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Tribunal Agrario
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Documento judicial
"IV.- VOTO SALVADO DE LA JUEZA FISHER GONZÁLEZ: La competencia agraria está determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. En el caso de los procesos de ejecución hipotecaria, para determinar si un asunto es de competencia de los Tribunales Agrarios, debe determinarse cuál fue el plan de inversión o destino del crédito concedido, si ello consta documentalmente. Como criterio complementario se dispone es competencia agraria lo relativo a los actos y contratos para desarrollar actividades agrarias, en las que sea parte una persona empresaria agraria. Si no existe posibilidad de aplicar dichos parámetros, se presume que el conflicto o asunto no es de naturaleza agraria. En este caso particular se logra determinar se trata de cobro de tributos municipales por el no pago de bienes inmuebles, pretendiendo ejecutarse una hipoteca legal, por lo cual no corresponde a esta jurisdicción especializada conocer del presente asunto, toda vez en definitiva no corresponde a un plan de inversiòn vinculado a un crédito agrario. Se trata de una ejecución hipotecaria que se presentó originalmente en el Juzgado de Cobro de Puntarenas, precisamente por la naturaleza de someter a cobro una obligación tributaria. En cuanto a la competencia de estos asuntos de tributos municipales, ha establecido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Voto N° 002461-C-S1-2022 de las 15:20 horas del 3 de noviembre de 2022, lo siguiente: "...
En el caso concreto el contenido material de las pretensiones se circunscribe al cobro de una hipoteca legal, surgida a raíz de deudas por tributos de la Municipalidad de Orotina, con fundamento el artículo 79 del Código Municipal, por lo cual no tiene como base o plan de inversión una actividad agraria de producción animal o vegetal, sino que su naturaleza corresponde a un tributo de orden municipal en razón de su destino, que obedece al ejercicio de la potestad tributaria que ostenta dicho ente Municipal. Bajo esa perspectiva, se estima que son propias de un proceso hipotecario de competencia de los juzgados especializados de cobro, al no estar ante actos o contratos originados en actividades de producción animal o vegetal, o actividades conexas de transformación, industrialización, comercialización y enajenación de productos agrarios, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Consecuentemente, este proceso debe continuar conociéndose ante el Juzgado de Cobro del Primer Circuito Judicial de Alajuela...". Dicho criterio es compartido por la suscrita Jueza. Conforme a lo explicado, procede aprobar la inhibitoria por razón de la materia, decretada por el Juzgado Agrario de Puntarenas. Dado que este proceso proviene del Juzgado de Cobro de ese mismo Circuito, el cual se declaró incompetente, por existir un conflicto de competencia, de conformidad con los artículos 16 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha de remitirse en consulta a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para que lo resuelva. Se confiere audiencia a las partes por el plazo de tres días".