Resolución 01172-2024

Mediante sentencia N° 2024-172 de las 07:30 horas del 13 de agosto del 2024, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “POR TANTO Se declaran sin lugar los recursos de apelación presentados por los representantes de la Defensa Pública, del Ministerio Publico y de la víctima. Notifíquese. Rafael Segura Bonilla - Ana Lucrecia Hernández Chavarría - Flor Sidey Salazar Fallas - Juezas y Juez de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil” (sic).

Contra el anterior pronunciamiento la licenciada Grace Marín Solís y el licenciado José Luis Campos Vargas, interpusieron recursos de casación.

Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer de los recursos.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Informa el Magistrado Suplente William Serrano Baby; y,

Al dar curso al tercer motivo de la casación interpuesta por el Ministerio Público en este asunto, mediante su voto número 2024-01062, dictado a las 13:55 horas del 14 de octubre del 2024, esta Sala reseñó la argumentación expuesta por esa parte recurrente, de la siguiente manera: “En el tercer motivo, también en cuanto a la fijación de la pena de esos dos encausados, el Ministerio Público también señala que se violentó el principio de proporcionalidad, toda vez que no hay una fundamentación aceptable. En vez de eso, el tribunal de apelación se aplicó en copiar la resolución del a quo, sin analizar del todo los factores que contenían los reproches de apelación.” La Sala procedió a examinar dicha argumentación, confrontándola con lo expuesto en el fallo de apelación de sentencia penal y examinando si es que, efectivamente, nos encontramos ante la falta de fundamentación que, en detrimento de la proporcionalidad, se esgrime. Se concluye que el reclamo no es de recibo. En primer término, si bien es menester reconocer que el ad quem hizo una larga transcripción de lo sopesado en la sentencia de juicio, en cuanto a la sanción imponible a los dos encausados, no por ello dejó de ponderar los factores que llevaban a sostener y refrendar esa decisión. La transcripción no implica que dicha cámara no diera sus propias razones, sino que, acogiendo las provistas en la sentencia de juicio, estimó que las mismas eran válidas y suficientes para ratificar sus conclusiones. Así consta a folios 1896 vuelto y 1897 frente, respecto al endilgado [Nombre 007]; a folio 1897 frente en cuanto a [Nombre 004]; y a folios 1897 vuelto y 1898 vuelto, respecto al encausado [Nombre 001]. Pero, por otra parte, lo más relevante es que el planteamiento del Ministerio Público no cuenta con agravio determinable. Veamos su exposición: “Considera el Ministerio Público, que la fundamentación realizada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, se basó en copiar la resolución del a quo, sin embargo, no se realizó conforme lo solicitó el ente fiscal, un examen a profundidad de las características del caso, la violencia en la forma en que se ultimó la víctima la magnitud del daño causado, las negativas condiciones de vida de los menores, que daban como resultado, un mayor tiempo de intervención estatal, sin embargo, se conformó el ad quem con indicar que el a quo sí fundamentó todos los incisos del artículo 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sin embargo el ente fiscal no niega que la resolución se encontraba fundamentada, al contrario, justamente el alegato, recaía en que dicha fundamentación no se correspondía con el principio de proporcionalidad, y por ende, se rechazara la solicitud de sanción de 15 y 10 años de internamiento directo en Centro Especializado.” El solo alegato de que no le fueron resueltos los temas planteados en apelación, no sería suficiente para dar acogida al reproche. Para que así fuera, sería necesario demostrar que se está ante cuestiones de relevancia que no fueron dirimidas. Tratándose de la falta de fundamentación respecto a la proporcionalidad de la pena, esas cuestiones deben referirse a cuáles fueron las razones tenidas en consideración, para fijar las sanciones de ocho, diez y once años de internamiento en un centro especializado para los procesados. Al respecto, como fue transcrito, la fiscal recurrente enumera una serie de aspecto que, a su juicio, ameritaban una intervención estatal por un plazo mayor. Sin embargo, no se demuestra que el razonamiento del a quo ni el del tribunal de apelación sean arbitrarios o absurdos, sino que lo manifestado es un desacuerdo con esas decisiones. Vale anotar que, esas mismas penas fueron objetadas por las razones opuestas, por parte de la defensa. Esto evidencia que no se está ante una situación de ejercicio arbitrario o desviado de las facultades legales que, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, le caben a los jueces y las juezas en estas vicisitudes. Antes bien, de conformidad con el numeral 131 de esa misma ley, tanto cabía imponer hasta un máximo de quince años de internamiento o, en dirección inversa, una medida menos grave. Apreciando las circunstancias del caso, se optó por los periodos antes referidos, lo cual se acomoda a esas facultades discrecionales que la ley reconoce a los jueces y las juezas, sin que pueda decirse que hayan sido absurdos o estén fuera de toda explicación. La mera insatisfacción con ellos no es base para que se tengan por ilegales o ayunos de proporcionalidad. De tal manera que, si bien la explicación del ad quem sobre el porqué ratificó esas sanciones es escueta, no es que esté ausente. Aun así, con el afán de elucidar el tópico con ocasión del presente recurso de casación, debe establecerse que tal falta de fundamentación o infracción a la proporcionalidad de las sanciones, que son recriminadas por el Ministerio Público, no son atendibles, pues ambas decisiones se hallan dentro de los márgenes legales y no se muestran como contrarias al sentido común ni a los propósitos de la sanción. Sin lugar el motivo.

En el primer motivo del recurso de casación incoado por el apoderado judicial de los señores Calzada Sáenz y Valverde Lara, con sustento en el artículo 55 del Código Procesal Penal, se recrimina que en el tribunal de apelación de sentencia penal que dictó el fallo impugnado, figurara el juez Rafael Segura Bonilla. Éste había conocido previamente la admisibilidad de los recursos de casación formulados en otro expediente judicial asociado a estos mismos hechos, como consta en la resolución número 2023-00628, emanada por esta Sala, a las 11:40 horas del 30 de junio del 2023. “Según respuesta generada por la Sección Administrativa de Carrera Judicial ante formal consulta del Ministerio Público, el Tribunal de Apelación se Sentencia Penal Juvenil contaba con los siguientes jueces suplentes habilitados para integrarlo: -Adriana Patricia Tenorio Jara -Fernando Ramírez Serrano. Estas dos personas juzgadoras no contaban con ningún impedimento para integrar el Tribunal, pero aun así el juez Segura Bonilla concurrió con su voto en la resolución impugnada, haciendo totalmente nula la decisión de la cámara de apelación colegiada que se impugna mediante este recurso.” No es de recibo el reclamo. Después de una sucesión de gestiones e incidencias, que llevaron a que algunas personas juzgadoras se apartaran del conocimiento de la apelación de sentencia, por haber intervenido antes en el trámite; o bien por haber renunciado a la suplencia o haber vencido su nombramiento, se llegó a la posibilidad de que conocieran la señora Tenorio Jara o el señor Ramírez Serrano. Empero, como es de dominio público y se hizo constar a folio 1867, el señor Ramírez Serrano actualmente se desempeña como director del Instituto Costarricense de Drogas, por lo que no podía reintegrarse al Poder Judicial específicamente para conocer la apelación de sentencia planteada en esta causa. Por su lado, la señora Tenorio Jara comunicó a la Coordinadora del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que tenía vacaciones aprobadas, por lo que no podía asumir la resolución de la causa, tomando también en cuenta que había privados de libertad en ella (folio 1849). De manera que el nombre del señor Segura Bonilla no surgió como una escogencia voluntaria ni contraria a Derecho, sino conforme al inciso 2) del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual dispone que “Cuando la causal cubra a propietarios y suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos.” Vale anotar que no existe una obligatoriedad de los jueces suplentes de integrar un tribunal. Respecto a una eventual negativa o imposibilidad de una persona suplente a integrar un tribunal, no está prevista obligación ni sanción alguna, por lo que menos aun constituye una irregularidad procesal. En efecto, a lo sumo, la circular 22 del 2023 comunicó que “El Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 110-2022 celebrada el 15 de diciembre de 2022, artículo XXXVI, a solicitud del Consejo de la Judicatura, dispuso modificar la circular N° 77-2021 del 2 de marzo de 2021, relativa a la reiteración de la circular N° 245-2014, denominada ‘Directrices sobre el nombramiento de las Juezas y Jueces Suplentes’, en los siguientes términos: ‘Que Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 118-2020 celebrada el 10 de diciembre del 2020, artículo XXIV, en lo que interesa, dispuso reiterar la circular N° 245-2014, referente a las Directrices sobre el nombramiento de las Juezas y Jueces Suplentes, que literalmente dice: ‘El Consejo Superior en sesión No. 94-14, celebrada el 28 de octubre de 2014, artículo LVI, acordó comunicarles las siguientes directrices que deben aplicar de conformidad con lo que establece el artículo 69 de la ley de Carrera Judicial, que indican: […]

El inadecuado desempeño deberá comunicarse al Consejo Superior o a la Corte, según corresponda.  Para ello deberán de enviar a esos Órganos el informe de labores. Las notas se actualizarán conforme a los movimientos que se registren en el escalafón de elegibles.” Sin embargo, como se ve, es una respuesta eventualmente disciplinaria, no a la negativa o imposibilidad a integrar el tribunal, sino a un “inadecuado desempeño”, que es algo que va más allá de aquellas simples posibilidades de que la persona suplente tenga un impedimento o se niegue a conformar el tribunal. En consecuencia, debe concluirse que no hubo anomalía alguna en la participación del juez Segura Bonilla en la emanación del fallo de apelación objetado. Por lo dicho, se declara sin lugar la impugnaciónPor Tanto: Se declaran sin lugar los motivos de casación admitidos para su estudio. Notifíquese.  Patricia Vargas G.  Cynthia Dumani S.Magistrada Suplente    Miguel Fernández C.Magistrado Suplente  William Serrano B.Magistrado Suplente   Rosa Acón NgMagistrada Suplente Roleon / Int: 1073-1/2-1-24