Resolución 00178-2026

Resolución recurrida. El Juzgado de Trabajo, por auto número 2026000334 de las 16:06 horas del 19 de marzo de 2026, dictaminó la aprobación de la liquidación de intereses presentada por la representación de la parte actora en fecha 20 de enero de 2026, al respecto determinó:"Por las consideraciones anteriores, se imprueba la liquidación de intereses presentada por la parte actora y en su lugar se aprueba, dentro del proceso de LIQUIDACIÓN FINAL DE INTERESES, debiendo cancelar PIÑA FRUT SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 3-101-299769:  Al señor [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], la suma de ¢25,235,911.62 (veinticinco millones doscientos treinta y cinco mil novecientos once colones con sesenta y dos céntimos), por intereses de salarios caídos, aguinaldos y sumas de daño moral. Al señor [Nombre 002], cédula de residencia [Valor 002], la suma ¢26,633,600.25 (veintiséis millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos colones con veinticinco céntimos), por intereses de salarios caídos, aguinaldos y sumas de daño moral. Al señor [Nombre 003], cédula de residencia [Valor 003],la suma ¢27,078,580.61 (veintisiete millones setenta y ocho mil quinientos ochentacolones con sesenta y un céntimos) por intereses de salarios caídos, aguinaldos y sumas de daño moral. El monto total de la condenatoria es por la suma de ¢80,948,092.48 consta deposita la suma de ¢39,781,593.56, por lo que deberá la parte proceder con el pago de la diferencia por ¢41,166,498.92, bajo apercibimiento de no hacerlo se continuará con la presente ejecución y embargos solicitados. Se reconoce por costas de la presente liquidación de intereses, la suma de ¢2000000 (dos millones de colones), esto como prudencial de acuerdo con la suma que se reconoce y, labor desplegada por el representante legal. De conformidad con el artículo 583 inciso 08) del Código de Trabajo, cuenta la sentencia con recurso de apelación, por ser la liquidación final."  (Sic).

Sobre la Admisibilidad del Recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 583.8 del Código de Trabajo, este Tribunal es competente para analizar y resolver este recurso de apelación, siempre y cuando sea interpuesto dentro del tercero día posterior a su notificación y conforme a lo establecido en el numeral 590 ibídem. En el caso examinado, el pronunciamiento se notificó a todas las partes el 19 de marzo de 2026;  venciendo el plazo para presentar el recurso el día 25 de marzo de 2026 y el recurso fue presentado el 25 de marzo del año  en curso;  así que procede su conocimiento en esta sede.

Agravio del representante de los actores: La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de liquidación final de primera instancia número 2026000334, emitida a las 16:06 horas del 19 de marzo de 2026, alegando que el juzgado incurrió en error al rechazar parcialmente la liquidación de costas solicitada dentro de la liquidación de intereses.  Señala que en la sentencia firme se estableció expresamente la condena en costas personales en un veinticinco por ciento del total de la condenatoria, incluyendo los intereses, por lo que estima improcedente que el A quo fijara prudencialmente las costas en la suma de dos millones de colones, monto que considera muy inferior al que legalmente corresponde.  Indica que la propia sentencia reconoció la procedencia de intereses y costas y que la demandada, al contestar la liquidación, únicamente discutió el monto relativo al daño moral, reconociendo implícitamente la procedencia del cálculo de costas al veinticinco por ciento.  Sostiene que el juzgado modificó indebidamente una sentencia firme sin petición de parte y sin fundamentación suficiente, apartándose de lo dispuesto en el artículo 562 del Código de Trabajo. Afirma que los intereses forman parte de la condenatoria líquida y por ende, deben integrar la base para el cálculo de las costas personales.  Asimismo, manifiesta que la fijación prudencial únicamente procede cuando la condenatoria no sea susceptible de estimación pecuniaria, situación que no ocurre en el presente caso.  Finalmente, solicita se revoque la resolución recurrida y se aprueben las costas en un veinticinco por ciento sobre la totalidad de los intereses liquidados, además de condenarse en costas la propia liquidación de intereses.

Agravio de la representación de la parte demandada. La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia apelada alegando, en primer término, que el recurso de la contraparte incumple los requisitos establecidos en el artículo 590 del Código de Trabajo, por cuanto únicamente afirma que el monto correcto de las costas corresponde al veinticinco por ciento, sin expresar razones claras y precisas que justifiquen la revocatoria del fallo, por lo que solicita se declare inadmisible.  Como segundo agravio, cuestiona la condena en costas fijada en la etapa de ejecución, señalando que las costas de dicha fase no corresponden a las mismas del proceso principal, dado que el trabajo profesional desarrollado en cada etapa es distinto y autónomo, pudiendo incluso existir absolución por vencimiento recíproco en ejecución.  Añade que el Arancel de Honorarios de Abogado establece porcentajes diferenciados para cada etapa procesal, citando los artículos 66 y 69 del Decreto Ejecutivo n.° 20307-J vigente para este tipo de procesos, razón por la cual estima improcedente aplicar automáticamente el porcentaje del veinticinco por ciento fijado en la sentencia principal a la liquidación de intereses.

Criterio del Tribunal. Sobre el recurso de la parte actora. Sobre la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte actora. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo, el escrito de apelación debe contener, bajo pena de inadmisibilidad, las razones claras y precisas que ameriten la revocatoria del pronunciamiento impugnado. Dicha exigencia no constituye una mera formalidad procesal, sino una carga recursiva mínima impuesta a la parte inconforme, cuyo propósito consiste en delimitar el ámbito de conocimiento del tribunal de alzada y permitir identificar con exactitud cuáles son los agravios concretos atribuidos a la resolución recurrida. En ese sentido, la norma exige que el recurrente individualice de manera concreta los errores jurídicos, fácticos o de valoración en los que considera incurrió la persona juzgadora, así como las razones por las cuales estima que el fallo debe ser modificado o revocado. Analizado el recurso planteado por la parte actora, advierte este Tribunal que el mismo no satisface adecuadamente las exigencias  mínimas previstas en la citada disposición normativa. Lo anterior por cuanto, si bien el recurrente manifiesta su inconformidad con la decisión adoptada respecto de las costas fijadas en la liquidación de intereses, lo cierto es que no desarrolla una crítica concreta y razonada contra los fundamentos contenidos en la resolución recurrida.    En efecto, el apelante se limita esencialmente a reiterar que en la sentencia principal se fijaron las costas personales en un veinticinco por ciento del total de la condenatoria y que a su criterio, los intereses forman parte de dicha condenatoria, razón por la cual considera que debía mantenerse ese mismo porcentaje respecto de la liquidación practicada. No obstante, no explica de manera puntual cuál fue el error de interpretación o aplicación normativa en que incurrió la juzgadora al fijar prudencialmente las costas correspondientes a esta etapa procesal. Tampoco desarrolla el recurrente argumentos concretos dirigidos a desvirtuar las razones expuestas por el despacho para apartarse del cálculo propuesto, ni precisa por qué jurídicamente resultaba improcedente acudir a una fijación prudencial de costas dentro de la etapa de ejecución.  Por el contrario, el recurso contiene manifestaciones genéricas relacionadas con la práctica judicial en otros procesos y con el hecho de que la demandada no se opusiera expresamente al porcentaje liquidado, aspectos que por sí solos, no constituyen una fundamentación recursiva suficiente en los términos exigidos por el artículo 590 del Código de Trabajo. Debe recordarse que el recurso de apelación no puede entenderse como una simple manifestación de desacuerdo con lo resuelto, sino que exige una exposición concreta de los agravios ocasionados por la resolución impugnada, identificando de forma clara las razones jurídicas o fácticas por las cuales se estima errónea la decisión recurrida. La ausencia de una explicación concreta y razonada impide a este Tribunal determinar con precisión cuál es el yerro específico que se atribuye al fallo y consecuentemente, limita el ejercicio de la competencia revisora del órgano de alzada, la cual queda delimitada por los agravios debidamente expuestos por la parte recurrente. Así las cosas, estima este Tribunal que el recurso presentado incumple parcialmente las exigencias previstas en el artículo 590 del Código de Trabajo, al no contener una exposición clara, precisa y concreta de los motivos por los cuales procedería la revocatoria de la resolución impugnada, circunstancia que debilita sustancialmente la pretensión recursiva planteada.

Criterio sobre el recurso de apelación de la accionada. En cuanto al agravio relacionado con la improcedencia de incluir los intereses dentro de la base para el cálculo de las costas personales, estima este Tribunal que no lleva razón la parte recurrente. Nótese que en la sentencia principal se dispuso expresamente la condena en ambas costas a cargo de la demandada, fijándose las personales en un veinticinco por ciento del total de la condenatoria. Asimismo, los intereses reconocidos en ejecución derivan directamente de dicha condena principal y constituyen una consecuencia patrimonial de la obligación declarada judicialmente, razón por la cual forman parte del importe líquido de la condenatoria. Debe recordarse que los intereses reconocidos judicialmente no constituyen una obligación autónoma e independiente del fallo principal, sino un accesorio de la condena impuesta, dirigido a resarcir el retardo en el cumplimiento de las sumas adeudadas. En consecuencia, una vez liquidados y determinados económicamente, integran el monto patrimonial efectivamente reconocido a favor de la parte vencedora. Asimismo, el artículo 562 del Código de Trabajo establece que las costas personales deberán fijarse entre un quince y un veinticinco por ciento del importe líquido de la condenatoria, supuesto que sí concurre en el presente asunto, dado que la liquidación de intereses practicada posee contenido económico determinado y susceptible de cuantificación pecuniaria. Por ello, no comparte este Tribunal el criterio de la parte demandada en cuanto sostiene que los intereses no pueden integrar la base de cálculo de las costas personales. Aunado a ello, la circunstancia de que la etapa de ejecución posea particularidades propias no elimina el hecho de que la liquidación de intereses deriva directamente de la condena principal previamente reconocida en sentencia firme. Por ende, no resulta incorrecto considerar tales sumas para efectos de establecer las costas correspondientes, sin que ello implique desconocer las particularidades propias de la etapa de ejecución. En virtud de lo anterior, se rechazan los agravios formulados por ambas partes y se confirma el auto venido en alzada. PARTE DISPOSITIVA       Se confirma el auto venido en alzada.  Jueza y jueces del Tribunal.-  Maricruz Barrantes Córdoba   Brenda Celina Calvo de la O      Eric Manuel Campos Camacho    ML5AGZUTG8A61MARICRUZ BARRANTES CORDOBA - JUEZ/A DECISOR/A EAFODN7XSVK61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A QODP247T9RRO61ERIC MANUEL CAMPOS CAMACHO - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 12-001274-0929-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr