Resolución 00061-2023

La parte actora interpuso proceso de pago por consignación, donde solicita lo siguiente: "-Que el juzgado indique a esta representación el momento oportuno para realizar la entrega de las llaves del inmueble, - Que se habilite un número de cuenta bancaria para proceder a el depósito del monto indemnizado”. Mediante resolución Nro. 2020001164 de las 13 horas con 21 minutos del 03 de julio de 2020, el Juzgado Tercero Civil de San José se declaró incompetente señalando: “En este proceso la (s) pretensión (es) establecida (s) en relación con los hechos narrados en la demanda o gestión inicial, comprende lo siguiente: Devolución de inmueble, entrega de llaves y pago del monto indemnizado por parte del Patronato Nacional de la Infancia que es la parte CONSIGNANTE es un sujeto de derecho público. La pretensión y el tipo de proceso no corresponde a alguna de las excepciones establecidas por ley para el conocimiento de procesos por tribunales propios de la materia civil." Por su parte, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, indicó: “…esta autoridad no comparte las razones dadas por el juzgado de origen, ya que nos encontrarnos ante un proceso que por su naturaleza le corresponde a la jurisdicción civil, al tenor de lo dispuesto en los numerales 177 y 179 del Código Procesal Civil.”. –

Ahora bien, la cuestión planteada consiste en determinar si el competente para conocer del proceso es la jurisdicción contencioso administrativo o la civil. Al respecto, precisa indicar que la parte actora suscribió el “Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Ubicar el Centro de Atención Temprana de la Uruca del Patronato Nacional de la Infancia”, con la parte demandada, por lo que las pretensiones deducidas por la accionante, tienen como sustento el vínculo arrendaticio entre las partes, y por consiguiente, resulta aplicable la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, al disponer en el artículo 6 lo siguiente: “El Estado, los entes públicos descentralizados y las municipalidades, en calidad de arrendadores o arrendatarios, están sujetos a esta ley, salvo disposición expresa de su propio ordenamiento jurídico”. Por otro lado, el numeral 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptúa: “Los juzgados de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda conocerán:

De todo proceso civil de Hacienda que no sea ordinario, de cualquier cuantía, salvo si son procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, aun cuando la acción se ejercite a favor o en contra del Estado, un ente público o una empresa pública. Tampoco corresponderá a estos juzgados, el conocimiento de las medidas cautelares o de actividad no contenciosa, relacionadas con los procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos". El canon 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también reformado por el CPCA, en su inciso segundo dispone: “En material civil, los juzgados de menor cuantía conocerán: …

De todo lo relativo a la aplicación de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, aun cuando el proceso sea interpuesto a favor o en contra del Estado, un ente público o una empresa pública, salvo en procesos ordinarios y abreviados de mayor cuantía o en procesos ordinarios correspondientes a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda”. En el caso concreto, no cabe duda que al estar dirigidas las pretensiones a un arrendamiento existente entre las partes, no se rige por el derecho público, ya que es materia que se encuentra regulada por la Ley de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos, excluida del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Consecuentemente, deberá resolverse que el competente para conocer este proceso es el Juzgado Tercero Civil de San José de conformidad con el artículo 105 Ley Orgánica del Poder Judicial.