Resolución 00142-2026

Que fui objeto de un despido completamente injustificado, las razones expuestas por Ia demandada no son ciertas y con evidente accionar de mala fe, puesto que nunca sucedio lo que la empresa exponer para justificar mi injusto despido, tanto los hechos denunciados como las pruebas adjuntas, evidencian y justifican plenamente mi actuación.

De suma importancia considerar, que debido a la realidad del sector y a la forma en que fui despedido no me ha sido posible lograr otro trabajo, por mas que lo he intentado no me dan trabajo.

Que a pesar de haber contar con la posibilidad de contar con defensa gratuita en la defensa publica, Ios plazos a Ios que me han sometido han sidos extensos (pública) es por ello que hasta este momento logre presentar este proceso.

Que la realidad judicial, respecto a las etapas procesales y los tiempos resolutivos, son elementos de incurrir en riesgo de mora, perjudicando de forma muy gravosa mis intereses y en especial los de mi familia. Por lo que solicitocon vehemencia me sea acogida la medida cautelar de reinstalanion, en las mismas condiciones a las que tenia antes del injusto despido. De igual forma, siendo el espiritu de este instrumento Ia provisionalidad para no generar afectaciones irreparables mientras se discute por el fondo, como lo es en mi caso, que, al no contar con un ingreso, he tenido que pedir ayuda, someterme a trabajo temporales, pedir prestado para poder sostener alimentariamente a mi familia, a mi hijo de dos años me lo diagnosticaron con autismo, por lo que he tenido que estar Ilevando constantemente a citas al Hospital de Niños, al Hospital Tony Facio de Iimón, CONAPIS de Iimón , condición que se agravara aun más si no se acoge mi solicitud.   En razón de lo expuesto, solicitó como medida cautelar; "(...) Se ordene a la empresa LIMOFRUT S.A., a la reinstalación inmediata de la suscrita, en el puesto ocupado antes de mi despido y bajo las mismas condiciones previas al mismo..." (sic).

Resolución impugnada: El Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Limón mediante la resolución de las once horas dieciséis minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, denegó la medida cautelar en los siguientes términos;  "(…) Conforme a lo expuesto se desprende claramente que la parte solicitante de la medida cautelar en su libelo de solicitud de medidas cautelares argumenta que fue objecto de un despido injustificado en fecha 20 de setiembre del 2024, en cuanto al primero de los presupuestos el fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, se determina que para acoger la medida planteada por la parte interesada la existencia de un posible fallo relativo a la procedencia o no de la pretensión principal ya propiamente sea en el fondo del proceso, sin que lo que se vaya a resolver en la medida planteada constituya algún tipo de adelanto de criterio, ya que lo que se basa es en una mera suposición al juzgador de que posiblemente se tiene el derecho y es procedente la demanda, lo cual se resolverá dentro del proceso ordinario planteado y en este caso se cumple toda vez que no se determina que la demanda planteada sea temeraria, respecto al segundo supuesto El periculum in mora, o peligro en la demora, supone el riesgo de que un derecho, o la apariencia de este, pueda sufrir un daño ante el transcurso del tiempo que toma el dictado de la sentencia dentro del proceso principal. En el caso que nos ocupa, se trata de un proceso ordinario que, a diferencia del proceso sumario, conlleva mayor tiempo de estudio y de resolución. Por tal motivo, resulta factible que, para evitar un eventual perjuicio de difícil o imposible reparación, las partes interesadas puedan plantear dentro del proceso ordinario una medida cautelar. Este tipo de medidas tienen comofinalidad exclusiva salvaguardar los derechos que puedan resultar tutelados en la sentencia definitiva y que podrían correr riesgo de sufrir un daño irreparable. Este presupuesto exige la concurrencia de dos elementos esenciales: La existencia de un daño o perjuicio grave; y La demora propia del proceso. No obstante, en este caso la parte solicitante no logra demostrar la concurrencia del presupuesto citado. De la revisión del libelo de solicitud de medidas cautelares y de la prueba que consta en autos, no se desprende la existencia del peligro en la demora, por cuanto, de sus propias manifestaciones, la situación alegada se remonta a un periodo considerable de tiempo anterior sin que se evidencie un agravamiento actual o reciente. La parte actora no demuestra, ni siquiera de forma mínima, la existencia de daños de imposible o difícil reparación. Es pertinente indicar a la parte actora que este juzgador no es ajeno a la compleja situación económica y emocional que pueden enfrentar las personas trabajadoras despedidas, máxime cuando existen responsabilidades familiares, problemas de salud de un hijo, la necesidad de buscar empleo en un contexto de incremento en las tasas de desempleo y las obligaciones económicas que deben afrontarse. Es innegable que el verse inmerso en un despido, sea procedente o no, repercute en las áreas emocionales y económicas de cualquier persona trabajadora, afectando su liquidez y su capacidad para cubrir necesidades básicas de educación, salud, recreación, entre otras. Sin embargo, corresponde analizar rigurosamente el expediente para determinar si en este caso se cumplen los presupuestos legales que permiten otorgar la medida cautelar solicitada, pues de lo contrario se llegaría a la conclusión errónea de que toda demanda laboral implicaría de forma implícita la necesidad automática de reinstalación. En el caso concreto, llama la atención que la actora fue despedida el 20 de setiembre de 2024, y no es sino hasta setiembre de 2025 que interpone el proceso y solicita la medida cautelar. Resulta relevante el tiempo transcurrido, así como la ausencia de una explicación razonable sobre cuál ha sido la afectación concreta durante ese periodo y cómo ha afrontado su situación casi un año después del despido. Tampoco resultan argumentos válidos, para justificar la demora en la interposición de la demanda, las referencias a la situación laboral de la Defensa Pública o a la carga de trabajo de dicha institución, ni el hecho de que posteriormente optara por una defensa privada. Tales alegatos no justifican la presentación del proceso casi un año después de ocurrido el despido, en relación a  ponderación de intereses en juego,la reinstalación de la señora [Nombre 001]  en su antiguo puesto resulta desproporcionada, por cuanto, de manera indudable, generaría afectaciones a terceros, específicamente al colaborador que actualmente ocupa dicho puesto. No es posible pasar por alto que una medida de esta naturaleza implicaría el desplazamiento de otra persona trabajadora, lo que evidencia un impacto directo sobre derechos e intereses de terceros ajenos al litigio, circunstancia que refuerza la improcedencia de la medida solicitada.

En virtud de lo antes expuesto, lo procedente es declarar sin lugar la medida cautelar solicitada por los actores. Continúese con los procedimientos POR TANTO Con fundamento en lo expuesto, SE DECLARA SIN LUGAR la medida cautelar solicitada por la actora. Continúese con los procedimientos...".  (sic).

Recurso interpuesto: Inconforme con lo resuelto la actora interpuso recurso de apelación, mismo que se transcribe en lo medular;  "(...) Con el debido respeto, considero que la resolución impugnada incurre en un grave error al denegar la medida cautelar de suspensión del despido, basándose en una interpretación que no se ajusta a la normativa laboral vigente y desestima la existencia del Fumus Boni Iuris (Apariencia del Buen Derecho) y del Periculum in Mora (Peligro en la Mora), y la ponderación de interese en juego, de que estos presupuestos se encuentran claramente demostrados.

EN RELACIÓN CON LA AUSENCIA DE APARIENCIA DE BUEN DERECHO (FUMUS BONI IURIS) El A-quo argumenta la falta de Fumus Boni Iuris señalando que no aporté el cuadro comparativo necesario para demostrar la discriminación y que el despido se debió a faltas graves probadas. Refuto lo anterior con vehemencia: La prueba de la discriminación es objeto del fondo del proceso: Si bien se menciona la ausencia de un cuadro comparativo, la Apariencia de Buen Derecho en sede cautelar solo requiere la seriedad y la probabilidad de éxito del reclamo, sin prejuzgar el fondo. Los hechos que denuncié en mi demanda, un despido completamente injustificado, con un accionar de mala fe, inmediatamente posterior a presentar pruebas de mi condición médica y mis ausencias justificadas (Comprobantes de asistencia médica de agosto 2024), constituyen un indicio prima facie de que el acto patronal es nulo o discriminatorio, que es lo que exige la cautela.

Las faltas graves son un mero pretexto en disputa: El A-quo no puede, en esta fase preliminar, asumir como cierta la versión de la empresa demandada sobre las dos supuestas faltas graves (presentarse incapacitada y ausentismo). Dicha calificación es, precisamente, el punto central del litigio. Sin el debido proceso de prueba, no es posible desechar la Apariencia de Buen Derecho bajo el argumento de que la causal de despido se encuentra sustentada, pues estoy allegando prueba que busca desacreditar dicho motivo y probar que las ausencias obedecieron a una necesidad médica amparada. La medida cautelar no busca certeza, sino verosimilitud, la cual sí se configura con los hechos y documentos presentados.

EN RELACIÓN CON LA AUSENCIA DE PELIGRO EN LA DEMORA (PERICULUM IN MORA) Y LA TARDANZA EN LA DEMANDA Se me reprocha una supuesta falta de urgencia por haber interpuesto la  demanda casi un año después de mi despido (ocurrido el 20 de septiembre               de 2024, presentada el 12 de septiembre de 2025). Este argumento               desatiende mi realidad socioeconómica y los obstáculos que enfrenté:

La demora es producto de mi vulnerabilidad y barreras sistémicas: Reconocí en mi escrito inicial que, a pesar de contar con la posibilidad de defensa pública, “los plazos a los que me han sometido han sido extensos”. Esta demora no fue producto de mi inercia o desinterés, sino de la extrema dificultad económica para acceder a una defensa privada de forma inmediata, y los largos tiempos inherentes a los trámites de la Defensa Pública. Es un error jurídico castigar al trabajador por las barreras que el sistema y su situación de pobreza le imponen, desvirtuando así la urgencia.

El Periculum in Mora subsiste y se agrava: La dilación en el proceso ordinario, sumada a mi situación de desempleo continuado por la forma en que fui despedida y la realidad del sector (“no me ha sido posible lograr otro trabajo”), configura el daño grave e irreparable. El Periculum no desaparece con el tiempo; por el contrario, se intensifica. Cada día sin salario me condena a una precariedad insostenible, afectando no solo mi subsistencia, sino la de mi familia, lo cual sí constituye un daño de difícil o imposible reparación.

EN RELACIÓN CON LA DESPROPORCIONALIDAD Y AFECTACIÓN A TERCEROS Finalmente, se declara desproporcionada la medida por el riesgo de afectar al colaborador que actualmente ocupa mi puesto, al implicar su desplazamiento. Sin considerar que por la naturaleza de la actividad a la que se dedica la empresa demandada las labores son continuas y permanentes durante todo el año. Proporcionalidad: La reinstalación es idónea y necesaria para proteger el derecho fundamental al trabajo, y no implica un sacrificio desproporcionado para la parte demandada, dado que el puesto y las labores que haré son parte del día a día de la empresa demandada. El perjuicio a terceros es manejable por el patrono: Una empresa del tamaño y naturaleza de la demandada tiene la capacidad material de reubicar o reasignar al nuevo colaborador a otra plaza o función similar, sin causar daño. En cambio, el perjuicio que sufro yo y mi familia al denegarme la reinstalación es total e insoportable. La ponderación de intereses debe inclinarse a favor de la parte más débil y hacia la tutela de un derecho fundamental (la estabilidad laboral frente a un despido discriminatorio) sobre la reasignación de un puesto. Principio protector: Conforme al artículo 10 del Código de Trabajo y al Convenio 158 de la OIT, las dudas en la interpretación y valoración probatoria deben resolverse a favor del trabajador. Ante la duda sobre la urgencia y la justificación de las ausencias, debe prevalecer la protección de la estabilidad laboral. PETITORIA: Por lo antes expuesto, solicito a su autoridad, se acoja este recurso de APELACIÓN, consecuentemente, se acoja la solicitud de medida cautelar de reinstalación solicitada...". (sic).

Admisibilidad del recurso. Revisado que ha sido el presente asunto, considera este Tribunal que debe conocerse del recurso de alzada, conforme a lo dispuesto al artículo 583 inciso 10 del Código de Trabajo, que concede el recurso de apelación a la resolución que denigue una medida cautelar o la decrete (voto de la Sala Constitucional 11481-23 de las trece horas diez minutos de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés), siendo que el mismo fue presentado en tiempo, toda vez que la resolución fue notificada a las partes -según las actas de notificación- el 04/12/2025, por lo que el plazo para presentarlo vencía el 10/12/2025 y el recurso fue presentado el 09/12/2025, el cual además cumple con las formalidades de ley exigidas.

Criterio del Tribunal: Una vez analizada la fase de admisibilidad del recurso, de seguido se conocerá sobre los motivos de agravio en contra de la resolución impugnada;  En el tema de las medidas cautelares es bien sabido que, para su otorgamiento es necesario que se cumplan los presupuestos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y la debida ponderación de los intereses en juego. A nivel doctrinario se ha desarrollado de forma abundante el concepto de estos presupuestos.  En primer lugar tenemos el Fumus Boni Iuris o apariencia del buen derecho: Para este presupuesto lo que la persona juzgadora realiza es un análisis -a primera vista- de que en apariencia y sin entrar a  prejuzgar sobre el fondo del asunto -o adelantar criterio-, pareciera que le asiste el derecho a la parte solicitante, de ahí que se hable de que exista seriedad o verosimulitud en la demanda o solicitud. En otras palabras, que del análisis de los hechos expuestos y la prueba que se aporta inicialmente, existe una alta probabilidad de una sentencia a su favor.  En segundo lugar tenemos el Peligro en la demora: Este presupuesto se le conoce como periculum in mora y básicamente consiste en el temor fundado de la parte de que por la duración del proceso, si no se toma la medida, existe un peligro real e inminente de un daño irreparable o que sea de difícil reparación que podría afectar o hacer ilusorio la eficacia de la sentencia recaída en su favor.  Por último se analiza la Bilateralidad de Periculum in Mora: Este presupuesto muy utilizado en el ámbito del derecho administrativo, lo que se pondera es la eventual afectación al interés público con la adopción de la medida versus el perjuicio o daño al solicitante de la misma, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea cualitativa y cuantitativamente superior al experimentado por el solicitante de la misma si ésta le es otorgada. Este presupuesto también se ha aplicado en el ámbito privado, ponderando la afectación en este caso al sujeto de derecho privado versus el eventual daño que se le ocasionaría al afectado con la adopción o no de la medida, en el sentido de que si el daño es considerablemente mayor al solicitante que a la contraparte, la medida debe adoptarse, en tanto se cumpla -claro está- la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora en estricto sentido. En el caso en particular, el a quo consideró que si bien se cumple con el presupuesto de la apariencia de buen derecho, no se cumple con el requisito del peligro en la demora, toda vez que considera que ese presupuesto exige la concurrencia de dos elementos esenciales, a saber; la existencia de un daño o perjuicio grave y la demora propia del proceso. No obstante, de la revisión del libelo de solicitud de medidas cautelares y de la prueba que consta en autos, no se desprende la existencia de tal peligro, por cuanto, la situación alegada se remonta a un período considerable de tiempo anterior, sin que se evidencie un agravamiento actual o reciente, siendo que la parte actora no demuestra, ni siquiera de forma mínima, la existencia de daños de imposible o difícil reparación En contraposición a lo resuelto alega la parte apelante en lo medular que que el A-quo argumenta la falta de Fumus Boni Iuris señalando que no se aportó el cuadro comparativo necesario para demostrar la discriminación y que el despido se debió a faltas graves probadas. En torno al peligro en la demora sostiene que la demora es producto de su vulnerabilidad y barreras sistémicas, pues tal y como reconoció en el escrito inicial, a pesar de contar con la posibilidad de defensa pública, los