Resolución 05939-1997

El accionante impugna los artículos 422 del Código Civil y 663 del Código Procesal Civil. Señala que el artículo 422 del Código Civil determina una ventaja absoluta en favor del acreedor y en perjuicio del deudor, por cuanto al permitir la renuncia en la escritura de hipoteca, a los trámites del juicio ejecutivo, inhibe al deudor de la posibilidad de ejercitar la defensa de sus derechos ante un inminente remate del inmueble dado en garantía. Manifiesta que con esas normas se crea una desigualdad jurídica entre las partes contratantes de una hipoteca, que trasciende el ámbito de una mera garantía a favor del acreedor en la renuncia de trámites de juicio ejecutivo por parte del deudor, y se transforma en una violación constitucional inadmisible. Alega que los artículos impugnados infringen los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los artículos 33 y 41 de la Constitución Política.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala para rechazar cualquier gestión por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando estime que existen elementos de juicio suficientes o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Mora Mora; y,

En reiteradas oportunidades la Sala se ha manifestado en favor de la constitucionalidad del instituto de la renuncia de trámites, estimando que no roza con el debido proceso, pues como consecuencia de él lo que se producen son decisiones judiciales transitorias, susceptibles de ser modificadas en la vía ordinaria. Al respecto en la resolución número 3002-92 de las dieciséis horas treinta minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y dos promovida contra los mismo artículos que aquí se impugnan, se señaló:

"En anteriores oportunidades la Sala ha declarado la conformidad del instituto de la renuncia de trámites con la Constitución Política; en ese sentido, véanse las sentencias # 395-91 de las 15:15 horas del 14 de febrero de 1991; y # 255-92, de las 15:45 horas del 4 de febrero de 1992.

Sobre el particular, esta Sala ha considerado que "La renuncia de trámites no atañe a la ejecución normal del contrato, entendida como tal, la que concluye con el cumplimiento por ambas partes, de la totalidad de sus obligaciones. Tiene que ver única y exclusivamente con la ejecución de la garantía, precisamente por incumplimiento del deudor. Se trata en realidad de una modificación permitida por la ley, dentro de género procesal, en favor del acreedor y es válida en tanto no se afecta ningún principio de orden público. Si bien es cierto que la particularidad del proceso no contempla que se dé traslado de la demanda, ni abre una etapa de oposición a la pretensión, nada obsta para que por vía incidental se puedan alegar defensas de pago total o parcial, prescripción e inclusive, por principio general de Derecho Procesal, inejecutividad del título por carecer de requisitos esenciales para su validez, por no ser exigible la obligación o por no concurrir las condiciones necesarias para la constitución de una relación procesal válida, como la capacidad de las partes, la competencia del juez y las formalidades de la demanda, articulaciones que si bien no tienen la virtud de suspender la subasta, ésta no se aprobará hasta que aquéllas no se resuelvan definitivamente, como lo indican los artículos 673 y 675 párrafo segundo del Código Procesal Civil (...) Desde esta perspectiva, este tipo de proceso no lesiona el derecho de defensa y se agrega que lo que se producen son decisiones judiciales transitorias, puesto que no son óbice para que puedan ser modificadas en un juicio ordinario de repetición, se confirma que la garantía constitucional aludida no sufre quebranto alguno. En la misma medida, tampoco resulta violado el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por aplicación indirecta el artículo 7 constitucional, puesto que en la especie no se trata de una determinación de derechos obligaciones del deudor, los que quedaron conformados por su libre voluntad al formalizar el contrato" (sentencia número 3002-92)

Por su parte, en la sentencia 0778-93 se señaló:

" Comparte esta Sala el criterio de la Procuraduría sobre la legítima facultad que tiene el legislador de diseñar dentro de cada rama general del Derecho Procesal, procesos específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y a las particularidades de cada materia. Por ello, el legislador estableció en el Derecho Procesal Civil distintos tipos de procesos (de conocimiento y ejecución), cada uno con sus regulaciones especiales, según las necesidades del problema a resolver lo requieran. En el caso de los juicios hipotecarios el legislador estimó que lo prudente -en los casos en que hubiera renuncia de trámites-, era admitir únicamente los incidentes de pago y prescripción, dada la potencia jurídica de la hipoteca como medio de garantía y a la renuncia de trámites consentida por el deudor. Como bien lo señala la Procuraduría, además posee el deudor la posibilidad de llamar a confesión al acreedor. No ve entonces esta Sala, como la omisión que se reclama pueda lesionar el debido proceso, si se otorga oportunidad racional al deudor de demostrar su pago, mediante prueba documental y a través de la confesión del acreedor. Admitir lo que se pretende, sería equivalente a ir convirtiendo los juicios ejecutivos en ordinarios, pues los accionantes poco a poco irán pretendiendo gozar- a través de reclamos como el presente- de las máximas garantías procesales que existen en materia civil, lo que dejaría sin efecto la facultad que el legislador tiene de crear distintos tipos de procedimientos, para la resolución de conflictos de distinta naturaleza. Esto, a todas luces sería inconveniente para el sistema y convertiría en nugatorio el principio de justicia pronta y cumplida. El mismo argumento es válido para rechazar la supuesta violación al principio de igualdad, pues no se puede alegar este principio cuando se está ante distintos tipos de proceso, por ser su naturaleza diferente. El principio de igualdad aplicado al caso, significa que todos los destinatarios de las distintas normas procesales tienen derecho a ser tratados igual que aquellos que se encuentran en iguales condiciones. Como bien lo afirma la Procuraduría, no puede hablarse de violación al principio de igualdad por el hecho de que el legislador otorgue recursos contra ciertas resoluciones en un tipo de proceso y los niegue en otro. Como se explicó supra, este tipo de pretensión tiende a deformar el proceso ejecutivo para convertirlo en un ordinario, pues con ese argumento igual podrían reclamarse todas las diferencias garantistas que contiene el ordinario con respecto a los restantes tipos de proceso y pretender que éstas les sean concedidas."

Las resoluciones citadas, son lo suficientemente claras en señalar las razones que justifican las diferencias creadas entre el proceso ordinario y el ejecutivo hipotecario, y el porqué éstas no lesionan ni el debido proceso, ni la igualdad constitucional. En consecuencia, al no existir razones que justifiquen reconsiderar la posición que la Sala ha venido manteniendo en la materia, procede rechazar por el fondo el recurso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.