Resolución 00017-2021

En fecha 22 de octubre del 2015, el actor formula la demanda que ha dado origen al presente proceso, para que en sentencia se disponga, pretensiones que fueron precisadas en fase de audiencia preliminar: "1.- Que la sanción impuesta por el INCIENSA en mi contra, es absolutamente nula.

Que debe eliminarse del registro en el departamento de recursos humanos del INCIENSA, toda referencia a dicha sanción.

Que deben serme pagados, de manera solidaria por las partes codemandadas, los siguientes extremos: a) Daño material: que consiste en los quince días de salario que me fueron rebajados con motivo de mi suspensión, b) Perjuicios: que consisten en intereses sobre el daño material, calculados al tipo legal desde la fecha de firmeza de la sentencia que así lo ordene y hasta el momento de su efectivo pago, y c) Daño moral subjetivo: que consiste en la reparación por la afectación emocional que he sufrido, concepto por el que reclamo la suma de cinco millones de colones.

Que las partes codemandadas deben asumir, adicionalmente, el pago de ambas costas de este proceso".(Imágenes 40 y 170 del expediente electrónico).

2-. Conferido el traslado de ley, la representación del Estado, y la representación del INCIENSA contestaron negativamente la demanda y opusieron las defensas de falta de derecho y falta de legitimación pasiva por parte únicamente del Estado. (Imágenes 63-95, 98-111 del expediente electrónico).

La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, fue celebrada los días 09 de mayo y 11 de julio del 2017, con la asistencia de todas las partes, en dichas audiencias se fijaron las pretensiones de acuerdo al resultando primero, se determinaron los hechos controvertidos, y se admitió la prueba documental y testimonial. (Imágenes 241-242 del expediente electrónico).

La audiencia de juicio oral y público se celebró el 12 de febrero del 2021, se evacuó la prueba testimonial admitida en los autos, y atendiendo los protocolos de salud, se otorgó audiencia de conclusiones por escrito dentro del plazo de tres días venciendo dicho plazo el día 17 de febrero del 2021. El proceso se declaró como muy complejo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111 del CPCA y 47 de su reglamento. (Soporte digital de la audiencia).

En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas. Esta sentencia se dicta dentro del plazo de ley.

Redacta la jueza Gómez Chacón con el voto afirmativo de la juzgadora Miranda Alvarado y el juez Mejías Rodríguez.

Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente proceso se tienen los siguientes:

Mediante escrito del 20 de mayo del 2012, el Sr. [Nombre 001] presentó denuncia por acoso laboral contra la Dra. [Nombre 005]. (Folios 1-14 del expediente administrativo Tomo I, prueba II);

Mediante expediente No.03-2012 del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia se inició causa disciplinaria contra [Nombre 005] por presunta responsabilidad de acoso laboral, psicológico y moral contra [Nombre 001] . (Folios 295-304 del expediente administrativo Tomo I, prueba II);

Mediante resolución CT-177-2012 del Consejo Técnico del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, de las catorce horas del 10 de setiembre del 2012, se exoneró de responsabilidad disciplinaria a la servidora [Nombre 005], por haberse comprobado que no incurrió en las faltas intimadas. (Folios 683-694 del expediente administrativo Tomo I, prueba II);

Que el 21 de abril del 2014, se firmó el contrato 000003-2014 celebrado entre el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y la Empresa Grupo TSC S.A. para los servicios de mantenimiento de zonas verdes y jardinería, de acuerdo a la licitación abreviada 2014 la-000003-00100. En dicho contrato se estable en la cláusula quinta lo siguiente: "De la Supervisión del Contrato. La supervisión de labores, ejecución y cumplimiento del presente contrato estará a cargo del [...], en la persona del Ingeniero [Nombre 001]. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso G del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Este funcionario velará por el cumplimento de los requisitos y cláusulas de este contrato. Dispondrá de la confección de un cronograma de tareas y responsables de su ejecución. Velará por el debido cumplimiento del contrato. Informará al contratista sobre cualquier ajuste a los tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente de éste, con el fin de que se adopten las medidas pertinentes para rectificar. De toda actuación, deberá mantener informada, en todo momento, a la Proveeduría Institucional". (Folios 8-16 del expediente administrativo);

Mediante oficio TSC-V002-15 se atendió nota dirigida a la empresa TSC S.A. por parte de la Proveeduría del INCIENSA, en la que se refiere lo siguiente: "Nuestra empresa TSC por medio de correos electrónicos notifica al encargado de parte de Servicios Generales cualquier cambio, permiso, emergencia y/o vacaciones que se den, además seguido de eso se llama telefónicamente para verificar dicho correo electrónico. Por otra parte, le informamos que con el Departamento de Servicios Generales (en una reunión sostenida entre [Nombre 026], [Nombre 018] y [Nombre 001]) se llegó el acuerdo y se planificó que se cubriera con todo el personal de limpieza las vacaciones del compañero de Jardinería, ya que con anterioridad el colaborador a cargo de la jardinería, adelantó todo el plan de trabajo de prácticamente todo el mes, para lo único que se tuviera que hacer fuera la limpieza de parqueos y recolección de hojas, ramas y demás, Servicios Generales avaló esto. Por lo tanto el plan de trabajo para los días de vacaciones del personal de Inciensa, se realizó con las 5 personas que estarían asistiendo normalmente, cabe destacar que el mismo consistía en un 90% a actividades externas ya que la mayor parte de las oficinas y laboratorios permanecieron cerrados, en estas actividades se incluyó el barrer parqueos, recolectar basura, ramas y hojas de toda área de jardinería y zonas verdes, eso también ayudó a completar la rutina de cada persona para estos días. Por último y muy importante nuestro supervisor a cargo del contrato se presentó prácticamente todos los días a la institución para verificar los trabajos realizados, los que se harían durante el día y para organizar el trabajo para el siguiente, cuando no estuvo el día completo y por lo menos toda la mañana." (Folios 22-23 del expediente administrativo);

Que en atención al inconveniente presentado con la sustitución del personal de jardinería para el cierre colectivo del período 2014-2015, se descontó de la facturación correspondiente a la empresa TSC S.A. el porcentaje de pago de personal por esos siete días. (Folios 24-28, 42-45 del expediente administrativo);

Mediante oficio DA-of-011-2015 del 29 de enero del 2015, el [...], [Nombre 015] solicitó a la [...] [Nombre 005] abrir un órgano administrativo al Ing. [Nombre 001] , para determinar responsabilidades, al negociar con un empresa privada la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas de diciembre del 2014, cuando el contrato establece su no competencia para este tipo de actos por sí solo. (Folios 2-7 al expediente administrativo);

Mediante oficio DG-re-002-2015 del 30 de enero del 2015, suscrito por la Dra. [Nombre 005], se ordenó con base en la recomendación del oficio DA-of-011-2015 del 29 de enero del 2015, la apertura de un procedimiento administrativo en contra del Ingeniero [Nombre 001], y a su vez se designó como órgano director a los funcionarios [Nombre 022] , [Nombre 023] y [Nombre 024].(Folio 1 del expediente administrativo);

Mediante oficio OD-01-2015 de las once horas y treinta minutos del cuatro de febrero del dos mil quince, se realiza el traslado de cargos del procedimiento administrativo contra [Nombre 001] en el que se imputa una presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada Grupo TSC S.A, la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014, cuando el contrato establece su no competencia para este tipo de actos por sí solo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.3 del Contrato No. 000003-2014 correspondiente a la Licitación Abreviada No. 2014LA-000003-00100; con lo cual se violenta el deber de probidad que deben cumplir los funcionarios públicos. Y se cita a comparecencia el día veintisiete de febrero del dos mil quince. Resolución notificada al señor [Nombre 001] el 6 de febrero del 2015. (Folios 29-34 del expediente administrativo);

Mediante oficio OD-04-of-2015 del 7 de abril del 2015, se remite informe final del proceso de investigación para determinación la verdad real de los hechos indicados en el oficio DA-of-011-2015 suscrito por [Nombre 015], en el cual se concluyó lo siguiente: "1. Que el Ing. [Nombre 001] no realizó ninguna negociación con la empresa privada Grupo TSC, para la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes.

Que no fue sustituido el titular de jardinería, correspondiente al contrato No.000003-2014, en las vacaciones de fin de año del 2014.

Que los términos de la cláusula quinta del contrato No. 000003-2014 referente a la supervisión del contrato se ven reflejados en el accionar del Sr. [Nombre 018] y no así el Ing. [Nombre 001] , siendo éste último la persona designada en la supervisión de las labores, ejecución y cumplimiento de ese contrato.

Que se utilizó el personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes.

Que el contenido del oficio USG-of-0019-15, suscrito por el Ing. [Nombre 001] y dirigido a la Srta. [Nombre 026], evidencia una supuesta coacción a una testigo de este Órgano Director. En atención a esas conclusiones se recomendó: "1. Desestimar la imputación de cargos realizada al Ing. [Nombre 001].

Se somete a su consideración el iniciar una investigación de las conclusiones 3, 4 y 5 a las que llega este órgano Director". (Folios 73-78 del expediente administrativo);

Mediante oficio DG-re-009-2015 de las diez horas del 15 de abril del dos mil quince, del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud se dispone la ampliación de hechos nuevos a investigar y además se integra a la litis al Sr. [Nombre 018], en ese sentido se dispuso: "1. La presunta responsabilidad por el incumplimiento del contrato No.000003-2014, específicamente en lo indicado en la cláusula quinta de este contrato, en relación con lo que literalmente se establece en la cláusula tercera: "En caso de cambio de personal, el contratista comunicará al Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, cuando sea necesario, los cambios de personal que deban ser realizados; para lo cual, los nuevos empleados deberán cumplir con cualidades similares al personal del sustituido...".

Así como una presunta responsabilidad por la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes. Y al Sr. [Nombre 018]:

La presunta responsabilidad por el irrespeto a las jerarquías, el incumplimiento del contrato No. 000003-2014, por haber negociado directamente con la empresa privada Grupo TSC S.A., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014.

Así como la presunta responsabilidad por la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes". Notificada el 21 de abril del 2015. (Folios 79-82 del expediente administrativo);

Mediante oficio OD-05-2015 del veinticuatro de abril del 2015, se realiza el traslado de cargos por los nuevos hechos y se cita a la comparecencia oral y privada el día veintidós de mayo del dos mil quince, resolución notificada vía fax el 24 de abril del 2015. (Folios 83-87 del expediente administrativo);

Mediante oficio OD-09-of-2015 del 12 de junio del 2015, se emite informe final del órgano director del procedimiento, en el cual se concluyó: "1. No se encontró este órgano Director, elementos que demostrarán un irrespeto a la Jerarquía de parte del Sr. [Nombre 018] .

De igual forma no se encontraron elementos que demuestren que el Sr. [Nombre 018] haya negociado con la empresa TSC S.A. la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014.

No ve este órgano Director responsabilidad alguna del Sr. [Nombre 018] con respecto a la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes.

En cuanto a la responsabilidad del Ing. [Nombre 001], este Órgano Director sí encontró elementos que demuestran un incumplimiento en sus funciones como supervisor del contrato No. 000003-2014 de conformidad con la cláusula quinta, así como las funciones y responsabilidades establecidas en el oficio UPI-0169-2014 de la Proveeduría Institucional, con base en la directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

Efectivamente este Órgano Director encuentra responsabilidad del Ing. [Nombre 001], en cuanto al incumplimiento del contrato No. 000003-2014, con respecto al uso de personal cuyas cualidades no son similares al perfil de los servicios del contrato de mantenimiento de zonas verdes y de jardinería.

De igual manera este Órgano Director encuentra responsabilidad en el Ing. [Nombre 001] , en cuanto a la utilización de personal de limpieza del Grupo TSC del contrato No. 000020-2013, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes y jardinería No. 000003-2014. Y se indica que el Ing. [Nombre 001] incurrió en una falta grave". (Folios 147-160 del expediente administrativo);

Mediante oficio DG-re-28-2015 de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veinticuatro de junio del 2015, del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, con base en el informe del Órgano Director resolvió en sus consideraciones lo siguiente: "De la investigación realizada por el Órgano Director sobre las imputaciones del Ing. [Nombre 001], obtuvo los siguientes hallazgos: a) Su participación en el asunto de la organización del personal del TSC para las vacaciones de fin de año, es difusa, esquiva, lo que dio pie a la confusión sobre la sustitución o no de la persona designada a las zonas verdes. "...entonces yo vine a hablar directamente con Don [Nombre 018], yo me reuní con él, él y yo estabamos (sic) conversando el asunto y programando como ibamos (sic) a trabajar, el (sic) me dijo que sí que por favor enviaramos (sic) dos personas, que les pasáramos los datos para el permiso correspondiente y que sacaramos (sic) tres personas a vacaciones. En eso entro Don [Nombre 001] rápidamente a la oficina de él, Don [Nombre 018] lo llamó y le hizo el comentario de los que estabamos (sic) hablando, informándole, Don [Nombre 001] dijo sí, me parece bien, no entró en mucho detalle, si comentó como solo hay que recoger hojas me parece bien. (Declaración testimonial [Nombre 026]). El 18 de diciembre, un día antes de salir de vacaciones colectivas, llegue a la oficina y estaba [Nombre 018], reunido con la Sra. [Nombre 026], llegué, saludé y me senté en la computadora y escuché que estaban conversando sobre el personal de TSC, que iba de vacaciones, entonces me volteé, porque [Nombre 018] tiene la oficina en la parte de adentro y le dije, quienes van de vacaciones, y me dice [Nombre 028] y doña [Nombre 029], y entonces le dije [Nombre 026] tiene que reponermelos (sic) y las respuestas de ella fue afirmativa, si claro [Nombre 001] como no, y le dije a mí no me molesta que en este tiempo me mande gente sin experiencia, porqué, las labores que ellos hacen, como todo está cerrado, son labores diferenciadas, a las que normalmente ejecutan, que es lavado de pasillos, limpieza de paredes, lavado de vidrios, mesas, me dijo que sí que iban a ser repuestos, sustituidos, en eso yo me levante y cuando me iba a retirar me dice y [Nombre 030], entonces yo volteé a ver los jardines y que estaban bien recortados y todo, porque si me preocupa que si iban a mandar una persona a sustituir a [Nombre 030] y los jardines estaban muy crecidos, tenía que ser una persona con experiencia, al ver que todo estaba bien recortado y lo tenía muy bien, yo le dije a [Nombre 026] igual hay que sustituirlo, aunque sea una persona que únicamente y podemos aprovechar que no hay carros en los parqueos, venga a barrer y limpiar todos los parqueos y sobre todo los jardines del frente y las aceras, quedamos en eso, me retiré y un comentario que ella me dijo fue: Don [Nombre 037] va a venir porque tenemos un problema entre [Nombre 031] y [Nombre 032], supuse que don [Nombre 037], según las palabras de [Nombre 026], venía en sustitución de don [Nombre 030], yo le dije: sí perfecto, don [Nombre 037] lo que tiene que hacer es separar esos muchachos y dedicarse él a barrer parqueos, recoger hojas y toda la cuestión...(Declaración de [Nombre 001] )..."Primero queda demostrado por medio del testimonio de la señora [Nombre 026] , que la relación de comunicación que se mantenía con la empresa TSC con INCIENSA, fue con el Sr. [Nombre 018] (a pesar de que el contrato 000003-2014, el contrato es el Ing. [Nombre 001]), el día 18 de diciembre del 2014, sostuvo una reunión con el señor [Nombre 018], en donde se discutió la suplencia de varios empleados  de TSC, en la cual fue la única oportunidad en la que el Ing. [Nombre 001] tuvo participación al indicar que no importa si lo suplentes tenían o no experiencia pero tenían que sustituirlos ..."(Conclusiones de la representación del Ing. [Nombre 001] , folio 070) ..."Lo indico de nuevo [Nombre 026] fue clara  y precisa, cuando expuso que en la reunión sostenida el 18 de diciembre del 2014, fue con [Nombre 018], pero que efectivamente el Ing. [Nombre 001] participo como por tres minutos y se fue..." Conclusiones de la representación del Ing.[Nombre 001] , folio 070)... b) No se evidencia seguimiento y control de la ejecución del contrato, pues estando presente algunos días en las vacaciones de fin de año, no se percató ni denunció la ausencia de la persona responsable de las zonas verdes. No fue sino el [...] que denuncia la situación y toma acciones al respecto, el día cinco de enero del 2015, mediante el correo electrónico del folio 018. No consta del investigado acción alguna al respecto, pese a que estuvo en la institución en algunos días del año 2014, y fue informado de la situación el día 05 de enero por parte de uno de los vigilantes de la institución.  ...." Yo vine el 24 de diciembre, ha (sic) dejarles unos tamales a los muchachos que estaban trabajando, curiosamente nadie me dijo nada, tampoco vi a don [Nombre 015], anduve en la planta baja revisando los trabajos y rápido me retiré. Regrese el 5 de enero... [Nombre 034] y me dice: [Nombre 001] el jardinero no fue sustituido, le digo como no fue sustituido? (sic) Y me dice no, entonces nos fuimos a la caseta de seguridad y vi solamente había venido tres días de los cuales aparecen dos días saliendo a las 12 del día y el otro sin salida... me dirigí a la oficina y le dije a [Nombre 018]: [Nombre 018] el jardinero no vino y no mandaron ningún sustituto, necesito que me llame a [Nombre 026] y me dé una explicación de qué fue lo que ocurrió, no sé si [Nombre 018] la llamó, pero creó que sí, [Nombre 026] no apareció, eso lo hice a raíz del informe que me dio [Nombre 034] y el correo que envió [Nombre 015] ...(Declaración de la parte del Ing. [Nombre 001] ). Nótese también de las transcripciones anteriores que lo expuesto por el Sr. [Nombre 001], es contradictorio con lo expuesto por el Sr. [Nombre 018] el día 12 de enero del 2015, el cual está visible a folio 019 y 020, entendiéndose de ese correo, que desde un inicio se acordó que el personal de limpieza cubriera las funciones de jardinería, aspecto que acordó que el personal de limpieza cubriera las funciones de jardinería, aspecto que el Ing. [Nombre 001] no manifestó ningún desacuerdo u objeción al respecto. Su reacción fue hasta el traslado de cargos, prácticamente un mes después de los hechos denunciados. c) Se evidencia la ausencia en su accionar y toma de decisiones en el mismo hecho de pasar las facturas presentadas por la empresa TSC, correspondientes al mes de diciembre del 2014, si objetar nada al respecto, siendo que en dichas facturas se cobraba los treinta días de servicio de zonas verdes y no descontaba los días que la persona designada a esa área no laboró. De hecho, mediante un correo dirigido al [...], solicita se indique cuál es el monto a rebajar de la factura, acción incongruente con su rol como supervisor del contrato (ver folios 24 al 28) ..." Por orden del administrador, de mi jefe [Nombre 015], él me dijo que por favor enviara un documento a la empresa TSC consultando la razón por la que el muchacho de limpieza de zonas verdes no se había presentado, igual indicándole todas las pautas que según el contrato ellos debían seguir para que una persona tomara sus vacaciones y fuera sustituida, la empresa se manifestó bajo un oficio que fue notificado a mi jefe [Nombre 015] para su correspondiente, como él fue que lo solicito, a él se lo dio la respuesta de TSC. Posteriormente cuando nos trajeron la factura por el mes completo de diciembre igual consulte a él si eso aplicaba o no, porque ya tenía conocimiento de que ellos no habían laborado durante un tiempo, entonces me extrañaba que una factura fuera cobrada en forma completa, el me indico que no, no esa factura tenía que ser sustituida de acuerdo a una reunión que se había mantenido con la empresa y con personal de servicios generales, pero nada de esto constaba en el expediente, simplemente fue la información que a mí me han comunicado extra oficial por las consultas que he hecho..."(Declaración testimonial de la Licda. Gabriela Chavarría Richmond)...d) En las conclusiones de su representada, correspondientes a la primera comparecencia, alega que el funcionario que negoció la sustitución de la persona de zonas verdes fue el Sr. [Nombre 018], siendo él el supervisor de contrato. Posteriormente, hace constar que el Sr. [Nombre 018] en ningún momento se ha tomado atribuciones que no le correspondan ni ha faltado a la jerarquía. (ver folios70, 72 y 128). e) Se evidencia una falta de cumplimiento a la función de comunicar a la jefatura de la Proveeduría Institucional de Inciensa de toda la información y actos relacionados con el contrato a fin de dejar constancia en el expediente administrativo..."No tenía conocimiento, si no fue hasta el mes de enero, que el [...] me consulto si hubo algún tipo de comunicado al expediente o a la proveeduría, sobre las vacaciones del personal de mantenimiento en áreas verdes, pero en el expediente no constataba, (sic) no se hizo ningún comunicado por parte ni del administrador de contrato ni de la unidad de servicios generales como tal. El administrador me pidió que enviara un oficio a la empresa TSC por parte de la proveeduría consultando lo mismo, ellos dieron respuesta que había sido autorizado por servicios generales para que el muchacho de mantenimiento de zonas verdes estuviera de vacaciones y que sería sustituido por otros funcionarios de TSC... (Declaración testimonial de la Licda. Gabriela Chavarría Richmond). f) Por otra parte el personal de limpieza utilizado no tiene el mismo perfil que el de jardinería, toda vez que éste había sido contratado para limpieza..." ¿De acuerdo a las cláusulas de estos contratos, específicamente en el de mantenimiento de zonas verdes, recuerda usted si el supervisor de contrato puede aceptar personal con requisitos diferentes a los del puesto contratado? R/ Se establecen muy bien los requisitos que debe cumplir la persona para dar los servicios, de hecho se pide en el contrato que si va a ser sustituido sea una persona con características muy similares a la que está ocupando el cargo en ese momento..." (Declaración testimonial de la Licda. Gabriela Chavarría Richmond). g) Consta el uso de personal de limpieza, correspondiente a un contrato específico, para cubrir las tareas de jardinería, establecidas en otro contrato..." Todos los días se recogían hojas, talvez no todo el día porque no había hojas para recoger todo el día, pero si todos los días después de medio día [Nombre 038] se iba para la parte de abajo y yo la parte de arriba y recogíamos las hojas... Solamente los días que yo no vine que tengo entendido que ellos me dijeron que agarraban la parte del parque de arriba hasta abajo y la parte de atrás... (Declaración de [Nombre 037], [...] de Grupo TSC)..." Ese día decidimos, que se iban a lavar los pasillos, a hacer limpieza especiales (sic) en vidrios y demás y conforme se viera basura, todo el equipo se moviera a las partes externas y zonas verdes y barrer parqueos"... (Declaración de [Nombre 026] , [...] del Contrato Grupo TSC para el INCIENSA). En consecuencia, a todo lo anteriormente expuesto esta Dirección General si encontró elementos que conllevan a la responsabilidad del Ing. [Nombre 001] en el incumplimiento en sus funciones como supervisor del contrato No.000003-2014, de conformidad con la cláusula quinta, así como las funciones y responsabilidades establecidas en el oficio UPI-0169-2014 de la Proveeduría Institucional, con base en la Directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Aunado a ello también se da la responsabilidad del Ing. [Nombre 001], en cuanto al incumplimiento del contrato No.000003-2014, con respecto al uso de personal cuyas cualidades no son similares al perfil de los servicios del contrato de mantenimiento en zonas verdes y jardinería. Finalmente se encuentra responsabilidad del Ingeniero [Nombre 001] , en cuanto a la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC del contrato No.0000020-2013, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes y jardinería No.000003-2014. Ahora bien, tomando en consideración lo anteriormente expuesto así como el siguiente fundamento legal sea: Cláusula quinta del contrato No.000003-2014, Directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento lícito en la Función Pública, Ley 8422, Artículo 25, inciso 3 y 11 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA, Decreto Ejecutivo No. 35574-S. De conformidad con lo indicado en el Artículo 99 inciso 3 y 5 y artículo Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA (Decreto Ejecutivo N° 35574-S), esta Dirección General considera que el Ing. [Nombre 001] incurrió en una falta grave, razón por la cual le corresponde una suspensión de quince días sin goce de salario, como una sanción acorde a las conductas desplegadas, en tanto se trata de una medida correctiva que busca llamar la atención del servidor con el fin de que ajuste su conducta de frente a la gestión futura". Con base en esa motivación dispuso: "De conformidad con las razones de hecho y derecho expuestos esta Dirección General absuelve de toda responsabilidad al Sr. [Nombre 018], al no encontrar elementos que demostraran un irrespeto a la Jerarquía de su parte. Así como el no haberse demostrado que el Sr. [Nombre 018] haya negociado con la empresa TSC S.A., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014. Finalmente, no se encuentra responsabilidad alguna con respecto a la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes. Ahora bien, esta Dirección General sí encontró elementos que conllevan a la responsabilidad del Ing. [Nombre 001] en el incumplimiento de sus funciones como supervisor del contrato No.0000003-2014 de conformidad con la cláusula quinta, así como las funciones y responsabilidades establecidas en el oficio UPI-0169-2014 de la Proveeduría Institucional, con base en la Directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Aunado a ello también se le da la responsabilidad del Ing. [Nombre 001] , en cuanto al incumplimiento del contrato No.0000003-2014, con respecto al uso personal cuyas cualidades no son similares al perfil de los servicios del contrato de mantenimiento en zonas verdes y jardinería. Finalmente se encuentra responsabilidad del Ing. [Nombre 001], en cuanto a la utilización de personal de limpieza del Grupo TSC del contrato No. 000020-2013, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes y jardinería No. 000003-2014. En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 99 inciso 3 y 5 y 103 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA (Decreto Ejecutivo No. 33574-S), esta Dirección General considera que el Ing. [Nombre 001] incurrió en una falta grave, razón por la cual le corresponde una suspensión de quince días sin goce de salario, como una sanción acorde a las conductas desplegadas, en tanto se trata de una medida correctiva que busca llamar la atención del servidor con el fin de que ajuste su conducta de frente a la gestión futura. Se da por agotada la vía administrativa. Notifíquese". Dicha resolución fue notificada el 25 de junio del 2015. (Folios 161-174 del expediente administrativo);

Mediante escrito presentado el 30 de junio del 2015, la representación del [Nombre 001] , presentó recurso de revocatoria con apelación y solicita le sea retirada la suspensión de quince días impuesta a su representado. (Folios 177-179 del expediente administrativo);

Mediante resolución DG-re-48-2015 del tres de julio del 2015, se atendió el recurso de Revocatoria con Apelación, en el cual se dispuso el rechazo del recurso de revocatoria presentado contra la resolución No DG-re-28-2015 de las nueve horas con cuarenta minutos del 24 de abril del 2015, manteniéndose la sanción de quince días sin goce de salario para el Ing. [Nombre 001]. Notificada el 6 de julio del 2015. (Folios 181-184 del expediente administrativo);

Que, según certificación del 9 de diciembre del 2016, emitida por la Dirección Administrativa se señaló: "Que el Ing. [Nombre 001] cédula de identidad [Valor 001], labora para esta Institución desde el 08 de octubre del 2007. Actualmente ocupa en propiedad el puesto de [...]). Que según lo solicitado por el señor [Nombre 001], se registra en su expediente de personal el disfrute de vacaciones, según se detalla a continuación:

Ocho días de vacaciones, correspondientes al período 2013-2014, mismas que fueron disfrutadas del 22 de diciembre del 2014 hasta el 02 de enero del 2015.

Ocho días de vacaciones, correspondientes al período 2014-2015, mismas que fueron disfrutadas del 21 de diciembre al 31 de diciembre del 2015. (Imagen 123 del expediente judicial);

La señora [Nombre 035], quien es esposa del actor, señaló en su declaración testimonial sobre la afectación emocional del señor [Nombre 001], indicando que su esposo a partir del 2015 con el desarrollo del procedimiento disciplinario se ha visto muy afectado desde el punto de vista emocional y físico, indica que ha tenido un cambio en su forma de ser, a tal punto que ni ella lo reconoce, ha estado en tratamiento en el Hospital en el área de psiquiatría, él solo pasaba llorando, no comía, no podía ir al baño solo, ha sido operado del corazón. Todo esto le sucedió después de la suspensión. Toda esa afectación persiste aún. (Soporte de grabación);

En la declaración de [Nombre 024] manifestó que ella fue parte del órgano director, que llevó el procedimiento en contra de don [Nombre 001], indica que en el momento que se le nombra como órgano director, en su primera investigación se concluyó que el señor [Nombre 001] no hizo negociación alguna con la empresa para la sustitución del funcionario de jardinería. Sin embargo, se indica que se encontraron nuevos hechos, que debían ser investigados, y en razón de eso se hace una ampliación de hechos y se determinó que hubo un incumplimiento del contrato que el supervisaba y se realiza informe en ese sentido y se señala que esa conducta se consideraba una falta grave. El señor [Nombre 001] ejerció los recursos de apelación, pero aclara que la Dirección General es quien agota la vía administrativa. En el primer informe rendido se realizaron dos recomendaciones una primera en el sentido de no encontrar responsabilidad de don [Nombre 001] en los hechos endilgados, no obstante, recomienda investigar otros hechos. Las recomendaciones dadas fueron incorporadas en el nuevo procedimiento. Fue un procedimiento únicamente disciplinario. (Soporte de grabación).

Hechos no Probados:

La existencia de una desviación de poder por parte de la [...] del INCIENSA en el procedimiento sancionador seguido contra el señor [Nombre 001] .

El daño moral en la dimensión que reclama el accionante.

Objeto del proceso y exposición de argumentos. A partir del análisis de las pretensiones y las argumentaciones presentadas por las partes, es claro que el objeto del proceso se relaciona con la validez del procedimiento administrativo disciplinario seguido contra el accionante en razón de los siguientes argumentos. Indica que es funcionario del INCIENSA desde hace más de 8 años, ganando un salario mensual promedio de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES, en una plaza de jefatura con personal a su cargo. Señala que presentó denuncia por acoso laboral que ha sufrido, en contra de su autoridad superior, por las razones que constan en el expediente respectivo. Mediante oficio DA-OF-011-201 5, de fecha 29 de enero de 2015, se solicitó la apertura de un órgano director en su contra, por "negociar con una empresa privada la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas de diciembre del 2014". El INCIENSA abrió procedimiento disciplinario en su contra. La imputación de cargos que se le traslado  fue el siguiente: "La presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada, Grupo TSC S.A., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre 2014, cuando el contrato establece su no competencia para este tipo de actos por si solo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.

Mediante oficio OD-04-OF-2015, de fecha 7 de abril de 2015, el órgano director remitió a la dirección general del INCIENSA el informe final del procedimiento, concluyendo lo siguiente: "1.- Que el Ing. [Nombre 001] no realizó ninguna negociación con la empresa privada Grupo TSC, para la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes.

Que no fue sustituido el titular de jardinería, correspondiente al contrato No. 000003-2014, en las vacaciones de fin de año del 2014". Inmediatamente después del oficio OD-04-OF-2015, sigue resolución DG-re-009-2015 dictada por el órgano decisor el 15 de abril de 2015, donde se integran hechos nuevos a investigar en su contra, con el siguiente detalle: "1. La presunta responsabilidad por el incumplimiento del contrato No.000003-2014, específicamente en lo indicado en la cláusula quinta de este contrato, en relación con lo que literalmente se establece en la cláusula tercera...

Así como la presunta responsabilidad por la utilización de personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes". Como parte de los hechos nuevos a investigar en su contra, no se incluyó afectación patrimonial alguna sufrida por el INCIENSA. Mediante oficio OD-05-2015, de fecha 24 de abril de 2015, el órgano director emitió un traslado de cargos de hechos nuevos e integración de la litis. En lo que se refiere a él, los "nuevos hechos a investigar que se detallaron en dicho traslado de cargos, son una copia literal de lo señalado en resolución DG-re-009-201. El acto final se dictó mediante resolución DG-re-28-2015, de fecha 24 de junio de 2015. Dicha resolución carece de un elenco de hechos probados. El acto final se le notificó mediante fax transmitido el 25 de junio de 2015. El 30 de junio de 2015, dentro de los tres días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente a su notificación, estableció los recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, en contra del acto final dictado. Al resolver el recurso de revocatoria se señaló: "Primeramente debemos indicar que la sanción impuesta al Ing. [Nombre 001] en este proceso obedece a aspectos disciplinarios nunca a algún perjuicio económico...". También indicó en ese mismo acto la dirección general, que:"Finalmente, en cuanto al recurso de apelación se omite pronunciamiento sobre éste, toda vez que de acuerdo a lo indicado en la Ley No. 4508 del 26 de diciembre del (sic) 1969 y sus reformas, el agotamiento de la vía administrativa es potestad de esta Dirección General y no del Consejo Técnico" . Indica que disfrutó de vacaciones de ley, desde el 19 de diciembre de 2014 y hasta el día 4 de enero del año 2015. Durante dicho período, por encontrarse disfrutando de vacaciones, no participó en reunión alguna relacionada con su trabajo. El 5 de febrero de 2015, remitió correo electrónico al Sr. [Nombre 015], [...] del INCIENSA, donde le manifestó lo siguiente: "Buenas tardes. Don [Nombre 015] para solicitarle el monto a rebajar a la Empresa TSC, servicios de jardinería, para solicitarles la corrección de la factura. Gracias". El 9 de febrero de 2015, remitió oficio USG-OF-0001 7-15 a la empresa Grupo TCS S.A., manifestándole lo siguiente: "Por indicación de la Dirección Administrativa del instituto, procedemos a devolver la factura 566, por concepto de cobro del servicio de mantenimiento de zonas verdes, correspondiente al mes de diciembre 2014. Ello, se fundamenta en que el monto cobrado, debería venir con un ajuste de siete días menos, en los cuales no se recibió el servicio contratado, por el problema suscitado con las vacaciones del jardinero, para los últimos días del 2014 e inicio del 2015". El 11 de febrero de 2015, la empresa TSC remitió correo electrónico dirigido, entre otras personas, al señor [Nombre 015] y a su persona, donde manifestó lo siguiente: "Don [Nombre 015] por otro lado le adjuntamos también nota que recibimos de Servicios Generales, donde nos notifican la devolución de la factura del mes de diciembre y nos indican que su persona nos indicará como (sic) proceder con la facturación. Por lo tanto le agradeceremos nos indique el nuevo monto con que se debe emitir dicha factura". Producto de la suspensión sin goce de salario de cual fue objeto, su familia, sus compañeros de trabajo, y en especial sus subalternos, notaron su ausencia de la oficina. Además, se hizo constar copia de la resolución dictada en su expediente personal de recursos humanos.  Expone todo lo señalado le ha causado una importante afectación emocional, además de hacerle sentir, de nuevo, acosado laboralmente.  Explica que a raíz de todo, recibe tratamiento por Cardiología y por Psiquiatría. Señala que la persecución de la cual ha sido objeto, así como la suspensión que se le impuso, le han generado ansiedad, hiporexia, pérdida de peso, insomnio, temblor, sudoración excesiva y quebrantos en su voz. Manifiesta que fue atendido en el servicio de Medicina de Empresa del INCIENSA. Ahí se le remitió a Psicología de la Salud del Área de Salud de La Unión, Cartago. Luego, por la gravedad de su padecimiento, también se le remitió al Hospital Dr. Chacón Paut. Manifiesta que está en tratamiento con medicamentos tales como Clonazepam y Fluoxetina. Agrega que tuvo que estar incapacitado los días tres y cuatro de setiembre del año en curso, incapacidad emitida por el Dr. Manuel Villar Paredes, Médico Especialista en Psiquiatría del Hospital Dr. Chacón Paut. Explica que es evidente que no hubo ninguna afectación patrimonial sufrida por el INCIENSA y que el procedimiento seguido en su contra, lo fue, únicamente, por responsabilidad disciplinaria y nunca patrimonial, en consecuencia, el plazo de prescripción aplicable a las supuestas faltas que fueron investigadas en su contra era el de un mes, según el artículo 603 del Código de Trabajo. Por lo que el "segundo traslado de cargos" por los presuntos "hechos nuevos", se realizó hasta el 24 de abril de 2015, mediante oficio OD-05-2015. Mientras tanto, si bien es cierto, dicho "segundo traslado de cargos" nunca fue claro en cuanto a la fecha de presunta comisión de los "hechos nuevos", es evidente que la investigación que originó su suspensión sin goce de salario obedece a situaciones que se habrían dado en el mes de diciembre del año dos mil catorce. En ese sentido expone que entre diciembre de dos mil catorce y el veinticuatro de abril de dos mil quince, transcurrió de manera sobrada el plazo de prescripción mensual previsto por el artículo 603 del Código de Trabajo. Añade en sus argumentos de derecho lo siguiente. Indica una violación al debido proceso por irrespetarse su derecho a la doble Instancia, sustentado en lo indicado por la dirección general del INCIENSA en la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, donde se le negó la posibilidad de acudir ante un superior en grado, lo cual vicia de nulidad absoluta todo lo actuado en su contra. Agrega que es falso que la Ley No. 4508, encargue a la dirección general del INCIENSA, el agotamiento de la vía administrativa. Señala que el artículo 3 de dicha Ley dispone que el gobierno del INCIENSA corresponderá a su Consejo Técnico, por otra parte, indica que el numeral 2 del mismo cuerpo normativo, establece que el INCIENSA estará adscrito al Ministerio de Salud. De ahí que El Estado deba haber sido traído a juicio como codemandado, y también por esa misma razón, es que el agotamiento de la vía administrativa jamás pudo haber sido decretado por la Dirección general del INCIENSA. Resalta la violación a su derecho a presentar recurso de apelación para ante el superior en grado, dispuesto, por el artículo 121 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA (Decreto Ejecutivo No. 35574). Explica que no haber tenido la oportunidad de que un superior revisara la conformidad de la sanción impuesta con el ordenamiento que los rige, en los términos del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, se constituye en la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento, toda vez que se le causó indefensión. Indica que, en vía administrativa, podía ejercer su defensa sin tener que asumir el costo de honorarios profesionales. Expone que, al habérsele privado de su derecho al recurso de apelación en sede administrativa, se le privó de una opción más de defensa, y no le quedó más remedio que acudir a la vía contencioso administrativa. Por ello, conforme a las disposiciones de los artículos 129, 158, 166, 169, 172 y 175 de la misma LGAP, no puede sino concluirse que la actuación administrativa desplegada por el INCIENSA en su contra, es absolutamente nula, con los efectos de ley. Expone también que se echa de menos un elenco de hechos, explica que es imprescindible que el funcionario que recibe la sanción tenga absoluta certeza en cuanto a cuáles son los hechos que fueron tenidos por acreditados y que originaron la sanción en su contra. En consecuencia, invoca una vez más el artículo 223 de la LGAP, reprochando que la ausencia de un elenco de hechos probados no es otra cosa más que la omisión de otra formalidad sustancial del procedimiento, toda vez que le causó indefensión. Continua señalando que con las groseras violaciones de procedimiento que se dieron en su contra, debe apreciarse que "el primer traslado de cargos" que se emitió, contenía la siguiente imputación: "La presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada, Grupo TSC S.A., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de  diciembre 2014, cuando el contrato establece su no competencia para este tipo de actos por si solo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.3". Luego de recibir la prueba, mediante oficio OD-04-OF-2015, de fecha 7 de abril de 2015, el órgano director remitió a la dirección general del INCIENSA el informe final del procedimiento, concluyendo lo siguiente:"1.-Que el Ing. [Nombre 001] no realizó ninguna negociación con la empresa privada Grupo TSC, para la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes.

Que no fue sustituido el titular de jardinería, correspondiente al contrato No. 000003-2014, en las vacaciones de fin de año del 2014". Indica en ese sentido que si la dirección general discrepaba de las conclusiones del órgano director, podía separarse de ellas, de manera motivada por supuesto, y dictar un acto final en otro sentido. Sin embargo, en lugar de proceder de esa manera, el órgano decisor adoptó la resolución DG-re-009-2015, donde "se integran hechos nuevos a investigar" en su contra, con el siguiente detalle: "1. La presunta responsabilidad por el incumplimiento del contrato No. 000003-2014, específicamente en lo indicado en la cláusula quinta de este contrato, en relación con lo que literalmente se establece en la cláusula tercera...

Así como la presunta responsabilidad por la utilización de personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes". Señala que lo cierto es que esos supuestos "nuevos hechos a investigar", no son otra cosa más que la misma imputación original expuesta de manera distinta. Resalta que el supuesto incumplimiento de la cláusula quinta del contrato, en relación con su cláusula tercera, tiene que ver con una presunta supervisión defectuosa de su parte en cuanto a la sustitución del personal de la empresa contratista. Al respecto, en el oficio OD-04-OF-2015, se estableció: "Que el Ing. [Nombre 001] no realizó ninguna negociación con la empresa privada Grupo TSC, para la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes" Luego, la presunta responsabilidad por la utilización de personal de limpieza del contratista, para cubrir tareas correspondientes al mantenimiento de zonas verdes, también había sido abordada ya en el oficio OD-04-OF-2015 con la siguiente conclusión: "Que no fue sustituido el titular de jardinería, correspondiente al contrato No. 000003-2014, en las vacaciones de fin de año del 2014" . Así que en su criterio la inclusión de supuestos "hechos nuevos", no fue otra cosa más que un eufemismo para que el órgano director volviese a referirse, en palabras distintas, a aquello respecto de lo que ya había emitido conclusiones en su oficio OD-04-OF-2015. Por ello, reitera que, si el órgano decisor no estaba conforme con las conclusiones emitidas en dicho oficio, lo propio era que emitiera un acto final separándose de ellas, con la motivación de rigor, pero nunca ordenar una investigación por "hechos nuevos", cuando lo único "novedoso" fueron los términos en que se abordó la misma imputación. En cuanto al fondo del asunto, señala que también existen múltiples razones para declarar la nulidad absoluta de la conducta administrativa sometida a juicio. Indica una falta de motivación de hecho, por omitir cuáles hechos fueron probados la ausencia de un elenco de hechos probados, lo cual no sólo implica la violación de una formalidad sustancial, sino que también genera el vicio de falta de motivación de hecho. Manifiesta que su relación laboral con el INCIENSA, se encontraba interrumpida por vacaciones. Sin perjuicio de la falta de motivación de hecho que viene de ser expuesta, lo que si es un hecho incontrovertible, es que para la fecha en que aparentemente se habrían dado las irregularidades por parte del contratista, él se encontraba disfrutando de su período de vacaciones de ley. Por otra parte, expone que la sanción que se le impuso también resulta ilegal, debido a que se omitió consideración respecto de lo que dispone el artículo 108 de la Ley No. 8131, no existió acreditación de algún impacto negativo en el servicio público que brinda el INCIENSA, ni tampoco, de daños y perjuicios que haya sufrido la Administración, con motivo de los hechos que me fueron imputados. Todo lo contrario, pues, luego de reintegrarse a su trabajo al finalizar su período de vacaciones de ley, remitió el comunicado correspondiente a la empresa contratista, haciéndole ver que no se le iba a pagar el monto que había cobrado por los servicios durante el mes de diciembre, sino que tenía que corregir su factura, haciendo el rebajo respectivo. En respuesta a su gestión, la empresa contratista aceptó modificar el monto que pretendía cobrar, de manera que no hubo afectación ni de servicio ni patrimonial para la Administración. Manifiesta que no hay razonamiento de porque se impone la sanción mayor. Por último, como otro vicio adicional de fondo que ratifica la nulidad absoluta de lo actuado en su contra, acusa la existencia de desviación de poder, pues el procedimiento que culminó con su suspensión sin goce de salario, no es más que la continuación del acoso laboral del que he venido siendo víctima hace ya mucho tiempo y que ha ocasionado tantísima afectación emocional. Agrega que sólo así se explica que la dirección del INCIENSA se haya dado el lujo de afirmar que gozaba de competencia para agotar la vía administrativa, además de haber inducido a que se tramitara una "segunda investigación" en su contra, luego de que, en un primer informe de conclusiones, el órgano director ya le había eximido de cualquier responsabilidad. De tal manera que una investigación tan viciada como la que solicito sea examinada en esta sede jurisdiccional, basada en hechos ocurridos cuando él estaba de vacaciones, conforme a las reglas de la sana crítica, sólo puede entenderse como una manera sistemática de intentar minar su estado anímico.

Argumentos del Estado: A criterio de esa representación del Estado, los argumentos de la actora son jurídicamente errados y abiertamente improcedentes. De ellos no es posible colegir alegato alguno que sustente la indebida actuación administrativa que conlleve la nulidad alegada. Indica que la Administración actuó conforme a Derecho, según los hechos, las pruebas existentes, el procedimiento y la normativa vigente. Sobre la prescripción de la potestad disciplinaria señala que tal como se ha señalado en el Manual de Procedimientos Administrativos emitido por la Procuraduría General de la República, desde el punto de vista subjetivo, según se esté o no ante funcionarios o servidores de la Hacienda Pública, o incluso si desde el punto de vista material-objetivo se está ante alguna infracción administrativa propia del Régimen General de Control Intimo o del sistema disciplinario instaurado por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el plazo prescriptivo es de cinco años. Agrega que el artículo 123 del Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (de ahora en adelante, Reglamento Autónomo del INCIENSA), es complementario, no contradictorio ni excluyente a lo indicado en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (de ahora en adelante LOCGR), que, en todo caso, es una norma de rango superior. Debe hacerse la diferenciación entre los procedimientos para establecer la responsabilidad patrimonial, de los de responsabilidad disciplinaria. Nótese además, en ese sentido, que el articulo 71 anterior, hace referencia a la potestad disciplinaria. De ahí que los argumentos expuestos por la parte actora, en relación a una supuesta declaración de inexistencia de "perjuicio económico", no corresponden a la realidad, toda vez que ya Administración lo que ha declarado es que el procedimiento que nos ocupa no ha conocido lo correspondiente a una responsabilidad patrimonial. De conformidad con el expediente administrativo, la Administración lo que señaló en la resolución n.° DG-re-48-2015 fue que la impugnación realizada por el actor contra el hecho de la resolución final es improcedente, toda vez que el procedimiento disciplinario no cubrió aspectos patrimoniales. Añade que en el caso concreto, debido a que el actor es el funcionario encargado del contrato administrativo n.° 000003-2014, y la falta atribuida responde al incumplimiento de lo establecido en una de sus cláusulas, así como por la utilización de personal de limpieza para cubrir las tareas del contrato de mantenimiento de zonas verdes, ello de conformidad con el expediente administrativo, es evidente que el actor responde a un funcionario de la hacienda pública, y que la sanción impuesta responde a esa condición, pues no podría negarse que él tiene a su cargo el manejo y disposición de fondos públicos. Tan es así, que uno de los fundamentos legales de la sanción impuesta, es la Directriz DGABCD-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, y que el mismo actor alega en esta demanda la supuesta falta de aplicado de la Ley n.° 8131. Así, es evidente que el plazo de prescripción de la potestad disciplinaria en el caso que nos ocupa es de 5 años establecido en el artículo 71 antes trascrito, y no el del mes establecido en el 603 del Código de Trabajo. Pero aun cuando se considerase que el plazo de prescripción de la potestad disciplinaria es de un mes de conformidad con el artículo 603 del Código de Trabajo, lo cierto es que esa prescripción no se configuró en el caso que nos ocupa. En primer término, debe señalarse que el punto de partida de ese plazo extintivo, tal como lo ha señalado la jurisprudencia, es aquel momento en que se interpone la denuncia o el informe que recomiende la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para incoar el procedimiento respectivo. Cabe indicar que dicho plazo se interrumpe por la iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado. En el caso, no transcurrió el mes indicado. Respecto a los alegatos de nulidad por violación debido proceso, por irrespetarse su derecho a la doble instancia, indica que tampoco lleva razón el actor, por cuanto la Sala Constitucional ha resuelto de forma reiterada, que éste derecho en sede administrativa no constituye un derecho fundamental comprendido dentro del principio del debido proceso, por cuanto con el dictado del acto final, se deja abierta la vía jurisdiccional para impugnar dicho acto. Aunado a lo expuesto, debe tenerse presente que la obligatoriedad del instituto jurídico denominado agotamiento de la vía administrativa, fue declarada inconstitucional mediante voto n.° 3669-2006 del 15 de marzo del 2006, por lo que actualmente, el agotamiento que nos ocupa resulta facultativo pudiendo el sujeto interesado acudir directamente a la vía judicial, a discutir su disconformidad, sin formular recurso alguno ante la Administración. Lo anterior, salvo en materia municipal y de contratación, únicas excepciones para las cuales el requerimiento dicho resulta preceptivo. En todo caso, la resolución final recurrida expresamente señala que con ella se agota la vía administrativa. Ahora bien, en aplicación del principio de legalidad, los órganos y entes públicos sólo son competentes para ejercitar los poderes que expresamente hayan sido otorgados por el ordenamiento, es decir, la competencia que un sujeto ostente de forma exclusiva para realizar una conducta determinada se encuentra previamente establecida en una norma; razón por la cual, la viabilidad jurídica de agotar la vía administrativa fue otorgada mediante Ley al Director General del INCIENSA, de ahí que éste es el único llamado a ejercerla (artículo 1° de la Ley n.° 4508. Por último, debe recordarse que al actor se le imputó y se le sancionó por una falta grave (artículo 99 del Reglamento Autónomo del INCIENSA) y que por disposición expresa del mismo Reglamento Autónomo, ese tipo de sanción debe tramitarse de conformidad el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública. En relación con la ausencia de un elenco de hechos probados en el acto final impugnado por el actor tanto por el fondo como por la forma, así como la falta de motivación, por omisión de lo dispuesto por la Ley n.°8131, debe tenerse presente que la motivación de los actos de la Administración, versa sobre la necesidad de justificar las razones que llevan al dictado de determinado acto administrativo, con el fin de que el interesado conozca con exactitud y certeza la voluntad de la Administración, dado que las decisiones que la misma adopte, afectarán necesariamente sus derechos. En este sentido, el acto final DG-re-28-2016 se encuentra ajustado a Derecho, conteniendo los fundamentos fácticos y normativos necesarios, para que el actor conociera de forma completa y motivada, las razones que llevaron a la [...] de INCIENSA a resolver como lo hizo. La resolución citada, se encuentra debidamente fundamentada, los hechos son claros, precisos, y se encuentran respaldados mediante el fundamento normativo correspondiente. Respecto a la inexistencia de un elenco de hechos probados, no resulta ser más que una apreciación subjetiva del actor, dado que el acto administrativo impugnado sí indica expresamente los hechos y la relación de argumentos jurídicos considerados por la Administración y que sirven de fundamento para la decisión final; en la especie, el citado acto, sí fue dictado acorde con lo prescrito por la normativa, conteniendo en el apartado denominado "CONSIDERANDO", la debida motivación por parte de la Dirección General del Instituto, al analizar las responsabilidades y los incumplimientos en que incurrió el actor, y que fueron demostrados. Pero además, extraña a esta representación ese argumento, toda vez que el propio actor, al presentar su recurso administrativo contra el acto final, se refiere a los "hechos" de la resolución, identificándolos puntualmente e impugnándolos. En lo que respecta a la supuesta transgresión del principio non bis in ídem, tampoco lleva razón el accionante. En primer lugar, dicho principio implica, conforme lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Política que, ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por un mismo hecho, es decir, se proscribe la posibilidad que autoridades de un mismo orden y, a través de distintos procedimientos, sancionen más de una vez la misma conducta. Bajo dicha tesitura, es claro que el hecho por el cual se desestimó la primer imputación de cargos, corresponde a la presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada Grupo              TSC SA., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014 por cuanto tuvo por demorado que no hubo ninguna negociación para no sustituir ese puesto, pues los aspectos relacionados con los contratos que tiene INCIENSA con el Grupo TSC, eran coordinadas por [Nombre 018], subalterno del señor [Nombre 001]. Obsérvese que tanto los tres hechos por los cuales fue sancionado el actor, por así haberse demostrado en el procedimiento administrativo, como el hecho desestimado, son diferentes; éste último caso, se refiere a una supuesta negociación por el actor para la no sustitución de la persona que efectuaba el mantenimiento de las áreas verdes de INCIENSA, mientras que los tres tenidos como demostrados, pese a también estar relacionados con el contrato No.000003-2014, eluden directamente a la inobservancia de las funciones del actor como supervisor de dicho contrato (cláusula quinta) y normativa aplicable, el uso de personal de limpieza que no cumple con los requisitos para la realización del mantenimiento de las zonas verdes. En cuanto a que al actor no se pueden imputar omisión a sus deberes de supervisión del contrato No.000003-2014, por encontrarse en vacaciones, con lo cual se interrumpió su relación laboral con INCIENSA, tampoco lleva razón el demandante. Tal como lo indica el contrato referido como el oficio UPI-0169-2014 y la Directriz DGABCD-09-2013, como parte de las funciones de quien supervisa el contrato, se encuentra el velar por el cumplimiento de los requisitos y cláusulas del contrato, disponer la confección de un cronograma de tareas y responsables de su ejecución, disponer de las medidas necesarias para el cumplimiento de dicho cronograma de tareas y contactar con los responsables de su ejecución, así como comunicar en forma inmediata al contratista, cualquier ajuste en los tiempos de éste cronograma, con el fin de adoptar las medidas pertinentes. Es decir, el actor tenía una serie de funciones que debía realizar con el fin de asegurarse que, durante su ausencia, igualmente el contrato citado, sería cumplido; no obstante, no veló adecuadamente por dicho fin, omitiendo sus responsabilidades previamente normadas, y tomando medidas que no eran acordes con lo regulado en el contrato. Todo lo anterior, no hace más que demostrar que las supuestas nulidades alegadas de las actuaciones de la Administración son improcedentes, y así solicita se declare. Justifica la parte actora que, debido a que los hechos por lo que se le sancionó no tuvieron una repercusión económica, debió aplicarse el artículo 118 de la Ley 8131, y que caso contrario, debió explicársele por qué se le aplicó la sanción más alta. En ese sentido, debe observarse que expresamente el acto final en su por tanto, que el actor fue sancionado por lo que dispone el artículo 99 del Reglamento interno, de ahí que es innegable que el mantenimiento contratado es parte del interés público en los términos del artículo 3 de la Ley n.° 8422. Por ello, no resulta para esta representación, jurídicamente viable pretender minimizar la importancia de las faltas de observación de lo dispuesto contractualmente para la satisfacción de esa necesidad, atendiendo únicamente a criterios económicos, pues indiscutiblemente hubo una vulneración al interés público. En ese mismo orden de ideas, tal como se expuso con antelación, debe notarse que oficio USG-OF-00017-15 dirigido a la empresa TCS S.A, es del 9 de febrero de 2015, es decir, después del correo de don [Nombre 015] el 5 de enero de 2015, la denuncia realizada por el [...] el 30 de enero de 2015, la designación del órgano director del procedimiento administrativo el 4 de febrero de 2015 y la resolución del procedimiento y citación a comparecencia oral y privada, luego de haber remitido a cobro la factura de Grupo TSC correspondiente el 5 de febrero de 2015 en horas de la mañana y de haber sido notificado de la apertura del procedimiento administrativo referido el 6 de febrero de 2015. Alega la parte actora, una supuesta desviación de poder por acoso laboral. Presenta como prueba de ello, la denuncia que planteó hace tres años, contra la [...] de esa institución. En primer término, señala que mediante resolución CT-177-2012 del 10 de setiembre de 2012, se exoneró de responsabilidad disciplinaria a la denunciada, al haberse comprobado que no incurrió en las faltas intímadas. Aunado a ello, esa resolución no fue impugnada por el actor ni administrativa ni judicialmente. Véase que tampoco él planteó un proceso judicial por acoso laboral. Por otra parte, los hechos que denunció el actor datan de más de tres años atrás. De una lectura del Auto de Apertura del Procedimiento Administrativo dictado por el Órgano Director, así como de la ampliación de los hechos, se denotan claramente todos los requisitos formales que debe contener la resolución y que en cumplimiento de los mismos no se violenta el debido proceso y por ende no se le causa indefensión al administrado, e incluso cada uno de ellos se cumplió en las etapas respectivas a lo largo del procedimiento que culminó con la sanción impuesta al señor [Nombre 001]. De manera que cualquier violación que se alegue del procedimiento administrativo que se le siguió al actor, carece de sustento jurídico, pues del mismo expediente se evidencia el cumplimiento y respeto a cada uno de los derechos que garantizan el debido proceso y derecho de defensa.

Argumentos del INCIENSA: Indica que de una lectura del auto de Apertura del Procedimiento Administrativo dictado por el Órgano Director, así como de la ampliación de los hechos, se denotan claramente todos los requisitos formales que debe contener la resolución y que en cumplimiento de los mismos no se violenta el debido proceso y por ende no se le causa indefensión al administrado, e incluso cada uno de ellos se cumplió en las etapas respectivas a lo largo del procedimiento que culminó con la sanción impuesta al señor [Nombre 001] . De manera que cualquier violación que se alegue del procedimiento administrativo que se le siguió al actor, carece de sustento jurídico, pues del mismo expediente se evidencia el cumplimiento y respeto a cada uno de los derechos que garantizan el debido proceso y derecho de defensa. De mala fe el actor señala sólo dos de las cinco conclusiones que le remite el Órgano Director a la Dirección General, señalando que ésta última si discrepaba de las conclusiones emitidas podía separarse de manera motivada pero que contrario a eso lo que hizo fue integrar hechos nuevos. Sorprende como el actor omite siquiera señalar que esos hechos nuevos nacen a partir de las conclusiones 3, 4 y 5 y la recomendación que formula el Órgano Director. Por otro lado, alega la inexistencia de hechos probados carece de sustento, por cuanto los mismos fueron debidamente imputados y demostrados mediante prueba documental y testimonial y por ende demostrado la falta cometida por el actor, lo cual consta en el Acto Final dictado por la Dirección General. De conformidad con el auto de Traslado de Cargos, al señor [Nombre 001] se le indicó la normativa presuntamente incumplida, encontrándose entre éstas el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública que regula el deber de probidad, falta que de conformidad con el numeral 44 de la misma ley, prescribe en 5 años (artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), por lo que ni siquiera al día de hoy existe prescripción. Ahora bien, si se quisiera considerar que el plazo de prescripción es el de un mes regulado en el artículo 603 del Código de Trabajo, debemos tener claro que ese plazo comienza a correr a partir del momento en que el superior jerárquico con potestad para sancionar tiene conocimiento de los hechos, por lo que en el presente caso, la Dirección General tiene conocimiento de esos hechos nuevos el día 07 de abril de 2015, fecha en la que recibe el informe final del Órgano Director (OD-04-of-2015), ordenándose la investigación de esos hechos nuevos mediante resolución DG-re-009-2015 de las 10:00 horas del 15 de abril de 2015. El traslado de cargos de esos hechos nuevos se dicta mediante resolución OD-05- 2015 de las 14:00 horas del 24 de abril de 2015 notificada al señor [Nombre 001] ese mismo día, es decir, con menos de un mes entre el conocimiento de los hechos nuevos por parte del superior (Dirección General) y la notificación al investigado de esos hechos nuevos, por lo que no transcurrió ninguna prescripción. Y finalmente el actor alega que existe desviación de poder trayendo a colación un supuesto acoso laboral, cuando lo cierto es que no existió ni existe tal acoso, aunado a que en nada tiene relación con lo que aquí se discute.

Sobre el argumento de prescripción alegada: Uno de los argumentos de esta demanda, es el alegato de prescripción de la potestad disciplinaria que la parte actora ha introducido al debate, el cual por su naturaleza debe analizarse en primer orden. En ese sentido, debe indicarse que, en las relaciones de empleo, el ejercicio de la potestad disciplinaria del jerarca frente a los funcionarios que han cometido faltas sancionables se encuentra sujeto a un factor de tiempo el cual una vez transcurrido no puede ser emprendido. Ese límite de tiempo varía según se trate de la materia regulada y de la existencia de un régimen jurídico especial que configure reglas particulares para tipos específicos de relaciones de empleo público. En consecuencia, esa potestad disciplinaria (que se basa en la doctrina del ordinal 102 de la LGAP) no es irrestricta en el tiempo. A diferencia de otras potestades públicas que, por su naturaleza, se consideran imprescriptibles como lo es la tutela de bienes demaniales, pero las que se refieren al ejercicio sancionatorio, si están sujetas a reglas de temporalidad en virtud de lo cual, puede fenecer por el curso del tiempo establecido por el ordenamiento jurídico sin concretarlas. De esta forma, en este tipo de relaciones, el titular del poder correctivo es el jerarca administrativo y el sujeto pasivo el funcionario público, quien en esa medida, se encuentra sujeto a la potestad correctiva interna solo por el plazo que expresamente fije la normativa aplicable, vencido el cual, emerge su facultad de requerir el reconocimiento de la pérdida de la potestad jerárquica. Se trata de un asunto librado a la discrecionalidad del legislador, quien determina en cada caso, si se trata de una prescripción o una caducidad del eventual ejercicio de esas potestades. En el caso concreto, la parte accionante, señala que el plazo de esa potestad disciplinaria está sujeta a lo previsto en el Código de Trabajo, al sustentar que el procedimiento llevado a cabo no contemplaba un daño patrimonial, sino únicamente de orden disciplinario, en atención a lo establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios del INCIENSA. Contrario a esa postura las partes demandadas señalan que la norma de aplicación es la establecida en el numeral 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que prevé un plazo de cinco años, por lo que estiman no se encuentra prescrita esa potestad disciplinaria, además de no constatarse en el proceso que se haya gestionado la prescripción reclamada dentro del procedimiento administrativo seguido. En criterio de esta Cámara, el plazo de prescripción aplicable es el previsto en el Código de Trabajo, y no el previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República por las siguientes razones. El artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece puntualmente: Artículo

Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo. La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo. Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada. Como vemos, la propia norma refiere que la aplicación de dicha normativa está relacionada con las infracciones previstas en aquella legislación, en ese sentido, dicha legislación establece varios aspectos importantes, primeramente, la conceptualización de Hacienda Pública el cual se regula en el numeral 8 de la ley de referencia. En ese sentido señala el numeral 8: " Hacienda Pública. La Hacienda Pública estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos". Además de lo establecido como causas de esa responsabilidad de acuerdo a lo señalado en los siguientes numerales:  Artículo

Responsabilidad Civil del Servidor. El régimen de responsabilidad civil del servidor, por daños causados a los sujetos pasivos o a terceros, será el establecido en el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en la presente Ley y en la Ley General de la Administración Pública. Artículo

Responsabilidad por omisión en el cobro. Se reputará como falta grave del funcionario competente, no efectuar el procedimiento administrativo o no ordenar oportunamente su apertura, o dejar transcurrir los plazos legales para ejercer las acciones de recuperación por los daños y perjuicios que causen los funcionarios públicos. Artículo

Reintegro por daño económico. Cuando haya un daño contra los fondos de los sujetos pasivos, proveniente de una ilegalidad flagrante y manifiesta, cometida por sus servidores, que sea líquido o liquidable fácilmente con vista de documentos, la Contraloría General de la República podrá dictar resolución razonada que declare la consiguiente responsabilidad y su monto pecuniario, previa formación de expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en favor del servidor. La certificación de tal resolución será título ejecutivo contra el responsable, con el cual el sujeto pasivo afectado deberá iniciar, de inmediato, el cobro judicial correspondiente". A grosso modo de los anteriores numerales, es posible extraer para este Tribunal, que la aplicación del plazo previsto de cinco años, lo es en los escenarios en que se concrete un daño o perjuicio a la hacienda pública y los terceros participantes de aquel proceso. Y es que como se denota en el caso concreto, si bien la responsabilidad imputada al accionante tenía como base un incumplimiento en las responsabilidades de su cargo como ejecutor del contrato N°000003-2014, por lo que se valoró como un incumplimiento de una cláusula contractual del mismo, lo cierto es que de los mismos hechos acreditados, se estableció que la sanción endilgada a la parte actora, lo fue con ocasión de una modificación de conducta, tal como se consigna en la parte dispositiva del acto final dictado en el procedimiento administrativo que es objeto de revisión en la presente litis. Aunado a las manifestaciones de la propia participante del órgano Director en la audiencia de juicio celebrada el día 12 de febrero del 2021, doña [Nombre 024] , quien indicó que el procedimiento administrativo llevado a cabo contra el señor [Nombre 001] , era únicamente de tipo disciplinario y no de afectación patrimonial, incluso así se desprende de los mismos razonamientos expuestos en la motivación del acto final de aquel procedimiento, en que es evidente que no se acreditó en las faltas endilgadas una afectación o perjuicio a la hacienda pública. En ese sentido, no podría interpretar este Tribunal que se debe tomar como plazo de prescripción el referenciado en el numeral 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sino el plazo previsto en Código de Trabajo, por la naturaleza de la sanción que se busca imponer, aun cuando aquella falta se enmarcara en acciones de una contratación administrativa, por las aclaraciones ya dadas. Lo anterior, es conteste incluso con lo regulado en el numeral 73 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA, el cual establece expresamente: "Artículo

De la prescripción: El plazo de prescripción para sancionar a un funcionario será de conformidad con el artículo 414 del Código de Trabajo. Se contará a partir de la conclusión del procedimiento administrativo cuando se tenga una abierta afectación patrimonial donde regirá el plazo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; en cuanto a la interrupción y suspensión del plazo regirán las disposiciones establecidas en esa misma Ley". Tal como se desprende de aquella norma la cual hace referencia a normas de rango ley, distingue precisamente cuando es preciso acudir a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y cuando debe acudirse al plazo regulado en el Código de Trabajo, la cual establece como criterio diferenciador la afectación patrimonial. Así las cosas, resulta aplicable lo regulado de forma genérica por el mandato 414 del Código de Trabajo, por la naturaleza de la función que se analiza tal como se indicó, norma que fija un plazo de un mes para el ejercicio de esa potestad represiva, lapso que se interrumpe con la comunicación del traslado de cargos, dicho curso de tiempo corre desde que se dio la causa para la separación o en su defecto, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. En este sentido, el plazo mensual se computa desde el momento en que el titular de la potestad correctiva se encuentra en posibilidad objetiva de conocer la falta y, por ende, emprender el ejercicio de su potestad. De esta forma, cuando las particularidades del caso exijan la realización de una etapa previa de investigación preliminar, el plazo mensual aludido corre desde el momento en que se ponga en conocimiento del jerarca los resultados de ese ejercicio, pues es hasta ese momento que ese titular puede válidamente adoptar las decisiones respecto de la apertura o no de disposiciones disciplinarias. En el caso concreto, se ha tenido por acreditado que en un primer escenario mediante oficio DA-of-011-2015 del 29 de enero del 2015, el [...], [Nombre 015] solicitó a la [...] [Nombre 005] abrir un órgano administrativo al Ing. [Nombre 001], para determinar responsabilidades, al negociar con una empresa privada la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas de diciembre del 2014, cuando el contrato establece en su no competencia para este tipo de actos por sí solo. A partir del conocimiento de estos hechos, se ordenó mediante oficio DG-re-002-2015 del 30 de enero del 2015, suscrito por la Dirección General del INCIENSA, con base en la recomendación del oficio DA-of-011-2015 del 29 de enero del 2015, la apertura de un procedimiento administrativo en contra del Ingeniero [Nombre 001], y a su vez se designó como órgano director a los funcionarios [Nombre 022] , [Nombre 023] y [Nombre 024]. Con base en esto, mediante oficio OD-01-2015 de las once horas y treinta minutos del cuatro de febrero del dos mil quince, se realizó el traslado de cargos del procedimiento administrativo contra [Nombre 001] en el que se imputó una presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada Grupo TSC S.A, la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014, cuando el contrato establec e en su no competencia para este tipo de actos por sí solo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.3 del Contrato No. 000003-2014 correspondiente a la Licitación Abreviada No. 2014LA-000003-00100. Y se cita a comparecencia el día veintisiete de febrero de dos mil quince. Esta resolución fue notificada al señor [Nombre 001] el día 6 de febrero del 2015. Mediante oficio OD-04-of-2015 del 7 de abril del 2015, se remitió informe final del proceso de investigación para determinar la verdad real de los hechos indicados en el oficio DA-of-011-2015 suscrito por [Nombre 015], en el cual se recomendó:

Desestimar la imputación de cargos realizada al Ing. [Nombre 001].

Se somete a su consideración el iniciar una investigación de las conclusiones 3, 4 y 5 a las que llega este órgano Director. En atención a esas recomendaciones mediante oficio DG-re-009-2015 de las diez horas del 15 de abril del dos mil quince, del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud se dispuso la integración de hechos nuevos a investigar y además se integra a la litis al Sr. [Nombre 018] . Y en consecuencia mediante oficio OD-05-2015 del veinticuatro de abril del 2015, se realiza el traslado de cargos por los nuevos hechos y se cita a la comparecencia oral y privada el día veintidós de mayo del dos mil quince. Notificada vía fax el 24 de abril del 2015. Mediante oficio OD-09-of-2015 del 12 de junio del 2015, se emitió el informe final del órgano director del procedimiento y mediante oficio DG-re-28-2015 de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veinticuatro de junio del 2015 del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, con base en el informe del Órgano Director se dispuso sancionar al señor [Nombre 001] . Dicha resolución fue notificada el 25 de junio del 2015. En ese escenario, tenemos que es con el informe emitido el 7 de abril del dos mil quince, preparado por el órgano Director, que la Dirección General del INCIENSA, conoció los hechos por los cuales se sancionó al señor [Nombre 001] , dentro del procedimiento administrativo el cual se le dio traslado de cargos el día 24 de abril, notificado en esa misma fecha, por lo que resulta concluyente que entre el momento del conocimiento de los hechos sancionados y la comunicación de ese traslado de cargos, no aconteció el plazo de un mes previsto en la legislación laboral. De esta forma es evidente que el plazo de un mes regulado en el artículo 414 del Código de Trabajo no se había computado desde el momento en que se conocieron los hechos y la fecha en que se notifica el acto de traslado de cargos, momento se insiste, se interrumpe el plazo prescriptivo. Debe indicarse además que entre el momento en que se conoció el informe final emitido por el Órgano Director, después de realizadas las audiencias orales y privadas en el procedimiento ordinario previsto en el numeral 308 de la Ley General de la Administración Pública, el día 12 de junio del 2015, y la emisión del acto final, en la que se estableció la sanción al accionante, sea esta el 24 de junio, notificada el 25 de junio del 2015, no transcurrió el plazo de un mes previsto en la legislación laboral. En este recuento de hechos, también aprecia esta Cámara que no acaeció la prescripción de la potestad disciplinaria alegada por la parte accionante y así debe declararse.

Sobre la violación a la doble instancia alegada por el accionante: Indica la parte que en el procedimiento administrativo se generó una violación al debido proceso por irrespetarse su derecho a la doble instancia, en ese sentido, expone que lo indicado por la dirección general del INCIENSA en la resolución que rechazó su recurso de revocatoria, en la que se negó la posibilidad de acudir ante un superior en grado, vicia de nulidad absoluta todo lo actuado en su contra. Sustenta su afirmación indicando que es falso que la Ley No. 4508, encargue a la dirección general del INCIENSA, el agotamiento de la vía administrativa, valorando que por el contrario, el artículo 3 de dicha Ley dispone que el gobierno del INCIENSA corresponderá a su Consejo Técnico, añade además que el numeral 2 del mismo cuerpo normativo, establece que el INCIENSA estará adscrito al Ministerio de Salud, por lo que se debía dar el respectivo agotamiento de la vía administrativa, máximo tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA (Decreto Ejecutivo No. 35574). Por parte de los demandados señalan que la Sala Constitucional ha resuelto de forma reiterada, que éste derecho en sede administrativa no constituye un derecho fundamental comprendido dentro del principio del debido proceso, por cuanto con el dictado del acto final, se deja abierta la vía jurisdiccional para impugnar dicho acto. Agrega que debe tenerse presente que la obligatoriedad del instituto jurídico denominado agotamiento de la vía administrativa, fue declarada inconstitucional mediante voto n.° 3669-2006 del 15 de marzo del 2006, por lo que actualmente, el agotamiento resulta facultativo pudiendo el sujeto interesado acudir directamente a la vía judicial, a discutir su disconformidad, sin formular recurso alguno ante la Administración. Indica que la resolución final recurrida expresamente señala que con ella se agota la vía administrativa y en aplicación del principio de legalidad, los órganos y entes públicos sólo son competentes para ejercitar los poderes que expresamente hayan sido otorgados por el ordenamiento, es decir, la competencia que un sujeto ostente de forma exclusiva para realizar una conducta determinada se encuentra previamente establecida en una norma; razón por la cual, la viabilidad jurídica de agotar la vía administrativa fue otorgada mediante Ley al Director General del INCIENSA, de ahí que éste es el único llamado ejercerla. Primeramente, debe señalar este Tribunal, que la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia ha indicado que el principio de la doble instancia como derecho fundamental, solo procede en materia penal. En ese sentido ha indicado el alto Tribunal que: "...Sobre la acusada violación del principio de la doble instancia, contrario a lo que se ha dicho para la doble incriminación, se trata de un principio que tiene carácter de derecho fundamental solo en sede penal. Administrativamente es posible sancionar en única instancia, caso típico del acto emanado del jerarca, donde cabría tan solo el recurso de reposición. Las consecuencias menos gravosas de la sanción administrativa frente a la penal y la posibilidad de discutirla posteriormente en vía jurisdiccional, justifican la diferencia. Este alegato, por ende, debe también rechazarse. El amparo, en suma, debe desestimarse.  (Sentencia: 05347 del 06 de mayo del 2005 de la Sala Constitucional). Específicamente la propia Sala Constitucional, ha determinado que, en el caso de la aplicación del principio de la doble instancia, la propia Constitución Política establece que la jurisdicción Contenciosa Administrativa, como atribución del Poder Judicial, está diseñada para garantizar la legalidad de la función administrativa, por lo que la posibilidad de acudir a esa sede garantiza el derecho a recurrir lo dispuesto por la Administración Pública. En esa lógica, es claro que los argumentos expuestos por la parte accionante carecen de sustento, por cuanto, el diseño normativo de la Ley 4508, en su numeral primero señala que le corresponde a la Dirección Técnica y Administrativa a cargo de un director general, el agotamiento de la vía administrativa, de ahí que más allá de lo señalado en normas reglamentarias, por disposición expresa del legislador, el agotamiento de la vía administrativa, recae en ese órgano, tal como se aprecia, se realizó en el procedimiento administrativo, aquí impugnado, en donde por la estructura señalada por la propia legislación, únicamente concede el recurso de reposición, sin que eso como ya se indicó, violente un derecho fundamental, del administrado, al estar abierta la vía judicial (jurisdicción contenciosa administrativa) para que el recurrente pueda solicitar la revisión de la función administrativa, tal como se aprecia, es lo que pretende con este proceso el accionante. Por lo que resulta improcedente los argumentos dados por la parte actora.

Sobre el establecimiento de los hechos probados en el acto final/ debida motivación del acto cuestionado en el presente proceso. La parte actora en sus argumentaciones expone que en el acto administrativo cuestionado se extraña un elenco de hechos, lo cual es necesario para que el funcionario que recibe la sanción tenga absoluta certeza en cuanto a cuáles son los hechos que fueron tenidos por acreditados y que originaron la sanción en su contra, lo cual resguarda su derecho a la defensa. Por su parte, los demandados indican que el acto final impugnado, tanto por el fondo como por la forma, así como la falta de motivación, por omisión de lo dispuesto por la Ley n.°8131, es conforme a derecho. Señala que debe tenerse presente que la motivación de los actos de la Administración versa sobre la necesidad de justificar las razones que llevan al dictado de determinado acto administrativo, con el fin de que el interesado conozca con exactitud y certeza la voluntad de la Administración, dado que las decisiones que la misma adopte, afectarán necesariamente sus derechos. En este sentido, indican que el acto final DG-re-28-2016 se encuentra ajustado a Derecho, conteniendo los fundamentos fácticos y normativos necesarios, para que el actor conociera de forma completa y motivada, las razones que llevaron a la [...] de INCIENSA a resolver como lo hizo. Añaden que la resolución citada, se encuentra debidamente fundamentada, los hechos son claros, precisos, y se encuentran respaldados mediante el fundamento normativo correspondiente. Insiste que la inexistencia de un elenco de hechos probados, no resulta ser más que una apreciación subjetiva del actor, dado que el acto administrativo impugnado sí indica expresamente los hechos y la relación de argumentos jurídicos considerados por la Administración y que sirven de fundamento para la decisión final. En atención a los argumentos dados, se ha acreditado en los autos que mediante oficio DG-re-28-2015 de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veinticuatro de junio del 2015 del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, con base en el informe del Órgano Director resolvió en sus consideraciones lo siguiente: "De la investigación realizada por el Órgano Director sobre las imputaciones del Ing. [Nombre 001] , obtuvo los siguientes hallazgos: a) Su participación en el asunto de la organización del personal del TSC para las vacaciones de fin de año, es difusa, esquiva, lo que dio pie a la confusión sobre la sustitución o no de la persona designada a las zonas verdes. "...entonces yo vine a hablar directamente con Don [Nombre 018], yo me reuní con él, él y yo estabamos (sic) conversando el asunto y programando como ibamos (sic) a trabajar, el me dijo que sí que por favor enviaramos (sic) dos personas, que les pasáramos los datos para el permiso correspondiente y que sacaramos (sic) tres personas a vacaciones. En eso entró Don [Nombre 001] rápidamente a la oficina de él, Don [Nombre 018] lo llamó y le hizo el comentario de lo que estabamos (sic) hablando, informándole, Don [Nombre 001] dijo sí, me parece bien, no entró en mucho detalle, si comentó como solo hay que recoger hojas me parece bien (Declaración testimonial [Nombre 026] ). El 18 de diciembre, un día antes de salir de vacaciones colectivas, llegue a la oficina y estaba [Nombre 018], reunido con la Sra. [Nombre 026], llegué, saludé y me senté en la computadora y escuché que estaban conversando sobre el personal de TSC, que iba de vacaciones, entonces me volteé, porque [Nombre 018] tiene la oficina en la parte de adentro y le dije, quienes van de vacaciones, y me dice [Nombre 028] y doña [Nombre 029] , y entonces le dije [Nombre 026] tiene que reponermelos y las respuestas de ella fue afirmativa, si claro [Nombre 001] como no, y le dije a mí no me molesta que en este tiempo me mande gente sin experiencia, porqué, las labores que ellos hacen, como todo esta cerrado, son labores diferenciadas, a las que normalmente ejecutan, que es lavado de pasillos, limpieza de paredes, lavado de vidrios, mesas, me dijo que sí que iban a ser repuestos, sustituidos, en eso yo me levante y cuando me iba a retirar me dice y [Nombre 030], entonces yo volteé a ver los jardines y que estaban bien recortados y todo, porque si me preocupa que si iban a mandar una persona a sustituir a [Nombre 030] y los jardines estaban muy crecidos, tenía que ser una persona con experiencia, al ver que todo estaba bien recortado y lo tenía muy bien, yo le dije a [Nombre 026] igual hay que sustituirlo, aunque sea una persona que únicamente y podemos aprovechar que no hay carros en los parqueos, venga a barrer y limpiar todos los parqueos y sobre todo los jardines del frente y las aceras, quedamos en eso, me retiré y un comentario que ella me dijo fue: Don [Nombre 037] va a venir porque tenemos un problema entre [Nombre 031] y [Nombre 032], supuse que don [Nombre 037], según las palabras de [Nombre 026], venía en sustitución de don [Nombre 030], yo le dije: sí perfecto, don [Nombre 037] lo que tiene que hacer es separar esos muchachos y dedicarse él a barrer parqueos, recoger hojas y toda la cuestión...(Declaración de [Nombre 001] )..."Primero queda demostrado por medio del testimonio de la señora [Nombre 026] , que la relación de comunicación que se mantenía con la empresa TSC con INCIENSA, fue con el Sr. [Nombre 018] (a pesar de que el contrato 000003-2014, el contrato es el Ing. [Nombre 001]), el día 18 de diciembre del 2014, sostuvo una reunión con el señor [Nombre 018], en donde se discutió la suplencia de varios empleados de TSC, en la cual fue la única oportunidad en la que el Ing. [Nombre 001] tuvo participación al indicar que no importa si lo suplentes tenían o no experiencia pero tenían que sustituirlos ..."(Conclusiones de la representación del Ing. [Nombre 001], folio 070)..."Lo indico de nuevo [Nombre 026] fue clara  y precisa, cuando expuso que en la reunión sostenida el 18 de diciembre del 2014, fue con [Nombre 018], pero que efectivamente el Ing. [Nombre 001] participo como por tres minutos y se fue..." Conclusiones de la representación del Ing. [Nombre 001] , folio 070)... b) No se evidencia seguimiento y control de la ejecución del contrato, pues estando presente algunos días en las vacaciones de fin de año, no se percató ni denunció la ausencia de la persona responsable de las zonas verdes. No fue sino el [...] que denuncia la situación y toma acciones al respecto, el día cinco de enero del 2015, mediante el correo electrónico del folio 018. No consta del investigado acción alguna al respecto, pese a que estuvo en la institución en algunos días del año 2014, y fue informado de la situación el día 05 de enero por parte de uno de los vigilantes de la institución..." Yo vine el 24 de diciembre, ha dejarles unos tamales a los muchachos que estaban trabajando, curiosamente nadie me dijo nada, tampoco vi a don [Nombre 015], anduve en la planta baja revisando los trabajos y rápido me retiré. Regrese el 5 de enero... [Nombre 034] y me dice: [Nombre 001] el jardinero no fue sustituido, le digo como no fue sustituido? (sic) Y me dice no, entonces nos fuimos a la caseta de seguridad y ví solamente había venido tres días de los cuales aparecen dos días saliendo a las 12 del día y el otro sin salida... me dirigí a la oficina y le dije a [Nombre 018]: [Nombre 018] el jardinero no vino y no mandaron ningún sustituto, necesito que me llame a [Nombre 026] y me dé una explicación de qué fue lo que ocurrió, no sé si [Nombre 018] la llamó, pero creó que sí, [Nombre 026] no apareció, eso lo hice a raíz del informe que me dio [Nombre 034] y el correo que envió [Nombre 015]...(Declaración del Ing. [Nombre 001]). Nótese también de las transcripciones anteriores que lo expuesto por el Sr. [Nombre 001], es contradictorio con lo expuesto por el Sr. [Nombre 018] el día 12 de enero del 2015, el cual está visible a folio 019 y 020, entendiéndose de ese correo, que desde un inicio se acordó que el personal de limpieza cubriera las funciones de jardinería, aspecto que el Ing. [Nombre 001] no manifestó ningún desacuerdo u objeción al respecto. Su reacción fue hasta el traslado de cargos, prácticamente un mes después de los hechos denunciados.  c) Se evidencia la ausencia en su accionar y toma de decisiones en el mismo hecho de pasar las facturas presentadas por la empresa TSC, correspondientes al mes de diciembre del 2014, sin objetar nada al respecto, siendo que en dichas facturas se cobraba los treinta días de servicio de zonas verdes y no descontaba los días que la persona designada a esa área no laboró. De hecho, mediante un correo dirigido al [...], solicita se indique cuál es el monto a rebajar de la factura, acción incongruente con su rol como supervisor del contrato (ver folios 24 al 28) ..." Por orden del administrador, de mi jefe [Nombre 015], él me dio que por favor enviara un documento a la empresa TSC consultando la razón por la que el muchacho de limpieza de zonas verdes no se había presentado, igual indicandole todas las pautas que según el contrato ellos debían seguir para que una persona tomara sus vacaciones y fuera sustituida, la empresa se manifestó bajo un oficio que fue notificado a mi jefe [Nombre 015] para su correspondiente, como él fue que lo solicito, a él se lo dio la respuesta de TSC. Posteriormente cuando nos trajeron la factura por el mes completo de diciembre igual consulte a él si eso aplicaba o no, porque ya tenía conocimiento de que ellos no habían laborado durante un tiempo, entonces me extrañaba que una factura fuera cobrada en forma completa, él me indico que no, no esa factura tenía que ser sustituida de acuerdo a una reunión que se había mantenido con la empresa y con personal de servicios generales, pero nada de esto constaba en el expediente, simplemente fue la información que a mí me han comunicado extra oficial por las consultas que he hecho..."(Declaración testimonial de la Licda. Gabriela Chavarría Richmond)... d) En las conclusiones de su representada, correspondientes a la primera comparecencia, alega que el funcionario que negoció la sustitución de la persona de zonas verdes fue el Sr. [Nombre 018], siendo él el supervisor de contrato. Posteriormente, hace constar que el Sr. [Nombre 018] en ningún momento se ha tomado atribuciones que no le correspondan ni ha faltado a la jerarquía. (ver folios70, 72 y 128). e) Se evidencia una falta de cumplimiento a la función de comunicar a la jefatura de la Proveeduría Institucional de Inciensa de toda la información y actos relacionados con el contrato a fin de dejar constancia en el expediente administrativo... "No tenía conocimiento, si no fue hasta el mes de enero, que el [...] me consulto si hubo algún tipo de comunicado al expediente o a la proveeduría, sobre las vacaciones del personal de mantenimiento en áreas verdes, pero en el expediente no constataba, no se hizo ningún comunicado por parte ni del administrador de contrato ni de la unidad de servicios generales como tal. El administrador me pidió que enviara un oficio a la empresa TSC por parte de la proveeduría consultando lo mismo, ellos dieron respuesta que había sido autorizado por servicios generales en que el muchacho de mantenimiento de zonas verdes estuviera de vacaciones y que sería sustituido por otros funcionarios de TSC... (Declaración testimonial de la Licda. Gabriela Chavarría Richmond). f) Por otra parte el personal de limpieza utilizado no tiene el mismo perfil que el de jardinería, toda vez que éste había sido contratado para limpieza..." ¿De acuerdo a las cláusulas de estos contratos, específicamente en el de mantenimiento de zonas verdes, recuerda usted si el supervisor de contrato puede aceptar personal con requisitos diferentes a los del puesto contratado? R/ Se establecen muy bien los requisitos que debe cumplir la persona para dar los servicios, de hecho se pide en el contrato que si va a ser sustituido sea una persona con características muy similares a la que está ocupando el cargo en ese momento..." (Declaración testimonial de la Licda. Gabriela Chavarría Richmond). g) Consta el uso de personal de limpieza, correspondiente a un contrato específico, para cubrir las tareas de jardinería, establecidas en otro contrato..." Todos los días se recogían hojas, talvez no todo el día porque no había hojas para recoger todo el día, pero si todos los días después de medio día [Nombre 038] se iba para la parte de abajo y yo la parte de arriba y recogíamos las hojas... Solamente los días que yo no vine, que tengo entendido que ellos me dijeron que agarraban a parte del parque de arriba hasta abajo y la parte de atrás... (Declaración de [Nombre 037], [...] de Grupo TSC) ..." Ese día decidimos, que se iban a lavar los pasillos, a hacer limpieza especiales en vidrios y demás y conforme se viera basura, todo el equipo se moviera a las partes externas y zonas verdes y barrer parqueos"... (Declaración de [Nombre 026] , [...] del Contrato Grupo TSC para el INCIENSA). En consecuencia, a todo lo anteriormente expuesto esta Dirección General si encontró elementos que conllevan a la responsabilidad del Ing. [Nombre 001] en el incumplimiento en sus funciones como supervisor del contrato No. 000003-2014, de conformidad con la cláusula quinta, así como las funciones y responsabilidades establecidas en el oficio UPI-0169-2014 de la Proveeduría Institucional, con base en la Directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Aunado a ello también se da a responsabilidad del Ing. [Nombre 001], en cuanto al incumplimiento del contrato No.000003-2014, con respecto al uso de personal cuyas cualidades no son similares al perfil de los servicios del contrato de mantenimiento en zonas verdes y jardinería. Finalmente se encuentra responsabilidad del Ingeniero [Nombre 001], en cuanto a la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC del contrato No.0000020-2013, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes y jardinería No. 000003-2014. Ahora bien, tomando en consideración lo anteriormente expuesto así como el siguiente fundamento legal sea: Cláusula quinta del contrato No. 000003-2014, Directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento lícito en la Función Pública, Ley 8422, Artículo 25, inciso 3 y 11 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA, Decreto Ejecutivo No. 35574-S. De conformidad con lo indicado en el Artículo 99 inciso 3 y 5 y artículo Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA (Decreto Ejecutivo N° 35574-S), esta Dirección General considera que el Ing. [Nombre 001] incurrió en una falta grave, razón por la cual le corresponde una suspensión de quince días sin goce de salario, como una sanción acorde a las conductas desplegadas, en tanto se trata de una medida correctiva que busca llamar la atención del servidor con el fin de que ajuste su conducta de frente a la gestión futura". Con base en esa motivación dispuso: " De conformidad con las razones de hecho y derecho expuestos esta Dirección General absuelve de toda responsabilidad al Sr. [Nombre 018], al no encontrar elementos que demostraran un irrespeto a la Jerarquía de su parte. Así como el no haberse demostrado que el Sr. [Nombre 018] haya negociado con la empresa TSC S.A., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014. Finalmente, no se encuentra responsabilidad alguna con respecto a la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes. Ahora bien, esta Dirección General sí encontró elementos que conllevan a la responsabilidad del Ing. [Nombre 001] en el incumplimiento de sus funciones como supervisor del contrato No. 0000003-2014 de conformidad con la cláusula quinta, así como las funciones y responsabilidades establecidas en el oficio UPI-0169-2014 de la Proveeduría Institucional, con base en la Directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Aunado a ello también se le da la responsabilidad del Ing. [Nombre 001] , en cuanto al incumplimiento del contrato No. 0000003-2014, con respecto al uso personal cuyas cualidades no son similares al perfil de los servicios del contrato de mantenimiento en zonas verdes y jardinería. Finalmente se encuentra responsabilidad del Ing. [Nombre 001], en cuanto a la utilización de personal de limpieza del Grupo TSC del contrato No. 000020-2013, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes y jardinería No. 000003-2014. En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 99 inciso 3 , 5 y 103 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA (Decreto Ejecutivo No. 33574-S), esta Dirección General considera que el Ing. [Nombre 001] incurrió en una falta grave, razón por la cual le corresponde una suspensión de quince días sin goce de salario, como una sanción acorde a las conductas desplegadas, en tanto se trata de una medida correctiva que busca llamar la atención del servidor con el fin de que ajuste su conducta de frente a la gestión futura. Se da por agotada la vía administrativa". De la fundamentación del acto final del procedimiento impugnado en esta sede, se desprende claramente que, si bien la estructura de la resolución no contiene un apartado de hechos probados, si se denota de la fundamentación, que en su contenido el órgano decisor, sí expuso los elementos fácticos en los que acreditó las consideraciones en las que sustentó la disposición sancionatoria, expuesta en aquella resolución. En ese sentido, estima esta Cámara que de las consideraciones señaladas en el acto final DG-re-28-2015 de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veinticuatro de junio del 2015, si se desprende con claridad los razonamientos y hechos sobre los que la Administración demandada concluyó la viabilidad de la responsabilidad imputada, por lo que no valora este Tribunal que exista una violación a la motivación del acto, desde el punto de vista formal por la no indicación expresa en la estructura de la resolución de hechos probados. Ahora bien, desde el punto de vista sustancial, tampoco estima esta Cámara un vicio en la motivación del acto, por cuanto, tal como se aprecia de la transcripción de las consideraciones referenciadas en el acto final, la Administración demandada, sí determinó de acuerdo a la prueba documental y testimonial recabada en el procedimiento administrativo, las razones de hecho y derecho en las que fundamenta la responsabilidad del accionante de acuerdo a los hechos imputados, por lo que no existe, en criterio de este Tribunal un vicio en la motivación del acto, en atención a lo señalado en el numeral 136 de la Ley General de la Administración Pública.

Sobre la violación al principio Non bis idem: Señala la parte accionante que en el primer traslado de cargos que se emitió, contenía la siguiente imputación: "La presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada, Grupo TSC S.A., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de  diciembre 2014, cuando el contrato establece su no competencia para este tipo de actos por si solo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No 3". Luego de recibir la prueba, mediante oficio OD-04-OF-2015, de fecha 7 de abril de 2015, el órgano director remitió a la dirección general del INCIENSA el informe final del procedimiento, concluyendo lo siguiente: "1.- Que el Ing. [Nombre 001] no realizó ninguna negociación con la empresa privada Grupo TSC, para la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes.

Que no fue sustituido el titular de jardinería, correspondiente al contrato No.000003-2014, en las vacaciones de fin de año del 2014". Estima que, si la dirección general discrepaba de las conclusiones del órgano director, podía separarse de ellas, de manera motivada por supuesto, y dictar un acto final en otro sentido. Sin embargo, en lugar de proceder de esa manera, el órgano decisor adoptó la resolución DG-re-009-2015, donde se integran hechos nuevos a investigar en su contra, con el siguiente detalle: "1. La presunta responsabilidad por el incumplimiento del contrato No.000003-2014, específicamente en lo indicado en la cláusula quinta de este contrato, en relación con lo que literalmente se establece en la cláusula tercera...

Así como la presunta responsabilidad por la utilización de personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes". Indica que lo cierto es que esos supuestos nuevos hechos a investigar, no son otra cosa más que la misma imputación original expuesta de manera distinta. Expone que el supuesto incumplimiento de la cláusula quinta del contrato, en relación con su cláusula tercera, tiene que ver con una presunta supervisión defectuosa de su parte en cuanto a la sustitución del personal de la empresa contratista. Al respecto, señala que en el oficio OD-04-OF-2015, se estableció: " Que el Ing. [Nombre 001] no realizó ninguna negociación con la empresa privada Grupo TSC, para la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes" Luego, la presunta responsabilidad por la utilización de personal de limpieza del contratista, para cubrir tareas correspondientes al mantenimiento de zonas verdes, también había sido abordada ya en el oficio OD-04-OF-2015 con la siguiente conclusión: "Que no fue sustituido el titular de jardinería, correspondiente al contrato No. 000003-2014, en las vacaciones de fin de año del 2014". Así que expone que la inclusión de supuestos hechos nuevos, no fue otra cosa más que un eufemismo para que el órgano director volviese a referirse, en palabras distintas, a aquello respecto de lo que ya había emitido conclusiones en su oficio OD-04-OF-2015, por lo que estima que si órgano decisor no estaba conforme con las conclusiones emitidas en dicho oficio, lo propio era que emitiera un acto final separándose de ellas, con la motivación de rigor, pero no era admisible ordenar una investigación por hechos nuevos, cuando lo único novedoso fueron los términos en que se abordó la misma imputación. Exponen los demandados sobre esta argumentación, que dicho principio implica, conforme lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Política que, ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por un mismo hecho, es decir, se proscribe la posibilidad que autoridades de un mismo orden y, a través de distintos procedimientos, sancionen más de una vez la misma conducta. Bajo dicha tesitura, es claro que el hecho por el cual se desestimó la primer imputación de cargos, corresponde a la presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada Grupo TSC SA., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014, por cuanto tuvo por demostrado que no hubo ninguna negociación para no sustituir ese puesto, pues los aspectos relacionados con los contratos que tiene INCIENSA con el Grupo TSC, eran coordinadas por [Nombre 018], subalterno del señor [Nombre 001]. Indica que tanto los tres hechos por los cuales fue sancionado el actor, por así haberse demostrado en el procedimiento administrativo, como el hecho desestimado, son diferentes; éste último caso, se refiere a una supuesta negociación por el actor para la no sustitución de la persona que efectuaba el mantenimiento de las áreas verdes de INCIENSA, mientras que los tres hechos tenidos como demostrados, pese a también estar relacionados con el contrato No.000003-2014, eluden directamente a la inobservancia de las funciones del actor como supervisor de dicho contrato (cláusula quinta) y normativa aplicable, el uso de personal de limpieza que no cumple con los requisitos para la realización del mantenimiento de las zonas verdes. En los hecho probados se ha acreditado que mediante oficio OD-01-2015 de las once horas y treinta minutos del cuatro de febrero del dos mil quince, se realizó el traslado de cargos del procedimiento administrativo contra [Nombre 001] en el que se imputa una presunta responsabilidad al supuestamente haber negociado con la empresa privada Grupo TSC S.A, la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014, cuando el contrato establece en su no competencia para este tipo de actos por sí solo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.3 del Contrato No. 000003-2014 correspondiente a la Licitación Abreviada No. 2014LA-000003-00100; con lo cual se violenta el deber de probidad que deben cumplir los funcionarios públicos. Posteriormente, mediante oficio OD-04-of-2015 del 7 de abril del 2015, se remite informe final del proceso de investigación para determinar la verdad real de los hechos indicados en el oficio DA-of-011-2015 suscrito por [Nombre 015], en el cual se concluyó lo siguiente: "1. Que el Ing. [Nombre 001] no realizó ninguna negociación con la empresa privada Grupo TSC, para la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes.

Que no fue sustituido el titular de jardinería, correspondiente al contrato No.000003-2014, en las vacaciones de fin de año del 2014.

Que los términos de la cláusula quinta del contrato No. 000003-2014 referente a la supervisión del contrato se ven reflejados en el accionar del Sr. [Nombre 018] y no así el Ing. [Nombre 001] , siendo éste último la persona designada en la supervisión de las labores, ejecución y cumplimiento de ese contrato.

Que se utilizó el personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes.

Que el contenido del oficio USG-of-0019-15, suscrito por el Ing. [Nombre 001] y dirigido a la Srta. [Nombre 026], evidencia una supuesta coacción a un testigo de este Órgano Director. En atención a esas conclusiones se recomendó :

Desestimar la imputación de cargos realizada al Ing. [Nombre 001].

Se somete a su consideración el iniciar una investigación de las conclusiones 3, 4 y 5 a las que llega este órgano Director. Mediante oficio DG-re-009-2015 de las diez horas del 15 de abril del dos mil quince, del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, se dispuso la integración de hechos nuevos a investigar y además se integró a la litis al Sr. [Nombre 018] , en ese sentido se dispuso: "1. La presunta responsabilidad por el incumplimiento del contrato No.000003-2014, específicamente en lo indicado en la cláusula quinta de este contrato, en relación con lo que literalmente se establece en la cláusula tercera: "En caso de cambio de personal, el contratista comunicará al Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, cuando sea necesario, los cambios de personal que deban ser realizados; para lo cual, los nuevos empleados deberán cumplir con cualidades similares al personal del sustituido...".

Así como una presunta responsabilidad por la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes. Y al Sr. [Nombre 018]:

La presunta responsabilidad por el irrespeto a las jerarquías, el incumplimiento del contrato No. 000003-2014, por haber negociado directamente con la empresa privada Grupo TSC S.A., la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas y días feriados de diciembre del 2014.

Así como la presunta responsabilidad por la utilización del personal de limpieza del Grupo TSC, para cubrir tareas correspondientes al contrato para los servicios de mantenimiento de zonas verdes". Mediante oficio OD-05-2015 del veinticuatro de abril del 2015, se realiza el traslado de cargos por los nuevos hechos y se cita a la comparecencia oral y privada el día veintidós de mayo del dos mil quince. De los anteriores hechos acreditados, debe indicar este Tribunal, en primer orden, que el principio de non bis idem, es un principio general del debido proceso el cual se contempla en el artículo 42 de la Constitución Política, el cual implica que se prohíbe juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho, si bien dicho principio es propio del proceso penal, el mismo es de aplicación en el procedimiento administrativo, por ende no es viable sancionar a una persona por una misma falta, o por los mismos hechos. Aclarado lo anterior, es preciso señalar que contrario a lo expuesto por el accionante, en el caso de análisis no existe una violación al principio invocado, en el entendido, que de acuerdo a los hechos transcritos, al accionante se le instruyó un solo procedimiento sancionatorio, del cual se derivó la sanción de quince días sin goce de salario impuesta, por lo que desde esa primera lógica, no puede valorarse que al señor [Nombre 001] se le haya sancionado o procesado dos veces por los mismos hechos. Y es que nótese que de acuerdo la cronología de los hechos, la Administración demandada ordenó la apertura de un procedimiento administrativo contra el accionante imputando en primera instancia una presunta responsabilidad por falta al deber de probidad al detectarse una posible negociación con la empresa contratista para la sustitución del personal de jardinería, no obstante, después de realizada la audiencia contemplada en el procedimiento ordinario, se concluyó que sobre la base imputada al actor, no existía pruebas que acreditaran esa responsabilidad. No obstante, se concluye por parte del órgano director, que de la investigación realizada se infiere una presunta responsabilidad por incumplimiento a la cláusula quinta del contrato suscrito con a empresa TSC, al detectarse que si bien el administrador del contrato lo era el señor [Nombre 001] , y por ende recaía en él, las obligaciones de coordinación supervisión y fiscalización del mismo, su participación era confusa y se delegaban acciones de aquella función en subalternos, lo que estimó el órgano decisor como recomendación para ampliar los hechos imputados, recomendación que fue atendida por el órgano decisor, de ahí que se ordenará una ampliación de hechos y se dispusiera de esa ampliación en el traslado de cargos. Desde este escenario, para esta Cámara no se configura como lo aprecia el accionante, en una doble imputación por los mismos hechos de los cuales se deriva una doble sanción, sino se trata de la instrucción de un procedimiento que inició con una causa probable, pero en el transcurso de la investigación se determinaron nuevos hechos que exponen una causa probable diferente y sobre el cual se dio el debido proceso. Debe señalarse que el que los nuevos hechos imputados tengan relación con la causa que dio origen al procedimiento, no constituye una doble acción sancionatoria, sino que se fundamenta en que la causa del procedimiento derivó en varios hechos relacionados, que determinó la base de responsabilidad diferente a la originalmente imputada. Por lo que los argumentos expuestos en ese sentido, por el accionante, deben tenerse por rechazados. Ahora bien, en cuanto al motivo del acto, señala el actor que igualmente existe un vicio en el motivo del acto, en ese sentido, indica que la relación laboral con el INCIENSA, se encontraba interrumpida por vacaciones, en el entendido, en que la fecha en que aparentemente se habrían dado las irregularidades por parte del contratista, él se encontraba disfrutando de su período de vacaciones de ley y por ende sus obligaciones laborales interrumpidas. Ante esta argumentación indica la representación de los demandados que el contrato referido como el oficio UPI-0169-2014 y la Directriz DGABCD-09-2013, como parte de las funciones de quien supervisa el contrato, se encuentra el velar por el cumplimiento de los requisitos y cláusulas del contrato, disponer la confección de un cronograma de tareas y responsables de su ejecución, disponer de las medidas necesarias para el cumplimiento de dicho cronograma de tareas y contactar con los responsables de su ejecución, así como comunicar en forma inmediata al contratista, cualquier ajuste en los tiempos de éste cronograma, con el fin de adoptar las medidas pertinentes. Señala que el actor tenía una serie de funciones que debía realizar con el fin de asegurarse que, durante su ausencia, igualmente el contrato citado, sería cumplido; no obstante, no veló adecuadamente por dicho cumplimiento, omitiendo sus responsabilidades previamente normadas, y tomando medidas que no eran acordes con lo regulado en el contrato. Sobre esta argumentación, estima la Cámara que si bien entiende la postura del actor y coincide en que el período de vacaciones de un funcionario implica la suspensión temporal del contrato de trabajo, tal tesis no resulta de aplicación en el caso concreto. No porque se desconozca que el señor [Nombre 001] se encontraba en período de vacaciones de cierre colectivo en el momento de los hechos, sino porque la responsabilidad reprochada al accionante se relaciona precisamente con acciones que debieron coordinarse y disponerse de forma oportuna y clara de forma previa, máxime si el accionante no iba a estar en ese período, por disfrute de vacaciones, debía con mayor razón disponer todo lo relacionado con la debida ejecución del contrato, que se encontraba a su cargo. Y es que nótese que la base de la responsabilidad imputada al accionante se sustentaba en el incumplimiento en sus funciones como supervisor del contrato No. 000003-2014 de conformidad con la cláusula quinta, así como las funciones y responsabilidades establecidas en el oficio UPI-0169-2014 de la Proveeduría Institucional, con base en la directriz DGABCA-09-2013 de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Así las cosas, las conductas endilgadas no se enmarcan en una acción concreta a los días de disfrute de sus funciones, sino en la omisión de acciones previas a esos días y requeridas para la buena ejecución del contrato en aquellos días de cierre colectivo. En esa lógica, no se encuentra un vicio en el motivo del acto, de conformidad con lo señalado en el numeral 133 de la Ley General de la Administración Pública.

Sobre la aplicación de la sanción sin atender los criterios previstos en el numeral 108 de la Ley 8131: Expone la parte que la sanción que se le impuso resulta ilegal, debido a que se omitió consideración respecto de lo que dispone el artículo 108 de la Ley No. 8131, en el tanto, no existió acreditación de algún impacto negativo en el servicio público que brinda el INCIENSA, ni tampoco, de daños y perjuicios que haya sufrido la Administración, con motivo de los hechos que le fueron imputados. En su postura, expone que luego de reintegrarse a su trabajo al finalizar su período de vacaciones de ley, remitió el comunicado correspondiente a la empresa contratista, haciéndole ver que no se le iba a pagar el monto que había cobrado por los servicios durante el mes de diciembre, sino que tenía que corregir su factura, haciendo el rebajo respectivo. En respuesta a su gestión, la empresa contratista aceptó modificar el monto que pretendía cobrar, de manera que no hubo afectación ni de servicio ni patrimonial para la Administración. Añade que no hay razonamiento de porque se impone la sanción mayor. Por su parte la representación de los demandados, indican que debe observarse que expresamente el acto final en su por tanto, se señaló que el actor fue sancionado por lo que dispone el artículo 99 del Reglamento Autónomo de Servicios, de ahí que es innegable que el mantenimiento contratado es parte del interés público en los términos del artículo 3 de la Ley n.° 8422. Agrega que es jurídicamente inviable pretender minimizar la importancia de las faltas de observación de lo dispuesto contractualmente para la satisfacción de esa necesidad, atendiendo únicamente a criterios económicos, pues indiscutiblemente hubo una vulneración al interés público. Atendiendo lo expuesto debe señalarse primeramente, que la Ley 8131 dispone en el artículo 108. "Criterios de valoración de anomalías: Todo servidor público responderá, administrativa y civilmente, por el desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones asignados al cargo, cuando en su conducta medie dolo, culpa o negligencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales. Para tal valoración, se tomarán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: a) El impacto negativo en el servicio público que brinde la entidad o en el logro de los resultados concretos conforme a la planificación institucional. b) El rango y las funciones del servidor. Se entenderá que a mayor jerarquía y complejidad de las tareas, mayor será el deber de apreciar la legalidad y conveniencia de los actos que se dictan o ejecutan. c) La cuantía de los daños y perjuicios irrogados. d) La existencia de canales apropiados de información gerencial y la posibilidad de asesorarse con profesionales especializados. e) La necesidad de satisfacer el interés público en circunstancias muy calificadas de urgencia apremiante. f) La reincidencia del presunto responsable. g) Si la decisión fue tomada en procura de un beneficio mayor y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de la operación y las circunstancias imperantes en el momento de decidir . También se considerará si la fuerza mayor originó la decisión o incidió en el resultado final de la operación". Por su parte, la Ley 8422 indica en su numeral 3: Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. De los anteriores ordinales, se desprende que en materia de responsabilidades, es necesario la ponderación de una serie de criterios, tal como lo señala el accionante, entre ellos la valoración de los perjuicios económicos que la Administración haya enfrentado, no obstante, también se estima que la valoración del interés público es un elemento que debe ponderarse en la determinación de los alcance de esa responsabilidad, la cual debe dimensionarse en cada caso, que se valora o acredita como vulneración a ese interés público. En el caso concreto, la Administración demandada dispuso en lo que interesa en el acto final:"En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 99 inciso 3 y 5 y 103 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del INCIENSA (Decreto Ejecutivo No. 33574-S), esta Dirección General considera que el Ing. [Nombre 001] incurrió en una falta grave, razón por la cual le corresponde una suspensión de quince días sin goce de salario, como una sanción acorde a las conductas desplegadas, en tanto se trata de una medida correctiva que busca llamar la atención del servidor con el fin de que ajuste su conducta de frente a la gestión futura". De lo anterior se extrae, que la fundamentación de la sanción se vincula a lo regulado en el reglamento Autónomo de Servicio Nº 35574-S, vigente al momento de los hechos, el cual establece: "Artículo 99.-Faltas graves: Se considerarán faltas graves:

Incumplir con las disposiciones normativas aplicables a la relación de servicio, así como, con todas aquellas de orden interno en vigencia o que llegaren a dictarse, para la adecuada marcha en el servicio.

Ejecutar sus labores sin la debida dedicación y diligencia, o no aplicar todo su esfuerzo para el mejor desempeño de sus funciones cuando esta actitud genere perjuicio hacia la función pública”. Y en concordancia con lo previsto en el numeral 103 del mismo cuerpo normativo que expone: "Artículo 103.- De las sanciones: Las faltas leves serán sancionadas con una amonestación verbal. Ante reincidencia de dos o más advertencias orales dentro de un mismo mes calendario, se realizará la amonestación escrita. Las faltas graves se sancionarán con suspensión sin goce de salario entre uno y quince días; en este último supuesto podría considerarse el despido sin responsabilidad patronal, de acuerdo a las circunstancias que permitan agravar la situación". De lo anterior concluye esta Cámara, que la Administración demandada si fundamentó la base de la responsabilidad acreditada y sobre ese supuesto sustentó la base jurídica para la calificación de la sanción grave, conforme a lo señalado en el artículo 99 inciso 3 y 5 del Reglamento en mención, no obstante, si reprocha esta Cámara que, si bien se califica la conducta, no se fundamentan los criterios para estimar la sanción de quince días sin goce de salario. Y es que nótese, que la norma prevista en el numeral 103 transcrito, expone que la sanción calificada como grave puede contemplar una sanción sin goce de salario de uno a quince días, lo que requiere necesariamente que la Administración motive adecuadamente la base para imponer esa sanción, lo que se echa de menos en la fundamentación, si bien, se alude a la afectación del interés público, no expone de forma debida el dimensionamiento de esa afectación y porque amerita la sanción de quince días y no otra de acuerdo a los parámetros de la norma invocada, sobre todo cuando no se acreditó en el procedimiento administrativo, un perjuicio para la Administración, punto medular para la ponderación de la sanción a imponer. En ese sentido, si encuentra este Tribunal una indebida motivación de la sanción aplicada, por cuanto se califica la conducta reprochada, pero no se sustenta la ponderación de la sanción. Consecuentemente, sobre este punto específico si existe mérito para determinar una falta motivación del acto de acuerdo a lo señalado en el numeral 136 de la Ley General de la Administración Pública y decretar la nulidad en relación a la fundamentación de la ponderación de la sanción de quince días impuesta, por estimarse que en relación a lo previsto en el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública, lo señalado causa indefensión. En atención a lo indicado, se ordena en esos términos el reenvío del expediente a la Administración activa a efectos de que se fundamente debidamente la ponderación de la sanción atendiendo los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico y el dimensionamiento de la afectación del interés público que se reprocha como base de la calificación de la sanción, que expongan las razones de hecho y derecho para imponer la sanción de quince días sin goce de salario.

Sobre la existencia del acoso laboral como causa del procedimiento disciplinario: Por último, como vicio adicional de fondo expone la parte actora, la existencia de desviación de poder, pues el procedimiento que culminó con su suspensión sin goce de salario no es más en su criterio, que la continuación del acoso laboral del que había venido siendo víctima hace ya mucho tiempo y que ha ocasionado afectación emocional. Manifiesta, que sólo así se explica que la dirección del INCIENSA se haya dado el lujo de afirmar que gozaba de competencia para agotar la vía administrativa, además de haber inducido a que se tramitara una "segunda investigación" en su contra, luego de que, en un primer informe de conclusiones, el órgano director ya le había eximido de cualquier responsabilidad. Indica que tal y como consta en el expediente administrativo que señala aporta como prueba, de previo a que se le investigara, se había denunciado de manera formal el acoso laboral en su contra. En atención a lo señalado los demandados, indican que mediante resolución CT-177-2012 del 10 de setiembre de 2012, se exoneró de responsabilidad disciplinaria a la denunciada, al haberse comprobado que no incurrió en las faltas intimidadas, agrega que la resolución en la que se dispuso su exoneración no fue impugnada por el actor ni administrativa ni judicialmente. Además de que los hechos que denunció el actor datan de más de tres años atrás. Agrega que de la lectura del auto de apertura del procedimiento administrativo dictado por el Órgano Director, así como de la ampliación de los hechos, se denotan claramente todos los requisitos formales que debe contener la resolución y que en cumplimiento de los mismos no se violenta el debido proceso y por ende no se le causa indefensión al administrado, e incluso cada uno de ellos se cumplió en las etapas respectivas a lo largo del procedimiento que culminó con la sanción impuesta al señor [Nombre 001] . De lo indicado, es criterio de esta Cámara que lo argumentado por el accionante carece de sustento y base probatoria, en el entendido, que de acuerdo a lo que se refleja en los hechos probados se determinó que mediante escrito del 20 de mayo del 2012, el Sr. [Nombre 001] presentó denuncia por acoso laboral contra la Dr. [Nombre 005], [...] del INCIENSA. En atención a esa denuncia mediante expediente No.03-2012 del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia se inició causa disciplinaria contra [Nombre 005] por presunta responsabilidad de acoso laboral, psicológico y moral contra [Nombre 001] y mediante resolución CT-177-2012 del Consejo Técnico del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, de las catorce horas del 10 de setiembre del 2012, se exoneró de responsabilidad disciplinaria de la servidora [Nombre 005] , por no haberse comprobado que no incurrió en las faltas intímadas. Posteriormente en el año 2015, mediante oficio DA-of-011-2015 del 29 de enero del 2015, el [...], [Nombre 015] solicitó a la [...] [Nombre 005] abrir un órgano administrativo al Ing. [Nombre 001], para determinar responsabilidades, al negociar con una empresa privada la no sustitución del titular de mantenimiento de zonas verdes, durante el período de vacaciones colectivas de diciembre del 2014, cuando el contrato establece en su no competencia para este tipo de actos por sí solo. Y mediante oficio DG-re-002-2015 del 30 de enero del 2015 suscrito por la Dra. [Nombre 005] se ordenó con base en la recomendación del oficio DA-of-011-2015 del 29 de enero del 2015, la apertura de un procedimiento administrativo en contra del Ingeniero [Nombre 001], y a su vez se designó como órgano director a los funcionarios [Nombre 022], [Nombre 023] y [Nombre 024]. De los hechos acreditados, no se puede desprender que el inicio y la forma en cómo se evacuó el procedimiento administrativo, tenga relación con una manifestación de acoso laboral que constituya una desviación de poder por parte de la Dra. [Nombre 005] , en su condición de [...] del INCIENSA. Y es llama la atención que primeramente la denuncia que señala el accionante, interpuesta por su persona contra la Dra. [Nombre 005], fue declarada sin lugar al no encontrarse mérito para el acoso que se denunció en el año 2012, por parte del actor, por lo que no puede este Tribunal acreditar lo contrario sin elementos que determine esa conducta. Además debe agregar que el procedimiento administrativo impugnado en este litigio, inició por denuncia de un tercero, en el caso concreto, el señor [Nombre 015] , quien puso en conocimiento de los hechos acontecidos a la Dra.[Nombre 005], y en atención a esa denuncia, se ordenó la apertura del procedimiento sancionatorio, conducta que no puede ponderarse como una desviación de poder, sino por el contrario, se estima como una obligación propia del cargo al conocer presuntos hechos que se le imputan al accionante. En atención a lo expuesto, se considera improcedente un vicio en el acto impugnado por desviación de poder.

Sobre el efecto de la nulidad decretada. En consecuencia, de lo declarado en el considerando X de esta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la LGAP, el numeral 131 y 122 inciso k del Código Procesal Contencioso Administrativo, debe declararse la nulidad absoluta con efecto retroactivo de la siguiente conducta administrativa dictada dentro del procedimiento de responsabilidad disciplinaria seguido contra [Nombre 001], oficio DG-re-28-2015 de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veinticuatro de junio del 2015 del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, únicamente en cuanto a la indebida motivación de la ponderación de la sanción aplicada conforme se expuso en el

Y en atención a indicado, se ordena en esos términos el reenvío del expediente a la Administración activa, a efectos de que se fundamente debidamente la ponderación de la sanción atendiendo los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico y el dimensionamiento de la afectación del interés público que se reprocha como base de la calificación de la sanción, que expongan las razones de hecho y derecho para imponer la sanción de quince días sin goce de salario.

Sobre la responsabilidad derivada de las conductas administrativas reprochadas. Es necesario señalar que el pronunciamiento dispuesto en esa sente ncia, es respecto del procedimiento disciplinario, no por razones de fondo, sino eminentemente formales, al haberse valorado como único elemento de invalidez una indebida motivación del dimensionamiento de la sanción establecida, pero no así en su calificación, determinado que los vicios de fondo en el procedimiento administrativo resultan improcedentes, por ende, las razones para declarar la invalidez, no se relacionan con los aspectos de la denuncia y la prueba en que se sustentaba la misma, sino por un vicio en el acto en uno de sus elementos, pero no en lo relativo a la calificación de la sanción, se insiste, sino en la proporción de la sanción establecida. En ese escenario, la responsabilidad derivada del vicio de invalidez de aquel acto debe ser ponderada en relación a esa declaración, al valorarse una responsabilidad en atención a lo dispuesto del numeral 170 y 171 en concordancia con lo previsto en el numeral 190 y 196 de la Ley General de la Administración Pública, razonamiento que no admitiría la excepción de culpa de la victima que alega el Estado, por existir un vicio en el acto desplegado por la propia Administración. Desde esa perspectiva, en cuanto a los daños alegados, entiende está Cámara que , si bien se determina que no existe un vicio en la calificación de la responsabilidad imputada al accionante en la sede administrativa, si existió una indefensión causada por desconocer los alcances de los parámetros para la ponderación de la sanción establecida. En esa lógica, por aplicación de las reglas de la experiencia humana, lógica y razonabilidad , se valora que tales hechos pueden llevar a generar angustias y padecimientos internos de carácter psico-emocional, que afectara la esfera intima del accionante. No obstante, el dimensionamiento de ese daño, no puede interpretarse como lo acusa el demandante que a raíz de ese único aspecto se haya desencadenado una afectación física y emocional en la magnitud que se reclama, por lo que al tenor de lo establecido en el artículo 196 y 197 de la LGAP, debe ser indemnizado, el daño moral ocasionado, únicamente en la dimensión que el vicio señalado pudo haber sido desarrollado en la esfera interna del actor,  siendo que encuentra su caus a gener adora en la conducta que en este pronunciamiento ha sido declarada como ilícitas (art. 158 LGAP). Así las cosas, estima este Tribunal que lo procedente y razonable es indemnizar dicha lesión antijurídica en la suma de Ë300 .000.00 (trescientos mil colones). Debe indicarse que otros aspectos que reclaman en el daño moral, de acuerdo a lo señalado, como la afectación de tipo psicológico y físico a raíz del procedimiento sancionatorio, no se está considerando, en la tasación que se hace del daño moral, primero porque como se indicó no encuentra esta Cámara reproche en cuanto a la tramitación y el resultado de ese procedimiento sancionatorio, sino únicamente la afectación sufrida por el accionante por desconocer la fundamentación de la ponderación de la sanción. En lo que atañe al daño patrimonial, en orden a lo alegado, consiste en las sumas dejadas de percibir por el plazo de ejecución de la sanción. Sobre este daño patrimonial, cabe indicar que el efecto lógico de la nulidad declarada es la improcedencia de ejecución de los actos que dispusieron la sanción, como consecuencia de lo que disponen los ordinales 146 inciso 3) y 171 de la LGAP, por los efectos retroactivos que esas normas establecen, y en vista de que se ha ordenado la devolución del expediente a la Administración activa para la debida fundamentación y ponderación de la sanción, que implicaría eventualmente un cambio proporción de la sanción dispuesta. Por ende, al derivar esa ejecución material de una conducta que ha sido estimada como viciada de nulidad, es claro, que las retribuciones salariales no percibidas en ese plazo de suspensión laboral, constituyen un daño económico que debe ser indemnizado, así como los intereses derivados de esas sumas, el cual se concede sobre el interés legal previsto en el ordinal 1163 del Código Civil, desde la fecha en que cada extremo debió haber sido percibido por el señor [Nombre 001] , y hasta su efectiva cancelación, rubros que deberán ser fijados  en la etapa de ejecución de sentencia. Las anteriores indemnizaciones son a cargo del INCIENSA, por ser esa Administración la autora de la conducta administrativa reprochada, y ser una entidad con personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio.

Sobre las defensas opuestas. El representante del Estado opuso la defensa de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Por su parte la representación del INCIENSA opuso la defensa de falta de derecho. Sobre la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado, la misma debe ser rechazada, por cuanto, en atención a lo dispuesto en el numeral 12 de CPCA, el Estado es traído al proceso por ser la Administración autora de la conducta analizada, un órgano con personalidad jurídica instrumental adscrita al Ministerio del Salud. Sobre la defensa de falta de derecho, la misma debe ser acogida de forma parcial únicamente en cuanto a los extremos indemnizatorios rechazados y los vicios de nulidad desestimados, debiendo rechazarse esta excepción de fondo parcialmente en cuanto al alegato de violación en la motivación de la ponderación de sanción impuesta que se estimó como causal nulidad del acto administrativo indicado y las consecuencias patrimoniales derivadas de ellas. En consecuencia, se impone declarar con lugar la demanda en forma parcial.

Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, valora este Tribunal que al existir un vencimiento reciproco de acuerdo a lo establecido en el artículo 194 inciso 2, este pronunciamiento se hace sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO.

Se rechaza la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la representación del Estado. Se acoge de forma parcial la defensa de falta de derecho opuesta por los demandados. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor [Nombre 001] contra el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza Salud y Nutrición y el Estado, en los siguientes términos:

Se declara la nulidad absoluta, con efecto retroactivo, de la conducta administrativa dictada dentro del procedimiento de responsabilidad disciplinaria seguido contra [Nombre 001], oficio DG-re-28-2015 de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veinticuatro de junio del 2015 del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, únicamente en cuanto a la indebida motivación de la ponderación de la sanción aplicada conforme se expuso en el

X.

Se ordena el reenvío del expediente a la Administración activa a efectos de que se fundamente debidamente la ponderación de la sanción atendiendo los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico y el dimensionamiento de la afectación del interés público que se reprocha como base de la calificación de la sanción que exponga la razones de hecho y derecho para imponer la sanción de quince días sin goce de salario.

Se condena al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza Salud y Nutrición a cancelar al accionante las siguientes partidas por concepto de daños y perjuicios: a) Daño moral subjetivo la suma de Ë300.000,00 (trescientos mil colones) ; b) Daño económico: las retribuciones salariales no percibidas en el plazo de suspensión laboral, así como los intereses derivados de esas sumas, el cual se concede sobre el interés legal previsto en el ordinal 1163 del Código Civil, desde la fecha en que cada extremo debió haber sido percibido por el señor [Nombre 001], y hasta su efectiva cancelación, rubros que deberán ser fijados en la etapa de ejecución de sentencia.

Este pronunciamiento se hace sin especial condenatoria en costas. Notifíquese.

Laura Gómez Chacón

Amy Miranda Alvarado                   Carlos José Mejías Rodrígu ez.

*5KDSL47MWT43U61* 5KDSL47MWT43U61LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

*KEU6RHGMR6Y61* KEU6RHGMR6Y61AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A

*TXSSXESXZLQ61* TXSSXESXZLQ61CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 15-009230-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr