Resolución 00202-2026

La obligación de cancelar intereses sobre el principal, al tipo fijado en la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. […]

La obligación de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.”  En ocasión de esta norma, es que se procede a condenar a la parte demandada al pago de intereses del principal. Por lo que se reconocen dichos intereses desde el momento en que debieron, durante el curso lectivo 2020 y 2021 hasta la fecha de pago, esto según el artículo 565 del Código de Trabajo reformado Ley N°9343, correspondiendo el interés legal igual a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para operaciones en moneda nacional y a la tasa “prime rate” para operaciones en dólares americanos, en atención al artículo 497 del Código de Comercio, desde que se hizo exigible cada suma, es decir mes a mes que se debió cancelar el componente salarial IDS del año 2020 y 2021. El cálculo de intereses legales se debe realizar, en sede administrativa, una vez fijado el monto final y realizado el reajuste del salario de la parte actora, considerando las diferencias en aguinaldo (a partir del 1 de enero del año siguiente al que se debió pagar) y salario escolar  (en el mes de febrero del año en que se debió pagar). En caso de incumplimiento y/o disconformidad, se procederá a liquidar en ejecución de sentencia. Sobre el monto otorgado se concede la indexación de conformidad con lo establecido en el artículo 565, inciso 2) del Código de Trabajo, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana, desde un mes antes de interpuesta la demanda 05 de mayo del 2023 y hasta un mes antes de su pago efectivo. Costas: De conformidad con los artículos 562 y 563 del Código de Trabajo, en donde se establece como regla general la condenatoria en el pago de las costas al perdidoso del proceso; y, tomando en cuenta la labor profesional desplegada en esta acción; se condena a la parte demandada al pago de ambas costas, fijándose las mismas en un quince por ciento (15%) del total de la condenatoria." II) Inconforme la Procuraduría General de la República presenta recurso de apelación. Argumenta que el incentivo no tenía que ser pagado en el año 2020, por cuanto el curso lectivo fue suspendido en su presencialidad por motivos de pandemia, por lo que no era destinatario de dicho incentivo. Adicionalmente durante el 2020 se produjo un recorte presupuestario sobre dicho rubro salarial. Sobre el incentivo del año 2021 este no procede, ya que por la Convención Colectiva recientemente firmada ese incentivo se transformo en zonaje, el cual empezaba a regir a partir del año dos mil veintidós, por lo que no se podía reclamar. Objeta el pago de intereses, por cuanto considera que el mismo empieza a correr desde la firmeza de la sentencia, no desde que el pago del incentivo era exigible. Cuestiona la concesión del beneficio de indexación. Rechaza la condena en costas.  III)

Se confirma el considerando de hechos probados, por ser fiel reflejo de las probanzas en autos. IV) En el caso que nos ocupa, el apelante, en el recurso que se conoce, no hace más que reiterar los argumentos expuestos en su líbelo de contestación, pero sin refutar la ponderación que de estos efectuó la persona juzgadora de primera instancia. Véase que, en primer término, la sentencia tiene por probado que la parte actora, durante los años 2020 y 2021 laboró para el Ministerio de Educación, como Profesor en el centro educativo  Cindea Cariari en la Provincia de Limón, Cantón Pococí, Distrito Cariari, perteneciente a la Dirección Regional de Educación de Guápiles, denominado como de muy bajo desarrollo socioeconómico (Ver hecho cuatro probado del fallo impugnado). Mediante resoluciones N° MS-DM-2592-2020 y N° MEP-00713-2020, se acordó suspender la presencialidad en los centros educativos por el COVID 19, sin embargo, no ha demostrado y no ha sido un hecho controvertido ni puesto en la litis, que el trabajador en ese tiempo no estuviera en la zona donde daba clases, y que por ello, no se le debe cancelar el rubro puesto al cobro, según lo dispone el artículo 1 alegado. En ese sentido, se tuvo por acreditado que al actor no se le ha cancelado el incentivo correspondiente a zona de menor desarrollo correspondiente a los años 2020 y 2021 (ver hecho probado sétimo).  V) A partir de esos hechos probados, se estableció que la prestación efectiva del trabajo se efectuó en un distrito contemplado por la normativa, que se refiere al pago del incentivo de zona de menor desarrollo, por lo que, para este Tribunal, lo que define el derecho para el pago del referido incentivo, es el lugar donde se encuentre el centro educativo en que labora la persona, siempre que este corresponda a uno de los distritos definidos reglamentariamente para el pago (aspecto que no fue objeto de impugnación); y que el hecho de que accidentalmente la prestación del servicio no se efectúe presencialmente en el centro educativo, no permite al Estado liberarse de la obligación de pago. En este punto resulta de gran importancia lo señalado por el Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, mediante voto N° 2024000696 de las 10:22 horas del 21 de agosto del 2024, en el sentido de que "tampoco tendría ese efecto la simple comunicación efectuada por la Ministra del ramo a las organizaciones gremiales del magisterio, la cual no tiene por efecto derogar la normativa que regulaba el pago de ese incentivo salarial emanada de la autoridad competente, sea la Dirección General del Servicio Civil. Así quedó establecido en el voto Nº 00052 – 2023 de las cuatro horas uno minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se dijo: “V.- La Procuraduría General de la República en sus argumentos está conforme con que la actora cumple con dos de los tres puntos contemplados por la circular DG-145-2010, pero no en cuando al punto 3) que refiere que las labores se desarrollen: “en centros educativos de III Ciclo y Educación Diversificada, I y II Ciclos de la Enseñanza General Básica, Enseñanza Preescolar o Enseñanza Especial, y que estén ubicados en zonas (distritos) de menor desarrollo relativo, en los niveles bajo y muy bajo.” Si atendemos al contenido de dicha norma, se ve con claridad que no hace la exclusión que interpreta la parte demandada, en vista que lo único que exige para acordar el pago del incentivo es que los servicios sean efectivamente prestados en una zona de menor desarrollo, sin importar que se den de forma presencial o en la modalidad de teletrabajo. Para el Tribunal validar el argumento que plantea la demandada implicaría innovar modificando la literalidad del precepto, lo que rebasa nuestra competencia como órgano administrador de justicia. En otro de los agravios se hace hincapié que el pago del incentivo está sujeto a la existencia de recurso públicos para su pago y señala como medio probatorio el oficio DM-689-07-2020, que dicho sea de paso a su juicio suspendió durante el año 2020 el pago del incentivo. Sobre este último documento debemos aclarar que se trata de una comunicación de la Ministra de Educación a las organizaciones gremiales de su institución y no de un acto administrativo con contenido normativo que viniera a dejar sin efecto las disposiciones que rigen esa materia. Ahora bien, este mismo memorial no es prueba respecto a la carencia de recurso para el pago del incentivo, ya que más allá de lo argumentado no existe documentación idónea que nos indique sin margen a la equivocación que el presupuesto de Educación aprobado por la Asamblea Legislativa específicamente para sufragar un porcentaje de los salarios de los docentes, se desvió a otros menesteres por razones de emergencia.” (sic). Lo anterior resulta importante consignarlo, si se toma en cuenta, que el oficio DM-689-07-2020 fue aportado a los autos, por parte de la apelante, como prueba documental y dentro de su escrito de contestación de demanda; amén de que dentro de los requisitos fijados en la resolución N° DG-145-2010, para el pago del incentivo de zona de menor desarrollo se dispone que, los servicios sean efectivamente prestados en una zona de menor desarrollo, pero sin importar que esos servicios se den de forma presencial u otra (como, por ejemplo, bajo la modalidad de teletrabajo), argumento que comparte esta autoridad en alzada al resultar claro que los requisitos establecidos para el reconocimiento del incentivo salarial en la resolución N° DG-145-2010 no incluye la permanencia de la persona funcionaria en la zona -se insiste que tampoco se ha demostrado que la persona trabajadora no haya permanecido en el lugar-, siendo improcedente la ampliación de requisitos o la suspensión de derechos, a causa de la pandemia del COVID-19, sin que se haya cumplido previamente con el procedimiento legal autorizado en la normativa laboral.  VI) Al respecto, es importante denotar que esa decisión deriva de una situación excepcional a causa de la pandemia, lo que se evidenció en el oficio DM-0689-07-2020; y, en tal circunstancia, el patrono se encuentra limitado para tomar esas decisiones de manera unilateral. Aunado a ello, resulta claro que la obligación de que la persona permanezca en la zona, con el fin de que se le reconozca el incentivo de zona de menor desarrollo, no formó parte de los requisitos introducidos en la resolución N° DG-145-2010. Lo anterior queda demostrado porque es hasta con el dictado de la resolución N° DG-RES-82-2022 donde se regula el incentivo de zona de menor desarrollo a través de la figura del zonaje, concluyéndose que es a partir de ese momento, que se podrá exigir la permanencia de la persona funcionaria en la zona, de acuerdo a los criterios ahí contemplados.  VII) Por otro lado, tampoco se ha refutado por el recurrente que oficio DM-0689-07-2020 del 01 de julio de 2020, se emitido por la Ministra de Educación Guiselle Cruz Maduro, se ordenó que, con ocasión del recorte presupuestario, con respecto a que dicho pago no se realizó con ocasión del recorte presupuestario, ya que, el Ministerio de Hacienda comunica a la en ese entonces era la Ministra de Educación el recorte presupuestario mediante el oficio DM-0808-2020 del 01 de julio del año 2020, en éste ordena la eliminación inmediata de presupuesto para: “1. Viajes al exterior y sus correspondientes viáticos

