Resolución 00186-2016

Mediante sentencia N° 2015-00375 de las trece horas diecinueve minutos del veintiséis de junio del dos mil quince, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: “

En contra del fallo número 375-2015, de las 13:19 horas, del 26 de junio de 2015, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, el licenciado Roberto Madrigal Zamora, defensor público del acusado Franklin Bejarano Sánchez, presentó recurso de casación. Esta Sala mediante voto número 2016-0046, de las 12:05 horas, del 15 de enero de 2016, admitió para su estudio de fondo el primer y segundo motivo del reclamo.

Objeto de la impugnación. Como primer motivo se alega “Violación al Subprincipio de Identidad Física del Juez integrante del Principio de Juez Natural” (Cfr. folios 359 a 362 vto). Señala que, la sentencia fue dictada por jueces que no participaron en la vista realizada a las 10:11 horas,  del  8 de octubre  del 2014, sin que se  haya justificado  siquiera  la  presencia  de una   razón válida  de  por qué  los jueces Ronald Cortés Coto, Jaime Robleto Gutiérrez y Rosibel López Madrigal no pudieron  participar en  la resolución del caso, tal y como  lo exige la Sala Constitucional  en  sus  votos 6681-96 y 17553-2007. Tesis  además  acogida por la Sala Tercera en  el  fallo 1422-97. Indica el  recurrente que, a pesar de que se hizo  mención  en la sentencia de alzada, que en todo caso  los jueces  suplentes tuvieron  acceso  a la grabación de lo acontecido. Tal afirmación es ambigua, por que no queda claro si ese “tener acceso”, significa que el video en cuestión  fue  observado, estudiado y analizado por todos los jueces o por el contrario, solo estuvo en el escritorio de la jueza  redactora o de los otros jueces. Sostiene el casacionista que, difícilmente, todos los jueces hayan escuchado concienzuda y objetivamente la grabación. Prueba de ello, es el resumen de la posición fiscal realizado en el recurso, en el cual,  omitieron  el detalle de que el representante del Ministerio Público estuvo  de acuerdo con el reproche de la defensa, en cuanto a  los alcances de la pericia médica. Estima la defensa que, ello provoca una  desnaturalización  de la garantía de la oralidad. Sustenta  como agravio que, la concentración y la continuidad e inmediación que rodea la vista  oral  no es la misma a la  de una escucha de una grabación, lo cual,  genera un agravio “práctico-operativo”. Solicita que se declare  con lugar el alegato, procediendo a declararse  la ineficacia  de la sentencia  y de todo  el trámite  procesal.  Como segundo motivo se reclama “Violación al  Principio de Justicia Pronta y  cumplida que  redunda en la  ruptura  del Subprincipio de  Identidad Física del Juez.” (Cfr. folios 362 vto. a 363 vto). Reprocha el recurrente que, la sentencia de alzada se dictó 8 meses y 18 días después de celebrada la audiencia oral, sin que existiera complejidad de la causa o la calidad de  la  resolución que justificara tan desmesurada tardanza. Atribuyendo tal  violación, al hecho de que los Jueces de Apelación que estuvieron presentes en la audiencia, se  encontraban designados en otros  puestos,  lo cual, se  tradujo en que tres jueces distintos vinieran  a resolver el asunto. Estima que, en este caso su defendido se convirtió en un desaparecido del proceso penal. Siendo ello un agravio “práctico-operativo” que  resultó  en  la ruptura del principio  del juez natural. Pues,  luego de una  espera  larga –de meses-, designan a los tres primeros jueces que se tienen a la mano para dictar una resolución en la que desconocían los alegatos planteados por las partes. Solicita que se declare con lugar el alegato, procediendo a declararse la ineficacia  de la sentencia y de todo  el trámite  procesal. Los alegatos se resolverán en forma conjunta dada su estrecha vinculación. El recurso se declara sin lugar. El recurrente acusa violación al principio de juez natural, identidad física del juzgador y de justicia pronta y cumplida. Para sustentar su reclamo el casacionista expone lo siguiente: 1) parte de que la relevancia de la oralidad es el convencimiento que el expositor puede generar a través de la puesta en escena de sus alegatos.

El valor de la concentración, la inmediación y la contrariedad en relación con los reproches técnicos de la defensa, son pluses que se pierden cuando el juez que escuchó el reclamo no es el mismo que resuelve la causa.

La oralidad no sólo es relevante en relación con la producción de la prueba, también lo es respecto a la posibilidad de controvertir los argumentos de las otras partes y el ejercicio de una estrategia de defensa.

En este caso el cambio de abogado del acusado en esa fase –recursiva- del proceso implicaba que era la primera vista que acudía el defensor asignado, el cual iba a desplegar su defensa en forma oral.

En este caso, dado que la estrategia era evidenciar el vicio en la valoración de la prueba testimonial de descargo, resultaba esencial que los jueces que asistieron a la vista fueran los mismos que resolvían.

El Tribunal tardó ocho meses y dieciocho días en conocer el recurso, y fue resuelto por tres jueces que desconocen los alegatos planteados por la defensa. Analizados los argumentos que plantea el recurrente, esta Cámara de Casación Penal concluye que nada de lo que se expone resulta insuperable a partir de la posibilidad, para los jueces que van a resolver, de reproducir el acto con el uso de los medios tecnológicos que se cuentan. En efecto, todas las ventajas que conllevan el uso de la oralidad en el proceso penal resultan innegables, no sólo para la recepción de prueba y su posterior valoración, sino también para el planteamiento de la teoría del caso para cualquiera de las partes letradas que participan en el proceso. Sin embargo, con respecto al aspecto puntual que se reclama, lo cierto es que, todo lo relacionado con la vista oral está al alcance de los juzgadores, no sólo por la audiencia que se llevó a cabo, sino porque los argumentos completos e integrales están esbozados en forma escrita, teniéndose por comprobado, además, que no se ampliaron motivos ni se evacuó prueba, lo que nos lleva a la conclusión de que hasta acá no se ha demostrado un agravio concreto. Por otra parte, el recurrente acusa que no consta en el expediente la causa de la sustitución de los juzgadores, elemento que tampoco importa un perjuicio concreto susceptible de provocar la nulidad del fallo. Además, el quejoso señala que difícilmente todos los jueces escucharon, concienzuda y objetivamente, la grabación de la audiencia oral. Esta posición no deja de ser más que una especulación carente de sustento. Lo cierto es que, el recurso de apelación fue conocido y resuelto por jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia que señalaron el cambio en la integración y advirtieron que en ese caso, en la vista no se recibió prueba, tampoco se ampliaron argumentos y además que: “el dicho de las partes consta grabado en formato DVD y a éste se tuvo acceso”, sin que exista razones para dudar del proceder de los juzgadores. De más queda señalar que la posición acá adoptada se corresponde con el de la Sala Constitucional al resolver la consulta preceptiva judicial que esta misma Cámara había planteado y que fue resuelta mediante voto número 17553-07, criterio que confirma incluso la resolución número 6681-96. Por otra parte, el casacionista cuestiona que los jueces de alzada no introdujeron en el resumen del recurso la posición expuesta por el representante del Ministerio Público sobre la pericia médica. Si bien es cierto, en la exposición de la posición del ente fiscal, el tribunal no detalló el planteamiento del licenciado Martínez Madríz respecto al poco análisis por parte de los juzgadores de esa pericia (ver archivo digital c0000141008101108.vgz  a partir de 10:40:07), lo cierto es que sí resuelven el tema lo que denota que existe conocimiento por parte de los juzgadores de los alegatos esbozados por las partes. Al respecto el tribunal señaló: “Sobre el que no se haya detectado en el dictamen médico legal algún tipo de lesión no implica que no se haya dado el ilícito, como ya se ha resuelto jurisprudencialmente, aunque reconoce esta Cámara que existen diferentes posiciones.” (Folio 354). En sustento de esta posición, los jueces citaron la sentencia número 173-2012 (ver folios 354 a 355) y concluyeron que: “De todas maneras, el Tribunal de Juicio explica del relato de la ofendida se desprende que se trató de una violación, ya que la menor fue enfática en relatar que el imputado 'le metió el pene en la vagina', lo que se acredita que se está ante un coito parcial o vulvar, por no haberse causado lesión al himen y el que el dictamen médico no lo acreditara, ello no implica que el delito no se haya cometido” (Folio 355 vto.). Como se observa, el tribunal sí abordó el tema sobre la pericia médica, lo que sucede es que no compartió el criterio de la defensa como tampoco el del representante del Ministerio Público, lo que denota que sí fueron analizados todos los reproches de las partes, descartándose una vez más el vicio que invoca el recurrente. Por último, se reprocha la duración del proceso en la fase recursiva, aspecto que se considera violatorio al principio de justicia pronta y cumplida y de identidad física del juzgador. Ciertamente, la Sala Constitucional ha reiterado que la Administración de Justicia está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, en aplicación del numeral 41 de la Constitución Política, como parte del derecho de toda persona a que se le resuelva su situación jurídica. Sin embargo en este caso no se observa que la duración en la resolución del recurso de apelación resulte de una circunstancia arbitraria e injustificada, de hecho no existen elementos suficientes que evidencien este proceder por parte de la autoridad jurisdiccional. Tampoco se desprende que la dilación en la resolución de la causa incida en la correcta resolución del caso. Así las cosas, al no comprobarse la infracción acusada por el recurrente se declara sin lugar el reclamo.