plazos a los que le han sometido han sido extensos. Esta demora no fue producto de su inercia o desinterés, sino de la extrema dificultad económica para acceder a una defensa privada de forma inmediata. Arguye que el Periculum in Mora subsiste y se agrava debido a su situación de desempleo continuado y la realidad del sector no le ha sido posible conseguir otro trabajo, lo que configura el daño grave e irreparable. En torno a la ponderación de los intereses en juego, alega que el perjuicio a terceros es manejable por el patrono ya que una empresa del tamaño y naturaleza de la demandada tiene la capacidad material de reubicar o reasignar al nuevo colaborador a otra plaza o función similar, sin causar daño. En cambio, el perjuicio que ella sufre y su familia al denegarle la reinstalación es total e insoportable.        Los motivos de agravios no son de recibo. Es claro que para el otorgamiento de las medidas cautelares como la que se pretende, es necesario que se cumplan los tres presupuestos anteriormente analizados. Dicho lo anterior, se debe indicar que una vez revisada la resolución y el recurso interpuesto, concluye este Tribunal que la misma se debe de confirmar, eso por cuanto efectivamente, no se vislumbra de momento, la existencia de la totalidad de presupuestos para el otorgamiento de la medida solicitada, más específicamente no se observa que se cumpla con el peligro en la demora. Llama la atención que la parte apelante cuestiona que el a quo argumentó la falta de Fumus Boni Iuris señalando que no se aportó el cuadro comparativo necesario para demostrar la discriminación y que el despido se debió a faltas graves probadas, sin embargo, contrario a lo alegado, luego de una lectura de la resolución impugnada, el juzgador de primera instancia, sí tuvo por cumplido este presupuesto, de ahí que resulta irrelevante referirse al mismo. Ahora bien, propiamente en relación al peligro en la demora,  este Tribunal comparte en todo lo resuelto por el juzgador de instancia, en el sentido de que fue despedida un 20 de setiembre de 2024, sin embargo presentó la demanda hasta el 12 de setiembre de 2025, es decir casi un año después de ser despedida. Estima este Tribunal que dicha tardanza debilitó la presunción del peligro en la demora, no siendo de recibo lo que alega en torno a “los largos tiempos inherentes a los trámites de la Defensa Pública” o la dificultad en conseguir patrocinio privado. Sumado a ello, la parte tampoco aportó prueba alguna para comprobar su dicho, en el sentido que encontró serias dificultades en la designación de un (a) Defensor (a) Público (a), debido a los largos tiempos de espera para su designación por parte de la Defensa Pública. Esa es la conclusión a la que llega esta Cámara de apelaciones ya que el tiempo transcurrido desde su despido hasta la interposición de la presente demanda resulta a todas luces excesivo. Como tampoco resulta de recibo el solo argumento de que a la fecha no ha conseguido trabajo. Aspecto que justamente permite concluir que no se cumple con el presupuesto antes mencionado. Finalmente, es importante indicar y reiterar que, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben cumplir a cabalidad con todos los presupuestos desarrollados en líneas arriba, de manera que al no cumplirse con solo uno de ellos, la medida debe rechazarse. Entonces, siendo que no se cumple con el requisito antes mencionado, se torna innecesario hacer referencia al presupuesto de la apariencia de buen derecho y la ponderación de los intereses en juego. Finalmente se indica que los motivos del despido son propios de la discusión de fondo y por eso lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada.  Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de apelación contra la resolución recurrida y procede entonces confirmar la resolución apelada. POR TANTO Se declara sin lugar el recurso y se confirma la resolución recurrida. Notifíquese.- Juez y Juezas del Tribunal.  Lic. Andrés Valladares Castillo.  Maricruz Barrantes Córdoba                                                  Brenda Celina Calvo de la O  GE51STVCNEG61ANDRES RAFAEL VALLADARES CASTILLO - JUEZ/A DECISOR/A HLCPK4377MNE61MARICRUZ BARRANTES CORDOBA - JUEZ/A DECISOR/A ORS1JTC3SFM61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 25-000901-0929-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr