Resolución 08814-2025

ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:

Mediante escrito presentado el día 04 de julio del 2002, ante el Juzgado Civil de Cartago, la parte demandante estableció como pretensiones, que se declare: “...1) A los demandados culpables, de haber causado directa o indirectamente un daño a la tapia de la propiedad de mis representadas,

A las demandadas, responsables solidarias, del daño causado a las actoras y que se ordene la reparación inmediata de la tapia.

Se condene en costas procesales y personales a los demandados, mismas que deberán ser tasadas al momento de confirmación de la cuantía (sic)…”. (Ver imágenes 2 a 7 y 153 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia)

Mediante resolución de las 16:30 horas del 24 de marzo del 2022, el Juzgado Civil de Cartago dio traslado a la demandada. (Ver imágenes 38 a 40 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia)

Al contestar la acción el día 03 de junio del 2022, la representación de Bucknor Consultores y Asociados S.A., se opuso a la demanda, e interpuso la excepción de falta de derecho, y solicitó que se declare sin lugar en todos sus extremos la presente demanda, y se condene a la parte actora al pago de las costas procesales y personales de la presente acción. (Ver imágenes 59 a 67 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia).

En fecha 05 de junio del 2022, la representación de la Junta de Educación demandada, contestó la demanda en forma negativa, no opuso excepciones y solicitó se declare sin lugar el presente proceso y se condene a la parte actora al pago de ambas costas de este proceso. (Ver imágenes 76 a 85 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia).

Mediante resolución N.º 2022000445 de las 12:04 horas del 23 de junio del 2022, el Juzgado Civil de Cartago se declaró incompetente en razón de la materia y ordenó el conocimiento del presente proceso a este Tribunal. (Ver imágenes 85 a 88 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia).

En fecha 30 de agosto del 2023, se celebró la audiencia preliminar establecida en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde no se alegaron aspectos de saneamiento; se fijaron las pretensiones conforme fueron planteadas en el punto 1 del considerando primero; no se presentaron defensas previas y se determinaron los hechos controvertidos del proceso. En la etapa de admisión de prueba, la juzgadora admitió elementos documentales ofrecidos por ambas partes, así como prueba pericial judicial y el testimonio de Alexander Leiva Serrano. (Ver imágenes 152 a 160 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia y en el respaldo electrónico de la diligencia).

Mediante resolución de las 12:11 horas del 09 de mayo del 2024, se nombró como perito judicial al Ingeniero Civil Jorge Eladio Salas Villalobos. (Ver imagen 185 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia y en el respaldo electrónico de la diligencia).

En fecha 17 de junio del 2024, el Ingeniero Civil Jorge Eladio Salas Villalobos, presentó el informe pericial escrito. (Ver imágenes 199 a 230 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia y en el respaldo electrónico de la diligencia).

Mediante resolución de las 09:53 horas del 20 de junio del 2024, se confirió audiencia a las partes del informe pericial. (Ver imagen 231 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia y en el respaldo electrónico de la diligencia).

En fecha 24 de junio del 2024, la representación de la parte actora, se apersonó y manifestó estar parcialmente disconforme con el informe pericial. (Ver imágenes 237 a 240 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia y en el respaldo electrónico de la diligencia).

En fecha 26 de junio del 2024, la representación de la Junta demandada, se apersonó y señaló que el informe pericial rendido es parcial a lo solicitado y que además no es concluyente. (Ver imágenes 241 a 244 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia y en el respaldo electrónico de la diligencia).

Conforme al proceso de implementación del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021, se determinaron los criterios de distribución del circulante de los procesos pendientes de fallo, tanto de puro derecho como de juicio oral y público, conforme a los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó la reasignación de una gran cantidad de expedientes en el mismo momento. De tal manera, el proceso fue turnado a la suscrita juzgadora Madriz Martínez, integrante del Tribunal Colegiado del Equipo Siete, a quien se le trasladó el presente expediente para realizar la convocatoria y por ende el juicio oral y público respectivo, todo atendiendo las políticas de prioridad establecidas por la Corte Plena, por lo que mediante resolución de las 14:18 horas del 01 de agosto del 2024, se realizó la convocatoria para la celebración del juicio oral y público para el día 12 de mayo del 2025. (Ver imágenes 245 a 252 a 232 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

En fecha 12 de mayo del 2025, constituido el Tribunal en la Sala de Juicio a fin de celebrar el juicio oral y público, se les comunica a las partes que la apoderada especial judicial de la Junta demandada aportó al expediente un certificado médico, razón por la cual no se realizó el juicio oral y público. (Ver imágenes 290 a 292 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

Mediante resolución de las 16:16 horas del 13 de mayo del 2025, se realizó la segunda convocatoria para la celebración del juicio oral y público para el día 29 de julio del 2025. (Ver imagen 296 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

El Juicio Oral y Público se llevó a cabo a las 8:38 horas del día 29 de julio del 2025 del 2024, donde las partes no alegaron aspectos de saneamiento, ambas partes demandas realizaron ofrecimiento de prueba para mejor proveer, la cual fue rechaza por el Tribunal. Esta Integración, de oficio, solicitó a Bucknor Consultores y Asociados S.A., completar en el plazo de 3 días hábiles, el contrato suscrito por su representante y la Junta de Educación de la Escuela de la Laguna. Todas las partes realizaron sus alegatos de apertura y se evacuó el informe oral del perito Jorge Salas Villalobos y el testimonio del señor Alexander Leiva Serrano. Las partes rindieron conclusiones orales y se declaró de trámite complejo con interrupción del plazo de dictado de la sentencia, hasta que se aportara el contrato solicitado por el Tribunal y puesto en conocimiento de las partes. (Ver minuta a imágenes 317 a 323 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia y el respaldo digital del juicio celebrado).

Aportado el contrato en forma completa, mediante resolución de las 11:23 horas del 31 de julio de 2025, se confirió audiencia a las partes por 3 días hábiles, con interrupción del cómputo del plazo para el dictado de la sentencia. (Ver imagen 338 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

Mediante resolución de las 15:23 minutos del 07 de agosto del 2025, se ordenó trasladar el proceso para el dictado de la sentencia, quedando debidamente notificadas las partes de dicha resolución el día 09 de agosto del 2025. (Ver imágenes 329 a 353 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia y el respaldo digital del juicio celebrado).

Se dicta esta sentencia por unanimidad, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo al haberse declarado complejo el presente asunto, tomando en consideración que  el plazo para el dictado de la sentencia empezó a correr el día 12 de agosto y el feriado del 15 de agosto del 2025 se dicta dentro de los 15 días hábiles,  sin que se perciban vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta la Jueza Madriz Martínez con el voto afirmativo de los Jueces Conejo Cantillo y Herrera Valverde.

SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, por encontrar sustento en los elementos de convicción que en su apoyo se citan, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

Según consulta registral, la finca matrícula número 132795, situada en el Distrito de Paraíso, del Cantón de Paraíso de la Provincia de Cartago, que mide ciento cuarenta metros cuadrados, es propiedad de Melina Graciela Anchía Brenes (derecho 005), Natalie Anchía Brenes (derecho 006), María Carolina Anchía Brenes (derecho 007), todas dueñas de un tercio de la nuda propiedad, desde el día 06 de agosto del 2018 y Lorena Brenes Fonseca (derecho 008), dueña del usufructo de la finca, desde el día 30 de octubre del 2010 y tiene los siguientes linderos: al norte, sur y este con Municipalidad de Paraíso y al oeste calle pública con 6 metros. (Ver imágenes 25 y 222 a 227 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

Qué la tapia perimetral colindante al suroeste del inmueble con identificación ante el Registro Público Folio Real 3-132795-005-006-007-008 y con el plano de catastro C-1330347-2009, ubicada en la Urbanización La Laguna, en el distrito 01 Paraíso en la provincia de Cartago, colinda con la Escuela La Laguna de Paraíso de Cartago. (Ver imágenes 199 a 215 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

En fecha 13 de diciembre del 2017 la Junta de Educación de la Escuela la Laguna de Paraíso de Cartago, representada por Eilyn Gisella Martínez Brenes en su calidad de presidenta y Bucknor Consultores y Asociados S.A denominado como “CONTRATISTA ADJUDICADO”, representado por medio del ingeniero Luis Rodolfo Bucknor Masís, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma, suscribieron un contrato designado como: “Contrato de mano de obra para la cubierta de techos, cielos suspendidos, instalación eléctrica, obras complementarias: Servicios Sanitarios Ley 7600, edificio de aulas, salón multiuso, cubierta de cielo raso en la Escuela (sic)Laguna”. Estableciendo en algunas de sus cláusulas, en lo que interesa: “...CLÁUSULA QUINTA. TIEMPO DE INICIO Y DURACIÓN DEL SERVICIO: Los servicios iniciarán el día lunes 18 de diciembre del 2017 y deben de terminar en un plazo de 170 días naturales. CLÁUSULA SEXTA. DEL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio se prestará en las instalaciones de la Escuela La Llaguna (sic) de Paraíso de Cartago. CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LA OBRA: (…)

Será responsable EL CONTRATISTA ADJUDICADO con respecto a daños en construcciones o cobertura verde propiedad de la Institución (sic) y otros, que pudiera producir su personal debido a su actividad , y deberá resarcir a la institución o a terceros por los daños ocasionados o repararlos debidamente por su cuenta…”. (Ver imágenes 326 a 337 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

Mediante el acta 383-2018 de la reunión ordinaria de la Junta de Educación de la EscuelaLa Laguna, celebrada a las 16:30 horas del 07 de noviembre de 2018, al ser las dieciséis horas y treinta minutos. Se conocieron y aprobaron los siguientes artículos: “...Art #1- Comprobación del quorum (sic). Presentes las siguientes personas: Eylin Martínez Brenes en calidad de Presidente, Rita Valverde Picado en calidad de Secretaria y Felicia Cortez (sic) Valladares en calidad de Vocal 1 y la Sra. Lidia Sánchez Alfaro en calidad de Vocal

El Sr. Olman Araya Campos se encuentra ausente por causa justificada. La Sra. Directora se mantiene en estado de huelga de educadores, por lo que se encuentra ausente.  Art #4- Atención a visitas. Inciso a- Se atiende a los señores Alexander Leiva Serrano, cédula 3 0401 0263, Administrador de la Constructora Bucknor Consultores & Asoc. y al Ing. Mauricio González Jiménez, responsable de la obra contratada. Se realiza una recepción preliminar de las obras. Se procede a revisar los trabajos efectuados. En el Pabellón #1: a- Se detecta que la pintura requiere retocar y detallar en algunas áreas. b- Colocar gazas en los bajantes y corregir algunas goteras. c- El servicio sanitario de discapacitados se recibe sin ninguna observación. En la caseta de los guardas se requiere dar acabado en las ventanas, ya que falta la venilla entre los vidrios y el marco. En la Oficina de la Dirección se detecta una mancha de color café en el cielo raso. Indica la Presidenta que dicha mancha fue ocasionada por el soldador quien soldando el perlin manchó dos láminas de cielo raso que ya estaban colocadas. Se solicita el cambio de las mismas. b- En el servicio sanitario ubicado dentro de la oficina de la Dirección, la ventana se encuentra sin el vidrio ni el marco. c- Se solicita darle acabado al rodapié y colocar los cuadros de-cielo raso que hacen falta. En el Salón Multiusos. a- El techo curvo de lámina plástica presenta algunas goteras. b- Falta pintura en la precinta. c- En la puerta corrediza del comedor que da al Salón multiusos, requiere reajuste en la parte de abajo ya que chilla al abrirla. Pabellón #2. a- Solo se detecta darle acabado de pintura en la parte exterior de las aulas. Comedor escolar. a- Pintura y acabado en la precinta. b- En la parte de atrás de la cocina lujar el piso. Pabellón #3 Edificio nuevo. a- Limpiar manchas de pintura derramadas en el piso de porcelanato. b- Colocar los lavatorios en los servicios sanitarios (se debe solicitar al proveedor realizar el cambio de los lavatorios ya que los que enviaron no eran los requeridos). Pabellón #4. a- Colocar el cielo raso en las dos aulas ya que solamente se encuentra emplantillado. El Ing. Mauricio González indica que debe pedir el cielo raso al proveedor ya que no se encuentra en la escuela. Por tal motivo la constructora no lo ha podido colocar. b- Colocar los vidrios en las ventanas de las dos aulas. Según el Administrador de la constructora no les corresponde colocarlos, sin embargo, según el Ingeniero sí están incluidos en el contrato. c- Se solicita colocar el piso de porcelanato en todo el corredor del pabellón #4. Se le indica al Administrador de la constructora limpiar los escombros y los materiales 39 - ya que les corresponde dejar el área limpia. También se le indica del daño que el Bajok (sic) ocasionó en la tapia de la Sra. Lorena Brenes Fonseca. Se queda a la espera de que la empresa constructora realice los trabajos antes señalados, para hacer la recepción final de la obra…”. (Ver imágenes 16 a 18 a 337 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia, la negrita y el subrayado no son del original).

Mediante correo electrónico con fecha 22 de abril del 2019, la Directora de la Escuela La Laguna, le comunicó a la señora Brenes Fonseca: “...Buen día doña Lorena la nueva junta inicio (sic) labores hace escasamente unos 15 días (sic) razón por la cual no han tomado acta de la situación (ilegible) tenemos el terreno listo para entubar aguas y hacer drenaje que es lo que corresponde a la junta la próxima semana en reunión ordinaria para que ellos le indiquen cuando le haran (sic) la tapia, ya que le recuerdo que esa tapia es la constructora quien debe de hacerla (sic) a la junta le (ilegible)…”. (Ver imagen 19  del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

Mediante oficio E.L.L.081-2019 de fecha 13 de junio del 2019 la Directora Msc. Maureen Rojas Sánchez y el Presidente de la Junta de Educación, ambos de la Escuela La Laguna, le comunicaron a la señora Lorena Brenes, “...la constructora realizará los trabajos de reparación en el centro educativo a partir del 24 de junio. En cuanto a la reparación de la tapia cabe resaltar que es la constructora Bucknor quien debe definirle a su persona la fecha en que se realizará la misma...”. (Ver imagen 22 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).

En fecha 17 de junio del 2024, el Ingeniero Civil Jorge Salas Villalobos, perito judicial, nombrado para este caso, presentó el informe pericial PJ.004-22-000192-0640-CI, y concluyó: “… La diferencia de altura del terreno entre las colindancias, no fue la causa del daño que se observa en la tapia. De la visita de campo y según las condiciones observadas, no es posible determinar la causa del daño presentado en la tapia. Puede deducirse por la forma y dirección de la falla que presenta la tapia que una fuerza actuó desde el lado de la Escuela fracturando la estructura…”. Adjuntó fotografías donde se observan daños en la tapia. Además en su informe oral manifestó que si existió un punto de impacto y un origen del daño. (Ver imágenes 199 a 230 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia y declaración del perito en el juicio oral y público, ver resplado digital del mismo ).

De la declaración del testigo Alexander Leiva Serrano en el Juicio Oral y Público, se extraen los siguientes hallazgos: a) Sin precisar fecha, aproximadamente dos o tres meses posteriores al evento dañoso, la señora Lorena Brenes, contactó al señor Alexander Leiva Serrano en su calidad de empleado de Bucknor Consultores y Asociados S.A., y le expuso la situación de la tapia de su propiedad que colinda el terreno de la Escuela La Laguna. b) Sin precisar fecha, Leiva Serrano conversó con el señor Víctor Gutiérrez, maestro de obras del proyecto, y le indicó que un backhoe, al momento de realizar el movimiento de tierras, echando para atrás, tocó la tapia que colinda con la propiedad de la señora Brenes Fonseca, con la indicación y señalización del punto del golpe, además que la presidenta de la Junta de Educación en ejercicio, ya tenía conocimiento de lo sucedido. c) Sin precisar fecha, el testigo conversó con el señor Rodoldo Bucknor, acerca del acontecimiento, quien manifestó no tener  conocimiento de lo sucedido. d) El apoderado de Bucknor Consultores y Asociados S.A., señor Rodolfo Bucknor, conversó posteriormente con el señor “Mackenzie”, quien había sido subcontratado de la sociedad demandada para la realización de los movimientos de tierra del proyecto, acerca de los daños ocasionados a la tapia de la señora Lorena Brenes. e) Sin precisar fecha, el señor Alexander Leiva, con autorización del señor Bucknor, le envió una carta a la señora Lorena Brenes donde se le informaba que se iba a reparar la tapia. (Ver respaldo digital del juicio oral y público celebrado) .

SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De tal naturaleza y de importancia para la solución de esta controversia se tienen:

Que la Junta de Educación de la Escuela La Laguna, realizara la recepción final de las obras del denominado: “Contrato de mano de obra para la cubierta de techos, cielos suspendidos, instalación eléctrica, obras complementarias: Servicios Sanitarios Ley 7600, edificio de aulas, salón multiuso, cubierta de cielo raso en la Escuela la Laguna”. (Ayuno de prueba).

Que la Junta de Educación de la Escuela La Laguna, ejecutara o hiciera gestiones de cobro respecto del contrato suscrito con Bucknor Consultores y Asociados S.A., con el fin de hacer efectiva la Cláusula número 6, de responsabilidad a terceros. (No hay prueba alguna en tal sentido).

Que Bucknor Consultores y Asociados S.A., enviara una carta a la señora Brenes Fonseca y el contenido de la misma, además que realizara alguna reparación a la tapia. (Ayuno de prueba).

Que los miembros de la Junta de Educación de la Escuela la Laguna, se apersonaron a la casa de las actoras a constatar el daño a la tapia.

SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. En forma resumida, y sin perjuicio de la literalidad de las argumentaciones expuestas, estudiadas en su totalidad por este Tribunal, manifestó el apoderado de las actoras, que a inicios del año 2018, la señora Cerdas Jiménez llegó a limpiar la casa de las actoras, y se sorprendió, cuando observó el estado de la tapia. Señala que alarmada se dirigió a la señora Lorena Brenes Fonseca, a indicarle que la tapia se veía dañada y que se podía "caer". De inmediato, al verificar lo anterior, confirmó doña Lorena Brenes, que la tapia había recibido un fuerte golpe, por el lado de la propiedad de la Escuela. Alega que su representada, se dirigió al portón exterior de la Escuela, y se comunicó con el señor que se encargaba de la obra, el cual estaba revisando planos, le solicitó que se viniera a ver la tapia del lado de su casa, y él se dio cuenta del daño. Indica que le aseguró a la señora Brenes que esperara unos días, ya que la empresa vendría a repararle el daño, ya que pudo haber sido, que la golpearan con la góndola del tractor. Considera que la Junta de Educación demandada, es el ente que contrató a la empresa, por lo que también tiene relación con el manejo de la contratación, tanto en los trabajos como en las consecuencias de los mismos, más tratándose, de una afectación a una propiedad privada colindante. Indica que el daño causado fue tratado en un acta, lo que demuestra irrefutablemente que ambos demandados, conocían y reconocían la existencia del daño generado. Los entonces miembros de la Junta, se apersonaron a la vivienda de la actora, y pudieron constatar los daños causados, afirmando en ese momento, que, repararían el mismo, pero le pidieron a su representada, que debía esperarse un tiempo  a lo que ella, de buena fe, accedió. Agrega que el día 22 de abril de 2019, la señora Lorena Brenes Fonseca, intercambió comunicación por correo electrónico con la señora Msc. Maureen Rojas Sánchez, directora de la Escuela La Laguna, por lo que de dichos correos, se desprendía que la Escuela reconoció la existencia del pendiente de reparación de la tapia. En correo electrónico de 22 de abril de 2019, la señora Msc. Maureen Rojas Sánchez, directora de la Escuela la Laguna, confirmó que la empresa aquí demandada debía hacer la tapia. El 15 de mayo de 2019, el señor Rodolfo Bucknor confirmó el deber de arreglar la tapia, excusando el retraso a ese momento, en que su Ingeniero estaba de gira. El 16 de mayo de 2019, la señora Lorena Brenes, insistió a la empresa que los trabajos debían de iniciar con prontitud previo a la entrada de la época lluviosa. (mayo 2019) Además, mencionó la importancia de que se construyera un muro de contención en la Escuela, adicional la reparación de la tapia. Señala que seguía transcurriendo el tiempo, y ni la empresa, ni la Junta se hacían presentes a la casa de la actora. En fecha 13 de junio de 2019, mediante el oficio E.I.J 081-2019, la señora Maureen Rojas Sánchez y el representante legal de la Junta de Educación, Fabián Salazar Loaiza, le comunicaron a doña Lorena Brenes, que era responsabilidad de la empresa, informar sobre la fecha en que se harían los trabajos de reparación. Una vez más, brindando inseguridad a sus representadas, quienes tenían casi 2 años a ese momento de estar esperando una solución. El señor Alexander Leiva Serrano, participó, como se desprende del acta de la Junta, como responsable profesional del proyecto. Él en distintas ocasiones, conversó con la señora Lorena Brenes, visitó su casa para ver la tapia, sin llegar a concretar nunca su arreglo, toda vez que él no era quién podría ordenar eso. Indica que ya agotada, cansada de esperar viendo como tanto la Junta como la empresa, se pasaban la responsabilidad de un lado al otro, la señora Lorena Brenes, decidió asesorarse con un profesional en derecho, y proceder en consecuencia legalmente contra las aquí codemandadas. Concluyó que el daño a la tapia de sus representadas, existió y ha sido reconocido por ambos demandados, pero que al día de hoy, ni la empresa ni la Junta de Educación, han atendido la afectación causada por la maquinaria de la empresa contratada por la Junta. En los alegatos de conclusiones, además agregó la responsabilidad que tiene el subcontratista denominado “Mackenzie”.

SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.: Manifiesta que es cierto que la Junta de Educación Escuela La Laguna de Paraíso de Cartago, adjudicó a su representada la mano de obra para la cubierta de techos, cielos suspendidos, instalación eléctrica, obras complementarias, servicios sanitario Ley 7600, edificio de aulas, salón multiuso, cubierta de cielo raso en la Escuela la Laguna de Paraíso de Cartago, contrato que se rigió por los artículos 9, 35.3, 36, 59, 406.2, 407.3 y concordante del Código de Educación, 43 y concordantes de la Ley Fundamental de Educación, 1 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y 2 y siguientes, 33. a y concordantes del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP del 10 de febrero del 2014). Señaló que era cierto que su representada conocía de la existencia de un daño en la tapia de la señora Lorena Brenes, pero no es cierto que haya sido ocasionada por su representada. No obstante, en aras del principio de buena fe, se acordó con la Junta de Educación Escuela La Laguna de Paraíso de Cartago que una vez que cancelara la facturación pendiente, se procedería a colaborar con el daño a la tapia de la señora Lorena Brenes, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado el pago pendiente y no se ha logrado constatar que el daño haya sido atribuible a su representada.  Señala que es cierto que la Msc. Maureen Rojas Sánchez indicó que su representada debía hacer la reparación de la tapia, siendo los gastos costeados por la Junta de Educación, ya que hasta la fecha se adeuda un monto pendiente de pago a favor de su mandate, siendo responsabilidad exclusiva dicho ente Público reparar los daños ocasionados, ya que en caso de existir incumplimiento contractual por parte del contratista, la Junta de Educación tiene la potestad de ejecutar la garantía de cumplimiento. Señaló que no era cierto que el señor Luis Rodolfo Bucknor Masís había confirmado el deber de arreglar la tapia, ya que según prueba documental aportada por la parte actora, él indicó únicamente que no se había podido enviar el documento de trabajo a realizar y que era cierto que se había indicado que el Ing. Bucknor Masís se encontraba de gira. Es cierto que la señora Maureen Rojas Sánchez mediante oficio E.I. 081-2019, indicó que era responsabilidad de su representada informar sobre la fecha en que se harían los trabajos de reparación, no obstante, no existió compromiso por parte de la Junta de Educación en realizar los desembolsos que correspondían por concepto de facturación pendiente y de reparación de la tapia de la parte actora, razón por la cual en su criterio Bucknor Consultores y Asociados S.A. no era responsable de resarcir los daños a la parte accionante. Indicó además que el señor Alexander Leiva Serrano, no era el profesional responsable del proyecto, únicamente brindaba servicios profesionales a su representada, y que tampoco le constaba a su mandante que hubiera conversado en distintas ocasiones con la señora Brenes Fonseca.  Concluyó que el daño a la tapia de la parte actora existió, pero hasta la fecha no se ha podido constatar que haya sido producto de algún acto negligente por parte de su representada y la Junta de Educación es el ente público encargado de resarcir los daños ocasionados a la señora Brenes Fonseca. JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA LAGUNA: Argumenta el profesional que efectivamente su representada contrató los servicios de la empresa Bucknor Consultores y Asociados S. A., y que si bien es cierto también su representada conocía de las manifestaciones de la aquí actora sobre los supuestos daños de la tapia en su propiedad, a su criterio esto no implica que su representada aceptara la responsabilidad sobre dichos daños, incluso no se sabe el origen que los ocasionó.                                                                                                                        Indicó que a simple vista lo que las paredes presentan es un deterioro causado por el pasar de los años y que desconoce su representada si la empresa contratada tuvo relación con los hechos aquí denunciados. Manifestó que nunca existió un compromiso de parte de su representada para reparar los supuestos daños aquí alegados, que se escuchó a la señora, y que se tuvo conocimiento que ella habló directamente con el gerente de la construcción, pero que se desconoce el contenido de sus conversaciones. Agregó que la empresa nunca informó a su representada sobre una posible afectación a alguna propiedad colindante, y que cerca de la pared que mencionan las aquí actoras, no se hizo ninguna remoción de tierra o algo que causara los supuestos daños aquí alegados y reclamados. Considera que es importante aclarar que nunca se logró constatar el origen de los daños alegados, que la directora lo que mencionó es que en caso de que se lograra ratificar que dichos daños fueron ocasionados por la empresa constructora, era entonces responsabilidad de está repararlos y no de la Junta de Educación. A su criterio, no es responsabilidad de la Junta de Educación asumir una reparación, cuando se desconoce por quien fue causada,  y que la Junta no tiene por qué asumir una responsabilidad que no le corresponde, en caso de que la empresa constructora fuera la responsable de dichos daños, lo cual tampoco se demuestra.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SOLIDARIA DE AMBAS DEMANDADAS EN CUANTO A LOS DAÑOS CAUSADOS EN LA PROPIEDAD DE LAS ACTORAS:  Estima este Tribunal que en este caso existe un vínculo contractual entre la Junta de Educación de la Escuela la Laguna y Bucknor Consultores y Asociados S.A., conforme el  instrumento denominado “Contrato de mano de obra para la cubierta de techos, cielos suspendidos, instalación eléctrica, obras complementarias: Servicios Sanitarios Ley 7600, edificio de aulas, salón multiuso, cubierta de cielo raso en la Escuela (sic) Laguna”, celebrado el día 13 de diciembre del 2017, trabajos que se realizaron en la Escuela de la Laguna, que colinda con un muro de la propiedad de las accionantes. De la prueba recaba en autos, ha quedado debidamente acreditado que conforme lo señaló el peritaje judicial rendido en autos, por el Ingeniero Civil Jorge Salas Villalobos, que la diferencia de altura del terreno entre las colindancias, no fue la causa del daño que se observa en la tapia. De su visita de campo y según las condiciones observadas por el profesional, no le fue posible determinar la causa del daño presentado en la tapia. Agregó que podía deducirse, por la forma y dirección de la falla que presenta la tapia, que una fuerza actuó desde el lado de la  Escuela fracturando la estructura. Por otro lado, de las manifestaciones del testigo Leiva Serrano se puede extraer que lo sucedido ya era de conocimiento de la Junta de Educación de la Escuela La Laguna y de la sociedad demandada pues según este indicó en su deposición, aproximadamente dos o tres meses posterior al evento dañoso, la señora Lorena Brenes, lo contactó, en su calidad de empleado de Bucknor Consultores y Asociados S.A., y le expuso la situación de la tapia y que a su vez el  señor Leiva Serrano conversó con Víctor Gutiérrez, maestro de obras del proyecto, y le indicó que un backhoe, al momento de realizar el movimiento de tierras, echando para atrás, tocó la tapia que colinda con la propiedad de la señora Brenes Fonseca, con la indicación y señalización del punto del golpe. A su vez, indicó el testigo que conversó con el señor Rodoldo Bucknor, acerca del acontecimiento, quien según relató, no tenía conocimiento de lo sucedido, por lo que el señor Bucknor, conversó con el señor “Mackenzie”, subcontratado de la sociedad demandada para la realización de los movimientos de tierra del proyecto, acerca de los daños ocasionados a la tapia de la señora Lorena Brenes, culminando su declaración con la indicación que con autorización del señor Bucknor, le envió una carta a la señora Lorena Brenes donde se le informaba que se iba a reparar la tapia. Por otra parte, tal y como se consigna en el acta 383-2018 de la reunión ordinaria, celebrada a las 16:30 horas del 07 de noviembre de 2018, donde se conoció y aprobó el artículo 4 que disponía: “Art #4- Atención a visitas. Inciso a-Se atiende a los señores Alexander Leiva Serrano, cédula 3 0401 0263, Administrador de la Constructora Bucknor Consultores & Asoc. y al Ing. Mauricio González Jiménez, responsable de la obra contratada. Se realiza una recepción preliminar de las obras. Se procede a revisar los trabajos efectuados. En el Pabellón #1: a- Se detecta que la pintura requiere retocar y detallar en algunas áreas. b- Colocar gazas en los bajantes y corregir algunas goteras. c- El servicio sanitario de discapacitados se recibe sin ninguna observación. En la caseta de los guardas se requiere dar acabado en las ventanas, ya que falta la venilla entre los vidrios y el marco. En la Oficina de la Dirección se detecta una mancha de color café en el cielo raso. Indica la Presidenta que dicha mancha fue ocasionada por el soldador quien soldando el perlin manchó dos láminas de cielo raso que ya estaban colocadas. Se solicita el cambio de las mismas. b- En el servicio sanitario ubicado dentro de la oficina de la Dirección, la ventana se encuentra sin el vidrio ni el marco. c- Se solicita darle acabado al rodapié y colocar los cuadros de-cielo raso que hacen falta. En el Salón Multiusos. a- El techo curvo de lámina plástica presenta algunas goteras. b- Falta pintura en la precinta. c- En la puerta corrediza del comedor que da al Salón multiusos, requiere reajuste en la parte de abajo ya que chilla al abrirla. Pabellón #2. a- Solo se detecta darle acabado de pintura en la parte exterior de las aulas. Comedor escolar. a- Pintura y acabado en la precinta. b- En la parte de atrás de la cocina lujar el piso. Pabellón #3 Edificio nuevo. a- Limpiar manchas de pintura derramadas en el piso de porcelanato. b- Colocar los lavatorios en los servicios sanitarios (se debe solicitar al proveedor realizar el cambio de los lavatorios ya que los que enviaron no eran los requeridos). Pabellón #4. a- Colocar el cielo raso en las dos aulas ya que solamente se encuentra emplantillado. El Ing. Mauricio González indica que debe pedir el cielo raso al proveedor ya que no se encuentra en la escuela. Por tal motivo la constructora no lo ha podido colocar. b- Colocar los vidrios en las ventanas de las dos aulas. Según el Administrador de la constructora no les corresponde colocarlos, sin embargo, según el Ingeniero sí están incluidos en el contrato. c- Se solicita colocar el piso de porcelanato en todo el corredor del pabellón #4. Se le indica al Administrador de la constructora limpiar los escombros y los materiales 39 - ya que les corresponde dejar el área limpia. También se le indica del daño que el Bajok (sic) ocasionó en la tapia de la Sra. Lorena Brenes Fonseca. Se queda a la espera de que la empresa constructora realice los trabajos antes señalados, para hacer la recepción final de la obra.”. De lo anterior, para este Tribunal queda acreditado el daño ocasionado a tapia de las actoras, el cual se produjo como consecuencia de la ejecución del  “Contrato de mano de obra para la cubierta de techos, cielos suspendidos, instalación eléctrica, obras complementarias: Servicios Sanitarios Ley 7600, edificio de aulas, salón multiuso, cubierta de cielo raso en la Escuela (sic) Laguna”, celebrado el día 13 de diciembre del 2017 entre la Junta de Educación de la Escuela la Laguna y Bucknor Consultores y Asociados S.A. Así las cosas, es menester de este Tribunal hacer una aclaración al respecto; ya que una cosa es la relación jurídica entre la Junta de Educación y la empresa, ambas demandadas, la cual es de naturaleza contractual, y se rige por el régimen de responsabilidad contractual, y por otro lado, la relación de ambos entes accionados con terceras personas, como lo son las  actoras, en que el régimen de responsabilidad  administrativa ó la responsabilidad civil  extracontractual dispuesta en el artículo 1045 del Código Civil. Para determinar el tipo de responsabilidad que concurre en el presente caso, se debe tener claro lo peticionado por la parte actora: “...1) A los demandados culpables, de haber causado directa o indirectamente un daño a la tapia de la propiedad de mis representadas.

A las demandadas, responsables solidarias, del daño causado a las actoras y que se ordene la reparación inmediata de la tapia…”. En relación a la relación jurídica entre la Junta de Educación y la empresa, ambas demandadas, se rige por el régimen de responsabilidad contractual, la cual quedó debidamente estipulada en el “Contrato de mano de obra para la cubierta de techos, cielos suspendidos, instalación eléctrica, obras complementarias: Servicios Sanitarios Ley 7600, edificio de aulas, salón multiuso, cubierta de cielo raso en la Escuela (sic)Laguna”. Estableciendo en su cláusula décima: “...OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LA OBRA: (…)

Será responsable EL CONTRATISTA ADJUDICADO con respecto a daños en construcciones o cobertura verde propiedad de la Institución (sic) y otros, que pudiera producir su personal debido a su actividad , y deberá resarcir a la institución o a terceros por los daños ocasionados o repararlos debidamente por su cuenta…”. De lo anterior queda claro, que el contrato es ley entre las partes, y no vincula a las actoras del presente proceso. Ahora bien, en cuanto a la relación jurídica entre las partes demandadas y las actoras, debemos realizar un análisis de los dos tipos de responsabilidades que concurren en el presente caso,  de la siguiente manera: Responsabilidad Administrativa de la Junta de Educación de la Escuela la Laguna:  Tal y como se ha reiterado en múltiples fallos de este Tribunal, así como de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del régimen de la llamada responsabilidad civil extracontractual, se distinguen dos tipos, la subjetiva, establecida en el artículo 1045 del Código Civil, y la objetiva, contenida en el numeral 9 de la Constitución Política, el ordinal 1048 del Código Civil, y los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, entre otros. Valga resaltar, que la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, se enmarca dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que procura esencialmente, la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad. El eje central de la responsabilidad abandona el estudio de la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Así las cosas, habrá responsabilidad del Estado siempre que la víctima no tenga el deber de soportar el daño, ya sea este de naturaleza patrimonial o extra patrimonial , lo que significa que el elemento subjetivo pierde interés en tanto exista el daño y el nexo causal base de la responsabilidad objetiva. Lo anterior ha sido explicado por nuestra Sala Constitucional, por ejemplo en su voto número 5207-04 de las 14:55 horas del 18 de mayo del 2004, al indicar:

"IV.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Nuestra Constitución Política no consagra explícitamente el principio de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por las lesiones antijurídicas que, en el ejercicio de la función administrativa, le causen a los administrados. Empero, este principio se encuentra implícitamente contenido en el Derecho de la Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de una interpretación sistemática y contextual de varios preceptos, principios y valores constitucionales. En efecto, el artículo 9°, párrafo 1°, de la Carta Política dispone que “El Gobierno de la República es (...) responsable (...)”, con lo cual se da por sentada la responsabilidad del ente público mayor o Estado y sus diversos órganos -Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. El ordinal 11°, de su parte, establece en su párrafo primero la “(...) responsabilidad penal (...)”de los funcionarios públicos y el segundo párrafo nos refiere la “(...) responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes (...)”. El artículo 34 de la Constitución Política ampara los “derechos patrimoniales adquiridos” y las “situaciones jurídicas consolidadas”, los cuales solo pueden ser, efectiva y realmente, amparados con un sistema de responsabilidad administrativa de amplio espectro sin zonas inmunes o exentas cuando sean vulnerados por las administraciones públicas en el despliegue de su giro o desempeño público. El numeral 41 ibídem, estatuye que “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (...)”, este precepto impone el deber al autor y responsable del daño de resarcir las lesiones antijurídicas efectivamente sufridas por los administrados como consecuencia del ejercicio de la función administrativa a través de conductas positivas por acción o negativas por omisión de los entes públicos, con lo cual se convierte en la piedra angular a nivel constitucional para el desarrollo legislativo de un sistema de responsabilidad objetiva y directa en el cual el resarcimiento no depende del reproche moral y subjetivo a la conducta del funcionario público por dolo o culpa, sino, única y exclusivamente, por habérsele infringido o recibido, efectivamente, “(...) injurias o daños (...) en su persona, propiedad o intereses morales (...)”, esto es, una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y, por consiguiente, debe serle resarcida. El numeral 41 de la Constitución Política establece un derecho fundamental resarcitorio a favor del administrado que haya sufrido una lesión antijurídica por un ente -a través de su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita- y la obligación correlativa, de éste de resarcirla o repararla de forma integral, el acceso a la jurisdicción previsto en este mismo precepto constitucional, se convierte, así en un derecho instrumental para asegurar, forzosamente, el goce y ejercicio del derecho resarcitorio del damnificado cuando el sujeto obligado a la reparación incumpla voluntariamente con la obligación referida. El artículo 45 de la Carta Magna acoge el principio de la intangibilidad del patrimonio al disponer que “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (...)”, se reconoce, de esta forma, por el texto fundamental que los sacrificios especiales o las cargas singulares que el administrado no tiene el deber de soportar o tolerar, aunque devengan de una actividad lícita -como el ejercicio de la potestad expropiatoria- deben resarcirse. El artículo 49, párrafo 1°, de la Constitución Política en cuanto, de forma implícita, reconoce la personalidad jurídica y, por consiguiente, la posibilidad de demandar en estrados judiciales a los entes públicos, cuando incumplan con sus obligaciones constituye un claro basamento de la responsabilidad administrativa. De su parte el párrafo in fine del ordinal 49 ya citado dispone que “La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados “, siendo que una de las principales formas de garantía de éstos lo constituye un régimen de responsabilidad administrativa objetivo, directo, amplio y acabado. El párrafo final del artículo 50 de la Constitución Política, en materia del daño ambiental, establece que “La ley determinará las responsabilidad y las sanciones correspondientes “, régimen de responsabilidad del que, obviamente, no pueden abstraerse los entes públicos de carácter económico (denominados empresas públicas-ente público) y empresas públicas (llamadas también empresas públicas-ente de Derecho privado) cuando contaminan al desplegar una actividad industrial, comercial o de servicios y, en general, el Estado cuando incumple sus obligaciones de defensa y preservación del medio ambiente a través de una deficiente actividad de fiscalización o de control de las actividades públicas y privadas actual o potencialmente contaminantes. En la hipótesis de los miembros de las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas, el artículo 188 de la norma fundamental dispone que  “Sus directores responden por su gestión”. En lo que se refiere al Poder Ejecutivo, el Título X del texto constitucional contiene un Capítulo V cuyo epígrafe es “Responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo”, siendo que el artículo 148 consagra la responsabilidad del Presidente por el “uso que hiciera de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva”, la conjunta de éste con el respectivo Ministro del sector “respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos “-la cual es especificada por el artículo 149 ibídem- y la del Consejo de Gobierno por los acuerdo que adopte. El principio de responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus funcionarios resulta complementado con la consagración constitucional del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas (artículos 18 y 33) que impide imponerle a los administrados una carga o sacrificio singular o especial que no tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función administrativa es ejercida y desplegada en beneficio de la colectividad, es ésta la que debe soportar las lesiones antijurídicas causadas a uno o varios administrados e injustamente soportadas por éstos. Finalmente, es menester tomar en consideración que la Constitución Política recoge un derecho fundamental innominado o atípico que es el de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos, el que se infiere claramente de la relación de los numerales, interpretados, a contrario sensu, 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191 de la Ley fundamental en cuanto recogen, respectivamente, los parámetros deontológicos de la función administrativa tales como el “buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas ”, “buena marcha del Gobierno “y “eficiencia de la administración”. Este derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos le impone a los entes públicos actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa de reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa garantía constitucional. De esta forma, queda en evidencia que el constituyente originario recogió de forma implícita el principio de la responsabilidad de las administraciones públicas, el que, como tal, debe servir a todos los poderes públicos y operadores del Derecho como parámetro para interpretar, aplicar, integrar y delimitar el entero ordenamiento jurídico. Bajo esta inteligencia, un corolario fundamental del principio constitucional de la responsabilidad administrativa lo constituye la imposibilidad para el legislador ordinario de eximir o exonerar de responsabilidad a algún ente público por alguna lesión antijurídica que le cause su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a la esfera patrimonial y extrapatrimonial de los administrados".

Reseñado lo anterior, es menester entonces destacar, que en nuestro sistema judicial opera un deber de resarcibilidad plena del daño, que además se desprende del artículo 190.1 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto dispone que: "1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero". Vemos pues, que en nuestro país impera un régimen de responsabilidad objetiva, mediante la cual opera el deber de indemnización de la Administración, con independencia de criterios de valoración subjetiva (dolo o culpa), en la actuación de sus servidores. Así, el eje central del sistema de responsabilidad estatal es la víctima del daño, ya que aquélla surge, siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva. No obstante, este deber resarcitorio, no es tampoco pleno, ni tiene un carácter irrestricto para cualquier tipo de daño, sino que el mismo debe proceder, en el caso de que se origine de una conducta administrativa no lícita o normal, de la anormalidad que significa el apartarse de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General de la Administración Pública en el artículo 102 inciso d), que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o sea con motivo de un mal funcionamiento, o un actuar tardío o inexistencia del mismo, por parte de la Administración, puesto que ese "no hacer" o esa inactividad (formal o material) de la Administración puede generar una lesión directa de un interés legítimo o de un derecho subjetivo , sea un daño que no tiene por qué soportar el administrado. Esta anormalidad determinará la antijuricidad como presupuesto para la resarcibilidad del daño. En el caso del funcionamiento legítimo de la Administración, donde no hay anormalidad o ilicitud, la antijuricidad generadora de la posibilidad de indemnizar el daño, se da en la no obligatoriedad de sufrir una afectación que reviste la característica de ser de intensidad excepcional o pequeña proporción de afectados. Además de lo expuesto, debe considerarse también que la responsabilidad objetiva está sujeta a otras disposiciones generales sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la Ley General de la Administración Pública, como el artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública que expresa lo siguiente: "En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo". Justamente en torno a los daños que pueden ser objeto de resarcimiento en sede contencioso administrativa, nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, desde vieja data se pronunció en su voto N° 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992, indicando lo siguiente:

"(...)

El daño constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto el deber de resarcir solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés jurídicamente relevante, susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, sólo es daño indemnizable el que se llega a probar (realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del juzgador. En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo.

En muchas ocasiones se utilizan indiscriminadamente las expresiones "daños" y "perjuicios". Es menester precisar y distinguir ambos conceptos. El daño constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), en tanto el perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir (lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese producido el hecho ilícito.

No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de confluir, básicamente las siguientes características para ser un "daño resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y subsistente, esto es, sí ha sido reparado por el responsable o un tercero (asegurador) resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño.

Dentro de las clases de daños, se encuentra en primer término el daño material y el corporal, siendo el primero el que incide sobre las cosas o bienes materiales que conforman el patrimonio de la persona, en tanto el segundo repercute sobre la integridad corporal y física. En doctrina, bajo la denominación genérica de daño material o patrimonial, suelen comprenderse las específicas de daño corporal y de daño material, en sentido estricto. La segunda parece ser la expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento médico, gastos de hospitalización, medicamentos, etc.), ganancias frustradas si el daño lo ha incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc. (...)".

Al amparo de lo expuesto y de lo que nuestra jurisprudencia ha sentado en torno al tema, se puede sostener que la antijuricidad de base, a la que se hace referencia como sustrato y presupuesto global e imprescindible para la responsabilidad, se ubica siempre presente en el daño indemnizable. En consecuencia para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales:

Actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública, omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita.

Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico y afecta al damnificado en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar , siempre que dicha lesión sea cierta, efectiva, real, evaluable, individualizable y no hipotética.

El nexo causal, sea que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin que existan de por medio causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, en los términos contemplados en el canon 190 de la Ley General de la Administración Pública (al respecto se pueden consultar los votos números 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999 y 252-F-01 de las 16:15 horas del 28 de marzo del 2001, ambos de la Sala Primera de la Casación).

En el caso en concreto, con observancia en los actos y actuaciones de la Junta de Educación de la Escuela la Laguna, como ente público de la Administración Pública, no se logra acreditar el funcionamiento normal o anormal, por conducta lícita o ilícita de la Junta, por ende no existe un nexo causal entre el hecho dañoso y el daño provocado con ocasión de la maniobra realizada con el Backhoe contratado por la empresa Bucknor Consultores y Asociados S.A. Por otra parte Responsabilidad Civil Bucknor Consultores y Asociados S.A.:  En este caso es de aplicación el artículo 1045 del Código Civil, que dice: "Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios", surgiendo un deber de indemnizar plenamente los daños correspondientes según también lo dispone el artículo 41 de la Constitución Política, de la siguiente manera: “...Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y  en estricta conformidad con las leyes…”.

De la prueba traída al proceso, ha quedado acreditado que Bucknor Consultores y Asociados S.A., empresa a quien se le adjudicó la realización de las obras del “Contrato de mano de obra para la cubierta de techos, cielos suspendidos, instalación eléctrica, obras complementarias: Servicios Sanitarios Ley 7600, edificio de aulas, salón multiuso, cubierta de cielo raso en la Escuela (sic) Laguna” , quien a su vez subcontrató  al señor “Mackenzie”, para que realizara el movimiento de tierras, y con una maniobra del backhoe, tocó la tapia colindante de la propiedad de las actoras, demostrándose la existencia de un daño, conforme lo logró acreditar el Ing. Salas Villalobos al referirse que existe un punto de impacto y un origen, cuyo golpe venía del lado de la escuela hacia la vivienda. A pesar que la empresa codemandada, alegó que el daño del muro fue culpa de las propias actoras por falta de mantenimiento, paso de los años y la humedad. Este alegato es rechazado por este Tribunal, debido a que quedó demostrado que fue las labores realizadas al margen del muro, dentro de ellas el movimiento de tierras mediante el uso del backhoe, quien conduciendo para atrás tocó la tapia. En resumen, se tienen por demostrados la causa, el nexo causal y los daños. Por ello se declara parcialmente con lugar la demanda, al existir responsabilidad por parte de la empresa demandada. Responsabilidad que deberá ser indemnizada en los términos que se explican en el siguiente considerando de esta sentencia.

REPARACIONES DE LOS DAÑOS MATERIALES SUFRIDOS EN LA PROPIEDAD DE LAS ACTORAS: Como se determinó en este caso existe responsabilidad extracontratual  por lo que surge la obligación de indemnizar a las actoras por los daños materiales sufridos mediante la reparación inmediata de la tapia, en los términos que así fue peticionado, al no contar con prueba técnica que señale la magnitud del daño y su cuantificación, deberán las partes acercar la prueba de interés, para que en aplicación del artículo 122 inciso m ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en etapa de ejecución de sentencia se logre estimar la magnitud del daño y el establecimiento de un plan de reparación de la tapia por medio de resolución judicial.-

SOBRE LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA: La empresa demandada interpuso la excepción de falta de derecho, al considerar que las actoras tienen derecho al pago de una indemnización por daños materiales por los demandados, al ser éstos últimos, responsables del daño causado, se rechaza la falta de derecho. A su vez, considerando que la representación de la Junta de Educación no interpuso ninguna excepción, es menester indicar que en los asuntos sometidos a su conocimiento, el juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos tanto formales (procesales) como  materiales (de fondo) de toda acción, en ese orden. Comenzando con los primeros, debe verificar la capacidad procesal de las partes, la  competencia del tribunal y el  cumplimiento de los requisitos formales de la demanda. Luego, al momento del dictado de la sentencia y para que la pretensión pueda ser acogida, debe examinar los segundos, a saber y por su orden: la legitimación (tanto activa como pasiva, que alude a la idoneidad de los intervinientes para figurar como partes del proceso), el interés actual (la pertinencia y relevancia que exista de acudir a la vía judicial para resolver un conflicto determinado) y el derecho  (la conformidad de las pretensiones formuladas con el ordenamiento jurídico o bloque de legalidad). Si falta la legitimación, la acción será inadmisible, tornando innecesario el análisis de los dos aspectos restantes. Y si hay legitimación pero no hay interés actual, será igualmente ocioso examinar el fondo del asunto, al cual –por ende– se llega solo una vez constatada la presencia de los presupuestos anteriores. De esta suerte, los tres elementos resultan condiciones necesarias para la emisión de una sentencia estimatoria, de modo que si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá pronunciarse sobre el fondo de litigio. Razón por la cual este Tribunal de oficio acoge la falta de derecho, en relación a la responsabilidad administrativa alegada, la cual tal y como señaló no quedó acreditada, por lo que se acoge la misma a favor de la Junta de Educación de la Escuela La Laguna.

SOBRE LAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y al no apreciar este órgano jurisdiccional razones válidas para la exoneración en costas, se condena a Bucknor Consultores y Asociados S.A. al pago de las costas procesales y personales de este proceso. Por otra parte, conforme al inciso b) de la norma citada, al existir motivo bastante para litigar, a criterio de esta Cámara de Juzgadora, se exonera a las actoras del pago de las costas del proceso en relación a la Junta de Educación de la Laguna Paraíso.