Resolución 19714-2017

Por escrito

recibido en la Secretaría de la Sala el 07 de septiembre de 2017, el recurrente

interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda, y manifiesta que:

es propietario del vehículo placa No. D1552. Indica que es una persona con

impedimento físico y por su discapacidad no puede conducir vehículos, ya que

sus manos no se lo permiten. Expone que el 11 de octubre de 2017 su mamá lo

había dejado en la Universidad Tecnológico de Cartago. De modo que, cuando iba

de regreso ella, fue detenida por oficiales de la Policía Fiscal y un

administrativo de Hacienda, decomisándole el automotor. Señala que los motivos

fueron que el propietario tenía que andar siempre dentro del vehículo, pese a

que se le explicó a los oficiales que existía una resolución donde se llegó a

un acuerdo con respecto al tema. Afirma que a la fecha de interposición de este

recurso de amparo, no le han devuelto su medio de transporte, situación que le

dificulta seguir con sus estudios. Aduce que esto violenta sus derechos

fundamentales. Solicita se declare con lugar el recurso, con las consecuencias

de ley.

2.-Informa bajo

juramento Irving Malespín Múñoz, en su condición de director de la Policía de

Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, que las actuaciones de su

representada estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico, pues su conducta se

deriva de lo dispuesto por la ley N° 7293, ley N° 8444 y su reglamento.

Manifiesta que el recurrente indicó “que existía una resolución donde se

llegó a un acuerdo con respecto al tema” y además, presentó como fundamento

el proyecto de ley N° 19.181. Sobre este punto, alegó que la modificación que

cita el recurrente de esas leyes, carecen de efectos jurídicos, pues no es una

ley que haya sido aprobada, sancionada y publicada, es decir, es un proyecto de

ley. Sostiene que este Tribunal Constitucional en la sentencia N° 2017-18130,

estableció:

“En todo caso, y sin demérito de lo anterior,

conviene aclarar que de los informes rendidos por los recurridos, se desprende

que la sanción cuestionada por los recurrentes se fundamenta en lo dispuesto

por los artículos 2 y 9 de la ley 8444, y el numeral 9 de su reglamento, por lo

que contrario a lo que se alega en el libelo de interposición, no se está ante

una actuación arbitraria por parte de los recurridos”

Por todo lo expuesto, alega que las actuaciones de

la Policía de Control Fiscal estuvieron apegadas al marco de legalidad. Por

ende, solicita se declare sin lugar el recurso y se condene al recurrente al

pago de las costas, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional.

Informa bajo

juramento Priscilla Piedra Campos, en su condición de directora general de

Hacienda, que el 11 de octubre de 2017 se procedió con el decomiso preventivo

del automotor placa D-1552 a la señora Yanela Sugey Barrantes Santamaría,

así se consigna en el informe levantado por la Policía de Control Fiscal y que

consta en el expediente administrativo PCF-EXP-0902-2017. Sostiene que dicho

decomiso preventivo es producto de que el beneficiario (recurrente) no se

encontraba en el automotor, además que la señor Yanela Sugey Barrantes

Santamaría no se encontraba autorizada para conducir el vehículo. Expone que no

le consta la existencia de la resolución alegada por la madre. Manifiesta que

según constancia de discapacidad N° 162-2014 del 08 de abril de 2014 emitida

por la Caja Costarricense de Seguro Social, el accionante cumple con la

discapacidad en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 8444 y

el artículo 1° del Reglamento de la Ley N° 8444. Sostiene que de conformidad

con la autorización de exención N° 14020165, al recurrente Solís Barrantes se

le exoneró el vehículo marca CMC, 2015, número de chasis RKMAS47L5FY040329, por

un valor de $21.900. Por otro lado, de conformidad con la autorización de

exención N° 15001280 del 21 de enero de 2015, al recurrente se le exoneraron

los derechos de inscripción, impuesto sobre la propiedad de vehículo,

liberación de tributos y desinscripción sobre dicho vehículo. Expone ante esta

Sala el oficio DIF-DF-668-2017 emitido por el Departamento de Fiscalización de

Incentivos, que literalmente señala: “(…) La Ley 8444, la cual es una

reforma a Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones,

establece lo siguiente: Artículo N° 2 de la ley N° 8444 :

Artículo 1º-Adiciónase al artículo 2, de la Ley

reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus

excepciones, N° 7293, de 31 de marzo de 1992, el inciso u), cuyo texto dirá:

Artículo 2º-Excepciones: [.] u) Se exoneran del pago de tributos los vehículos

automotores importados o adquiridos en el territorio nacional, destinados al uso

exclusivo de personas que presenten limitaciones físicas, mentales o

sensoriales severas y permanentes, las cuales les dificulten, en forma evidente

y manifiesta, la movilización y, como consecuencia, el uso del transporte

público.

Ante dicho beneficio se establecen una serie de

regulaciones adicionales tal como el artículo 3 de la Ley 8444:

Artículo 3º -El

valor tributario del vehículo adquirido al amparo de esta Ley, no podrá exceder

el tope máximo de los treinta y cinco mil dólares moneda de curso legal de los

Estados Unidos de América (US$35.000,00) o su equivalente en colones. La

Dirección General de Hacienda determinará el valor del vehículo.

El vehículo adquirido al amparo de la presente Ley,

solo podrá ser conducido por el beneficiario y, en situaciones especiales o en

caso de que su discapacidad se lo impida, por otras dos personas debidamente

autorizadas por el beneficiario, al formalizar la solicitud ante la Dirección

General de Hacienda del Ministerio de Hacienda.

Así mismo el artículo N° 9 de la Ley N°8444,

que dice:

´Artículo 9º -El

uso del vehículo por personas distintas de las autorizadas, será causal para la

pérdida inmediata del beneficio y dará lugar a la detención del automotor por

las autoridades competentes para ello. En el caso de que las autoridades de

tránsito sean las que efectúen la detención, de inmediato deberán proceder a

notificar, por escrito, dicha circunstancia al director de la Policía Fiscal y

al Viceministro de Ingresos, para determinar el estado tributario del vehículo

y las acciones correspondientes. Si el vehículo es detenido por la Policía

Fiscal, esta deberá notificar inmediatamente al director de la Policía de

Tránsito y coordinar su traslado con las demás autoridades de tránsito. En

cualquiera de los supuestos, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Policía

Fiscal, deberá coordinar la custodia del vehículo, hasta que este se encuentre

a derecho, con las autoridades de tránsito y, eventualmente, las autoridades

del Poder Judicial y otras´.

En el Decreto Ejecutivo N° 33343, de fecha 19 de

mayo del 2006 (Reglamento a la ley N° 8444), en su artículo N° 9 señala lo

siguiente:

´Artículo 9º-Acreditación de terceros

autorizados para conducir el vehículo. La DGH

previa solicitud del beneficiario, extenderá la correspondiente acreditación a

los autorizados (as), para que éstos puedan conducir el vehículo exonerado en

situaciones especiales, o en forma permanente en caso en que la discapacidad

del beneficiario le impida conducir por sí mismo. En el último caso, será

requisito indispensable que el beneficiario viaje siempre en el vehículo, y en

el caso de situaciones especiales, será facultad de las autoridades

correspondientes comprobar si el vehículo está siendo utilizado para fines

distintos a los establecidos en la Ley´.

Lejos de ser una situación antojadiza por parte de

la Dirección General de Hacienda, está debidamente establecido por ley, y como

tal, se está en la obligación de hacer cumplir lo normado, en este cuerpo

legislativo. En el caso específico del beneficiario Alex Andre Solís Barrantes,

este Departamento no tiene en sus registros que pare el vehículo placas D-1552

se hubiese llevado a cabo el trámite correspondiente, según lo establece la

legislación, para acreditar a un tercero para conducir el vehículo en cuestión.

Dado lo anterior, no es (sic) existe en nuestros archivos expediente referente

a trámites de acreditaciones para conducir el vehículos de marras. Así las

cosas el deber de esta Dirección es de actuar de conformidad a lo normado, no

solo en esta ley y reglamento, sino en todo lo establecido en todo el compendio

de leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico (…)”.

Menciona que la exención otorgada por la Ley N° 8444

tiene como fin exonerar el pago de tributos a vehículos importados o adquiridos

en el territorio nacional, destinados al uso exclusivo de personas con

discapacidad sea física, mental o sensorial, en las

que

se debe cumplir dos requisitos: a) que sea severa y permanente y b) que esa

limitación le dificulte en forma evidente y manifiesta mediante el transporte

público. Argumenta que un vehículo exonerado al amparo de la Ley N° 8444 no

puede ser utilizado para fines distintos a los señalados por la ley y el

reglamento. Explica que el artículo 8 de la Ley y el artículo 15 del Decreto

Ejecutivo N° 33343 le confieren a la Dirección General de Hacienda la

competencia suficiente para definir los controles sobre el uso y destino de los

bienes exonerados. Además, el artículo 42 de la Ley N° 7293 le otorga la

potestad a la Dirección recurrida, de comprobarse algún incumplimiento iniciar

un procedimiento de declaratoria de ineficacia. Expone que el concepto

“exención” es la dispensa legal de la obligación tributaria, la cual constituye

una excepción al deber de contribuir con las cargas públicas que establece el

artículo 18 de la Constitución Política. Dice que el supuesto de la exención

contenida en el artículo N° 8444, se encuentra dirigido a facilitar el sector

de la sociedad que por poseer limitaciones físicas, mentales o sensoriales

severas no pueden hacer uso del transporte público. A manera de ilustración,

indica que en el año 2016 un total de 210 personas tramitaron la exención

establecida en la Ley N° 8444, lo cual se traduce en un valor que asciende a los

2,7 millones de dólares norteamericanos. Menciona que si se da razón a los

alegatos de la parte accionante, ello implicaría abrir un “portillo” a la

comisión por parte de los beneficiarios de una serie de abusos. Acota que

para el caso concreto el “decomisado practicado” por la Policía de Control

Fiscal, sobre el vehículo placa D-1552, obedece a dos situaciones: a) el

beneficiario no se encontraba en el vehículo en el momento de la detención y b)

su madre –Barrantes Santamaría- no se encontraba autorizada para conducir el

vehículo. Agrega que el artículo 9 de la Ley N° 8444 y el artículo 9 del

Decreto Ejecutivo N° 3334, le otorga la facultad en situaciones especiales, a

las autoridades competentes para que puedan comprobar si el vehículo está

siendo utilizado para fines distintos a la ley. Por otro lado, expone el

artículo 45 de la Ley N° 7923, que en su párrafo dispone lo siguiente:

“ Artículo

Los beneficiarios que, de alguna manera, infrinjan

las regulaciones del respectivo régimen exoneratorio o de cualquier otro

incentivo fiscal, serán sancionados con el decomiso de las mercancías

adquiridas con exención tributaria, con el fin de que se paguen los tributos

dejados de cancelar en el momento de la nacionalización de las mercancías, en

un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir del decomiso y, si en este

plazo no se cancelaran los tributos y sobretasas correspondientes, dichas

mercancías caerán en comiso a favor del Fisco, con la imposibilidad de

disfrutar privilegio fiscal alguno durante un lustro”.

Por todo lo expuesto, le solicita a este Tribunal

Constitucional que el recurso de amparo sea desestimado, puesto no existió

actuación arbitraria por parte de la Dirección General de Hacienda.

En los

procedimientos seguidos se han observado de las prescripciones legales.

Redacta el

Magistrado Castillo Víquez; y,

I.

Objeto del recurso. El recurrente reclama la vulneración a

sus derechos fundamentales, pues acusa es propietario de un vehículo placa D

1552 (placa para personas con discapacidad). Aduce que el 11 de octubre

de 2017 la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda le decomisó el

vehículo a Yanela Sugey Barrantes Santamaría (madre del recurrente), puesto

que, en el momento de la detención, el recurrente no se encontraba en el

vehículo.

Hechos

probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como

debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido

acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo

prevenido en el auto inicial:

a.

El

08 de abril de 2014, la Caja Costarricense de Seguro Social emitió constancia

de discapacidad N° 162.2014, en el que certificó lo siguiente: “El

Dr. (a). MILTON CHAMORRO FLORES con vista al expediente médico/copias

certificadas de SOLÍS BARRANTES ALEX ANDRE, cédula de identidad

número:604210397 hace constar que la información contenida en el mismo SI

permite certificar que cumple con la discapacidad en los términos establecidos

en el artículo 2 la ley 8444. De acuerdo a dicha información se establece que

es portador de: POLINEUROPATIA SEVERA PROGRESIVA. OBSERVACIONES: NO PUEDE

CONDUCIR. Dado a la solicitud del interesado(a) o representante legal autorizado,

BARRANTES SANTAMARÍA YANELA SUGEY, cédula de identidad 109070696 a los 08 días

del mes de abril de dos mil catorce” (véase informe de la directora general

de Hacienda y prueba aportada, folio 18).

b.

El

17 de diciembre de 2014, el Departamento de Gestión de Exenciones de la

Dirección General de Hacienda, emitió la autorización de exención N° 1402065 al

recurrente, para el vehículo marca CMC, modelo 2015, número de chasis

RKMAS47L5FY040329, con un valor de $21.900 (véase informe de la

directora general de Hacienda y prueba aportada, folio 38).

c.

El

21 de enero de 2015, el Ministerio de Hacienda mediante autorización de

exención N° 15001280, se le exoneró los derechos de inscripción, impuesto sobre

la propiedad de vehículo, liberación de tributos y des inscripción (véase

informe de la directora general de Hacienda y prueba aportada, folio 40).

d.

El

11 de octubre de 2017, la Policía de Control Fiscal realizó un decomiso

provisional del automotor placa D-1552 a la señora Yanela Sugey Barrantes,

puesto que el beneficiario (recurrente) de la exención fiscal no se encontraba

en el vehículo y no contaba con la autorización (véase informe de la

directora general de Hacienda).

e.

El

vehículo placa D-1552 fue depositado en el Depósito Agrícola de Cartago (véase

informe de la directora general de Hacienda).

Hechos no probados. No se

tiene como debidamente demostrado el siguiente hecho de relevancia:

·

ÚNICO.

Que la señora Yanela Sugey Barrantes

Santamaría (madre del recurrente) esté autorizada para manejar el vehículo

placa D-1552.

SOBRE EL DECOMISO DE UN VEHÍCULO CON PLACA PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE CONTROL

FISCAL. Recientemente este Tribunal Constitucional ha

conocido dos casos similares al de estudio, en el que los

recurrentes reclaman que son titulares de un vehículo con placa para personas

con discapacidad, los cuales fueron decomisados por la Policía de Control

Fiscal, en virtud de que no se contaba con la autorización para que un tercero

condujera el vehículo o porque el beneficiario de la exoneración (propietario

del vehículo), no se encontraba en el vehículo al momento de la detención.

Sobre estos extremos, la Sala Constitucional en sentencia N° 2017-14794 de las

09:20 hrs. del 19 de septiembre de 2017, dispuso lo siguiente:

“I. OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acude a

esta Jurisdicción Constitucional y manifiesta que se encuentra d isconforme

con el decomiso de su vehículo realizado por funcionarios de la Dirección de la

Policía de Control Fiscal del Ministerio

de Hacienda. Aduce que, en virtud de sus padecimientos de salud, su vehículo

cuenta con una placa para personas con discapacidad. Señala que al momento

de la detención, su esposa conducía el vehículo, y no contaban con la

documentación que acreditara como beneficiaria de la placa, toda vez

que desconocían que ello fuera necesario. Solicita la intervención de la Sala

en el presente asunto para que se realice la devolución inmediata del

vehículo .

CASO CONCRETO . En

este caso, en el fondo lo que el recurrente pretende es que esta Sala

analice la legalidad y procedencia del decomiso realizado por los funcionarios

de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda . Sin

embargo, conocer de los alegatos de la parte recurrente significaría reconducir

a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, puesto que no

le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y

revisar si lo pedido es procedente de acuerdo con la normativa

infraconstitucional que resulte aplicable al caso. Así las cosas, lo propio

es que el amparado discuta esos extremos en la vía de legalidad competente. Así

las cosas, el presente recurso es inadmisible y procede su rechazo de

plano”.

Por otro lado, mediante sentencia N° 2017-18130 de

las 09:20 hrs. del 10 de noviembre de 2017, este Tribunal Constitucional –en lo

que interesa- dispuso:

“(…) Asimismo, se desprende los autos que los

recurrentes cuentan con la posibilidad de gestionar un permiso para conducir el

vehículo placas D- 16** y, en caso de ser detenidos por un oficial de tránsito,

será dicho funcionario quien determine si el automotor está siendo utilizado

para los fines previstos por la ley, pudiendo los accionantes cuestionar dicha

decisión por medio de un procedimiento administrativo, conforme lo disponen los

artículos 9 y 15 del Reglamento a la ley 8444(…)”

Análisis del caso. Una vez

analizados los informes y las pruebas aportadas por las partes, es criterio de

este Tribunal Constitucional que el recurso de amparo debe ser desestimado, por

las razones que a continuación serán expuestas. Primeramente, esta Sala tiene

por demostrado que el recurrente es propietario del vehículo placa N° D1552, el

cual obtuvo una exoneración del pago de tributos de importación y de derechos

de inscripción, impuesto sobre la propiedad de vehículo, liberación de tributos

y des inscripción. Lo anterior, porque padece de una discapacidad en los

términos establecidos por el artículo 2 de la Ley N° 8444. Bajo esa misma línea

argumentativa, este Tribunal tiene por demostrado que el 11 de octubre de 2017

la Policía de Control Fiscal le decomisó el vehículo placa N° D1552 a la madre

del recurrente, lo anterior, porque, en el momento de la detención, el

recurrente (propietario del vehículo) no se encontraba en el vehículo y tampoco

se contaba con la autorización respectiva. Sobre este punto, de conformidad con

el oficio DIF-DF-668-2017 del Departamento de Fiscalización de Incentivos del

Ministerio de Hacienda –que fue transcrito en el informe de la directora

general de Hacienda-, se indicó que: “ (…)

este Departamento no tiene en sus registros que para el vehículo placas

D-1552 se hubiese llevado a cabo el trámite correspondiente, según lo

establece la legislación, para acreditar a un tercero para conducir el

vehículo en cuestión. Dado lo anterior, no es existe en nuestros archivos

expediente referente a trámites de acreditaciones para conducir el vehículo de

marras”. Es decir, nótese que en el caso concreto el accionante no demostró

que haya gestionado la autorización que exige el artículo 3° de la Ley N° 8444

(véase página 4-5 del informe de la directora general de Hacienda). Por otro

lado, tampoco el Tribunal tiene por demostrado que las actuaciones de las

autoridades de Hacienda hayan sido arbitrarias o antojadizas, sino que tienen

un sustento normativo. Por todo lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin

lugar el recurso, sin demérito que el amparado discuta esos extremos en la vía

de legalidad competente.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel,

así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido

por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo

máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta

sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea

retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre

Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte

Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado

en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el

acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°

43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por Tanto.

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando

Cruz C.

Presidente

a.i

Fernando

Castillo

V.

Paul

Rueda L.

Luis

Fdo. Salazar A.

Jose

Paulino Hernández G.

Carlos

Estrada N.

Alicia

Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*REU5EPVYV0A61*

REU5EPVYV0A61

EXPEDIENTE N° 17-017448-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax:

2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica:

www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle

Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de

documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral,

Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6