Actividades capacitación

Recepciones y protocolo

Publicidad y propaganda.”, además indica que se ordena la eliminación de otras partidas como transporte dentro del país, viáticos partidas de información y transporte de bienes; indicado que se podría sustituir alguna de las partidas;" por lo que la decisión de suprimir el pago del “IDS” del año 2020, fue una decisión unilateral de la Ministra de Educación, no acreditando mediante algún análisis previo o estudio que era indispensable eliminar el presupuesto destinado para el pago del incentivo "IDS", sin que se haya seguido un debido proceso para no pagar el incentivo que incluso la dirección General del Servicio Civil, determinó que contaba con naturaleza salarial desde el año 2017, así ordenado en resolución DG-095-2017 del 18 de julio de 2017 que incluso para el 2020 aún estaba vigente. Es decir, en momento alguno se ordenó por parte del Ministerio de Hacienda el recorte del incentivo "IDS". Por lo anterior, no estima este Cámara que se haya incumplido con la valoración de la prueba, por cuanto la persona juzgadora fundamento y explicó porque se debía conceder dicho rubro. En cuanto a las sentencias de otros Tribunales homólogos aunque son respetables este Tribunal no las comparte. Por lo que los agravios en cuanto a este punto deben ser rechazados.  VIII) Respecto a la transformación del "IDS" en zonaje. El recurrente alega en el caso concreto, no es posible otorgar el zonaje para el año 2021, cuando tal y como la misma persona juzgadora, lo tuvo por demostrado, el pago de zonaje se estableció a partir del 07 de abril de 2022, no siendo procedente otorgar el pago del "IDS" en este año, por lo tanto, siendo que para el año 2021, lo que procedía era el pago del IDS, ya que era el incentivo salarial vigente. No puede aplicarse en forma retroactiva lo pactado en la convención colectiva, para que rechazar el derecho de la trabajador al cobro de ese incentivo. Es claro que durante el año 2021 el derecho al incentivo salarial denominado "IDS" se mantuvo, por lo que esos agravios no son admisibles. Resulta de importancia hacer ver a la persona juzgadora que al momento de conocer las pretensiones debe limitarse a la solicitud de la parte actora, aun y cuando en la contestación la representación del Estado haga mención al zonaje no es una rubro que deba ser concedido en el proceso, por cuanto este rubro se estableció  a partir del 07 de abril de 2022, siendo procedente únicamente conceder el IDS. IX) Respecto al pago de intereses, el artículo 565 inciso 1 del Código de Trabajo ordena el pago de los mismos, hasta su efectiva cancelación. En cuanto al momento de inicio del cómputo dicho artículo establece dos supuestos. Primero, desde que la obligación era exigible. Segundo, desde la firmeza de la sentencia en el caso de los daños y perjuicios. Aquí lo reclamado por la trabajadora era el pago de los incentivos "IDS" de los años dos mil veinte y dos mil veintiuno, cada uno de ellos tenía su propia fecha de pago en cada año, siendo componentes de naturaleza salaria, por lo que se vuelven exigibles en sus respectivas fechas de pago en cada año. La normativa del Código Civil citada por la recurrente es válida en asuntos de naturaleza civil o aplicada supletoriamente en laboral, esto a falta de norma, lo que no sucede en este caso, ya que existe una norma especial para calcular los intereses en asuntos laborales, por lo que no procede este reclamo. Igualmente la concesión de la indexación, inciso 2 del citado artículo del Código Laboral, es producto de una norma sobre la materia, para las obligaciones de naturaleza laboral el legislador previo reconocer la pérdida del poder adquisitivo del dinero mediante la fórmula citada en dicho artículo, por lo que el proceder del A-Quo se encuentra ajustado conforme a derecho. X) La condena en costas que contiene la sentencia apelada debe ser confirmada. No procede la exención de costas, aun cuando la pretensión de la actora fue admitida en forma parcial, no puede acreditarse la Buena Fe de la accionada como razón para la no condena en costas, cuando la actora tuvo que acudir a la administración de justicia para reclamar sumas salariales que eran de su patrimonio, por lo que no se puede eximir del pago de las costas a la demandada.POR TANTO En lo que es motivo de apelación, se rechazan los agravios presentados y se confirma la sentencia impugnada. U5J2HC4XZZW61LUIS ESTEBAN ARAYA UGALDE - JUEZ/A DECISOR/A M0VXXV9GAQM61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A BAGWLFDMQTY61ERIC MANUEL CAMPOS CAMACHO - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 23-000860-0173-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr