Resolución 00404-2025

Mediante sentencia N° 2025-0039 de las catorce horas del tres de marzo del dos mil veinticinco, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

Mediante memorial visible de folios 591 frente al 594 vuelto, la licenciada Andrea Ortiz Hernández, defensora pública de la persona menor de edad imputada [Nombre 001], formula recurso de casación en contra de la sentencia N° 2025-0039, de las 14 horas del 03 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José. En su único motivo de casación por el fondo alega la errónea aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción penal juvenil recogido en los artículos 25 y 122 inciso d) de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sustenta su gestión en los numerales 7, 39 y 41 de la Constitución Política; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7, 8, 9, 10, 16, 19, 22, 28, 25, 107 inciso c), 116, 116 bis, 117, 118 y 122 todos de la Ley de Justicia Penal Juvenil; 37 inciso b) y 40.2 inciso b) de la Convención sobre los Derechos de Niño; 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; cánones Nº 5, N° 7, N° 14 y N°17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores “Reglas de Beijing”; 1, 142, 467 y siguientes del Código Procesal Penal vigente. De seguido reproduce el contenido del artículo 37 inciso b) de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la excepcionalidad del encarcelamiento o prisión de las personas menores de edad. En el mismo orden de exposición transcribe los numerales 25 y 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, los cuales incluyen el parámetro de proporcionalidad como una variable dispuesta para la dosificación de la sanción penal. La letrada reproduce lo consignado en el fallo de alzada en relación con el citado principio de proporcionalidad (cfr. folio 592 frente al 593 frente) y cuestiona que al justificar el tipo y quantum de la sanción, no explica cuál es el parámetro objetivo para concluir que una pena no privativa de libertad, o un monto inferior a los trece años de internamiento, serían ínfimos. Denuncia que para sustentar su elección punitiva, el ad quem se limita a indicar superficialmente las circunstancias de riesgo en las cuales se encuentra inmersa la persona acusada, “...no obstante, los factores de riesgo no vienen a explicar cuál es el fundamento objetivo que justifique 13 años de internamiento como un plazo razonable, porque dichos factores de riesgo igualmente serían válidos para justificar una sanción no privativa de libertad o bien 1 año, 5 años o 15 años de internamiento” (cfr. folio 593 vuelto). Acota que la sentencia objeto de impugnación pasa por alto la existencia de un sistema interinstitucional (Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de Educación Pública, Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia) que en la sociedad costarricense debe velar por brindar protección integral a los jóvenes condenados en un proceso penal juvenil y que carecen de contención externa, esto en aras de recurrir como último recurso a la privación de libertad. Considera que al efectuar el análisis de proporcionalidad, el ad quem toma en consideración los factores de riesgo en la vida del joven imputado y los emplea para rechazar la aplicación de una sanción no privativa de la libertad, cuando lo cierto -desde su óptica- es que esas condiciones aludían a la vulnerabilidad y, en ese tanto, debían valorarse más bien para dispensar un trato más benigno. Califica como un fraude de etiquetas el planteamiento de las personas juzgadoras de alzada, toda vez que utilizan conceptos medulares del Derecho Penal Juvenil para legitimar la imposición de una pena de trece años de internamiento directo. Aduce que el monto fijado contradice normativa supra constitucional como el artículo 37, inciso b), de la Convención de los Derechos del Niño, la cual obliga a que el internamiento de personas que son juzgadas como menores de edad sea por el menor tiempo posible. Reprocha que el razonamiento del tribunal con respecto a la fijación de la sanción de internamiento directo tiene un claro enfoque adultocentrista que contradice a la doctrina especializada. Concluye su exposición puntualizando que la errónea aplicación del principio de proporcionalidad para la fijación del monto de la sanción penal juvenil, regulado en los artículos 25 y 122 inciso d) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se produce al omitir considerar de forma expresa los factores de riesgo social, que el mismo ad quem reconoce en la persona acusada para establecer una sanción menos gravosa o un menor monto o quantum de prisión. Como agravio arguye que la sentencia no expone un criterio técnico jurídico que sirva de parámetro objetivo para afirmar que una sanción no privativa de libertad, o un monto menor a trece años de internamiento, serían sanciones ínfimas o desproporcionales. Asimismo, asevera la letrada Ortiz Hernández que el órgano jurisdiccional de alzada realizó una lectura inadecuada de la gravedad de los hechos y de los factores de riesgo que pusieron en situación de mayor vulnerabilidad a la persona encartada. De tal suerte -acota- al no haber considerado en su justa dimensión dichas circunstancias personales, se inobservó el principio de proporcionalidad en cuanto al tipo y quantum de la sanción impuesta, todo de conformidad con los artículos 25 y 122 inciso d) de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Califica al agravio como esencial, pues aduce que si se hubiese aplicado correctamente el principio de proporcionalidad en cuanto al tipo o monto de la sanción, y se hubiera realizado una ponderación adecuada de las circunstancias de vulnerabilidad que influyeron en el comportamiento del joven, tratándose así los hechos demostrados como un evento episódico, no se hubiese impuesto una consecuencia sancionatoria tan severa e invasiva. Como pretensión solicita se declare con lugar el recurso de casación en contra de la sentencia N° 0039-2025, de las 14 horas, del 03 de marzo de 2025, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Sección Primera y en su lugar se ordene el reenvío a ese mismo tribunal para una nueva sustanciación sobre dicho extremo.II.- Mediante sentencia N° 2025-00368, de las 13:58 horas, del 29 de abril de 2025, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio de fondo el recurso de casación incoado por la licenciada Ortiz Hernández.III.- El recurso se declara sin lugar. Una vez ponderados cuidadosamente los argumentos vertidos en el memorial promovido por la defensa técnica de la persona menor de edad imputada, esta Sala arriba a la conclusión de que lo procedente es rechazar la impugnación y, en consecuencia, confirmar la decisión adoptada en alzada. Como preámbulo, será preciso incluir una sucinta reflexión teórica, normativa y jurisprudencial alusiva a un tema de no poca complejidad, como lo es la elección y cuantificación de la sanción en materia penal juvenil. Finalizado dicho repaso se profundizará en la solución del caso concreto. (A) Sobre la sanción penal juvenil. La determinación judicial de la sanción penal juvenil, y su necesaria adecuación al principio de proporcionalidad, es uno de los tópicos de mayor relevancia y, quizás, de mayor complejidad también en el ejercicio de la función jurisdiccional. Conceptualizada como un apéndice del juicio de culpabilidad, su fijación es además el estadio dentro del examen dogmático o escalonado del delito que permite adecuar el injusto penal a una persona en particular, facilitando así un análisis subjetivo; contrario a lo ocurrido en fases previas (acción, tipicidad, antijuridicidad), en donde más que a una persona se valora una conducta. En su esencia, la sanción implica una disminución del esquema de derechos y libertades que es consustancial a toda persona humana, y en esa medida comparte ciertos rasgos con las penas históricamente infligidas en materia de adultos, si bien -como se verá infra- adoptando particularidades en lo atinente a los fines perseguidos. Sobre las penas, en general, y empleando un lenguaje más llano pero emocionalmente cargado, autores como Zaffaroni la definen como dolor puro, y otros como Ferrajoli predican de ella: “La historia de las penas es sin duda más horrenda e infamante para la humanidad que la propia historia de los delitos: porque más despiadadas, y quizá más numerosas, que las violencias producidas por los delitos han sido las producidas por las penas y porque mientras que el delito suele ser violencia ocasional y a veces impulsiva y obligada, la violencia infligida con la pena es siempre programada, consciente, organizada por muchos contra uno. Frente a la fabulada función de defensa social, no es arriesgado afirmar que el conjunto de las penas conminadas en la historia ha producido al género humano un coste de sangre, de vidas y de padecimientos incomparablemente superior al producido por la suma de todos los delitos. Sería imposible suministrar un inventario siquiera sólo sumario de las atrocidades del pasado concebidas y practicadas bajo el nombre de ‵penas′. Se puede decir que no ha habido aflicción, desde los sufrimientos más refinados hasta las violencias más brutales. que no se haya experimentado como pena en el curso de la historia” (Ferrajoli, Luigi. 1995. Derecho y Razón. Madrid: Trotta; p. 385). La imposición de toda sanción es monopolio del Estado y en esa medida refleja la expresión más violenta que asume el ius puniendi. Precisamente, en atención a este carácter violento y restrictivo del esquema de derechos fundamentales, los Estados que asumen una orientación política democrática, cimentada en el principio de dignidad de la persona humana, suelen instituir límites cualitativos y cuantitativos a la fijación de la sanción penal. Dichas limitantes no solamente provienen de las constituciones o de la legislación ordinaria, sino también del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bajo esa tesitura, las restricciones antes referidas adquieren una dimensión especial tratándose de personas menores de edad, quienes en razón de un proceso formativo en curso operado en distintos niveles (biológico, cognitivo, afectivo y social), son particularmente vulnerables frente a los poderes externos, particularmente frente a aquellos desplegados desde las agencias del sistema penal. En este orden de ideas, un texto convencional de ineludible referencia y que constituye un marco de referencia para los Estados, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Este texto emana del sistema universal de protección de los derechos humanos y fue incorporado a nuestro orden jurídico mediante ley N° 7184 del 18 de julio de 1990, vigente desde el 09 de agosto de ese mismo año tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 149. En su numeral 37 se aborda la cuestión de las penas, con especial énfasis en la privación de la libertad, al indicar: “Los Estados parte velarán porque: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; c) Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”. La exégesis de esta norma (especialmente de su inciso b]) permite colegir dos puntos de interés que, como se verá más adelante, son relevantes ante el caso bajo examen; a saber: (i) existe una admisión expresa de la validez de la sanción privativa de libertad en materia de personas menores de edad; (ii) la sanción restrictiva de la libertad personal tiene un carácter excepcionalísimo y debe imponerse de conformidad con la ley y durante el menor tiempo posible. La Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense (N° 7576 del 08 de marzo de 1996, vigente desde el 30 de abril de aquel año), traza sus cimentos axiológicos al denominado modelo de responsabilidad, caracterizado por concebir a la persona menor de edad como sujeto de derechos y de obligaciones, entendiendo -eso sí- que la respuesta jurídico penal debe conducirse a través de una justicia especializada (artículo 12 Ley de Justicia Penal Juvenil) y que, a nivel sancionatorio, debe orientarse por una finalidad socioeducativa (numeral 123 ibid). Así, este modelo ha superado a los otrora vigentes modelos tutelares, los cuales partían de la llamada situación irregular, caracterizada por concebir a la niñez como un mero objeto de tutela estatal; tutela usualmente abordada desde la vía administrativa con escaso (o algunas veces nulo) control jurisdiccional. De tal suerte, como se adelantó, el canon 123 del texto legal bajo comentario señala: “Las sanciones señaladas deberán tener una finalidad primordialmente educativa, buscarán la inserción, integración y restauración individual y social de la persona menor de edad en su familia y en la sociedad y aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen. La aplicación de las sanciones podrá ordenarse ya sea de forma provisional o definitiva. Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas. El juez podrá ordenar la aplicación de las sanciones previstas en esta ley de forma simultánea, sucesiva o alternativa. Asimismo, la justicia restaurativa se aplicará a los casos en que la persona menor de edad haya sido sentenciada y se procederá conforme a lo establecido en la Ley N° 9582, Ley de Justicia Restaurativa, de 2 de julio de 2018, y los protocolos de actuación o los reglamentos creados en el marco de dicha ley”. En consonancia con esa finalidad socioeducativa, la ley plasma en su artículo 25 el principio de racionalidad y proporcionalidad al estatuir: “Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la infracción o el delito cometido”. Si bien es cierto, el quid del principio bajo comentario incluye conceptos que podrían parecer indeterminados o vagos (“racionales y proporcionales”), debe advertirse que ello es típico de las formulaciones normativas de los ámbitos constitucional y de los derechos humanos y, en todo caso, no constituye óbice para desacreditar su aplicación práctica, toda vez que es precisamente tarea de las autoridades jurisdiccionales dotar de sentido a aquellas consignas abstractas frente a los casos sometidos a su conocimiento. Esta Sala de Casación Penal ha tenido ocasión de profundizar en la cuestión al indicar: “Ahora bien, en razón del carácter especializado de la materia, en esta rige un catálogo amplio de sanciones, que se distingue de los montos mínimos y máximos de prisión que caracteriza a las penas de adultos. La medida de internamiento en un centro especializado, si bien se encuentra prevista en la ley, debe utilizarse como última ratio, y en los casos en que las restantes alternativas no resulten adecuadas a las condiciones particulares del menor, y no guarden proporcionalidad con el juicio de reproche. El juzgador debe analizar el caso en concreto y, conforme con el principio socioeducativo, establecer la pena a imponer, teniendo claro que con su imposición debe facultarse el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En este sentido, las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores” (Reglas de Beijing) señalan, en el principio 17.1, lo siguiente: “a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad; b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible; c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada; d) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor”. La proporcionalidad, equivale a una ponderación estricta entre la sanción decretada a una persona menor de edad, y su grado de participación y culpabilidad. En aplicación del principio de razonabilidad, de todas las medidas y penas estipuladas, el juzgador debe seleccionar la menos gravosa para el menor, con el fin de cumplir con los fines educativo, socializador y de reinserción familiar, que se erigen como norte en esta materia” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N° 2013-01725, de las 15:13 horas del 28 de noviembre de 2013; integrada por Chinchilla, Ramírez, Gómez, Cortés y Zúñiga, las últimas tres como magistraturas suplentes). (B) Sobre el caso concreto. Situando ahora nuestra atención en el caso de marras, se observa que la casacionista exhibe una discrepancia en relación con la valoración expuesta por el ad quem, pues -desde su óptica- al validar la imposición de una sanción de internamiento en centro especializado, estima que la cámara de alzada vulneró el citado principio de proporcionalidad. Para la letrada Ortiz Hernández el razonamiento empleado para confirmar aquella pena debía servir, más bien, para justificar la imposición de una consecuencia más benigna y afín a los principios rectores de la materia. Ahora bien, al discutirse la posible presencia de un yerro en la aplicación del Derecho sustantivo, corresponde emplear como premisa mayor de esta decisión el razonamiento judicial de la sentencia objeto de impugnación, la cual indicó en lo que interesa: “Con la finalidad de resolver las protestas que se refieren a la imposición de una sanción de internamiento en centro especializado al joven [Nombre 001], al ser encontrado responsable de un delito de homicidio simple y un delito de posesión de droga para el tráfico, es realizar un repaso, por ser parte central del reclamo de la impugnante, a la normativa convencional especializada, que si bien menciona que la privación de libertad es la última ratio, es una sanción prevista en la propia Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y, con estándares definidos en la Observación General 24 (OG24) del Comité de Derechos del Niño, que en el caso particular, no han sido inobservados, como tampoco los principios especializados de proporcionalidad y razonabilidad, contemplados en la norma 28 constitucional y 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en concordancia con las previsiones normativas de ese mismo cuerpo legal, numerales 122.c.3 y 131.a. Los artículos 37 y 40.1.3.4 CDN establecen los estándares de la respuesta en justicia juvenil y de las condiciones en que puede utilizarse la privación de libertad y que se recomiendan a los Estados (…) En cumplimiento de las obligaciones derivadas de este instrumento internacional especializado, el legislador previó un catálogo de sanciones, en el artículo 122 Ljpj que incluye, además la privación de libertad, como arresto domiciliario, internamiento durante el tiempo libre y el internamiento en centro especializado, así como las sanciones socioeducativas y las órdenes de orientación y supervisión. Y en sintonía con esas regulaciones convencionales, se establece el principio de proporcionalidad de las sanciones, que debe guardar proporcionalidad con las características del hecho y fundamentalmente, además, con las condiciones de la persona menor sentenciada. En la misma línea de la excepcionalidad de la privación de libertad, el legislador, además, impuso restricciones para que una persona menor de edad pudiera ser sancionada con privación de libertad, conforme el numeral 131.1 Ljpj y se refiere a que la sanción prevista para la conducta en la legislación ordinaria sea superior a los seis años de prisión. Y es la legislación ordinaria la que siempre define el delito o la contravención por la que se somete a proceso penal juvenil a una persona menor de edad y, consecuentemente definirá si pudiera ser sancionado con privación de libertad. De allí que el juzgador en la sentencia transcribe las normas penales del numeral 111 del Código Penal y 58 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Terrorismo, porque son delitos que tienen prevista una sanción mayor a los seis años, dato que solamente permite la primera aproximación, para el análisis de la posible sanción a imponer. De manera que esa referencia normativa expresa en el fallo, no es como se pretende hacer ver por la apelante, el inicio de un análisis adultocéntrico, sino el cumplimiento del deber de fundamentación legal, en respeto al principio de legalidad, para hacer referencia, primero a las conductas típicas acreditadas y luego a la sanción de esas conductas, para verificar que permitirían imponer una sanción privativa de libertad. En el mismo sentido y aun cuando la impugnante no lo mencione, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, conocidas como Reglas de la Habana, constituyen un instrumento del derecho internacional que forma parte de los estándares especializados para las personas menores de edad que se encuentren en privación de libertad, de forma cautelar o como sanción y parte de la excepcionalidad de esa medida, no obstante lo cual desarrolla las exigencias que deben cumplirse cuando se ejecuta una medida cautelar o una sanción privativa de libertad en una persona menor de edad. Se establece en el apartado I.1.2.3:“1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso.

Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo.

El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad […]” La privación de libertad es una sanción excepcional, pero prevista convencional y legalmente; debe reducirse al menor tiempo posible, conforme las circunstancias que determinaron su fijación, en consonancia con el principio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir la necesidad e idoneidad de la sanción, sobre la base de la prohibición general de exceso, determinado por las características de los delitos o conductas acreditadas y las condiciones de la persona menor de edad sentenciada. En el caso concreto, la apelante basa sus alegaciones en la inconveniencia de fijar la sanción privativa de libertad, desde un planteamiento general y abstracto, que no establece las razones ni el fundamento por el cual considera que otra sanción, distinta a la que se estableció, respondería a los principios que señala inobservados, como el de proporcionalidad o razonabilidad y a las condiciones de la persona menor, de las que únicamente menciona que al momento de ser detenido, se había trasladado a vivir a San Carlos, donde había establecido un vínculo positivo con su tío y realizaba un trabajo, sin dar contenido a la incidencia de ese aspecto, frente a los hechos y a las condiciones de contención interna y las demás que señaló el estudio social forense, es decir, sin desarrollar y explicar por qué considera que el imputado tiene capacidad para cumplir una sanción en libertad y cómo esta sanción guardaría proporcionalidad con los hechos acreditados. Asimismo, su cuestionamiento en cuanto a los plazos, se reduce a señalar que no se explica por qué el plazo que se estableció y no otro distinto, lo que al final de cuentas deja sin sustentar por qué consideró que diez años de internamiento por el delito de homicidio simple, no resultan idóneos o proporcionales a las condiciones del joven y de la infracción, pues si bien es cierto es una sanción que tiene un plazo importante, no se ha desmerecido su fundamentación y la violación al principio de proporcionalidad para el caso concreto. En todo caso, desde el deber de revisión integral del fallo que corresponde a esta Cámara, se concluye que no se han violentado esos principios, como tampoco la normativa convencional y el mandato de que la privación de libertad debe reducirse al menor tiempo posible, también puede ser aplicable a la etapa de ejecución que en nuestro ordenamiento jurídico especializado, se encuentra plenamente judicializado y tiene normativa expresa prevista para analizar la posibilidad, conforme a los avances en el proceso de ejecución de una sanción privativa de libertad, de su modificación por modalidades de ejecución alternativas, con una regulación muy amplia y acorde, precisamente, con las diferencias de finalidad y de cumplimiento de una sanción privativa de libertad en la justicia juvenil (artículos 7, 8, 9, 16, 20, 25 y 28 de la Lespj). En la sentencia el juzgador, luego del preámbulo que señala las características de la sanción penal juvenil, desarrolla, a partir de los requisitos del numeral 122 Ljpj, por qué considera que la sanción debe ser privativa de libertad y por los plazos establecidos. Primero, analiza que el joven no tiene oficio conocido y abandonó los estudios desde la conclusión de la primaria; asimismo, que tiene un problema de consumo de sustancias que en algún momento estuvo tratando en el IAFA; luego, en cuanto a la capacidad del joven, se desarrolla que en atención a los hechos y a sus condiciones personales, se requiere de un abordaje en un medio de máxima contención, para que se pueda trabajar el manejo de la violencia, evidente en el caso del delito de homicidio, así como el respeto de los derechos de las demás personas, de modo que le faciliten una reinserción social de forma positiva y la construcción de un proyecto de vida a través de la conclusión de sus estudios secundarios o el aprendizaje de algún oficio, pues el joven ha demostrado que no es capaz de conducirse en sociedad, pues no sólo lesionó el bien jurídico vida sino la salud pública y en ese caso, se explica que la sanción debe guardar un equilibrio entre los delitos y sus condiciones personales. Enfatiza en que el joven no respeta ni acata límites, debe aprender a respetar los derechos de las demás personas y por ello debe la sanción ser un instrumento para la dotación de destrezas y habilidades para la construcción de un proyecto de vida alternativo. Consideró además que el joven en este momento ya es una persona mayor de edad, que desertó del sistema educativo y carece de contención personal y familiar. Y finalmente, para la fijación del plazo concreto, en atención a la sanción ordinaria y a las conductas acreditadas, se consideró que diez años -dos años menos que la pena mínima prevista para ese delito en la legislación ordinaria, pero cinco años menos que la máxima prevista para el grupo etario al que pertenecía al joven al momento de los hechos, pues contaba con diecisiete años- y de tres años por el delito de posesión de droga para el tráfico, responden a esa necesidad de proporcionalidad en cuanto a los hechos, pero fundamentalmente, a las necesidades de acompañamiento del joven y de atención de los elementos que resultaron de importancia para la comisión de esos hechos, como no acatar límites, carecer de contención interna y apoyo familiar y además, no tener vínculos con trabajo o estudio, el que abandonó desde que concluyó la primaria. Sin duda alguna, el delito de una persona menor de edad es evidencia de un fracaso en muchos niveles de las responsabilidades sociales, estatales, comunales y familiares y revela, en efecto, la vulnerabilidad de esta población no solamente por su edad sino por las demás condiciones como deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas y no tener contención externa, como tampoco acatar límites, pero ni la normativa convencional, constitucional o legal, además de los principios de proporcionalidad, permiten concluir que las condiciones de vulnerabilidad impliquen necesariamente que no se pueda sancionar un delito en la justicia juvenil, con privación de libertad, pues si bien cada caso debe ser analizado en concreto, como bien lo menciona el juzgador, en este caso, precisamente esas condiciones de vulnerabilidad, que implicaron que el joven no se ocupe del estudio, permanezca ocioso, no acate límites, no tenga contención familiar, pase mucho tiempo con pares negativos y con acceso a armas de fuego y a drogas, están a la base de las conductas ilícitas por las que resultó condenado, en perjuicio del bien jurídico vida, del más alto rango en el sistema jurídico y además la salud pública, todo lo cual, conforme lo razona el juzgador, amerita un abordaje en máxima contención, sin que el plazo previsto violente esos principios, de forma tal que incluso en ejecución de esas sanciones, conforme resulte aconsejable según los avances que se presenten, puede ser modificada y reducida, cuando así proceda. Si bien es cierto el juzgador hizo mención al hecho de que el joven incumplió una sanción de libertad asistida impuesta en otro proceso, mención que no tiene fundamento o no lo desarrolla y que en realidad no era necesaria, se entiende únicamente que con esa mención, reforzó su inferencia de que el joven en realidad no tiene autocontención y, por ende, capacidad de cumplir una sanción en libertad, conclusión que, conforme se indicó, es correcta. La sanción impuesta no obedece, como lo plantea la impugnante, a las vulnerabilidades del joven, sino a la comisión de dos hechos delictivos que son considerados de importante gravedad, conforme la sanción prevista en la legislación ordinaria; fueron cometidos en condiciones de violencia, en el caso del homicidio, frente a una víctima sorprendida cuando estaba en su casa y que de buena fe atendió a un llamado que le hizo una persona a la que conocía y que le disparó en al menos tres ocasiones, hecho que además, revela disposición y acceso armas de fuego y también, a importantes cantidades de droga, lo que no hace sino evidenciar que el joven no tiene un proyecto de vida asertivo ni capacidad de cumplir sanciones en libertad, como se analizó en la sentencia y se desarrolló supra, por más que se informara que se había trasladado a la zona de San Carlos, con un tío y que ocasionalmente tenía allí trabajo, lo que sigue siendo insuficiente y en todo caso la apelante tampoco desarrolla, conforme se indicó, cómo es que estos elementos, presentes cuando ya las investigaciones por estos hechos estaban en curso, podrían motivar una sanción distinta o un plazo distinto. Por todo lo antes expuesto, los reclamos deben ser desestimados” (cfr. folios 579 vuelto al 584 frente). Esta extensa transcripción es necesaria, no solamente porque constituye en un parámetro que debe integrar el razonamiento de esta Sala, sino porque es indicativo de la rigurosidad analítica con la cual se acometió la tarea de revisar integralmente el fallo de mérito, empleándose para ello insumos jurídicos emanados no sólo del orden jurídico interno, sino del internacional, el cual -como se anticipó ya- es abundante y profuso en esta materia. Ahora bien, de la lectura del fallo de comentario es posible desagregar los siguientes postulados de interés: (i) la privación de libertad es una sanción excepcional, pero prevista, y por ende admisible, convencional y legalmente; (ii) en su fijación debe observarse el principio de proporcionalidad en sentido estricto; es decir, debe visualizarse como idónea para satisfacer el fin socio educativo que persigue; (iii) en el caso concreto se tuvo por acreditada la nula contención que enfrentaba la persona menor de edad imputada, lo cual tornaba inconveniente la fijación de una sanción de cumplimiento extra institucional; (iv) los delitos acreditados son graves y se encuentran sancionados con altas penas de prisión en la legislación penal de adultos, permitiendo esta constatación satisfacer el umbral exigido por el artículo 131 de la Ley de Justicia Penal Juvenil; (v) en atención al carácter judicializado de la fase de ejecución de las sanciones penales juveniles, lo cierto es que, conforme a los avances mostrados en esa vía, es viable una futura modificación de la sanción por modalidades de ejecución alternativas. Examinada puntillosamente la cuestión, esta cámara respalda en un todo las argumentaciones antes referidas. Adviértase que el núcleo del reclamo alude al supuesto quebranto infligido por el tribunal de alzada al principio de proporcionalidad. Bajo esa tesitura, la proporcionalidad se ha intentado definir como la correspondencia o simetría que debe mediar entre la reacción estatal y el derecho vulnerado. En su definición se han ensayado formulaciones meramente intuitivas. Así, por ejemplo, se sostiene que es “evidente” que no habría proporcionalidad si para una infracción de tránsito (piénsese en aparcar un vehículo en una zona prohibida) se asigna una pena de prisión elevada, junto con el comiso del automotor. Otros, desde un polo opuesto, han sugerido la creación de fórmulas matemáticas tendientes a descifrar el peso que tendría cada derecho (es la fórmula del peso de los derechos de Robert Alexy) para así equilibrar la respuesta de los poderes públicos. Para esta Cámara, y sin necesidad de inmiscuirse a profundidad en esas disquisiciones ius filosóficas, es menester recordar que la proporcionalidad encuentra estrechamente ligada con el principio de interdicción de la arbitrariedad, nota distintiva de los Estados Constitucionales de Derecho. De acuerdo con éste, no solamente no son tolerables las vías de hecho en la conducción de los poderes públicos, sino que éstos se encuentran constreñidos por limitantes de orden tanto formal (principio de legalidad en sentido lato, en la nomenclatura de Ferrajoli; [Op cit; p. 851]), como sustancial (respeto a los derechos naturales, humanos o pre políticos, o principio de legalidad en sentido estricto, también en la nomenclatura del citado filósofo). Precisamente en el segundo de estos ámbitos adquiere relevancia el principio de proporcionalidad, toda vez que está abocado a erigirse en una arista sustantiva encargada de orientar, en primer término, al legislador en la delicada tarea de diseñar la política criminal, y en segundo lugar (en su acepción estricta) a la autoridad jurisdiccional encomendada a la tarea de incursionar, entre otros quehaceres, en la elección y cuantificación de la sanción penal. Sobre lo anterior, refiere la jurisprudencia española: “...cabe afirmar la proporcionalidad de una reacción penal cuando la norma persiga la preservación de bienes o intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni sean socialmente irrelevantes, y cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha persecución. La pena, además, habrá de ser necesaria y, ahora en un sentido estricto, proporcionada”. (Tribunal Supremo Español  Sentencia 136/1999, de 20 de julio de 1999; disponible en https://www. boe.es/diario_boe/txt.php?id= BOE-T-1999-17665). De esta manera, como lo ha tenido claro el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil en este asunto, la proporcionalidad en sentido estricto consagrada en el artículo 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil alude a la necesidad e idoneidad de la sanción frente a la persona menor de edad hallada responsable de un injusto penal punible; ejercicio analítico dentro del cual la finalidad primordialmente educativa constituye una arista de obligada consideración. En el caso de marras, se tiene que la persona menor de edad imputada [Nombre 001], quien para el momento de los hechos contaba con diecisiete años de edad, fue condenada en primera instancia por los delitos de homicidio simple en perjuicio de [Nombre 002] y posesión de drogas en perjuicio de la salud pública, fijándole el Juzgado Penal Juvenil la sanción de trece años de internamiento en centro especializado (diez años correspondientes al primer ilícito y tres años vinculados al segundo). Al haberse decantado la autoridad judicial por esta clase de sanción (la más severa prevista por nuestro ordenamiento jurídico) resulta palmario en primer lugar verificar que en efecto supera el umbral que, de manera comparativa con la legislación penal de adultos, se estatuye en el artículo 131, inciso a), de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Esta remisión, lejos de constituir un abordaje adultocentrista (como lo sugiere la defensora pública), responde a un mandato legal expreso y claro. Ciertamente, se trata de delitos cuyas penas mínimas en la legislación de adultos se sitúan, respectivamente, en los doce y ocho años de prisión. Superada esa primera evaluación, y adentrándonos en materia del principio de proporcionalidad, resta ponderar si se trataba de una elección ajustada a parámetros de necesidad e idoneidad. Sobre lo primero, es claro que en concordancia con el modelo de responsabilidad que disciplina la materia, la sanción resulta necesaria en el tanto implica una reacción del Estado ante el quebranto de bienes jurídicos de alta estima (adviértase que en el sub lite nos encontramos frente a delitos que han lesionado la vida y la salud pública). Lo anterior se asienta también en consideraciones penológicas de prevención general positiva, toda vez que una violación al orden jurídico no puede quedar desprovista de consecuencia jurídica, pues tal pasividad mermaría o suprimiría la confianza de la comunidad en el Derecho como mecanismo coactivo de organización y control social. Desde la perspectiva del sujeto, la sanción también es necesaria, puesto que el modelo de responsabilidad tiene como principio rector el imperativo de que la persona menor de edad asuma la consecuencia jurídica de sus actos, ya no como un mero objeto pasivo como ocurría en el modelo tutelar, sino como sujeto de obligaciones (siendo la más importante el respeto a los bienes jurídicos valorados por el orden social y normativo) y de derechos (que sin duda le asisten como parte procesal y le asistirán en su condición de persona condenada). Ahora bien, en cuanto la necesidad e idoneidad de que sea una sanción privativa de libertad la pertinente frente al caso concreto, el ad quem realiza una valiosa ponderación a la luz de los aspectos subjetivos de la persona menor de edad imputada, quien según prognosis realizada tanto por el fallo de mérito, como de aquel que lo ratifica, y que es ahora objeto de control en sede de casación, no reunía las condiciones propicias para facilitar el fin educativo de la sanción fuera de un centro de internamiento especializado. Así, por ejemplo, se valoró que la contención familiar era nula, la conexión con pares negativos con acceso a armas de fuego y drogas era patente, entre otros. Como oportunamente expresan las personas juzgadoras de alzada, en el caso bajo examen la defensa ha sustentado sus alegatos en la inconveniencia de fijar la sanción privativa de libertad, pero al esbozar ese planteamiento (totalmente comprensible desde la perspectiva del rol que ejerce el patrocinio letrado), lo hace de manera general y abstracta, sin aportar razones que respalden por qué estima que otra sanción diferente de la establecida respondería a los principios que acusa como inobservados, es decir, sin desarrollar y explicar por qué considera que su representado tiene capacidad para cumplir una sanción en libertad y cómo esta sanción guardaría proporcionalidad con los hechos de homicidio y posesión de drogas que se han acreditado. En un caso como el que aquí se ventila, y reconociendo siempre el carácter de última ratio de la sanción privativa de libertad, lo cierto es que ante la carencia de una red externa de contención propia, el internamiento en un centro especializado representa la posibilidad de que, empleando para ello los recursos técnicos ofrecidos por el sistema (educación, abordaje social y psicológico, deportivo, entre otros), el joven sentenciado pueda materializar el citado fin educativo. Puesto en términos llanos, en el sub lite la persona sentenciada requiere de un abordaje en un medio de máxima contención no disponible fuera del ámbito institucional. Si bien se comparte la apreciación de la defensa al comentar que existe una red institucional más allá del ámbito carcelario de la cual se podría echar mano, es también necesario acotar que la existencia de este entramado resulta insuficiente frente al caso concreto, pues el joven [Nombre 001] no evidenció acompañamiento familiar o de pares positivos que permita vislumbrar que, en libertad, acudirá al servicio de los órganos y dependencias públicas indicados por su defensora. Más bien, se examinó que su libertad podría suponer un riesgo mayor, dada su especial vulnerabilidad en un medio altamente criminógeno. Aunado a ello, y como también lo advierte el ad quem, conforme a los avances en el proceso de ejecución es plausible vislumbrar un futuro en el cual sea posible analizar la modificación de la sanción privativa de libertad por modalidades de ejecución alternativas, ello al tenor de lo preceptuado por Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (Ley N° 8460). Finalmente, y en relación con el quantum fijado (10 años de prisión por el delito de homicidio simple; y 3 años de prisión por el delito de infracción a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), esta Sala también comparte el criterio esbozado por el ad quem, toda vez que se trata de un parámetro cuantitativo que resulta ajustado a un criterio de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho, así como vinculado con la personalidad del joven imputado. Si bien se trata de un plazo elevado, no alcanza el máximo umbral de penalidad previsto para el rango etario aplicable en la materia penal juvenil. Aunado a ello, corresponde con el reproche de delincuencias cuyo objeto de tutela se identifica con dos bienes jurídicos (vida y salud pública) de gran trascendencia para la sana convivencia social. Así las cosas, conforme a las consideraciones referidas antes, se declara sin lugar el recurso de casación incoado por la licenciada Andrea Ortiz Hernández, defensora pública de la persona menor de edad acusada.