Resolución 01411-2025

I.-

La señora [Nombre 002], en su condición de madre, garante y representante legal de [Nombre 003], adujo que a su hija desde la infancia se le diagnosticó retardo mental profundo. Señaló que, en el mes de diciembre del año 2010, le comenzó a pagar las cuotas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante C.C.S.S.) en el Régimen del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Manifestó que el 10 de febrero del año 2021, solicitó una pensión por invalidez a favor de su hija, pero la sucursal de la demandada en Tilarán en resolución número 603640302-2019 del 15 de febrero del mismo año, pese a que tuvo por probado el estado de invalidez y el cumplimiento de los requisitos administrativos, la denegó alegando que ingresó inválida al régimen y que, por ende, no tiene el derecho a una pensión por invalidez, según el artículo 8 párrafo tercero del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Con fundamento en lo expuesto, pidió que se condene a la C.C.S.S. a concederle la pensión por invalidez a favor de su hija [Nombre 003], desde el momento en que presentó la gestión en sede administrativa, más los intereses, indexación y, ambas costas (ver libelo de demanda incorporado al expediente electrónico del Juzgado el 7 de abril del 2021 a las 16:02 horas). La apoderada judicial de la parte demandada contestó la acción negativamente y, opuso la defensa de falta de derecho. Alegó que el artículo 2 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte establece que las personas que aporten a ese régimen se someten a las condiciones que establezca el citado reglamento y el artículo 8 ibidem establece que no tiene derecho a pensión la persona que al ingresar al citado régimen se encuentre inválida, por lo que la denegatoria se encuentra ajustada a derecho. Pidió, que se declare sin lugar la demanda y, a la promovente se le sancione con el pago de ambas costas (véase demanda incorporada al expediente electrónico del Juzgado el 25 de mayo del 2021 a las 10:59 horas). La jueza Ana Patricia Barrantes Ruiz del Juzgado Contravencional de Tilarán, en sentencia de instancia número 2021000062 dictada a las dieciséis horas cero minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, declaró con lugar la demanda e impuso a la accionada a otorgarle a la actora una pensión proporcional por invalidez del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social desde el momento en que interpuso la solicitud de la pensión en sede administrativa (10/02/2021). Asimismo, otorgó intereses, indexación y, resolvió sin especial sanción en costas.

SÍNTESIS DEL RECURSO: La representante judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social se muestra inconforme con lo resuelto por la jueza de instancia, por lo que interpone recurso de casación. Alega los agravios por razones sustantivas que de seguido se expondrán. A) Reseña que a la promovente en sede administrativa se le denegó la pensión porque antes de iniciar a cotizar ya se encontraba en estado de invalidez, según valoración médica que realizó la Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez de su representada. Recrimina que la jueza haya acogido la demanda al considerar que si la parte actora ya se encontraba inválida antes de ingresar a cotizar para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte hubo mala fe por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al aceptar el aseguramiento de una persona que previamente estaba inválida. Reitera, que su patrocinado no hace exámenes físicos previo a las personas trabajadoras o patronas que cotizan para el régimen citado, razón por la que no pudo darse cuenta que la actora se encontraba en esa condición. En ese sentido, acusa que la petente fue quien actuó con mala fe al conocer que se encontraba inválida con anterioridad al ingreso y aun así cotizó para después pedir la pensión por la pérdida de su capacidad física o mental. B) Aduce que la jueza violentó el numeral 8 del Reglamento del Régimen de Pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte y el artículo 2 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual establece que el seguro social es obligatorio y que comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario y, no los hechos ciertos. En criterio de la impugnante, la actora no cumple con el presupuesto normativo del “riesgo”. Dice que la juzgadora desnaturaliza el concepto de seguro social. Luego, define lo que considera es el concepto de seguridad social. Agrega que el seguro por invalidez se entiende como un hecho futuro incierto que se puede generar derivado de una actividad laboral, pero si la persona antes de ingresar al régimen se encuentra inválida, ya no se trata de un hecho futuro incierto, sino de uno cierto, por lo que se pierde el sentido del riesgo, el que deja de existir porque la persona se encontraba inválida previamente. Indica, que una persona inválida puede ingresar al régimen de pensiones que administra su representada para asegurarse una pensión por vejez, o por si acaece su muerte, dado que no solo cubre la posibilidad de pensionarse por invalidez, como la a quo erradamente resolvió. Trae a colación que, su patrocinada no le puede negar a la actora el derecho fundamental al acceso a la seguridad social. C) Destaca que la Caja Costarricense de Seguro Social es un ente público que se encuentra obligado a acatar la Constitución Política, la Ley, Reglamentos y los principios del debido proceso, legalidad, igualdad e inderogabilidad de la norma jurídica, lo que imposibilita a la institución pública a desaplicar para un caso concreto lo estipulado en el ordenamiento jurídico. Resalta que su patrocinada está imposibilitada jurídicamente a aplicarle a un administrado lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento de Pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte, y a otros no, como lo considera la a quo. Solicita que se case la sentencia de instancia, se acoja la excepción opuesta y declare sin lugar la acción (recurso incorporado al expediente electrónico el 11 de noviembre del 2021 a la 15:36 horas).

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Una vez analizados los reproches expuestos por la abogada de la parte demandada, se estima que no hay mérito para modificar lo que viene resuelto, por las siguientes razones. De previo a resolver el fondo del recurso, la Sala considera necesario determinar el marco jurídico aplicable al caso concreto. El derecho a la seguridad social se encuentra contemplado como derecho humano del artículo 53 al 58 del Convenio sobre la Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 102) (norma mínima) de 1952 y, en el numeral 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988. A nivel constitucional, el canon 73 de la Constitución Política de Costa Rica, tutela el derecho al seguro contra la contingencia de invalidez, atribuyéndole a la Caja Costarricense de Seguro Social, como institución autónoma, la administración y gobierno de los seguros sociales. Dicha entidad, en el ejercicio de esa especial competencia tiene la potestad de establecer los parámetros que estime necesarios, en cuanto a los requisitos y condiciones de ingreso, permanencia y disfrute de los distintos regímenes, lo que se hace normalmente con base en estudios específicos; razón por la que se ha legitimado su proceder de reglamentar dichas condiciones y establecer límites, siempre que éstos resulten razonables y proporcionados. En ese sentido, el artículo 6° del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, vigente al momento de la solicitud administrativa, dispone que la persona que pretenda ser acreedora del derecho a la pensión por invalidez deberá ser declarada inválida, además de cumplir con cierta cantidad de cotizaciones, las que varían según la edad. El ordinal 8° del mismo cuerpo normativo, establece que “Para efectos de este Seguro se considerará inválido el asegurado que, por alteración o debilitamiento de su estado físico o mental, perdiera dos terceras partes o más de su capacidad de desempeño de su profesión, de su actividad habitual o en otra compatible con su capacidad residual, y que por tal motivo no pudiere obtener una remuneración o ingreso suficiente, todo a juicio de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. /  También se consideran inválidos las personas que sean declaradas en estado de incurables o con pronóstico fatal que aún ante la posibilidad de realizar algún trabajo, razones de conveniencia social o de humanidad, justifiquen a juicio de la Comisión Calificadora el otorgamiento de una pensión. En estos casos la resolución deberá ser aprobada por la Junta Directiva, a propuesta de la Gerencia respectiva. / En todo caso el derecho de pensión se supedita a que el estado de invalidez se origine en fecha posterior a la de ingreso a este Seguro. / En el evento de que la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez determine que el asegurado no se encuentra inválido, y de no existir nuevos elementos de juicio no valorados por dicha Comisión, el asegurado podrá presentar nueva solicitud de pensión, una vez transcurrido un plazo mínimo de doce meses, contados a partir del momento en que se le denegó administrativamente su gestión anterior.” (El destacado es suplido). En la consulta judicial tramitada en el expediente n.° 20-010033-0007-CO formulada por el pleno de esta Sala mediante resolución n.° 2020-000117 de las 10:20 horas del 17 de enero del 2020 dictada en el expediente judicial n.° 17-000121-1557-LA, se consultó sobre la constitucionalidad de la frase “el estado de invalidez se origine en fecha posterior a la de ingreso a este Seguro” contenida en el párrafo tercero del artículo 8 del citado Reglamento, la cual fue acumulada a la consulta judicial realizada por este mismo órgano de casación en la resolución n.° 2020-000121- de las 10:40 horas del 17 de enero del 2020 dictada en el expediente judicial número 18-000295-1001-LA, tramitada dentro del expediente n.° 20-010040-0007-CO. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto n.° 06668 – 2022 de las 15:20 horas del 23 de marzo del 2022, en lo que interesa, dispuso “