Resolución 01056-2024

"III.- Dado lo citado, con fundamento en el artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se determina por esta Sede ha de declararse la incompetencia por razón de la materia de la sede especializada agraria para conocer la apelación contra el auto sentencia recurrida que denegó la medida cautelar anticipada. Lo anterior, en virtud de que el objeto del proceso cautelar lo constituye un acto administrativo del SINAC ejercido en funciones propias en materia ambiental, contra el que se solicita su suspensión al cuestionarse la motivación, legalidad y fin de la decisión de orden de suspensión de actividades a la Administrada en su fundo.  Se hace notar, se solicita en la vía de medida cautelar anticipada se deje sin efecto la orden administrativa del SINAC de eliminación y suspensión de actividades productivas dentro de la finca ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero. Orden emitida en ejercicio de las facultades administrativas legales del SINAC como ente desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía y administrador de las áreas silvestres protegidas. Si bien, se describe que la finca se dedica a actividades agrarias, las pretensiones se dirigen al combate de actos administrativos en la vía de medida cautelar anticipada; lo cual resulta ajeno al conocimiento de esta Jurisdicción dada la argumentación de abuso de derecho de la Administración entiéndase MINAE-SINAC, ilegalidad de la actuación y lesión a los derechos de la administrada. Lo anterior, al tenor del artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Lo referido versa sobre relaciones o actos de naturaleza administrativa, en relación con facultades de la función administrativa estatal.  Se concluye del objeto del proceso, que el conocimiento de este asunto está fuera del ámbito de las competencias de los Tribunales Agrarios. El artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone, la jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. Por lo que el conocimiento de la apelación contra el auto sentencia apelada, dada la incompetencia decretada, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa; al tratarse sobre la discusión del ejercicio de los actos y la conducta administrativa aquí cuestionada. La sede agraria no está ideada con la legislación vigente para atacar actos de la Administración (artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y ver voto de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia n° 530-F-S1-2008 de las 14 horas 25 minutos del 1 de agosto del 2008) [...]".