Resolución 00162-2026

I.-

a) Solicitud: De los hechos que dan sustento a su demanda, la parte actora solicita lo siguiente: "SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE REINSTALACIÓNCon fundamento en los artículos 540 y sguientes del Código de Trabajo, 39 y 56 de la Constitución Política, y los principios de apariencia de buen derecho, peligro en la mora,proporcionalidad y tutela reforzada, solicito que este Juzgado ordene la reinstalación inmediata y provisional del suscrito en el mismo puesto que desempeñaba antes del despido, mientras se resuelve el fondo del proceso.

Fumus boni iuris (apariencia de buen derecho): El despido se sustenta en un supuesto abandono que no existió, pues el suscrito Iaboré más allá de la jornada ordinaria. La empresa impuso jornadas extraordinarias como práctica normal bajo modalidad de trabajo a destajo y sn reconocimiento real, violando normas imperativas. La Sala Segunda (voto N.° 2025000916) ha indicado que la fatga y el exceso de jornada son responsabilidad patronal, no del trabajador.

Perculum in mora (peligro en la demora): Soy la única fuente de sustento de su núcleo familiar, compuesto por su madre, padre y hermanos, quienes dependen enteramente de mi ingreso. El mantenimiento del despdo agrava mi situación de pobreza y vulnerabilidad. La demora procesal generaría un daño irreparable a mi derecho fundamental al trabajo (art. 56 C.P.).

Principio de proporcionalidad y tutela reforzada: La medida de reinstalación no causa perjuicio desproporcionado a la empresa, mientras que su denegatoria sí ocasionaría un daño grave, máxime por mi origen indígena en extrema vulnerabilidad. El Convenio 169 OIT, en sus artículos 20 y 21 , impone a los Estados el deber de proteger especialmente el empleo de los pueblos indigenas.

Finalidad protectora de la medida EI objetivo de la reinstalación es preservar la fuente de ingresos y garantizar la efectividad de la tutela judicial, asegurando que la sentencia final no resulte en daños irreparables para el suscrito." (sic) b) Oposición: De lo solicitado se otorgó audiencia a la parte demandada mediante  resolución de las diez horas horas treinta y ocho minutos del doce de enero de dos mil veintiséis, la accionada se opone a la medida cautelar mediante escrito visible a imagen 61 a 69 en orden descendente del expediente electrónico, en lo que interesa señala: "[...] se debe rechazar la medida cautelar solicitada por la parte accionante, pues al haber una terminación de la relación laboral, no se están dando los presupuestos necesarios para su otorgamiento. Máxime que, la imposición de dicha medida generaría un grave perjuicio en la imagen de mi representada, pues la solicitud de la medida cautelar de reinstalación se ha convertido últimamente en un mecanismo utilizado de forma reiterada y sin fundamentos sólidos por extrabajadores en contra de mi representada, ocasionando un perjuicio inestimable." (sic).   c) Resolución impugnada: El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Limón, por resolución, dictada a las nueeve horas seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, en lo conducente resolvió: "Por las razones dadas, al no cumplirse con los presupuestos exigidos, SE RECHAZA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Una vez firme la presente resolución se ordena continuar con el trámite del expediente. Notifíquese.(...)".-   d) Recurso de Apelación: Conoce este Tribunal, por motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución supra indicada. e) No existencia de vicios de procedimiento: No se observan vicios de procedimiento capaces de producir nulidad o indefensión a las partes. f) Sobre la Admisibilidad del Recurso: A la luz de lo establecido en el artículo 583 del Código de Trabajo, admite recurso de apelación, siempre y cuando sea interpuesto dentro del tercero día posterior a su notificación y conforme a lo establecido en el numeral 590 ibidem. En el caso examinado, el pronunciamiento se notificó a todas las partes el 26 de febrero de 2026; y el recurso de la parte actora se presentó el 03 de marzo de los corrientes; con las formalidades de ley; así que procede su conocimiento en esta sede.

Sobre los

Se aprueban los hechos tenidos por demostrados por ser fiel reflejo del mérito de los autos.

Recurso de la parte actora:  Inconforme con lo decidido en primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación, literalmente indica: "I. AGRAVIO

ERROR EN LA INTERPRETACIÓN DEL FUMUS BONI IURISEl juzgador sostiene que no existe apariencia de buen derecho porque "no es posible determinar probabilidad de éxito" y porque existe una "disconformidad" sobre la sanción aplicada, este razonamiento incurre en un error jurídico grave, por cuanto, confunde el estándar cautelar con el estándar de sentencia, exige certeza probatoria en una etapa preliminar, traslada indebidamente la carga probatoria plena al trabajador.El fumus boni iurís exige verosimilitud, no certeza.En el caso concreto, el suscrito Iaboré más de ocho horas, me retìré luego de cumplìr jomada legal.La empresa sostiene que debía continuar hasta completar cupo, existe debate jurídico serio sobre si la modalidad a destajo permite extender la jomada máxima establecida, en contra posición de un derecho humano. Ese conflicto normativo es suficiente para configurar apariencia de buen derecho.El juez, en vez de realizar un juicio hipotético de plausibilidad, efectuó una valoración defondo anticipada, lo cual constituye desviación del estándar cautelar.

AGRAVIO SEGUNDOERRÓNEA \AL0RAc|0N DEL PERICULUM IN MORALa resolución otorga relevancia al hecho de que la demanda fue presentada más de dos mesesdespués del despido, sugiriendo que ello debilita la urgencia. Este argumento esjurídicamente insostenible.El periculum in mora se refiere a el riesgo actual de que el transcurso del proceso cause undaño irreparable. No al tiempo previo a la interposición de la demanda.El daño aquí es:a- Pérdida absoluta de ingresos.b- Afectación a núcleo familiar dependiente.c- Incremento progresivo de vulnerabilidad.d- Desprotección económica estructural.e- El peligro es actual y continuado.El juez transforma el ejercicio del derecho de acción en un elemento sancionatorio, creandoun requisito inexistente en la ley.No existe norma que establezca que la solicitud cautelar pierde procedencia por no haber sidointerpuesta inmediatamente después del despido.Tal razonamiento introduce una condición no prevista por el legislador, en violación delprincipio de legalidad procesal.

AGRAVIO TERCEROOMISIÓN DE APLICAR EL ESTÁNDAR DE TUTELA REFORZADAEl propio juzgador reconoce que el actor es persona cabécar, sin embargo, reduce el análisis a si comprendía o no las amonestaciones.Ello constituye una interpretación restrictiva y reduccionista del Convenio 169 de la OIT.La condición indígena implica, vulnerabilidad estructural, desigualdad material, barreras de acceso a lajusticia, dependencia económica reforzada, necesidad de enfoque intercultural.La tutela cautelar, en estos casos, debe aplicarse con mayor intensidad protectora.El juez omitió:a- Aplicar cl principio pro persona.h- Aplicar control de convencionalidad.c- Valorar la asimetría estmctural en la relación laboral.d- Ponderar el impacto diferenciado del despido.Esta omisión constituye error de interpretación constitucional y convencional.

AGRAVIO CUARTOANTICIPACIÓN INDEBIDA DEL FONDO DEL PROCESOLa resolución afirma que el hecho de que el actor no niegue retirarse del centro de trabajo impide configurar apariencia de buen derechoEste razonamiento es incorrecto, el debate no es si se retiró.El debate es si ese retiro, luego de cumplir jornada máxima legal, constituye abandonosancionable. Eso es un análisis de tipicidad jurídica.AI desestimar el fumus porque existe discusión sobre si la conducta constituye causal dedespido, el juez está resolviendo implícitamente el fondo.La función cautelar no es declarar quién tiene razón, sino evaluar si la pretensión esjurídicamente plausible. Aquí lo es.

AGRAVIO QUINTOFALSA EQUIVALENCIA ENTRE "DISCUSIÓN" Y AUSENCIA DE APARIENCIAEl juzgador sostiene que, como ambas partes justifican su posición, no puede determinar probabilidad de éxito. Este razonamiento vacío de contenido la tutela cautelar.Si toda controversia impidiera el fumus, ninguna medida cautelar sería procedente. La existencia de prueba contradictoria no elimina la apariencia; la presupone. Vl. AGRAVIO SEXTODESPROPORCIONALIDAD EN LA PONDERACIÓN La resolución no desarrolla análisis real de proporcionalidad No se pondera el impacto económico en el trabajador indígena. dcpcndcncia familiar riesgo de empobgrecimiento estructural, natualeza reversible de la reinstalación.La empresa no acredita perjuicio grave por reinstalación provisional, en contrario, el suscrito si acreditó daño grave por denegatoria. La ponderación constitucional favorece la protección cautelar que en mi caso no se da.

CONCLUSIÓN DE LOS AGRAVIOS La resolución recurrida incurre en:1- Interpretación errónea del estándar de fumus boni íurís.2- Omisión del enfoque de tutela reforzada indígena.3- Anticipación indebida del fondo.4- Razonamiento que vacía de contenido la tutela cautelar.5- Falta de análisis real de proporcionalidad.6- Aplicación indebida del criterio temporal como obstáculo cautelar. Se trata de errores de interpretación jurídica que afectan el núcleo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. PETITORIAPor lo expuesto, solicito:Declarar con lugar el presente recurso.Revocar la resolución apelada.Ordenar la reinstalación provisional inmediata del actor, bajo las condiciones previas aldespido Aplicar control de convencionalidad respecto al Convenio 169 OIT.Garantizar tutela reforzada acorde con el origen indígena del recurrente." (sic)

Criterio del Tribunal:   Las manifestaciones del escrito de inconformidad no son suficientes para modificar lo resuelto. Como ya lo ha expuesto en forma reiterada este Colegiado, para poder revocar una resolución, sobre un extremo en concreto, necesariamente, la parte apelante debe plantear, de forma clara y precisa las razones, por las cuáles, la resolución judicial no es correcta. Debe puntualizar, bajo un razonamiento específico, los motivos que, obligan a revocar. Debe desvirtuar el razonamiento y fundamentación del juez. No basta con mostrar disconformidad contra el auto, o con hacer referencia a lo pedido. Ni reiterar o transcribir la solicitud de la medida, o alegarse presunciones de necesidades del actor. Ni hacer agravios genéricos, sin ninguna concatenación y valoración con la prueba evacuada. La apelación es contra el razonamiento, fundamentación y decisión de la persona juzgadora plasmada en una sentencia específica. En el caso, resulta evidente que la apelación es inatendible, puesto que, el apelante no formuló ningún agravio concreto, ni planteó una argumentación contra la decisión de la persona juzgadora. Nos explicamos.   La persona juzgadora razonó su decisión en el siguiente sentido:  "(...) Lo primero que se debe resaltar es qué el actor cita que es persona cabécar, que su lengua es cabécar y posee limitada comprensión del idioma español, quién resuelve comprende que esta situación podría colocar al actor en una condición de vulnerabilidad, sin embargo, de la lectura de la demanda no se desprende que el actor haya tenido esta limitante ante las llamadas de atención de la empresa demandada, nótese que cita que se le llamó la atención y que él presentó el descargo correspondiente, por lo que no se evidencia qué no haya tenido comprensión el actor de las llamadas de atención, o al menos no se expuso de esa manera, de no haber tenido conocimiento no habría presentado el respectivo descargo que alega interpuso; no se desprende de la demanda qué el actor desconociera el contenido de llamadas de atención o el motivo por el cual se realizó el cese de las labores; incluso en actas que se llevaron a cabo con el actor, con ocasión del despido no se indica que no existiera comprensión.(...) A criterio de quién resuelve, la medida debe ser rechazada, además de no cumplir con la apariencia de buen derecho, no se configura de forma idónea el peligro en la demora, si bien es cierto, podría ser evidente este peligro, analizado desde la óptica de ser el salario los ingresos de toda persona trabajadora, lleva razón la parte demandada en qué el actor deja transcurrir el plazo de más de dos meses para accionar ante la sede judicial, aspecto que considerando su fundamentación resulta evidentemente contradictorio. Se debe considerar además qué, este peligro en la demora se ha definido como el temor razonable y objetivamente fundado de la parte actora de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada de forma grave e irreparable durante el transcurso del tiempo necesario para dictar la sentencia principal, por lo que para quién resuelve se le da a este un carácter excepcional de importante análisis, en donde no acoger la medida de inmediato afectaría el bien jurídico que se tutela, las razones que se dan resultan ser genéricas y, no a un caso concreto, pues en determinado caso y de llevar razón el actor en sus pretensiones se contempla en la norma el reconocimiento de salarios caídos, además que no existe prueba respecto a qué en este momento se este dando dicha afectación, como por ejemplo el que aún no cuente con un ingreso para hacer frente a sus necesidades.Finalmente, se debe hacer ver a las partes que lo acá resuelto no guarda relación ni resulta vinculante para lo que se pueda resolver en el fondo una vez que se cuente con mayores elementos de prueba." (sic) De lo transcrito se extrae que a criterio del a - quo no se cumple con los presupuestos procesales de apariencia de buen derecho, y peligro en la demora, lo cual se explica ampliamente en la resolución impugnada, por lo que se determina por esta Cámara que las afirmaciones realizadas en el recurso son puras alegaciones sin cuestionar lo señalado por la persona juzgadora, ni fundamentar en que elemento probatorio se demuestra lo alegado, que dicho sea de paso no se aportó ningún tipo de prueba para sustentar la medida cautelar solicitada, por lo que no queda más remedio que confirmar la resolución venida en alzada.-      POR TANTO En lo apelado se confirma la resolución venida en alzada.-   Brenda Celina Calvo De la O  Maricruz Barrantes Córdoba                                                         Luis Esteban Araya Ugalde  BCALVOD   W6SWSO1EF1I61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A WRRESBTUN3K61LUIS ESTEBAN ARAYA UGALDE - JUEZ/A DECISOR/A E1FDQB6AZP061MARICRUZ BARRANTES CORDOBA - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 26-000005-0929-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. 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