración del contrato. Por lo que el laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de Calidad de la Administración del contrato deben estar permanentemente en el proyecto y coordinar entre ambos laboratorios para realizar los muestreos o verificaciones correspondientes. Los cuales se anotarán en la bitácora de muestreo, como se indica en la siguiente sección "Constancia de calidad" de este cartel. La coordinación debe realizarse con al menos 48 horas previas a las pruebas de calidad; en el caso de haber convenido la toma de la muestra y el laboratorio de autocontrol no se presentare, el contratista dará por aceptado los resultados que emita el laboratorio del control de calidad de la administración del contrato. Dichos resultados no serán sujetos a reclamos posteriores. En ese control de "Constancia de Calidad", no se evidenció la presencia paralela tanto de laboratorio por parte del contratista, como también el laboratorio por parte de la Administración a la hora de ejecutar las pruebas de calidad. No se observó dicha bitácora de muestreo, donde se indicará que se realizó el muestreo en conjunto con el laboratorio de verificación de calidad. De acuerdo con lo indicado en bitácora, los muestreos realizados por el Consorcio La Managua se habían realizado con técnicos de Autoeuroconcreto (laboratorio no certificado por ECA) e indicado en el organigrama del proyecto en bitácora 033, se indicó que el contratista había realizado autocontrol de calidad en planta de Euroconcretos, lo que se consideró un posible incumplimiento de las condiciones carcelarias y contractuales. En la audiencia celebrada el 16 de enero del 2019, contratista no presentó prueba o constancia de que se llevara el documento de bitácora de muestreo, el cual por iniciativa del contratista y como parte de las cláusulas carcelarias, debía ser presentada a la administración una vez finalizado el proyecto, siendo esto un incumplimiento contractual". (El resaltado y subrayado no es del original). Se reitera, que las alegaciones formuladas por la representación de la parte actora resultan ser incongruentes con lo que afirmó inicialmente, habrían de encontrarse dirigidas a demostrar la inexistencia del incumplimiento, por lo que entendidas conforme el texto de la demanda en lo que nos ocupa a este aspecto particular, el incumplimiento en lo que tuvo que ver con el control de calidad, contrario a su dicho "inicial", sí existió, sin necesidad de que esta Cámara haya de entrar a analizar si el Consejo Técnico de Aviación Civil analizó y valoró adecuadamente la prueba a que refiere hizo mano a estos efectos, porque simplemente ello no es objeto de debate. Se limitó inútilmente, otra vez la parte actora a insistir, en que -según lo entenderemos con dificultad- el incumplimiento (cuya existencia no cuestiona) no le debió ser imputable exclusivamente, porque para la ejecución de las obras la Administración no contó con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que se encuentra totalmente desvinculado con un vicio en el motivo del acto, constituido en lo fáctico por el hecho de que en lo que nos ocupa en criterio del Consejo Técnico de Aviación Civil, el Consorcio no ajustó su conducta a un aspecto que se calificó de importante, relacionado con el control de calidad. Baste con remitir como lo hemos hecho recurrente al análisis efectuado en los términos de la presente sentencia, conforme el cual ya se ha concluido que lo resuelto en su momento por el Tribunal Ambiental Administrativo en su resolución N° 158-22-TAA de las 10:50 hrs. del 04 de febrero del 2022 no tuvo incidencia alguna en la validez y/o eficacia de cláusula o disposición del cartel de licitación alguna en lo que previó que la viabilidad ambiental se encontró constituida por el aval otorgado por la Municipalidad de Quepos, como tampoco en el acto municipal identificado como el aval ambiental al proyecto, otorgado por dicho Municipio según el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de fecha 26 de abril del 2016. En consecuencia, no lleva sustento este reproche para acreditar vicio alguno en lo actuado que imponga declarar su nulidad, y así se declara lo propio, lo que aplica -y esto lo agregamos por economía procesal, igualmente al reproche formulado por la parte actora relacionado con el punto segundo aparte 12.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Bitácora de muestreo", para lo que se alegó lo mismo de modo igualmente inocuo, a saber "12.- Bitácora de muestreo. Reiteramos una vez más lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. Por ello, en la audiencia oral del procedimiento resultaba innecesario añadir nada sobre el particular. Con todo respeto, se debe insistir en que el CETAC parece haber simplemente evadido la grave realidad de que estábamos ante un proyecto sin viabilidad ambiental, y que nuestra empresa lo advirtió por escrito en su oportunidad" (el destacado no es del original); y aplica del mismo modo a lo alegado sin que haya de reportar utilidad alguna a quien acciona, conforme su demanda punto segundo aparte 13.- del apartado de la demanda identificado como Derecho, "Colocación de material bajo la lluvia", en el que se expresó que: "13.- Colocación de material bajo lluvia. Reiteramos una vez más lo que venimos de manifestar, en el sentido que el proyecto debió haber sido suspendido desde que advertimos, por escrito, la ausencia de viabilidad ambiental. Por ello, en la audiencia oral del procedimiento resultaba innecesario añadir nada sobre el particular. Con todo respeto, se debe insistir en que el CETAC parece haber simplemente evadido la grave realidad de que estábamos ante un proyecto sin viabilidad ambiental, y que nuestra empresa lo advirtió por escrito en su oportunidad. De todas maneras, luego de que entramos en una discusión sobre este tema, la Administración siempre advirtió que no aceptaría obras debido a la supuesta ausencia de Director Técnico, incurriendo en una clara contradicción pues supuestamente sólo estábamos ante obras “menores” (justificación que tuvo que buscar la Administración ante su incumplimiento de obtener la viabilidad ambiental)". (El resaltado no es del original). En función de todo lo anteriormente indicado y analizado conforme el presente resultando VII, en lo que la demanda fue incoada por la compañía denominada Grupo Orosi Sociedad Anónima en contra del Consejo Técnico de Aviación Civil y el Estado, no habiendo acreditado la existencia de vicio alguno en lo resuelto por el Consejo Técnico de Aviación Civil conforme sus resoluciones identificadas como las N° 28-2019 y N° 73-19, así como por carecer de fundamentación la demanda y ante la ausencia de prueba que permita afirmar lo contrario, no demostró que la Administración activa haya incurrido en incumplimiento alguno a las obligaciones que le correspondieron conforme las reglas y normativa aplicables a la contratación de interés, que haya tenido incidencia por otro lado, en la motivación y/o motivo de los actos impugnados, se impone declarar la demanda sin lugar en lo que corresponde a la pretensión de corte anulatorio identificada con el N° I (N°1).-

Sobre el resto de los extremos petitorios. Conforme las pretensiones identificadas con la numeración II y III (2 y 3) la representación de la parte actora en su nombre erigió los siguientes requerimientos, a ser concedidos en sentencia, que pasamos a transcribir en lo conducente: "II. Que la única parte que incumplió gravemente con el contrato para el "mejoramiento del aeródromo de Quepos La Managua" fue la Administración, debido a sus retrasos en expropiaciones y demás aspectos que incidieron negativamente en el cronograma de las obras; así como por no haber obtenido nunca viabilidad ambiental para el proyecto.

Que la empresa actora debe ser indemnizada por los siguientes extremos: (...)". (El resaltado no es del original). Con respecto a la pretensión identificada como la III, ha de indicarse que conforme lo expresado por la propia representación de la parte actora en el escrito de demanda, entendiéndose esta pretensión como una dirigida a la condena al pago de daños y/o perjuicios a las partes demandadas de lo que haya identificado como importes correspondientes a esos dos conceptos, cual se advirtió lo propio por este cuerpo de Juzgadores según el considerando IV de la presente sentencia, acorde con el texto de la demanda y nuevamente reiteramos, lo determinado por el Juez Tramitador en concurso con la intervención de las parte actora durante la celebración de la audiencia preliminar, se pretende un extremo de condena (se enmarca dentro del restablecimiento de su situación jurídica) el extremo petitorio identificado con el N° III, que aclaramos porque en el apartado del texto la demanda no se precisa lo propio, ha de correlacionarse con el apartado de la demanda identificado como "DERECHO. TERCERO", en el que la representación de la empresa aquí actora, vinculó esta pretensión exclusivamente en nexo causal, con la pretensión dirigida a que se declare que la Administración Activa incurrió en incumplimiento contractual (pretensión N° II). Consecuentemente, la pretensión identificada como la III, guarda una relación de accesoriedad exclusivamente con la pretensión identificada como la II, de modo que habrá de correr su misma suerte, resultando necesario hacer pronunciamiento por el fondo, sólo en el caso de que la pretensión N° II sea declarada con lugar. Dicho esto, debe resaltarse o evidenciarse que en todo el escrito de demanda no existe un apartado dedicado a argumentar de modo autónomo, sobre la base de imputación de aquellos incumplimientos en los que dice quien accionó, incurrió la Administración Activa, desarrollando el tema yu refiriendo a la prueba sobre la que erige tal censura, más allá de mencionar exclusivamente que habrían estos incumplimientos de encontrarse comprendidos por los: a) derivados del trámite de expropiaciones; b) "otros incumplimientos", ninguno de los cuales se precisan, argumentan ni se invoca prueba al respecto, y c) porque la Administración incumplió con su obligación contractual de contar cuando ello devino en exigible a los efectos de la contratación, con la "viabilidad ambiental para el proyecto". No debiéndose obviar entonces, reiteramos, que en la demanda no se hizo comprender un apartado dedicado a fundamentar este extremo, con claridad habiendo abordado ya esta Cámara análisis sobre la totalidad de los reproches formulados por quien demanda, en los que se encontró entremezclado de modo vago e impreciso lo relacionado con esas tres circunstancias sin éxito, deberá bastar con indicarse que lo así requerido sea concedido en sentencia se encuentra carente de fundamentación en la demanda, se insiste en que la Autoridad Judicial, so pena de viciar la sentencia por incongruencia y desequilibrio procesal, no ha de reconstruir elucubrando una teoría del caso que la representación de la empresa actora no revelo ni a sus contrapartes ni al Juez, por lo que de entrada y debiéndose atener la parte actora al análisis realizado según el cuerpo del presente fallo, lo así peticionado ha de rechazarse por improcedente. Siendo que la pretensión identificada entonces, como la N° II se ha declarado sin lugar, como efecto reflejo y debiendo correr la misma suerte la pretensión identificada como la N° III, por improcedente e infundada se declara igualmente sin lugar, sin necesidad de abundar en razones.-

Sobre el Voto identificado con el N° 000139-F-S1-1027 dictado al ser las 11:26 hrs. del 30 de enero del 2025, dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Siendo que, no obstante esta misma Cámara de Juzgadores dictó en el presente asunto la sentencia identificada con el N° 97-2022-IV de las 11:00 hrs. del 30 de septiembre del 2022, en los términos descritos en

del presente fallo, no está por demás referir al Voto identificado con el N° 000139-F-S1-1027 dictado al ser las 11:26 hrs. del 30 de enero del 2025, por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conforme el que se dispuso lo siguiente: "Se declara con lugar el recurso formulado. Se anula lo resuelto en el fallo impugnado, se remite el expediente al Tribunal de procedencia para que resuelva como en derecho corresponda". La supresión del fallo dictado por este Tribunal, fue fundamentado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia , así: "V.- Tocante a los cargos segundo y tercero, ambos referidos a la falta de motivación, destaca como punto medular el alegato de la recurrente en el sentido de que el Tribunal tuvo como parte del hecho probado 17), diversos incumplimientos contractuales, sin indicar las razones por las cuales los tuvo por demostrados, más allá del informe final del procedimiento emitido por el órgano director. Observa esta Cámara, dicho informe, (documento sin fecha), recomendó resolver unilateralmente el contrato con sustento en un incumplimiento contractual imputable al consorcio. Además, ordenó imponer a título de resarcimiento a la parte actora, la suma de ¢25.206.034,40, y aplicar al Consorcio una sanción de apercibimiento, conforme el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior al haber considerado el órgano director, la existencia de una serie de incumplimientos contractuales en los que, el Consorcio habría incurrido según criterio de dicho órgano. Ahora bien, el Tribunal como sustento de tales incumplimientos, citados en el hecho tenido por probado 17), refirió los folios 4214 al 4263 del Tomo X del expediente administrativo. A la hora de analizar dichos incumplimientos, (en el Considerando VII, acápite 9 del fallo), el Tribunal citó el oficio N° OFICIO-UTA-104-16 de 26 de abril de 2016, suscrito por quien dijo ser Gestor Ambiental de la Municipalidad de Quepos, en lo que toca a la viabilidad ambiental, indicando en lo que interesa, que el Cartel sí previó la necesidad de la viabilidad ambiental que habría de ser obtenida por la Administración Contratante, así como contar con la licencia constructiva, la que tampoco se obtuvo. De lo anterior afirmó, que en el plano jurídico la Administración contratante no cumplió con esta obligación contractual auto impuesta, y legal según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. De ese modo resaltó, la orden de inicio se produjo en infracción a la ley y sin que la Administración hubiere contado con habilitación legal para construir. Luego y pese no haber mediado habilitación legal para construir (por la ausencia de viabilidad ambiental y de licencia constructiva), se giró al Consorcio la primera orden de inicio identificada con el no. 1, por parte de la Administración activa, el 27 de noviembre de 2017, estableciéndose para el inicio de la ejecución, el 4 de diciembre de 2017, únicamente en lo que correspondió a los ítems del 1001 al 1010, 4001 y 4002. Aclaró, para dichas obras no se requería aún de los terrenos a expropiar, por corresponder exclusivamente a los trabajos a ser realizados sobre la pista de aterrizaje, esto debido a que no estaban aún disponibles. Lo anterior, agregó, sin readecuar el plazo, ya que, contrario a lo afirmado por la actora, la falta de disposición de tales terrenos a expropiar no atrasaba los trabajos en la pista de aterrizaje. (Folios del 1541 al 1544, del Tomo IV del expediente administrativo). Dijo, ello con sustento en la orden de servicio no. 1, en la que expresamente esto se señaló, y, además, conforme a las manifestaciones dadas en juicio bajo la fe del juramento por parte de señor Allen Vargas Rodríguez, quien así lo afirmó de modo claro y seguro. Indicó, según el testigo, en los terrenos que no estaban expropiados desde el inicio, lo que se iba a construir era la terminal, la plataforma para aeronaves, unos "conectores" para el paso entre la plataforma y la pista, y todas las zonas que correspondían a la terminal, como parqueo y los accesos a éste, obras que el consorcio no ejecutó. Alegó, este mismo testigo, en respuesta a preguntas formuladas por el Tribunal, precisó que la falta de expropiaciones no impidió la ejecución de lo que sí se trabajó en la pista de aterrizaje, que sí pudo generar la necesidad de ampliar plazos. Estimó relevante, que la actora afirmó, que habiendo asumido que la Administración contaba con la viabilidad ambiental, procedió a ejecutar la obra en lo correspondiente a partir de la emisión de la orden de inicio no. 1, por lo cual, en criterio de los jueces, concurrió en el quebranto a la disposición 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, junto con la Administración Contratante. (Folios 4334 al 4336 y 4266 al 4284, todos del Tomo IX del expediente administrativo). Agregó, para los jueces, no se demostró que la obra ejecutada fuera construida en observancia de las reglas científicas y técnicas adecuadas, y/o, que haya resultado de utilidad en función del objetivo perseguido por la Administración contratante. Dijo, esa afirmación se refuerza con la declaración rendida en juicio por el señor Roberto Sojo Quesada, quien fungió como inspector encargado de la verificación de la calidad de las obras. Manifestó, en respuesta a preguntas formuladas por la representación del CETAC, el testigo indicó que en efecto le correspondió fiscalizar lo relacionado a la base estabilizada, que era una parte muy importante del proyecto. Continuó, sobre este particular, las lluvias resultaron ser un inconveniente que no permitió ejecutar correctamente la obra y que cuando se iba a comenzar a colocar la losa de concreto, se dieron cuenta de que la altura de la base estabilizada no era la correcta, a pesar de que a nivel de laboratorio los resultados arrojaban como conclusión, que la obra se ejecutaba bien. Prosiguió el Tribunal, el testigo indicó que, sobre los resultados de laboratorio, se determinó que “la cura” no fue correcta, porque la base estabilizada evidenció visualmente un deterioro importante en su espesor, que debía ser recuperado por medio de la losa de concreto, que era el proceso posterior a la base estabilizada. Precisó, también dijo que se perdieron "ciertos finos" de la base estabilizada, que eran realmente importantes en esta etapa y que la "cura" probablemente no se había realizado de manera correcta. Agregó, sobre lo que identificó como la "cura", el testigo refirió que el camión de riego no llegaba la cantidad de veces correcta, y que se suponía que debía colocarse un sello asfáltico final que no existió. Dijo, también señaló el testigo, que sobre la base estabilizada se hizo una recomendación a la Administración y al Consorcio, en el sentido de que el proceso adecuado debía comprender la conexión del tanque de agua a "la recuperadora", -que es una máquina que mezcla el cemento con los agregados-, pero que pese a ello, se continuó ejecutando la labor con el tanque independiente, sea, que no estaba pegado a la recuperadora y eso no generó una mezcla homogénea entre el agua, el cemento y los agregados. Añadió, también dijo el testigo al Tribunal que la base estabilizada supone primero hacer una “subbase” con agregados como piedra, tierra, arena, se colocan en el sitio y esta base va a ser levantada después de compactada, se colocan los sacos de cemento y que esto debe ser curado por medio del agua, luego de lo cual, según el contrato, se debía colocar una emulsión asfáltica para cubrir esta base y mantenerla sana para la colocación de la losa de concreto. Mencionó, que, según la testifical, la estructura supone la base, luego la “subbase”, base estabilizada y luego la losa de concreto, y que los problemas que encontraron lo fueron en la base estabilizada, determinado esto a partir de un ejercicio visual sobre la obra, de lo que se concluyó que mediaron malas prácticas constructivas. Dijo, el testigo lo que se observa visualmente en la obra debe guardar correspondencia con los resultados de laboratorio, que en este caso ello no ocurrió, debido a muchas circunstancias como que la cura de la base estabilizada requiere la aplicación de la cantidad de agua adecuada, y que dependiendo de lo que se observe después, se pueden determinar visualmente resultados en el sitio, distintos a los resultados de estos análisis de laboratorio. Adicionó, que previo a la colocación de la losa de concreto, se hizo un "barrido" sobre la base estabilizada, y se pudieron observar deficiencias, donde se habían perdido agregados de la base estabilizada, espesor que se debía de recuperar luego en el desarrollo de la losa de concreto, lo que salía más caro. Indicó, para el testigo, este tipo de problemas podrían afectar la vida útil del proyecto, sin saberse a ciencia cierta qué tanto, pero que las prácticas no eran correctas. Comentó, que el señor Sojo Quesada agregó, consecuencia de las lluvias, los procesos no se dieron en el momento deseado, y como las obras se atrasaron bastante, se toparon con la época de lluvia en el proceso de la colocación de la losa de concreto, que es más delicada, y a pesar de haberse recomendado suspender las obras, el consorcio decidió continuar, descubriéndose falencias en este proceso. También se refirió al testigo, Allen Vargas Rodríguez, Ingeniero civil, funcionario del CETAC, a cargo de la ejecución del contrato, indicó que lo ejecutado llegó apenas a un avance que no fue aprovechable y que luego de que la empresa salió del proyecto, debieron ser ejecutadas otra vez. Esbozó, la afirmación hecha por el anterior testigo en el sentido de que la base estabilizada no se protegió de la lluvia y que ello generó su deterioro y agregó, que una vez que el consorcio dejó el contrato, la base estabilizada se deterioró pese a estar construida, por lo que el aeropuerto quedó inoperativo, en lastre, con muchos pines enterrados en la pista, por lo que tuvieron que hacer gestiones para habilitar el aeropuerto, lo que se logró en diciembre de 2018, en virtud de trabajos del MOPT. El Tribunal vinculó esa afirmación al "Convenio de Cooperación Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo Técnico de Aviación Civil para la atención del aeródromo Quepos - La Managua", formalizado entre el CETAC y el MOPT, el 28 de noviembre de 2018, porque la data de ese convenio resulta coincidente con el dicho del testigo. Adujo, que el testigo agregó, que los trabajos realizados luego para poder dejar operativo el aeropuerto, implicaron la conformación en las franjas de seguridad, que son los lados de la pista, mejoras a la superficie de la pista de aterrizaje para poder nivelarla, ya que estaba muy deformada y se estaban formando canalizaciones, que las franjas de seguridad estaban diseñadas para recibir la losa de concreto, y esta no se construyó, más allá de unas pequeñas partes y que habían diferencias de altura en relación a las franjas de seguridad, lo que debió nivelarse porque tenía mucha variabilidad. Sumó, que la pista entró en operación hasta el 2021, luego de que en virtud de otra contratación se construyera la pista nuevamente, demoliendo mucho de lo que fue la base estabilizada y estandarizando las variabilidades que presentaba la pista. Que la pista se utilizó por tres años sin base estabilizada, sino como superficie de ruedo cual superficie de lastre, sin que se pueda a firmar a partir de eso que estuviera en buen estado. Detalló, que la decisión de utilizar esa base estabilizada como estaba o la apertura de la pista, obedeció a la afectación que estaba teniendo esa zona por la no operación de la infraestructura. De lo anterior, concluyó el Tribunal, que en sede administrativa y jurisdiccional, se acreditó que las obras del Consorcio en la pista de aterrizaje, no observaron las reglas de la ciencia y técnica adecuadas, desde el punto de vista de la ingeniería civil, pues mostró un deterioro prematuro importante -lo que se extrae de las manifestaciones hechas por los testigos mencionados- y de modo consecuente con esto, la administración debió luego realizar trabajos adicionales para poner en operación el aeródromo. Aseveró, finalmente, la obra ejecutada por el consorcio debió ser demolida y nuevamente construida, por lo que sus construcciones no tuvieron utilidad objetiva en cumplimiento de las estipulaciones contractuales. Continuó el Tribunal, el 20 de diciembre de 2018 se había determinado por parte de la Unidad de Operaciones Aeronáuticas de la Dirección General de Aviación Civil, mediante inspección, que la pista tenía una superficie de las re compactado con material suelto, y que se había procedido a la corrección de las deficiencias que comprometían la seguridad operacional, así como que, con causa en ello se recomendaba la apertura de la pista. (Folio 4201 del Tomo X del expediente administrativo). Aseguró, lo anterior refuerza que no se aportó utilidad a la obra ejecutada. Afirmó, el informe final del procedimiento fue emitido por el órgano director del procedimiento, recomendando resolver unilateralmente el contrato en virtud de incumplimiento contractual imputable al consorcio; e imponer a título de resarcimiento por los daños y/o perjuicios ocasionados el pago de la suma de ¢25.206.034,40, así como una sanción de apercibimiento conforme el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa, esto al haberse considerado, existieron diversos incumplimientos contractuales por parte del Consorcio (reitera nuevamente los incumplimientos citados en el hecho 17 tenido por acreditado, citando para ello los folios 4214 al 4263 del Tomo X del expediente administrativo). Especificó, en los términos del acuerdo del CETAC adoptado en el artículo 5 de su sesión ordinaria 08-2019, del 30 de enero de 2019, se conoció el informe final mencionado y se dispuso, resolver el contrato por los incumplimientos imputables al contratista relacionados en dicho informe y resolución adjunta, así como proceder al cobro de la suma de ¢25.206.034,40 por concepto de daños y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento contractual, e imponer el apercibimiento a que refiere el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa. (Folios 4285 y 4286 del Tomo X del expediente administrativo). Así, precisó, el CETAC dictó la resolución no. 28-2019 de las 17:30 hrs. del 30 de enero del 2019, en la que se dispuso: "1. Acoger el informe final presentado por el Órgano Director del Procedimiento. /

De conformidad con los artículos 11 y 212 de la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento respectivamente, a) Resolver unilateralmente el contrato (...) por los incumplimientos imputables al contratista derivado de la licitación Pública (...) denominada "mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua". / b) Cobrar al "Consorcio La Managua" la suma de ¢25.206.034,40 por concepto de daños y perjuicios ocasionados a la Administración por los incumplimientos en el contrato. c) Aplicar la sanción de apercibimiento de conformidad con el artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa". (Folios del 4266 al 4284 del Tomo X del expediente administrativo). El Tribunal, finalmente, en lo que toca a la resolución contractual, consideró que con vista en los numerosos incumplimientos contractuales en que incurrió el consorcio, el acto impugnado ha de mantenerse incólume, por encontrarse tal decisión ajustada a derecho, así como en cuanto a la sanción impuesta. Dicho lo anterior, es claro, el Tribunal tuvo como hechos probados los incumplimientos mencionados en el informe final del órgano director. No obstante, aunque si analizó varias probanzas en el fallo como sustento de los hechos que tuvo como acreditados, no se observa examen alguno que puntualmente refiriera: a) si de manera intermitente se había presentado el no pago de las obligaciones obrero patronales para con la CCSS; b) que se incumpliera con la obligación cartelaria de mantener un director técnico inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos durante la ejecución del proyecto; c) que el consorcio incumpliera la obligación cartelaria referida de contar con un regente ambiental; d) que se hubiere incumplido con el cronograma; e) que se realizaran o no visitas del director técnico del proyecto, ni su frecuencia; f) si el ingeniero residente se encontraba o no en el proyecto de forma permanente; g) incumplimientos en las fechas en que se solicitó información sobre la mezcla de concreto, o que nunca se hubiera cumplido con dicho requerimiento; h) que el Consorcio no hubiera aportado los datos sobre los profesionales responsables de la ejecución de los trabajos en lo que corresponde a las obras electromecánicas; i) incumplimiento de cronogramas ofertados y atrasos generados por el consorcio, o se hubiera negado a aportar cronogramas actualizados; j) que la maquinaria usada en el proyecto incumpliera los requisitos de antigüedad y cantidad, o que fueran propiedad de terceros; k) que el Consorcio no contara con servicios de laboratorio a fin de establecer la calidad de los trabajos, o que no estuvieran certificados por el "ECA", ni la ausencia de muestreo de materiales, o la falta de topografía para el avance de los trabajos, y en lo medular, si existieron incumplimientos recíprocos, y si de ocurrir, estos fueron graves, por ejemplo, si la orden de inicio fue conforme a lo normado, si hubo o no retrasos de la Administración en el trámite de las expropiaciones y órdenes parciales de inicio y si de alguna manera ello pudo haber implicado un desequilibrio financiero para la empresa contratista, o si se generaron costos incrementales no reconocidos por la Administración. En consecuencia, estima este órgano decisor, al confirmar la existencia de tales incumplimientos contractuales, sin referir la prueba en que se sustentó para ello, el Tribunal si incurrió en las causales procesales apuntadas, por lo que los cargos deberán de acogerse". (El resaltado y subrayado no es del original). Iniciamos indicando primero, que producto de una nueva ponderación en particular, nuevamente proyectada sobre la teoría del caso planteada por la parte actora frente a la prueba que obra en el expediente administrativo, el asunto ha de ser fallado de modo diverso en parte, a aquella parte dispositiva del fallo que fue casado y en ese tanto, suprimido o anulado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en los términos del Voto cuya transcripción en parte y en lo que interesa, hechos incorporado a esta sentencia. Ha de destacarse que, conforme este nuevo análisis, como resultó evidente a partir del texto del escrito de demanda a partir del que, trabada la litis tanto el Consejo Técnico de Aviación Civil como el Estado ejercieron su derecho de defensa y lo que en este mismo orden de ideas, constituyó la base lógica racional argumentativa de la acción y el eje a partir de lo que se pretendió fuese concedido en sentencia en asocio con la prueba que por resultar necesaria, no solo debió ser admitida, sino y además, necesariamente ponderada para resolver adecuadamente por el fondo el presente asunto, hacer un pronunciamiento sobre aquellos aspectos identificados por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia identificados en este

V.-, de su Voto identificado con el N° 000139-F-S1-1027 dictado al ser las 11:26 hrs. del 30 de enero del 2025 como los que van del a) al k) y otros aspectos, resulta absolutamente innecesario de entrada, lo que afirmamos con respeto pero con total seguridad, porque como una y otra vez en reiteradas ocasiones en la presente sentencia se ha explicado lo propio, pese a que en efecto como parte del apartado de la demanda correspondiente a su fundamentación (dejando de lado el que corresponde a los hechos) la representación de la sociedad demandante dijo dirigir sus reproches a acreditar la inexistencia de los incumplimientos sobre la base de los cuales, el Consejo Técnico de Aviación Civil dispuso resolver el contrato, en la realidad y ateniéndonos como corresponde al texto de la demanda -insistimos- la parte actora no rechazó ni propuso en su génesis como objeto de discusión, determinar un vicio en el motivo del acto administrativo cuya nulidad pretendió sin éxito, a partir de que el Órgano Colegiado de interés, conforme una adecuada valoración de la prueba que obra en el expediente administrativo, haya incurrido un vicio en lo actuado que siendo sustancial, imponga declarar su nulidad porque tales incumplimientos no se hayan debido tener por demostrados. Esa no es o no corresponde a la teoría del caso planteada por la parte actora. En esta oportunidad y porque lo ha permitido la regulación procesal, hemos podido realizar un análisis más pausado del caso por el fondo, esta Cámara se ha concentrado en cada uno de los reproches formulados por quien accionó en contra del Estado y el Consejo Técnico de Aviación Civil, y en cada caso se analizó bajo qué circunstancias, todas ellas asociadas a lo que sí propuso la parte actora como censuras en lo actuado, no cuestiona haber incurrido en los incumplimientos que tuvo por demostrados la Administración activa. Sus esfuerzos argumentativos se dirigieron en otra orientación, que torna, reiteramos, estéril atender lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el Voto conforme el cual se suprimió jurídica y procesalmente el fallo anteriormente dictado por los suscritos juzgadores, lo que otra ves, afirmamos con respeto y explica porqué esos temas no han sido abordados en esta nueva oportunidad, lo que esperamos se comprenda con adecuación a los alegatos esbozados por la parte actora en su demanda.-

Corolario.  La representación de la parte actora en lo que se encontró identificada como la compañía denominada Grupo Orosi Sociedad Anónima no acreditó ostentar derecho para acceder a lo integralmente peticionado le fuera concedido en sentencia, por lo que se impone declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos.-

Excepciones. Las representación del CETAC, opuso a título de excepciones, las de falta de derecho, falta de legitimación activa en lo que demandó la empresa actora, y la de caducidad. La representación del Estado, las de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa en relación al codemandante Eladio Araya Mena, falta de legitimación pasiva. Sobre las excepciones interpuestas por la representación del CETAC, la excepción de caducidad y la de falta de legitimación activa en lo que demandó la empresa actora fueron rechazadas en los términos del análisis realizado en los términos de la presente sentencia. De oficio se declaró que medió falta de legitimación en la causa activa en relación al codemandante Eladio Araya Mena. Sobre las excepciones interpuestas por la representación del Estado, se acogió la falta de legitimación ad causam activa en relación al codemandante Eladio Araya Mena en los términos indicados en el cuerpo de la presente sentencia, mientras que la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva se acogió exclusivamente en lo que la demanda llevó conforme su objeto, corte patrimonial indemnizatorio. En lo que ambas partes demandadas interpusieron la excepción de falta de derecho frente a la acción incoada en su contra por parte de la compañía denominada Grupo Orosi Sociedad Anónima se acoge.-

Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. Las partes vencidas en la presente causa lo ha sido, la compañía denominada Grupo Orosi Sociedad Anónima y el señor Eladio Araya Mena, estimando este Tribunal que no media circunstancia o presupuesto alguno que justifique exonerarle de dicha condenatoria al amparo de las reglas a que refieren los incisos a) y b), del numeral relacionado, tanto como al amparo del artículo 194 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, se condena a las dos partes actoras al pago de ambas costas en favor del Consejo Técnico de Aviación Civil y el Estado. Por haberlo peticionado así sólo la representación estatal, sobre las costas una vez determinadas deberán reconocer las partes actoras intereses en favor del Estado a ser computados a partir del fallo que apruebe en firme su liquidación y hasta su efectivo pago. La determinación de lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe, habrá de ser fijado por el Juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte vencedora.-