Resolución 01314-2016

Que se considere

correcta la interpretación del Tribunal de Apelación de Sentencia y del

Tribunal Penal o el Juzgado Penal Juvenil según corresponda, supuesto que se

presentaría cuando el ad quem confirma la

sentencia emitida por el a quo;

Que se considera errónea la

aplicación de la normativa por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal y del Tribunal del Tribunal Penal o el Juzgado Penal Juvenil según

corresponda;

Que se considere correcta la normativa aplicada por el Tribunal

de Apelación de Sentencia Penal e incorrecta la del Tribunal Penal o el Juzgado

Penal Juvenil según corresponda;

Que se considere incorrecta la aplicación

de la normativa aplicada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y

correcta la del Tribunal o el Juzgado Penal Juvenil según corresponda. En

primer supuesto, la Sala

de Casación Penal tendría que confirmar la sentencia emitida por el ad quem y el a quo, mientras que en el segundo

supuesto, es decir, cuando se considere incorrecta la aplicación de la normativa

por parte del ad quem como del  a quo,

la Camara

de Casación estaría en la obligación de ordenar el reenvío de la causa a

primera instancia y de esta manera, resguardar el derecho a recurrir en una

segunda instancia, ya que la aplicación directa de la normativa sustantiva,

impediría a las partes ejercer el derecho previsto en el artículo 8.2 h) de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos en relación con el derecho al recurso desarrollado en

caso Herrera Ull o a vrs

Costa Rica de la

Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Esta posibilidad

de ordenar el reenvío directamente al a quo, se desprende del párrafo

tercero del artículo 473 del Código Procesal Penal al disponer que: “Cuando

lo estime pertinente, para tutelar el derecho del imputado a un recurso que

implique el examen integral del juicio y la sentencia, la Sala podrá disponer la

anulación del debate, las resoluciones que de él dependan y se ordenará su

reposición mediante reenvío al tribunal de juicio”. Dicha disposición, debe

relacionarse con el ordinal 475 del mismo cuerpo normativo, donde se prevé de

forma expresa el reenvío de la causa al a quo producto de un recurso de

casación, lo que confirma la posibilidad aquí expuesta. Por otra parte, cuando

se presenten los supuestos tercero y cuarto, es decir, cuando exista una

contradicción entre lo resuelto por parte del ad quem

y el quo, esta Cámara puede decidir cuál de las dos posiciones es la

correcta y con base en el artículo 473 del Código Procesal Penal, aplicar la

normativa directamente, toda vez que las partes han tenido la oportunidad de

exponer los argumentos ante un superior y acceder a un análisis integral de la

sentencia, mediante un recurso de apelación amplio, informal y flexible. En est a causa, al resolver el reclamo por errónea aplicación

de la normativa sustantiva, esta Cámara observa que el Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal Juvenil incurre en un yerro en la aplicación del artículo 122

de la Ley de

Justicia Penal, al rebajar el plazo de la sanción de internamiento en centro

especializado, incurre en el mismo vicio que reclama, es decir, realiza un

análisis abstracto de la sanción como existiera una suerte proporcionalidad

matemática a partir de la cual, es posible concluir que la sanción de

internamiento en centro especializado, debe ser la mitad de la orden de

orientación y supervisión, omitiendo en dicho análisis una valoración de la

circunstancias previstas en el numeral 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. En este sentido,

la resolución impugnada señala que: “sin embargo, en lo que yerra la

resolución es en equiparar el tiempo por el cual se han impuestos (sic) las

sanciones tanto de libertad asistida, órdenes de orientación y supervisión, e

incluso la de internamiento en centro especializado, en caso de incumplimiento,

las cuales tienen un plazo de dos años. Es claro que el principio de

proporcionalidad, visto desde un sentido estricto nos arroja la necesidad de

establecer el monto de la sanción de acuerdo con los hechos tenidos por

demostrados, siendo que no es razonable imponer un monto igual en la pena para

las órdenes de orientación y supervisión que para el internamiento en centro

especializado, o en las (sic) libertad asistida que en el internamiento

en centro especializado, puesto que cada una de ellas tiene un sentido diverso

dentro del contexto del proceso penal juvenil y siendo lo lógico que la

privación de libertad sea menor en tiempo que las sanciones alternas. Vemos

como en este sentido, la juzgadora no hace distingo, ni indica en qué consiste

la equiparación de las sanciones, razón por la cual la misma carece de una

debida fundamentación” (f.119 frente y vuelto).

Sin embargo, el análisis expuesto por el Juzgado Penal Juvenil en relación con

la norma objeto del recurso si es adecuado. Desde esta óptica, es necesario

considerar que el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela, le impuso al menor de edad dos sanciones simultáneas y una sanción

alternativa. En relación con las sanciones principales y simultáneas, el a

quo impuso la libertad asistida por el plazo de dos años, debiendo el menor

someterse durante dicho periodo al programa de ofensores sexuales de la Dirección General

de Adaptación Social y además, se dictaron las siguientes órdenes de

orientación y supervisión: a) mantener domicilio fijo y actualizado; b)

mantenerse estudiando en un centro educativo o en un empleo; c) abstenerse de

molestar, perturbar, amenazar, intimidar o agredir a la ofendida o realizar

cualquier acto perturbatorio en su contra, ni

presentarse a su centro de estudios; mientras que como sanción alternativa, se

ordenó el internamiento del menor en centro especializado por el plazo de dos

años. Al individualizar la sanción, el a quo valoró los principios de

proporcionalidad, idoneidad, necesidad, razonabilidad

y educativo; la teoría de la protección integral y el interés superior del niño

“a fin de fijar una sanción que no solamente cumpla con el fin educativo que

caracteriza la sanción penal juvenil, sin también que la misma resulta punitiva

y garantista, en apego estricto a la normativa

correspondiente” (f. 104). Adicionalmente, para la determinación de la

sanción, en la sentencia de primera instancia se consideró: que la ofendida

contaba con siete años de edad; la relación de parentesco de la víctima con el

acusado (prima); el informe psicológico forense #14-012-728-PJ-PS, donde se

establece que: “cuanta con una red de apoyo familiar, que le brinda

contención afectiva, de orientación y normativa, última en la que se

identifican figuras de autoridad adecuadas y mecanismos disciplinarios que

hasta el momento ha sido funcionales para el evaluado. Impresiona un estilo de

vida de vida del evaluado ajustado  a las normas socialmente aceptadas; integrado

a actividad laboral y el cumplimiento de responsabilidades económicas, no

pertenecía a grupos de pares involucrados en actividades riesgosas, ausencia de

antecedentes delictivos, consumo de drogas y desajuste conductual” (f. 104

vuelto); el dictamen social forense 14-012-728 PJ-TS,

el cual establece que el menor de edad se desenvuelve en un contexto

socio-familiar carente de indicadores de disfuncionalidad

o problemáticas de relevancia, donde los padres parecen constituirse en figuras

de contención y orientación; la ausencia de adicciones o participación en

actividades delictivas o de riesgo; la existencia de una red de apoyo a nivel

familiar y comunal; el soporte y contención de la familia en todas las áreas de

la vida del menor; la residencia en una comunidad tranquila carente de

problemática; el deseo del menor de seguir trabajando con su padre y la

relación de pareja que mantiene con una joven; y la lesión al bien jurídico

tutelado. Con base en dichos aspectos se concluyó que: “la sanción que ahora

se impone resulta proporcional, raciona e idónea, y que el aquí imputado tiene

la capacidad de cumplir, cuyo fin pedagógico y reincertante

(sic) se cumpliría, pero también se debe tomar en cuenta que estamos en

ante (sic) una ley punitiva y garantista, por

tratarse de un sistema de responsabilidad aplicado a los menores sujetos a la

misma, donde se conceden prerrogativas a dichos sujetos activos pero en su

ámbito de menores y adolescentes son responsables de sus actos, resultando el

monto impuesto proporcional no solamente con los hechos acusados y probados,

sino con el grado de participación del encausado, tomando en cuenta que se

lesionó el derecho a la libertad sexual que tenía la ofendida, tomando en

cuenta que no solamente la gravedad del hecho, sino también el Principio de

Interés Superior, el cual podríamos entenderlos como el respeto de todas y cada

una de las garantías, y todos y cada uno de los derechos de las persona menor

acusada en relación con las obligaciones que tiene como individuo en procura de

su desarrollo pleno, sien que la sanción penal juvenil no puede entenderse

únicamente en su sentido negativo y retributivo, por el contrario, como sanción

que es implica la restricción de ciertos derechos fundamentales y al amparo del

ius puniendi del Estado, no

obstante en esta sede es posible incluso analizar, frente a hechos que resultan

en esencia graves, la posibilidad de imposición de una sanción no privativa de

libertad, que lejos de ser desproporcional resulta

adecuada a fin de garantizar el propósito último de la misma, cual es la

reinserción antes indicada, pues sería contrario a la Doctrina que informa el

sistema, valorar únicamente la lesión al bien jurídico tutelado para imponer la

sanción, sin que se analicen las características personales, sociales y

familiares del sentenciado, ya que las garantías de la persona menor de edad en

conflicto con la ley penal serían violentadas. No desconoce la suscrita los

alcances del principio de proporcionalidad y ni del principio educativo, y que

el fin primordial de todo proceso penal juvenil, lo es la reinserción, la cual

y solo en casos excepcionales se logrará mediante medios coactivos como la

privación de libertad y mediante los abordajes recomendados en el plan de

ejecución de la sanción respectivo. Es así como la sanción que ahora se impone

no solo responde a los criterios de la normativa supra

citada, sino también a los criterios preceptuado en los Artículos (sic) 21

y 75 del Código Penal. En este sentido y tomando en cuenta las condiciones

personales del aquí imputado, la gravedad del hecho y el daño causado por su

actuar delictivo  los fines esbozados en la Ley, es que procede imponerle al aquí acusado,

