Resolución 01322-2021

Mediante sentencia N° 2021-029 de las nueve horas diez minutos, del ocho de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José,  resolvió: "

Mediante voto Nº 2021-00530, de las 9:02 horas, de 21 de mayo del 2021, visible de folios 266 a 271 del expediente, esta Sala, admitió para estudio de fondo, el recurso de casación formulado por la licenciada Ingrid Guth Ruiz, contra el fallo Nº  2021-029, de las 9:10 horas, del 8 de febrero del 2021, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, que declaró sin lugar el recurso de apelación incoado por la representación del Ministerio Público, contra la sentencia N° 11-2021, de las 7:42 horas, de 12 de enero de 2021, del Juzgado Penal Juvenil de San José, que decretó el sobreseimiento definitivo a favor de la persona menor de edad imputada [Nombre 001]., por cumplimiento del plazo de la Suspensión del Proceso a Prueba, ante un supuesto ilícito de abuso sexual en perjuicio de [Nombre 002]. (confrontar folios 242 a 245).

Objeto del recurso de casación. Motivo único. Aplicación equívoca de las reglas procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba. Refiere la impugnante, que en el caso concreto, la resolución del ad quem es contraria a la correcta aplicación de las reglas procesales que normativizan la rebeldía y la extinción de la acción penal, por cumplimiento del plazo de la suspensión del proceso a prueba, lo anterior, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales, y numerales 32, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. En ese orden de ideas, manifiesta que el pronunciamiento del Tribunal de Apelación, desconoce los efectos suspensivos que tiene la rebeldía sobre el plazo de la suspensión del proceso a prueba, y por esa razón, dicta la extinción de la acción penal en beneficio de [Nombre 001] . Expone que los alcances de tal yerro, implica confirmar la extinción de la acción penal, en una sumaria, cuya declaratoria de rebeldía, ya había generado efectos suspensivos frente a la acción penal, de manera tal, que el agravio logra reflejarse ante el dictado de un sobreseimiento definitivo por cumplimiento del plazo de la suspensión de proceso a prueba, pese a la existencia de una causal de suspensión de la acción penal, producto de la rebeldía establecida contra la persona menor de edad imputada, sin que se hubiese respetado el plan previamente pactado. Circunstancia que para la licenciada Guth Ruiz, restringe las facultades de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de San José, en lo que concierne al ejercicio propio de sus pretensiones. Esgrime que dicho criterio, fue desarrollado ante el Tribunal de Apelación Penal Juvenil, empero dicho órgano jurisdiccional, declara sin lugar la apelación, bajo la tesis que los efectos de la rebeldía sobre la acción penal, no deben ser tomados en cuenta al momento de examinar el cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, porque implicaría interpretar de modo analógico o extensivo la rebeldía en detrimento de la libertad ambulatoria de la persona menor de edad acusada. Arguye la casacionista que la resolución de cita, rechaza aplicar de manera supletoria las disposiciones normativas que regulan la rebeldía en el sistema penal para personas adultas, por condicionar cualquier interpretación, a los efectos del artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Asimismo, indica que la posición del ad quem excluye la consecuencia que tiene la rebeldía sobre el proceso y la acción penal, donde en la presente casuística, la persona menor de edad, dispuso del instituto al que fue sometido, pese a su incomparecencia y su extrañamiento durante la tramitación de la sumaria, frustrándose los objetivos del proceso, y en contraposición, producto de la inercia de la persona menor de edad, surge la impunidad, ocasionándose un perjuicio al ente fiscal, al beneficiarse el endilgado de su dolo, puesto que la exteriorización de voluntad, se direcciona a rehuir del proceso penal juvenil, al punto de declarársele rebelde, particularidad que desde la perspectiva de la fiscala, ilegítimamente cercena la potestad de la administración de justicia, para continuar con el ejercicio de la acción penal. Al respecto, afirma: “… interpretar los efectos de la rebeldía en el caso concreto requiere un análisis más bien contrario al propuesto por el Tribunal, e implica vislumbrar que la interpretación sistemática de la norma debe comprender los efectos propios de la rebeldía, lo cual no resulta atendible a criterio del Tribunal ya que resulta extensiva respecto a lo establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Así las cosas, nuestra posición es considerar que la declaratoria de rebeldía sí tiene un efecto en el cómputo del plazo del vencimiento de la Suspensión del Proceso a Prueba, porque tiene un efecto suspensivo sobre la acción penal misma. Y la Suspensión del Proceso a Prueba como instituto sólo tiene sentido y vida jurídica en la medida que exista una acción penal. Ese efecto suspensivo es dispuesto así por el juzgador ante la perspectiva de una decisión consciente de la persona encartada de apartarse del proceso, de sus fines y de sus obligaciones volviendo por decisión propia, ilusorios los resultados de este…” (confrontar folio 256 frente). Concluye, que interpretar que la extinción de la acción penal por observancia de la Suspensión del Proceso a Prueba, opere a pesar del dictado imperante de la rebeldía contra la persona menor de edad encartada, refleja un flagrante abandono de los objetivos del proceso penal juvenil, admitiéndose la facultad en el imputado de “vaciar de contenido” el plan reparador propuesto a través de su falta de sujeción al proceso, siendo inaudito concebir que sea el propio marco de legalidad el que provoque la impunidad, dejándose de lado, los fines de naturaleza socioeducativa del referido proceso penal juvenil. Solicita declarar con lugar el reclamo, se declare la ineficacia del fallo cuestionado y se ordene el reenvío según derecho corresponde (confrontar folios 256 vuelto a 257).

El motivo se declara con lugar. Refiere la impugnante que contrario a lo resuelto por el ad quem, la declaratoria de rebeldía establecida en el proceso penal juvenil sí tiene un efecto en el cómputo del plazo del vencimiento del instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, en razón del carácter suspensivo sobre la acción penal misma, medida alterna que únicamente guarda sentido y vida jurídica en el tanto impere o exista la acción penal. Agrega que ese efecto de naturaleza suspensiva es dispuesto por el juzgador "ante la perspectiva de una decisión consciente de la persona encartada de apartarse del proceso, de sus fines y de sus obligaciones volviendo por decisión propia, ilusorios los resultados de este ..." (confrontar folio 256 frente). Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, en oposición fundada a la discusión de la recurrente, entre otros aspectos, refiere:  "... Pese a los alegatos del fiscal recurrente, esta cámara con diferentes integraciones ha mantenido en forma unánime y en algunas oportunidades por mayoría, que debe diferenciarse los efectos que tiene la declaración de rebeldía sobre el cómputo de la prescripción con el que tiene sobre la suspensión del proceso a prueba, puesto que se trata de institutos procesales diversos. La declaración de rebeldía tiene efecto sobre el cómputo del plazo de la prescripción, pero no así en relación con el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba, cuyo cumplimiento sin que se haya revocado la salida alterna es precisamente, lo que extingue la acción penal. Los efectos suspensivos de la declaración de rebeldía son exclusivos a los plazos de prescripción de la acción penal y no tienen efectos jurídicos sobre el plazo transcurrido estando pendiente de cumplirse una Suspensión del Proceso a Prueba, lo anterior según lo dispuesto en los artículos 34 del Código Procesal Penal, 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Las normas citadas no refieren en absoluto a que la existencia de una declaratoria de rebeldía venga a producir un efecto suspensivo en el plazo de la suspensión del proceso a prueba, por lo que extender los efectos de un instituto diverso en perjuicio de la persona menor de edad, claramente refleja una extensión normativa en perjuicio del joven de una norma que regula supuestos diversos, lo cual atenta contra el principio de legalidad ..." (confrontar folio 244 frente). Al respecto, sobre el tema objeto de esta litis recursiva, de aplicación equívoca por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, de Segundo Circuito Judicial de San José (confrontar folios 242 a 245), de las reglas procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal, por cumplimiento del plazo de la suspensión del proceso a prueba, numerales 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales, y artículos 32, 89 a 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil (confrontar folio 270 vuelto), la Sala, en  criterio de mayoría, voto número 2021-00579, de las 9:59 horas, del 28 de mayo de 2021, precisó:  “…. en razón de que la declaratoria de rebeldía tiene como efecto la suspensión de la prescripción, se debe convenir, mediante una visión plena e íntegra de la normativa procesal penal juvenil, que dicha declaratoria de contumacia del menor infractor, tiene como incidencia el efecto de suspender también la medida de la suspensión del proceso a prueba, ya que, al contrario, conllevaría una desnaturalización del carácter del referido instituto procesal, al que se le despojaría de sus fines de formación integral y de reinserción sociofamiliar. El dictado de la rebeldía del menor conlleva entonces que tampoco corra el plazo de la medida alterna, sino que se suspende también, en conjunto con el plazo de prescripción. Este criterio, encuentra pleno respaldo en el pronunciamiento Nº 2018-00455, de las 11:50 horas, del 20 de junio de 2018 (Ramírez, Arias, Segura, López y Zúñiga), donde se indicó: “…desde el voto número 2015-661, de las 8:53 horas, del 27 de mayo de 2015, esta Cámara ha definido un criterio con respecto a la incidencia de una declaratoria de rebeldía dentro del plazo de cumplimiento de una suspensión del proceso a prueba; ya que atendiendo a la especialidad y a los fines del