Resolución 00992-2013

1.

Mediante sentencia N° 2012-1488, dictada a las nueve horas veinte minutos

del treinta y uno de julio de dos mil doce, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió:  “

Mediante resolución Nº 2012-1924, de las 10:43 horas, del 7 de diciembre de

2012 (cfr. folios 154 a 159), esta Sala admitió para su trámite, el recurso de casación

que interpone el licenciado Héctor Chacón Chang, en su condición de Fiscal de la

Unidad Especializada de Impugnaciones del Ministerio Público, por la causal de

precedentes contradictorios, contra la resolución Nº 2012-1488, del Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a las 9:20

horas, del 31 de julio de 2012 (cfr. folios 133 y 134), la cual declaró con lugar el

recurso de apelación de la defensa, recalificando los hechos a la contravención de

daños menores y absolvió al encartado [Nombre 001] de la contravención mencionada.

II.-

Como única protesta el licenciado Chacón Chang reclama existencia de

precedentes contradictorios entre lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal del II Circuito Judicial de San José y los pronunciamientos de la Sala Tercera de

la Corte Suprema de Justicia, respecto a la aplicación de los tipos penales previstos en

la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, para situaciones de violencia

en perjuicio de una mujer, tanto las acaecidas en el seno de una relación matrimonial,

como las que suceden en el marco de uniones de hecho que cesaron o estaban

interrumpidas, con quebranto de los principios de igualdad y tutela judicial efectiva,

consagrados en los artículos 33 y 41 de la Constitución Política y según lo preceptuado

por el artículo 2 inciso a), de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra la mujer (Ley Nº 7499, 2/05/1995). El Tribunal recurrido

recalificó la conducta atribuida al justiciable, de un delito de daño patrimonial (artículo

35 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres, Nº 8589), a la

contravención de daños menores (artículo 386 inciso 9, Código Penal), bajo el

argumento de que si bien el imputado y la ofendida convivieron por varios años, para el

momento del suceso acusado “ya no vivían en unión de hecho” es decir, no tenían

relación de pareja pues dormían en habitaciones separadas, aunque mantenían un

domicilio común. Este último aspecto, según el fallo recurrido, no resulta suficiente para

conformar la unión, sino que se requiere de otros elementos a saber: una comunidad

de vida, una consciencia de conformar una pareja, el respeto, la cooperación y mutuo

auxilio, elementos que ya no estaban presentes en este grupo, al momento en que se

produce el ataque a los bienes. En virtud de lo anterior, desaplicaron al caso concreto

la Ley 8589. Para el quejoso, dicha interpretación resulta contradictoria con varios

precedentes de esta Sala, dentro de los cuales cita las resoluciones número 214, de las

9:44 horas, del 4 de marzo de 2011 y 1393, de las 9:50 horas, del 17 de diciembre de

2010, en cuanto que la citada Ley no solo aplica a aquellas situaciones que suceden en

el marco de una relación de matrimonio o en unión de hecho, declaradas o no

declaradas, sino también a todas aquellas manifestaciones de agresión hacia la mujer

por razones de género que tienen lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o

también en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya

compartido en su pasado el mismo domicilio que la mujer (folio 143). Apreciándose que

en el caso concreto existió una  manifestación de violencia contra la ofendida por parte

del imputado quien comparte el mismo domicilio de la víctima y que el daño ocasionado

tuvo lugar dentro de una unidad doméstica, estima procedente la aplicación de los tipos

penales contenidos en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Aceptar la excusa que expone el ad quem en su resolución conllevaría “

…la

inaplicación ilegítima de un instrumento internacional de derechos humanos de mayor

rango, conformado por la Convención de Belem do Pará, que protege en mayor medida

los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia por razones de género”

(folio 143). Solicita se declare con lugar el recurso planteado, se enmiende el vicio

confirmando la sentencia condenatoria del Tribunal de Juicio de Heredia  número

166-2012. El reclamo resulta de recibo. Como bien lo señala el impugnante, el punto

jurídico sometido a examen en esta sede de casación ya ha sido objeto de discusión y

resolución por parte de la jurisprudencia de esta Sala con relación a cuál es el ámbito

de regulación y alcance de los preceptos que se contienen en la Ley de Penalización

de la violencia contra las Mujeres (Ley Nº 8589), dictada en tutela de los derechos de

las mujeres sometidas a violencia, acaecidas dentro del matrimonio o en uniones de

hecho (declaradas o no), sea que ésta última se encuentre vigente o bien haya cesado

o esté temporalmente interrumpida. Sobre el particular, el voto 2011-00214, de las

nueve horas cuarenta y cuatro minutos del cuatro de marzo del dos mil once señala lo

siguiente: “El tema de cuál es el ámbito de aplicación de los preceptos que protegen a

las mujeres contra la violencia doméstica y su contraposición a algunas  nociones que,

erróneamente, se ha intentado traspolar a ese campo normativo especial desde otras

áreas de regulación y otra índole de supuestos de hecho, fue discutido por este

Despacho en la resolución 1416, dictada a las 9:25 horas, del 22 de diciembre del

2010. En esta se indicó que: “…la Ley de Penalización de la Violencia contra las

Mujeres, establece en su artículo 3, como fuentes de interpretación de la misma, la

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

Ley Nº 6968, del 2 de octubre de 1984, y la Convención interamericana para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995

(Convención De Belém do Pará), la cual dispone, en lo que interesa, en el artículo 2),

que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y

psicológica: “a). que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso

sexual”. Pese a la inconformidad del impugnante, este Despacho avala el proceder del

a quo, al haber considerado que la relación personal existente entre el imputado y la

ofendida -quienes tenían algunos meses de convivir como pareja en el mismo domicilio-

sí se encontraba amparada por la Ley de Penalización de la Violencia contra las

Mujeres, integrando para ello, la redacción del artículo 21 de dicha ley, con lo dispuesto

en el artículo 2) de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer (Convención De Belém do Pará), al ser ésta última, una norma

de mayor rango que protege en mayor medida los derechos y garantías de las mujeres

víctimas de violencia, a la cual, además, la misma ley remite como fuente de

interpretación, según se ha indicado. Debe recordarse, que el Estado costarricense se

encuentra vinculado a los principios, derechos y garantías contenidos en los diversos

instrumentos internacionales de derechos humanos. De ahí que, las decisiones de los

Juzgadores, en tanto operadores de la administración de justicia penal, y actuando en

representación -parcial- del ejercicio del poder estatal, deban sujetar sus actuaciones,

no solo a los principios y garantías establecidos en las leyes, sino también, a aquellos

previstos en las normas constitucionales y en el Derecho Internacional y Comunitario a

los que Costa Rica se ha adherido. Al respecto, ha indicado la Sala Constitucional:

“…Las obligaciones del Estado costarricense como miembro de la Organización de los

Estados Americanos, en materia de derechos humanos, derivan de distintas fuentes.

En virtud de su ratificación de la Carta, todos los Estados miembros están obligados por

las disposiciones sobre derechos humanos incorporadas a ese instrumento que los

órganos políticos y de derechos humanos de la Organización han reconocido como

contenido de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y

definidos por ésta. Esta Declaración constituye una fuente de obligaciones jurídicas

para todos los Estados miembros de la OEA. Además, los Estados como Costa Rica,

que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, explícitamente se

comprometieron a respetar los derechos humanos y libertades reconocidos en la

Convención y a garantizar a todas las personas sujetas a su jurisdicción el libre y pleno

ejercicio de sus derechos y libertades, sin discriminación por razones de raza, color,

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,

condición económica, nacimiento u otra condición social. Otros numerosos tratados han

complementado y ampliado los derechos contenidos en estos dos instrumentos

principales y constituyen obligaciones internacionales adicionales para los Estados

miembros que han ratificado los instrumentos o adherido a sus términos. Estos

acuerdos incluyen, entre otros… la Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”)…

Estas disposiciones de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, deben

interpretarse en conjunto con otros tratados de derechos humanos y del derecho

humanitario, que en su conjunto crean un régimen interrelacionado y que se refuerza

mutuamente de protecciones de los derechos humanos…” (Sala Constitucional,

resolución N° 17907-2010, de las 15:07 horas, del 27 de octubre de 2010).” Queda

claro a partir de lo allí consignado que, ese ámbito de regulación de la legislación

especial dictada en tutela de los derechos de las mujeres contra la violencia, abarca

también situaciones como la que se discute en este asunto, sin que resulte válido argüir

que, por no haber alcanzado la convivencia una cierta duración (o, podría añadirse,

incluso por haberse interrumpido), ese tipo de situaciones pasan a ser normadas o

dirimidas por la legislación general. De modo que, a partir de las citadas convenciones,

que tienen valor supralegal en nuestro Ordenamiento Jurídico, debe entenderse que la

violencia contra las mujeres contempla también a aquellas relaciones recién iniciadas (o

bien, puede trascender el marco estricto de la convivencia actual, cobijando incluso las

situaciones de convivencia pasada) que den pie a esas acciones contra los derechos

de aquellas.” (en términos similares, ver resolución 2010-01393, 9:50 horas,

17/12/2010). Las anteriores consideraciones permiten comprender el criterio

interpretativo a tomar en cuenta con relación al área de cobertura de una protección

jurídica especial, relativa a la protección de las mujeres contra diversas formas de

violencia -por parte del agresor- que han tenido lugar en el ámbito de una relación de

pareja que ha cesado. Al respecto, dispone el artículo 3 de la Ley de Penalización lo

siguiente: "Constituyen fuentes de interpretación de esta Ley todos los instrumentos

internacionales de derechos humanos vigentes en el país, que tengan un valor similar

a la Constitución Política, los cuales, en la medida en que otorguen mayores derechos

y garantías a las personas, privan sobre la Constitución Política. En particular, serán

fuentes de interpretación de esta Ley: a) La Convención para la eliminación de todas

las formas de discriminación contra la mujer, Ley Nº 6968, de 2 de octubre de 1984.

b) La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra

la mujer, Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995" (Convención Belém do

Pará). Precisamente ésta última Convención en su artículo 2 define el concepto de

violencia contra la mujer, indicando que dicha violencia incluye “la que tenga lugar

dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya

sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que

comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual". Tomando en consideración

la importancia de realizar una adecuada integración de la racionalidad interna de

nuestro sistema normativo, en armonía con el respeto en la observancia de las

obligaciones internacionales y acatamiento de todos los instrumentos internacionales

de derechos humanos vigentes en nuestro país, cuando se discuten asuntos de

violencia contra la mujer y su perseguibilidad penal, se debe partir entonces de lo que

preceptúa la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la Mujer, Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995 (Convención de Belém

do Pará). Según se infiere de la normativa anterior de carácter internacional reconocida

por Costa Rica, se define de una manera más amplia lo que es la violencia contra la

mujer aplicándose a aquellas situaciones que ocurran en el seno de una relación de

pareja (matrimonial o de unión de hecho, declarada o no), en las que el agresor aún

comparta o haya compartido en el pasado el mismo domicilio con la afectada. Del

artículo 2 inciso a) de la Convención se extrae el interés por darle protección jurídica

especial a la víctima frente al agresor, contra diversas formas de violencia que puedan

suceder según los modos o formas de relación mencionados en el citado artículo de la

convención. En su carácter de norma de mayor rango, la Convención protege en mayor

medida los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia, a la cual,

además, la misma ley 8589 remite como fuente de interpretación. Sobre el particular,

se ha indicado por parte de esta Cámara casacional lo siguiente: “Si bien es cierto la

Ley de Penalización sanciona las formas de violencia contra las mujeres ligadas a una

relación de matrimonio, o en unión de hecho, declarada o no, resulta obligatorio

interpretarla a la luz de los instrumentos internacionales que ella misma invoca, de

modo que según lo estipulado en la citada Convención -la que aporta un concepto más

amplio de las relaciones de hecho en el ámbito doméstico-, se entiende entonces que

también resulta aplicable a las relaciones de pareja que hayan dejado de convivir bajo

un mismo techo pero que aún mantienen ciertos ligámenes sentimentales, sin que sea

de recibo alegar que no existió un tiempo mínimo de tres años de convivencia como lo

alega el defensor. Véase que el citado Instrumento contiene un concepto más amplio

que el artículo 242 del Código de Familia que exige entre otros aspectos que la unión

de hecho tenga más de tres años de convivencia, de modo que al remitir el artículo 3

de la Ley de Penalización al cuerpo normativo de la Convención para su interpretación,

resulta claro que no puede aplicarse el concepto restrictivo de unión de hecho

contenido en el numeral 242 citado al caso que se discute, como lo intenta hacer el

defensor.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2011-01330, de

las dieciséis horas y treinta y siete minutos, del tres de noviembre de dos mil once). No

admite entonces discusión cuál es el ámbito de aplicación de los preceptos que

protegen a las mujeres contra la violencia doméstica y su contraposición a aquellas

nociones que, en forma errónea, se ha intentado aplicar a ese campo normativo desde

otras áreas de regulación respecto a lo que es una “unión de hecho”. En el caso

sub-examine, el Tribunal Penal de Heredia, mediante sentencia número 166-2012, de

las 8:00 horas, del 13 de marzo de 2012 (folios 107 a 112), a modo de síntesis, tuvo por

acreditado que la ofendida y el acusado [Nombre 001] mantuvieron una relación de

pareja aproximadamente por diecisiete años, misma que se caracterizó

por los constantes insultos y agresiones, tanto físicas como psicológicas del acriminado

hacia la víctima. También se tuvo por establecido que en fecha 22 de marzo del 2008,

en horas de la tarde, el acusado [Nombre 001] llegó en estado de ebriedad a la casa

donde convivía con la ofendida el cual, además de insultarla, se dirigió hacia el

comedor y con sus manos golpeó la mesa propiedad de la agraviada quebrándola y

causándole daños cuya reparación ascendió a la suma de veinticinco mil colones que

canceló la ofendida. Por esos hechos se condenó al justiciable a la pena de tres meses

de prisión por el delito de daño patrimonial, conforme a lo dispuesto en el numeral 35

de la Ley de penalización de la violencia contra las Mujeres. Según el razonamiento de

fondo de la sentencia de primera instancia, si bien para el momento de los hechos

acusados la ofendida y el imputado no convivían sexualmente -pues para ese tiempo

tenían ocho meses de dormir en habitaciones separadas-, en criterio de la juzgadora

subsiste la unión de hecho, no sólo porque dicha relación se había prolongado por

espacio de diecisiete años, sino principalmente, en virtud de que ambos convivían aún

en la misma vivienda compartiendo el domicilio; además, el daño causado por el

agresor a un bien de la casa, sucede en el ámbito de un ciclo de violencia intrafamiliar

que arrastraba la pareja. En síntesis, para el Tribunal de Juicio el daño causado por el

imputado a la mesa ocurre “en el marco de una relación de unión de hecho de

diecisiete años con la ofendida, aunque no persistiera en el momento del evento el

vínculo marital, entendido como el mantenimiento de relaciones sexuales entre la

pareja, sí es un hecho que cuenta con la tutela que brinda la Ley de Penalización de la

Violencia contra las Mujeres, porque corresponde integrar para ello la redacción del

artículo 35 de dicha Ley con lo dispuesto en el artículo 2) de la Convención de Belém

do Pará, al ser esta última una norma de superior rango que protege en mayor medida

los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia, a la cual la misma ley

remite como fuente de interpretación, según se ha indicado” (folio 111 vuelto). Por su

parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San

José, en resolución 2012-1488, de las 9:20 horas, del 31 de julio de 2012 (folios

133-134), declaró con lugar el recurso de apelación incoado por la defensa pública del

justiciable indicando, en resumen, que la sola circunstancia de que la pareja mantuviera

un domicilio común, no resulta suficiente para establecer que existe una unión de

hecho sino que se requiere, además, que exista una comunidad de vida, una

consciencia de conformar una pareja, el respeto, la cooperación y el mutuo auxilio,

elementos que extraña el Tribunal en la relación que mantenían la ofendida y el

acusado y que estaban ausentes al momento en que se da el ataque a los bienes de la

agraviada. En vista de que ya no convivían como pareja no era necesario entonces,

según los jueces de apelación, realizar la prevención a las partes (derecho de

abstención) que reclamó la defensa en el segundo motivo de su impugnación; por otro

lado, “…no es aplicable a (sic)

Ley de penalización de la Violencia contra las Mujeres,

en tanto no existía una relación de pareja de unión de hecho entre el imputado y la

ofendida.” (folio 134 vuelto). En consecuencia, recalificaron el hecho a la contravención

de daños menores (artículo 386 inciso 9, del Código Penal), y declararon prescrita la

acción de acuerdo con los restantes argumentos que se exponen en el fallo. Esta

Cámara no comparte las apreciaciones que emitió el Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal. Por muy estimable que sea la posición esgrimida por dichos jueces,

su interpretación omite ponderar que el concepto de “unión de hecho” mencionada en

la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, tiene una consistencia

diferente y mucho más amplia que la aplicada en la sentencia recurrida. Soslayar esa

diferencia, como hace la resolución del Tribunal de Apelación, es un error, que justifica

la interposición del recurso de casación por la representación fiscal. Ciertamente, si

bien el acusado y la ofendida ya no convivían como pareja -según lo refirió la propia

afectada-, el ad quem omite realizar un análisis de los alcances de la normativa que se

contiene en la Ley 8589; concretamente, no efectuó una integración de lo que señala el

artículo 3 de la citada Ley de Penalización de la violencia contra las Mujeres en relación

con lo preceptuado por el ordinal 2 de la Convención de Belém do Pará, circunstancia

que le impidió considerar la importancia de resguardar la protección de la víctima que

mantuvo una relación de pareja con el acriminado pero que dejó de convivir con él por

los actos de violencia física que aquel acometía en su perjuicio; se obvió al mismo

tiempo que la censura a la violencia contra la mujer que ha estado ligada al agresor en

una relación sentimental, es el marco de referencia para la aplicación de una normativa

penal especializada como lo es precisamente la Ley de Penalización 8589. En el caso

particular debe adicionarse además, que ambos compartían la misma vivienda cuando

el justiciable ocasionó el daño a la mesa de la casa. Tampoco puede dejarse de lado

que este último hecho específico se da dentro de un contexto de violencia doméstica

del acriminado hacia la víctima en una relación de pareja que duró aproximadamente

diecisiete años. En ese sentido, aunque no cohabitaban sexualmente no por ello se

puede concluir que resulta inaplicable la Ley de Penalización de Violencia contra las

Mujeres, precisamente por la circunstancia de que ambos siguieron compartiendo el

mismo domicilio y que fue en esa situación de relación convivencial en que ocurre el

daño a la mesa de la ofendida por parte del imputado. Véase que el acusado aún

cohabitaba la misma vivienda y guardaba el mismo domicilio que la afectada,

manteniéndose entonces un cierto ligamen de unión entre los dos, lo que justifica

plenamente que se brindara la protección de la ofendida mediante la aplicación de la

legislación especial que pretende resguardar los derechos de la mujer y busca eliminar

situaciones de violencia de género que puedan afectarlas, sin que sea de recibo indicar

que la relación que ambos mantenían en ese momento debe reunir las condiciones

consignadas por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal para garantizar la tutela

penal que se brinda a la mujer que ha visto amenazada y vulnerada su integridad -en

este caso patrimonial-, pues ello sería desconocer la situación particular en que se

encuentran las víctimas inmersas en un ciclo de violencia y los motivos por los cuales

les resulta aplicable la ley especial. Además, se estaría soslayando el criterio

fundamental a tener cuenta para casos similares al presente asunto, consistente en

que, los tipos penales contenidos en la Ley de Penalización de la Violencia contra las

mujeres son de aplicación, no solo a aquellas situaciones de violencia que ocurren

dentro de una relación matrimonial o unión de hecho (declarada o no) sino, además, a

las agresiones contra mujeres acaecidas en una relación de pareja que haya dejado de

cohabitar maritalmente, sea que el agresor comparta aún o haya compartido el

domicilio; también en casos de agresiones que se dan dentro de la familia o unidad

doméstica o bien, en cualquier otra relación interpersonal, como ocurre en el asunto

que se somete a examen de esta Sala. Resta por aclarar que, en casos como el

presente, no resultaba obligatorio realizar la prevención a la ofendida y su hijo

[Nombre 006] durante el debate toda vez que ya la pareja no mantenía una relación de

intimidad por encontrarse separados y el testigo [Nombre 006] no era hijo del imputado.

Si bien el Tribunal de segunda instancia llegó a esta misma

conclusión -para dar respuesta al reclamo que se contiene en el segundo motivo de

impugnación del recurso de apelación que interpuso la defensa del acusado-, es

importante recordar que el derecho de abstención, previsto en el artículo 36 de la

Constitución Política y en el ordinal 205 del Código Procesal Penal, tiene como finalidad

proteger los vínculos y la estabilidad familiar de manera que el testigo pueda

abstenerse de declarar contra una persona acusada del delito con la cual mantiene una

relación cercana de parentesco, por consanguinidad o afinidad, siempre y cuando ese

vínculo se mantenga vigente; en caso contrario, si ha desaparecido la relación de

parentesco entre el testigo y la persona acusada, sea por un divorcio o una separación

-caso de una unión de hecho-, no hay razón entonces para exigir el derecho de

abstención al ex cónyuge o ex conviviente de hecho. En el caso particular, había

desaparecido el lazo de parentesco con el imputado motivo por el cual no resultaba

obligatorio advertirle a ambos testigos de su facultad de abstenerse de declarar en

contra del justiciable, circunstancia que, en todo caso, no impedía que se aplicara por

imperativo legal las disposiciones contenidas en la Ley de Penalización de violencias

contra las Mujeres, número 8589, por las razones apuntadas en esta resolución

casacional.  Así las cosas, se aprecia que lo resuelto por el Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal no es acorde con los lineamientos jurisprudenciales de esta Sala

relativo al criterio interpretativo contemplado en la Convención de Belém do Pará,

cuando se discute de la violencia contra la mujer y su perseguibilidad penal, y su

vinculación con los tipos normativos contemplados en la Ley número 8589. En razón de

lo anterior, se declara con lugar el recurso de casación que interpone el licenciado

Héctor Chacón Chang, en su condición de Fiscal de la Unidad Especializada de

Impugnaciones del Ministerio Público, por la causal de precedentes contradictorios. Se

revoca la resolución Nº 2012-1488, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del

Segundo Circuito Judicial de San José, de las 9:20 horas, del 31 de julio de 2012 que

declaró con lugar el recurso de apelación de la defensa y recalificó los hechos a la

contravención de daños menores, absolviendo al imputado por prescripción. En

consecuencia, queda en firme lo resuelto en sentencia número 166-2012, del Tribunal

Penal de Juicio de Heredia, de las ocho horas del trece de marzo del dos mil doce, que

declaró al acusado [Nombre 001] autor del delito de daño patrimonial, en perjuicio de

[Nombre 002], imponiéndole la pena de tres meses de prisión, concediéndole el

beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo

de tres años. No se ordena el reenvío del expediente al Tribunal ad quem,

en razón de

que el recurso de apelación de la defensa fue conocido y resuelto en su totalidad por el

superior, de manera que no se le causa perjuicio alguno a sus intereses.