como sanción principal la libertad asistida por el plazo de dos años, tomando

en cuenta las características personales de [Nombre 001] que resultan ser

positivas. Tómese en cuenta que ha manifestado en la declaración indagatoria

que consta en la pantalla 64 a 68 y también cuando fue

identificado en el debate, que se encuentra laborando en construcción por

contrato con su padre y que vive con ambos progenitores lo cual demuestra que

tiene contención tanto familiar como laboral, amén de que como se indicó

anteriormente el dictamen social forense, concluye que el joven [Nombre 001] no

se identifican indicadores de disfuncionalidad o

problemáticas de relevancia que puedan afectar su desenvolvimiento, siendo que

sus padres parecen constituirse en figuras de contención y orientación

para el muchacho en proceso de formación. Aunado a ello, no se identifica en el

joven adicciones de ninguna índole así como tampoco participación en

actividades delictivas de riesgo. A nivel familiar y comunal se reporta la

existencia de una red de apoyo que le brinda soporte en los ámbitos que lo

requieran para contribuir a su bienestar general. Ahora bien, la pena que se

fija se explica a continuación, responde a criterios de proporcionalidad,

idoneidad, razonabilidad, necesidad, por cuanto de

las características personales del mismo se desprenden que si es factible

realmente aplicar la sanción principal socioeducativa de libertad asistida por

el plazo de DOS AÑOS, y dentro de la cual deberá someterse al programa de

ofensores sexuales de la

Dirección General de Adaptación Social. De igual forma es

posible imponerle la sanción simultánea y por el plazo de DOS AÑOS, las

siguientes ORDENES DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN […] Tanto la sanción principal

socioeducativa como la sanción simultánea responde a criterios de

proporcionalidad, idoneidad, razonabilidad y

necesidad tomando en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, la

responsabilidad del menor [Nombre 001], así como sus condiciones familiares y

sociales, advirtiéndole al menor acusado que en caso de de incumplimiento

injustificado de la sanción principal y simultáneas, se revocará la misma y se

aplicará como sanción secundaria DOS AÑOS de internamiento en Centro

Especializado. La aplicación de las sanciones impuestas responde a los fines

reales y objetivos del proceso penal juvenil y responde además a la gravedad de

los hechos por los cuales se declara autor responsable el menor condenado,

además responde los fines sancionatorios del proceso

penal juvenil, que si bien es cierto que es protector de las persona menor de

edad, es punitivo y garantista, y persigue además de

los fines socioeducativos y de reinserción social, también tutela los derechos

de las víctimas, y los bienes jurídicos tutelados que protege el ordenamiento

jurídico” (f. 105-106). En conclusión, el voto de minoría comparte el

análisis del a quo en la fundamentación de la

pena, considerando valoró: el interés superior del menor de edad, la finalidad

socioeducativa establecida de forma expresa en el artículo 123 del mismo cuerpo

normativo, la gravedad del hecho, el daño causado y la entidad de la lesión al

bien jurídico tutelado, concretamente la autodeterminación sexual; la relación

de parentesco con la víctima; las condiciones favorables relacionadas con el

contexto sociofamiliar y las características personales del sentenciado

expuestas en los informes 14-012-728-PJ-PS y 14-012-728 PJ-TS,;

la ausencia de adicciones o relación con otras actividades delictivas; el

desempeño de un trabajo estable; y la existencia de contención familiar. Desde

esta óptica, la medida resulta idónea, toda vez que al establecer la sanción de

libertad asistida, se ordenó al menor someterse al programa de ofensores

sexuales, lo cual guarda relación con el tipo de delito cometido, en este caso

abuso sexual, mientras que las medidas socioeducativas ordenadas, guardan

estrecha relación con la finalidad socioeducativa del proceso penal, al

ordenarle al menor permanecer estudiando o bien, mantener un empleo y solo ante

el incumplimiento de dichas sanciones, se dispuso el cumplimiento de la medida

privativa de libertad . Asimismo, la medida resultó necesaria, todas vez que considerando el carácter excepcional de la

medida privativa de libertad y su gravedad, ésta fue dispuesta como sanción

alterna o secundaria, imponiendo como sanciones principales y simultáneas la

libertad asistida con asistencia al programa de ofensores sexuales y las

ordenes de orientación supervisión señaladas supra.

Adicionalmente, la sanción resultó proporcional en sentido estricto, toda vez

que pudiendo imponer una sanción de internamiento en centro especializado por

hasta 5 años, considerando las variables previamente expuestas y la ponderación

entre el bien jurídico lesionado y las consecuencias de la privación de

libertad, decide imponer 2 años de sanción. Por estas razones, se declara con

lugar el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Omar Jiménez Madrigal,

se declara ineficaz la resolución 2015-000436 del Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal Juvenil, de las 11:35 horas, del 10 de noviembre de 2015, en

cuanto declaró parcialmente con lugar el segundo motivo de apelación, en lo

demás permanece incólume. Se confirma la sentencia 138-2015 del Juzgado Penal

Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, de las 14:00 horas, del 24

de septiembre de 2015 en relación con la imposición de 2 años de internamiento

en centro especializado.”