proceso penal juvenil, no puede pretenderse que una rebeldía decretada dentro del plazo de cumplimiento de dicha medida alterna no tenga los efectos jurídicos que la ley le otorga. En este sentido, el artículo 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que “cuando el menor de edad cumpla con las obligaciones impuestas en la resolución que ordena suspender el proceso, el Juez dictará una resolución que las apruebe, dará por terminado el proceso y ordenará archivarlo”. Ahora bien, cuando en el ínterin del plazo de cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, se decreta la rebeldía en contra del menor infractor, según el artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en relación con el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, esa declaratoria tiene un efecto suspensivo de los procedimientos y una incidencia directa en la prescripción de la acción penal, la cual se suspende hasta por el plazo máximo de un año desde su dictado; por lo que si la condición de rebeldía se mantiene, lógicamente esto impide que la autoridad judicial pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la persona menor de edad en la suspensión del proceso a prueba; y consecuentemente, el plazo de la suspensión del proceso a prueba no puede seguir corriendo. Se subraya que esta imposibilidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la persona menor de edad debe derivar directamente de razones imputables al menor infractor y no por la inercia de las autoridades judiciales…” […] “…debe concluirse que la declaratoria de rebeldía sí produce efectos en el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba, el cual se ve suspendido mientras se mantenga la rebeldía y hasta por el plazo máximo de un año, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles: “En los delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada, la declaratoria de rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal por un período que en ningún caso será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga…” En esa línea, a la luz de una lectura sistemática de la normativa aplicable, y de los principios especiales que informan la materia, lleva razón la representación fiscal del error en que incurre el voto impugnado, de aceptar que la rebeldía del menor infractor no tiene efectos en el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba, como sí lo tiene respecto del curso del plazo de la prescripción, pensar que conlleva una desnaturalización del carácter del referido instituto procesal, al que se le despojaría de sus fines de formación integral y de reinserción sociofamiliar. Para esta Cámara, el dictado de la rebeldía del menor conlleva entonces que tampoco corra el plazo de la medida alterna, sino que se suspende también, en conjunto con el plazo de prescripción …”. (Solano Castro, Ramírez Quirós, Burgos Mata, Alfaro Vargas, y Zuñiga Morales, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). En el caso concreto, se observa que mediante audiencia celebrada en el Juzgado Penal Juvenil de San José, a las 7:33 horas del 11 de diciembre de 2018, el defensor público licenciado Rolando Mariño Contreras, de manera oral propuso el interés de su patrocinado de someterse a la suspensión del proceso a prueba por el plazo de dos años, bajo las siguientes condiciones:  1.-) Mantener domicilio estable y actualizado, en [...]. 2.-) Abstenerse de cualquier vínculo con alguna de las personas agraviadas, sea de forma directa, mediante la vía electrónica, o ante terceras personas. 3.-) Permanecer estudiando o trabajando. 4.-) No cometer delitos o contravenciones. 5.-) Recibir el tratamiento dado por PACSA. 6.-) Asistir a las sesiones impartidas por la unidad de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial (confrontar folio 168 frente y vuelto). En ese orden de ideas, en resolución número 648-I-2018, de las 14:13 horas, de 13 de diciembre de 2018, el Juzgado Penal Juvenil de San José, por medio de la Juzgadora Laura Trejos Ramírez, ordenó la suspensión del proceso a prueba, a favor de [Nombre 001] ., por el período de dos años, a partir de la notificación efectiva de dicho pronunciamiento, fijándole las siguientes condiciones: “1- Mantener un domicilio fijo y actualizado.

No tener contacto perturbatorio hacia la parte ofendida.

Mantenerse trabajando o estudiando, presenta constancia que ya se encuentra trabajando como bodeguero con [Nombre 021].

Asistir al Programa para Ofensores Sexuales Abusivos de la C.C.S.S. en el Hospital que por domicilio corresponde.

No cometer delito ni contravención. 6-Recibir Abordaje que brinda el departamento de Trabajo Social y Psicología de estos Tribunales. Bajo la misma repercusión anterior, se le previene que cualquier cambio de domicilio, deberá comunicarlo inmediatamente a este Juzgado. De incumplirse injustificadamente con cualquiera de las anteriores disposiciones, será suficiente como para revocar el beneficio aquí establecido, y en su lugar se procederá a continuar con los procedimientos hasta dictarse sentencia, de igual manera se le hace saber que terminado el lapso de dos años, contado desde el momento en que sea notificado de esta resolución, se dará por terminado el asunto y se ordenará el archivo del expediente …” (confrontar folios 170 a 174). Ahora bien, en auto de las 11:09 horas, de 13 de noviembre de 2019, se señaló audiencia de verificación de suspensión del proceso a prueba para el día 23 de enero de 2020, a las 11:00 horas (confrontar folio 194).  En pronunciamiento de las 11:50 horas, del 3 de febrero de 2020, se declaró la rebeldía de [Nombre 001]., y se ordenó su presentación en horas hábiles, a fin de programar fecha de audiencia de verificación de suspensión del proceso a prueba. Suspendiéndose los procedimientos según el artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil (confrontar folio 202). En auto de las 9:34 horas, de 25 de mayo de 2020, el Juzgado Penal Juvenil de San José, ordenó la captura de [Nombre 001]. (c onfrontar folio 210). En resolución N° 11-2021, de las 7:42 horas, del 12 de enero de 2021, el Juzgado Penal Juvenil de San José, a través de la licenciada Ana Belén Murillo Saborío, dictó sentencia de sobreseimiento definitivo por cumplimiento del plazo de suspensión del proceso a prueba a favor de [Nombre 001] ., por el delito de abuso sexual contra persona menor de edad, en perjuicio de [Nombre 002]. (confrontar folios 221 a 223). De dicho recuento de actuaciones, se desprende que la rebeldía fue decretada a las 11:50 horas de 3 de febrero de 2020 (c onfrontar folio 202), sin embargo, se sobreseyó definitivamente la sumaria el 12 de enero de 2021, sin estimarse que la persona menor de edad imputada no compareció durante el período previsto por la autoridad competente a estrados judiciales, circunstancia que hubiese permitido prorrogar el tiempo en que estuvo suspendida la acción penal y la medida alterna, por la contumacia de [Nombre 001]. Es por ello, que la posición del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, no resulta acorde con las reglas procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por el cumplimiento de la Suspensión del Proceso a Prueba. Valga decir, el dictado de la rebeldía de la persona menor de edad, conlleva al impedimento de que  el plazo de la medida alterna pueda correr, sino que se suspende también, en conjunto con el plazo de prescripción. Posición jurídica que encuentra apego en los artículos 7, 32 y 110 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. En resumen, la declaratoria de rebeldía produce efectos en el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba, el cual se suspende mientras perdure la rebeldía y hasta por el plazo máximo de un año, según lo estipulado por el precepto 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, por lo anterior, lleva razón la licenciada Ingrid Guth Ruiz, representante de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil (confrontar folios 252 vuelto a 257, 206 vuelto a 270 vuelto), al afirmar que el fallo objetado por el ad quem aplica de forma errónea las reglas procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal juvenil por cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba. Así las cosas, se declara con lugar el alegato de casación planteado, se dispone la ineficacia de la resolución número 2021-029, de las 9:10 horas, de 8 de febrero de 2021, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de San José (confrontar folios 242 a 245), y de la sentencia de sobreseimiento definitivo N° 11-2021, de las 7:42 horas, de 12 de enero de 2021, del Juzgado Penal Juvenil de San José (confrontar folios 221 a 223). Ordénese el reenvío a este último despacho, para que continúe con la tramitación de la causa, de conformidad con los artículos 116 bis , 32 y 89 a 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en concordancia con los numerales 467, 469 y 473 del Código Procesal Penal.